• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• CAP蚑ULO I.� Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1 燨bjeto
  • Art韈ulo 2 燛stado de emisi髇 y Estado de ejecuci髇
  • Art韈ulo 3 燫esoluci髇 de decomiso
  • Art韈ulo 4 燗utoridades judiciales espa駉las competentes
  • Art韈ulo 5 營ndemnizaciones y reembolsos
• CAP蚑ULO II.� Transmisi髇 por las autoridades judiciales espa駉las de una resoluci髇 de decomiso para su ejecuci髇 en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea
  • Art韈ulo 6 燭ransmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso
  • Art韈ulo 7 燚ocumentaci髇 y modo de transmisi髇
  • Art韈ulo 8 燭ransmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso a m醩 de un Estado miembro
  • Art韈ulo 9 燙onsecuencias de la transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso
  • Art韈ulo 10 燭ransformaci髇 del decomiso
  • Art韈ulo 11 燭erminaci髇 de la ejecuci髇
  • Art韈ulo 12 燫eembolso de gastos excepcionales
  • Art韈ulo 13 燫evisi髇 de la resoluci髇 de decomiso
• CAP蚑ULO III.� Ejecuci髇 en Espa馻 de una resoluci髇 de decomiso emitida por la autoridad judicial de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea
  • Art韈ulo 14 燩rincipio de doble tipificaci髇
  • Art韈ulo 15 燫econocimiento de las resoluciones
  • Art韈ulo 16 燛jecuci髇 de las resoluciones
  • Art韈ulo 17 燛jecuci髇 de resoluciones de decomiso m鷏tiples
  • Art韈ulo 18 燚erecho por el que se regir� la ejecuci髇
  • Art韈ulo 19 燚enegaci髇 del reconocimiento y ejecuci髇 de la resoluci髇
  • Art韈ulo 20 燬upuestos de imposibilidad de ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso
  • Art韈ulo 21 燬uspensi髇 de la ejecuci髇
  • Art韈ulo 22 燙omunicaci髇 al Ministerio Fiscal
  • Art韈ulo 23 燫ecursos
  • Art韈ulo 24 燚isposici髇 de los bienes decomisados
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera 燫emisi髇 de informaci髇 estad韘tica
  • Disposici髇 adicional segunda
  • Disposici髇 adicional tercera
  • Disposici髇 adicional cuarta
  • Disposici髇 adicional quinta
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica 燫esoluciones en curso
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera 燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final segunda 營ncorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea
  • Disposici髇 final tercera 燛ntrada en vigor
• ANEXO .燙ertificado para la ejecuci髇 de resoluciones de decomiso en otro Estado miembro de la Uni髇 Europea

Art韈ulo 1 Objeto

1. Esta ley tiene por objeto regular el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales espa駉las para transmitir a las autoridades correspondientes de los dem醩 Estados miembros de la Uni髇 Europea, una resoluci髇 de decomiso firme impuesta como consecuencia de la comisi髇 de una infracci髇 penal.

2. Se regula, asimismo, la actuaci髇 que han de desarrollar las autoridades judiciales espa駉las cuando reciban una resoluci髇 de decomiso firme emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea e impuesta como consecuencia de la comisi髇 de una infracci髇 penal, para su reconocimiento y ejecuci髇.

3. Las disposiciones de esta ley se entender醤 sin perjuicio de la aplicaci髇 de aquellos Convenios con otros Estados miembros de la Uni髇 Europea celebrados por Espa馻 que contribuyan a una mayor simplificaci髇 y agilidad en los procedimientos de ejecuci髇 de resoluciones de decomiso.

Art韈ulo 2 Estado de emisi髇 y Estado de ejecuci髇

A los efectos regulados en esta ley, se entender� por:

• a) Estado de emisi髇: El Estado miembro en el que se ha dictado la resoluci髇 de decomiso en relaci髇 con una causa penal.
• b) Estado de ejecuci髇: El Estado miembro al que se ha transmitido la resoluci髇 de decomiso para su reconocimiento y ejecuci髇.

Art韈ulo 3 Resoluci髇 de decomiso

1. Se entender� por resoluci髇 de decomiso la sanci髇 o medida firme impuesta por un 髍gano jurisdiccional a ra韟 de un procedimiento relacionado con una o varias infracciones penales, que tenga como resultado la privaci髇 definitiva de bienes.

