Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v韈tima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las V韈timas del Delito

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• T蚑ULO I.�Derechos de las v韈timas
  • Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 2燚erechos de las v韈timas
  • Art韈ulo 3燚esarrollo de protocolos de actuaci髇 y colaboraci髇
  • Art韈ulo 4燩er韔do de reflexi髇 en caso de cat醩trofe o sucesos con v韈timas m鷏tiples
  • Art韈ulo 5燨bligaci髇 de reembolso
  • Art韈ulo 6燚erecho a la traducci髇 e interpretaci髇
  • Art韈ulo 7燚erecho a la informaci髇
  • Art韈ulo 8燚erecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo
  • Art韈ulo 9燩rocedimiento de evaluaci髇
• T蚑ULO II.�El Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas
  • Art韈ulo 10燛l Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas
  • Art韈ulo 11燛valuaci髇 peri骴ica del sistema de atenci髇 a las v韈timas del delito
• T蚑ULO III.�Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
  • CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
    • Art韈ulo 12燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
    • Art韈ulo 13犃mbito subjetivo
    • Art韈ulo 14燚erechos de las v韈timas respecto a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
    • Art韈ulo 15燦aturaleza Jur韉ica de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
    • Art韈ulo 16燙reaci髇 y 醡bito territorial de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
    • Art韈ulo 17燨bjetivos de las Oficinas
    • Art韈ulo 18燩ersonal de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
  • CAP蚑ULO II.�Funciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
    • Art韈ulo 19燜unciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas
    • Art韈ulo 20燣a asistencia
    • Art韈ulo 21燣a atenci髇 jur韉ica
    • Art韈ulo 22燣a asistencia psicol骻ica
    • Art韈ulo 23燣a asistencia social
    • Art韈ulo 24燣as Oficinas de Asistencia a las V韈timas como autoridad de asistencia en los delitos transfronterizos
  • CAP蚑ULO III.�Fases de la Asistencia
    • Art韈ulo 25燜ases de la Asistencia
    • Art韈ulo 26燜ase de acogida-orientaci髇
    • Art韈ulo 27燜ase de informaci髇
    • Art韈ulo 28燜ase de intervenci髇
    • Art韈ulo 29燜ase de seguimiento
  • CAP蚑ULO IV.�Evaluaci髇 individual de las v韈timas
    • Art韈ulo 30燛valuaci髇 individual de las v韈timas a fin de determinar sus necesidades especiales de protecci髇
    • Art韈ulo 31營nforme de la evaluaci髇 individualizada
    • Art韈ulo 32燩lan de apoyo psicol骻ico
  • CAP蚑ULO V.�La Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas de Terrorismo de la Audiencia Nacional
    • Art韈ulo 33燣a Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional
  • CAP蚑ULO VI.�Actuaciones de las oficinas en materia de coordinaci髇
    • Art韈ulo 34燣a red de coordinaci髇
    • Art韈ulo 35燗ctuaciones de los letrados de la Administraci髇 de Justicia en cumplimiento del Estatuto de la v韈tima del delito
    • Art韈ulo 36燙oordinaci髇 en grandes cat醩trofes
  • CAP蚑ULO VII.�Otras actuaciones de las oficinas
    • Art韈ulo 37燜unciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas en materia de justicia restaurativa
    • Art韈ulo 38營nformaci髇 y asistencia sobre ejecuci髇 penitenciaria
  • CAP蚑ULO VIII.�Las actuaciones de las oficinas para cumplir las funciones administrativas
    • Art韈ulo 39燣os datos estad韘ticos
    • Art韈ulo 40燨tras actuaciones administrativas
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional 鷑ica燣imitaciones presupuestarias
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica燗daptaci髇 de las relaciones de puestos de trabajo
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final segunda燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 final tercera燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. Este real decreto desarrolla el Estatuto de la v韈tima del delito de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v韈tima del delito, y regula las Oficinas de Asistencia a las V韈timas.

2. Las disposiciones de este real decreto ser醤 aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 17 del Estatuto de la v韈tima del delito y en el art韈ulo 24 de este real decreto, a las v韈timas de delitos cometidos en Espa馻 o que puedan ser perseguidos en Espa馻, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad, o de si disfrutan o no de residencia legal.

Art韈ulo 2 Derechos de las v韈timas

1. Los derechos reconocidos a las v韈timas del delito se ejercitar醤 de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto y en el presente real decreto, as� como por lo dispuesto en la legislaci髇 especial y las normas que resulten de aplicaci髇.

2. Todos los poderes p鷅licos velar醤 por el reconocimiento y la protecci髇 de los derechos que las v韈timas tienen reconocidos.

Art韈ulo 3 Desarrollo de protocolos de actuaci髇 y colaboraci髇

Para la efectividad de los derechos contemplados en el Estatuto de la v韈tima del delito, y en el presente real decreto, las Administraciones P鷅licas implicadas aprobar醤 y fomentar醤 el desarrollo de protocolos de actuaci髇 y de procedimientos de coordinaci髇 y colaboraci髇, en los que tambi閚 tendr醤 participaci髇 las asociaciones y colectivos de protecci髇 de las v韈timas.

Art韈ulo 4 Per韔do de reflexi髇 en caso de cat醩trofe o sucesos con v韈timas m鷏tiples

1. En caso de cat醩trofes, calamidades p鷅licas u otros sucesos que hubieran producido un elevado n鷐ero de v韈timas y que puedan constituir delito, los Abogados y Procuradores no podr醤 dirigirse a las v韈timas directas o indirectas de estos sucesos para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos al menos 45 d韆s desde el hecho.

Esta prohibici髇 quedar� sin efecto en el caso de que la prestaci髇 de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la v韈tima.

2. Todo protocolo que contenga normas de coordinaci髇 para la asistencia a las v韈timas incluir� una previsi髇 para hacer efectivo este periodo de reflexi髇.

Art韈ulo 5 Obligaci髇 de reembolso

1. Si fuera condenada por denuncia falsa o simulaci髇 de delito, la persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condici髇 de v韈tima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protecci髇 reguladas en el Estatuto de la v韈tima del delito o en el presente real decreto, vendr� obligada a reintegrar las cantidades recibidas en dicho concepto; y al abono de los gastos causados a la Administraci髇 por sus actuaciones de reconocimiento, protecci髇 y apoyo, as� como por los servicios prestados, siempre que dichos gastos pudieran cuantificarse y estuvieran justificados.

2. El 髍gano concedente de la subvenci髇 o ayuda y la Administraci髇 que haya soportado el gasto ser醤 los competentes para exigir del beneficiario el reintegro de las subvenciones o ayudas, y el abono de los gastos causados, mediante la resoluci髇 del procedimiento regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, con las especialidades previstas en este real decreto.

