Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

La Constitución Española establece en su artículo 149.1.23. la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación básica sobre medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En consonancia con lo anterior, y tal y como mantiene el Tribunal Constitucional, la competencia estatal para establecer un mínimo común normativo y un nivel mínimo de protección, no impide a las Comunidades Autónomas legislar elevando dicho nivel.

Siendo esto así, el artículo 32.7 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece que la Junta de Comunidades, en el marco de la legislación básica del Estado, y en su caso en los términos que la misma establezca, tiene competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protección e igualmente, el apartado 2 de dicho artículo, y en iguales condiciones, establece la competencia de la Junta de Comunidades en materia de espacios naturales protegidos.

El marco jurídico que en materia de conservación de la naturaleza se ha venido aplicando en el último decenio en Castilla-La Mancha es la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales, flora y fauna silvestres. Esta Ley de carácter básico no contiene un desarrollo completo de todas las materias que comprende, limitándose en la mayor parte de los casos a sentar un marco normativo general que permita el posterior desarrollo y complementación por las comunidades autónomas.

La aplicación de esta Ley en Castilla-La Mancha durante casi un decenio ha permitido apreciar una amplia serie de necesidades en esta materia, derivadas unas del escaso detalle al que la Ley básica alcanza en alguno de sus contenidos, y otras de las peculiaridades que afectan a la naturaleza de la región y de la existencia de normativa comunitaria relevante que ha sido aprobada con posterioridad a la Ley 4/1989. Estas carencias únicamente pueden resolverse mediante la promulgación de una Ley autonómica.

En consecuencia, los principales objetivos que han presidido la elaboración de la presente Ley son:

Establecer los procedimientos administrativos relacionados con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Establecer unas categorías de espacios naturales protegidos acorde con la variedad de situaciones reconocidas en Castilla-La Mancha, e integrar los espacios protegidos que existan o se declaren en el futuro en una Red Regional coherente.
Establecer los procedimientos en relación con la declaración, ampliación o anulación de los espacios naturales protegidos.
Establecer los procedimientos, contenido y alcance de los Planes Rectores de Uso y Gestión de espacios protegidos.
Establecer los mecanismos de protección de las especies autóctonas, ya sea frente a las exóticas introducidas, o bajo supuestos de circunstancias excepcionalmente dañinas para las mismas, o mediante el establecimiento de normas técnicas aplicables a determinados tipos de obras o instalaciones especialmente impactantes.
Establecer los procedimientos para la catalogación de las especies amenazadas y la elaboración de los planes de conservación de estas especies.
Crear un marco de protección para las especies que pueden resultar sensibles a determinadas formas o intensidades de recolección, así como a las especies de hábitats frágiles o escasos, a través de la protección de estos hábitats.
Regular eficazmente la tenencia en cautividad de ejemplares de especies amenazadas.
Establecer un marco de protección, hoy inexistente, para determinados elementos geológicos y geomorfológicos especialmente valiosos y para determinados hábitats o comunidades vegetales singulares, raros o de interés particular.
Establecer la tipificación de las infracciones y el cuadro de las correspondientes sanciones, aspecto que apenas tiene tratamiento en la citada Ley 4/1989.

Adicionalmente, se han incluido algunas fórmulas de coordinación entre la Administración medioambiental y las Administraciones hidráulica, de obras públicas, minas, industria, agricultura, montes, caza y turismo que permita tener en cuenta de forma adecuada las necesidades de protección de los valores naturales amparados por la presente Ley en determinados tipos de expedientes administrativos de sus respectivas competencias, así como, en relación con los mismos, establecer algunas normas adicionales de protección de los ecosistemas y de sus componentes. En esta línea se ha dado respuesta a lo planteado en el Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha, que, además, incluía como propuestas concretas la elaboración de desarrollos legislativos para la integración ambiental de la actividad forestal y de la concentración parcelaria.

Por otra parte, la reciente promulgación del Real Decreto 1997/1995, que traspone a la legislación española la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) y que, por tanto, abre el paso en nuestro país a la Red Natura 2000, integrada por las Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y las Zonas de Especial Conservación de los hábitats y las especies de dicha Directiva (ZEC), crea también una nueva obligación al requerir de una evaluación previa de las repercusiones de todas las actividades y proyectos susceptibles de afectar negativamente a dichas zonas. Dado que la extensión de ZEPAs y de ZECs en Castilla-La Mancha deberá ser amplia, en justa correspondencia con los valores naturales de que dispone la región, se ha considerado necesario crear una nueva categoría de zona sensible que englobe, entre otros, a los dos tipos de figuras anteriormente citados, así como establecer el procedimiento de declaración y protección de dichas zonas.

La presente Ley se estructura en un Título preliminar, siete Títulos, 127 artículos, ocho disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales. Incluye así mismo dos anejos.

El Título Preliminar contiene los objetivos de la norma, las definiciones, los principios y las disposiciones de carácter más general. El Título I establece una serie de disposiciones relativas a la integración y coordinación sectoriales, organizadas en tres capítulos. El Título II trata de los planes de ordenación de los recursos naturales. El Título III trata de las áreas protegidas; se estructura en tres capítulos, correspondientes a los espacios naturales protegidos, las zonas sensibles y la Red Regional de Áreas Protegidas. El Título IV trata de la protección de la fauna y flora silvestres. Su capítulo I contiene el régimen general de protección de las especies de fauna y flora silvestre, el Capítulo II trata de las especies amenazadas. El Título V se dedica a la protección de los hábitats y elementos geomorfológicos de la región. El Título VI aborda las fórmulas de participación pública en las actividades de conservación de la naturaleza y el fomento de las mismas. En el Título VII se tipifican las infracciones, se fijan las sanciones imponibles y se asignan competencias a los órganos de la Administración regional para la imposición de las mismas.

Por último, y además de las disposiciones adicionales, derogatoria y finales, la Ley incluye dos anejos que contienen el catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial y la relación de actividades que deben ser objeto de evaluación cuando afecten a zonas sensibles.

[Aviso Legal] http://noticias.juridicas.com
Leggio, Contenidos y Aplicaciones Informáticas, S.L.
Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin el permiso de los titulares.