Sumario

Ley 11/1998, 24 abril, rectificada por correcci�n de erratas (�B.O.E.� 8 julio). --> --> Ley 11/1998, 24 abril, derogada por la letra a) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (�B.O.E.� 10 mayo; Correcci�n de errores �B.O.E.� 17 mayo), el 11 de mayo de 2014. Ley 11/1998, de 24 de abril, derogada, excepto las disposiciones adicionales quinta, sexta y s�ptima y transitorias sexta, s�ptima y duod�cima, por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (�B.O.E.� 4 noviembre).-->

Exposici�n de Motivos

El sector de las telecomunicaciones fue considerado hist�ricamente uno de los ejemplos cl�sicos del denominado �monopolio natural�. Esta consideraci�n sufri� la primera quiebra en el �mbito comunitario, como consecuencia de la publicaci�n, en 1987, del �Libro verde sobre el desarrollo del Mercado Com�n de los Servicios y Equipos de Telecomunicaciones�. En este libro verde, se propon�a una ruptura parcial de dicho monopolio y una separaci�n entre los servicios de telecomunicaciones que, hasta entonces, se ofrec�an, todos ellos, asociados entre s�, al servicio telef�nico y a su red. Esta separaci�n permiti� comenzar a distinguir entre redes y servicios b�sicos y otras redes, equipamientos y servicios. Dentro de esta segunda categor�a, podr�a, en algunos casos, actuarse en r�gimen de libre concurrencia. Establec�a el libro verde, asimismo, una serie de principios y criterios para la liberalizaci�n de los servicios de telecomunicaciones en los pa�ses de la Uni�n Europea en a�os sucesivos.

En paralelo con el libro verde y de acuerdo con los principios recogidos en �l, se aprob� en Espa�a, en el mismo a�o, la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones, que, como su propio pre�mbulo se�ala, supone el primer marco jur�dico b�sico de rango legal aplicable al sector de las telecomunicaciones y el inicio del proceso liberalizador en nuestro pa�s.

El car�cter din�mico de las telecomunicaciones, la evoluci�n del proceso liberalizador, tanto en el seno de la Organizaci�n Mundial del Comercio como en el �mbito de la Uni�n Europea, y la eliminaci�n progresiva de los vestigios del monopolio natural, hicieron que, en un corto per�odo de tiempo, la Ley espa�ola de 1987 quedase desfasada y fuera necesario reformarla en profundidad. As�, se llevaron a cabo sucesivas adaptaciones de la Ley, bien por medio de modificaciones expresas de �sta, a trav�s de las alteraciones producidas por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, o por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci�n de las Telecomunicaciones, o bien como consecuencia de la aprobaci�n de leyes sectoriales que establecieron un r�gimen jur�dico distinto para determinados �mbitos concretos, como la Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por Sat�lite, o la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.

La conclusi�n, en el seno de la Uni�n Europea, de las deliberaciones sobre los principios b�sicos a aplicar en la liberalizaci�n del sector y sobre el calendario del proceso liberalizador y la firme voluntad del Gobierno espa�ol de agilizar �ste, exigen la aprobaci�n de la Ley General de Telecomunicaciones que sustituye a la de Ordenaci�n de las Telecomunicaciones de 1987 y establece un marco jur�dico �nico.

La r�brica de la Ley, Ley General de Telecomunicaciones, anuncia ya que, principalmente, lo regulado en ella es un �mbito liberalizado, disminuyendo el control administrativo que sobre �l exist�a. No obstante, una de las finalidades esenciales que la Ley persigue es garantizar, a todos, un servicio b�sico a precio asequible, el denominado servicio universal.

El texto de la Ley incorpora los criterios establecidos en las disposiciones comunitarias, vigentes o en proyecto, principalmente los contenidos en la Directiva 90/387/CEE, del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones, mediante la realizaci�n de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones; en la Directiva 97/51/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, por la que se modifica la inicialmente citada y la 92/44/CEE para su adaptaci�n a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones; en la Directiva 92/44/CEE, del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicaci�n de la oferta de red abierta a las l�neas alquiladas; en la Directiva 95/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicaci�n de la oferta de red abierta (ONP) a la telefon�a vocal, cuya modificaci�n prev� la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicaci�n de una red abierta (ONP) a la telefon�a vocal y sobre el servicio universal en las telecomunicaciones en un entorno competitivo; en la Directiva 96/19/CE, de la Comisi�n, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauraci�n de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones; en la Directiva 97/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco com�n en materia de autorizaciones generales y de licencias individuales en el �mbito de los servicios de telecomunicaciones; en la Directiva 97/33/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexi�n en las redes de telecomunicaciones, para garantizar el servicio universal y la interoperabilidad, mediante la aplicaci�n de los principios de la oferta de red abierta (ONP) y en la Directiva 97/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protecci�n de la intimidad.