3. Cuando la persona condenada haya recibido subvenciones o ayudas en su condici髇 de v韈tima y haya sido objeto de alguna de las medidas de protecci髇 reguladas en el Estatuto de la v韈tima del delito o en el presente real decreto, o haya generado gastos a la Administraci髇 por actuaciones de reconocimiento, informaci髇, protecci髇 y apoyo, as� como por servicios prestados en su condici髇 de v韈tima, el Ministerio de Justicia remitir�, si no fuera competente para exigir el reembolso, el testimonio de la sentencia condenatoria al 髍gano concedente o a la Administraci髇 que haya soportado el gasto, a fin de que 閟tos puedan iniciar el procedimiento de reintegro.

4. El inter閟 de demora aplicable ser� el inter閟 legal del dinero incrementado en un 50 por ciento, que se devengar� desde que fuera concedida la subvenci髇 o ayuda, o desde que se hubiera producido el gasto.

5. Prescribir� a los cuatro a駉s el derecho de la Administraci髇 a reconocer o liquidar el reintegro o el abono de los gastos causados, que se computar� desde que adquiri� firmeza la sentencia condenatoria por denuncia falsa o simulaci髇 de delito. El c髆puto del plazo de prescripci髇 se interrumpir� por las causas previstas en la Ley General de Subvenciones.

6. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, ser醤 de aplicaci髇 supletoria a lo dispuesto en el presente art韈ulo.

Art韈ulo 6 Derecho a la traducci髇 e interpretaci髇

La decisi髇 policial de no facilitar interpretaci髇 o traducci髇 de las actuaciones policiales a la v韈tima, a la que hace referencia el art韈ulo 9.4 del Estatuto de la v韈tima del delito, ser� excepcional y motivada, debiendo quedar debida constancia de la misma y de su motivaci髇 en el atestado. El atestado policial deber� recoger la disconformidad que la persona afectada por la decisi髇 denegatoria hubiere podido formular.

Art韈ulo 7 Derecho a la informaci髇

1. Sin perjuicio del deber de adaptar la informaci髇 a la que hace referencia el art韈ulo 5.1 del Estatuto de la v韈tima del delito, a las circunstancias y condiciones personales de la v韈tima, as� como a la naturaleza del delito cometido y de los da駉s y perjuicios sufridos, las autoridades y funcionarios que entren en contacto con las v韈timas deber醤 facilitarles informaci髇 escrita o documentos comprensivos de los extremos se馻lados en el art韈ulo 5.1 del Estatuto de la v韈tima del delito, cuando la v韈tima lo precise.

2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior podr醤 incluir con la debida separaci髇, un modelo de solicitud para ser notificado de las resoluciones a las que refiere el art韈ulo 7 del Estatuto de la v韈tima del delito, o para dejar sin efecto, en su caso, la mencionada solicitud.

3. Cuando la v韈tima solicite que se le notifiquen las resoluciones a las que se refiere el art韈ulo 7.1 del Estatuto de la v韈tima del delito, tambi閚 podr� interesar que estas resoluciones se comuniquen, adem醩, a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas o, en su caso, a la Oficina de Asistencia a las V韈timas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.

4. Cuando se trate de v韈timas de delitos de violencia de g閚ero, les ser醤 notificadas las resoluciones que acuerden la prisi髇 o la posterior puesta en libertad del infractor, as� como la posible fuga del mismo, y las que acuerden la adopci髇 de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la v韈tima, sin necesidad de que la v韈tima lo solicite, salvo en aquellos casos en los que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.

Art韈ulo 8 Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo

1. El acceso por parte de las v韈timas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones P鷅licas y por las Oficinas de Asistencia a las V韈timas ser� siempre gratuito y confidencial. Estos servicios deber醤 garantizarse antes, durante y por un per韔do de tiempo adecuado despu閟 de la conclusi髇 del proceso penal.

2. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las necesidades y da駉s sufridos como consecuencia de la infracci髇 penal cometida contra la v韈tima, las Administraciones P鷅licas y las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 hacer extensivo a los familiares de las v韈timas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entender� por familiares las personas unidas a la v韈tima en matrimonio o relaci髇 an醠oga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

3. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero o de personas v韈timas de violencia dom閟tica tendr醤 derecho a las medidas de asistencia y protecci髇 previstas en los T韙ulos I y III del Estatuto de la v韈tima del delito.

4. Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas prestar醤 los servicios de asistencia y apoyo en los t閞minos se馻lados en el Estatuto de la v韈tima del delito y en el presente real decreto.

Art韈ulo 9 Procedimiento de evaluaci髇

1. La evaluaci髇 de las necesidades de la v韈tima a la que hace referencia el art韈ulo 23 del Estatuto de la v韈tima del delito, se realizar� en el caso de los funcionarios de polic韆 que act鷈n en la fase inicial de las investigaciones y en el caso de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la v韈tima del delito y en el presente real decreto.

2. La evaluaci髇 que hayan de realizar los 髍ganos jurisdiccionales competentes para la investigaci髇 o el enjuiciamiento, o el Ministerio Fiscal en su caso, se realizar� de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de la v韈tima del delito y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Art韈ulo 10 El Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas

1. Adscrito a la Direcci髇 General de Relaciones con la Administraci髇 de Justicia del Ministerio de Justicia existir� un Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas, con car醕ter de 髍gano consultivo.

2. El Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas estar� integrado por los siguientes miembros:

• a) Un presidente, cargo que recaer� sobre quien ostente la Direcci髇 General de Relaciones con la Administraci髇 de Justicia y que podr� ser sustituido por la persona titular de la Subdirecci髇 General de Organizaci髇 y Coordinaci髇 Territorial de la Administraci髇 de Justicia.
• b) Con base en el convenio de colaboraci髇 celebrado al efecto, tres representantes de las comunidades aut髇omas que hayan recibido los traspasos de medios personales y materiales al servicio de la Administraci髇 de Justicia en r間imen de rotaci髇 anual, que representar醤 al resto y que ejercer醤, tambi閚 rotatoriamente, la Vicepresidencia.
  V閍se la Res. de 21 de abril de 2017, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Aut髇omas con traspaso de funciones en materia de provisi髇 de medios materiales y econ髆icos para el funcionamiento de la Administraci髇 de Justicia para establecer el sistema de representaci髇 de las Comunidades Aut髇omas en el Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas (獶.O.C.V.� 26 abril).LE0000596019_20170427
• c) Un representante designado por el Ministro del Interior, con rango de subdirector general o asimilado.
• d) Un representante designado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de subdirector general o asimilado.
• e) Dos representantes designados por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscal韆 General del Estado, con base en el convenio de colaboraci髇 celebrado al efecto.
• f) Un representante del Consejo General de Colegios de Psic髄ogos, designado por 閟te.
• g) Dos representantes de las Asociaciones m醩 representativas en la asistencia a las v韈timas.

