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LEY 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
  • Publicado en DOGC núm. 3679 de y BOE núm. 179 de
  • Vigencia desde 18 de Julio de 2002. Esta revisión vigente desde 31 de Diciembre de 2011.

Sumario

Ley [CATALUÑA] 18/2002, 5 julio, rectificada por Corrección de erratas («D.O.G.C.» 13 mayo 2003).

El Presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el Artículo 33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

PREÁMBULO

Las últimas modificaciones de la Ley de cooperativas de Cataluña, la Ley 13/1991, de 1 de julio, y la Ley 14/1993, de 25 de noviembre, significaron importantes innovaciones con respecto a la legislación vigente entonces en Cataluña en materia de cooperativas.

Una de las principales novedades, la reducción, de cinco a tres miembros, del número mínimo de socios para constituir una cooperativa de trabajo asociado, que comportó un gran aumento del número de constituciones de cooperativas y favoreció la utilización de esta figura jurídica para iniciar numerosos proyectos de autogestión empresarial, ha sido posteriormente incorporada, incluso en términos más extensivos, en algunas legislaciones autonómicas de cooperativas, así como en la última regulación de cooperativas de ámbito estatal.

Además, el marco normativo vigente en aquel momento se adecuó a las directivas dictadas por la Unión Europea en materia de sociedades, con la finalidad de incluir, por ejemplo, la obligatoriedad de la publicidad de las cuentas anuales de las sociedades.

Sin embargo, en el transcurso de los últimos diez años se han detectado cambios tecnológicos, económicos y en la organización del trabajo que requieren la potenciación de las pequeñas y medianas empresas (pyme), a los cuales no son ajenas las cooperativas.

Es evidente que las sociedades tienen una creciente necesidad de competir en un mercado cada vez más competitivo, y que dicha competencia aumentará con la ampliación del número de miembros de la Unión Europea y con los desafíos económicos y empresariales que representa la entrada a la Unión Monetaria Europea. Por lo tanto, será preciso disponer de instrumentos de gestión empresarial más válidos y eficaces.

Asimismo, cada vez más, la sociedad demanda soluciones a problemas y necesidades de cariz social, y la creación de nuevas actividades que generen autoempleo. El autoempleo generado mediante las denominadas empresas de economía social y, en concreto, mediante las cooperativas, se ha demostrado que es una de las fórmulas más adecuadas para la inserción social y laboral de las personas.

En estos últimos años ha quedado patente la importancia del modelo cooperativo para crear ocupación estable, constituir un factor de progreso en las zonas rurales, conseguir una mejor redistribución de recursos y prestar con más eficacia los servicios de naturaleza social. La cooperativa, desde los puntos de vista jurídico y económico, puede convertirse en una figura clave para la consolidación del actual concepto de la empresa competitiva, ya que cuenta, por una parte, con la importancia que se da en este tipo de sociedades, dentro de sus recursos, al capital humano y, por otra parte, con la idea de responsabilidad social de la empresa.

Así pues, atendiendo las peticiones del movimiento cooperativo, se ha llevado a cabo una reforma de la actual legislación de cooperativas catalana para cumplir las finalidades del propio mandato constitucional y autonómico, que ordena el fomento de las cooperativas mediante la adecuada legislación, como dispone el Artículo 55.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, en relación con el Artículo 9.21 del mismo Estatuto, que establece la competencia exclusiva en materia de cooperativas, y de acuerdo con el Artículo 129.2 de la Constitución española, adecuándolo, sin embargo, a las actuales necesidades del mercado y de los nuevos proyectos empresariales y sociales.

La modificación se ha planteado con la finalidad de respetar los principios del espíritu cooperativo y, por lo tanto, de hacer compatibles los valores que ha encarnado históricamente en Cataluña el cooperativismo con la finalidad última del conjunto de los socios, tanto si es la rentabilidad económica, como el éxito del proyecto empresarial y social o la satisfacción social de la comunidad.

El objetivo de la presente Ley es fomentar la constitución de cooperativas y dar una respuesta viable a las demandas de la sociedad, y, además, conseguir la consolidación económica de las cooperativas ya existentes. Por eso se ha tenido en cuenta especialmente, en el momento de su regulación, que es preciso conseguir más flexibilización del régimen económico y societario y potenciar fórmulas que contribuyan a aumentar la financiación de estas entidades.