2. A los efectos de esta ley, la resoluci髇 de decomiso podr� afectar a cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, as� como los documentos con fuerza jur韉ica u otros documentos acreditativos de un t韙ulo o derecho sobre esos bienes respecto de los cuales el 髍gano jurisdiccional del Estado de emisi髇 haya decidido:

• a) Que constituyen el producto de una infracci髇 penal o equivalen total o parcialmente al valor de dicho producto.
• b) Que constituyen los instrumentos de dicha infracci髇.
• c) Que pueden ser decomisados con motivo de la aplicaci髇 en el Estado de emisi髇 de cualquiera de los supuestos de potestad de decomiso ampliada que se especifican en el art韈ulo 3, apartados 1 y 2, de la Decisi髇 Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.
• d) O que pueden ser decomisados a tenor de cualesquiera otras disposiciones relacionadas con una potestad de decomiso ampliada de conformidad con el Derecho del Estado de emisi髇.

Art韈ulo 4 Autoridades judiciales espa駉las competentes

1. Ser� competente para transmitir una resoluci髇 de decomiso firme impuesta a una persona natural o jur韉ica a otro Estado miembro de la Uni髇 Europea en el que se encuentren los bienes objeto de decomiso, el juez o tribunal penal competente para su ejecuci髇 en Espa馻.

2. Son autoridades competentes para ejecutar en Espa馻 una resoluci髇 de decomiso transmitida por las autoridades judiciales competentes del Estado de emisi髇 los Jueces de lo Penal del lugar donde se encuentren los bienes objeto de dicha resoluci髇. Si la resoluci髇 transmitida no concreta el lugar donde se encuentran esos bienes, ser� competente el Juez de lo Penal del lugar de residencia del condenado y en tanto no se localicen aquellos bienes en otro lugar distinto.

Art韈ulo 5 Indemnizaciones y reembolsos

1. El Estado espa駉l reembolsar� al Estado al que se haya transmitido la resoluci髇 las cantidades abonadas en concepto de reparaci髇 de da駉s y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses leg韙imos, siempre y cuando 閟tos no se debieran exclusivamente a la actividad de dicho Estado.

2. El Estado espa駉l reclamar� al Estado de la autoridad judicial de emisi髇 el reembolso de las cantidades abonadas en concepto de reparaci髇 de da駉s y perjuicios causados a los titulares de derechos e intereses leg韙imos, siempre y cuando 閟tos no sean consecuencia exclusivamente del funcionamiento anormal de la Administraci髇 de Justicia o de error judicial.

Art韈ulo 6 Transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso

1. La autoridad judicial penal espa駉la competente para ejecutar un decomiso impuesto a una persona natural o jur韉ica transmitir� la resoluci髇 a la autoridad competente de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, siempre que 閟ta sea firme, y tenga motivos fundados de que los bienes objeto de decomiso se encuentran en dicho Estado.

En caso de que en relaci髇 con esos bienes se hubiera dictado y ejecutado con anterioridad una resoluci髇 en aplicaci髇 de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni髇 Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de prueba en procedimientos penales, el Juez de lo Penal recabar� los antecedentes al Juez de Instrucci髇 a los efectos de continuar su tramitaci髇.

2. En el caso de que la autoridad judicial penal espa駉la no conozca cu醠 es la autoridad competente para ejecutar la resoluci髇, efectuar� todas las investigaciones que considere oportunas y se valer� de todos los medios que resulten necesarios, incluidos los puntos de contacto de la Red Judicial Europea.

3. Si la autoridad judicial penal espa駉la no tiene motivos fundados que le permitan determinar el Estado al que pueda trasladar la resoluci髇 de decomiso, la transmitir� a la autoridad competente del Estado miembro donde la persona natural o jur韉ica contra la que se ha dictado la resoluci髇 resida habitualmente o tenga su domicilio social, respectivamente.

Art韈ulo 7 Documentaci髇 y modo de transmisi髇

1. La resoluci髇 que se pretende ejecutar deber� ir acompa馻da de un certificado, cuyo modelo figura en el anexo, el cual ir� firmado por la autoridad judicial penal espa駉la que, conforme a la legislaci髇 interna, fuere competente para su ejecuci髇.

2. La autoridad judicial penal espa駉la transmitir� la resoluci髇 original o una copia certificada de la misma, junto con el certificado, directamente a la autoridad encargada de la ejecuci髇, por correo certificado, fax o medios inform醫icos o telem醫icos que permitan acreditar la autenticidad del contenido, la certeza de la fecha y la identidad del remitente. Todas las comunicaciones entre autoridades judiciales se efectuar醤 por estos medios.

