Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE

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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Definiciones
  • Artículo 4 Autoridades competentes
  • Artículo 5 Asistencia a las autoridades competentes
  • Artículo 6 Función del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
  • Artículo 7 Principio de confidencialidad
• CAPÍTULO II. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES
  • SECCIÓN I. Derechos y obligaciones de los solicitantes
    • Artículo 8 Garantías generales para los solicitantes
    • Artículo 9 Obligaciones de los solicitantes
    • Artículo 10 Derecho de permanencia durante el procedimiento administrativo
  • SECCIÓN II. Entrevistas personales
    • Artículo 11 Entrevista de admisibilidad
    • Artículo 12 Entrevista sustantiva
    • Artículo 13 Requisitos de las entrevistas personales
    • Artículo 14 Informe y grabación de las entrevistas personales
  • SECCIÓN III. Prestación de consejo jurídico y de asistencia jurídica y representación legal
    • Artículo 15 Derecho a consejo jurídico y a asistencia jurídica y representación legal
    • Artículo 16 Consejo jurídico gratuito en el procedimiento administrativo
    • Artículo 17 Asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso
    • Artículo 18 Alcance del consejo jurídico y de la asistencia jurídica y la representación legal
    • Artículo 19 Condiciones para la prestación gratuita de consejo jurídico, asistencia jurídica y representación legal
  • SECCIÓN IV. Garantías especiales
    • Artículo 20 Evaluación de la necesidad de garantías procedimentales especiales
    • Artículo 21 Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales
    • Artículo 22 Garantías para los menores
    • Artículo 23 Garantías especiales para menores no acompañados
  • SECCIÓN V. Reconocimiento médico y determinación de la edad
    • Artículo 24 Reconocimiento médico
    • Artículo 25 Determinación de la edad de los menores
• CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
  • SECCIÓN I. Acceso al procedimiento
    • Artículo 26 Formulación de una solicitud de protección internacional
    • Artículo 27 Registro de solicitudes de protección internacional
    • Artículo 28 Formalización de una solicitud de protección internacional
    • Artículo 29 Documentos proporcionados al solicitante
    • Artículo 30 Acceso al procedimiento en los centros de internamiento y en puestos fronterizos
    • Artículo 31 Solicitudes en nombre de un adulto que necesita asistencia para ejercer su capacidad jurídica
    • Artículo 32 Solicitudes en nombre de menores acompañados
    • Artículo 33 Solicitudes de menores no acompañados
  • SECCIÓN II. Procedimiento de examen
    • Artículo 34 Examen de las solicitudes
    • Artículo 35 Duración del procedimiento de examen
  • SECCIÓN III. Resoluciones sobre las solicitudes
    • Artículo 36 Resoluciones sobre las solicitudes
    • Artículo 37 Denegación de una solicitud y emisión de una decisión de retorno
    • Artículo 38 Resolución sobre la admisibilidad de la solicitud
    • Artículo 39 Resolución sobre el fundamento de la solicitud
    • Artículo 40 Retirada explícita de solicitudes
    • Artículo 41 Retirada implícita de solicitudes
  • SECCIÓN IV. Procedimientos especiales
    • Artículo 42 Procedimiento de examen acelerado
    • Artículo 43 Condiciones para la aplicación del procedimiento fronterizo de asilo
    • Artículo 44 Resoluciones en el marco del procedimiento fronterizo de asilo
    • Artículo 45 Aplicación obligatoria del procedimiento fronterizo de asilo
    • Artículo 46 Capacidad adecuada a escala de la Unión
    • Artículo 47 Capacidad adecuada de un Estado miembro
    • Artículo 48 Medida aplicable cuando se alcance la capacidad adecuada de un Estado miembro
    • Artículo 49 Notificación por parte de un Estado miembro cuando se alcance la capacidad adecuada
    • Artículo 50 Notificación por parte de un Estado miembro cuando se alcance el número máximo de solicitudes por año
    • Artículo 51 Plazos
    • Artículo 52 Determinación del Estado miembro responsable y reubicación
    • Artículo 53 Excepciones al procedimiento fronterizo de asilo
    • Artículo 54 Lugares para efectuar el procedimiento fronterizo de asilo
    • Artículo 55 Solicitudes posteriores
    • Artículo 56 Excepciones al derecho a permanecer en el caso de solicitudes posteriores
  • SECCIÓN V. Conceptos relacionados con el de país seguro
    • Artículo 57 Concepto de protección efectiva
    • Artículo 58 Concepto de primer país de asilo
    • Artículo 59 Concepto de tercer país seguro
    • Artículo 60 Designación de terceros países seguros a nivel de la Unión
    • Artículo 61 Concepto de país de origen seguro
    • Artículo 62 Designación de países de origen seguros a nivel de la Unión
    • Artículo 63 Suspensión y retirada de la designación de un tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión
    • Artículo 64 Designación de terceros países como terceros países seguros o países de origen seguros a nivel nacional
• CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS PARA LA RETIRADA DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
  • Artículo 65 Retirada de la protección internacional
  • Artículo 66 Procedimientos para la retirada de la protección internacional
• CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE RECURSO
  • Artículo 67 Derecho a un recurso efectivo
  • Artículo 68 Efecto suspensivo del recurso
  • Artículo 69 Duración del primer nivel de recurso
• CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES
  • Artículo 70 Impugnación por las autoridades públicas
  • Artículo 71 Cooperación
  • Artículo 72 Conservación de datos
  • Artículo 73 Cómputo de los plazos
  • Artículo 74 Ejercicio de la delegación
  • Artículo 75 Medidas transitorias
  • Artículo 76 Apoyo financiero
  • Artículo 77 Seguimiento y evaluación
  • Artículo 78 Derogación
  • Artículo 79 Entrada en vigor y aplicación
• ANEXO I.  Tabla de correspondencias
• ANEXO II

Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento establece un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347.

Artículo 2 Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplica a todas las solicitudes de protección internacional formuladas en el territorio de los Estados miembros, incluidas las realizadas en la frontera exterior, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, así como a la retirada de la protección internacional.

2. El presente Reglamento no se aplica a las solicitudes de protección internacional ni a las de asilo diplomático o territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros.

3. Los Estados miembros podrán decidir aplicar el presente Reglamento a las solicitudes de protección a las que no sea aplicable el Reglamento (UE) 2024/1347.

Artículo 3 Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

• 1) «refugiado», todo nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados anteriormente, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no sea aplicable el artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1347;
• 2) «persona que puede acogerse a protección subsidiaria», todo nacional de un tercer país o apátrida que no reúna los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves tal como se definen en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347, y al que no sea aplicable el artículo 17, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento y que no pueda o, a causa de dicho riesgo, no quiera acogerse a la protección de ese país;
• 3) «estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347;
• 4) «estatuto de protección subsidiaria», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona que puede acogerse a protección subsidiaria de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347;
• 5) «protección internacional», el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria;
• 6) «menor», todo nacional de un tercer país o apátrida menor de dieciocho años;
• 7) «menor no acompañado», todo menor que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto que sea su responsable, ya sea con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de dicho menor, incluido el que deje de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;
• 8) «resolución definitiva», la resolución sobre si se concede o no a un nacional de un tercer país o a un apátrida el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347, incluida toda resolución denegatoria de la solicitud por inadmisible y toda resolución denegatoria por la que se declare una solicitud implícita o explícitamente retirada, contra la que ya no pueda interponerse recurso en el marco del capítulo V del presente Reglamento o sea firme con arreglo al Derecho nacional, con independencia de que el solicitante tenga derecho a permanecer de conformidad con el presente Reglamento;
• 9) «examen de una solicitud de protección internacional», el examen de la admisibilidad o del fundamento de una solicitud de protección internacional de acuerdo con el presente Reglamento y con el Reglamento (UE) 2024/1347;
• 10) «datos biométricos», los datos biométricos tal como se definen en el artículo 2, letra s), del Reglamento (UE) 2024/1358;
• 11) «capacidad adecuada», la capacidad necesaria en cualquier momento para efectuar el procedimiento fronterizo de asilo y el procedimiento fronterizo de retorno establecido en virtud del Reglamento (UE) 2024/1349 o, cuando proceda, un procedimiento fronterizo de retorno equivalente establecido en virtud del Derecho nacional;
• 12) «solicitud de protección internacional» o «solicitud», la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse que persigue obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria;
• 13) «solicitante», todo nacional de un tercer país o apátrida que haya formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya adoptado una resolución definitiva;
• 14) «solicitante que necesita garantías procedimentales especiales», todo solicitante cuya capacidad de disfrutar los derechos y cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento esté limitada por circunstancias individuales, como, por ejemplo, vulnerabilidades específicas;
• 15) «apátrida», toda persona que no sea considerada nacional suyo por ningún Estado, con arreglo a su Derecho;
• 16) «autoridad decisoria», todo organismo cuasi judicial o administrativo de un Estado miembro que sea responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en la fase administrativa del procedimiento;
• 17) «retirada de la protección internacional», la decisión de una autoridad decisoria o un órgano jurisdiccional competente de revocar o poner fin a la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347, incluida la negativa a prorrogarla;
• 18) «permanencia en el territorio del Estado miembro», la permanencia en el territorio del Estado miembro en el que se haya formulado o se esté examinando la solicitud de protección internacional, incluidas las zonas fronterizas o de tránsito;
• 19) «solicitud posterior», una nueva solicitud de protección internacional, formulada en cualquier Estado miembro después de que se haya dictado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en que la solicitud haya sido denegada por considerarse explícita o implícitamente retirada;
• 20) «Estado miembro responsable», el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351.

Artículo 4 Autoridades competentes

1. Cada Estado miembro designará, con arreglo al Derecho nacional, una autoridad decisoria para desempeñar las funciones que se le encomiendan en virtud del presente Reglamento y del Reglamento (UE) 2024/1347, en concreto:

• a) recibir y examinar las solicitudes de protección internacional;
• b) dictar resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional;
• c) dictar resoluciones sobre la retirada de la protección internacional.

Durante el procedimiento administrativo, la autoridad decisoria será la única autoridad facultada para decidir sobre la admisibilidad y el fundamento de una solicitud de protección internacional.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros confiarán a otras autoridades nacionales pertinentes la función de recibir las solicitudes de protección internacional, así como de informar a los solicitantes sobre dónde y cómo formalizar su solicitud de conformidad con el artículo 28. Esas otras autoridades nacionales incluirán, como mínimo a la policía, las autoridades de inmigración, la guardia de frontera y las autoridades responsables de los centros de internamiento o las instalaciones de acogida.

3. Cada Estado miembro designará una autoridad competente para registrar las solicitudes de protección internacional. Los Estados miembros podrán confiar a la autoridad decisoria o a otras autoridades pertinentes la función de registrar las solicitudes de protección internacional.

4. Cuando una autoridad reciba una solicitud sin que tenga ella misma la facultad de registrarla, informará sin demora a la autoridad responsable del registro de las solicitudes y dicha solicitud se registrará de conformidad con el artículo 27. La autoridad responsable de la recepción de la solicitud informará asimismo al solicitante de protección internacional de qué autoridad es responsable del registro de la solicitud.

5. A efectos de los apartados 2 y 3, a más tardar el 12 de junio de 2026, cada Estado miembro notificará a la Comisión qué autoridades ha designado para desempeñar las funciones mencionadas en dichos apartados, especificando las funciones que le han sido encomendadas. Cualquier cambio en la identificación de dichas autoridades se notificará inmediatamente a la Comisión.

6. Los Estados miembros podrán disponer que una autoridad distinta de la autoridad decisoria sea responsable del procedimiento de determinación del Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351.

7. Cada Estado miembro proporcionará a la autoridad decisoria y a las demás autoridades competentes designadas con arreglo al presente artículo los medios adecuados, incluido el personal competente suficiente para desempeñar sus funciones en virtud del presente Reglamento.

8. Los Estados miembros garantizarán que el personal de las autoridades competentes que apliquen el presente Reglamento posea los conocimientos adecuados y haya recibido formación, incluida la formación pertinente con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/2303, y orientación para cumplir sus obligaciones a la hora de aplicar el presente Reglamento.

Artículo 5 Asistencia a las autoridades competentes

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartados 7 y 8, a petición del Estado miembro, las autoridades competentes determinadas con arreglo al artículo 4 podrán, a efectos de recepción y registro de las solicitudes de protección internacional y de facilitar el examen de las solicitudes, también en lo que respecta a la entrevista personal, contar con la asistencia de:

• a) expertos enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo») de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2303, y
• b) las autoridades competentes de otro Estado miembro a las que le haya confiado la recepción, el registro y el examen de las solicitudes de protección internacional.

Las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 4 podrán asistir a las autoridades de otro Estado miembro solo para las funciones que le hayan sido encomendadas por su Estado miembro.

La competencia para decidir sobre las solicitudes individuales de protección internacional seguirá siendo competencia exclusiva de la autoridad decisoria del Estado miembro responsable.

Artículo 6 Función del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

1. Los Estados miembros permitirán que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados:

• a) tenga acceso a los solicitantes, incluidos los que se hallen en centros de acogida o de internamiento, en la frontera y en las zonas de tránsito;
• b) tenga acceso a la información sobre solicitudes individuales de protección internacional, el curso del procedimiento y las resoluciones dictadas, siempre y cuando el solicitante dé su consentimiento;
• c) manifieste su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados, complementada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»), ante cualquier autoridad competente, sobre solicitudes individuales de protección internacional, en cualquier fase del procedimiento.

2. El apartado 1 se aplicará igualmente a cualquier organización que trabaje en el territorio del Estado miembro en cuestión en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en virtud de un acuerdo con dicho Estado miembro.

Artículo 7 Principio de confidencialidad

1. Las autoridades que apliquen el presente Reglamento estarán obligadas por el principio de confidencialidad en relación con cualquier información personal que obtengan en el ejercicio de sus funciones, incluido cualquier intercambio de información de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional que sea pertinente para la aplicación del presente Reglamento entre autoridades de los Estados miembros.

2. A lo largo de todo el procedimiento en materia de protección internacional y después de que se haya dictado una resolución definitiva sobre la solicitud, las autoridades se abstendrán de:

• a) revelar información sobre la solicitud individual de protección internacional, o sobre el hecho de que se ha formulado una solicitud, a los presuntos autores de persecución o de daños graves;
• b) recabar información alguna de los presuntos autores de persecución o de daños graves, de una manera que ponga informarles de que el solicitante ha formulado una solicitud.

Artículo 8 Garantías generales para los solicitantes

1. Durante el procedimiento administrativo previsto en el capítulo III, los solicitantes gozarán de las garantías establecidas en los apartados 2 a 6 del presente artículo.

2. La autoridad decisoria o, en su caso, otras autoridades u organizaciones competentes a las que los Estados miembros hayan encomendado hacerlo informarán a los solicitantes, en un idioma que entiendan o que sea razonable suponer que pueden entender, de lo siguiente:

• a) el derecho a formalizar una solicitud individual;
• b) los plazos y las fases del procedimiento que debe seguirse;
• c) sus derechos y obligaciones durante el procedimiento, incluidos los que se derivan del Reglamento (UE) 2024/1351, y las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones, en particular en lo relativo a la retirada explícita o implícita de una solicitud;
• d) el derecho a consejo jurídico gratuito para la formulación de la solicitud individual y a asistencia jurídica y representación legal gratuitas en todas las fases del procedimiento con arreglo a la sección III del presente capítulo y de conformidad con los artículos 15, 16, 17, 18 y 19;
• e) los medios a través de los cuales pueden cumplir la obligación de aportar los elementos previstos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1347;
• f) la resolución de la autoridad decisoria de conformidad con el artículo 36.

Toda la información mencionada en el presente apartado deberá proporcionarse tan pronto como sea posible para que el solicitante pueda ejercer los derechos garantizados en el presente Reglamento y cumplir adecuadamente las obligaciones establecidas en el artículo 9. La información mencionada en el párrafo primero, letras a) a e), del presente apartado se facilitará al solicitante, a más tardar, en el momento en que se registre la solicitud de protección internacional. Dicha información se facilitará mediante el folleto a que se refiere el apartado 7, en formato físico o digital, y, si es necesario, oralmente. La información se facilitará a los menores de manera adaptada a menores y con la participación del representante o de la persona a la que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), del presente Reglamento.

Se dará al solicitante la oportunidad de confirmar que ha recibido la información. Dicha confirmación constará en el expediente del solicitante. Si el solicitante se niega a confirmar que ha recibido la información, se incluirá en su expediente una nota al respecto.

3. Durante el procedimiento administrativo se prestarán a los solicitantes los servicios de un intérprete para registrar y formalizar una solicitud y, cuando proceda, para la entrevista personal, siempre que no se pueda garantizar de otro modo una comunicación adecuada. Los servicios de interpretación se sufragarán con fondos públicos.

4. Tan pronto como sea posible y antes de que finalice el plazo para formalizar una solicitud con arreglo al artículo 28, apartado 1, la autoridad competente ofrecerá a los solicitantes la oportunidad de comunicarse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o con cualquier otra organización que proporcione asesoramiento jurídico o de otro tipo a los solicitantes de conformidad con el Derecho nacional.

