Sumario

Ley 36/1988, 5 diciembre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (�B.O.E.� 26 diciembre), el 26 de marzo de 2004.

Pre�mbulo

La sustituci�n del r�gimen jur�dico del arbitraje de Derecho Privado vigente viene siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La Ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la situaci�n existente con anterioridad. Sin embargo, la Ley de 1953 estaba concebida para la soluci�n arbitral de conflictos de Derecho Civil en el m�s estricto sentido de la palabra; la pr�ctica ha demostrado, en cambio, que dicha Ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composici�n arbitral las controversias que surgen en el tr�fico mercantil, ni menos a�n para las que surgen en el tr�fico mercantil internacional.

La nueva regulaci�n se estructura en nueve T�tulos.

El T�tulo I delimita el �mbito de aplicaci�n de la Ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer el arbitraje y separando esta instituci�n de otras figuras afines. Se elimina la distinci�n entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso, que efect�a la Ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposici�n que reconoce el art�culo 1.�, puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cl�usula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, que sol�a estipularse antes del nacimiento real de la controversia entre las partes, obligando quiz� por la misma naturaleza de las cosas a exigir su formalizaci�n judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes.

El T�tulo II introduce como novedades el principio de libertad formal en el convenio arbitral, la consagraci�n legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio de un negocio jur�dico principal y, sobre todo, la posibilidad de que las partes defieran a un tercero el nombramiento de los �rbitros e, incluso, la organizaci�n del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de actuaci�n al principio de autonom�a de la voluntad, pero se adoptan las cautelas l�gicas frente a las posibles situaciones de desigualdad contractual en las que puedan encontrarse las partes. As�, se declara nulo el convenio que coloque a una de las partes en situaci�n de privilegio en relaci�n con la designaci�n de los �rbitros, se contempla el supuesto de convenio arbitral como cl�usula accesoria de un contrato de adhesi�n y se dispone que los reglamentos arbitrales que establezcan las asociaciones y entidades sin �nimo de lucro y corporaciones de Derecho p�blico a quienes se permite que las partes encomienden la organizaci�n y administraci�n de servicios arbitrales se protocolicen notarialmente a fin de dotarles de la necesaria fijeza.

El T�tulo III se refiere a los �rbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y su abstenci�n y recusaci�n. En el caso de pluralidad de �rbitros, �stos elegir�n un presidente a quien incumbe dictar el laudo en el caso de que no hubiera acuerdo mayoritario.

El procedimiento arbitral, regulado en el T�tulo IV, queda tambi�n remitido en gran parte a la autonom�a de la voluntad. Sin embargo, se requiere la observancia de unos tr�mites m�nimos y, en todo caso, el respeto a los principios de audiencia, contradicci�n e igualdad.

El T�tulo V regula el laudo arbitral, exigiendo su motivaci�n y su notificaci�n fehaciente a las partes. Cabe destacar como novedad la regulaci�n de la posibilidad de corregir errores u omisiones materiales.

El T�tulo VI se dedica a la intervenci�n jurisdiccional a lo largo del procedimiento arbitral. Tal intervenci�n se ha reducido a la estrictamente necesaria. Con la intenci�n de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho y en l�nea con lo establecido en otros ordenamientos, se encomienda a los �rbitros, en defecto de acuerdo de las partes, la delimitaci�n de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitir� descargar a la Administraci�n de Justicia de algunas de las funciones que actualmente tiene encomendadas en la formalizaci�n judicial del arbitraje.

El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial, consagrado en el art�culo 24 de la Constituci�n. Por ello, el T�tulo VII regula un recurso de anulaci�n del laudo, a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusi�n del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley. Junto a ello se ha introducido la posibilidad de anular el laudo cuando �ste fuese contrario al orden p�blico, concepto que habr� de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constituci�n. El �rgano competente para conocer del recurso es la Audiencia Provincial. Es �sta una decisi�n ecl�ctica entre la regulaci�n vigente de los recursos contra el laudo, cuyo conocimiento se atribuye al Tribunal Supremo, como si de una sentencia se tratara, y los que postulan que, siendo el laudo una decisi�n puramente privada, su anulaci�n deber�a incumbir a los Juzgados de Primera Instancia. La Ley ha optado por la v�a intermedia, consciente de que un �rgano pluripersonal con competencias en el orden civil como la Audiencia Provincial, tal y como aparece configurada en la Ley Org�nica del Poder Judicial, pod�a ser el adecuado para conocer de la anulaci�n.

Se prev�, por otra parte, que, en tanto se tramita la posible anulaci�n, pueda el interesado solicitar la adopci�n de medidas cautelares que garanticen la efectividad del laudo.

El T�tulo VIII regula la ejecuci�n judicial del laudo, con un sistema lo suficientemente completo como para encauzar la pretensi�n de ejecuci�n y la oposici�n a la misma con las garant�as suficientes para ambas partes.

El T�tulo IX prev� el reconocimiento, que se atribuye al Tribunal Supremo, y la ejecuci�n, que se atribuye a los Jueces de Primera Instancia, de los laudos arbitrales extranjeros, sin perjuicio de los tratados internacionales que formen parte del ordenamiento interno y de los cuales ya est�n haciendo uso nuestros Tribunales con relativa frecuencia.

En el T�tulo X se contienen normas de Derecho Internacional Privado, relativas a la capacidad para otorgar el convenio arbitral, a la validez y los efectos de �ste y a la Ley aplicable para decidir el fondo de la cuesti�n litigiosa, cuando se trate de un arbitraje de derecho. Se ha mantenido el criterio, ya presente en el art�culo 10.5 del C�digo Civil, de exigir alg�n grado de conexi�n entre la Ley aplicable y la controversia objeto de arbitraje, a fin de evitar que por la v�a del arbitraje se produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del Derecho de determinadas relaciones jur�dicas internacionales.

La Ley efect�a una reforma en profundidad del arbitraje para que esta instituci�n resulte apta no s�lo para resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jur�dico-civiles, sino tambi�n para eliminar conflictos como los que se producen en el tr�fico jur�dico en masa, mediante la autonom�a de la voluntad de las partes. El Comit� de Ministros del Consejo de Europa, en su Recomendaci�n 12/1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los Tribunales, postula que los Gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que �en los casos que se presten a ello, el arbitraje pueda constituir una alternativa m�s accesible y m�s eficaz a la acci�n judicial�.

Por ello, leyes recientes, como la de Ordenaci�n del Seguro Privado, la General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Propiedad Intelectual y la de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres crean instancias arbitrales a las que la presente Ley servir� de norma complementaria, especialmente desde el punto de vista procesal.

Esta Ley facilitar� un cauce sencillo y econ�mico para la eliminaci�n de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es igualitario. Se trata, en definitiva, de remover, conforme ordena el art�culo 9.� de la Constituci�n, los obst�culos que dificulten o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.