Un objetivo no menos importante ha sido afianzar las garantías jurídicas del Registro General de Cooperativas de Cataluña para ratificar su condición de registro jurídico y conseguir su adecuación a la realidad mediante la obligatoriedad de la adaptación de los estatutos sociales de las cooperativas a la nueva Ley, en el plazo máximo de dos años, y la determinación de incoar expedientes descalificadores a las cooperativas que no se adapten a la misma.

La Ley se articula en cinco títulos, con ciento cincuenta y ocho artículos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Las principales modificaciones de la presente Ley son las del título primero, de las sociedades cooperativas.

En primer lugar, se establece para todas las cooperativas la posibilidad de realizar operaciones con terceras personas, respetando las limitaciones de carácter estatutario, fiscal o sectorial.

Se efectúa también más regulación de las secciones como organización interna de funcionamiento de las cooperativas.

Además, se generaliza el número mínimo de tres socios para constituir las cooperativas de primer grado; sin embargo, se mantiene la excepción que ya regulaba la ley para las cooperativas de consumidores y usuarios. Para constituir las cooperativas de segundo grado se ha rebajado a dos el número mínimo de socios, uno de los cuales debe ser una cooperativa, y la mayor parte de los votos sociales debe estar en manos de entidades cooperativas.

Se regula la figura de la sociedad cooperativa irregular y se introduce, además, la posibilidad de nombrar a un instructor o instructora, que puede no ser socio o socia de la cooperativa, para que colabore con el consejo rector en la tramitación de los expedientes sancionadores.

También se crea la figura del socio o socia colaborador, que sustituye la figura del socio o socia adherido, el cual, sin realizar la actividad cooperativizada principal, puede colaborar en la consecución del objeto social de la cooperativa.

Se regula la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción competente los acuerdos adoptados por el consejo rector.

Asimismo, se amplía para todas las clases de cooperativas, excepto las de trabajo asociado, la posibilidad de ponderar el voto en función de la actividad cooperativizada, que aumenta de tres a cinco votos.

Se posibilita a las terceras personas que acrediten un interés legítimo el acceso al ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos nulos o anulables; en cualquier caso, a dichos efectos, se entiende que tienen un interés legítimo las entidades federativas de cooperativas.

Se distingue, aparte de la responsabilidad ante terceras personas (limitada o ilimitada, según los estatutos), la responsabilidad patrimonial ante la cooperativa, derivada del incumplimiento de las obligaciones como socio o socia.

Se establece un capital social mínimo de 3.000 euros, totalmente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución.

Se incrementa hasta seis puntos el límite del interés para las aportaciones al capital social.

Se elimina la limitación por socio o socia al capital social para potenciar la inversión, puesto que no tiene ninguna repercusión, ya que ni los derechos sociales ni la participación en los excedentes dependen del capital social, sino de la actividad cooperativizada.

En las cooperativas de trabajo asociado, los resultados derivados de la prestación de trabajo de los trabajadores no socios se consideran resultado cooperativo si la cooperativa cumple la limitación legal de contratación.

Se regula expresamente la posibilidad para los trabajadores no socios de participar en los resultados de la cooperativa.

También pueden imputarse a reservas todas las pérdidas, cooperativas o extracooperativas. Puede imputarse, asimismo, hasta el 50% de las pérdidas al fondo de reserva obligatorio, y el 50% restante puede imputarse al fondo de reserva voluntario, si existe, y, en último término, se imputa a los socios.

Se regula extensamente el procedimiento de fusión entre cooperativas y se incluye en el mismo el supuesto de fusión con una entidad no cooperativa.

Se tiene en cuenta la posibilidad de transformar una sociedad no cooperativa en cooperativa. También se posibilita la transformación de una cooperativa en cualquier persona jurídica, respetando el destino de las reservas.

Se establece un plazo máximo de tres años para realizar la liquidación de la cooperativa, excepto en los casos de fuerza mayor justificada.

Asimismo, se incluye una nueva sección referida a las cooperativas marítimas, fluviales y lacustres.

En general, al regular las diferentes clases de cooperativas, se realiza una revisión y una adecuación a las necesidades de cada sector. En concreto, para las de trabajo asociado se define qué se entiende por actividad cooperativizada, que incluye el trabajo que prestan en ella los socios trabajadores y los trabajadores contratados, siempre que se respeten los límites legales de contratación que establece la presente Ley.