5. La autoridad decisoria velará por que los solicitantes y, si procede, sus representantes o sus asesores jurídicos u consejeros de otro tipo inscritos o autorizados como tales con arreglo al Derecho nacional para prestar asesoramiento jurídico (en lo sucesivo, «asesores jurídicos») tengan acceso a la información prevista en el artículo 34, apartado 2, letras b) y c), que se requiere para el examen de las solicitudes y a la información proporcionada por los expertos a que se refiere el artículo 34, apartado 3, en los casos en que la autoridad decisoria tenga en cuenta dicha información para dictar una resolución sobre su solicitud.

6. La autoridad decisoria deberá notificar por escrito a los solicitantes la resolución sobre su solicitud tan pronto como sea posible. Si el solicitante está representado legalmente por un representante o un asesor jurídico, la autoridad decisoria podrá optar por notificar la resolución a estos en lugar de al solicitante.

7. La Agencia de Asilo, en estrecha cooperación con la Comisión y con cada Estado miembro, elaborará folletos que contengan la información exigida en el presente artículo. Dichos folletos se redactarán de tal manera que los Estados miembros puedan completarlos con información adicional específica del Estado miembro de que se trate y tendrán en cuenta las particularidades de los solicitantes vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad.

Artículo 9 Obligaciones de los solicitantes

1. El solicitante deberá formular su solicitud en el Estado miembro previsto en el artículo 17, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2024/1351.

2. El solicitante deberá cooperar plenamente con las autoridades competentes a que se refiere el artículo 4 en los ámbitos regulados por el presente Reglamento, en particular:

• a) proporcionando los datos a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letras a), b) y d);
• b) ofreciendo una explicación en caso de que no esté en posesión de un documento de identidad o de viaje;
• c) informando de cualquier cambio que se produzca con respecto a su lugar de residencia, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico;
• d) proporcionando datos biométricos;
• e) formalizando su solicitud de conformidad con el artículo 28 y permaneciendo a disposición durante todo el procedimiento;
• f) entregando lo antes posible los documentos pertinentes que posea para el examen de la solicitud;
• g) asistiendo a la entrevista personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13;
• h) permaneciendo en el territorio del Estado miembro en el que esté obligado a estar presente de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1351.

Cuando las autoridades competentes decidan conservar alguno de los documentos a que se refiere el párrafo primero, letra f), se asegurarán de que el solicitante reciba inmediatamente una copia de los originales. En caso de traslado con arreglo al artículo 46 del Reglamento (UE) 2024/1351, las autoridades competentes devolverán dichos documentos al solicitante en el momento del traslado.

3. El solicitante aceptará cualquier comunicación de las autoridades competentes en el lugar de residencia o dirección más reciente, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico que el propio solicitante haya indicado a las autoridades competentes, en particular cuando formalice una solicitud de conformidad con el artículo 28.

Los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional el método de comunicación y el momento en que esta se considere recibida por el solicitante.

4. El solicitante deberá cumplir las obligaciones de personarse ante las autoridades competentes en un momento determinado o con una periodicidad razonable, o de permanecer en un área geográfica designada en su territorio con arreglo a la Directiva (UE) 2024/1346, tal como lo exija el Estado miembro en el que deba estar presente de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351.

5. Sin perjuicio de cualquier registro efectuado por razones de seguridad, cuando sea necesario y esté debidamente justificado para el examen de una solicitud, las autoridades competentes podrán exigir que se someta a un registro al solicitante o se inspeccionen sus pertenencias de conformidad con el Derecho nacional. La autoridad competente comunicará al solicitante los motivos del registro o inspección y los incluirá en el expediente del solicitante. Cualquier registro de un solicitante en virtud del presente Reglamento será realizado por una persona del mismo sexo respetando plenamente los principios de la dignidad humana y la integridad física y psicológica.

Artículo 10 Derecho de permanencia durante el procedimiento administrativo

1. Los solicitantes tendrán derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro en el que estén obligados a estar presentes de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1351 hasta que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud en el procedimiento administrativo establecido en el capítulo III.

2. El derecho de permanencia no constituirá un derecho a obtener un permiso de residencia y no otorgará al solicitante el derecho a viajar al territorio de otros Estados miembros sin el documento de viaje tal como dispone el artículo 6, apartado 3, de la Directiva (UE) 2024/1346.

3. El solicitante no tendrá derecho a permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate durante el procedimiento administrativo cuando la persona sea objeto de una entrega a otro Estado miembro en virtud de obligaciones derivadas de una orden de detención europea dictada con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo (21) .

4. Los Estados miembros podrán establecer una excepción al derecho del solicitante a permanecer en su territorio durante el procedimiento administrativo cuando el solicitante:

• a) formula una solicitud posterior de conformidad con el artículo 55 y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 56;
• b) sea o vaya a ser extraditado, entregado o trasladado a otro Estado miembro, a un tercer país, a la Corte Penal Internacional u otro órgano jurisdiccional internacional a efectos del enjuiciamiento de un delito o de la ejecución de una pena de privación de libertad o de una medida de seguridad;
• c) suponga un peligro para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 17 del Reglamento (UE) 2024/1347, siempre que la aplicación de dicha excepción no dé lugar a que el solicitante sea expulsado a un tercer país en violación del principio de no devolución.

5. Un Estado miembro podrá extraditar, entregar o trasladar a un solicitante a un tercer país o a un órgano jurisdiccional internacional tal como menciona el apartado 4, letra b), únicamente si la autoridad competente considera que tal resolución de extradición, entrega o traslado no constituirá una devolución directa o indirecta en violación de las obligaciones de ese Estado miembro en virtud del Derecho internacional o de la Unión.

Artículo 11 Entrevista de admisibilidad

1. Sin perjuicio del artículo 38, apartado 1, y del artículo 55, apartado 4, antes de que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la inadmisibilidad de una solicitud con arreglo al artículo 38, se ofrecerá al solicitante la oportunidad de mantener una entrevista personal sobre la admisibilidad (en lo sucesivo, «entrevista de admisibilidad»).

2. En la entrevista de admisibilidad se ofrecerá al solicitante la posibilidad de argumentar por qué no le serían aplicables las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 38.

Artículo 12 Entrevista sustantiva

1. Antes de que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre el fondo de una solicitud de protección internacional, se ofrecerá al solicitante la oportunidad de mantener una entrevista personal sobre los aspectos sustantivos de su solicitud (en lo sucesivo, «entrevista sustantiva»). La entrevista sustantiva podrá celebrarse al mismo tiempo que la entrevista de admisibilidad, siempre y cuando el solicitante haya sido informado previamente de dicha posibilidad y haya podido consultar a su asesor jurídico de conformidad con el artículo 15 o a una persona a la que se haya encomendado la prestación de consejo jurídico de conformidad con el artículo 16.

2. En la entrevista sustantiva se ofrecerá al solicitante la posibilidad de presentar los datos necesarios para fundamentar su solicitud, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347, y el solicitante deberá aportar los datos a que se refiere el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento de la forma más completa posible. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de dar explicaciones sobre los datos que puedan faltar o las incoherencias o contradicciones que puedan existir en sus declaraciones.

Artículo 13 Requisitos de las entrevistas personales

1. Las entrevistas personales previstas en los artículos 11 y 12 se celebrarán de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

2. Cuando se formalice una solicitud de protección internacional de conformidad con el artículo 31, se ofrecerá al adulto responsable a que se refiere dicha disposición la oportunidad de mantener una entrevista personal con arreglo a los artículos 11 y 12. También se dará al solicitante la oportunidad de participar en dicha entrevista, siempre que no sea aplicable el apartado 11, letra c), del presente artículo.

3. Las entrevistas personales se celebrarán en condiciones que garanticen la adecuada intimidad y confidencialidad y que permitan a los solicitantes exponer los motivos de sus solicitudes de manera completa.

4. Cuando el solicitante haya decidido hacer uso de la asistencia jurídica con arreglo a la sección III del presente capítulo, se garantizará la presencia de su asesor jurídico en la entrevista personal.

5. Para las entrevistas personales se proporcionará un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación entre el solicitante y la persona que efectúe la entrevista.

Podrá preverse la presencia de un mediador cultural durante las entrevistas personales.

Los Estados miembros darán preferencia a los intérpretes y mediadores culturales que hayan recibido formación, como la contemplada en el artículo 8, apartado 4, letra m), del Reglamento (UE) 2021/2303.

Los Estados miembros se asegurarán de que los intérpretes y los mediadores culturales sean informados de la terminología y los conceptos clave pertinentes para la evaluación de las solicitudes de protección internacional, como por ejemplo mediante un folleto estándar o una guía. La comunicación se mantendrá en la lengua que prefiera el solicitante, a menos que haya otra lengua que comprenda y en la que sea capaz de comunicarse claramente.

6. Las entrevistas personales serán realizadas por el personal de la autoridad decisoria.

Cuando un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formulen solicitudes en el mismo período de tiempo y como consecuencia de ello no resulte factible mantener entrevistas personales de manera oportuna con cada solicitante, la autoridad decisoria podrá estar asistida temporalmente por el personal de otras autoridades de ese Estado miembro, previa formación pertinente de dicho personal que incluya los aspectos contemplados en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/2303 para celebrar tales entrevistas, o por la Agencia de Asilo de conformidad con el artículo 5.

7. La persona que realice la entrevista deberá:

• a) ser competente para tener en cuenta las circunstancias personales y generales en las que se formula la solicitud, tales como la situación imperante en el país de origen del solicitante, así como el origen cultural, la edad, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la vulnerabilidad y las necesidades procedimentales especiales del solicitante;
• b) no llevar uniforme del ejército ni de otras fuerzas del orden.

8. El personal que entreviste a los solicitantes, incluidos los expertos enviados por la Agencia de Asilo, deberá:

• a) poseer conocimientos generales de los factores que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista, tales como indicios de que el solicitante pudiera haber sufrido torturas en el pasado o haber sido víctima de trata de seres humanos;
• b) recibir, previamente, una formación que incluya los aspectos pertinentes de entre los contemplados en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/2303.

9. Si así lo pide el solicitante, y siempre que sea posible, la autoridad decisoria velará por que los entrevistadores y los intérpretes sean del sexo que el solicitante prefiera, a menos que dicha autoridad tenga motivos para considerar que la petición no obedece a dificultades del solicitante para exponer los motivos de su solicitud de manera completa.

10. Como excepción, la autoridad decisoria podrá celebrar la entrevista personal por videoconferencia cuando las circunstancias lo justifiquen debidamente.

En tal caso, la autoridad decisoria garantizará que se adopten las medidas necesarias para que las instalaciones, las normas de procedimiento y técnicas, la asistencia jurídica y la interpretación sean adecuadas, teniendo en cuenta las orientaciones de la Agencia de Asilo.

11. Podrá prescindirse de la entrevista de admisibilidad o de la sustantiva, según el caso, cuando:

• a) la autoridad decisoria pueda adoptar una decisión positiva con respecto al estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria sobre la base de las pruebas disponibles, siempre que el estatuto de protección subsidiaria ofrezca los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y nacional;
• b) la autoridad decisoria considere que la solicitud no es inadmisible sobre la base de las pruebas disponibles;
• c) la autoridad decisoria considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control;
• d) en el caso de una solicitud posterior, el examen preliminar a que se refiere el artículo 55, apartado 4, se vaya a realizar sobre la base de una declaración escrita;
• e) la autoridad decisoria considere inadmisible la solicitud con arreglo al artículo 38, apartado 1, letra c).

La omisión de la entrevista personal con arreglo al párrafo primero, letra c), no afectará desfavorablemente la decisión de la autoridad decisoria. Cuando se omita la entrevista personal con arreglo a dicha disposición, la autoridad decisoria dará al solicitante la oportunidad efectiva de presentar más información por escrito.

En caso de duda sobre la capacidad o la aptitud del solicitante para ser entrevistado, la autoridad decisoria consultará a un profesional médico para determinar si el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado de manera temporal o si su situación es de carácter duradero. Si, tras la consulta a dicho profesional médico, queda claro que el problema de salud por el que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado es de carácter temporal, la autoridad decisoria aplazará la entrevista personal hasta que el solicitante tenga capacidad o aptitud para ser entrevistado.

Cuando el solicitante no pueda asistir a la entrevista personal debido a circunstancias específicas ajenas a su voluntad, la autoridad decisoria reprogramará dicha entrevista.

12. Los solicitantes estarán presentes en la entrevista personal y deberán responder en persona a las preguntas formuladas.

13. El solicitante podrá ser asistido por un asesor jurídico en la entrevista personal, incluso cuando se celebre por videoconferencia.

La ausencia del asesor jurídico no impedirá que la autoridad decisoria lleve a cabo la entrevista.

Los Estados miembros podrán establecer en su Derecho nacional que, cuando un asesor jurídico participe en la entrevista personal, este solo pueda intervenir al final de la entrevista.

14. Sin perjuicio del artículo 11, apartado 1, y el artículo 12, apartado 1, y siempre que se hayan realizado esfuerzos suficientes para garantizar que se brinde al solicitante la oportunidad de realizar una entrevista personal, la ausencia de entrevista personal no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de protección internacional.

Artículo 14 Informe y grabación de las entrevistas personales

1. La autoridad decisoria o cualquier otra autoridad o expertos que le asistan con arreglo al artículo 5 y el artículo 13, apartado 6, en la realización de las entrevistas personales elaborarán un informe exhaustivo y objetivo que contendrá todos los datos principales de la entrevista personal, o una transcripción de la entrevista o de la grabación de dicha entrevista, que se incluirá en el expediente del solicitante.

2. Las entrevistas personales se grabarán utilizando medios de grabación de audio. El solicitante deberá ser informado previamente de la realización de dicha grabación y del propósito de esta. Se deberá prestar especial atención a las necesidades de los solicitantes que necesiten garantías procedimentales especiales. La autoridad decisoria incluirá la grabación en el expediente del solicitante.

3. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de hacer comentarios o aclaraciones orales o por escrito en relación con cualquier error de traducción, malentendido u otro error de hecho que figure en el informe, en la transcripción de la entrevista o en la transcripción de la grabación, bien al finalizar la entrevista personal, bien en un plazo específico antes de que la autoridad decisoria dicte una resolución. A tal fin, el solicitante deberá haber sido plenamente informado de todo el contenido del informe, de la transcripción de la entrevista o de la transcripción de la grabación, en caso necesario con la asistencia de un intérprete.

4. Se pedirá al solicitante que confirme que el contenido del informe o la transcripción de la entrevista reflejan fielmente la entrevista personal. Cuando el solicitante se niegue a confirmar el contenido, constarán en el expediente del solicitante los motivos de su negativa. Esta negativa no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud. En caso de duda sobre las declaraciones realizadas por el solicitante durante la entrevista personal, prevalecerá la grabación de audio.

5. No será necesario pedir al solicitante que presente observaciones o aclaraciones sobre el informe o la transcripción de la entrevista, ni que confirme que el contenido del informe o la transcripción de la entrevista refleja fielmente la entrevista cuando:

• a) con arreglo al Derecho nacional, la grabación o una transcripción de esta pueda admitirse como prueba en el procedimiento de recurso, o
• b) la autoridad decisoria tenga la convicción de que se concederá al solicitante el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, siempre que el estatuto de protección subsidiaria ofrezca los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho nacional y de la Unión.

6. Los solicitantes y, cuando hayan sido designados, sus representantes y sus asesores jurídicos tendrán acceso al informe o transcripciones a que se refiere el apartado 1 lo antes posible después de la entrevista y, en cualquier caso, de manera oportuna antes de que la autoridad decisoria adopte una resolución.

El acceso a la grabación se facilitará asimismo en el procedimiento de recurso.

Artículo 15 Derecho a consejo jurídico y a asistencia jurídica y representación legal

1. Los solicitantes tendrán derecho a consultar de forma efectiva a un asesor jurídico o consejero de otro tipo sobre asuntos relativos a sus solicitudes en todas las fases del procedimiento.

2. Sin perjuicio del derecho del solicitante a elegir su propio asesor jurídico o consejero de otro tipo a su costa, el solicitante podrá pedir consejo jurídico gratuito en el procedimiento administrativo previsto en el capítulo III, de conformidad con el artículo 16, y asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso previsto en el capítulo V, de conformidad con el artículo 17.

Se deberá informar al solicitante lo antes posible y a más tardar cuando se registre la solicitud, de conformidad con el artículo 27, de su derecho a solicitar consejo jurídico gratuito o asistencia jurídica y representación legal gratuitas.

3. Los Estados miembros podrán prever asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento administrativo, de conformidad con el Derecho nacional.

4. Los Estados miembros podrán organizar la prestación de consejo jurídico y de asistencia jurídica y representación legal de conformidad con sus ordenamientos nacionales.

Artículo 16 Consejo jurídico gratuito en el procedimiento administrativo

1. Los Estados miembros, a petición del solicitante, prestarán consejo jurídico gratuito en el procedimiento administrativo previsto en el capítulo III.

A efectos del párrafo primero, el acceso efectivo al consejo jurídico gratuito podrá proporcionarse encomendando a una persona la prestación de consejo jurídico en la fase administrativa del procedimiento a varios solicitantes al mismo tiempo.