Del an�lisis del contenido de la Ley resulta lo siguiente:

• 1.� Persigue promover la plena competencia mediante la aplicaci�n de los principios de no discriminaci�n y de transparencia en la prestaci�n de la totalidad de los servicios (T�tulo I). Al mismo tiempo, se establecen mecanismos de salvaguarda que garanticen el funcionamiento correcto y sin distorsiones de la competencia y el otorgamiento a la Administraci�n de facultades suficientes para garantizar que la libre competencia no se produzca en detrimento del derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios b�sicos, permitiendo a aqu�lla actuar en el sector, con el fin de facilitar la cohesi�n social y la territorial.
• 2.� Otra novedad importante es el establecimiento de un sistema de autorizaciones generales y de licencias individuales para la prestaci�n de los servicios y la instalaci�n o explotaci�n de redes de telecomunicaciones (T�tulo II), por el que se adapta el esquema tradicional en nuestro Derecho, de concesiones y de autorizaciones administrativas, al r�gimen para el otorgamiento de t�tulos habilitantes, impuesto por las Directivas Comunitarias. Tambi�n se regula la interconexi�n de las redes, con la finalidad fundamental de garantizar la comunicaci�n entre los usuarios, en condiciones de igualdad y con arreglo al principio de leal competencia entre todos los operadores de telecomunicaciones.
• 3.� Se regulan, en el T�tulo III, las obligaciones de servicio p�blico, que se imponen a los explotadores de redes p�blicas y prestadores de servicios de telecomunicaciones disponibles para el p�blico, garantizando as� la protecci�n del inter�s general en un mercado liberalizado. Estas obligaciones incluyen la exigencia de la utilizaci�n compartida de las infraestructuras, para reducir al m�nimo el impacto urban�stico o medioambiental derivado del establecimiento incontrolado de redes de telecomunicaciones. Destaca en este T�tulo, particularmente, la regulaci�n del denominado servicio universal de telecomunicaciones, cuyo acceso se garantiza a todos los ciudadanos. La Ley recoge el contenido m�nimo del servicio universal, pero prev� su ampliaci�n y adaptaci�n futura, por v�a reglamentaria, en funci�n del desarrollo tecnol�gico. Adem�s, se incluyen en este T�tulo disposiciones relativas al secreto de las comunicaciones, la protecci�n de los datos personales y el cifrado, dirigidas, todas ellas, a garantizar t�cnicamente los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
• 4.� Tambi�n se adapta a la normativa comunitaria, el r�gimen de certificaci�n de aparatos de telecomunicaciones (T�tulo IV) y el r�gimen de gesti�n del dominio p�blico radioel�ctrico (T�tulo V).
• 5.� En el T�tulo VI se regula el sistema de distribuci�n de competencias entre los distintos entes y �rganos de la Administraci�n General del Estado. En particular, se pone especial atenci�n en dotar de unas competencias b�sicas en el �mbito de las telecomunicaciones a la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a �sta contar con el apoyo del personal preciso y con los medios econ�micos adecuados.
• 6.� Por otro lado, se unifica el r�gimen de tasas y c�nones aplicables a los servicios de telecomunicaciones, en el T�tulo VII.
• 7.� El T�tulo VIII revisa y actualiza el sistema de infracciones y sanciones, armoniz�ndolo con la nueva distribuci�n de competencias entre las autoridades administrativas y respetando el principio de la necesaria tipificaci�n, en sede legal, de las conductas il�citas.
• 8.� Por �ltimo, es importante destacar que con el cambio profundo de filosof�a que sobre la regulaci�n del sector de las telecomunicaciones se recoge en esta Ley, se pretenden implantar, de forma gradual, los mecanismos propios de un r�gimen plenamente liberalizado. As�, respetando rigurosamente los plazos fijados por la normativa comunitaria, se establece un r�gimen de transici�n al nuevo sistema para los t�tulos otorgados al amparo de la normativa hasta ahora vigente, que habiliten para la prestaci�n de servicios o para la explotaci�n de redes.

Cierran la Ley once disposiciones adicionales, once transitorias, una derogatoria y cuatro finales, en las que, entre otros extremos, se regulan la radiodifusi�n y la televisi�n y se establece un cuadro de normas derogadas, y un anexo en el que se definen determinados conceptos empleados en el articulado.