Actuar� como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Direcci髇 General de Relaciones con la Administraci髇 de Justicia.

3. Las funciones de este Consejo son:

• a) Asesorar sobre el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas.
• b) Examinar los datos estad韘ticos.
• c) Apoyar los estudios t閏nicos sobre las actuaciones de las oficinas y sobre la red de coordinaci髇.
• d) Comparar los distintos planes de apoyo psicol骻icos aplicados en las Oficinas, con el fin de proponer mejoras en la asistencia.
• e) Promover la elaboraci髇 de Protocolos de actuaci髇, y su actualizaci髇 con respecto a las normativas nacionales e internacionales
• f) Asesorar al Ministerio de Justicia para la elaboraci髇 del informe anual de evaluaci髇 peri骴ica del sistema de atenci髇 a las v韈timas del delito.
• g) Cualquier otra funci髇 que, en el 醡bito de sus competencias, se le atribuya por alguna disposici髇 legal o reglamentaria.

4. Por su car醕ter consultivo, el Consejo no tendr� competencias con respecto a los aspectos t閏nicos de actuaciones frente a v韈timas individuales.

5. El funcionamiento de este Consejo se ajustar� a lo dispuesto en materia de 髍ganos colegiados por la legislaci髇 en materia de r間imen jur韉ico del Sector P鷅lico.

V閍se la Res. de 23 de marzo de 2017, de la Secretar韆 de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboraci髇 con las comunidades aut髇omas con traspaso de funciones en materia de provisi髇 de medios materiales y econ髆icos para el funcionamiento de la Administraci髇 de Justicia, para establecer el sistema de representaci髇 de las comunidades aut髇omas en el Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas (獴.O.P.V.� 31 marzo/獴.O.E.� 4 abril).LE0000594630_20160930

Art韈ulo 11 Evaluaci髇 peri骴ica del sistema de atenci髇 a las v韈timas del delito

1. El funcionamiento de las instituciones, mecanismos y garant韆s de asistencia a las v韈timas del delito ser� objeto de una evaluaci髇 peri骴ica, que se llevar� a cabo por el Ministerio de Justicia mediante la elaboraci髇 de un informe anual. Este informe anual se realizar� en la Direcci髇 General de Relaciones con la Administraci髇 de Justicia, con el asesoramiento del Consejo Asesor de Asistencia a las V韈timas.

2. El informe anual del Ministerio de Justicia estar� orientado a la mejora del sistema de protecci髇 y a la adopci髇 de nuevas medidas para garantizar su eficacia.

3. El informe anual se remitir� al Consejo de Ministros para su aprobaci髇 definitiva y para la remisi髇 a las Cortes Generales de las propuestas que se estimen necesarias para la mejora del sistema de protecci髇 de las v韈timas y de las medidas que garanticen su eficacia. Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se publicar� en la p醙ina Web del Ministerio de Justicia.

Art韈ulo 12 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. Las disposiciones de este t韙ulo tienen por objeto la regulaci髇 de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, que se configuran como una unidad especializada y un servicio p鷅lico cuya finalidad es prestar asistencia y/o atenci髇 coordinada para dar respuesta a las v韈timas de delitos en los 醡bitos jur韉ico, psicol骻ico, y social, as� como promover las medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

2. Las disposiciones contenidas en este t韙ulo ser醤 de aplicaci髇 tanto a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas dependientes del Ministerio de Justicia como a las dependientes de las comunidades aut髇omas con competencias asumidas sobre la materia, sin perjuicio de las especialidades organizativas de 閟tas 鷏timas seg鷑 su normativa auton髆ica.

3. En lo referente a las v韈timas de delitos de terrorismo, se atender�, con car醕ter general, a lo dispuesto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protecci髇 Integral a las V韈timas de Terrorismo y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, y a las competencias que la normativa vigente atribuye en esta materia al Ministerio del Interior, sin perjuicio de las actuaciones espec韋icas de las Oficinas contempladas en este real decreto, especialmente relativas a la determinaci髇 de la vulnerabilidad de la v韈tima, para evitar la victimizaci髇 primaria y secundaria.

En el marco del proceso penal, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas se coordinar醤 con las oficinas del Ministerio del Interior para evitar sucesivas derivaciones de uno a otro servicio.

Art韈ulo 13 羗bito subjetivo

1. Las disposiciones de este T韙ulo ser醤 aplicables:

• a) Como v韈tima directa, a toda persona f韘ica que haya sufrido un da駉 o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones f韘icas o ps韖uicas, da駉s emocionales o perjuicios econ髆icos directamente causados por la comisi髇 de un delito.
• b) Como v韈tima indirecta, en los casos de muerte o desaparici髇 de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:
  • 1.� A su c髇yuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la v韈tima o del c髇yuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparici髇 de la v韈tima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparici髇 hubiera estado unida a ella por una an醠oga relaci髇 de afectividad y a los hijos de 閟ta que en el momento de la muerte o desaparici髇 de la v韈tima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en l韓ea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.
  • 2.� En caso de no existir los anteriores, a los dem醩 parientes en l韓ea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representaci髇 legal de la v韈tima.

2. Las disposiciones de este T韙ulo no ser醤 aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.

3. El acceso a los servicios de asistencia y apoyo a las v韈timas no se condicionar� a la presentaci髇 previa de una denuncia.

4. Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero o de personas v韈timas de violencia dom閟tica tendr醤 derecho de acceso a los servicios de asistencia de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas.

5. Cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, atendiendo a las necesidades y da駉s sufridos como consecuencia de la infracci髇 penal cometida contra la v韈tima, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 hacer extensivo a los familiares de las v韈timas el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. A tal efecto, se entender� por familiares las personas unidas a la v韈tima en matrimonio o relaci髇 an醠oga de afectividad, y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Art韈ulo 14 Derechos de las v韈timas respecto a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas

1. Toda v韈tima tiene derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, de forma gratuita y confidencial.

2. Toda v韈tima tiene derecho, desde el primer contacto con la Oficina a recibir, sin retrasos innecesarios, informaci髇 adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los da駉s y perjuicios sufridos, y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio. Estos derechos se extienden durante la actuaci髇 de los servicios de asistencia y apoyo a las v韈timas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado despu閟 de su conclusi髇, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso, incluyendo el momento previo a la presentaci髇 de la denuncia.

3. Toda v韈tima tiene derecho a ser derivada a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas cuando resulte necesario en atenci髇 a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que ella misma lo solicite.

4. Las v韈timas de los delitos de terrorismo, las v韈timas de violencia de g閚ero y los menores de edad tendr醤 adem醩 los derechos reconocidos en su normativa espec韋ica.

Art韈ulo 15 Naturaleza Jur韉ica de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas

1. Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas se configuran como un servicio multidisciplinar de atenci髇 a las necesidades de la v韈tima, de car醕ter p鷅lico y gratuito.

