Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se ampl韆n los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicaci髇 de diversos reglamentos comunitarios

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• EXPOSICI覰 DE MOTIVOS
• Art韈ulo primero燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• Art韈ulo segundo燤odificaci髇 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
• Art韈ulo tercero燤odificaci髇 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
• Art韈ulo cuarto燤odificaci髇 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
• Art韈ulo quinto燤odificaci髇 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protecci髇 jur韉ica del dise駉 industrial
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria 鷑ica燩rocesos jurisdiccionales
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燜undamento constitucional
  • Disposici髇 final segunda營ncorporaci髇 de derecho comunitario
  • Disposici髇 final tercera燤odificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • Disposici髇 final cuarta燤edidas para facilitar la aplicaci髇 en Espa馻 de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperaci髇 judicial civil
  • Disposici髇 final quinta燛ntrada en vigor

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. En el apartado 1 del art韈ulo 256, el actual n鷐ero 7.� pasa a ser el 9.� y se introducen dos nuevos n鷐eros, el 7.� y el 8.�, con la siguiente redacci髇:
  • �7.� Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acci髇 por infracci髇 de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtenci髇 de datos sobre el origen y redes de distribuci髇 de las mercanc韆s o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:
    • a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercanc韆s y servicios, as� como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesi髇 de las mercanc韆s.
    • b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercanc韆s o servicios.
    • c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercanc韆s o servicios de que se trate y los modelos y caracter韘ticas t閏nicas de las mercanc韆s.

    Las diligencias consistir醤 en el interrogatorio de:

    • a) Quien el solicitante considere autor de la violaci髇.
    • b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesi髇 de mercanc韆s que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.
    • c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesi髇 de mercanc韆s que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual.
    • d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervenci髇 en los procesos de producci髇, fabricaci髇, distribuci髇 o prestaci髇 de aquellas mercanc韆s y servicios.

    La solicitud de estas diligencias podr� extenderse al requerimiento de exhibici髇 de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.

  • 8.� Por petici髇 de quien pretenda ejercitar una acci髇 por infracci髇 de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibici髇 de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien ser韆 demandado como responsable. La solicitud deber� acompa馻rse de un principio de prueba de la realidad de la infracci髇 que podr� consistir en la presentaci髇 de una muestra de los ejemplares, mercanc韆s o productos en los que materialice aquella infracci髇. El solicitante podr� pedir que el Secretario extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporaci髇 a la diligencia practicada. Igual solicitud podr� formular en relaci髇 con lo establecido en el 鷏timo p醨rafo del n鷐ero anterior.
    A los efectos de los n鷐eros 7.� y 8.� de este apartado, se entiende por actos desarrollados a escala comercial aquellos que son realizados para obtener beneficios econ髆icos o comerciales directos o indirectos.�
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• Dos. El apartado 1 del art韈ulo 257 queda redactado del siguiente modo:

  �1. Ser� competente para resolver sobre las peticiones y solicitudes a que se refiere el art韈ulo anterior el juez de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda, del domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio.

  En los casos de los n鷐eros 6.�, 7.�, 8.� y 9.� del apartado 1 del art韈ulo anterior, ser� competente el tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada. Si, en estos casos, se solicitasen nuevas diligencias, a ra韟 del resultado de las hasta entonces practicadas, podr醤 instarse del mismo tribunal o bien del que, a ra韟 de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultar韆 competente para conocer de la misma pretensi髇 o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse.�

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• Tres. Se adicionan dos nuevos apartados, el 3 y el 4, al art韈ulo 259, con la siguiente redacci髇:

  �3. En el caso de las diligencias del art韈ulo 256.1.7.�, para garantizar la confidencialidad de la informaci髇 requerida, el tribunal podr� ordenar que la pr醕tica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. Esta decisi髇 se adoptar� en la forma establecida en el art韈ulo 138.3 y a solicitud de cualquiera que acredite inter閟 leg韙imo.

