Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje

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Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

Espa馻 se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonizaci髇 del r間imen jur韉ico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusi髇 de su pr醕tica y promover la unidad de criterios en su aplicaci髇, en la convicci髇 de que una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de soluci髇 de controversias.

La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, es tributaria de esta vocaci髇, ya antes manifestada expl韈itamente en el Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, que abri� las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta que 玡l incremento de las relaciones comerciales internacionales, en particular en el 醨ea iberoamericana, y la inexistencia de adecuados servicios de arbitraje comercial internacional en nuestro pa韘 determina que la utilizaci髇 de la t閏nica arbitral por empresarios y comerciantes de la citada 醨ea se efect鷈 con referencia a instituciones de otro contexto cultural idiom醫ico, con el efecto negativo que ello representa para Espa馻 y la p閞dida que para nuestro pa韘 significa la ruptura de las vinculaciones con los citados pa韘es en materia de tan creciente inter閟 com鷑�.

Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocaci髇 y esa pr醕tica, pero con la pretensi髇 de producir un salto cualitativo. As�, su principal criterio inspirador es el de basar el r間imen jur韉ico espa駉l del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisi髇 de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su Resoluci髇 40/72, de 11 de diciembre de 1985, 玹eniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la pr醕tica del arbitraje comercial internacional�. El legislador espa駉l sigue la recomendaci髇 de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, adem醩, toma en consideraci髇 los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisi髇 con el prop髎ito de incorporar los avances t閏nicos y atender a las nuevas necesidades de la pr醕tica arbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de adopci髇 de medidas cautelares.

La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jur韉icas europeo-continental y anglosajona producto de un cuidado estudio del derecho comparado. Su redacci髇 no responde, por ello, plenamente a los c醤ones tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusi髇 entre operadores pertenecientes a 醨eas econ髆icas con las que Espa馻 mantiene activas y crecientes relaciones comerciales. Los agentes econ髆icos de dichas 醨eas adquirir醤, por tanto, mayor certidumbre sobre el contenido del r間imen jur韉ico del arbitraje en Espa馻, lo que facilitar� y aun impulsar� que se pacten convenios arbitrales en los que se establezca nuestro pa韘 como lugar del arbitraje. La Ley Modelo resulta m醩 asequible a los operadores econ髆icos del comercio internacional, habituados a una mayor flexibilidad y adaptabilidad de las normas a las peculiaridades de casos concretos surgidos en escenarios muy diversos.

La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables avances que su precedente, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, supuso para la regulaci髇 y modernizaci髇 del r間imen de esta instituci髇 en nuestro ordenamiento jur韉ico. Durante su vigencia se ha producido una notable expansi髇 del arbitraje en nuestro pa韘; ha aumentado en gran medida el tipo y el n鷐ero de relaciones jur韉icas, sobre todo contractuales, para las que las partes pactan convenios arbitrales; se ha asentado el arbitraje institucional; se han consolidado pr醕ticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se ha generado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha normalizado la utilizaci髇 de los procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje.

Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partiendo del acervo descrito, resulta necesario impulsar otro nuevo e importante avance en la regulaci髇 de la instituci髇 mediante la se馻lada incorporaci髇 de nuestro pa韘 al elenco creciente de Estados que han adoptado la Ley Modelo. Adem醩, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 36/1988 ha permitido detectar en ella lagunas e imperfecciones. El arbitraje es una instituci髇 que, sobre todo en su vertiente comercial internacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el tr醘ico jur韉ico, so pena de quedarse desfasada. La legislaci髇 interna de un pa韘 en materia de arbitraje ha de ofrecer ventajas o incentivos a las personas f韘icas y jur韉icas para que opten por esta v韆 de resoluci髇 de conflictos y porque el arbitraje se desarrolle en el territorio de ese Estado y con arreglo a sus normas. Por consiguiente, tanto las necesidades de mejora y seguimiento de la evoluci髇 del arbitraje como la acomodaci髇 a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgaci髇 de esta ley.

II

La nueva regulaci髇 se sistematiza en nueve t韙ulos. El t韙ulo I contiene las disposiciones generales sobre arbitraje.