2. El Ministerio de Justicia determinar� la regulaci髇, organizaci髇, direcci髇 y control de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas dependientes en su 醡bito territorial, que se configurar醤 como unidades administrativas.

V閍se la Orden PJC/1/2024, de 2 de enero, por la que se crean las unidades administrativas de la Oficina de Asistencia a las V韈timas del Delito de la Audiencia Nacional, la Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas del Delito de Mallorca, Ibiza, Menorca, 羦ila, Burgos, Le髇, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, C醕eres, Plasencia, Badajoz, M閞ida, Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla (獴.O.E.� 3 enero).LE0000824334_20240104

3. En aquellas comunidades aut髇omas que hayan asumido el traspaso de medios materiales y personales de la Administraci髇 de Justicia, la organizaci髇 de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas depender� de la comunidad aut髇oma, si bien la misma deber� garantizar el cumplimiento de los derechos que se desarrollan en el Estatuto de la v韈tima del delito y en el presente real decreto.

Art韈ulo 16 Creaci髇 y 醡bito territorial de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas

1. Mediante Orden del Ministro de Justicia, que determinar� su 醡bito de actuaci髇 territorial, se crear醤 las Oficinas de Asistencia a las V韈timas dependientes del Ministerio de Justicia. Las restantes Oficinas se crear醤 por las comunidades aut髇omas con competencias asumidas en materia de Administraci髇 de Justicia.

2. El 醡bito territorial se ajustar� a los siguiente criterios:

• a) Salvo regulaci髇 expresa, tendr� 醡bito provincial.
• b) Cuando dentro de una misma provincia se implante m醩 de una oficina, su 醡bito competencial se fijar� en la Orden de creaci髇.

3. Sin perjuicio del 醡bito territorial establecido, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 asistir a las v韈timas independientemente del lugar de comisi髇 del delito.

4. La ubicaci髇 de las Oficinas se realizar� teniendo en cuenta criterios que faciliten la atenci髇 a la v韈tima, entre los que estar� la cercan韆 a las sedes de los juzgados, Palacios de Justicia o Fiscal韆.

V閍se el D [COMUNIDAD VALENCIANA] 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las V韈timas del Delito (獶.O.C.V.� 14 noviembre).LE0000585182_20161115

Art韈ulo 17 Objetivos de las Oficinas

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las v韈timas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades espec韋icas en el 醡bito jur韉ico, psicol骻ico y social.

Art韈ulo 18 Personal de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas

1. Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas estar醤 atendidas por profesionales especializados, entre los que podr醤 encontrarse, psic髄ogos, personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros t閏nicos cuando la especificidad de la materia as� lo aconseje.

2. Las Administraciones P鷅licas garantizar醤 la formaci髇 general y espec韋ica en asistencia y protecci髇 a las v韈timas, especialmente de las v韈timas vulnerables, a todos los profesionales de la Oficina de Asistencia a las V韈timas. Estos tendr醤 formaci髇 especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de g閚ero y dom閟tica. Su formaci髇 ser� orientada desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres.

Art韈ulo 19 Funciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas realizar醤 las siguientes funciones:

• 1. La elaboraci髇, en su caso, de planes de asistencia individualizados para la atenci髇 a las v韈timas.
• 2. La informaci髇 a las v韈timas, ofreciendo detalladamente, en un lenguaje asequible, cu醠es son sus derechos y como ejercitarlos.
• 3. Informaci髇 sobre el acceso a la justicia gratuita y asistencia para su solicitud.
• 4. Asesoramiento sobre los derechos econ髆icos relacionados con el proceso, en particular, sobre las ayudas por los da駉s causados por el delito y el procedimiento para reclamarlas.
• 5. El apoyo emocional a las v韈timas y la asistencia terap閡tica de las v韈timas que lo precisen, garantizando la asistencia psicol骻ica adecuada para la superaci髇 de las consecuencias traum醫icas del delito.
• 6. Evaluaci髇 y asesoramiento sobre las necesidades de la v韈tima y la forma de prevenir y evitar las consecuencias de la victimizaci髇 primaria, reiterada y secundaria, la intimidaci髇 y las represalias.
• 7. La elaboraci髇 de un plan de apoyo psicol骻ico para las victimas vulnerables y en los casos en que se aplica la orden de protecci髇.
• 8. La informaci髇 sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la v韈tima, a la vista de sus circunstancias personales y la naturaleza del delito de que pueda haber sido objeto.
• 9. El acompa馻miento de la v韈tima, a lo largo del proceso, a juicio si lo precisara y/o a las distintas instancias penales.
• 10. La colaboraci髇 y la coordinaci髇 con los organismos, instituciones y servicios que pueden estar implicados en la asistencia a las v韈timas: judicatura, fiscal韆, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales, servicios de salud, asociaciones y organizaciones sin 醤imo de lucro, sobre todo en los casos de v韈timas vulnerables con alto riesgo de victimizaci髇.
• 11. Valoraci髇 de las v韈timas que precisen especiales medidas de protecci髇 con la finalidad de determinar qu� medidas de protecci髇, asistencia y apoyo deben ser prestadas, entre las que se podr醤 incluir:
  • a) La prestaci髇 de apoyo o asistencia psicol骻ica para afrontar los trastornos ocasionados por el delito, aplicando los m閠odos psicol骻icos m醩 adecuados para la atenci髇 de cada v韈tima.
  • b) El acompa馻miento a juicio.
  • c) La informaci髇 sobre los recursos psicosociales y asistenciales disponibles y, si la v韈tima lo solicita, derivaci髇 a los mismos.
  • d) Las medidas especiales de apoyo que puedan resultar necesarias cuando se trate de una v韈tima con necesidades especiales de protecci髇.
  • e) La derivaci髇 a servicios de apoyo especializados.
• 12. La elaboraci髇 de informes de acuerdo con las normas cient韋icas y de manera independiente.
• 13. La difusi髇 de su existencia y funciones a la sociedad en general y a determinados colectivos sociales especialmente vulnerables.
• 14. La sensibilizaci髇 de los colectivos y organismos que trabajan con v韈timas, as� como la promoci髇, organizaci髇 y participaci髇 en las acciones formativas que consideren necesarias.
• 15. La cooperaci髇 con estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la victimizaci髇 a partir de los resultados de la intervenci髇 de las Oficinas.
• 16. El acercamiento de la justicia a la ciudadan韆 promoviendo la comprensi髇 de sus actuaciones.
• 17. La aplicaci髇 de las medidas de organizaci髇 y gesti髇 que faciliten el acceso r醦ido al servicio prestado, as� como, la coordinaci髇 con otros entes e instituciones. En la aplicaci髇 de estas medidas primar� la interdisciplinaridad y el principio de proximidad al ciudadano.
• 18. El desempe駉 de forma profesional de la funci髇 de ventanilla 鷑ica en relaci髇 con la asistencia a las v韈timas de delitos.
• 19. La informaci髇 sobre alternativas de resoluci髇 de conflictos con aplicaci髇, en su caso, de la mediaci髇 y de otras medidas de justicia restaurativa.
• 20. Recibir la comunicaci髇 de las resoluciones a las que se refiere el art韈ulo 7.1 del Estatuto de la v韈tima del delito cuando la v韈tima haya hecho uso de la facultad prevista en el art韈ulo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de informaci髇 y asistencia que en su caso resulten precisas.
• 21. Y cuantas otras funciones se determinen en este real decreto.