  4. La informaci髇 obtenida mediante las diligencias de los n鷐eros 7.� y 8.� del apartado 1 del art韈ulo 256 se utilizar� exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibici髇 de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podr� atribuir car醕ter reservado a las actuaciones, para garantizar la protecci髇 de los datos e informaci髇 que tuvieran car醕ter confidencial.�

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• Cuatro. El art韈ulo 261 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 261 Negativa a llevar a cabo las diligencias

  Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposici髇, el tribunal acordar�, cuando resulte proporcionado, las siguientes medidas, por medio de un auto, en el que expresar� las razones que las exigen:

  • 1.� Si se hubiere pedido declaraci髇 sobre hechos relativos a la capacidad, representaci髇 o legitimaci髇 del citado, se podr醤 tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera formularle y los hechos correspondientes se considerar醤 admitidos a efectos del juicio posterior.
  • 2.� Si se hubiese solicitado la exhibici髇 de t韙ulos y documentos y el tribunal apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenar� la entrada y registro de dicho lugar, procedi閚dose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposici髇 del solicitante, en la sede del tribunal.
  • 3.� Si se tratase de la exhibici髇 de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se proceder� de modo semejante al dispuesto en el n鷐ero anterior y se presentar� la cosa al solicitante, que podr� pedir el dep髎ito o medida de garant韆 m醩 adecuada a la conservaci髇 de aqu閘la.
  • 4.� Si se hubiera pedido la exhibici髇 de documentos contables, se podr醤 tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante.
  • 5.� Trat醤dose de las diligencias previstas en el art韈ulo 256.1.6.�, ante la negativa del requerido o de cualquier otra persona que pudiera colaborar en la determinaci髇 de los integrantes del grupo, el tribunal ordenar� que se acuerden las medidas de intervenci髇 necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiera incurrir por desobediencia a la autoridad judicial. Iguales medidas ordenar� el tribunal en los casos de los n鷐eros 5 bis, 7.� y 8.� del apartado 1 del art韈ulo 256, ante la negativa del requerido a la exhibici髇 de documentos.�
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• Cinco. El art韈ulo 263 queda redactado del siguiente modo:

  獳rt韈ulo 263 Diligencias preliminares previstas en leyes especiales

  Cuando se trate de las diligencias a que se refiere el art韈ulo 256.1.9.�, los preceptos de este cap韙ulo se aplicar醤 en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislaci髇 especial sobre la materia de que se trate.�

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• Seis. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 297 y se a馻de un apartado 4 con la siguiente redacci髇:

  �2. Las medidas consistir醤 en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y caracter韘ticas. Para los fines de aseguramiento de la prueba, podr醤 tambi閚 dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder, en caso de infringirlos, por desobediencia a la autoridad.

  En los casos de infracci髇 de los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, una vez el solicitante de las medidas haya presentado aquellas pruebas de la infracci髇 razonablemente disponibles, tales medidas podr醤 consistir en especial en la descripci髇 detallada, con o sin toma de muestras, o la incautaci髇 efectiva de las mercanc韆s y objetos litigiosos, as� como de los materiales e instrumentos utilizados en la producci髇 o la distribuci髇 de estas mercanc韆s y de los documentos relacionados con ellas.�

  �4. Cuando las medidas de aseguramiento de la prueba se hubiesen acordado antes del inicio del proceso, quedar醤 sin efecto si el solicitante no presenta su demanda en el plazo de veinte d韆s siguientes a la fecha de la efectiva adopci髇 de las medidas de aseguramiento acordadas. El tribunal, de oficio, acordar� mediante auto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenar� al solicitante en las costas y declarar� que es responsable de los da駉s y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.�

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• Siete. Se modifica la r鷅rica del art韈ulo 298 y se a馻den a este art韈ulo los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 298 Requisitos. Procedimiento para la adopci髇 de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas.�

  �4. Las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptar醤 previa audiencia de la persona que haya de soportarla. Si se solicitasen una vez iniciado el proceso, tambi閚 se oir� al demandado. S髄o quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido podr� aducir, al oponerse a su adopci髇, la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba.

  5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione da駉s irreparables al derecho del solicitante de la medida o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibilite de otro modo su pr醕tica si as� se solicita, el tribunal podr� acordar la medida sin m醩 tr醡ites, mediante providencia. La providencia precisar�, separadamente, los requisitos que la han exigido y las razones que han conducido a acordarla sin audiencia del demandado o de quien vaya a ser demandado. Esta providencia es irrecurrible y ser� notificada a las partes y a quien hubiera de soportarla sin dilaci髇 y, de no ser posible antes, inmediatamente despu閟 de la ejecuci髇 de las medidas.

  6. Si la medida de aseguramiento se hubiera adoptado sin audiencia previa, quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido o quien hubiera de soportarla podr醤 formular oposici髇 en el plazo de veinte d韆s, desde la notificaci髇 de la providencia que la acord�.