La limitación de contratación en las cooperativas de trabajo asociado no dependerá del número de trabajadores, sino del número total de horas al año realizadas por los trabajadores en relación con los socios trabajadores; en concreto, el límite se establece en el 30% del total de horas al año realizadas por los socios trabajadores.

Se regula extensamente el régimen de trabajo de los socios en las cooperativas de trabajo asociado, distinguiendo entre las materias que pueden ser objeto de autorregulación y las que, por ser materias de orden público, no son derogables ni pueden limitarse por autorregulación, a menos que exista una autorización legal expresa.

Se incluyen como supuesto de suspensión o baja obligatoria de los socios trabajadores las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, se establece que puede hacerse constar expresamente en los estatutos la exclusión o la limitación de dichos supuestos.

Se establece la calificación de una cooperativa como de iniciativa social para las cooperativas sin ánimo de lucro que, independientemente de su clase, tienen por objeto la inserción plena, tanto social como laboral, de personas con especiales dificultades de integración o que sufren algún tipo de exclusión social.

También se establece la regulación mínima estatutaria para que una cooperativa pueda ser considerada entidad sin ánimo de lucro.

Se efectúa una regulación más esmerada y extensa de las cooperativas de segundo grado, que favorece su competitividad y suprime determinadas restricciones para ser socio o socia de las mismas.

Finalmente, se regulan nuevas formas de colaboración, como, por ejemplo, los grupos cooperativos.

En el título II, de las federaciones y las confederaciones, se regulan principalmente, de forma más extensa, las funciones de dichas entidades. Especialmente, en lo que concierne a las federaciones, se regula la representación pública según el sector de actividad o la rama de la cooperación, de forma que puede ejercer las acciones legales pertinentes, así como la representación y defensa de los intereses generales de las cooperativas y de sus asociados ante la Administración pública y cualquier otra persona física o jurídica, especialmente ante cualquier instancia jurisdiccional.

En el título III, de la Administración pública y el cooperativismo, se remarca el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la colaboración de las tareas inspectoras del departamento competente en materia de cooperativas. Se han revisado los artículos que regulan la tipificación de las faltas y de las sanciones, y se ha incluido la imposibilidad de acceso al Registre de Cooperativas de los actos de las cooperativas que no hayan depositado las cuentas anuales y, si procede, las auditorías del ejercicio, o bien no hayan inscrito el cambio de domicilio o la renovación de sus cargos sociales.

Se mantienen las medidas de fomento y promoción del cooperativismo que establecía la anterior ley de cooperativas y, se incluye el derecho preferente para las cooperativas en los casos de empate en los concursos y subastas en que participen, convocados por la Administración catalana y sus entes dependientes, para las obras, los servicios y los suministros.

En el título IV, del Consejo Superior de la Cooperación, no hay cambios sustanciales en la estructura y el funcionamiento del Consejo Superior de la Cooperativa, ya que, además, existe un reglamento que desarrolla dichas cuestiones.

En el título V, de la jurisdicción y la competencia, se distingue entre los supuestos que han de plantearse ante la jurisdicción civil y los que han de plantearse ante la jurisdicción del orden social. También se establece, para evitar vacíos legales, la aplicación del derecho cooperativo en sentido estricto para la solución de los conflictos entre las cooperativas y sus socios, entendiendo como tal y de forma exhaustiva la presente Ley, las disposiciones normativas que la desarrollan, los estatutos sociales de la cooperativa, los reglamentos de régimen interno, otros acuerdos de los órganos sociales de la cooperativa, los principios cooperativos catalanes, las costumbres cooperativas, la tradición jurídica catalana y, supletoriamente, la legislación cooperativa en general.

En las disposiciones adicionales se establece el carácter negativo del silencio ante la inactividad de la Administración para todos los actos que, básicamente, afectan la personalidad jurídica de la cooperativa.

En las disposiciones transitorias se establece un plazo máximo de dos años para adaptar los estatutos sociales de las cooperativas a la presente Ley. Transcurrido dicho plazo, las cooperativas que no se hayan adaptado a la misma quedarán descalificadas por resolución del consejero o consejera competente en materia de cooperativas.

También se dispone la aplicación de la figura del socio o socia colaborador en las secciones de crédito, como sustitución de la figura del socio o socia adherido.