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Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Ficha:
  • Órgano PRESIDENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
  • Publicado en DOGC núm. 1526 de y BOE núm. 307 de
  • Vigencia desde 05 de Diciembre de 1991
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
DLeg. 6/1994 de 13 Jul. CA Cataluña (adecuación de la L 20/1991 de 25 Nov., de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas a la L 30/1992 de 26 Nov. de régimen jurídico de las Administraciones Públicas)
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Articulo 18 redactado por el artículo 2 del D Leg. [CATALUÑA] 6/1994, 13 julio, por el que se adecúa la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («D.O.G.C.» 27 julio). Articulo 18 bis introducido por el artículo 3 del D Leg. [CATALUÑA] 6/1994, 13 julio, por el que se adecúa la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («D.O.G.C.» 27 julio). Articulo 19 redactado por el artículo 4 del D Leg. [CATALUÑA] 6/1994, 13 julio, por el que se adecúa la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («D.O.G.C.» 27 julio). Articulo 22 redactado por el artículo 5 del D Leg. [CATALUÑA] 6/1994, 13 julio, por el que se adecúa la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («D.O.G.C.» 27 julio).

Preámbulo

La mejora de la calidad de vida de toda la población, y específicamente de las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación, ha sido uno de los objetivos prioritarios de la actuación pública en los últimos años, en cumplimiento del mandato constitucional del principio de igualdad desarrollado por cuanto se refiere a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación por la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos, aprobada por las Cortes el 23 de marzo de 1982.

Este mismo principio de igualdad viene recogido en el artículo 8.º del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuando establece que la actuación de la Generalidad de Cataluña deberá estar orientada a promover y hacer efectivo el principio de igualdad, removiendo los obstáculos que impidan su consecución.

De acuerdo con todo esto, todas las administraciones públicas emprendieron a principios de la pasada década un proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el entorno urbano, en la vivienda y en los medios de transporte, que culminó en la publicación del Decreto 100/1984, de 10 de abril, de Supresión de Barreras Arquitectónicas.

Dicho Decreto tenía como objetivo ser el punto de partida normativo en el ámbito de la supresión de barreras arquitectónicas, que por un lado enmarcaba su desarrollo posterior y por otro actuaba como instrumento para la unificación de los criterios y las medidas técnicas a aplicar.

Por otro lado, la Ley 26/1985, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales, incluye entre las áreas de actuación la promoción y la atención de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, así como la promoción de su integración social para conseguir su desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida.

Nuestra sociedad, en el marco general de la mejora de la calidad de vida, está experimentando una decidida evolución hacia la integración de las personas con movilidad reducida, que ha tenido su más clara expresión en una creciente voluntad de presencia y participación de este colectivo en la vida social, que los poderes públicos deben fomentar enérgicamente, con una actitud decidida que facilite su integración social.

El creciente envejecimiento de la población de Cataluña está convirtiendo la accesibilidad del entorno en una necesidad sentida cada vez más por un mayor número de personas. Esta accesibilidad, debe potenciarse mediante la supresión de las barreras arquitectónicas y de las barreras en la comunicación y mediante la utilización de medidas técnicas adecuadas.

Tanto la situación del envejecimiento de la población como la situación de personas con limitaciones son aspectos de suficiente entidad como para que el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y las administraciones locales den un mayor impulso a su esfuerzo social y económico, de forma que se adecuen los instrumentos necesarios para hacer efectivo un entorno para todos como una expresión más del principio de igualdad, mediante la creación de los mecanismos de promoción y control específicos en el ámbito de la supresión de las citadas barreras, que impulsen la voluntad manifestada de integración social de toda la población, sin ningún tipo de restricción.

En último lugar cabe destacar la inclusión a lo largo de la presente Ley del concepto de ayudas técnicas como medio de acceso al entorno con un carácter mucho más amplio que el clásico de supresión de barreras arquitectónicas, que es consecuencia de la aplicación cada vez más efectiva que los avances tecnológicos tienen en el campo de la autonomía individual de las personas con limitaciones.

La trascendencia de estos objetivos, y sus efectos sobre derechos constitucionales afectados por la reserva material de ley que la Constitución establece, especialmente en cuanto se refiere al derecho de la propiedad, justifican la existencia de la presente Ley, que completa el proceso normativo en el ámbito de la supresión de barreras arquitectónicas iniciado con el Decreto 100/1984, de 10 de abril, a la vez que se fundamenta jurídicamente no sólo en las competencias exclusivas de la Generalidad, sino también en la necesidad de establecer un régimen sancionador, que por su naturaleza debe ser regulado por ley y ampliar las de fomento, dado que la experiencia conseguida desde la aprobación del Decreto 100/1984 lo considera imprescindible para conseguir que en la utilización de los bienes y servicios comunitarios se materialice el principio de igualdad consagrado constitucionalmente.