«El plazo máximo para resolver las solicitudes formuladas al amparo de las convocatorias de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y notificar las resoluciones, será el que se establezca en las mismas, sin que pueda exceder de doce meses. Transcurrido este plazo se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Junta de Castilla y León garantizará la publicidad del contenido de las subvenciones, incluidas las directas, que concedan los órganos de la Administración General e Institucional a personas físicas o jurídicas para actividades con ánimo de lucro. La publicación se llevará a cabo ordinariamente a través de la publicidad en el «Boletín Oficial de Castilla y León», afectando a los datos siguientes:

• - La identidad de los beneficiarios.
• - La cuantía a que asciende la subvención.
• - El objeto de la subvención y, en el caso de inversiones, el importe total de las mismas.
• - El número de puestos de trabajo creados o mantenidos en el supuesto en que la convocatoria lo establezca como requisito para su concesión.»

3.1. La Junta de Castilla y León podrá acordar mediante Decreto, previo informe de la Intervención General, que la intervención previa a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley se limite a comprobar los siguientes extremos:

• a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
  
  En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 108 de esta Ley.
• b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
• c) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General.

Los Interventores podrán formular las observaciones complementarias que consideren convenientes, sin que las mismas tengan efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes.

3.2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación respecto de las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada y aquellos otros derivados de expedientes que deban ser autorizados por la Junta de Castilla y León.

3.3. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización a que se refiere el apartado 3.1 de este artículo serán objeto de otro control posterior, ejercido sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso.

Los Interventores que realicen el control posterior deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del mismo. Dichos informes se remitirán al titular del órgano sometido a control, para que formule, en su caso, y en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas. Una vez recibidas, elaborarán un informe definitivo, que elevarán a la Intervención General y al órgano controlado.

La Intervención General dará cuenta a la Junta de Castilla y León y a los Centros directivos que resulten afectados, de los resultados más importantes derivados de los controles posteriores realizados, proponiendo, en su caso, las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que la administración de los recursos públicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.»

«1. Tipos Tributarios

• a) El tipo tributario general será del 20 por 100
• b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

  Porción de la base imponible comprendida entre pesetas	Tipo aplicable porcentaje
  Entre 0 y 230.000.000	20
  Entre 230.000.001 y 380.000.000	35
  Entre 380.000.001 y 757.000.000	45
  Más de 757.000.000	55

2. Cuotas fijas:

En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de las máquinas realizada por el Reglamento regulador de la explotación e instalación de las máquinas de juego, aprobado por el Decreto 246/1999, de 23 de septiembre, según las normas siguientes:

• A) Máquinas tipo «B» o recreativas con premio:
  • a) Cuota anual: 559.000 pesetas.
  • b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo «B» en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de aplicación las siguientes cuotas:
    • b.1.- Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en la letra a) anterior.
    • b.2.- Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: 1.137.100 pesetas, más el resultado de multiplicar por 2.235 el producto del número de jugadores por el precio máximo autorizado para la partida.
• B) Máquinas tipo «C» o de azar:
  
  Cuota anual: 802.000 pesetas.

3. En caso de modificación del precio máximo de 25 pesetas autorizado para la partida de máquinas de tipo B» o recreativas con premio, la cuota tributaria de 559.000 pesetas de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, se incrementará en 10.500 pesetas por cada cinco pesetas en que el nuevo precio máximo autorizado exceda de 25.

Si la modificación se produjera con posterioridad al devengo de la tasa, los sujetos pasivos que exploten máquinas con permisos de fecha anterior a aquélla en que se autorice la subida deberán autoliquidar e ingresar la diferencia de cuota que corresponda, en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autoliquidación e ingreso será sólo del 50 por 100 de la diferencia, si la modificación del precio máximo autorizado para la partida se produce después del 30 de junio.»

«El acceso a la función pública de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas docentes, así como la promoción profesional, la promoción interna y la reordenación de sus Cuerpos y Escalas se regulará por la legislación básica en la materia, y será de aplicación esta Ley en lo que no contradiga dicha normativa.»