  7. La oposici髇 a la medida podr� fundarse en la inexistencia de riesgos de da駉s irreparables en el derecho para la futura pr醕tica de la prueba, as� como en la posibilidad de acordar otras medidas igualmente conducentes que resulten menos gravosas. Tambi閚 podr� sustituirse por la cauci髇 prevista en el apartado 3. S髄o quien fuera a ser demandado o ya lo hubiese sido podr� aducir la imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba.

  8. Del escrito de oposici髇 se dar� traslado al solicitante y, en su caso, al ya demandado o a quien hubiera de soportar la medida. Todos ellos ser醤 citados a una vista, en el plazo de cinco d韆s, tras cuya celebraci髇 se decidir� sobre la oposici髇, en el plazo de tres d韆s, por medio de un auto que es irrecurrible.�

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• Ocho. Se incorpora un nuevo apartado, el 3, al art韈ulo 328 con la siguiente redacci髇:

  �3. En los procesos seguidos por infracci髇 de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibici髇 podr� extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado per韔do de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deber� acompa馻rse de un principio de prueba que podr� consistir en la presentaci髇 de una muestra de los ejemplares, mercanc韆s o productos en los que se hubiere materializado la infracci髇. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podr� atribuir car醕ter reservado a las actuaciones, para garantizar la protecci髇 de los datos e informaci髇 que tuvieran car醕ter confidencial.�

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• Nueve. El apartado 2 del art韈ulo 733 queda redactado como sigue:

  �2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el solicitante as� lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podr� acordarla sin m醩 tr醡ites mediante auto, en el plazo de cinco d韆s, en el que razonar� por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin o韗 al demandado.

  Contra el auto que acuerde medidas cautelares sin previa audiencia del demandado no cabr� recurso alguno y se estar� a lo dispuesto en el cap韙ulo III de este t韙ulo. El auto ser� notificado a las partes sin dilaci髇 y, de no ser posible antes, inmediatamente despu閟 de la ejecuci髇 de las medidas.�

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Art韈ulo segundo Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. El art韈ulo 132 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 132 Aplicaci髇 subsidiaria de disposiciones del libro I

  Las disposiciones contenidas en el art韈ulo 6.1, en la secci髇 2.� del cap韙ulo III del t韙ulo II y en el cap韙ulo II del t韙ulo III, ambos del libro I, se aplicar醤, con car醕ter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este libro.�

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• Dos. El art韈ulo 138 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 138 Acciones y medidas cautelares urgentes

  El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podr� instar el cese de la actividad il韈ita del infractor y exigir la indemnizaci髇 de los da駉s materiales y morales causados, en los t閞minos previstos en los art韈ulos 139 y 140. Tambi閚 podr� instar la publicaci髇 o difusi髇, total o parcial, de la resoluci髇 judicial o arbitral en medios de comunicaci髇 a costa del infractor.

  Asimismo, podr� solicitar con car醕ter previo la adopci髇 de las medidas cautelares de protecci髇 urgente reguladas en el art韈ulo 141.

  Tanto las medidas de cesaci髇 espec韋icas contempladas en el art韈ulo 139.1.g) como las medidas cautelares previstas en el art韈ulo 141.6 podr醤 tambi閚 solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s� mismos una infracci髇, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico. Dichas medidas habr醤 de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.�

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• Tres. Se modifica la redacci髇 de los p醨rafos c) y d) y se a馻de un nuevo p醨rafo g) al apartado 1 del art韈ulo 139:
  • 玞) La retirada del comercio de los ejemplares il韈itos y su destrucci髇, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorizaci髇 la informaci髇 electr髇ica para la gesti髇 de derechos o cuya protecci髇 tecnol骻ica haya sido eludida. Esta medida se ejecutar� a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as�.
  • d) La retirada de los circuitos comerciales, inutilizaci髇, y, en caso necesario, la destrucci髇 de los moldes, planchas, matrices, negativos y dem醩 elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducci髇, a la creaci髇 o fabricaci髇 de ejemplares il韈itos. Esta medida se ejecutar� a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as�.�
  • 玤) La suspensi髇 de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico.�
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• Cuatro. El art韈ulo 140 queda redactado como sigue:

  獳rt韈ulo 140 Indemnizaci髇

  1. La indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprender� no s髄o el valor de la p閞dida que haya sufrido, sino tambi閚 el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violaci髇 de su derecho. La cuant韆 indemnizatoria podr� incluir, en su caso, los gastos de investigaci髇 en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisi髇 de la infracci髇 objeto del procedimiento judicial.