2. A efectos del procedimiento administrativo, el consejo jurídico gratuito incluirá la prestación de:

• a) orientación y explicaciones sobre el procedimiento administrativo, incluida la información sobre los derechos y las obligaciones durante dicho procedimiento;
• b) asistencia con respecto a la formalización de la solicitud y orientación sobre:
  • i) los diferentes procedimientos con arreglo a los cuales puede examinarse la solicitud y los motivos de la aplicación de dichos procedimientos,
  • ii) las normas relativas a la admisibilidad de una solicitud,
  • iii) las cuestiones jurídicas que pueden plantearse durante el procedimiento, incluida la información sobre las vías de impugnación de una decisión denegatoria de una solicitud de conformidad con los artículos 67, 68 y 69.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá excluirse la prestación de consejo jurídico gratuito en el procedimiento administrativo cuando:

• a) la solicitud es una primera solicitud posterior que se considera formalizada con el único fin de retrasar o frustrar la ejecución de una decisión de retorno que daría lugar a la expulsión inmediata del solicitante del Estado miembro;
• b) se trate de una segunda o sucesiva solicitud posterior;
• c) el solicitante ya esté siendo asistido y representado por un asesor jurídico.

4. A efectos de la aplicación del presente artículo, los Estados miembros podrán pedir la ayuda de la Agencia de Asilo. Además, podrá prestarse apoyo financiero a los Estados miembros a través de fondos de la Unión, de conformidad con los actos jurídicos que rigen tales fondos.

Artículo 17 Asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso

1. En el procedimiento de recurso, los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, este disponga de asistencia jurídica y representación legal gratuitas. Dicha asistencia jurídica y representación legal gratuitas incluirán la preparación de los documentos procesales necesarios en virtud del Derecho nacional, la preparación del recurso y, en caso de audiencia, la participación en dicha audiencia ante un órgano jurisdiccional.

2. Los Estados miembros podrán excluir la prestación de asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso cuando:

• a) se considere que el solicitante, que deberá exponer su situación económica, dispone de recursos suficientes para sufragar la asistencia jurídica y la representación legal a su propia costa;
• b) se considere que el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo;
• c) el recurso o revisión se efectúe en una instancia segunda o superior con arreglo al Derecho nacional, incluidas las reaudiencias o los reexámenes del recurso;
• d) el solicitante ya está siendo asistido o representado por un asesor jurídico.

3. Si la resolución de no conceder asistencia jurídica y representación legal gratuitas es dictada por una autoridad que no sea un órgano jurisdiccional, por considerar que el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo, el solicitante tendrá derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra dicha resolución. A tal efecto, el solicitante tendrá derecho a solicitar asistencia jurídica y representación legal gratuitas.

Artículo 18 Alcance del consejo jurídico y de la asistencia jurídica y la representación legal

1. El asesor jurídico que represente legalmente a un solicitante de conformidad con el Derecho nacional deberá tener acceso a la información que obre en el expediente del solicitante sobre cuya base se haya dictado o se vaya a dictar una resolución.

2. Podrá denegarse el acceso a la información o a las fuentes del expediente del solicitante, de conformidad con el Derecho nacional cuando la divulgación de información o fuentes ponga en peligro la seguridad nacional, la seguridad de las organizaciones o personas que faciliten la información o la seguridad de las personas a las que se refiera la información o cuando su divulgación perjudique los intereses de la investigación relacionados con el examen de las solicitudes de protección internacional por las autoridades competentes de los Estados miembros, se vean comprometidas las relaciones internacionales de los Estados miembros o cuando la información o las fuentes estén clasificadas con arreglo al Derecho nacional. En tales casos, la autoridad decisoria deberá:

• a) facilitar el acceso a dicha información o dichas fuentes a los órganos jurisdiccionales durante el procedimiento de recurso, y
• b) garantizar que se respete el derecho de defensa del solicitante.

A efectos de la letra b) del párrafo primero, los Estados miembros facilitarán el acceso a la información o a las fuentes al asesor jurídico que represente legalmente al solicitante y que haya pasado un control de seguridad, en la medida en que dicha información sea relevante para el examen de la solicitud o la adopción de una resolución de retirar la protección internacional.

3. El asesor jurídico del solicitante o la persona encargada de prestar consejo jurídico, que aconseje, asista o represente a un solicitante deberá tener acceso a recintos cerrados, como centros de internamiento y zonas de tránsito, a efectos de aconsejar, asistir o representar a dicho solicitante, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2024/1346.

Artículo 19 Condiciones para la prestación gratuita de consejo jurídico, asistencia jurídica y representación legal

1. El consejo jurídico, la asistencia jurídica y la representación legal serán prestados gratuitamente por asesores jurídicos u consejeros de otro tipo admitidos o autorizados por el Derecho nacional para aconsejar, asistir o representar a los solicitantes, o por organizaciones legalmente no gubernamentales autorizadas por el Derecho nacional a prestar servicios jurídicos a los solicitantes o representarlos legalmente.

2. Los Estados miembros establecerán normas procesales específicas sobre las modalidades de presentación y tramitación de solicitudes para la prestación gratuita de consejo jurídico, asistencia jurídica y representación legal en relación con las solicitudes de protección internacional, o bien aplicarán la normativa vigente para solicitudes nacionales de similar naturaleza, siempre que dicha normativa no sea más restrictiva o haga imposible o excesivamente difícil el acceso al consejo jurídico, la asistencia jurídica y la representación legal gratuitos.

3. Los Estados miembros establecerán normas específicas relativas a la exclusión de la prestación gratuita de consejo jurídico, asistencia jurídica y representación legal, de conformidad con el artículo 16, apartado 3, y el artículo 17, apartado 2, respectivamente.

4. Asimismo, los Estados miembros podrán imponer límites económicos o temporales a la prestación gratuita de consejo jurídico, asistencia jurídica y representación legal, siempre que dichos límites no sean arbitrarios y no restrinjan indebidamente el acceso al consejo jurídico, la asistencia jurídica y la representación legal gratuitos. En lo referente a los honorarios y otros costes, el trato que se dé a los solicitantes no deberá ser menos favorable que el que suela darse a los nacionales en lo que se refiere a la asistencia jurídica.

5. Los Estados miembros podrán pedir al solicitante el reembolso total o parcial de los gastos realizados en relación con la prestación de asistencia jurídica y representación legal si la situación económica del solicitante mejora considerablemente durante el procedimiento o si la resolución de prestar gratuitamente asistencia jurídica y representación legal se hubiese basado en información falsa facilitada por el solicitante. A tal fin, los solicitantes informarán inmediatamente a las autoridades competentes de cualquier cambio significativo en su situación financiera.

Artículo 20 Evaluación de la necesidad de garantías procedimentales especiales

1. Las autoridades competentes evaluarán individualmente si el solicitante necesita garantías procedimentales especiales, con la asistencia de un intérprete, en caso necesario. Esta evaluación podrá integrarse en los procedimientos nacionales existentes o en la evaluación a que se refiere el artículo 25 de la Directiva (UE) 2024/1346, y sin necesidad de que adopte la forma de un procedimiento administrativo. Cuando así lo exija el Derecho nacional, la evaluación podrá ponerse a disposición de la autoridad decisoria y sus resultados podrán transmitirse a esta, siempre que el solicitante preste su consentimiento.

2. La evaluación a que se refiere el apartado 1 se iniciará lo antes posible tras formularse una solicitud, determinando si un solicitante presenta primeros indicios de que pueda requerir garantías procedimentales especiales. La determinación se basará en signos visibles, en las declaraciones o el comportamiento del solicitante o en cualquier documento pertinente. En el caso de los menores, también se tendrán en cuenta las declaraciones de los progenitores, del adulto responsable del menor -ya sea con arreglo al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate- o del representante del solicitante. Cuando registren la solicitud, las autoridades competentes incluirán información sobre estos primeros indicios en el expediente del solicitante y pondrán dicha información a disposición de la autoridad decisoria.

3. La evaluación a que se refiere el apartado 1 continuará tras la formalización de la solicitud, teniendo en cuenta cualquier información que conste en el expediente del solicitante.

La evaluación a que se refiere el apartado 1 concluirá lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de treinta días. Se revisará en caso de que se produzcan modificaciones importantes en las circunstancias del solicitante o cuando la necesidad de garantías procedimentales especiales se manifieste una vez finalizada la evaluación.

4. La autoridad competente podrá derivar al solicitante, a reserva de su consentimiento previo, a un médico o psicólogo competente u otro profesional para que le asesore sobre su necesidad de garantías procedimentales especiales, dando prioridad a los casos en que haya indicios de que los solicitantes podrían haber sido víctimas de tortura, violación u otra forma grave de violencia psicológica, física, sexual o de género y que pudieran afectar negativamente a su capacidad para participar de manera efectiva en el procedimiento. Cuando el solicitante dé su consentimiento para que se le derive de conformidad con el presente párrafo, se considerará que dicho consentimiento incluye el consentimiento para la transmisión de los resultados de la derivación a la autoridad competente.

La autoridad decisoria tendrá en cuenta el asesoramiento prestado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero cuando decida el tipo de garantías procedimentales especiales que pueden proporcionarse al solicitante.

Cuando proceda y sin perjuicio del reconocimiento médico, la evaluación a que se refiere el apartado 1 podrá integrarse en los reconocimientos médicos a que se refieren los artículos 24 y 25.

5. El personal pertinente de las autoridades competentes así como cualquier médico, psicólogo u otro profesional que asesore sobre la necesidad de garantías procedimentales especiales, recibirá formación que le permita detectar signos de vulnerabilidad de los solicitantes que pueden necesitar garantías procedimentales especiales y responder a dichas necesidades cuando se detecten.

Artículo 21 Solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales

1. En caso de que se haya determinado que los solicitantes necesitan garantías procedimentales especiales, deberán recibir el apoyo necesario que les permita disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones que establece el presente Reglamento mientras dure el procedimiento en materia de protección internacional.

2. Cuando la autoridad decisoria, también sobre la base de la evaluación de otra autoridad nacional pertinente, considere que no puede prestarse el apoyo necesario mencionado en el apartado 1 del presente artículo en el marco del procedimiento de examen acelerado a que se refiere el artículo 42 o del procedimiento fronterizo a que se refiere el artículo 43 prestando una especial atención a las víctimas de tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física, sexual o de género, la autoridad decisoria no aplicará, o dejará de aplicar, dichos procedimientos al solicitante.

Artículo 22 Garantías para los menores

1. Al aplicar el presente Reglamento, las autoridades competentes deberán considerar primordial el interés superior del niño.

2. La autoridad decisoria evaluará el interés superior del niño con arreglo al artículo 26 de la Directiva (UE) 2024/1346.

3. La autoridad decisoria ofrecerá al menor la oportunidad de una entrevista personal, incluido el caso en que formule la solicitud en su propio nombre de conformidad con el artículo 32 y el artículo 33, apartado 1, a menos que ello no redunde en el interés superior del niño. En tal caso, la autoridad decisoria deberá indicar los motivos que han llevado a decidir no ofrecer al menor la oportunidad de una entrevista personal.

La entrevista personal de un menor será realizada por una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre los derechos y las necesidades especiales de los menores. Se celebrará de una manera adaptada al menor y al contexto, que tenga en cuenta su edad y grado de madurez.

4. Cuando un menor esté acompañado, la entrevista personal se llevará a cabo en presencia de un adulto responsable de él -ya sea con arreglo al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate- y, en su caso, de un asesor jurídico. Asimismo, cuando resulte necesario y redunde en el interés superior del niño, los Estados miembros también podrán celebrar la entrevista personal con dicho menor en presencia de una persona con la experiencia y las capacidades necesarias. Por razones justificadas, y únicamente cuando redunde en el interés superior del niño, la autoridad decisoria podrá entrevistarlo sin la presencia de un adulto responsable, siempre que garantice que durante la entrevista el menor está asistido por una persona con la experiencia y las capacidades necesarias para salvaguardar su interés superior.

5. La resolución sobre la solicitud de un menor será preparada por el personal pertinente de la autoridad decisoria. Dicho personal tendrá los conocimientos necesarios y habrá recibido una formación adecuada sobre los derechos y las necesidades especiales de los menores.

Artículo 23 Garantías especiales para menores no acompañados

1. Las autoridades competentes velarán por que los menores no acompañados estén representados y asistidos de manera que puedan disfrutar de los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan del presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2024/1351, la Directiva (UE) 2024/1346 y el Reglamento (UE) 2024/1358.

2. Cuando la solicitud la formule una persona que alegue ser menor, o respecto de la cual existan motivos objetivos para creer que es menor, y que no esté acompañada, las autoridades competentes:

• a) designarán lo antes posible -y, en todo caso, a su debido tiempo a efectos de lo dispuesto en el apartado 6 y, cuando proceda, en el apartado 7- una persona con la experiencia y las capacidades necesarias para asistir provisionalmente al menor a fin de salvaguardar su interés superior y su bienestar general de manera que pueda disfrutar de los derechos contemplados en el presente Reglamento y, en su caso, para actuar como representante hasta que se nombre a un representante;
• b) nombrarán a un representante lo antes posible y, a más tardar, quince días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud.

El representante y la persona a que se refiere el párrafo primero, letra a), del presente apartado podrán ser los mismos que los previstos en el artículo 27 de la Directiva (UE) 2024/1346. Se reunirá con el menor no acompañado y tendrá en cuenta la opinión de este sobre sus necesidades, en función de la edad y el grado de madurez del menor.

Cuando la autoridad competente haya concluido que un solicitante que afirma ser menor ya ha cumplido, sin lugar a dudas, los dieciocho años, no es necesario que nombre a un representante de conformidad con el presente apartado.

Las funciones del representante o de la persona a que se refiere el párrafo primero, letra a), del presente apartado cesarán cuando las autoridades competentes, tras la determinación de la edad a que se refiere el artículo 25, apartado 1, no estimen que el solicitante es un menor o consideren que el solicitante no es menor o cuando el solicitante ya no sea un menor no acompañado.

3. En caso de que se dé un número desproporcionado de solicitudes formuladas por menores no acompañados o en otras situaciones excepcionales, el plazo para nombrar a un representante, tal como se menciona en el apartado 2, párrafo primero, letra b), podrá prorrogarse diez días hábiles, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, párrafo tercero.

4. Cuando se designe una organización con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esta nombrará a una persona física para realizar las tareas a que se refiere el presente artículo en relación con el menor no acompañado.

5. De forma inmediata, la autoridad competente informará:

• a) al menor no acompañado, de manera adaptada a los menores y en una lengua que pueda comprender, de la designación de la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), y de su representante, así como de la forma de presentar una queja contra la persona mencionada en el apartado 2, párrafo primero, letras a) o b), de forma confidencial y segura;
• b) a la autoridad decisoria y a la autoridad competente para el registro de la solicitud, cuando proceda, de que se ha nombrado un representante para el menor no acompañado, y
• c) a la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), y al representante de los hechos pertinentes, las fases procedimentales y los plazos relativos a la solicitud del menor no acompañado.

El representante y la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), tendrán acceso al contenido de los documentos pertinentes del expediente del menor, incluido el material informativo específico para los menores no acompañados.

6. La persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), se reunirá con el menor no acompañado y llevará a cabo -entre otras- las siguientes tareas, cuando proceda junto al asesor jurídico:

• a) proporcionar al menor no acompañado la información pertinente en relación con los procedimientos previstos en el presente Reglamento;
• b) cuando proceda, asistir al menor no acompañado en relación con el procedimiento de determinación de la edad a que se refiere el artículo 25;
• c) cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente sobre los procedimientos previstos en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1358 y asistirle al respecto.

7. Mientras no se haya nombrado un representante, los Estados miembros podrán autorizar a la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), a asistir al menor para registrar y formalizar la solicitud, o a formalizar la solicitud en nombre del menor de conformidad con el artículo 33.

8. El representante se reunirá con el menor no acompañado y llevará a cabo -entre otras- las siguientes tareas, cuando proceda, junto al asesor jurídico:

• a) cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente en relación con los procedimientos previstos en el presente Reglamento;
• b) cuando proceda, asistirle en el procedimiento de determinación de la edad a que se refiere el artículo 25;
• c) cuando proceda, asistirle en el registro de su solicitud;
• d) cuando proceda, asistirle en la formalización de la solicitud o la formalizará en nombre del menor no acompañado, de conformidad con el artículo 33;
• e) cuando proceda, asistirle en la preparación de la entrevista personal y estar presente en esta, e informará al menor no acompañado sobre la finalidad y las posibles consecuencias de la entrevista personal y sobre cómo preparar dicha entrevista;
• f) cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente sobre los procedimientos previstos en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1358 y asistirle al respecto.

En la entrevista personal, el representante y el asesor jurídico tendrán la oportunidad de formular preguntas o hacer comentarios en el marco establecido por la persona que lleve a cabo la entrevista.

La autoridad decisoria podrá exigir que el menor no acompañado esté presente en la entrevista personal, aun cuando estén presentes el representante o el asesor jurídico.

9. El representante ejercerá sus funciones de conformidad con el principio del interés superior del niño y poseerá las cualificaciones, la formación y la experiencia necesarias a tal efecto. Los representantes recibirán formación periódica para desempeñar sus funciones y no tendrán antecedentes penales, en particular por lo que se refiere a delitos relacionados con menores.

Solo se sustituirá al representante si las autoridades competentes consideran que las tareas de dicho representante o persona no se han llevado a cabo adecuadamente. No podrán ser nombrados representantes las entidades o personas físicas cuyos intereses entren en conflicto o pudieran entrar en conflicto con los del menor no acompañado.