El art韈ulo 1 determina el 醡bito de aplicaci髇 de la ley sobre la base de los siguientes criterios:

En primer lugar, se dejan a salvo, como no pod韆 ser de otro modo, las disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que Espa馻 sea parte.

En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposici髇 entre arbitraje ordinario y arbitrajes especiales, esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto, 韓tegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulaci髇 especial; pero tambi閚 supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad.

En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposici髇 entre arbitraje interno y arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulaci髇 unitaria de ambos. Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que el arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por preceptos distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje interno e internacional), la ley sigue el sistema monista. Son pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje internacional requiere una regulaci髇 distinta de la del arbitraje interno. Aun con la conciencia de que el arbitraje internacional responde en muchas ocasiones a exigencias distintas, esta ley parte de la base -corroborada por la tendencia actual en la materia- de que una buena regulaci髇 del arbitraje internacional ha de serlo tambi閚 para el arbitraje interno, y viceversa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el seno de la CNUDMI/UNCITRAL, est� concebida espec韋icamente para el arbitraje comercial internacional; pero su inspiraci髇 y soluciones son perfectamente v醠idas, en la inmensa mayor韆 de los casos, para el arbitraje interno. Esta ley sigue en este aspecto el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la Ley Modelo no s髄o resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje en general.

En cuarto lugar, la delimitaci髇 del 醡bito de aplicaci髇 de la ley es territorial. No obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervenci髇 judicial, que deben aplicarse tambi閚 a aquellos arbitrajes que se desarrollen o se hayan desarrollado en el extranjero. El criterio, en todo caso, es tambi閚 territorial, puesto que se trata de normas procesales que han de ser aplicadas por nuestros tribunales.

El art韈ulo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de la libre disposici髇, como hac韆 la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa innecesario que esta ley contenga ning鷑 elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposici髇. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de pol韙ica jur韉ica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su car醕ter arbitrable. Pero ello excede del 醡bito de una regulaci髇 general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones espec韋icas en otros textos legales.

Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce tambi閚 la regla, para el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes de ellos no puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jur韉ico. Se pretende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente igual que un particular.

El art韈ulo 3 regula la determinaci髇 del car醕ter internacional del arbitraje, que resulta relevante para la aplicaci髇 de aquellos art韈ulos que contienen reglas especiales para los arbitrajes internacionales que se desarrollen en nuestro territorio. As�, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento en qu� casos un arbitraje es internacional; lo que debe facilitar la interpretaci髇 y aplicaci髇 de esta ley en el contexto del tr醘ico jur韉ico internacional. Adem醩, debe tenerse en cuenta que existen convenios internacionales cuya aplicaci髇 exige una definici髇 previa del arbitraje internacional. La determinaci髇 del car醕ter internacional del arbitraje sigue sustancialmente los criterios de la Ley Modelo. A 閟tos resulta conveniente a馻dir otro: que la relaci髇 jur韉ica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio internacional. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, resulte indudable su car醕ter internacional a la luz de las circunstancias del caso. Por otra parte, la ley evita la confusi髇 que la pluralidad de domicilios de una persona, admitida en otros ordenamientos, podr韆 causar a la hora de determinar si un arbitraje es internacional o no.

El art韈ulo 4 contiene una serie de reglas de interpretaci髇, entre las que tienen especial relevancia las que dotan de contenido a las normas legales dispositivas de esta ley mediante la remisi髇, por voluntad de las partes, a la de una instituci髇 arbitral o al contenido de un reglamento arbitral. As�, esta ley parte en la mayor韆 de sus reglas de que debe primar la autonom韆 de la voluntad de las partes. Mas esa voluntad se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la instituci髇 administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los 醨bitros, en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido. Se produce, por tanto, una suerte de integraci髇 del contenido del contrato de arbitraje o convenio arbitral, que, por mor de esta disposici髇, pasa a ser en tales casos un contrato normativo. De este modo, la autonom韆 privada en materia de arbitraje se puede manifestar tanto directamente, a trav閟 de declaraciones de voluntad de las partes, como indirectamente, mediante la declaraci髇 de voluntad de que el arbitraje sea administrado por una instituci髇 arbitral o se rija por un reglamento arbitral. En este sentido, la expresi髇 instituci髇 arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organizaci髇 de las caracter韘ticas previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a 閘, se dedique a la administraci髇 de arbitrajes. Pero se precisa que las partes pueden someterse a un concreto reglamento sin encomendar la administraci髇 del arbitraje a una instituci髇, en cuyo caso el reglamento arbitral tambi閚 integra la voluntad de las partes.