Art韈ulo 20 La asistencia

En cumplimiento de las funciones atribuidas en este cap韙ulo, la Oficina de Asistencia a las V韈timas asistir� a la v韈tima en las 醨eas jur韉ica, psicol骻ica y social, con el fin 鷏timo de minimizar la victimizaci髇 primaria y evitar la secundaria.

Para realizar esta asistencia las Oficinas realizar醤 planes de asistencia individualizados, y se coordinar醤 con todos los servicios competentes en atenci髇 a las v韈timas.

Art韈ulo 21 La atenci髇 jur韉ica

1. Las Oficinas prestar醤 la atenci髇 jur韉ica a las v韈timas, y en concreto, facilitar醤 informaci髇 sobre el tipo de asistencia que la v韈tima puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales, los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso, la forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jur韉ico y el tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo.

2. La atenci髇 jur韉ica ser� en todo caso general del desarrollo del proceso y la manera de ejercitar los distintos derechos; la orientaci髇 y asistencia jur韉ica del caso concreto corresponde a quien asuma la asistencia letrada.

3. Las principales actuaciones derivadas de esta atenci髇 jur韉ica son:

• a) La informaci髇 a las v韈timas: las v韈timas desde el primer contacto y durante todo el procedimiento recibir醤 informaci髇 actualizada sobre los derechos que asisten a lo largo del proceso, con lenguaje sencillo y asequible.
• b) El estudio y, en su caso, propuesta de aplicaci髇 de las medidas generales de protecci髇, conforme a lo previsto en el Estatuto de la v韈tima del delito.

4. Las Oficinas tambi閚 informar醤 del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita a las v韈timas que lo tuvieran, y les asistir醤 para poder solicitarlo. Las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia jur韉ica gratuita podr醤 presentarse directamente ante las Oficinas, que las remitir醤 al Colegio de Abogados que corresponda. Las Oficinas tambi閚 contactar醤 con los Colegios de Abogados para las designaciones de abogados en los casos en que proceda.

Art韈ulo 22 La asistencia psicol骻ica

La asistencia psicol骻ica supone:

• a) La evaluaci髇 y el tratamiento de las v韈timas m醩 vulnerables para conseguir la disminuci髇 de la crisis ocasionada por el delito, el afrontamiento del proceso judicial derivado del delito, el acompa馻miento a lo largo del proceso y la potenciaci髇 de las estrategias y capacidades de la v韈tima, posibilitando la ayuda del entorno de la v韈tima.

  Entre los factores a evaluar est醤: el tipo de relaciones de la v韈tima, el afrontamiento de los problemas, las fuentes de apoyo, los valores, la acumulaci髇 de estresores, los problemas de salud y de comportamiento, las condiciones socio-ambientales, as� como, las variables asociadas al hecho delictivo, entre las que est醤 el impacto directo del delito y los trastornos ocasionados por 閟te, el riesgo de reincidencia, las posibles represalias y la intimidaci髇.

• b) El estudio y la propuesta de aplicaci髇 de las medidas de protecci髇 que minimicen los trastornos psicol骻icos derivados del delito y eviten la victimizaci髇 secundaria, conforme a lo previsto en el Estatuto de la v韈tima del delito.

Art韈ulo 23 La asistencia social

La intervenci髇 social supone la coordinaci髇 y, en su caso, derivaci髇 a servicios sociales, instituciones, u organizaciones de asistencia a v韈timas, para garantizar alojamiento seguro, atenci髇 m閐ica inmediata, ayudas econ髆icas que pudieran corresponderles, con especial atenci髇 a las necesidades derivadas de situaciones de invalidez, hospitalizaci髇, fallecimiento y las agravadas por la situaci髇 de vulnerabilidad de las v韈timas.

Art韈ulo 24 Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas como autoridad de asistencia en los delitos transfronterizos

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, conforme a la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnizaci髇 a las v韈timas de delitos, son la autoridad de asistencia de las v韈timas de delitos en situaciones transfronterizas, en los casos en que el delito se cometa en un Estado miembro de la Uni髇 Europea distinto a Espa馻 y la v韈tima tenga su residencia habitual en Espa馻, actuando conforme a lo establecido en el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las v韈timas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En los casos de delitos de terrorismo el Ministerio del Interior es la autoridad de asistencia a los efectos anteriores.

Art韈ulo 25 Fases de la Asistencia

La asistencia a las v韈timas se realiza en cuatro fases: la acogida-orientaci髇, la informaci髇, la intervenci髇 y el seguimiento.

Art韈ulo 26 Fase de acogida-orientaci髇

La acogida-orientaci髇 se realiza a trav閟 de una entrevista, presencial o telef髇ica, y tiene como fin que la v韈tima plantee sus problemas y necesidades, que permita orientarla, analizar posibles intervenciones de otros recursos y, si procede, la derivaci髇 a 閟tos.

Art韈ulo 27 Fase de informaci髇

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas dar醤 la informaci髇 que precisa la v韈tima adaptada a sus circunstancias y condiciones personales, a la naturaleza del delito cometido y a los da駉s y perjuicios sufridos.

Esta informaci髇 –que podr� ser por escrito, verbal o por medios electr髇icos, as� como presencial o no– comprender� la informaci髇 general sobre sus derechos, desde el primer contacto con las autoridades competentes, y ser� detallada y actualizada a lo largo de todo el proceso.