10. Las autoridades competentes encomendarán a una persona física que actúe como representante o a una persona apta para actuar provisionalmente como representante un número proporcionado y limitado de menores no acompañados y, en circunstancias normales, no más de treinta menores no acompañados simultáneamente, con el fin de garantizar que dicha persona pueda desempeñar su cometido con eficacia.

En caso de que se dé un número desproporcionado de solicitudes formuladas por menores no acompañados o en otras situaciones excepcionales, el número de menores no acompañados por representante podrá incrementarse hasta un máximo de cincuenta menores no acompañados.

Los Estados miembros garantizarán que haya autoridades administrativas o judiciales u otras entidades responsables de supervisar, periódicamente, que el representante y las personas designadas con arreglo al apartado 2, párrafo primero, letra a), desempeñen adecuadamente sus tareas, entre otras maneras, examinando periódicamente los registros de antecedentes penales de esos representantes nombrados y personas designadas con el fin de detectar posibles incompatibilidades con su función. Esas autoridades administrativas o judiciales u otras entidades examinarán las denuncias presentadas por menores no acompañados contra representantes nombrados o personas designadas en virtud del apartado 2, párrafo primero, letra a).

Artículo 24 Reconocimiento médico

1. Si la autoridad decisoria lo considera pertinente para el examen de una solicitud de protección internacional, podrá pedir, siempre que el solicitante dé su consentimiento, un reconocimiento médico del solicitante en relación con signos y síntomas que puedan denotar persecución o daños graves sufridos en el pasado y que se le informe de los resultados de dicho reconocimiento.

2. En el caso de un menor, el reconocimiento médico solo se llevará a cabo cuando alguno de los progenitores, el adulto responsable -ya sea con arreglo al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate-, el representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), y, cuando así lo disponga el Derecho nacional, el solicitante, den su consentimiento.

El reconocimiento médico será gratuito para el solicitante y se pagará con cargo a fondos públicos.

Cuando proceda, los reconocimientos médicos y exámenes de vulnerabilidad a que se refiere el artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1356 podrán tenerse en cuenta para el reconocimiento médico a que se refiere el presente artículo.

3. En caso de no efectuarse un reconocimiento médico de conformidad con el apartado 1, la autoridad decisoria informará a los solicitantes de que pueden someterse, por iniciativa propia y a sus expensas, a un reconocimiento médico en relación con signos y síntomas que puedan denotar persecuciones o daños graves sufridos en el pasado.

4. Los resultados del reconocimiento médico a que se refieren los apartados 1 o 3 se entregarán a la autoridad decisoria y al solicitante lo antes posible y esta los evaluará junto con los restantes elementos de la solicitud.

5. El reconocimiento médico será lo menos invasivo posible y únicamente lo llevarán a cabo profesionales médicos cualificados. Se llevará a cabo de una manera que respete la dignidad de la persona.

6. La negativa del solicitante a someterse a un reconocimiento médico o la decisión de someterse a un reconocimiento médico por iniciativa propia, cuando dicho reconocimiento no tenga lugar en un plazo adecuado teniendo en cuenta la disponibilidad de citas para los reconocimientos médicos en el Estado miembro responsable, no impedirán que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de protección internacional.

Artículo 25 Determinación de la edad de los menores

1. En los casos en que, como consecuencia de las declaraciones del solicitante, las pruebas documentales disponibles u otras indicaciones pertinentes, haya dudas de que un solicitante sea menor, la autoridad decisoria podrá encargar un examen multidisciplinar, incluida una evaluación psicosocial, que realizarán profesionales cualificados para determinar la edad del solicitante en el marco del examen de una solicitud. La determinación de la edad no debe basarse exclusivamente en la apariencia física ni en el comportamiento del solicitante. A efectos de la determinación de la edad, los documentos disponibles se considerarán auténticos, salvo prueba en contrario, y se tendrán en cuenta las declaraciones de los menores.

2. En los casos en que persistan dudas sobre la edad de un solicitante después del examen multidisciplinar, pueden emplearse reconocimientos médicos como medida de último recurso para determinar la edad del solicitante en el marco del examen de una solicitud. Cuando el resultado del proceso de determinación de la edad a que se refiere el presente apartado no sea concluyente con respecto a la edad del solicitante o incluya un rango de edad por debajo de los dieciocho años, los Estados miembros deberán presumir que el solicitante es un menor.

3. Todo reconocimiento médico realizado para los fines establecidos en el apartado 2 será lo menos invasivo posible y respetando plenamente la dignidad de la persona. Estos reconocimientos serán realizados por profesionales médicos con experiencia y conocimientos especializados en la estimación de la edad.

Cuando se aplique el presente apartado, los resultados del reconocimiento médico y del examen multidisciplinar se analizarán conjuntamente, lo que debe permitir obtener el resultado más fiable posible.

4. Cuando se recurra a un reconocimiento médico para evaluar la edad de un solicitante, la autoridad competente garantizará que el solicitante, sus progenitores, el adulto responsable -ya sea con arreglo al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate-, su representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), sean informados -antes del examen de su solicitud de protección internacional y en una lengua que comprendan y de forma adaptada a los menores y a su edad- de que existe la posibilidad de que se evalúe su edad mediante un reconocimiento médico. Ello incluirá información sobre el método de reconocimiento, las posibles consecuencias que el reconocimiento médico pueda tener para el examen de la solicitud, y sobre la posibilidad y las consecuencias de la negativa por parte del solicitante a someterse al reconocimiento médico. Todos los documentos relativos al reconocimiento médico se incluirán en el expediente del solicitante.

5. Solo se llevará a cabo un reconocimiento médico para evaluar la edad de los solicitantes cuando estos, sus progenitores, el adulto responsable a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, su representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), hayan recibido la información prevista en el apartado 4 del presente artículo.

6. La negativa de los solicitantes, sus progenitores, el adulto responsable a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, su representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), a que se lleve a cabo un reconocimiento médico a efectos de determinar la edad del solicitante no impedirá que la autoridad decisoria dicte una resolución sobre la solicitud de protección internacional. Tal negativa solo puede considerarse una presunción refutable de que el solicitante no es un menor.

7. Un Estado miembro podrá reconocer las decisiones de determinación de la edad tomadas por otros Estados miembros cuando la determinación de la edad se haya llevado a cabo a cabo de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 26 Formulación de una solicitud de protección internacional

1. Se considerará que una solicitud de protección internacional se ha formulado cuando un nacional de un tercer país o apátrida, incluido un menor no acompañado, exprese en persona ante una autoridad competente contemplada en el artículo 4, apartados 1 y 2, el deseo de recibir protección internacional de un Estado miembro.

Si los funcionarios de la autoridad competente tienen dudas acerca de si una declaración determinada debe considerarse una solicitud de protección internacional, preguntarán a la persona expresamente si desea recibir protección internacional.

2. Cuando sea pertinente, se informará a las autoridades responsables de las instalaciones de acogida, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346, de que se ha formulado una solicitud. En el caso de los nacionales de terceros países sujetos al triaje mencionado en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1356, los Estados miembros podrán optar por aplicar dicho apartado únicamente después de que haya concluido el triaje.

Artículo 27 Registro de solicitudes de protección internacional

1. Sin perjuicio de las obligaciones de recoger y transmitir datos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1358, las autoridades competentes para registrar las solicitudes, las autoridades de otro Estado miembro mencionadas en el artículo 5, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, o los expertos enviados por la Agencia de Asilo que los asisten con dicha tarea, registrarán cada solicitud sin demora y, en todo caso, a más tardar cinco días desde el momento en que se formuló. A tal efecto, deberán registrar la siguiente información, que podrá proceder del formulario del triaje a que se refiere el artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1356:

• a) nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidades o el hecho de que el solicitante sea apátrida, miembros de la familia tal como se define en el artículo 2, punto 8, del Reglamento (UE) 2024/1351 y, en el caso de los menores, los hermanos o parientes -tal como se define en el artículo 2, punto 9, de dicho Reglamento- que estén presentes en un Estado miembro, si procede, y otros datos personales del solicitante pertinentes para el procedimiento en materia de protección internacional y por el que se determina el Estado miembro responsable;
• b) cuando esté disponible, el tipo, número y el período de validez de cualquier documento de identidad o de viaje del solicitante, y el país de emisión de dicho documento, así como otros documentos proporcionados por el solicitante que la autoridad competente considere pertinentes a efectos de su identificación, del procedimiento en materia de protección internacional y de la determinación del Estado miembro responsable;
• c) fecha de la solicitud, lugar en que se formuló y autoridad ante la cual se formuló;
• d) ubicación, lugar de residencia o dirección del solicitante y, si dispone de teléfono, su número y una dirección de correo electrónico en que se le pueda localizar.

En caso de que los Estados miembros ya hayan obtenido los datos contemplados en las letras a) y b) del párrafo primero antes de que se formule la solicitud, no deberán solicitarlos de nuevo.

2. Cuando una persona alegue no tener ninguna nacionalidad, este hecho se registrará claramente a la espera de que se determine si la persona es apátrida.

3. En caso de formularse una solicitud de protección internacional ante una autoridad a la que se le haya confiado su recepción, pero que no sea responsable de su registro, dicha autoridad informará de la solicitud a la autoridad responsable del registro de las solicitudes, rápidamente y en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud. La autoridad responsable del registro de las solicitudes registrará la solicitud lo antes posible y en un plazo máximo de cinco días desde que haya recibido la información.

4. Si la información es recopilada por la autoridad decisoria o por otra autoridad que la asista con el fin de examinar la solicitud, también podrán recopilarse datos adicionales necesarios para el examen en el momento del registro.

5. Si hay un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas que formula su solicitud en el mismo período y esto hace que no sea factible el registro de las solicitudes en los plazos establecidos en los apartados 1 y 3, la solicitud se registrará, a más tardar, en un plazo máximo de quince días a partir de la fecha en que se formuló.

6. Sin perjuicio del derecho del solicitante a presentar nuevos elementos en apoyo de la solicitud, en el caso de una solicitud posterior, cuando la autoridad competente ya disponga de la información a que se refieren el apartado 1, letras a), b) y d), y el apartado 2, podrá no tener que recopilar dichos datos.

7. En el caso de los nacionales de terceros países sujetos al triaje mencionado en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1356, los apartados 1 a 6 del presente artículo se aplicarán únicamente después de que haya concluido dicho triaje.

Artículo 28 Formalización de una solicitud de protección internacional

1. El solicitante deberá formalizar la solicitud ante la autoridad competente del Estado miembro en que se haya formulado lo antes posible y, a más tardar, en el plazo de veintiún días a partir de la fecha en que se registre la solicitud, a menos que sea de aplicación el apartado 6 del presente artículo, siempre que se le ofrezca la oportunidad efectiva de hacerlo de conformidad con el presente artículo. Cuando la solicitud no se formalizado ante la autoridad decisoria, la autoridad competente informará sin demora a la autoridad decisoria de que se ha formalizado una solicitud.

2. Tras un traslado de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2024/1351, el solicitante formalizará la solicitud ante las autoridades competentes del Estado miembro responsable lo antes posible y en un plazo máximo de veintiún días a partir del momento en que el solicitante se identifique ante las autoridades competentes del Estado miembro responsable.

3. La solicitud se formalizará en persona en una fecha y lugar determinados y, cuando así se comunique, a la hora indicada. Las autoridades competentes comunicarán dicha fecha y lugar al solicitante. Las autoridades competentes podrán comunicar la hora al solicitante.

Los Estados miembros podrán establecer en el Derecho nacional que una solicitud se considere formalizada en persona cuando la autoridad competente haya comprobado que el solicitante se encuentra físicamente en el territorio del Estado miembro en el momento del registro o de la formalización de la solicitud.

4. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, los Estados miembros pueden establecer en el Derecho nacional la posibilidad de que el solicitante formalice una solicitud mediante un formulario, incluso cuando no pueda comparecer en persona debido a circunstancias permanentes graves ajenas a su control, como una pena de prisión o una hospitalización de larga duración. La solicitud se considerará formalizada siempre que el solicitante presente el formulario dentro del plazo establecido en el apartado 1 y que la autoridad competente concluya que se han cumplido las condiciones contempladas en el presente apartado. En tales casos, el plazo para el examen de la solicitud comenzará a contar desde la fecha en que la autoridad competente reciba el formulario.

5. A los efectos del apartado 3, párrafo primero, si un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formula una solicitud de protección internacional en el mismo período, y esto hace que no sea factible que se les ofrezca una cita en el plazo establecido en el apartado 1, el solicitante recibirá una cita para formalizar su solicitud en un plazo máximo de dos meses desde el registro de su solicitud.

6. Al formalizar su solicitud, el solicitante deberá aportar lo antes posible todos los elementos y documentos disponibles previstos en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1347 necesarios para fundamentar su solicitud. Tras la formalización de su solicitud y, en concreto en su entrevista personal, se permitirá al solicitante presentar elementos adicionales pertinentes para su examen, hasta que se dicte una resolución acerca de la solicitud con arreglo al procedimiento administrativo.

Dentro de ese plazo, los Estados miembros podrán fijar un plazo para la presentación de dichos elementos adicionales, que el solicitante procurará cumplir.

7. Los Estados miembros podrán organizar el acceso al procedimiento de manera que la formulación, el registro o la formalización tengan lugar al mismo tiempo. En tales casos, los Estados miembros velarán por que todos los solicitantes gocen de las garantías previstas en el artículo 8, apartados 2 a 6. Cuando la formulación, el registro o la formalización se hagan a la vez, se permitirá a los solicitantes que presenten todos los elementos y documentos de que dispongan mencionados en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1347, necesarios para fundamentar sus solicitudes durante su entrevista personal.

Además, los solicitantes podrán presentar cualquier elemento adicional pertinente para el examen de su solicitud, hasta que se dicte una resolución acerca de su solicitud con arreglo al procedimiento administrativo. Dentro de ese plazo, los Estados miembros podrán fijar un plazo para la presentación de los elementos adicionales, que el solicitante procurará cumplir.

Artículo 29 Documentos proporcionados al solicitante

1. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que se formule una solicitud de protección internacional deberán, en el momento del registro de la solicitud, entregar al solicitante un documento en su propio nombre que indique que se ha formulado y registrado una solicitud. Dicho documento será válido hasta que se expida el documento a que se refiere el apartado 4.

Tras un traslado de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2024/1351, las autoridades competentes del Estado miembro responsable facilitarán al solicitante, cuando este se identifique, un documento a su nombre en el que se indique que se ha formulado y registrado una solicitud y que la persona ha sido trasladada. Dicho documento seguirá siendo válido hasta que se expida el documento a que se refiere el apartado 4.

2. No será necesario proporcionar el documento a que se refiere el apartado 1 si se puede expedir el documento a que se refiere el apartado 4 en el momento del registro.

3. El documento a que se refiere el apartado 1 se retirará cuando se expida el documento a que se refiere el apartado 4.

4. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que se formalice la solicitud, de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 2, expedirán, lo antes posible tras la formulación de esta, un documento que incluya al menos los siguientes elementos, que deberán actualizarse cuando sea necesario:

• a) nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidades del solicitante o, en su caso, una indicación de apatridia, una imagen facial del solicitante y su firma;
• b) la autoridad expedidora, fecha y lugar de expedición y período de validez del documento;
• c) el estatuto de solicitante;
• d) una declaración de que el solicitante tiene derecho a permanecer en el territorio de ese Estado miembro a efectos de que la solicitud sea examinada y una indicación de si el solicitante goza de libertad para circular por la totalidad o parte del territorio de dicho Estado miembro;
• e) una declaración de que el documento no es un documento de viaje y que el solicitante no puede viajar sin autorización a otros Estados miembros.

5. No será necesario expedir ninguno de los documentos a que se refiere el presente artículo cuando y mientras que el solicitante se encuentre en privación de libertad o en prisión.

En el momento de su puesta en libertad o de su salida de prisión, se facilitará al solicitante el documento a que se refieren los apartados 1 o 4. Cuando se facilite al solicitante el documento a que se refiere el apartado 1 en el momento de su puesta en libertad, el solicitante recibirá el documento a que se refiere el apartado 4 lo antes posible.

6. En el caso de los menores acompañados, los documentos a que se refiere el presente artículo expedidos a alguno de los progenitores del solicitante o al adulto responsable de él -ya sea con arreglo al Derecho o a la práctica del Estado miembro de que se trate- también podrán aplicarse al menor, si procede.

7. Los documentos a que se refiere el presente artículo no necesitarán ser pruebas de identidad, pero se considerarán medios suficientes para que los solicitantes se identifiquen ante las autoridades nacionales y puedan ejercer sus derechos durante el procedimiento en materia de protección internacional.

8. Los documentos a que se refieren los apartados 1 y 4 indicarán la fecha de registro de la solicitud.

9. El documento a que se refiere el apartado 4 tendrá un período de validez máximo de doce meses o hasta que se traslade al solicitante a otro Estado miembro, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351. Si el Estado miembro responsable expide el documento, se renovará su validez de forma que cubra el período durante el cual el solicitante tiene derecho a permanecer en su territorio. El período de validez del documento no constituye un derecho de permanencia en caso de que ese derecho haya sido retirado o suspendido de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 30 Acceso al procedimiento en los centros de internamiento y en puestos fronterizos

1. Cuando se presuma que nacionales de terceros países o apátridas mantenidos en centros de internamiento o que se encuentren en puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores, pueden expresar su deseo de formular una solicitud de protección internacional, las autoridades competentes en virtud del artículo 4 les proporcionarán información sobre la posibilidad de hacerlo.

