Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de g閚ero

• 

  El recurso de apelación en la Ley de Enjuiciamiento Civil (2.ª Edición)

  Libros
  Desde 81,02 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  El enjuiciamiento de la delincuencia vial: aspectos prácticos

  Libros
  Desde 55,33 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de actuaciones en Sala. Técnicas prácticas del proceso civil (3.ª Edición)

  Libros
  Desde 50,39 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Esquemas Procesales Civiles, Penales y Concursales (8.ª Ed)

  Libros
  Desde 59,28 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

V閍se la燫es. de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de Convalidaci髇 del R.D.-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de g閚ero (獴.O.E.� 20 septiembre).LE0000628499_20180920

I

La Exposici髇 de Motivos de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, se馻laba que la violencia de g閚ero no es un problema que afecte al 醡bito privado. Al contrario, se manifiesta como el s韒bolo m醩 brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos m韓imos de libertad, respeto y capacidad de decisi髇.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci髇 y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom閟tica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, en su art韈ulo 5.2, exige a las partes del convenio que tomen las medidas legislativas y dem醩 necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnizaci髇 por los actos de violencia incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 del mismo.

El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprob�, por unanimidad, una Proposici髇 no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripci髇 de un Pacto de Estado en materia de Violencia de G閚ero, por el Gobierno de la Naci髇, las Comunidades Aut髇omas y Ciudades con Estatuto de Autonom韆 y la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias, que siga impulsando pol韙icas para la erradicaci髇 de la violencia sobre la mujer como una verdadera pol韙ica de Estado. La Proposici髇 no de ley establec韆 la creaci髇, en el seno de la Comisi髇 de Igualdad del Congreso, de una Subcomisi髇 que ten韆 como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas que impiden avanzar en la erradicaci髇 de las diferentes formas de violencia de g閚ero, y en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuaci髇, entre ellas las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, as� como a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesi髇 plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprob�, sin ning鷑 voto en contra, el Informe de la Subcomisi髇 para un Pacto de Estado en materia de violencia de g閚ero.

Por su parte, la Comisi髇 de Igualdad del Senado decidi�, el 21 de diciembre de 2016, la creaci髇 de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de G閚ero, los aspectos de prevenci髇, protecci髇 y reparaci髇 de las v韈timas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de G閚ero y examinase la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprob�, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la elaboraci髇 de estrategias contra la violencia de g閚ero.

Ambos informes contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia dom閟tica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres v韈timas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.

Seg鷑 la Proposici髇 no de ley aprobada el 15 de noviembre de 2016, las medidas contenidas en el informe que supusieran la modificaci髇 de textos legales vigentes deb韆n ser remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitaci髇.

Transcurrido dicho plazo se hace urgente adoptar algunas medidas necesarias para avanzar en la erradicaci髇 de la violencia de g閚ero y en el logro de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.

La entidad de los derechos a proteger, que exigen una respuesta inmediata y contundente, que proteja la vida y la integridad f韘ica, psicol骻ica y moral de las v韈timas de esta violaci髇 de derechos fundamentales, no s髄o justifican la necesidad y urgencia de la medida, sino que son una exigencia de todo Estado de Derecho.

II

La violencia contra las mujeres es la manifestaci髇 m醩 cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esta violencia menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es un obst醕ulo para la plena realizaci髇 de la igualdad entre mujeres y hombres.

As� lo reconocen los organismos internacionales como la Organizaci髇 de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Uni髇 Europea, en distintos instrumentos jur韉icos ratificados por Espa馻. La Declaraci髇 sobre la eliminaci髇 de la violencia contra la mujer (Resoluci髇 48/104, de 20 de diciembre de 1993) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un da駉 o sufrimiento f韘ico, sexual o psicol骻ico para la mujer, as� como las amenazas de tales actos, la coacci髇 o la privaci髇 arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida p鷅lica como en la vida privada.

La Constituci髇 Espa駉la reconoce en su art韈ulo 14 la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminaci髇 alguna por raz髇 de nacimiento, raza, sexo, religi髇, opini髇 o cualquier otra condici髇 o circunstancia personal o social. Y el art韈ulo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad f韘ica y moral, sin que, en ning鷑 caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por su parte el art韈ulo 9.2 establece la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remover los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud.

III

En Espa馻 en los 鷏timos a駉s se han producido avances legislativos muy significativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Por su especial relevancia, destacan la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protecci髇 de las v韈timas de la violencia dom閟tica y, sobre todo, la Ley Org醤ica, 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero.

La Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestaci髇 de la discriminaci髇, la situaci髇 de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 閟tas por parte de quienes sean o hayan sido sus c髇yuges o de quienes est閚 o hayan estado ligados a ellas por relaciones an醠ogas, aun sin convivencia.