  2. La indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios se fijar�, a elecci髇 del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

  • a) Las consecuencias econ髆icas negativas, entre ellas la p閞dida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizaci髇 il韈ita.
    En el caso de da駉 moral proceder� su indemnizaci髇, aun no probada la existencia de perjuicio econ髆ico. Para su valoraci髇 se atender� a las circunstancias de la infracci髇, gravedad de la lesi髇 y grado de difusi髇 il韈ita de la obra.
  • b) La cantidad que como remuneraci髇 hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorizaci髇 para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuesti髇.

  3. La acci髇 para reclamar los da駉s y perjuicios a que se refiere este art韈ulo prescribir� a los cinco a駉s desde que el legitimado pudo ejercitarla.�

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• Cinco. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 141 en los siguientes t閞minos:

  �2. La suspensi髇 de la actividad de reproducci髇, distribuci髇 y comunicaci髇 p鷅lica, seg鷑 proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracci髇 a los efectos de esta ley, as� como la prohibici髇 de estas actividades si todav韆 no se han puesto en pr醕tica.�

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Art韈ulo tercero Modificaci髇 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

Uno. Se reforma el art韈ulo 63 con la siguiente redacci髇:

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Dos. Los apartados 1 y 2 del art韈ulo 66 quedan redactados como sigue:

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Tres. El apartado 1 del art韈ulo 129 queda redactado como sigue:

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Cuatro. La primera medida cautelar del art韈ulo 134 queda redactada como sigue:

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Cinco. El art韈ulo 135 se redacta en los siguientes t閞minos:

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Seis. El apartado 1 del art韈ulo 139 queda redactado como sigue:

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Art韈ulo cuarto Modificaci髇 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 41 y se a馻de el apartado 3 con la siguiente redacci髇:

  獳rt韈ulo 41 Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca

  1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr� reclamar en la v韆 civil:

  • a) La cesaci髇 de los actos que violen su derecho.
  • b) La indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios sufridos.
  • c) La adopci髇 de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaci髇 y, en particular, que se retiren del tr醘ico econ髆ico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violaci髇 del derecho de marca y el embargo o la destrucci髇 de los medios principalmente destinados a cometer la infracci髇. Estas medidas se ejecutar醤 a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as�.
  • d) La destrucci髇 o cesi髇 con fines humanitarios, si fuere posible, a elecci髇 del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos il韈itamente identificados con la marca que est閚 en posesi髇 del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminaci髇 del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucci髇 del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, seg鷑 las circunstancias espec韋icas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
  • e) La atribuci髇 en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputar� el valor de los bienes afectados al importe de la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnizaci髇 concedida, el titular del derecho de marca deber� compensar a la otra parte por el exceso.
  • f) La publicaci髇 de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.�

  �3. Las medidas contempladas en los p醨rafos a) y c) del apartado 1 de este art韈ulo podr醤 tambi閚 solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s� mismos una infracci髇, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico. Dichas medidas habr醤 de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.�

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• Dos. Los apartados 1 y 2 del art韈ulo 43 quedan redactados como sigue:

  �1. La indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios comprender� no s髄o las p閞didas sufridas, sino tambi閚 las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violaci髇 de su derecho. El titular del registro de marca tambi閚 podr� exigir la indemnizaci髇 del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realizaci髇 defectuosa de los productos il韈itamente marcados o una presentaci髇 inadecuada de aqu閘la en el mercado. Asimismo, la cuant韆 indemnizatoria podr� incluir, en su caso, los gastos de investigaci髇 en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisi髇 de la infracci髇 objeto del procedimiento judicial.

  2. Para fijar la indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios se tendr� en cuenta, a elecci髇 del perjudicado:

  • a) Las consecuencias econ髆icas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habr韆 obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violaci髇 y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violaci髇.
    En el caso de da駉 moral proceder� su indemnizaci髇, aun no probada la existencia de perjuicio econ髆ico.
  • b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesi髇 de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizaci髇 conforme a derecho.�
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Art韈ulo quinto Modificaci髇 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protecci髇 jur韉ica del dise駉 industrial