Las oficinas informar醤 a las v韈timas sobre la funci髇 tuitiva del Ministerio Fiscal, y facilitar醤 a las v韈timas informaci髇 sobre los derechos que les asisten, y en particular sobre los siguientes:

• a) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigaci髇.
• b) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jur韉ica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.
• c) Posibilidad de solicitar medidas de protecci髇 y, en su caso, procedimiento para hacerlo. Cuando se trate de v韈timas de violencia de g閚ero y dom閟tica, sobre la posibilidad de solicitar una orden de protecci髇, explicando de forma comprensible que confiere a la v韈tima un estatuto integral de protecci髇 y, en su caso, procedimiento para hacerlo.
• d) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean m閐icas, psicol骻icas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. Dentro de estas 鷏timas se incluir�, cuando resulte oportuno, informaci髇 sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo.
• e) Indemnizaciones o ayudas econ髆icas a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas.
• f) Servicios de interpretaci髇 y traducci髇 disponibles.
• g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicaci髇 disponibles.
• h) Procedimiento por medio del cual la v韈tima pueda ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de Espa馻.
• i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones que considere contrarias a sus derechos.
• j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitaci髇 del procedimiento y cauces para comunicarse con ella.
• k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los casos en que sea legalmente posible.
• l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para reclamarlo.
• m) Derecho a ser informada sin retrasos innecesarios de la fecha, hora y lugar del juicio, as� como del contenido de la acusaci髇 dirigida contra el infractor.
• n) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de las resoluciones a las que se refiere el art韈ulo 7 del Estatuto de la v韈tima del delito, as� como dejar sin efecto esta solicitud, y a solicitar que dichas resoluciones tambi閚 se comuniquen a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas.
• o) Derecho obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada.
• p) Derecho a la asistencia lingstica gratuita y a la traducci髇 escrita de la copia de la denuncia cuando no entienda, no hable ninguna de las lenguas que tengan car醕ter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.
• q) Derecho de las v韈timas de delitos de violencia de g閚ero a ser notificadas de las resoluciones a las que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 del art韈ulo 7 del Estatuto de la v韈tima del delito, sin necesidad de que lo solicite, salvo que manifieste su deseo de no recibir dichas notificaciones.
• r) Derecho al periodo de reflexi髇 en garant韆 de los derechos de la v韈tima en casos de cat醩trofes, calamidades p鷅licas u otros sucesos que hubieran producido un n鷐ero elevado de v韈timas que impiden a los abogados y procuradores sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 d韆s desde que aconteci� el hecho, quedando sin efecto en el caso de que la presentaci髇 de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la v韈tima.
• s) Derecho a que se le comunique la resoluci髇 de sobreseimiento y la posibilidad de recurrir.
• t) Derecho a interesar que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aqu閘 hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situaci髇 de peligro para la v韈tima.
• u) Derecho a facilitar al Juez o Tribunal cualquier informaci髇 que resulte relevante para resolver sobre la ejecuci髇 de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.
• v) La informaci髇 sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la v韈tima, as� como los recursos psicosociales y asistenciales disponibles.

Art韈ulo 28 Fase de intervenci髇

Entre las intervenciones jur韉icas, psicol骻icas y sociales que realizan las Oficinas de Asistencia a las V韈timas est醤 las siguientes:

• a) La evaluaci髇 de la vulnerabilidad de las v韈timas que le sean derivadas o que acudan directamente a la Oficina.
• b) La propuesta de las medidas de protecci髇 a las v韈timas, especialmente de las m醩 vulnerables, con especial atenci髇 a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇, y el seguimiento de su ejecuci髇.
• c) La asistencia terap閡tica psicol骻ica y el tratamiento psicol骻ico de las v韈timas en el 醡bito del proceso penal que, en principio, se realiza en dos fases:
  • 1.� La primera fase dirigida a lograr que la v韈tima tenga el control general de su conducta, en la que se analizan los elementos que garantizan la integridad f韘ica y ps韖uica, facilitando la expresi髇 de los sentimientos y el dominio cognoscitivo, y realizando las adaptaciones conductuales e interpersonales m醩 necesarias.
  • 2.� La segunda fase en la que se analizan las expectativas generadas por el delito, corrigiendo las posibles distorsiones y realiz醤dose las intervenciones psicol骻icas y los tratamientos de larga evoluci髇 para el tratamiento espec韋ico de s韓tomas postraum醫icos.
• d) La aplicaci髇 del plan de apoyo psicol骻ico.
• e) La informaci髇 y el seguimiento de la decisi髇 de la v韈tima en las medidas penitenciarias.
• f) La informaci髇 sobre la posibilidad de acceder a justicia restaurativa y, en su caso, sobre la aplicaci髇 de las medidas de esta naturaleza que puedan adoptarse.
• g) El acompa馻miento a juicio u otras instancias judiciales, o la propuesta de acompa馻miento por la persona designada por la propia v韈tima.
• h) La coordinaci髇 con el resto de servicios sociales, policiales u otros, principalmente para el seguimiento de las v韈timas vulnerables con alto riesgo y el apoyo para la obtenci髇 de las ayudas econ髆icas que pudieran corresponderles, as� como las medidas asistenciales frente a cualquier necesidad y especialmente en situaciones de invalidez, hospitalizaci髇, o fallecimiento.

Art韈ulo 29 Fase de seguimiento

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas realizan el seguimiento de la v韈tima, especialmente de las m醩 vulnerables, a lo largo de todo el proceso penal y por un per韔do de tiempo adecuado despu閟 de su conclusi髇, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

Art韈ulo 30 Evaluaci髇 individual de las v韈timas a fin de determinar sus necesidades especiales de protecci髇

1. Sin perjuicio de lo que acuerden las autoridades judiciales o fiscales competentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, las polic韆s auton髆icas, efectuaran en el momento de la denuncia una primera evaluaci髇 individual de la v韈tima para la determinaci髇 de sus necesidades de protecci髇 y para la identificaci髇, en su caso, de v韈timas vulnerables.

En esta primera evaluaci髇 se informar� a la v韈tima de la posibilidad de acudir a una Oficina de Asistencia a las V韈timas. La informaci髇 recabada en esta primera evaluaci髇 podr� ser trasladada a la Oficina de Asistencia a las V韈timas s髄o con el consentimiento previo e informado de la v韈tima.

2. Cuando la v韈tima acuda a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, en su caso con la informaci髇 facilitada, 閟tas realizar醤 una evaluaci髇 individualizada. La Oficina de Asistencia a las V韈timas estar� en todo caso a lo que pueda acordar la autoridad judicial o fiscal competente para la valoraci髇 de las necesidades de la v韈tima y la determinaci髇 de las medidas de protecci髇.