La autoridad judicial penal espa駉la mantendr� comunicaci髇 de forma directa con la autoridad a la que se dirige la resoluci髇.

3. El certificado deber� traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado al que se dirige o, en su caso, a una lengua oficial de las instituciones comunitarias que hubiera aceptado dicho Estado.

Art韈ulo 8 Transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso a m醩 de un Estado miembro

1. Una resoluci髇 de decomiso referente a bienes concretos se podr� transmitir simult醤eamente a m醩 de un Estado de ejecuci髇 cuando se d� alguno de los siguientes supuestos:

• a) Que la autoridad judicial espa駉la competente tenga motivos fundados para creer que los distintos bienes objeto de la resoluci髇 de decomiso se encuentran en distintos Estados de ejecuci髇.
• b) Que el decomiso de un bien concreto incluido en la resoluci髇 de decomiso requiera la intervenci髇 en m醩 de un Estado de ejecuci髇.
• c) Que la autoridad judicial espa駉la competente tenga motivos fundados para creer que un bien concreto incluido en la resoluci髇 de decomiso est� localizado en uno de los dos o m醩 Estados de ejecuci髇 determinados.

2. Una resoluci髇 de decomiso referente a una cantidad de dinero podr� transmitirse simult醤eamente a m醩 de un Estado de ejecuci髇 cuando la autoridad judicial espa駉la competente considere que hay motivos espec韋icos para hacerlo. Entre otros supuestos, se considera que concurren tales motivos:

• a) Cuando los bienes afectados no hayan sido embargados con arreglo a la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni髇 Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.
• b) Cuando el valor de los bienes que pueden ser decomisados en el Estado de emisi髇 y en cualquier Estado de ejecuci髇 probablemente no sea suficiente para ejecutar la cantidad total objeto de la resoluci髇 de decomiso.

3. Cuando no fuera posible llevar a cabo la transmisi髇 simult醤ea a varios Estados miembros de la Uni髇 Europea y siempre que no se haya cumplido en su totalidad la resoluci髇 de decomiso, se efectuar� su remisi髇 de forma sucesiva a los Estados en los que se presuma que se encuentran bienes del condenado.

Art韈ulo 9 Consecuencias de la transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso

1. La transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso no impedir� que la autoridad judicial penal espa駉la pueda proceder a su ejecuci髇.

2. En caso de transmisi髇 a uno o m醩 Estados de ejecuci髇 de una resoluci髇 de decomiso referente a una cantidad de dinero, la autoridad judicial espa駉la garantizar� que el valor total derivado de la ejecuci髇 de la resoluci髇 no exceda del importe m醲imo especificado en la misma.

3. La autoridad judicial penal espa駉la informar� de inmediato a la autoridad competente de todo Estado de ejecuci髇 afectado, por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita, en los siguientes casos:

• a) Cuando considere que hay riesgo de que la ejecuci髇 supere el importe m醲imo especificado. Informar�, asimismo, cuando considere que el riesgo mencionado ha dejado de existir.
• b) Cuando la totalidad o parte de la resoluci髇 de decomiso haya sido ejecutada en Espa馻 o en otro Estado de ejecuci髇. En este caso, se especificar� en la comunicaci髇 el importe de la sentencia de decomiso que a鷑 no haya sido ejecutado.
• c) Si, con posterioridad a la transmisi髇 de una resoluci髇 de decomiso, una autoridad espa駉la ha recibido una cantidad de dinero pagada voluntariamente por el condenado en cumplimiento de la resoluci髇 de decomiso. En este caso, se indicar� si queda parte de la resoluci髇 por ejecutar y su importe.

Art韈ulo 10 Transformaci髇 del decomiso

Cuando una resoluci髇 de decomiso afecte a un bien en concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, la autoridad judicial espa駉la solicitar� a la autoridad competente del Estado de ejecuci髇 que el decomiso adopte la forma de obligaci髇 de pago de una cantidad de dinero equivalente al valor del bien de que se trate.

Art韈ulo 11 Terminaci髇 de la ejecuci髇

La autoridad judicial penal espa駉la informar� de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecuci髇 de toda decisi髇 o medida que tenga por efecto anular el car醕ter ejecutorio de la sentencia o retirar la resoluci髇 del Estado de ejecuci髇 por cualquier otro motivo.