En sus trece a駉s de vigencia, la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, ha incorporado tres modificaciones operadas, respectivamente, por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, relativa a la disposici髇 adicional primera sobre pensiones de orfandad; por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativa al art韈ulo 20.1 sobre asistencia jur韉ica gratuita, y por la Ley Org醤ica 8/2015, de 22 de julio, de modificaci髇 del sistema de protecci髇 a la infancia y a la adolescencia relativa a los art韈ulos 1.2, 61.2, 65 y 66, en relaci髇 con hijos e hijas menores de edad y menores sujetos a tutela o guarda y custodia de las v韈timas de violencia de g閚ero.

En 2014, Espa馻 ratific� el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia dom閟tica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, que entr� en vigor el 1 de agosto de 2014. El 醡bito de aplicaci髇 del Convenio, que abarca todas las formas de violencia que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujer o que les afectan de manera desproporcionada, define la 玽iolencia contra las mujeres� como una violaci髇 de los derechos humanos y una forma de discriminaci髇 contra las mujeres, y designa todos los actos de violencia basados en el g閚ero que implican o pueden implicar para las mujeres da駉s o sufrimientos de naturaleza f韘ica, sexual, psicol骻ica o econ髆ica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacci髇 o la privaci髇 arbitraria de libertad, en la vida p鷅lica o privada.

IV

El art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las Administraciones P鷅licas actuar醤 de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia.

En cuanto a los principios de necesidad y eficiencia, se ven plenamente respaldados dado el inter閟 general en el que se funda, siendo el real derecho ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇.

Por lo que respecta a la proporcionalidad, se ha buscado establecer las medidas imprescindibles para atender la necesidad de protecci髇 mejorando la asistencia y atenci髇 de las v韈timas de la violencia de g閚ero, no pudiendo plantearse otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Asimismo, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, supone un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensi髇 y, en consecuencia, la actuaci髇 y toma de decisiones de las personas, por lo que se entiende que la propuesta se adec鷄 al principio de seguridad jur韉ica.

En cumplimiento del principio de transparencia la norma identifica claramente su prop髎ito y ofrece una explicaci髇 completa de su contenido en esta exposici髇 de motivos.

Finalmente, dado que la norma no impone cargas administrativas, y que supone una clara mejora en la protecci髇 de las v韈timas de la violencia de g閚ero y de sus hijas e hijos, se entiende plenamente cumplida la adecuaci髇 al principio de eficiencia.

V

En el marco de las propuestas formuladas en el Informe de la Subcomisi髇 del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de g閚ero y en el Informe de la Ponencia del Senado de Estudio para la elaboraci髇 de estrategias contra la violencia de g閚ero, el presente real decreto-ley modifica algunos preceptos de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, que no tienen dicho rango de ley org醤ica, as� como otros textos normativos, cuya reforma es urgente a los efectos de dar una respuesta efectiva en relaci髇 a la asistencia a las v韈timas y a sus hijos e hijas menores.

La violencia de g閚ero, como manifestaci髇 m醩 cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de 947 mujeres en Espa馻 desde 2003, a駉 en que en nuestro pa韘 empezaron a contabilizarse las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han sido en los 鷏timos dos meses de junio y julio de 2018. En la mayor韆 de los casos las v韈timas no hab韆n denunciado con anterioridad la violencia y el maltrato que ven韆n sufriendo. Estos indicadores explican la situaci髇 de emergencia en la que nos encontramos y justifican suficientemente el recurso a un real decreto-ley. De esta manera, la presente reforma que tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia, y a los recursos de asistencia de las v韈timas de violencia de g閚ero, a trav閟 de la modificaci髇 de los art韈ulos 20 y 23. El art韈ulo 20 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participaci髇 de la v韈tima en el proceso penal. Por un lado, se reforma su apartado 4 y se a馻de un apartado 5 para reforzar la asistencia jur韉ica de las v韈timas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino tambi閚 los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designaci髇 urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de g閚ero, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representaci髇 de las v韈timas. Por otro lado, se a馻de un nuevo apartado 6 para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitaci髇 legal del Letrado de la v韈tima a fin de que pueda ostentar su representaci髇 procesal hasta la personaci髇 de la v韈tima en el procedimiento, si bien esto debe armonizarse con la tercera medida consistente en la adici髇 de un nuevo apartado 7 con el objeto de permitir a la v韈tima personarse como acusaci髇 particular en cualquier fase del procedimiento.

El art韈ulo 23 de la Ley Org醤ica es tambi閚 objeto de modificaci髇 con una doble finalidad. Por una parte, para concretar y ampliar los t韙ulos judiciales habilitantes para acreditar la condici髇 de v韈tima de violencia de g閚ero; y, por otra parte, para establecer otros t韙ulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. Como se ha se馻lado, un porcentaje elevado de las v韈timas de violencia de g閚ero asesinadas no hab韆 de denunciado previamente la situaci髇 de maltrato que estaban sufriendo. En 2017, el 76.5 % de las mujeres asesinadas no hab韆 denunciado previamente a su agresor, de ah� la urgencia y la necesidad de proceder a ampliar los mecanismos de acreditaci髇 de las situaciones de violencia de g閚ero. Cabe recordar que el art韈ulo 18.3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevenci髇 y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom閟tica, exige no supeditar la protecci髇 de las v韈timas de violencia de g閚ero al ejercicio por parte de aqu閘las de acciones legales ni a la declaraci髇 contra el autor.