2. Si un solicitante formula una solicitud en un centro de internamiento, en prisión o en un puesto fronterizo, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores, las autoridades competentes con arreglo al artículo 4 dispondrán lo necesario para que se presten servicios de interpretación en la medida en que sea necesario con el fin de facilitar el acceso al procedimiento en materia de protección internacional.

3. Las organizaciones y personas a las que, con arreglo al Derecho nacional, les esté permitido proporcionar asesoramiento y consejo tendrán acceso efectivo a los solicitantes que se encuentren en centros de internamiento o estén en pasos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, en las fronteras exteriores. Dicho acceso podrá estar sujeto a un acuerdo previo con las autoridades competentes.

Los Estados miembros podrán imponer limitaciones de acceso a que se refiere el párrafo primero, en virtud del Derecho nacional, cuando sean necesarias desde un punto de vista objetivo para la seguridad, el orden público o la gestión administrativa de los puestos fronterizos, incluidas las zonas de tránsito, o de los centros de internamiento, siempre y cuando con ello no se limite gravemente o se imposibilite el acceso.

Artículo 31 Solicitudes en nombre de un adulto que necesita asistencia para ejercer su capacidad jurídica

1. En el caso de un adulto que necesite asistencia para ejercer su capacidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional (en lo sucesivo, «adulto dependiente»), otro adulto que sea responsable de él por imperativo legal o conforme a la práctica del Estado miembro de que se trate podrá formular y formalizar una solicitud en nombre del adulto dependiente.

2. El adulto dependiente estará presente en la formulación de la solicitud, salvo si existen causas justificadas por las que está incapacitado o no es apto para estar presente o, cuando tal posibilidad esté prevista en el Derecho nacional, si la solicitud se formaliza por medio de un formulario.

Artículo 32 Solicitudes en nombre de menores acompañados

1. Un menor acompañado tendrá derecho a formalizar una solicitud en su propio nombre si tiene capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Si el menor acompañado carece de capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, formalizará la solicitud en su nombre alguno de los progenitores u otro adulto -como un cuidador legal o los servicios de protección de menores- que sea responsable del menor por imperativo legal o conforme a la práctica del Estado miembro de que se trate.

2. En el caso de un menor acompañado que carezca de capacidad jurídica conforme al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate y que se encuentre físicamente presente cuando alguno de los progenitores u otro adulto responsable del menor por imperativo legal o conforme a la práctica del Estado miembro de que se trate formule o formalice la solicitud de protección internacional en el territorio de dicho Estado miembro -en particular si dicho menor no dispone de ningún otro medio legal de quedarse en el territorio de ese Estado miembro-, la formulación y formalización de una solicitud por parte de alguno de los progenitores u otro adulto responsable del menor por imperativo legal o conforme a la práctica del Estado miembro de que se trate también se considerará que equivale a la formulación y formalización de una solicitud de protección internacional en nombre del menor.

Los Estados miembros podrán optar por aplicar el párrafo primero también en el caso de un menor acompañado que haya nacido o esté presente durante el procedimiento administrativo.

3. El menor acompañado a que se refiere el apartado 2 deberá estar presente cuando alguno de los progenitores o el adulto responsable de él formalice la solicitud en nombre del menor, salvo si existen causas justificadas por las que está incapacitado o no es apto para estar presente o, cuando tal posibilidad esté prevista en el Derecho nacional, si la solicitud en nombre del menor se formaliza por medio de un formulario.

Artículo 33 Solicitudes de menores no acompañados

1. Un menor no acompañado tendrá derecho a formalizar una solicitud en su propio nombre si tiene capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. A tal efecto, se informará al menor no acompañado de la edad de capacidad jurídica en el Estado miembro responsable del examen de su solicitud de protección internacional. Cuando el menor no acompañado carezca de capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, formalizará la solicitud en su nombre un representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a).

El párrafo primero del presente apartado se aplicará sin perjuicio del derecho de los menores no acompañados a consejo jurídico y a asistencia jurídica y representación legal de conformidad con los artículos 15 y 16.

2. En el caso de un menor no acompañado que carezca de capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, la solicitud se formalizará en el plazo establecido en el artículo 28, apartado 1, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

3. El menor no acompañado deberá estar presente cuando su representante o la persona a que se refiere el artículo 23, apartado 2, letra a), formalice la solicitud en nombre del menor, salvo si existen causas justificadas por las que está incapacitado o no es apto para estar presente o, cuando tal posibilidad esté prevista en el Derecho nacional, si la solicitud se formaliza por medio de un formulario.

Artículo 34 Examen de las solicitudes

1. La autoridad decisoria examinará y dictará resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional de conformidad con los principios y garantías fundamentales previstos en el capítulo II.

2. La autoridad decisoria dictará resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional previo examen adecuado en relación con la admisibilidad o el fundamento de cada solicitud. La autoridad decisoria deberá examinar las solicitudes de manera objetiva, imparcial e individual. Al examinar una solicitud, la autoridad decisoria deberá tener en cuenta lo siguiente:

• a) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2024/1347;
• b) información pertinente, precisa y actualizada relativa a la situación imperante en el país de origen del solicitante en el momento de dictar una resolución sobre la solicitud, incluidas las leyes y normativas del país de origen y la manera en que se aplican, recabada de fuentes pertinentes y accesibles, tanto nacionales como de la Unión e internacionales, incluidas las organizaciones de derechos de la infancia, y, cuando esté disponible, el análisis común sobre la situación en determinados países de origen, así como las notas de orientación contempladas en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303;
• c) cuando se aplique el concepto de «primer país de asilo» o de «tercer país seguro», información pertinente, precisa y actualizada relativa a la situación imperante en el tercer país que se considere primer país de asilo o tercer país seguro al dictarse una resolución sobre la solicitud, incluida información y análisis sobre los terceros países seguros mencionados en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2021/2303;
• d) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, tales como su historial, edad, género, identidad de género y orientación sexual, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto pueden constituir persecución o daños graves;
• e) si las actividades en que ha participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para solicitar protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país, como se menciona en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1347;
• f) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país cuya ciudadanía pudiese reclamar;
• g) siempre que los autores de persecución o de daños graves no sean el Estado o sus agentes, si es de aplicación la alternativa de protección interna que se menciona en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2024/1347.

3. El personal que examine las solicitudes y dicte las resoluciones poseerá los conocimientos adecuados y habrá recibido formación, en especial la formación pertinente en virtud del artículo 8 del Reglamento (UE) 2021/2303, sobre las normas pertinentes aplicables en materia de Derecho de asilo y refugio. Cuando resulte necesario, el personal deberá tener la posibilidad de obtener el asesoramiento de expertos en ámbitos particulares, como, por ejemplo, asuntos médicos, culturales, religiosos, de salud mental y relacionados con menores o con el género. En caso necesario, podrán presentar consultas a la Agencia de Asilo de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2021/2303.

4. Los documentos que la autoridad decisoria considere pertinentes para el examen de las solicitudes se traducirán, cuando sea necesario, para dicho examen.

La traducción de dichos documentos pertinentes o partes de estos puede ser proporcionada por otras entidades y sufragada con fondos públicos de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro en cuestión. El solicitante podrá hacer que se traduzcan otros documentos a su propia costa. Para solicitudes posteriores, podrá responsabilizarse al solicitante de la traducción de los documentos.

5. La autoridad decisoria podrá dar prioridad al examen de la solicitud de protección internacional, en particular en los casos en que:

• a) considere probable que la solicitud esté bien fundada;
• b) el solicitante tenga necesidades de acogida especiales en el sentido del artículo 24 de la Directiva (UE) 2024/1346 o precise de garantías procedimentales especiales tal como se menciona en los artículos 20 a 23 del presente Reglamento, en particular si es un menor no acompañado;
• c) existan motivos razonables para considerar que el solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro;
• d) se trate de una solicitud posterior;
• e) el solicitante haya sido objeto de una resolución de conformidad con el artículo 23, apartado 2, letra e), de la Directiva (UE) 2024/1346 o se haya visto implicado en actos de alteración del orden público o en conductas delictivas.

Artículo 35 Duración del procedimiento de examen

1. El examen para determinar si una solicitud es inadmisible, de conformidad con el artículo 38, apartado 1, letras a) a d), y el artículo 38, apartado 2, se concluirá lo antes posible y en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en la que se formalizó la solicitud.

En el caso a que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra e), la autoridad decisoria concluirá el examen en un plazo de diez días hábiles.

La solicitud no se considerará admisible por el mero hecho de que no se dicte ninguna resolución sobre su inadmisibilidad en los plazos establecidos en el presente apartado y en el apartado 2.

2. La autoridad decisoria podrá prorrogar los plazos establecidos en el apartado 1, párrafo primero, por un máximo de dos meses, en los casos en que:

• a) un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formule una solicitud de protección internacional en el mismo período, lo que hace que no sea factible en la práctica concluir el procedimiento de admisibilidad dentro de los plazos establecidos;
• b) se planteen cuestiones complejas de hecho o de Derecho;
• c) el retraso pueda imputarse clara y únicamente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9.

3. La autoridad decisoria deberá concluir el procedimiento de examen acelerado lo antes posible y en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en que se haya formalizado la solicitud.

4. La autoridad decisoria velará por que el procedimiento de examen del fundamento -siempre que no se trate de un procedimiento de examen acelerado- concluya lo antes posible y se realice en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha en la que se haya formalizado la solicitud, sin perjuicio de un examen adecuado y completo.

5. La autoridad decisoria podrá prorrogar este plazo de seis meses mencionado en el apartado 4 por un período máximo de otros seis meses, en los casos en que:

• a) un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formule una solicitud de protección internacional en el mismo período, lo que hace que no sea factible en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses;
• b) se planteen cuestiones complejas de hecho o de Derecho;
• c) el retraso pueda imputarse clara y únicamente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9.

6. Cuando se aplique a un solicitante un procedimiento de traslado tal como dispone el artículo 46 del Reglamento (UE) 2024/1351, el plazo que se menciona en el apartado 4 del presente artículo comenzará a partir de la fecha en que se haya formalizado la solicitud de conformidad con el artículo 28, apartado 2.

7. La autoridad decisoria podrá aplazar la conclusión del procedimiento de examen si no es razonablemente posible adoptar la resolución dentro de los plazos contemplados en el apartado 4, debido a una situación incierta en el país de origen que se prevea que sea temporal. En tales casos, la autoridad decisoria deberá:

• a) proceder a revisar la situación en dicho país de origen cada cuatro meses como mínimo;
• b) tener en cuenta las revisiones de la situación en dicho país de origen realizadas por la Agencia de Asilo, en caso de que se disponga de ellas;
• c) informar a los solicitantes interesados de los motivos del aplazamiento, en una lengua que comprendan o cuya comprensión sea razonable suponer y lo antes posible.

El Estado miembro informará lo antes posible a la Comisión y a la Agencia de Asilo sobre el aplazamiento de los procedimientos correspondientes a ese país de origen. En cualquier caso, la autoridad decisoria deberá concluir el procedimiento de examen en un plazo de veintiún meses a partir del momento de formalización de la solicitud.

8. Los Estados miembros establecerán los plazos para la conclusión del procedimiento de examen en aquellos casos en que un órgano jurisdiccional anule la resolución de la autoridad decisoria y acuerde la retroacción de las actuaciones. Dichos plazos serán más breves que los establecidos en el presente artículo.

Artículo 36 Resoluciones sobre las solicitudes

1. Las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional se formularán por escrito y se notificarán al solicitante lo antes posible de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Si el solicitante está representado legalmente por un representante o un asesor jurídico, la autoridad decisoria podrá optar por notificar la resolución a estos en lugar de al solicitante.

2. Si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible, infundada o manifiestamente infundada respecto del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, o se considera explícita o implícitamente retirada, en la resolución se indicarán las razones de hecho y de Derecho para su denegación.

3. Se informará por escrito al solicitante del resultado de la resolución y de cómo impugnar una resolución denegatoria de una solicitud por considerarse inadmisible, infundada o manifiestamente infundada respecto del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria, o implícitamente retirada. Dicha información podrá facilitarse como parte de la resolución sobre una solicitud de protección internacional. Cuando el solicitante no esté asistido por un asesor jurídico, dicha información podrá facilitarse en una lengua que el solicitante comprenda o cuya comprensión sea razonable suponer.

4. Cuando el solicitante esté asistido por un asesor jurídico que lo represente legalmente, la información a que se refiere el apartado 3 podrá comunicarse solo a dicho asesor jurídico sin que se haya traducido a una lengua que el solicitante entienda o que se pueda suponer razonablemente que entiende. En tal caso, la circunstancia de si se concede o no protección internacional se comunicará por escrito a título informativo al solicitante en una lengua que este comprenda o cuya comprensión que sea razonable suponer, junto con información general sobre las vías de impugnación de la resolución.

5. En el caso de solicitudes realizadas en nombre de menores o adultos dependientes y cuando todas las solicitudes se basen en motivos idénticos a los de la solicitud del adulto responsable de dicho menor o adulto dependiente, la autoridad decisoria podrá, tras una evaluación individual de la situación de cada solicitante, dictar una resolución única que se aplique a todos los solicitantes, a menos que de ello se derive la revelación de circunstancias particulares de un solicitante que pueda perjudicar sus intereses, en particular cuando se trate de violencia de género, trata de seres humanos y persecución por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o edad. En tales casos, se dictará una resolución separada, que se notificará a la persona interesada de conformidad con el apartado 1.

Artículo 37 Denegación de una solicitud y emisión de una decisión de retorno

Cuando se deniegue una solicitud por inadmisible, infundada o manifiestamente infundada con respecto tanto al estatuto de refugiado como al estatuto de protección subsidiaria, o por considerarse retirada implícita o explícitamente, los Estados miembros emitirán una decisión de retorno que sea conforme con la Directiva 2008/115/CE y respete el principio de no devolución. Cuando antes de la formulación de una solicitud de protección internacional ya se haya dictado decisión de retorno u otra resolución por la que se imponga la obligación de retorno, no será necesario que se dicte una decisión de retorno en virtud del presente artículo. La decisión de retorno se dictará como parte de la resolución denegatoria de la solicitud de protección internacional o en un acto separado. Cuando la decisión de retorno se dicte como un acto separado, se dictará al mismo tiempo y conjuntamente con la resolución de denegación de la solicitud de protección internacional, o posteriormente sin demora injustificada.

Artículo 38 Resolución sobre la admisibilidad de la solicitud

1. La autoridad decisoria podrá evaluar la admisibilidad de la solicitud de conformidad con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II y podrá estar autorizada con arreglo al Derecho nacional a denegar la solicitud por considerarla inadmisible si se constata alguno de las siguientes causas de inadmisibilidad:

• a) un país que no es Estado miembro se considera primer país de asilo para el solicitante en virtud del artículo 58, salvo que resulte obvio que el solicitante no será admitido o readmitido en ese país;
• b) un país que no es Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante en virtud del artículo 59, salvo que resulte obvio que el solicitante no será admitido o readmitido en ese país;
• c) un Estado miembro distinto del Estado miembro que examina su solicitud ha concedido al solicitante protección internacional;
• d) un órgano jurisdiccional penal internacional ha ofrecido al solicitante una reubicación segura en un Estado miembro o un tercer país, o está emprendiendo acciones inequívocamente en ese sentido, a menos que hayan surgido nuevas circunstancias pertinentes que el órgano jurisdiccional no haya tenido en cuenta, o que no fuera jurídicamente posible plantear ante dicho órgano jurisdiccional circunstancias pertinentes con respecto a normas relativas de derechos humanos reconocidas internacionalmente;
• e) se ha dictado con respecto al solicitante de que se trate una decisión de retorno de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2008/115/CE y dicho solicitante no realizó su solicitud hasta transcurridos siete días hábiles a partir de la fecha en que recibió dicha decisión de retorno, siempre que se le hubiera informado de las consecuencias de no formular la solicitud dentro de dicho plazo y que no hayan surgido nuevas circunstancias pertinentes desde que el plazo expirara.

2. La autoridad decisoria denegará la solicitud por considerarla inadmisible cuando la solicitud es una solicitud posterior en la que no hayan surgido ni hayan sido aportados por el solicitante nuevos datos a que se refiere el artículo 55, apartados 3 y 5, para el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347 o relativos a la causa de inadmisibilidad previamente aplicada.

Artículo 39 Resolución sobre el fundamento de la solicitud

1. No se examinará el fundamento de una solicitud en caso de que:

• a) sea otro el Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351;
• b) se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible de conformidad con el artículo 38, o
• c) se considere una solicitud explícita o implícitamente retirada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, y el artículo 41, apartado 5.

2. Al examinar el fundamento de una solicitud, la autoridad decisoria adoptará una resolución en la que determine si el solicitante reúne o no los requisitos para el estatuto de refugiado y, en caso negativo, si el solicitante puede acogerse a protección subsidiaria con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347.

3. La autoridad decisoria denegará la solicitud por infundada si concluye que el solicitante no reúne los requisitos para recibir protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347.

4. La autoridad decisoria podrá estar autorizada, con arreglo al Derecho nacional, a declarar manifiestamente infundada una solicitud infundada si, en el momento de la conclusión del examen, concurre alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 42, apartados 1 y 3.