Art韈ulo 12 Reembolso de gastos excepcionales

La autoridad judicial espa駉la que reciba una comunicaci髇 de la autoridad del Estado de ejecuci髇 sobre gastos especiales que ha conllevado la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso, lo comunicar� al Ministerio de Justicia a efectos de un posible acuerdo sobre el reparto de los costes con el Estado de ejecuci髇.

Art韈ulo 13 Revisi髇 de la resoluci髇 de decomiso

1. En caso de impugnaci髇 de la resoluci髇 de decomiso, la misma se resolver� por la autoridad judicial competente para el conocimiento del recurso interpuesto.

2. En caso de estimaci髇 de un recurso que afecte a la resoluci髇 de decomiso, la autoridad judicial penal espa駉la lo comunicar� inmediatamente al Estado de ejecuci髇.

Art韈ulo 14 Principio de doble tipificaci髇

1. Las resoluciones de decomiso firmes adoptadas por el Estado de emisi髇 para su ejecuci髇 en Espa馻 no estar醤 sujetas a control de la doble tipificaci髇 cuando se refieran a hechos enjuiciados como algunos de los delitos que se enuncian a continuaci髇, siempre que est閚 castigados en dicho Estado con penas privativas de libertad cuya duraci髇 m醲ima sea de al menos tres a駉s. Estos delitos son los siguientes:

• Pertenencia a una organizaci髇 delictiva.
• Terrorismo.
• Trata de seres humanos.
• Explotaci髇 sexual de menores y pornograf韆 infantil.
• Tr醘ico il韈ito de drogas y sustancias psicotr髉icas.
• Tr醘ico il韈ito de armas, municiones y explosivos.
• Corrupci髇.
• Fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
• Blanqueo de los productos del delito.
• Falsificaci髇 de moneda, con inclusi髇 del euro.
• Delitos inform醫icos.
• Delitos contra el medio ambiente, incluido el tr醘ico il韈ito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas.
• Ayuda a la entrada y a la estancia irregulares.
• Homicidio y agresi髇 con lesiones graves.
• Tr醘ico il韈ito de 髍ganos y tejidos humanos.
• Secuestro, retenci髇 ilegal y toma de rehenes.
• Racismo y xenofobia.
• Robos organizados o a mano armada.
• Tr醘ico il韈ito de bienes culturales, incluidas las antig黣dades y las obras de arte.
• Estafa.
• Chantaje y extorsi髇 de fondos.
• Violaci髇 de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificaci髇 de mercanc韆s.
• Falsificaci髇 de documentos administrativos y tr醘ico de documentos falsos.
• Falsificaci髇 de medios de pago.
• Tr醘ico il韈ito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento.
• Tr醘ico il韈ito de materias nucleares y radiactivas.
• Tr醘ico de veh韈ulos robados.
• Violaci髇.
• Incendio provocado.
• Delitos incluidos en la jurisdicci髇 de la Corte Penal Internacional.
• Apoderamiento ilegal de aeronaves y buques.
• Sabotaje.

2. Cuando el Juez de lo Penal competente reciba la resoluci髇 de una autoridad judicial de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea para que ejecute una resoluci髇 de decomiso impuesta por una infracci髇 penal no prevista en el apartado anterior, supeditar� el reconocimiento y la ejecuci髇 de la misma a la condici髇 de que el hecho por el que la misma se haya dictado sea tambi閚 constitutivo de infracci髇 penal seg鷑 el Derecho espa駉l.

Art韈ulo 15 Reconocimiento de las resoluciones

1. El Juez de lo Penal competente estar� obligado a reconocer y a ejecutar, sin m醩 tr醡ite que el informe del Ministerio Fiscal, una resoluci髇 de decomiso cuando el bien sobre el que recaiga se encuentre en Espa馻, que haya sido debidamente transmitida por la autoridad competente del Estado de emisi髇, salvo en aquellos casos en que concurra alguno de los motivos para el no reconocimiento o la no ejecuci髇 que se contemplan en el art韈ulo 19.

El Juez de lo Penal, previo informe del Ministerio Fiscal emitido en el plazo de 7 d韆s, acordar� el despacho de ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso debidamente transmitida mediante auto, en un plazo m醲imo de 15 d韆s desde su recepci髇. La adopci髇 de la resoluci髇 de decomiso de que se trate suceder�, en su caso, a las medidas que sobre los mismos bienes se hubieran acordado en aplicaci髇 de la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Uni髇 Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

Cuando el certificado que acompa馿 a la resoluci髇 de decomiso no venga traducido al espa駉l se remitir� inmediatamente a la autoridad judicial que lo hubiera firmado para que lleve a cabo la traducci髇 correspondiente.