3. La evaluaci髇 individual atender� a las necesidades manifestadas por la v韈tima, as� como su voluntad, y respetar� plenamente la integridad f韘ica, mental y moral de la v韈tima. Tendr� especialmente en consideraci髇:

• a) Las caracter韘ticas personales de la v韈tima, su situaci髇, necesidades inmediatas, edad, g閚ero, discapacidad y nivel de madurez. En particular, valorar�:
  • 1.� Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relaci髇 de dependencia entre la v韈tima y el supuesto autor del delito.
  • 2.� Si se trata de v韈timas menores de edad o de v韈timas necesitadas de especial protecci髇 o en las que concurran factores de especial vulnerabilidad.
• b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la v韈tima, as� como el riesgo de reiteraci髇 del delito. A estos efectos, se valoraran especialmente las necesidades de protecci髇 de las v韈timas en los siguientes delitos:
  • 1. Delitos de terrorismo.
  • 2. Delitos cometidos por una organizaci髇 criminal.
  • 3. Delitos cometidos sobre el c髇yuge o sobre persona que est� o haya estado ligada al autor por una an醠oga relaci髇 de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopci髇 o afinidad, propios o del c髇yuge o conviviente.
  • 4. Delitos contra la libertad o indemnidad sexual.
  • 5. Delitos de trata de seres humanos.
  • 6. Delitos de desaparici髇 forzada.
  • 7. Delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideolog韆, religi髇 o creencias, situaci髇 familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o naci髇, su origen nacional, su sexo, orientaci髇 o identidad sexual, por razones de g閚ero, de enfermedad o discapacidad.
• c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

4. En caso de v韈timas menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 tambi閚 se tomar� en cuenta su opini髇 e intereses, as� como sus especiales circunstancias personales, y se velar� especialmente por el respeto a los principios del inter閟 superior del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protecci髇, derecho a la informaci髇, no discriminaci髇, derecho a la confidencialidad, a la privacidad y el derecho a ser protegido.

Art韈ulo 31 Informe de la evaluaci髇 individualizada

1. Tras el proceso de evaluaci髇 individualizada, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 realizar un informe con el consentimiento previo e informado de la v韈tima, que ser� remitido con car醕ter reservado a la autoridad judicial o fiscal competente para adoptar las medidas de protecci髇.

2. En el informe de evaluaci髇 individualizada, podr醤 proponerse las medidas que se estimen pertinentes para la asistencia y la protecci髇 de la v韈tima durante la fase de investigaci髇, especialmente cuando se trate de personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇, de otras v韈timas vulnerables o de menores. En particular, podr� proponerse la adopci髇 de las siguientes medidas:

• a) Que se reciba declaraci髇 a la v韈tima lo antes posible, el menor n鷐ero de veces y 鷑icamente cuando resulte estrictamente necesario.
• b) Que la v韈tima pueda estar acompa馻da de una persona de su elecci髇.
• c) Que se les reciba declaraci髇 en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.
• d) Que se les reciba declaraci髇 por profesionales que hayan recibido una formaci髇 especial para reducir o limitar perjuicios a la v韈tima, o con su ayuda.
• e) Que todas las tomas de declaraci髇 a una misma v韈tima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaraci髇 directamente por un Juez o un Fiscal.
• f) Que la toma de declaraci髇, cuando se trate de alguna de las v韈timas a las que se refieren los n鷐eros 3.� y 4.� de la letra b) del apartado 2 del art韈ulo 23 del Estatuto de la v韈tima del delito y de las v韈timas de trata con fines de explotaci髇 sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la v韈tima cuando 閟ta as� lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaraci髇 directamente por un Juez o Fiscal.
• g) Cualquier otra medida tendente a evitar el contacto visual de la v韈tima con el acusado. Esta medida, dado su objeto, tambi閚 podr� proponerse para la fase de enjuiciamiento.

3. Cuando se trate de v韈timas menores de edad, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas indicar醤 expresamente en su informe la concurrencia, en su caso, de cualquiera de los supuestos a los que hace referencia el art韈ulo 26.2 del Estatuto de la v韈tima del delito; a fin de que ello pueda tomarse en consideraci髇 por el Fiscal en el momento de valorar la oportunidad de recabar del Juez o Tribunal la designaci髇 de un defensor judicial de la v韈tima para que la represente en la investigaci髇 y en el proceso penal.

4. Cualquier modificaci髇 relevante de las circunstancias en que se hubiera basado la evaluaci髇 individual de la v韈tima determinar� una actualizaci髇 de la misma y, en su caso, del informe remitido a la autoridad judicial o fiscal competente.

5. La Oficina de Asistencia a las V韈timas solamente podr� facilitar a terceros la informaci髇 que hubieran recibido de la v韈tima con el consentimiento previo e informado de la misma.

Art韈ulo 32 Plan de apoyo psicol骻ico

1. Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas deber醤 realizar un plan de apoyo psicol骻ico para las v韈timas especialmente vulnerables, o necesitadas de especial protecci髇.

2. El plan de apoyo psicol骻ico tendr� como fin que la v韈tima pueda seguir el proceso penal sin volver a vivenciar angustia, fortalecer su autoestima, fortalecer la toma de decisiones y, en particular, aquellas que tienen relaci髇 con medidas judiciales.

3. El plan de apoyo psicol骻ico se realizar� mediante la evaluaci髇 de las consecuencias f韘icas y ps韖uicas del delito, del clima que rodea a la v韈tima, del riesgo de sufrir nuevas agresiones y del ambiente familiar. Tambi閚 se valorar� la capacidad de resiliencia.

4. El Ministerio de Justicia y las comunidades aut髇omas con competencias asumidas podr醤 supervisar los planes de apoyo que se realicen dentro de su 醡bito territorial.

Art韈ulo 33 La Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional

1. La Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional tiene 醡bito nacional y realiza las funciones de informaci髇 y asistencia a las v韈timas del terrorismo en los t閞minos previstos en el art韈ulo 51 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, y en el presente real decreto. No obstante, por razones de urgencia o de cercan韆 las v韈timas podr醤 acudir a la Oficina de Asistencia a las V韈timas de su provincia que se coordinar� con la Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas de Terrorismo de la Audiencia Nacional.

2. La Oficina de Informaci髇 y Asistencia a las V韈timas del Terrorismo de la Audiencia Nacional realiza, entre otras, las siguientes funciones:

• a) Facilitar informaci髇 sobre el estado de los procedimientos que afecten a las v韈timas del terrorismo.
• b) Asesorar a las v韈timas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.
• c) Ofrecer acompa馻miento personal a los juicios que se celebren en relaci髇 a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.
• d) Dar apoyo emocional y terap閡tico de las v韈timas. La Oficina evaluar� los trastornos ocasionados por el delito y, a lo largo del proceso penal, realizar� la asistencia psicol骻ica adecuada para la superaci髇 del delito y evaluar� el riesgo de victimizaci髇, se馻lando las medidas de protecci髇 adecuadas y aplicar� el plan de apoyo como v韈tima vulnerable. Todo ello sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.
• e) Prevenir las consecuencias de la victimizaci髇 primaria y evitar la victimizaci髇 secundaria y la desprotecci髇 tras el delito.
• f) Facilitar la colaboraci髇 y la coordinaci髇 entre los organismos, instituciones y servicios que pueden estar implicados en la asistencia concreta de cada v韈tima, sin perjuicio de las competencias en esta materia del Ministerio del Interior.
• g) Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las v韈timas en su participaci髇 en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ileg韙imas o actos de intimidaci髇 y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigraci髇.
• h) Informar sobre las posibles indemnizaciones a v韈timas de terrorismo deriv醤dolas, en todo caso, al 髍gano del Ministerio del Interior competente en la materia.
• i) Establecer cauces de informaci髇 a la v韈tima acerca de todo lo relacionado con la ejecuci髇 penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento 韓tegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesi髇 de beneficios o excarcelaci髇 de los penados.
• j) Recibir la comunicaci髇 de las resoluciones a las que se refiere el art韈ulo 7.1 del Estatuto de la v韈tima del delito cuando la v韈tima haya hecho uso de la facultad prevista en el art韈ulo 7.3 de este real decreto, y realizar las actuaciones de informaci髇 y asistencia que en su caso resulten precisas.