Artículo 40 Retirada explícita de solicitudes

1. El solicitante podrá retirar su solicitud por iniciativa propia en cualquier momento durante el procedimiento. El solicitante retirará personalmente su solicitud por escrito y presentará dicho escrito de retirada de la solicitud o a través del asesor jurídico que lo represente legalmente de conformidad con el Derecho nacional.

2. En el momento de la presentación del escrito de retirada de la solicitud, las autoridades competentes informarán al solicitante, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c), de todas las consecuencias procedimentales de tal retirada en una lengua que comprenda o cuya comprensión sea razonable suponer.

3. Cuando la retirada explícita tenga lugar ante una autoridad competente distinta de la autoridad decisoria, aquella autoridad informará a esta última de dicha retirada. La autoridad decisoria adoptará una resolución en la que declare que la solicitud ha sido retirada explícitamente. Dicha resolución será definitiva y no podrá ser objeto de recurso en el sentido del capítulo V del presente Reglamento.

4. Si, en el momento en que el solicitante retiró explícitamente la solicitud, la autoridad decisoria ya hubiera concluido que dicho solicitante no reúne los requisitos para obtener la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347, podrá dictar aún una resolución denegatoria de la solicitud por infundada o manifiestamente infundada.

Artículo 41 Retirada implícita de solicitudes

1. Se declarará retirada implícitamente una solicitud cuando:

• a) sin causa justificada, el solicitante no haya formalizado su solicitud con arreglo al artículo 28, a pesar de haber tenido una oportunidad efectiva para hacerlo;
• b) el solicitante se niegue a cooperar al no facilitar la información a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letras a) y b), o sus datos biométricos;
• c) el solicitante se niegue a facilitar su dirección, cuando tenga una, a menos que las autoridades competentes ofrezcan alojamiento;
• d) el solicitante no haya acudido a una entrevista personal sin causa justificada, teniendo la obligación de hacerlo conforme al artículo 13, o se niegue a contestar sin causa justificada a preguntas durante la entrevista hasta el punto de que el resultado de esta sea insuficiente para dictar una resolución sobre el fundamento de la solicitud;
• e) el solicitante haya incumplido reiteradamente las obligaciones de comparecencia que se le hayan impuesto de conformidad con el artículo 9, apartado 4, o no permanezca a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes, a menos que pueda demostrar que la falta de disponibilidad se debió a circunstancias específicas ajenas a su control;
• f) el solicitante haya formalizado la solicitud en un Estado miembro distinto del previsto en el artículo 17, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2024/1351 y no permanezca físicamente en dicho Estado miembro a la espera de la determinación del Estado miembro responsable o de la ejecución del procedimiento de traslado, cuando proceda.

2. Cuando la autoridad encargada de evaluar si la solicitud se ha retirado implícitamente sea una autoridad competente distinta de la autoridad decisoria y dicha autoridad considere que la solicitud debe considerarse implícitamente retirada, informará de ello a la autoridad decisoria. La autoridad decisoria adoptará una resolución en la que declare que la solicitud ha sido retirada implícitamente.

3. Si el solicitante está presente, la autoridad competente, en el momento de la presentación del escrito de retirada de la solicitud, le informará, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra c), de todas las consecuencias procedimentales de tal retirada en una lengua que comprenda o que pueda suponerse razonablemente que comprende.

4. La autoridad competente podrá suspender el procedimiento para dar al solicitante la posibilidad de justificar o rectificar las omisiones o las circunstancias contempladas en el apartado 1 antes de que se adopte una decisión por la que se declare que solicitud ha sido implícitamente retirada.

5. Una solicitud podrá denegarse por considerarse infundada o manifiestamente infundada cuando la autoridad decisoria, en el momento en que la solicitud se retiró implícitamente, ya haya concluido que el solicitante no reunía los requisitos para obtener la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347.

Artículo 42 Procedimiento de examen acelerado

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, la autoridad decisoria, de conformidad con los principios y garantías fundamentales previstos en el capítulo II, deberá acelerar el examen del fundamento de la solicitud de protección internacional cuando:

• a) el solicitante, al formalizar su solicitud y exponer los hechos, haya planteado exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347;
• b) el solicitante haya formulado alegaciones claramente incoherentes o contradictorias, manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles, o alegaciones que contradigan información pertinente y disponible del país de origen, y pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente en cuanto al cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347;
• c) se considere que el solicitante, tras haber tenido la plena oportunidad de alegar causa justificada, ha inducido deliberadamente a engaño a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información o documentación pertinente, en particular en lo que respecta a su identidad o a su nacionalidad, que podrían haber tenido un impacto negativo en la resolución o existen motivos fundados para considerar que el solicitante ha destruido o se ha deshecho de un documento de identidad o de viaje con el fin de impedir que se determine su identidad o su nacionalidad;
• d) el solicitante formule la solicitud con la única intención de retrasar, frustrar o evitar la aplicación de una resolución relativa a su expulsión del territorio de un Estado miembro;
• e) un tercer país pueda considerarse país de origen seguro del solicitante a efectos del presente Reglamento;
• f) existan motivos razonables para considerar al solicitante un peligro para la seguridad nacional o el orden público de los Estados miembros, o bien el solicitante haya sido expulsado con carácter forzoso por motivos graves de seguridad nacional o de orden público con arreglo al Derecho nacional;
• g) la solicitud sea una solicitud posterior que no sea inadmisible;
• h) el solicitante haya entrado ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y no se hubiese personado ante las autoridades ni formulado una solicitud de protección internacional con la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dadas las circunstancias de su entrada;
• i) el solicitante haya entrado legalmente en el territorio de un Estado miembro y no haya formulado una solicitud de protección internacional con la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dados los motivos de su solicitud; lo dispuesto en esta letra se entiende sin perjuicio de la necesidad de protección internacional sobrevenida in situ, o
• j) el solicitante tenga una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, haya sido residente habitual de un tercer país para el que la tasa de resoluciones de concesión de protección internacional por parte de la autoridad decisoria sea, según los últimos datos disponibles de Eurostat correspondientes a la media anual para toda la Unión, del 20 % o inferior, a menos que la autoridad decisoria considere que se ha producido un cambio significativo en el tercer país de que se trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el solicitante pertenezca a una categoría de personas para las que la tasa del 20 % o inferior no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las diferencias significativas entre las resoluciones de primera instancia y las resoluciones definitivas.

Cuando la Agencia de Asilo haya facilitado una nota de orientación sobre un país de origen con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303 que ponga de relieve que se ha producido un cambio significativo en el tercer país en cuestión desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat, los Estados miembros utilizarán dicha nota como referencia para la aplicación del párrafo primero, letra j), del presente apartado.

2. Si la autoridad decisoria considera que el examen de la solicitud abarca cuestiones de hecho o de Derecho que resulten demasiado complejas de examinar mediante un procedimiento de examen acelerado, podrá continuar el examen del fundamento de conformidad con el artículo 35, apartado 4, y el artículo 39. En este caso, se informará al solicitante del cambio en el procedimiento.

3. El procedimiento de examen acelerado solamente podrá aplicarse a menores no acompañados en los siguientes casos:

• a) cuando el solicitante proceda de un tercer país que pueda considerarse país de origen seguro en el sentido del presente Reglamento;
• b) cuando existan motivos razonables para considerar al solicitante un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o bien el solicitante haya sido expulsado con carácter forzoso por motivos graves de seguridad nacional o de orden público con arreglo al Derecho nacional;
• c) cuando la solicitud sea una solicitud posterior que no sea inadmisible;
• d) cuando se considere que el solicitante, tras haber tenido la plena oportunidad de alegar causa justificada, ha inducido deliberadamente a engaño a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información o documentación pertinente, en particular en lo que respecta a su identidad o a su nacionalidad, que podrían haber tenido un impacto negativo en la resolución o existen motivos fundados para considerar que el solicitante ha destruido o se ha deshecho de un documento de identidad o de viaje con el fin de impedir que se determine su identidad o su nacionalidad, o
• e) cuando el solicitante tenga una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, haya sido residente habitual de un tercer país para el que la tasa de resoluciones de concesión de protección internacional por parte de la autoridad decisoria sea, según los últimos datos disponibles de Eurostat correspondientes a la media anual para toda la Unión, del 20 % o inferior, a menos que la autoridad decisoria considere que se ha producido un cambio significativo en el tercer país de que se trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el solicitante pertenezca a una categoría de personas para las que la tasa del 20 % o inferior no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las diferencias significativas entre las resoluciones de primera instancia y las resoluciones definitivas.

Cuando la Agencia de Asilo haya facilitado una nota de orientación sobre un país de origen con arreglo al artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303 que ponga de relieve que se ha producido un cambio significativo en el tercer país en cuestión desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat, los Estados miembros utilizarán dicha nota como referencia para la aplicación del párrafo primero, letra e), del presente apartado.

Artículo 43 Condiciones para la aplicación del procedimiento fronterizo de asilo

1. Tras el triaje efectuado de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1356, cuando proceda, y siempre que el solicitante aún no haya sido autorizado a entrar en el territorio de los Estados miembros, un Estado miembro, de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II, podrá examinar una solicitud en un procedimiento fronterizo cuando haya sido formulada por un nacional de un tercer país o un apátrida que no cumpla las condiciones de entrada en el territorio de un Estado miembro establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399. El procedimiento fronterizo puede tener lugar:

• a) como resultado de una solicitud formulada en un paso fronterizo externo o en una zona de tránsito;
• b) como resultado de la aprehensión en relación con un cruce no autorizado de la frontera exterior;
• c) como resultado del desembarco en el territorio de un Estado miembro después de una operación de búsqueda y rescate;
• d) después de la reubicación de conformidad con el artículo 67, apartado 11, del Reglamento (UE) 2024/1351.

2. Los solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo no serán autorizados a entrar en el territorio de un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, apartado 2, y en el artículo 53, apartado 2. Cualquier medida adoptada por los Estados miembros para impedir la entrada no autorizada en su territorio se ajustará a la Directiva (UE) 2024/1346.

3. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 2, párrafo primero, última frase, el solicitante no será autorizado a entrar en el territorio del Estado miembro cuando:

• a) no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letras a) o c);
• b) no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 68 y no haya solicitado dentro del plazo aplicable que se le permita permanecer a efectos de un procedimiento de recurso;
• c) no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 68 y un órgano jurisdiccional ha decidido que no se le permitirá permanecer mientras se resuelve el procedimiento de recurso.

En los casos a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, cuando el solicitante haya sido objeto de una decisión de retorno dictada de conformidad con la Directiva 2008/115/CE o de una denegación de entrada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399, se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1349.

4. Sin perjuicio y como complemento del mecanismo de supervisión establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2021/2303, cada Estado miembro implementará un mecanismo de supervisión de los derechos fundamentales en relación con el procedimiento fronterizo que cumpla los criterios que establece el artículo 10 del Reglamento (UE) 2024/1356.

Artículo 44 Resoluciones en el marco del procedimiento fronterizo de asilo

1. Cuando se aplique un procedimiento fronterizo, se podrán adoptar resoluciones sobre:

• a) la inadmisibilidad de una solicitud de conformidad con el artículo 38;
• b) el fundamento de una solicitud en caso de producirse alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 42, apartado 1, letras a) a g) y letra j), y apartado 3, letra b).

2. Cuando el número de solicitantes supere el número a que se refiere el artículo 47, apartado 1, y con el fin de determinar a quién aplicar el procedimiento fronterizo con arreglo al artículo 42, apartado 1, letras c), f) o j), o al artículo 42, apartado 3, letra b), se dará prioridad a las siguientes categorías de solicitudes:

• a) las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de apátridas, de antiguos residentes habituales de terceros países que, en el supuesto de una resolución negativa, tengan mayor probabilidad de ser retornados, según proceda, a su país de origen, al país de su anterior residencia habitual, a un tercer país seguro o a un primer país de asilo, en el sentido del presente Reglamento;
• b) las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de apátridas, de antiguos residentes habituales de un tercer país que, por motivos graves, sean considerados un peligro para la seguridad nacional o el orden público de un Estado miembro;
• c) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de los apátridas, de antiguos residentes habituales de un tercer país que no sean menores de edad y los miembros de sus familias.

3. Cuando se aplique el procedimiento fronterizo a menores y a miembros de sus familias, se dará prioridad al examen de sus solicitudes.

Los Estados miembros también darán prioridad al examen de las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de apátridas, de antiguos residentes habituales de terceros países que, en el supuesto de una resolución negativa, tengan mayor probabilidad de ser retornados, según proceda, a su país de origen, al país de su anterior residencia habitual, a un tercer país seguro o a un primer país de asilo, en el sentido del presente Reglamento.

Artículo 45 Aplicación obligatoria del procedimiento fronterizo de asilo

1. Un Estado miembro examinará una solicitud en un procedimiento fronterizo en los casos a que se refiere el artículo 43, apartado 1, cuando se dé alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letras c), f) o j).

2. Cuando concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra f), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, los Estados miembros adoptarán medidas adecuadas para, en cuanto sea posible, mantener la unidad familiar en el procedimiento fronterizo.

3. A efectos del apartado 2, con el fin de mantener la unidad familiar, se entenderá por «miembros de la familia del solicitante» los siguientes miembros de su familia presentes en el territorio del mismo Estado miembro en el que solicita protección internacional, siempre y cuando la familia existiera ya antes de que el solicitante llegara al territorio de los Estados miembros:

• a) el cónyuge o la pareja de hecho del solicitante que tenga una relación duradera con este, si el Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate considera la situación de las parejas no casadas como equivalente a la de las casadas;
• b) los hijos menores de las parejas mencionadas en la letra a) o del solicitante de asilo, siempre que no estén casados y sin discriminación entre matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la definición del Derecho nacional;
• c) cuando el solicitante sea un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto responsable de él según el Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté presente el adulto;
• d) cuando el solicitante sea un menor no casado, sus hermanos o hermanas, siempre que no estén casados y sean menores de edad.

A efectos del párrafo primero, letras b), c) y d), sobre la base de una evaluación individual, se considerará que un menor no está casado si su matrimonio no se hubiera podido contraer de acuerdo con el Derecho nacional en el Estado miembro en cuestión, en particular teniendo en cuenta la edad legal para contraer matrimonio.

4. Cuando, sobre la base de la información obtenida en el marco de la supervisión realizada con arreglo a los artículos 14 y 15 del Reglamento (UE) 2021/2303, la Comisión tenga motivos para considerar que un Estado miembro está incumplimiento los requisitos establecidos en el artículo 54, apartado 2, recomendará sin demora la suspensión de la aplicación del procedimiento fronterizo a familias con menores de conformidad con el artículo 53, apartado 2, letra b). La Comisión hará pública esta recomendación.

El Estado miembro de que se trate tendrá en cuenta en la mayor medida posible la recomendación de la Comisión con respecto a sus obligaciones en virtud del artículo 53, apartado 2, letra b), y con vistas a subsanar cualquier deficiencia detectada para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54, apartado 2. Los Estados miembros de que se trate informarán a la Comisión de las medidas adoptadas para hacer efectiva la recomendación.

Artículo 46 Capacidad adecuada a escala de la Unión

Se considerará que la capacidad adecuada a escala de la Unión es 30 000.

Artículo 47 Capacidad adecuada de un Estado miembro

1. La Comisión calculará, mediante actos de ejecución, la cifra correspondiente a la capacidad adecuada de cada Estado miembro utilizando la fórmula establecida en el apartado 4.

No obstante lo dispuesto en el apartado 3, la Comisión también fijará, mediante actos de ejecución, el número máximo de solicitudes por año que deba examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo. Ese número máximo será el doble del número obtenido usando la fórmula que figura en el apartado 4 a partir del 12 de junio de 2026, el triple del número obtenido por medio de la fórmula que figura en el apartado 4 a partir del 13 de junio de 2027 y el cuádruple del número obtenido por medio de la fórmula que figura en el apartado 4 a partir del 13 de junio de 2028.

2. Cuando se alcance la capacidad adecuada de un Estado miembro a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, no será necesario que dicho Estado miembro lleve a cabo los procedimientos fronterizos en los casos a que se refiere el artículo 43, apartado 1, cuando se den las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra j).

3. Cuando un Estado miembro haya examinado el número máximo de solicitudes a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, no será necesario que dicho Estado miembro lleve a cabo procedimientos fronterizos en los casos a que se refiere el artículo 43, apartado 1, cuando se den las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letras c) o j). No obstante, el Estado miembro seguirá examinando las solicitudes de procedimiento fronterizo de nacionales de terceros países a los que se apliquen las circunstancias a que se refieren el artículo 42, apartado 1, letra f), y el artículo 42, apartado 3, letra b).

4. El número a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, se calculará multiplicando el número establecido en el artículo 46 por el total de cruces irregulares de las fronteras exteriores, de llegadas tras operaciones de búsqueda y salvamento y de denegaciones de entrada en la frontera exterior del Estado miembro de que se trate durante los tres años anteriores y dividiendo el resultado entre el total de cruces irregulares de las fronteras exteriores, de llegadas tras operaciones de búsqueda y salvamento y de denegaciones de entrada en la frontera exterior en el conjunto de la Unión durante el mismo período, según los últimos datos de Frontex y Eurostat.

5. La Comisión adoptará el primero de los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 el 12 de agosto de 2024 y, en lo sucesivo, el 15 de octubre cada tres años.