Los Jueces de lo Penal competentes admitir醤 las resoluciones de decomiso que regula esta ley que se efect鷈n mediante correo certificado, fax o medios inform醫icos o telem醫icos que permitan acreditar la autenticidad del contenido, la certeza de la fecha y la identidad del remitente.

2. Cuando un Juez de lo Penal reciba una resoluci髇 para su reconocimiento y ejecuci髇 y no sea competente para ello, la transmitir� de oficio al que lo sea, si as� se desprende de la documentaci髇 recibida, e informar� de ello inmediatamente y por cualquier medio que deje constancia escrita a la autoridad del Estado de emisi髇.

Art韈ulo 16 Ejecuci髇 de las resoluciones

1. En caso de que una solicitud de decomiso afecte a un bien concreto y por cualquier circunstancia no fuera posible el decomiso del mismo, los Jueces de lo Penal competentes acordar醤 que el decomiso adopte la forma de la obligaci髇 de pago de una cantidad de dinero correspondiente al valor del bien de que se trate.

2. En caso de que una resoluci髇 de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, los Jueces de lo Penal competentes, en caso de que no puedan obtener el pago, ejecutar醤 la resoluci髇 de decomiso sobre cualquier bien disponible a tal efecto.

3. En caso de que una resoluci髇 de decomiso se refiera a una cantidad de dinero, los Jueces de lo Penal competentes convertir醤, cuando sea necesario, el importe que deba decomisarse a la moneda del Estado de ejecuci髇, aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de dictarse la resoluci髇 de decomiso.

4. El Juez de lo Penal competente informar� a la autoridad competente del Estado de emisi髇, por cualquier medio que deje constancia escrita, de la ejecuci髇 de la resoluci髇 tan pronto como 閟ta haya finalizado.

Art韈ulo 17 Ejecuci髇 de resoluciones de decomiso m鷏tiples

1. Cuando el Juez de lo Penal competente estuviera tramitando dos o m醩 resoluciones de decomiso referentes bien a una cantidad de dinero dictadas contra la misma persona natural o jur韉ica que no disponga de medios suficientes en Espa馻 para que se ejecuten todas las resoluciones, o bien referentes a un mismo bien, habr� de decidir cu醠 o cu醠es de las resoluciones de decomiso se ejecutar醤, tras considerar debidamente todas las circunstancias. Para adoptar esta decisi髇 se tendr� en cuenta principalmente y por este orden la existencia de un embargo preventivo, la gravedad relativa y el lugar de la infracci髇, las fechas de las resoluciones respectivas y las fechas de su transmisi髇. El Juez de lo Penal competente comunicar� sin dilaci髇 su decisi髇 a las autoridades competentes del Estado o Estados de emisi髇.

2. En caso de que el condenado pudiera facilitar la prueba del decomiso, total o parcial, efectuado en otro Estado, el Juez de lo Penal competente consultar� a la autoridad competente del Estado de emisi髇 por cualquiera de los medios previstos en el art韈ulo 7.2. En caso de decomiso de productos de un delito, toda porci髇 del valor de los bienes afectados que se recupere en virtud de la resoluci髇 de decomiso en otro Estado se deducir� en su totalidad del valor de los bienes que se han de decomisar en Espa馻.

Art韈ulo 18 Derecho por el que se regir� la ejecuci髇

1. La ejecuci髇 de la resoluci髇 se regir� por el Derecho espa駉l y se llevar� a cabo del mismo modo que si el decomiso se hubiera impuesto por un tribunal espa駉l.

2. Tambi閚 se ejecutar� la resoluci髇 de decomiso que se haya impuesto en el Estado de emisi髇 a una persona jur韉ica por una infracci髇 para la que no se prevea su responsabilidad de acuerdo con el Derecho espa駉l.

3. En caso de imposibilidad de ejecuci髇 de una resoluci髇 de decomiso, el Juez de lo Penal informar� a la autoridad competente del Estado de emisi髇 sin dilaci髇, sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho espa駉l.