El art韈ulo 5 establece las reglas sobre notificaciones, comunicaciones y c髆puto de plazos, que se aplican tanto a las actuaciones tendentes a poner en marcha el arbitraje como al conjunto de su tramitaci髇. Se regulan la forma, el lugar y el tiempo de las notificaciones y comunicaciones. Respecto del c髆puto de los plazos por d韆s, se dispone que se trata de d韆s naturales. Esta regla no es aplicable en el seno de los procedimientos judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen las normas procesales, pero s� a los plazos establecidos, en su caso, para la iniciaci髇 de dichos procedimientos, como, por ejemplo, el ejercicio de la acci髇 de anulaci髇 del laudo.

El art韈ulo 6 contiene una disposici髇 sobre renuncia t醕ita a las facultades de impugnaci髇, directamente inspirada -como tantas otras- en la Ley Modelo, que obliga a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva e inmediata de las violaciones de normas dispositivas, esto es, aplicables en defecto de voluntad de las partes.

El art韈ulo 7, sobre intervenci髇 judicial en el arbitraje, es un corolario del denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, la intervenci髇 judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y control, expresamente previstos por la ley.

El art韈ulo 8 contiene, directamente o por remisi髇, las normas de competencia objetiva y territorial para el conocimiento de todos los procedimientos de apoyo y control del arbitraje, incluso de aquellos que no se encuentran regulados en esta ley, sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequ醫ur de laudos extranjeros se atribuye competencia a las Audiencias Provinciales, en vez de -como hasta ahora- a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con la finalidad de descargar a 閟ta y ganar celeridad.

III

El t韙ulo II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio de la aplicaci髇 de las normas generales sobre contratos en todo lo no espec韋icamente previsto en esta ley. En l韓eas generales, la ley trata de perfeccionar la legislaci髇 anterior, precisando algunos puntos que se hab韆n revelado problem醫icos.

Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos de forma del convenio arbitral. La ley refuerza el criterio antiformalista. As�, aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da as� cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicaci髇 y nuevas tecnolog韆s. Se consagra tambi閚 la validez de la llamada cl醬sula arbitral por referencia, es decir, la que no consta en el documento contractual principal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en 閘 se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta por una soluci髇 inspirada en un principio de conservaci髇 o criterio m醩 favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio arbitral sea v醠ido con arreglo a cualquiera de los tres reg韒enes jur韉icos se馻lados en el apartado 6 del art韈ulo 9: las normas elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el derecho espa駉l.

La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio arbitral. Respecto de este 鷏timo, se mantiene la regla de que debe ser hecho valer por las partes y espec韋icamente por el demandado a trav閟 de la declinatoria. Adem醩, se precisa que la pendencia de un proceso judicial en el que se haya interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicie o prosiga; de modo que la incoaci髇 de un proceso judicial no puede ser sin m醩 utilizada con la finalidad de bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclara que la solicitud de medidas cautelares a un tribunal no supone en modo alguno renuncia t醕ita al arbitraje; aunque tampoco hace actuar sin m醩 el efecto negativo del convenio arbitral. Con ello se despeja cualquier duda que pudiere subsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden judicialmente medidas cautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de que el procedimiento arbitral haya comenzado. Esta posibilidad es indudable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es importante que se recoja tambi閚 en la legislaci髇 de arbitraje. Adem醩, da cobertura a una eventual solicitud de medidas cautelares ante un tribunal extranjero respecto de un arbitraje regido por la ley espa駉la.

IV

El t韙ulo III se dedica a la regulaci髇 de la figura del 醨bitro o 醨bitros. La ley prefiere las expresiones 醨bitro o 醨bitros a la de tribunal arbitral, que puede causar confusi髇 con los tribunales judiciales. Adem醩, en la mayor parte de los preceptos la referencia a los 醨bitros incluye tanto los supuestos en que hay un colegio arbitral como aquellos en los que el 醨bitro es 鷑ico.