3. Seguir� el mismo modelo de actuaci髇 general de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas y realizar� las evaluaciones necesarias de las v韈timas m醩 vulnerables en los t閞minos del art韈ulo 31 de este real decreto, prestando, asimismo, la asistencia psicol骻ica en aquellos casos que sea necesaria para afrontar las consecuencias del delito.

Art韈ulo 34 La red de coordinaci髇

1. El Ministerio de Justicia, o las comunidades aut髇omas con competencias en justicia, podr醤 coordinar las actuaciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas con los diferentes 髍ganos o entidades competentes que prestan asistencia a las v韈timas, con este fin se podr醤 realizar convenios de colaboraci髇 y protocolos. Podr醤 impulsar, asimismo, la colaboraci髇 con redes p鷅licas y privadas que asisten a las v韈timas, entre otras con:

• a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Polic韆s Auton髆icas.
• b) Servicios de bienestar social.
• c) Ayuntamientos.
• d) Servicios de Salud (112/061, urgencias, urgencias psiqui醫ricas y Programas de Salud Mental).
• e) Servicios de Educaci髇.
• f) Servicios laborales.
• g) Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 醤imo de lucro.
• h) Servicios Psicosociales de la Administraci髇 de Justicia.
• i) Unidades de Coordinaci髇 contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas org醤icamente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en las Direcciones Insulares.
• j) Servicios especializados para la atenci髇 a las v韈timas de violencia de g閚ero.
• k) Cualquier otro 髍gano o entidad de la Administraci髇 General del Estado u otras Administraciones con competencias en asistencia y/o atenci髇 a las v韈timas.

2. Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 mantener reuniones peri骴icas con los organismos, instituciones y entidades relacionados en el apartado anterior, para optimizar la asistencia de las v韈timas particulares, efectuando, en su caso, el seguimiento de las v韈timas vulnerables y asegurando su papel de punto de acceso coordinador o ventanilla 鷑ica.

Art韈ulo 35 Actuaciones de los letrados de la Administraci髇 de Justicia en cumplimiento del Estatuto de la v韈tima del delito

En cumplimiento del art韈ulo 10 del Estatuto de la v韈tima del delito, los letrados de la Administraci髇 de Justicia derivar醤 a las v韈timas a las Oficinas de Asistencia a las V韈timas, en los t閞minos establecidos en las leyes procesales, cuando resulte necesario en atenci髇 a la gravedad del delito, vulnerabilidad de la v韈tima o en aquellos casos en los que la v韈tima lo solicite.

Art韈ulo 36 Coordinaci髇 en grandes cat醩trofes

En el caso de cat醩trofes o sucesos con v韈timas m鷏tiples que tengan su origen o causa en un hecho delictivo, las Oficinas de Asistencia a las V韈timas se coordinar醤 con el resto de instituciones competentes para garantizar la asistencia a las v韈timas.

Art韈ulo 37 Funciones de las Oficinas de Asistencia a las V韈timas en materia de justicia restaurativa

Las Oficinas de Asistencia a las V韈timas podr醤 realizar las siguientes actuaciones de justicia restaurativa:

• a) Informar, en su caso, a la v韈tima de las diferentes medidas de justicia restaurativa.
• b) Proponer al 髍gano judicial la aplicaci髇 de la mediaci髇 penal cuando lo considere beneficioso para la v韈tima.
• c) Realizar actuaciones de apoyo a los servicios de mediaci髇 extrajudicial.

Art韈ulo 38 Informaci髇 y asistencia sobre ejecuci髇 penitenciaria

Las Oficinas facilitar醤 a las v韈timas informaci髇 sobre la posibilidad de participar en la ejecuci髇 penitenciaria, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 13 del Estatuto de la v韈tima del delito, y realizar醤 las actuaciones de asistencia que resulten precisas para que la v韈tima pueda ejercer los derechos que la ley les reconoce en este 醡bito.

Art韈ulo 39 Los datos estad韘ticos

La recopilaci髇 de los datos estad韘ticos deber� incluir al menos:

• a) El n鷐ero de v韈timas que han solicitado asistencia y las asistidas, distinguiendo entre adultos y menores, y el sexo.
• b) Tipo de v韈tima por delito sufrido.
• c) Tipo de asistencia y actuaciones realizadas.
• d) Las derivaciones principalmente las de la polic韆 y de los letrados de la Administraci髇 de Justicia.
• e) El n鷐ero de v韈timas que han sido derivadas a servicios de mediaci髇.

Art韈ulo 40 Otras actuaciones administrativas

Las Oficinas realizar醤 un seguimiento de cada caso individual, que se documentar� en los correspondientes archivos o registros. Asimismo realizar醤 una memoria anual de la que se dar� traslado al Ministerio de Justicia, o en su caso, a las comunidades aut髇omas con competencia en la materia.

Disposici髇 adicional 鷑ica Limitaciones presupuestarias

1. La organizaci髇 y funcionamiento del Consejo Asesor de Asistencia a las Victimas se atender� con los medios personales, t閏nicos y presupuestarios asignados a la Direcci髇 General de Relaciones con la Administraci髇 de Justicia.

2. La entrada en vigor del presente real decreto no producir� incremento del n鷐ero de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal con impacto presupuestario.

Disposici髇 transitoria 鷑ica Adaptaci髇 de las relaciones de puestos de trabajo

En tanto el Ministerio de Justicia proceda a la modificaci髇 de las relaciones de puestos de trabajo de aquellas Oficinas de Asistencia a las V韈timas que, dentro de su 醡bito de competencia, est閚 insertas en la Oficina Judicial, las mismas funcionaran a efectos organizativos como unidades administrativas, en condiciones id閚ticas al resto de Oficinas dependientes del Ministerio.

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

Este real decreto se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.5.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administraci髇 de Justicia.

Se except鷄n de lo anterior los art韈ulos 6, 7 y 8, que se dictan al amparo de la competencia exclusiva en materia de regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇 Espa駉la, as� como el art韈ulo 9, que se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 penal y procesal atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la.

Disposici髇 final segunda Habilitaci髇 normativa

Se faculta a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Administraciones P鷅licas para dictar, en el 醡bito de sus competencias, las normas necesarias para el desarrollo, cumplimiento y ejecuci髇 de lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

El presente real decreto entrar� en vigor el d韆 1 de enero de 2016.