Entre las m鷏tiples razones por las que las v韈timas no denuncian la situaci髇 de violencia que est醤 sufriendo, se encuentra la falta de recursos econ髆icos, uno de los factores que les impide romper el c韗culo de la violencia. Por ello, en relaci髇 a las ayudas reguladas en el art韈ulo 27, el presente real decreto-ley, con el fin de ampliar las posibilidades de acceso a las mismas y en consonancia con las propuestas formuladas en la Ponencia del Senado de Estudio para la elaboraci髇 de estrategias contra la violencia de g閚ero, se ha previsto la compatibilidad de estas ayudas con otras de car醕ter auton髆ico o local que las v韈timas puedan percibir.

VI

Una de las medidas m醩 urgentes de llevar a cabo en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de g閚ero, es la que plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administraci髇 local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoci髇 de la igualdad entre hombres y mujeres, as� como contra la violencia de g閚ero, ya que se trata de la administraci髇 m醩 cercana a la ciudadan韆 y, por ende, a las v韈timas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deber醤 formar parte del cat醠ogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el art韈ulo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local. Por otra parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2018, establece cuant韆s espec韋icas destinadas a las entidades locales dirigidas a implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de G閚ero.

Todo ello hace imprescindible la modificaci髇 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para poder permitir el desarrollo de pol韙icas contra la violencia de g閚ero, y que dicha modificaci髇 se realice con toda celeridad, para evitar que las posibles actuaciones previstas por las entidades locales no puedan ser desarrolladas por la falta de adaptaci髇 de las disposiciones vigentes, algo que redundar韆 en un enorme perjuicio para las mujeres v韈timas de la violencia de g閚ero, as� como sus hijos e hijas.

VII

La protecci髇 de los menores, hijas e hijos de las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta m醩 urgente. Seg鷑 la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada en 2015, del total de mujeres que sufren o han sufrido violencia f韘ica, sexual o miedo de sus parejas o exparejas y que ten韆n hijos/as en el momento en el que se produjeron los episodios de violencia, el 63,6% afirm� que los hijos e hijas presenciaron o escucharon alguna de las situaciones de violencia. De las mujeres que contestaron que sus hijos o hijas presenciaron o escucharon los episodios de violencia, el 92,5% afirmaron que los mismos eran menores de 18 a駉s cuando sucedieron los hechos. Por ello el presente real decreto-ley incluye una modificaci髇 en el art韈ulo 156 del C骴igo Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la Subcomisi髇 del Congreso que propone, desvincular la intervenci髇 psicol骻ica con menores expuestos a violencia de g閚ero del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al art韈ulo 156 del C骴igo Civil tiene como objetivo que la atenci髇 y asistencia psicol骻ica quede fuera del cat醠ogo de actos que requieren una decisi髇 com鷑 en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores est� incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad f韘ica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

VIII

Lo avanzado de las fechas en las que se adoptan las medidas contenidas en el presente real decreto-ley impide que puedan ser llevadas a efecto en su totalidad en el ejercicio 2018.

El r間imen contenido en el art韈ulo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, supone que por estas solas circunstancias se produce un perjuicio en 2019 en las pol韙icas impulsadas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de g閚ero.

El corto periodo de tiempo para la ejecuci髇 de las medidas y el car醕ter absolutamente prioritario de la lucha contra la violencia de g閚ero aconsejan que, de forma absolutamente excepcional y singular, se excepcione el r間imen contenido en la regla Sexta del art韈ulo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, exclusivamente para el ejercicio 2018.

IX

Por otra parte, se respetan los l韒ites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al derecho electoral general; de hecho, 鷑icamente se modifican algunas disposiciones de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero, y de otras leyes en aquellos aspectos, propuestos en el Pacto de Estado, que carecen de la condici髇 de materia reservada a ley org醤ica.

Adem醩 el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a un situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 3 de agosto de 2018,

DISPONGO:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local

Se a馻de un p醨rafo o) al apartado 2 del art韈ulo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R間imen Local, con la siguiente redacci髇:

• 玱) Actuaciones en la promoci髇 de la igualdad entre hombres y mujeres as� como contra la violencia de g閚ero.�

LE0000007636_20200402

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del art韈ulo 156 del C骴igo Civil

Se a馻de un nuevo p醨rafo segundo en el art韈ulo 156 del C骴igo Civil con la siguiente redacci髇:

獶ictada una sentencia condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad f韘ica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastar� el consentimiento de 閟te para la atenci髇 y asistencia psicol骻ica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de diecis閕s a駉s se precisar� en todo caso el consentimiento expreso de 閟tos.�

LE0000013389_20200630