La ley opta por establecer que a falta de acuerdo de las partes se designar� un solo 醨bitro. Es 閟ta una opci髇 guiada por razones de econom韆. En cuanto a la capacidad para ser 醨bitro, se opta por el criterio de la mayor libertad de las partes, como es hoy la regla general en los pa韘es m醩 avanzados en materia de arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas naturales con capacidad de obrar plena. Ser醤 las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones -no adecuadas a la realidad del arbitraje- designen a los 醨bitros. S髄o para los casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes, la ley prev� y regula las situaciones que pueden presentarse en la designaci髇 de los 醨bitros, para evitar la paralizaci髇 del arbitraje. En estos casos es necesaria la actuaci髇 judicial, si bien se pretende, de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser r醦ido y, de otro, dar criterios al Juez de Primera Instancia para realizar la designaci髇. Muestras de lo primero son la remisi髇 al juicio verbal y la no recurribilidad separada de las resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte en este procedimiento, as� como de la que proceda a la designaci髇. Muestra de lo segundo es la regla acerca de la conveniencia de que en los arbitrajes internacionales el 醨bitro 鷑ico o el tercer 醨bitro sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debe destacarse, adem醩, que el juez no est� llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificaci髇 de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizar韆 indebidamente la designaci髇 y vaciar韆 de contenido la regla de que son los 醨bitros los llamados a pronunciarse, en primer t閞mino, sobre su propia competencia. Por ello, el juez s髄o debe desestimar la petici髇 de nombramiento de 醨bitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no est� llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio.

Se establece el deber de todos los 醨bitros, al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el arbitraje. Garant韆 de ello es su deber de revelar a las partes cualquier hecho o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia. Se elimina el reenv韔 a los motivos de abstenci髇 y recusaci髇 de jueces y magistrados, por considerar que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere una cl醬sula general. Respecto del procedimiento de recusaci髇, la premisa es una vez m醩 la libertad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisi髇 a un reglamento arbitral. En su defecto, se establece que sean el 醨bitro o los 醨bitros quienes decidan sobre la recusaci髇, sin perjuicio de poder hacer valer los motivos de recusaci髇 como causa de anulaci髇 del laudo. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales frente a la decisi髇 desestimatoria de la recusaci髇 tendr韆, sin duda, la ventaja de una certidumbre preliminar sobre la imparcialidad, pero se prestar韆 a una utilizaci髇 dilatoria de esta facultad. Se estima que ser醤 mucho menos frecuentes los supuestos en que una recusaci髇 ser� indebidamente desestimada y dar� lugar a la nulidad de todo el procedimiento arbitral que los casos en que se formular韆n pretensiones inmediatas ante la autoridad judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento.

La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden conducir al cese de alguno de los 醨bitros en sus funciones y al nombramiento de sustituto. Se prev� la posibilidad de que en tales casos haya que repetir actuaciones ya practicadas, pero no se obliga a ello.

V

El t韙ulo IV se dedica a la importante cuesti髇 de la competencia de los 醨bitros.

El art韈ulo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los 醨bitros tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado con la expresi髇 alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de 1988 ya consagraba en t閞minos menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los 醨bitros tienen competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral. Adem醩, bajo el t閞mino gen閞ico de competencia han de entenderse incluidas no s髄o las cuestiones que estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas a las personas de los 醨bitros, que tienen su tratamiento propio). La ley establece la carga de que las cuestiones relativas a la competencia de los 醨bitros sean planteadas a limine. Ha de resaltarse que el hecho de que una de las partes colabore activamente en la designaci髇 de los 醨bitros no supone ning鷑 tipo de renuncia t醕ita a hacer valer la incompetencia objetiva de 閟tos. Es una l骻ica consecuencia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los 醨bitros los que han de decidir sobre su propia competencia, la parte est� simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes podr醤 decidir sobre dicha competencia. Lo contrario abocar韆 a la parte a una situaci髇 absurda: deber韆 permanecer pasiva durante la designaci髇 de los 醨bitros para poder luego alegar su falta de competencia sobre la controversia. La regla de la alegaci髇 previa de las cuestiones atinentes a la competencia de los 醨bitros tiene una razonable modulaci髇 en los casos en que la alegaci髇 tard韆 est�, a juicio de los 醨bitros, justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar esa alegaci髇 con anterioridad y que su actitud durante el procedimiento no puede ser interpretada como una aceptaci髇 de la competencia de los 醨bitros. Queda a la apreciaci髇 de los 醨bitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas con car醕ter previo o junto con las cuestiones de fondo. La ley parte de la base de que los 醨bitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas.