«Cuerpo de Ayudantes Facultativos del Grupo C, en el que existirán las Escalas Sanitaria y de Agentes Medioambientales.»

«Cuando se suprima un puesto de trabajo su titular podrá ser destinado provisionalmente a otro de igual o diferente nivel dentro de los de su grupo en la misma localidad, en las condiciones y dentro de los límites establecidos en esta Ley, y tendrá derecho preferente para ocupar plazas del mismo nivel y en la misma localidad del puesto amortizado. La participación en los concursos de méritos será forzosa cuando se convoquen plazas del nivel y localidad sobre las que incida su preferencia, debiendo solicitar todos los puestos de dichas características, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su provisión. En otro caso, su participación en concursos que no reúnan tales características tendrá la consideración de voluntaria.

La preferencia no tiene un carácter absoluto, sino que en caso de incidir sobre más de una plaza, los concursantes que pudieran ser postergados por los preferentes serán aquellos que menor diferencial de puntuación guarden con los preferentes en la forma que se especifique en la respectiva convocatoria.

El derecho preferente regulado en este artículo se extinguirá al hacerse efectivo o al dejar de hacer uso de él y, en todo caso, cuando se obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo.»

1. Serán funciones del personal de la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos:

• a) La conservación y mejora del medio natural mediante el ejercicio de funciones de custodia, policía y defensa de la riqueza forestal, de la fauna y de la flora silvestre, así como de aquellas otras que tendentes al mismo fin les asigne el ordenamiento.
• b) La información, inspección y control en materia de actividades clasificadas, residuos y contaminación.
• c) La información, inspección y control en materia de calidad de las aguas y evaluación del impacto ambiental.
• d) Cualquier otra función de carácter medioambiental que sea competencia de la Consejería de Medio Ambiente, acorde con su capacitación y cualificación profesional.

2. Para ingresar en la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo Facultativo se exigirá estar en posesión del título de «Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos» o equivalente.

3. Los funcionarios de esta Escala tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad en el ejercicio de las funciones asignadas en la presente Ley y demás disposiciones de desarrollo.

4. Los funcionarios de la misma Escala quedan exceptuados de la posibilidad de permanencia voluntaria en la situación se servicio activo prevista en el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

5. La Escala de Guardería del Cuerpo de Auxiliares Facultativos se declara «a extinguir».

«Regulación de los Cuerpos docentes.

Los funcionarios de Cuerpos y Escalas docentes transferidos a esta Comunidad se integran en la función pública de Castilla y León en los Cuerpos y Escalas docentes no universitarios de origen con las denominaciones que se establezcan en su legislación específica.

Dichos funcionarios podrán desempeñar puestos de trabajo en la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de educación, siempre que tengan la consideración de Administración educativa y así se establezca en la relación de puestos de trabajo. En cualquier caso no dará lugar a la consolidación del grado personal.»

«El personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentre vinculado en virtud de contrato administrativo de colaboración temporal formalizado con anterioridad al 24 de agosto de 1984, podrá adquirir la condición de personal laboral fijo, tras la superación del correspondiente proceso selectivo, en el que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo previsto en la Legislación vigente.

El proceso selectivo se ajustará al sistema de concurso público, previsto en el artículo 42.1 de esta Ley.»

«Los funcionarios de la actual Escala de Guardería del Cuerpo de Auxiliares Facultativos pertenecientes al Grupo D, que carezcan del Título exigido para ingresar en la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos, podrán participar en los procesos de promoción a este Cuerpo siempre que cumplan los requisitos establecidos en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 30/1984, de 3 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

La Junta de Castilla y León establecerá un procedimiento específico de promoción a los efectos de que dicho colectivo pueda acceder a la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos. Los funcionarios que en virtud de ello, accedan a la Escala superior continuarán adscritos a los puestos de trabajo que vinieran desempeñando con carácter definitivo, a cuyo efecto se procederá a la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario.