Art韈ulo 19 Denegaci髇 del reconocimiento y ejecuci髇 de la resoluci髇

1. El Juez de lo Penal competente denegar� el reconocimiento y la ejecuci髇 de las resoluciones de decomiso en los siguientes casos:

• a) Cuando se haya dictado en Espa馻 o en otro Estado distinto al de emisi髇 una resoluci髇 firme, condenatoria o absolutoria contra la misma persona y respecto de los mismos hechos, y su ejecuci髇 vulnerase el principio non bis in idem en los t閞minos previstos en las leyes y en los convenios o tratados internacionales ratificados por Espa馻, y aun cuando el condenado hubiera sido posteriormente indultado.
• b) Cuando se trate de una resoluci髇 de decomiso impuesta por una infracci髇 distinta de las reguladas en el apartado 1 del art韈ulo 14 y 閟ta no se encuentre tipificada en el Derecho espa駉l.

  No obstante lo anterior, cuando la resoluci髇 de decomiso se haya impuesto por una infracci髇 penal en materia tributaria o de control de cambios, no podr� denegarse la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso si el fundamento fuere que la legislaci髇 espa駉la no establece el mismo tributo o no contiene la misma regulaci髇 en materia tributaria y de control de cambios que la legislaci髇 del Estado de emisi髇.

• c) Cuando exista una inmunidad que impida la ejecuci髇 de la resoluci髇.
• d) Cuando los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe con arreglo a la legislaci髇 espa駉la, impiden la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso.
• e) Cuando, seg鷑 el certificado, el imputado no compareci� en el juicio del que deriva la resoluci髇 de decomiso, salvo que en el certificado conste, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislaci髇 nacional del Estado de emisi髇 alguna de las siguientes circunstancias:
  • 1.� Que, con la suficiente antelaci髇, el imputado fue citado en persona e informado del lugar y la fecha previstos para el juicio del que deriva la resoluci髇, o recibi� informaci髇 oficial de la fecha y lugar previstos para el juicio por otros medios que dejen constancia de su efectivo conocimiento, y fue informado de que podr韆 dictarse una resoluci髇 en caso de incomparecencia.
  • 2.� Que, teniendo conocimiento de la celebraci髇 prevista del juicio, dio mandato a un letrado bien designado por 閘 mismo o por el Estado, para que le defendiera en juicio, y fue efectivamente defendido por dicho letrado en el juicio.
  • 3.� Que, tras serle notificada la resoluci髇 de decomiso y ser informado expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso con la posibilidad de que de ese nuevo proceso, en el que tendr韆 derecho a comparecer, derivase una resoluci髇 contraria a la inicial, el imputado declar� expresamente que no impugnaba la resoluci髇, o no solicit� la apertura de un nuevo juicio ni interpuso recurso dentro del plazo previsto para ello.
• f) Cuando la resoluci髇 se refiera a hechos que el Derecho espa駉l considere cometidos en su totalidad o en parte en territorio espa駉l o cuando se hayan cometido fuera del Estado emisor y el Derecho espa駉l no permita la persecuci髇 de dichas infracciones cuando se hayan cometido fuera de su territorio.
• g) Cuando el Juez considere incompatible con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constituci髇 la resoluci髇 adoptada en aplicaci髇 de las disposiciones sobre la potestad de decomiso ampliada a que se refiere la letra d) del apartado 2 del art韈ulo 3.
• h) Cuando la resoluci髇 se refiera a hechos para cuyo enjuiciamiento sean competentes las autoridades espa駉las y, de haberse dictado la condena por un 髍gano jurisdiccional espa駉l, la sanci髇 impuesta hubiese prescrito de conformidad con el Derecho espa駉l.
• i) Cuando falte el certificado que ha de acompa馻r a la solicitud de ejecuci髇 de la resoluci髇, sea incompleto o no se corresponda manifiestamente con la resoluci髇.

2. En los casos a que hacen referencia las letras a), e), f), g) e i), as� como de la letra d) cuando no se hubiera informado de la interposici髇 de un recurso en Espa馻, del apartado 1 de este art韈ulo, antes de denegar el reconocimiento y la ejecuci髇 de la resoluci髇, el Juez de lo Penal habr� de consultar a la autoridad del Estado de emisi髇, por cualquiera de los medios previstos en el art韈ulo 7.2, para que aclare la situaci髇 y, en su caso, subsane el defecto en que se hubiera incurrido. En los dem醩 casos del apartado 1 de este art韈ulo, la consulta ser� potestativa para el Juez de lo Penal.