El art韈ulo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los 醨bitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisi髇 a un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a determinar el 醡bito de esta potestad cautelar. Obviamente, los 醨bitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecuci髇 de las medidas cautelares ser� necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos t閞minos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los 醨bitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni restringe la posibilidad, prevista en los art韈ulos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopci髇 de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal.

VI

El t韙ulo V regula las actuaciones arbitrales. La ley vuelve a partir del principio de autonom韆 de la voluntad y establece como 鷑icos l韒ites al mismo y a la actuaci髇 de los 醨bitros el derecho de defensa de las partes y el principio de igualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso que es. Garantizado el respeto a estas normas b醩icas, las reglas que sobre el procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables s髄o si las partes nada han acordado directamente o por su aceptaci髇 de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral. De este modo, las opciones de pol韙ica jur韉ica que subyacen a estos preceptos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.

En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la celebraci髇 de audiencias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La determinaci髇 del lugar o sede del arbitraje es jur韉icamente relevante en muchos aspectos, pero su fijaci髇 no debe suponer rigidez para el desarrollo del procedimiento.

El inicio del arbitraje se fija en el momento en que una parte recibe el requerimiento de la otra de someter la controversia a decisi髇 arbitral. Parece l骻ico que los efectos jur韉icos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en ese momento, incluso aunque no est� perfectamente delimitado el objeto de la controversia. Las soluciones alternativas permitir韆n actuaciones tendentes a dificultar el procedimiento.

La determinaci髇 del idioma o idiomas del arbitraje corresponde l骻icamente a las partes y, en su defecto, a los 醨bitros. No obstante, salvo que alguna de las partes se oponga, se permite que se aporten documentos o se practiquen actuaciones en idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traducci髇. Con ello se consagra una regla pr醕tica muy extendida, que admite la aportaci髇 de documentos o declaraciones en otro idioma.

En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos t閞minos. Al fin y al cabo, la determinaci髇 del objeto de la controversia, siempre dentro del 醡bito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin embargo, la pr醕tica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula en todo caso una pretensi髇 frente a la parte o partes contrarias y se convierte, por tanto, en actor; y ello sin perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de las partes, el procedimiento arbitral se estructure sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante y demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de los actos de las partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La funci髇 de la demanda y de la contestaci髇 a que se refiere el art韈ulo 29 no es sino la de ilustrar a los 醨bitros sobre el objeto de la controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aqu� en juego las reglas propias de los procesos judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestaci髇, documentos a acompa馻r o preclusi髇. El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la instituci髇.

Esa flexibilidad se da tambi閚 en el desarrollo ulterior del procedimiento. Cabe que el procedimiento sea en ciertos casos predominantemente escrito, si las circunstancias del caso no exigen la celebraci髇 de audiencias. Sin embargo, la regla es la celebraci髇 de audiencias para la pr醕tica de pruebas. La ley trata de evitar, adem醩, que la inactividad de las partes pueda paralizar el arbitraje o comprometer la validez del laudo.

La fase probatoria del arbitraje est� tambi閚 presidida por la m醲ima libertad de las partes y de los 醨bitros -siempre que se respeten el derecho de defensa y el principio de igualdad- y por la m醲ima flexibilidad. La ley establece 鷑icamente normas sobre la prueba pericial, de singular importancia en el arbitraje contempor醤eo, aplicables en defecto de voluntad de las partes. Estas normas est醤 encaminadas a permitir tanto los dict醡enes emitidos por peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos designados, de oficio o a instancia de parte, por los 醨bitros, y a garantizar la debida contradicci髇 respecto de la pericia.