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de protecci髇 jur韉ica del dise駉 industrial, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifican los p醨rafos c) y e) del apartado 1 del art韈ulo 53 y se a馻de el apartado 3 con la siguiente redacci髇:
  • 玞) La adopci髇 de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tr醘ico econ髆ico los productos en los que se haya materializado la violaci髇 de su derecho y el embargo o la destrucci髇 de los medios principalmente destinados a cometer la infracci髇. Estas medidas se ejecutar醤 a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea as�.�
  • 玡) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los p醨rafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracci髇 apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnizaci髇 concedida, el titular del dise駉 deber� compensar a la otra parte por el exceso.�

  �3. Las medidas contempladas en los p醨rafos a) y c) del apartado 1 de este art韈ulo podr醤 tambi閚 solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s� mismos una infracci髇, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaci髇 y de comercio electr髇ico. Dichas medidas habr醤 de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.�

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• Dos. Los apartados 1, 2 y 4 del art韈ulo 55 quedan redactados como sigue:

  �1. La indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios comprender� no s髄o las p閞didas sufridas, sino tambi閚 las ganancias dejadas de obtener por el titular del dise駉 a causa de la violaci髇 de su derecho. El titular del dise駉 registrado tambi閚 podr� exigir la indemnizaci髇 del perjuicio causado al prestigio del dise駉 por el infractor, especialmente por una realizaci髇 defectuosa de los productos il韈itamente comercializados, la realizaci髇 defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercializaci髇. Asimismo, la cuant韆 indemnizatoria podr� incluir, en su caso, los gastos de investigaci髇 en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisi髇 de la infracci髇 objeto del procedimiento judicial.

  2. Para fijar la indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios se tendr� en cuenta, a elecci髇 del perjudicado:

  • a) Las consecuencias econ髆icas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habr韆 obtenido de la explotaci髇 del dise駉 si no hubiera tenido lugar la violaci髇 de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violaci髇 del derecho del titular del dise駉 registrado.
    En el caso de da駉 moral proceder� su indemnizaci髇, aun no probada la existencia de perjuicio econ髆ico.
  • b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del dise駉 por la concesi髇 de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotaci髇 del dise駉 conforme a derecho.�

  �4. Para fijar la cuant韆 de los da駉s y perjuicios sufridos, el titular del dise駉 podr� exigir, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 256.1.9.� y en el art韈ulo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibici髇 de los documentos del presunto responsable de la vulneraci髇 del derecho, que puedan servir para aquella finalidad.�

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Disposici髇 transitoria 鷑ica Procesos jurisdiccionales

Los procesos jurisdiccionales incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley se tramitar醤 conforme a las normas procesales vigentes con anterioridad a ella.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Queda derogado el art韈ulo 128 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

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Disposici髇 final primera Fundamento constitucional

Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.� y 9.� de la Constituci髇, relativos a la legislaci髇 procesal y a la legislaci髇 de propiedad intelectual e industrial, respectivamente.

Disposici髇 final segunda Incorporaci髇 de derecho comunitario

Esta Ley incorpora al derecho espa駉l las disposiciones de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Se introduce un n鷐ero 5.� bis en el art韈ulo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacci髇:

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Disposici髇 final cuarta Medidas para facilitar la aplicaci髇 en Espa馻 de diversos reglamentos comunitarios en materia de cooperaci髇 judicial civil

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. La actual disposici髇 final vig閟ima primera pasa a ser la vig閟ima tercera y se introduce una nueva disposici髇 final vig閟ima primera con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 final vig閟ima primera Medidas para facilitar la aplicaci髇 en Espa馻 del Reglamento (CE) n.� 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un t韙ulo ejecutivo europeo para cr閐itos no impugnados

  1. La certificaci髇 judicial de un t韙ulo ejecutivo europeo se adoptar� de forma separada y mediante providencia, en la forma prevista en el anexo I del Reglamento (CE) n.� 805/2004.

  La competencia para certificar un t韙ulo ejecutivo europeo corresponde al mismo tribunal que dict� la resoluci髇.

  El procedimiento para la rectificaci髇 de errores en un t韙ulo ejecutivo europeo previsto en el art韈ulo 10.1.a) del Reglamento (CE) n.� 805/2004 se resolver� en la forma prevista en los tres primeros apartados del art韈ulo 267 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

  El procedimiento para la revocaci髇 de la emisi髇 de un certificado de un t韙ulo ejecutivo europeo a que se refiere el art韈ulo 10.1.b) del Reglamento (CE) n.� 805/2004 se tramitar� y resolver� de conformidad con lo previsto para el recurso de reposici髇 regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezca el tribunal.