Tras la adopción por la Comisión de un acto de ejecución como dispone el apartado 1, cada Estado miembro se asegurará, en un plazo de seis meses desde la adopción del segundo de esos actos de ejecución y de todos los posteriores, de contar con la capacidad adecuada según figura en dicho acto. A efectos del primero de esos actos de ejecución, los Estados miembros se asegurarán de que, antes del 12 de junio de 2026, cuentan con la capacidad adecuada que se indique en ese acto de ejecución.

Véase la Decisión de Ejecución (UE) 2024/2150 de la Comisión, de 5 de agosto de 2024, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la capacidad adecuada de los Estados miembros y al número máximo de solicitudes por año que debe examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo («D.O.U.E.L.» 9 agosto).LE0000930307_20240812

Artículo 48 Medida aplicable cuando se alcance la capacidad adecuada de un Estado miembro

1. Cuando el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo de asilo en un Estado miembro en cualquier momento, combinado con el número de personas sujetas a un procedimiento fronterizo de retorno establecido de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1349 o, cuando proceda, un procedimiento fronterizo de retorno equivalente establecido en virtud del Derecho nacional, sea igual o superior al número establecido para ese Estado miembro en el acto de ejecución de la Comisión a que se refiere el artículo 47, apartado 1, párrafo primero, dicho Estado miembro podrá notificarlo a la Comisión.

2. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, cuando un Estado miembro presente una notificación a la Comisión de conformidad con el apartado 1, no estará obligado a examinar en un procedimiento fronterizo las solicitudes formuladas por los solicitantes a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra j), en el momento en el que el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo en ese Estado miembro sea igual o superior al número a que se refiere el artículo 47, apartado 1, párrafo primero.

3. La medida que dispone el apartado 2 se aplicará en función del flujo de entradas y salidas, y se exigirá que el Estado miembro de que se trate siga estudiando en un procedimiento fronterizo las solicitudes formuladas por los solicitantes a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra j), tan pronto como el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo en dicho Estado miembro en cualquier momento sea inferior al número indicado en el artículo 47, apartado 1, párrafo primero.

4. El Estado miembro podrá aplicar la medida que dispone el apartado 2 durante el resto del mismo año natural, a partir del día siguiente a la fecha de notificación contemplada en el apartado 1.

Artículo 49 Notificación por parte de un Estado miembro cuando se alcance la capacidad adecuada

1. La notificación mencionada en el artículo 48 contendrá la información siguiente:

• a) el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo de asilo, a un procedimiento fronterizo de retorno establecido de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1349 o, cuando proceda, a un procedimiento fronterizo de retorno equivalente establecido en virtud del Derecho nacional en el Estado miembro de que se trate en el momento de la notificación;
• b) la medida a que se refiere el artículo 48 que el Estado miembro en cuestión tenga la intención de aplicar o de seguir aplicando;
• c) una motivación fundada que apoye la intención del Estado miembro de que se trate, en la que se describa de qué modo el recurso a la medida en cuestión podría ayudar a abordar la situación y, en su caso, otras medidas que el Estado miembro de que se trate en cuestión haya adoptado o tenga previsto adoptar a nivel nacional para aliviar la situación, incluidas las mencionadas en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1351.

2. Los Estados miembros podrán notificar a la Comisión de conformidad con el artículo 48 del presente Reglamento, como parte de la notificación a que se refieren el artículo 58 y el artículo 59 del Reglamento (UE) 2024/1351, cuando proceda.

3. Cuando un Estado miembro presente una notificación a la Comisión de conformidad con el artículo 48, informará de ello a los demás Estados miembros.

4. Un Estado miembro que aplique la medida establecida en el artículo 48 informará mensualmente a la Comisión sobre los siguientes elementos:

• a) el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo en ese momento en dicho Estado miembro;
• b) la evolución del flujo de entrada y de salida de personas que están sujetas a procedimientos fronterizos cada semana durante ese mes;
• c) la cantidad de empleados responsable del examen de solicitudes en el procedimiento fronterizo;
• d) la duración media del examen durante la fase administrativa del procedimiento, y
• e) la duración media del examen por un órgano jurisdiccional de la solicitud de permanencia, en espera del recurso.

La Comisión realizará un seguimiento de la aplicación de la medida a que se refiere el artículo 48 del presente Reglamento, y a tal fin revisará la información proporcionada por los Estados miembros. La Comisión, en el informe a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1351, ofrecerá una evaluación de la aplicación de la medida a que se refiere el artículo 48 del presente Reglamento en cada Estado miembro.

Artículo 50 Notificación por parte de un Estado miembro cuando se alcance el número máximo de solicitudes por año

Cuando el número de solicitudes que se haya examinado en el procedimiento fronterizo en un Estado miembro dentro de un año natural sea igual o superior al número máximo de solicitudes fijado para dicho Estado miembro en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 47, apartado 1, dicho Estado miembro podrá informar de ello a la Comisión.

Cuando el Estado miembro haya informado a la Comisión de conformidad con el párrafo primero del presente artículo, la Comisión examinará con prontitud la información remitida por el Estado miembro de que se trate con objeto de verificar si, en el marco del procedimiento fronterizo, dicho Estado miembro ha examinado desde el comienzo del año natural un número de solicitudes que sea igual o superior al número fijado para dicho Estado miembro en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 47, apartado 1.

Una vez completada la verificación, la Comisión, por medio de un acto de ejecución, autorizará al Estado miembro de que se trate a no examinar, en el marco del procedimiento fronterizo, solicitudes formuladas por los solicitantes a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letras c) y j).

Dichas autorizaciones no eximirán al Estado miembro de la obligación de examinar, en el marco del procedimiento fronterizo, las solicitudes formuladas por los solicitantes a que se refieren el artículo 42, apartado 1, letra f), y apartado 5, letra b).

Artículo 51 Plazos

1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 28 del presente Reglamento, las solicitudes sujetas a un procedimiento fronterizo se formalizarán a más tardar cinco días después del primer registro o, tras un traslado en virtud del artículo 67, apartado 11, del Reglamento (UE) 2024/1351, cinco días a partir del momento en que el solicitante llegue al Estado miembro de reubicación tras dicho traslado, siempre que se le ofrezca la oportunidad efectiva de hacerlo. El incumplimiento del plazo de cinco días no afectará a la continuación de la aplicación del procedimiento fronterizo.

2. El procedimiento fronterizo será lo más breve posible y permitirá al mismo tiempo un examen completo y equitativo de las alegaciones. Sin perjuicio del párrafo tercero del presente apartado, la duración máxima del procedimiento fronterizo será de doce semanas desde el momento en que se registre la solicitud hasta que el solicitante deje de tener derecho de permanencia y no se le permita permanecer. Transcurrido ese plazo, se autorizará al solicitante a entrar en el territorio del Estado miembro, salvo cuando sea aplicable el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1349.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 35, los Estados miembros establecerán disposiciones sobre la duración del procedimiento de examen, del examen por un órgano jurisdiccional de una solicitud de permanencia formalizada de conformidad con el artículo 68, apartados 4 y 5, y, si procede, del procedimiento de recurso. La duración establecida garantizará que todas estas fases del procedimiento concluyan en un plazo de doce semanas a partir del registro de la solicitud.

El plazo de doce semanas podrá ampliarse a dieciséis semanas si el Estado miembro al que se traslada a la persona en virtud del artículo 67, apartado 11, del Reglamento (UE) 2024/1351 está aplicando el procedimiento fronterizo.

Artículo 52 Determinación del Estado miembro responsable y reubicación

1. Cuando se cumplan las condiciones para aplicar el procedimiento fronterizo, los Estados miembros decidirán efectuar el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud establecido en el Reglamento (UE) 2024/1351 en los lugares en los que se vaya a efectuar el procedimiento fronterizo, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 51, apartado 2, del presente Reglamento.

2. Cuando las condiciones para aplicar el procedimiento fronterizo se cumplan en el Estado miembro desde el que se traslade al solicitante, el Estado miembro en el que se traslade al solicitante podrá aplicar un procedimiento fronterizo de conformidad con el artículo 67, apartado 11, del Reglamento (UE) 2024/1351, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 51, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 53 Excepciones al procedimiento fronterizo de asilo

1. El procedimiento fronterizo se aplicará a los menores no acompañados únicamente en las circunstancias mencionadas en el artículo 42, apartado 3, letra b). En caso de duda en relación con la edad del solicitante, las autoridades competentes llevarán a cabo sin demora una determinación de la edad de conformidad con el artículo 25.

2. Los Estados miembros no aplicarán o dejarán de aplicar el procedimiento fronterizo en cualquier fase del procedimiento cuando:

• a) la autoridad decisoria considere que las causas para denegar una solicitud por inadmisible o para aplicar el procedimiento de examen acelerado no son aplicables o han dejado de serlo;
• b) no se puede proporcionar el apoyo necesario a solicitantes con necesidades de acogida especiales, en particular menores, de conformidad con el capítulo IV de la Directiva (UE) 2024/1346, en los lugares a que se refiere el artículo 54;
• c) no se pueda prestar el apoyo necesario a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales en los lugares a que se refiere el artículo 54;
• d) haya razones médicas pertinentes para no aplicar el procedimiento fronterizo, incluidas razones de salud mental;
• e) las garantías y condiciones de internamiento estipuladas en los artículos 10 a13 de la Directiva (UE) 2024/1346 no se cumplan o hayan dejado de cumplirse y el procedimiento fronterizo no puede aplicarse al solicitante sin recurrir al internamiento.

En los casos contemplados en el párrafo primero del presente apartado, la autoridad competente autorizará al solicitante a entrar en el territorio del Estado miembro y aplicará el procedimiento adecuado previsto en el capítulo III.

Artículo 54 Lugares para efectuar el procedimiento fronterizo de asilo

1. Durante el examen de las solicitudes objeto de un procedimiento fronterizo, los Estados miembros exigirán, con arreglo al artículo 9 de la Directiva (UE) 2024/1346 y sin perjuicio de su artículo 10, a los solicitantes que, como norma general, residan en la frontera exterior o las zonas de tránsito o en sus proximidades, o en otros lugares designados dentro de su territorio, teniendo plenamente en cuenta las circunstancias geográficas específicas del Estado miembro de que se trate.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, los Estados miembros velarán por que las familias con menores residan en centros de acogida adecuados a sus necesidades, tras evaluar el interés superior del niño, y garantizarán un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, respetando plenamente los requisitos del capítulo IV de la Directiva (UE) 2024/1346.

3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión, a más tardar el 11 de abril de 2026, los lugares en que se efectuará el procedimiento fronterizo, en particular cuando se aplique el artículo 45. Los Estados miembros se asegurarán de que la capacidad de esos lugares sea suficiente para examinar las solicitudes a que se refiere el artículo 45. Todo cambio en la determinación de los lugares en los que se efectúa el procedimiento fronterizo se notificará a la Comisión en un plazo de dos meses a partir del momento en que se produzca el cambio.

4. El requisito de residir en un lugar determinado de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no se considerará como una autorización para entrar y quedarse en el territorio de un Estado miembro.

5. Cuando un solicitante sujeto al procedimiento fronterizo deba ser transferido a la autoridad decisoria o a un órgano jurisdiccional de primera instancia competente a efectos de dicho procedimiento, o trasladado a efectos de recibir tratamiento médico, dicho viaje no constituirá en sí mismo una entrada en el territorio de un Estado miembro.

Artículo 55 Solicitudes posteriores

1. Una solicitud formulada cuando aún no se haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior del mismo solicitante se considerará una alegación adicional y no una nueva solicitud.

Dicha alegación adicional se examinará en el Estado miembro responsable en el marco del examen en curso en el procedimiento administrativo o en el marco de cualquier procedimiento de recurso en curso, en la medida en que el órgano jurisdiccional competente pueda tener en cuenta los elementos subyacentes a dicha alegación adicional.

2. Toda solicitud adicional formulada en cualquier Estado miembro después de que se haya adoptado una resolución definitiva sobre una solicitud previa del mismo solicitante se considerará una solicitud posterior y será examinada por el Estado miembro responsable.

3. Las solicitudes posteriores se someterán a un examen preliminar en el que la autoridad decisoria deberá determinar si han surgido o han sido presentados por el solicitante nuevos datos y que estos:

• a) aumenten significativamente la probabilidad de que el solicitante reúna los requisitos para ser beneficiario de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347, o
• b) estén relacionados con una causa de inadmisibilidad aplicada previamente en los casos en que se hubiera denegado la anterior solicitud por considerarse inadmisible.

4. El examen preliminar se efectuará sobre la base de alegaciones escritas o de una entrevista personal con arreglo a los principios y garantías fundamentales previstos en el capítulo II. En particular, podrá prescindirse de la entrevista personal en los casos en que, a partir de las alegaciones escritas, quede claro que la solicitud no aporta nuevos datos con arreglo al apartado 3.

5. Los elementos presentados por el solicitante solo se considerarán nuevos cuando el solicitante no haya podido presentarlos en el contexto de la solicitud anterior sin que medie culpa por su parte. No será necesario tener en cuenta los datos que el solicitante podría haber presentado anteriormente, a menos que aumenten significativamente la probabilidad de que la solicitud no sea admisible o de que el solicitante reúna los requisitos para ser beneficiario de protección internacional o si una solicitud anterior hubiera sido denegada por considerarse implícitamente retirada, de conformidad con el artículo 41, sin un examen de los fundamentos.

6. Cuando surjan o sean presentados por el solicitante nuevos datos con arreglo al apartado 3, deberán examinarse de nuevo los fundamentos de la solicitud, a menos que esta pueda considerarse inadmisible sobre la base de otra causa prevista en el artículo 38, apartado 1.

7. Cuando no surjan ni hayan sido presentados por el solicitante nuevos datos con arreglo al apartado 3, la solicitud se denegará por considerarla inadmisible con arreglo al artículo 38, apartado 2.

Artículo 56 Excepciones al derecho a permanecer en el caso de solicitudes posteriores

Sin perjuicio del principio de no devolución, los Estados miembros podrán establecer una excepción al derecho a permanecer en su territorio y no aplicar el artículo 68, apartado 5, letra d), en los casos en que:

• a) se haya formalizado una primera solicitud posterior con el único fin de retrasar o frustrar la ejecución de una resolución que daría lugar a la expulsión inmediata del solicitante de dicho Estado miembro y que no es objeto de examen con arreglo al artículo 55, apartado 7, o
• b) se formule una segunda solicitud o sucesivas solicitudes posteriores en cualquier Estado miembro después de una resolución denegatoria definitiva de una solicitud sucesiva anterior por considerarse inadmisible o infundada o manifiestamente infundada.

Artículo 57 Concepto de protección efectiva

1. Se considerará que garantiza una protección efectiva un tercer país que haya ratificado y respete la Convención de Ginebra, dentro de los límites de las excepciones o limitaciones establecidas por dicho tercer país y permitidos por dicha Convención. En el caso de limitaciones geográficas impuestas por el tercer país, la existencia de protección para las personas que no entren en el ámbito de aplicación de la Convención de Ginebra se evaluará de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 2.

2. En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, se considerará que el tercer país garantiza una protección efectiva solo cuando se cumplan, como mínimo, los siguientes criterios:

• a) se permita a las personas a que se refiere el apartado 1 permanecer en el territorio del tercer país en cuestión;
• b) las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a medios de subsistencia suficientes para mantener un nivel de vida adecuado teniendo en cuenta la situación general del tercer país de acogida;
• c) las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a la atención sanitaria y al tratamiento básico de enfermedades en las condiciones generalmente ofrecidas en dicho tercer país;
• d) las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a la educación en las condiciones generalmente ofrecidas en dicho tercer país, y
• e) protección efectiva sigue estando disponible hasta que pueda encontrarse una solución duradera.

Artículo 58 Concepto de primer país de asilo

1. Un tercer país solo podrá considerarse primer país de asilo de un solicitante cuando en dicho país:

• a) el solicitante haya disfrutado de protección efectiva de conformidad con la Convención de Ginebra, tal como dispone el artículo 57, apartado 1, o de protección efectiva tal como dispone el artículo 57, apartado 2, antes de viajar a la Unión y todavía pueda acogerse a dicha protección;
• b) la vida o la libertad del solicitante no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política;
• c) el solicitante no se enfrenta a un riesgo real de daños graves con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347;
• d) el solicitante está protegido contra la devolución de conformidad con la Convención de Ginebra y contra la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecido en el Derecho internacional.

2. El concepto de primer país de asilo solo podrá aplicarse si el solicitante no puede aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «primer país de asilo» no le es aplicable, en el marco de un examen individual.

3. Un tercer país solo podrá considerarse primer país de asilo para un menor no acompañado cuando no sea contrario a su interés superior y cuando las autoridades de los Estados miembros hayan recibido primero de las autoridades del tercer país en cuestión la garantía de que dichas autoridades tomarán a su cargo al menor no acompañado y que este disfrutará inmediatamente de protección efectiva según se define en el artículo 57.

4. Si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible como resultado de la aplicación del concepto de «primer país de asilo», la autoridad decisoria deberá:

• a) informar al solicitante de conformidad con el artículo 36, y
• b) entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país en cuestión, en el idioma de dicho país, de que no ha sido examinada sustantivamente la solicitud, como consecuencia de la aplicación del concepto de «primer país de asilo».