Se regula igualmente la asistencia judicial para la pr醕tica de pruebas, que es una de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistencia no tiene que consistir necesariamente en que el tribunal practique determinadas pruebas; en ciertos casos, bastar� con otras medidas que permitan a los 醨bitros practicarlas por s� mismos, como, por ejemplo, medidas de aseguramiento o requerimientos de exhibici髇 de documentos.

VII

El t韙ulo VI se dedica al laudo y a otras posibles formas de terminaci髇 del procedimiento arbitral. El art韈ulo 34 regula la importante cuesti髇 de qu� normas han de aplicarse a la resoluci髇 del fondo de la controversia, sobre la base de los siguientes criterios: 1.�) La premisa es, una vez m醩, como en la Ley de 1988, la libertad de las partes. 2.�) Se invierte la regla que la ley de 1988 conten韆 a favor del arbitraje de equidad. La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes es la orientaci髇 m醩 generalizada en el panorama comparado. Resulta, adem醩, muy discutible que la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sin m醩 especificaciones, pueda presumirse que incluya la de que la controversia sea resuelta en equidad y no sobre la base de los mismos criterios jur韉icos que si hubiere de resolver un tribunal. El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes lo hayan pactado expresamente, ya sea a trav閟 de una remisi髇 literal a la 玡quidad�, o a t閞minos similares como decisi髇 玡n conciencia�, 玡x aequo et bono�, o que el 醨bitro actuar� como 玜migable componedor�. No obstante, si las partes autorizan la decisi髇 en equidad y al tiempo se馻lan normas jur韉icas aplicables, los 醨bitros no pueden ignorar esta 鷏tima indicaci髇. 3.�) Siguiendo la orientaci髇 de los ordenamientos m醩 avanzados, se suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba tener relaci髇 con la relaci髇 jur韉ica o con la controversia, ya que se trata de un requisito de difusos contornos y dif韈il control. 4.�) La ley prefiere la expresi髇 玭ormas jur韉icas aplicables� a la de 玠erecho aplicable�, en la medida en que esta 鷏tima parece englobar la exigencia de remisi髇 a un concreto ordenamiento jur韉ico de un Estado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. 5.�) La ley no sujeta a los 醨bitros a un sistema de reglas de conflicto.

En la adopci髇 de decisiones, cuando se trata de un colegio arbitral, y sin perjuicio de las reglas que directa o indirectamente puedan fijar las partes, se mantiene la l骻ica regla de la mayor韆 y la de que a falta de decisi髇 mayoritaria decide el presidente. Se introduce la norma que permite habilitar al presidente para decidir cuestiones de procedimiento, entendi閚dose por tales, a estos efectos, no cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino, m醩 limitadamente, las relativas a la mera tramitaci髇 o impulso procesales.

Se prev� la posibilidad de que los 醨bitros dicten un laudo sobre la base del contenido de un previo acuerdo alcanzado por las partes. Esta previsi髇, que podr韆 reputarse innecesaria -dado que las partes tienen poder de disposici髇 sobre el objeto de la controversia-, no lo es, porque a trav閟 de su incorporaci髇 a un laudo el contenido del acuerdo adquiere la eficacia jur韉ica de aqu閘. Los 醨bitros no pueden rechazar esta petici髇 discrecionalmente, sino s髄o por una causa jur韉ica fundada. La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la pr醕tica y que no merece objeci髇 alguna.

En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de la posibilidad de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia de los 醨bitros o medidas cautelares. La ley pretende dar cabida a f髍mulas flexibles de resoluci髇 de los litigios que son comunes en la pr醕tica arbitral. As�, por ejemplo, que primero se decida acerca de si existe responsabilidad del demandado y s髄o despu閟 se decida, si es el caso, la cuant韆 de la condena. El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de la cuesti髇 que resuelve, su contenido es invariable.

Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que -an醠ogamente a lo dispuesto para el convenio arbitral- la ley permite no s髄o que el laudo conste por escrito en soportes electr髇icos, 髉ticos o de otro tipo, sino tambi閚 que no conste en forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulaci髇 de los requisitos de forma del convenio arbitral como en la de los del laudo la ley considera necesario admitir la utilizaci髇 de cualesquiera tecnolog韆s que cumplan los requisitos se馻lados. Pueden, pues, desarrollarse arbitrajes en que se utilicen tan s髄o soportes inform醫icos, electr髇icos o digitales, si las partes as� lo consideran conveniente.

