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18/11/2020 09:24:09 | REDACCIÓN | CRISIS COVID

Segunda ola de normas para impulsar la solvencia empresarial

El Gobierno ha adoptado una batería de normas con las que pretende reforzar el capital de pequeñas y medianas empresas que eran rentables y viables antes del coronavirus, y que previsiblemente volverán a serlo cuando se supere la pandemia, pero que corren el riesgo de desaparecer por los graves problemas que atraviesan para hacer frente al pago de sus deudas.

Por medio de la aprobación del Real Decreto ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo autoriza prórrogas para los avales ICO, moratorias para las declaraciones de concursos, y más tiempo para poder celebrar juntas telemáticas sin constancia estatutaria; incentiva la participación en mercados de financiación alternativa y protege, aún más, a los sectores estratégicos nacionales.

Avales ICO

Los beneficiarios de créditos avalados por el ICO dispondrán de tres años más para devolverlos.

El Real Decreto-ley 34/2020 incluye la ampliación de los préstamos ICO y la posibilidad de prolongar el vencimiento y la carencia para los deudores. Se trata de una medida que, tal y como comentamos hace unos días en el artículo titulado “Ampliación del período de carencia de los avales ICO”, estaba siendo negociada por la Vicepresidencia tercera con la Comisión Europea y que ha recibido el visto bueno de Bruselas.

El plazo máximo de vencimiento se extenderá tres años, con un tope de ocho, y se añadirá un año adicional de carencia en los pagos, hasta un total de dos ejercicios.

El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO ha llegado a los 81.787 millones de euros y en total ha movilizado unos 107.600 millones con la firma de 876.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos.

En lo que llevamos de año, el Ministerio ha aprobado dos programas para hacer llegar más liquidez a pymes y autónomos:

• Uno de 100.000 millones de euros, colocado en su totalidad y concedido por un plazo de cinco años, con uno de carencia; y

• Un segundo por 40.000 millones, todavía abierto a la contratación con una disposición más reducida por parte de empresas y autónomos. Para este plan se prorroga el periodo de solicitud hasta el 30 de junio.

Las entidades financieras deberán garantizar que no se produzcan incrementos injustificados en los tipos de interés, ni se exija la contratación de productos vinculados.

Asimismo, se prevé una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos.

Concursos

Con la finalidad de evitar una avalancha de concursos a partir del 1 de enero, las empresas no estarán obligadas a solicitar el concurso voluntario hasta el 14 de marzo, ni los acreedores podrán instarlo antes de esa fecha.

Además, los tribunales deberán suspender hasta el 31 de enero los incidentes por incumplimiento de convenios de resolución de deudas vinculados a concursos de acreedores previos, si esos incumplimientos de obligaciones de pago tienen que ver con dificultades derivadas de la pandemia.

En el caso de que se hubieran empezado a tramitar solicitudes de incumplimiento entre el 31 de octubre (límite temporal anterior) y el 19 de noviembre, el juez deberá suspender su tramitación.

El Banco de España ya advirtió la semana pasada que, a falta de prórrogas, a partir de enero se produciría un «repunte significativo» de las solicitudes de concursos necesarios, a instancia de los acreedores. Igualmente, el órgano Supervisor lleva tiempo pidiendo que además de la “extensión temporal” de esta moratoria, se inicie un “análisis riguroso y rápido del procedimiento concursal que permita una verdadera reestructuración de la deuda agilizando la desaparición de las sociedades no viables”.

Inversiones extranjeras

Tal y como ocurre desde el mes de marzo con las inversiones extranjeras procedentes de países extracomunitarios, a partir de ahora y hasta el próximo 30 de junio las inversiones procedentes de la Unión Europea también requerirán autorización previa del Gobierno. Se trata de inversiones que bien, se destinen a empresas cotizadas, o bien sean superiores a 500 millones y se dirijan a empresas estratégicas no cotizadas. Para el caso de las inversiones de origen extracomunitario, el control previo se mantiene 'sine die'.

De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma.

Financiación Alternativa

Se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio. De este modo se incentiva el desarrollo de los mercados de financiación alternativa.

Juntas generales

Se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos.

Se mantiene el requisito de que el secretario reconozca la identidad de los socios o asociados, y así lo exprese en el acta y, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, se continúa permitiendo la celebración de la junta general en cualquier lugar del territorio nacional. Igualmente, y por las mismas razones, se prorroga, para el año 2021, la posibilidad de celebrar por medios telemáticos las reuniones del patronato de las fundaciones.

Plan de rescate a hostelería y turismo

El Gobierno, también contempla con preocupación cómo la segunda ola del Covid está afectando con especial virulencia a los sectores de hostelería y turismo por ser los más perjudicados con las restricciones de movilidad.

Según fuentes autorizadas, sobre la mesa de negociaciones en este momento hay varias opciones que probablemente verán la luz en el consejo de ministros de la semana que viene. Desde la exoneración, aplazamiento o bonificación de cotizaciones, hasta una moratoria fiscal, una nueva renegociación de alquileres e, incluso, un plan de ayudas directas al estilo alemán.


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