Art韈ulo 20 Supuestos de imposibilidad de ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso

Cuando no sea posible ejecutar la resoluci髇 de decomiso debido a que el bien al que se refiera ya haya sido decomisado, hubiera desaparecido, haya sido destruido o no se encontrara en la localizaci髇 indicada en el certificado o a que no se indicara con la suficiente precisi髇 d髇de se encuentra el bien, incluso tras consultar con el Estado de emisi髇, el Juez de lo Penal competente informar� de ello sin demora a la autoridad competente del Estado de emisi髇.

Art韈ulo 21 Suspensi髇 de la ejecuci髇

1. El Juez de lo Penal competente podr� suspender la ejecuci髇 de una resoluci髇 de decomiso transmitida en los siguientes supuestos:

• a) Cuando, en el caso de una resoluci髇 de decomiso referente a una cantidad de dinero, considere que hay riesgo de que el valor total derivado de su ejecuci髇 pueda exceder del importe especificado en la resoluci髇 como consecuencia de su ejecuci髇 simult醤ea en m醩 de un Estado miembro.
• b) Cuando la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso pueda impedir el buen desarrollo de una investigaci髇 o actuaci髇 penal en curso, durante el tiempo que estime razonable.
• c) Cuando considere necesario traducir, sin repercutir su coste al Estado de emisi髇, la resoluci髇 de decomiso o partes de ella, por el tiempo necesario para obtener su traducci髇.
• d) Cuando el bien ya fuera objeto de un procedimiento de decomiso en Espa馻.

2. El Juez de lo Penal competente adoptar�, durante el per韔do de suspensi髇, las medidas necesarias para asegurar la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso.

3. En caso de suspensi髇 de conformidad con la letra a) del apartado 1 de este art韈ulo, el Juez de lo Penal competente informar� de ello sin dilaci髇 a la autoridad competente del Estado de emisi髇 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

4. En los casos contemplados en letras b), c) y d) del apartado 1 de este art韈ulo, el Juez de lo Penal comunicar� sin dilaci髇 la suspensi髇 de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso, sus motivos y, si es posible, su duraci髇 prevista, a la autoridad competente del Estado de emisi髇 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

5. Tan pronto como hayan dejado de existir los motivos de suspensi髇, el Juez de lo Penal competente tomar� de inmediato las medidas oportunas para ejecutar la resoluci髇 de decomiso e informar� de ello a la autoridad competente del Estado de emisi髇 por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita.

Art韈ulo 22 Comunicaci髇 al Ministerio Fiscal

Cualquiera que sea la decisi髇 adoptada, el Juez de lo Penal la notificar� al Ministerio Fiscal al mismo tiempo que la transmite a la autoridad competente del Estado de emisi髇.

Art韈ulo 23 Recursos

1. Contra las resoluciones dictadas por el Juez de lo Penal que resuelvan acerca del reconocimiento y ejecuci髇 de las resoluciones emitidas por una autoridad de otro Estado miembro de la Uni髇 Europea, el Ministerio Fiscal, el condenado o los titulares de derechos e intereses leg韙imos que puedan verse afectados podr醤 interponer el recurso de reforma y el de apelaci髇, que no suspender醤 la ejecuci髇.

El recurso de apelaci髇 podr� interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado. En ning鷑 caso ser� necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelaci髇. Todos estos recursos se tramitar醤 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la recurribilidad de los autos de los Jueces de lo Penal en el procedimiento abreviado.

2. Tan pronto como se interpongan los recursos de reforma o de apelaci髇, el Juez de lo Penal comunicar� esta circunstancia al 髍gano judicial del Estado emisor, por cualquier medio que deje constancia escrita, en condiciones que permitan a la autoridad judicial a la que se dirige establecer su autenticidad, para que exponga, en su caso, las consideraciones que estime oportunas en el plazo de cinco d韆s desde la recepci髇 del certificado.

3. El Juez de lo Penal informar� a la autoridad judicial del Estado de emisi髇, de la resoluci髇 del recurso de reforma o apelaci髇.

4. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la resoluci髇 s髄o podr醤 ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisi髇.

Art韈ulo 24 Disposici髇 de los bienes decomisados

1. El Juez de lo Penal competente dispondr� del dinero obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso de acuerdo con las siguientes reglas:

• a) Si el importe obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso es inferior a 10.000 euros o al equivalente a dicho importe, el mismo se ingresar� en la cuenta de dep髎itos y consignaciones judiciales.
• b) En todos los dem醩 casos, se transferir� al Estado de emisi髇 el 50 por 100 del importe que se haya obtenido de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso. El 50 por 100 restante se ingresar� en la cuenta de dep髎itos y consignaciones judiciales.