  La denegaci髇 de emisi髇 de un certificado de t韙ulo ejecutivo europeo se adoptar� de forma separada y mediante providencia, y podr� impugnarse por los tr醡ites del recurso de reposici髇.

  2. Para la certificaci髇 como t韙ulo ejecutivo europeo de resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones se aplicar� el apartado anterior, y se efectuar� en la forma prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.� 805/2004.

  3. Compete al notario autorizante, o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedici髇 del certificado previsto en el art韈ulo 25.1 y en el anexo III del Reglamento (CE) n.� 805/2004. De dicha expedici髇 dejar� constancia mediante nota en la matriz o p髄iza, y archivar� el original que circular� mediante copia.

  Corresponder� al notario en cuyo protocolo se encuentre el t韙ulo ejecutivo europeo certificado expedir el relativo a su rectificaci髇 por error material y el de revocaci髇 previstos en el art韈ulo 10.1 del Reglamento (CE) n.� 805/2004, as� como el derivado de la falta o limitaci髇 de ejecutividad, seg鷑 se establece en el art韈ulo 6.2 y en el anexo IV del mismo reglamento.

  Se except鷄 la p閞dida de ejecutividad derivada de una resoluci髇 judicial, para cuya certificaci髇 se estar� al apartado 1 de esta disposici髇 adicional.

  En todo caso, deber� constar en la matriz o p髄iza la rectificaci髇, revocaci髇, falta o limitaci髇 de ejecutividad.

  La negativa del notario a la expedici髇 de los certificados requeridos podr� ser impugnada por el interesado ante la Direcci髇 General de los Registros y del Notariado por los tr醡ites del recurso de queja previsto en la legislaci髇 notarial. Contra la resoluci髇 de este 髍gano directivo podr� interponerse recurso, en 鷑ica instancia, ante el juez de primera instancia de la capital de la provincia donde tenga su domicilio el notario, el cual se resolver� por los tr醡ites del juicio verbal.

  4. La certificaci髇 a la que se refiere el anexo V del Reglamento (CE) n.� 805/2004 se expedir� por el 髍gano administrativo o jurisdiccional que hubiera dictado la resoluci髇.

  5. La competencia territorial para la ejecuci髇 de resoluciones, transacciones judiciales y documentos p鷅licos certificados como t韙ulo ejecutivo europeo corresponder� al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o del lugar de ejecuci髇.

  6. El Gobierno adoptar� las normas precisas para el desarrollo de esta disposici髇 adicional.�

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• Dos. Se introduce una nueva disposici髇 final vig閟ima segunda con la siguiente redacci髇:

  獶isposici髇 final vig閟ima segunda Medidas para facilitar la aplicaci髇 en Espa馻 del Reglamento (CE) n.� 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecuci髇 de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.� 1347/2000

  1. La certificaci髇 judicial relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, prevista en el art韈ulo 39 del Reglamento (CE) n.� 2201/2003, se expedir� de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario correspondiente que figura en los anexos I y II del reglamento citado.

  2. La certificaci髇 judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre el derecho de visita, previstas en el apartado 1 del art韈ulo 41 del Reglamento (CE) n.� 2201/2003, se expedir� de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo III de dicho reglamento.

  3. La certificaci髇 judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre la restituci髇 del menor, previstas en el apartado 1 del art韈ulo 42 del Reglamento (CE) n.� 2201/2003, se expedir� de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el formulario que figura en el anexo IV del reglamento citado.

  4. El procedimiento para la rectificaci髇 de errores en la certificaci髇 judicial, previsto en el art韈ulo 43.1 del Reglamento (CE) n.� 2001/2003, se resolver� de la forma establecida en los tres primeros apartados del art韈ulo 267 de la Ley Org醤ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Igual procedimiento se observar� para la rectificaci髇 de la certificaci髇 judicial a la que se refiere el apartado 1 de esta disposici髇 final.

  No cabr� recurso alguno contra la resoluci髇 en que se resuelva sobre la aclaraci髇 o rectificaci髇 de la certificaci髇 judicial a que se refieren los tres anteriores apartados.

  5. La denegaci髇 de la expedici髇 de la certificaci髇 judicial a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 de esta disposici髇 final se adoptar� de forma separada y mediante providencia, y podr� impugnarse por los tr醡ites del recurso de reposici髇.�

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Disposici髇 final quinta Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.