Sin perjuicio de lo establecido en cuanto al ingreso en la Escala de Agentes Medioambientales en la presente Ley, con carácter transitorio y por una sola vez, se permitirá el acceso a dicha Escala, en la convocatoria de pruebas selectivas correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2001, a quienes, estando en posesión del Título de Capataz Forestal o que, por haber cursado el ciclo formativo de grado medio, posean el Título de Técnico en Trabajos Forestales y Conservación del Medio Natural, ostenten, a mayores, el Título de Bachiller Superior o equivalente.»

«Los representantes legales de los organismos autónomos y demás entes públicos dependientes de la Comunidad son los órganos de contratación de los mismos.»

«Para la adjudicación de los contratos en los casos previstos en la legislación vigente, cada órgano de contratación estará asistido de una mesa constituida por un presidente, un mínimo de tres vocales, y un secretario designados por el órgano de contratación. Entre los vocales figurarán necesariamente un letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y un Interventor.

Reglamentariamente podrá establecerse un número superior de vocales al mínimo previsto en el apartado anterior y regular su designación.»

«Se entenderá que existe quórum en primera convocatoria cuando el número de asistentes censados supere los dos tercios del censo, y en segunda convocatoria, que podrá celebrarse media hora más tarde, cuando el número de asistentes sea superior a la mitad del censo. La aprobación de los Estatutos de la Asociación precisará el voto favorable de la mayoría absoluta de los asistentes.»

«1. Las Cámaras Agrarias Provinciales podrán ejercer las competencias reconocidas a las Juntas Agropecuarias Locales en el ámbito territorial de estas últimas, siempre y cuando las mismas no se hubieren constituido en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la presente Ley, o hayan dejado de funcionar en un período igual a contar desde la celebración del último Pleno, si así lo solicitaren más de una quinta parte de los titulares de explotaciones de la localidad o la mitad del censo de electores a Cámaras de la misma, siempre y cuando este colectivo sea superior a cinco personas.

Si posteriormente se constituyera la Junta Agropecuaria Local, la Cámara volverá a asumir la gestión de dichos recursos e intereses siempre que se acredite la falta de funcionamiento anterior.

2. En caso de que la solicitud a la Cámara Agraria Provincial no alcanzara los apoyos necesarios o no prosperara en el año siguiente a la finalización del plazo anterior, la gestión de los recursos e intereses colectivos agrarios se realizará por las Entidades Locales.

Si posteriormente se constituyera la Junta Agropecuaria Local, la Entidad Local volverá a asumir la gestión de dichos recursos e intereses siempre que se acreditare la falta de funcionamiento de aquélla a juicio del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.»

• «b) El impago del precio del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras durante un período superior a los 3 meses e inferior a 6 meses desde la fecha de la obligación de pagar.
• c) La conducta de los miembros de las Juntas Agropecuarias Locales, cuando sea causa de un retraso injustificado de éstas en el cumplimiento de las funciones asignadas por la presente Ley.»

• «b) El impago del precio del aprovechamiento de los pastos, hierbas y rastrojeras durante un período superior a los 6 meses desde la fecha de la obligación de pagar.»

«Las Comisiones Locales de Concentración Parcelaria estarán presididas, con voto de calidad, por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, que podrá delegar en otra persona con rango igual o superior al de Jefe de Servicio. Será Vicepresidente el Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería o funcionario en quien delegue. Formarán parte de ella, como Vocales, el Registrador de la Propiedad, el Notario de la zona o, no habiendo determinación de zonas notariales, el del distrito a quien por turno corresponda, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente o funcionario en quien delegue; dos ingenieros del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería con actuación en la zona; los Alcaldes y Presidentes de las Entidades Locales correspondientes; tres representantes de los agricultores de la zona y uno más en representación de la Junta de Trabajo de concentración parcelaria; y un representante de las organizaciones agrarias legalmente constituidas con implantación en la zona, elegido por ellas.»