La ley introduce la novedad de que el plazo para emitir el laudo, en defecto de acuerdo de las partes, se compute desde la presentaci髇 de la contestaci髇 o desde la expiraci髇 del plazo para presentarla. Esta novedad responde a la necesidad de que la celeridad propia del arbitraje sea adecuada a las exigencias pr醕ticas. Un plazo de seis meses desde la aceptaci髇 de los 醨bitros se ha revelado en no pocos casos de imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramitaci髇 excesivamente r醦ida o a la omisi髇 de ciertos actos de alegaci髇 o, sobre todo, de prueba, por la exigencia de cumplir el plazo para dictar el laudo. La ley considera que es igualmente razonable que la pr髍roga del plazo pueda ser acordada por los 醨bitros directamente y que no necesite el acuerdo de todas las partes. El freno a un posible retraso injustificado en la decisi髇 de la controversia se encuentra, entre otras causas, en la responsabilidad de los 醨bitros.

En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre su contenido posible.

Se suprime el car醕ter preceptivo de la protocolizaci髇 notarial del laudo. Esta exigencia es desconocida en pr醕ticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, v醠ido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acci髇 de anulaci髇 transcurre desde su notificaci髇, sin que sea necesario que la protocolizaci髇, cuando haya sido pedida, preceda a la notificaci髇. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolizaci髇, aunque en el proceso de ejecuci髇, llegado el caso, el ejecutado podr� hacer valer por v韆 de oposici髇 la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional.

La ley contempla determinadas formas de terminaci髇 anormal del procedimiento arbitral y da respuesta al problema de la extensi髇 del deber de los 醨bitros de custodia de las actuaciones.

En la regulaci髇 de la correcci髇 y aclaraci髇 del laudo se modifican los plazos, para hacerlos m醩 adecuados a la realidad, y se distingue en funci髇 de que el arbitraje sea interno o internacional, dado que en este 鷏timo caso puede bien suceder que las dificultades de deliberaci髇 de los 醨bitros en un mismo lugar sean mayores. Se introduce adem醩 la figura del complemento del laudo para suplir omisiones.

VIII

El t韙ulo VII regula la anulaci髇 y revisi髇 del laudo. Respecto de la anulaci髇, se evita la expresi髇 玶ecurso�, por resultar t閏nicamente incorrecta. Lo que se inicia con la acci髇 de anulaci髇 es un proceso de impugnaci髇 de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulaci髇 del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisi髇 del fondo de la decisi髇 de los 醨bitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o s髄o a instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se ampl韆 el plazo para el ejercicio de la acci髇 de anulaci髇, lo que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos de condena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva.

El procedimiento para el ejercicio de la acci髇 de anulaci髇 trata de conjugar las exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. As�, tras una demanda y una contestaci髇 escritas, se siguen los tr醡ites del juicio verbal.

IX

El t韙ulo VIII se dedica a la ejecuci髇 forzosa del laudo. En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como espec韋icas, sobre esta materia. Esta ley se ocupa 鷑icamente de la posibilidad de ejecuci髇 forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la acci髇 de anulaci髇. La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnaci髇. Ning鷑 sentido tendr韆 que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecuci髇 provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensi髇 de la ejecuci髇 mediante la prestaci髇 de cauci髇 para responder de lo debido, m醩 las costas y los da駉s y perjuicios derivados de la demora en la ejecuci髇. Se trata de una regulaci髇 que trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado.

X

El t韙ulo IX regula el exequ醫ur de laudos extranjeros, compuesto por un 鷑ico precepto en el que, adem醩 de mantenerse la definici髇 de laudo extranjero como aquel que no ha sido dictado en Espa馻, se hace un reenv韔 a los convenios internacionales en los que Espa馻 sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nueva York de 1958. Dado que Espa馻 no ha formulado reserva alguna a este convenio, resulta aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de la controversia y de si el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte en el convenio. Esto significa que el 醡bito de aplicaci髇 del Convenio de Nueva York en Espa馻 hace innecesario un r間imen legal interno de exequ醫ur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que pudieran disponer otros convenios internacionales m醩 favorables.