Las cantidades que, en aplicaci髇 de lo dispuesto anteriormente, correspondan a Espa馻 ser醤 transferidas por el Secretario judicial al Tesoro P鷅lico con aplicaci髇, en su caso, de lo que se establezca en normas especiales y, particularmente, en lo previsto por el art韈ulo 374 del C骴igo Penal y por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tr醘ico il韈ito de drogas y otros delitos relacionados y en su normativa de desarrollo.

2. El Juez de lo Penal competente decidir� que los bienes que no sean dinero u otros instrumentos de pago al portador obtenidos de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso sean enajenados y aplicados de la forma prevista en el apartado anterior.

La enajenaci髇 de los bienes se realizar� de acuerdo con la legislaci髇 espa駉la, observ醤dose, cuando proceda, lo previsto por la Ley Org醤ica 12/1995, de 12 de diciembre, de represi髇 del contrabando y su normativa de desarrollo.

3. Cuando de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso resulten afectados bienes integrantes del patrimonio hist髍ico espa駉l, el Juez de lo Penal, en ning鷑 caso, proceder� a su enajenaci髇 o restituci髇 al Estado de emisi髇. En tal supuesto, lo comunicar� a las autoridades espa駉las competentes y ser醤 de aplicaci髇 las disposiciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l y su normativa de desarrollo.

4. El Estado espa駉l no reclamar� al Estado de emisi髇 el reembolso de los gastos que resulten de la ejecuci髇 de la resoluci髇 de decomiso. No obstante, si la ejecuci髇 de la resoluci髇 ha conllevado gastos que considera de 韓dole sustancial o excepcional, el Juez de lo Penal lo comunicar� al Ministerio de Justicia para que 閟te llegue a un acuerdo con las autoridades competentes del Estado de emisi髇 sobre el reparto de costes.

Disposici髇 adicional primera Remisi髇 de informaci髇 estad韘tica

De conformidad con las directrices que, en su caso, se fijen por la Comisi髇 Nacional de Estad韘tica Judicial, los Juzgados o Tribunales que transmitan o reciban resoluciones de decomiso en los casos previstos en esta Ley, lo comunicar醤 al Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial remitir� semestralmente la informaci髇 a la que se refiere el p醨rafo anterior al Ministerio de Justicia.

Disposici髇 adicional segunda

Se modifica el art韈ulo 98 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que queda redactado como sigue:

Disposici髇 adicional tercera

Se modifica la disposici髇 adicional octava de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del r間imen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que queda redactada como sigue:

Disposici髇 adicional cuarta

Se modifica la disposici髇 adicional primera y se a馻de una nueva disposici髇 adicional cuarta, en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org醤ico del Ministerio Fiscal, quedando redactadas como siguen:

Disposici髇 adicional quinta

Se adicionan un nuevo art韈ulo 2 bis a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci髇 y Planta Judicial, con la siguiente redacci髇:

Disposici髇 transitoria 鷑ica Resoluciones en curso

1. Esta ley ser� aplicable a las resoluciones que se transmitan o reciban con posterioridad a su entrada en vigor, con independencia de que hubieran sido dictadas con anterioridad.

2. Las resoluciones de decomiso que se encuentren en ejecuci髇 en el momento de la entrada en vigor de esta ley, seguir醤 tramit醤dose hasta su conclusi髇 conforme a las normas vigentes en aquel momento.

Disposici髇 final primera T韙ulo competencial

Esta ley se dicta en ejercicio de la competencia atribuida al Estado en materia de legislaci髇 procesal por el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇.

Disposici髇 final segunda Incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea

En esta ley se incorpora al Derecho espa駉l la Decisi髇 Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, as� como la modificaci髇 que de esta norma efect鷄 la Decisi髇 marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicaci髇 del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a ra韟 de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.

Disposici髇 final tercera Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor a los veinte d韆s de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Lo dispuesto en las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta entrar� en vigor el d韆 siguiente del que lo haga la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci髇 procesal para la implantaci髇 de la Nueva Oficina Judicial.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislaci髇 procesal para la implantaci髇 de la nueva Oficina judicial, entra en vigor el d韆 4 de mayo de 2010.