5. Si el tercer país en cuestión no readmite al solicitante en su territorio o no responde en un plazo establecido por la autoridad competente, el solicitante tendrá acceso al procedimiento de conformidad con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II y en la sección I del capítulo III.

Artículo 59 Concepto de tercer país seguro

1. Un tercer país solo podrá ser designado tercer país seguro si en dicho país:

• a) la vida o la libertad de los no nacionales no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política;
• b) los no nacionales no se enfrentan a un riesgo real de daños graves con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347;
• c) los no nacionales están protegidos contra la devolución de conformidad con la Convención de Ginebra y contra la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecido en el Derecho internacional;
• d) existe la posibilidad de solicitar y, si se cumplen las condiciones, recibir la protección efectiva definida en el artículo 57.

2. La designación de un tercer país como tercer país seguro a nivel de la Unión y a nivel nacional podrá prever excepciones para partes específicas de su territorio o categorías de personas claramente identificables.

3. La evaluación de si un tercer país puede ser designado tercer país seguro conforme al presente Reglamento deberá basarse en una serie de fuentes de información pertinentes y disponibles, entre otras información de los Estados miembros, la Agencia de Asilo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales competentes.

4. Se podrá aplicar el concepto de «tercer país seguro» en los siguientes casos:

• a) cuando el tercer país ha sido designado tercer país seguro a nivel de la Unión o a nivel nacional de conformidad con los artículos 60 o 64, o
• b) en relación con un solicitante específico cuando el país no ha sido designado tercer país seguro a nivel de la Unión o a nivel nacional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 con respecto a dicho solicitante.

5. Solo se podrá aplicar el concepto de «tercer país seguro» cuando:

• a) el solicitante no pueda aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «tercer país seguro» no le es aplicable, en el marco de un examen individual;
• b) se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
  • i) que exista una conexión entre el solicitante y el tercer país en cuestión sobre cuya base sería razonable que esa persona vaya a ese país,
  • ii) que el solicitante haya transitado por el tercer país en cuestión de camino hacia la Unión, o
  • iii) que exista un acuerdo o convenio celebrado entre la Unión, uno o varios Estados miembros o uno o varios Estados miembros y terceros países, por una parte, y el tercer país en cuestión, por otra, que requiera el examen del fundamento de cualquier solicitud de protección efectiva presentada en el tercer país en cuestión por los solicitantes a los que se aplique dicho acuerdo o convenio.
  LE0000990086_20260227Letra b) del apartado 5 del artículo 59 redactado por el inciso i) de la letra a) del apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta a la aplicación del concepto de tercer país seguro («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

Cuando la Comisión entable negociaciones sobre un acuerdo en nombre de la Unión con un tercer país (en lo sucesivo, “acuerdo a nivel de la Unión”) con miras a la celebración de un acuerdo contemplado en el párrafo primero, letra b), inciso iii), en el transcurso de las negociaciones tendrá en cuenta todo acuerdo bilateral o multilateral vigente entre los Estados miembros y el mismo tercer país, incluidas las posibles repercusiones del acuerdo a nivel de la Unión en dichos acuerdos bilaterales o multilaterales y en la cooperación de los Estados miembros con dicho tercer país en el ámbito de la migración.

Todo acuerdo celebrado por la Unión y un tercer país que entre en el ámbito de aplicación del párrafo primero, letra b), inciso iii), prevalecerá sobre cualquier acuerdo o convenio bilateral o multilateral celebrado entre Estados miembros individuales y el mismo tercer país, en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles con las de dicho acuerdo a nivel de la Unión.

Un Estado miembro informará, a su debido tiempo, a los Estados miembros pertinentes de las negociaciones sobre un acuerdo o convenio contemplado en el párrafo primero, letra b), inciso iii), con un tercer país que comparta una frontera común con dichos Estados miembros.

Los Estados miembros informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier acuerdo o convenio bilateral o multilateral celebrado de conformidad con el párrafo primero, letra b), inciso iii), antes de su entrada en vigor o, en caso de que un acuerdo o convenio vaya a aplicarse provisionalmente, antes del inicio de su aplicación provisional. También se informará a la Comisión y a los demás Estados miembros de cualquier modificación posterior de dichos acuerdos o convenios, o de su denuncia.LE0000990086_20260227Párrafos finales apartado 5 del artículo 59 introducidos por el inciso ii) de la letra a) del apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta a la aplicación del concepto de tercer país seguro («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

6. Un tercer país solo podrá considerarse tercer país seguro para un menor no acompañado cuando no sea contrario a su interés superior y cuando las autoridades de los Estados miembros hayan recibido primero de las autoridades del tercer país en cuestión la garantía de que dichas autoridades tomarán a su cargo al menor no acompañado y que este no va a tener acceso inmediatamente a la protección efectiva que se define en el artículo 57. Los Estados miembros no aplicarán el apartado 5, párrafo primero, letra b), inciso iii), cuando el solicitante sea un menor no acompañado.

LE0000990086_20260227Apartado 6 del artículo 59 redactado por la letra b) del apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta a la aplicación del concepto de tercer país seguro («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

7. Cuando la Unión y un tercer país hayan llegado conjuntamente a un acuerdo de conformidad con el artículo 218 del TFUE para que los migrantes admitidos en virtud de dicho acuerdo estén protegidos de conformidad con las normas internacionales pertinentes y respetando plenamente el principio de no devolución, las condiciones del presente artículo relativas al estatuto de tercer país seguro podrán presumirse cumplidas sin perjuicio de los apartados 5 y 6.

8. Si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible como resultado de la aplicación del concepto de «tercer país seguro», la autoridad decisoria deberá:

• a) informar al solicitante de conformidad con el artículo 36, y
• b) entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país en cuestión, en el idioma de dicho país, de que la solicitud no ha sido examinada sustantivamente en la Unión como consecuencia de la aplicación del concepto de tercer país seguro, sin perjuicio de la aplicación de procedimientos diferentes para informar a las autoridades del tercer país establecidos en acuerdos o convenios ya vigentes entre la Unión o dicho Estado miembro y el tercer país en cuestión, según lo indicado en el apartado 5, párrafo primero, letra b), inciso iii).
  LE0000990086_20260227Letra b) del apartado 8 del artículo 59 redactado por la letra c) del apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta a la aplicación del concepto de tercer país seguro («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

9. Si el tercer país en cuestión no admite o readmite al solicitante en su territorio, el solicitante tendrá acceso al procedimiento de conformidad con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II y en la sección I del capítulo III.

Artículo 60 Designación de terceros países seguros a nivel de la Unión

1. La designación de terceros países como terceros países seguros a nivel de la Unión se efectuará de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 59, apartado 1.

2. La Comisión examinará la situación en los terceros países designados terceros países seguros con ayuda de la Agencia de Asilo y atendiendo a las demás fuentes de información a las que se refiere el artículo 59, apartado 3.

3. La Agencia de Asilo, a petición de la Comisión, le facilitará información y análisis sobre terceros países específicos cuya designación como terceros países seguros a nivel de la Unión podría estudiarse. La Comisión estudiará sin demora cualquier solicitud de un Estado miembro para evaluar si un tercer país puede ser designado tercer país seguro a nivel de la Unión.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 74 en relación con la suspensión, total o parcial, de la designación de un tercer país como tercer país seguro a nivel de la Unión, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 63.

LE0000990090_20260227Apartado 4 del artículo 60 redactado por el apartado 1) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

Artículo 61 Concepto de país de origen seguro

1. Los terceros países solo podrán ser designados países de origen seguros de conformidad con el presente Reglamento si, atendiendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema democrático y a las circunstancias políticas generales, puede demostrarse que no existe persecución con arreglo al artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1347, ni un riesgo real de daños graves con arreglo al artículo 15 de dicho Reglamento.

LE0000990090_20260227Apartado 1 del artículo 61 redactado por el apartado 2) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

2. La designación de un tercer país como país de origen seguro a nivel de la Unión y a nivel nacional podrá prever excepciones para partes específicas de su territorio o categorías de personas claramente identificables.

3. La evaluación de si un tercer país es un país de origen seguro conforme al presente Reglamento deberá basarse en una serie de fuentes de información pertinentes y disponibles, entre otras información de los Estados miembros, la Agencia de Asilo, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones internacionales competentes, y tendrá en cuenta, cuando esté disponible, el análisis común de la información del país de origen contemplada en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303.

4. Al realizarse la evaluación a que se refiere el apartado 3, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el grado de protección que se ofrece contra la persecución o daño grave mediante:

• a) las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican;
• b) la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos derechos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son susceptibles de excepciones;
• c) la ausencia de expulsión, alejamiento o extradición de sus propios ciudadanos a terceros países en los que, entre otras cosas, exista un grave riesgo de que se les imponga la pena de muerte, se les someta a tortura o sufran persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que su vida o su libertad se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, o de los cuales exista un grave riesgo de que se les expulse, aleje o extradite a otro tercer país;
• d) la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.

5. El concepto de país de origen seguro solo podrá aplicarse siempre que:

• a) el solicitante tenga la nacionalidad de ese país o sea apátrida y anteriormente residiera habitualmente en dicho país;
• b) el solicitante no pertenezca a una categoría de personas que haya sido objeto de una excepción al designar al tercer país como país de origen seguro;
• c) el solicitante no pueda aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «país de origen seguro» no le es aplicable, en el marco de un examen individualizado.

Artículo 62 Designación de países de origen seguros a nivel de la Unión

1. La designación de terceros países como países de origen seguros a nivel de la Unión podrá efectuarse de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 61 y en el presente artículo.

LE0000990090_20260227Apartado 1 del artículo 62 redactado por la letra a) del apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

1 bis. Los terceros países que figuran en la lista del anexo II del presente Reglamento se designan países de origen seguros a nivel de la Unión.

LE0000990090_20260227Apartado 1 bis del artículo 62 introducido por la letra b) del apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

1 ter.

1 ter. El tercer país al que se haya concedido el estatuto de Estado candidato a la adhesión a la Unión también queda designado país de origen seguro a nivel de la Unión, excepto cuando concurran alguna o varias de las circunstancias siguientes:

• a) que existan amenazas graves contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno en dicho tercer país;
• b) que se hayan adoptado medidas restrictivas en el sentido del título IV de la quinta parte del TFUE como consecuencia de las acciones de dicho tercer país que afecten a los derechos y libertades fundamentales que sean pertinentes para los criterios de designación de un tercer país como país de origen seguro conforme a lo establecido en el artículo 61 del presente Reglamento;
• c) que la proporción de decisiones adoptadas por la autoridad decisoria de la concesión de protección internacional a los solicitantes de dicho tercer país -ya sean sus nacionales o sus antiguos residentes habituales, en el caso de las personas apátridas- sea superior al 20 % de la cantidad total de decisiones adoptadas por la autoridad decisoria en relación con ese tercer país, según los últimos datos medios anuales disponibles de Eurostat para el conjunto de la Unión.

Cuando alguna de las circunstancias a que se refiere el párrafo primero, letras a), b) o c) se aplique o deje de aplicarse, la Comisión informará inmediatamente de ello a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y al Consejo. En el caso de la letra a) del presente apartado, la Comisión obtendrá la aprobación previa del Consejo antes de informar a los Estados miembros y al Parlamento Europeo.

LE0000990090_20260227Apartado 1 ter del artículo 62 introducido por la letra b) del apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

2. La Comisión examinará la situación en los terceros países designados países de origen seguros con ayuda de la Agencia de Asilo y atendiendo a las demás fuentes de información contempladas en el artículo 61, apartado 3.

3. La Agencia de Asilo, a petición de la Comisión, le facilitará información y análisis sobre terceros países específicos cuya designación como países de origen seguros a nivel de la Unión podría estudiarse. La Comisión estudiará sin demora cualquier solicitud de un Estado miembro para evaluar si un tercer país puede ser designado país de origen seguro a nivel de la Unión.

4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 74 en relación con la suspensión, total o parcial, de la designación de un tercer país como país de origen seguro a nivel de la Unión, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 63.

LE0000990090_20260227Apartado 4 del artículo 62 redactado por la letra c) del apartado 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

Artículo 63 Suspensión y retirada de la designación de un tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión

1. En caso de producirse cambios importantes en la situación en un tercer país designado tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión, la Comisión llevará a cabo una evaluación fundamentada del cumplimiento por parte de ese tercer país de las condiciones establecidas en los artículos 59 o 61 y, si la Comisión considera que ya no se cumplen dichas condiciones, total o parcialmente, se aplicarán las siguientes disposiciones:

• a) cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 59 o 61 en lo que respecta a partes específicas del territorio del tercer país o en lo que respecta a categorías de personas claramente identificables en dicho tercer país, la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 74 para suspender de forma parcial la designación de dicho tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión para dichas partes del territorio de dicho tercer país o para dichas categorías de personas durante un período de seis meses;
• b) cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 59 o 61 en lo que respecta al tercer país en su totalidad, la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 74 para suspender totalmente la designación de dicho tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión durante un período de seis meses.

2. La Comisión revisará continuamente la situación en el tercer país a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la información proporcionada por los Estados miembros y la Agencia de Asilo con respecto a cambios subsiguientes en la situación de ese tercer país.

3. Si la Comisión ha adoptado un acto delegado, de conformidad con el apartado 1, letras a) o b), por el que suspende la designación de un tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión deberá para la totalidad o para partes específicas del territorio de dicho tercer país o para la totalidad o para las categorías de personas claramente identificables en dicho tercer país, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de adopción de dicho acto delegado, presentará una propuesta con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, para:

• a) modificar la designación de dicho tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión de manera que se establezcan excepciones a la designación para las partes específicas del territorio o para las categorías de personas claramente identificables a las que se aplique el acto delegado adoptado en virtud del apartado 1, letra a), o bien
• b) retirar la designación de dicho tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión.

4. Si la Comisión no ha presentado una propuesta, como se contempla en el apartado 3, en un plazo de tres meses a partir de la adopción del acto delegado a que se refiere el apartado 1, dejará de surtir efecto el acto delegado. Si la Comisión presenta dicha propuesta en un plazo de tres meses a partir de la fecha de adopción del acto delegado a que se refiere el apartado 1, estará facultada, sobre la base de una evaluación fundamentada, para ampliar seis meses el período de vigencia de ese acto delegado, pudiendo renovar una vez esa ampliación.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, cuando la propuesta presentada por la Comisión para retirar o modificar la designación de un tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión no se haya adoptado en un plazo de quince meses a partir de la presentación de la propuesta por la Comisión, dejará de surtir efecto la suspensión total o parcial de la designación del tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión.

LE0000990090_20260227Artículo 63 redactado por el apartado 4) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

Artículo 64 Designación de terceros países como terceros países seguros o países de origen seguros a nivel nacional

1. A efectos de examinar las solicitudes de protección internacional, los Estados miembros podrán mantener o introducir leyes que permitan la designación nacional de terceros países seguros o países de origen seguros que sean distintos de los designados a nivel de la Unión.

2. Si se suspende total o parcialmente la designación de un tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión, con arreglo a un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 63, apartado 1, letra a) o b), los Estados miembros no designarán a ese país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel nacional.

LE0000990090_20260227Apartado 2 del artículo 64 redactado por el apartado 5) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

3. Si se retira o modifica la designación de un tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, un Estado miembro podrá notificar a la Comisión que considera que, en vista de los cambios producidos en la situación en dicho país, este cumple de nuevo las condiciones establecidas en el artículo 59, apartado 1, o en el artículo 61.

La notificación deberá incluir una evaluación fundamentada del cumplimiento por parte de dicho tercer país de las condiciones establecidas en el artículo 59, apartado 1, o en el artículo 61, incluida una explicación de los cambios específicos producidos en la situación del tercer país que hagan que este cumpla de nuevo dichas condiciones. Cuando proceda, el Estado miembro especificará en su notificación las partes específicas del territorio de dicho tercer país o las categorías de personas claramente identificables en dicho tercer país a las que se aplique su evaluación.

Tras la notificación, la Comisión solicitará a la Agencia de Asilo que le facilite información y análisis sobre la situación en el tercer país.

Si la designación como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión del tercer país notificado por el Estado miembro se retira con arreglo al artículo 63, apartado 3, letra b), el Estado miembro notificante solo podrá designar a dicho tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel nacional si la Comisión no objeta dicha designación.

El derecho de objeción de la Comisión se limitará a un período de dos años tras la fecha de retirada de la designación de dicho tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión. La Comisión formulará sus objeciones en un plazo de tres meses tras la fecha de cada notificación por el Estado miembro y tras la debida revisión de la situación en ese tercer país, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el artículo 59, apartado 1, y en el artículo 61.

Si la Comisión considera que las condiciones establecidas en el artículo 59, apartado 1, o en el artículo 61, vuelven a cumplirse en lo que respecta a la totalidad o a partes específicas del territorio del tercer país o a la totalidad o a categorías de personas claramente identificables en el tercer país a que se refiera la notificación recibida con arreglo al párrafo primero del presente apartado, podrá presentar una propuesta para modificar el presente Reglamento, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, con vistas a designar dicho tercer país como tercer país seguro o como país de origen seguro a nivel de la Unión en lo que respecta a la totalidad o a partes específicas del territorio de dicho tercer país en las que se cumplen esas condiciones o a la totalidad o a categorías de personas claramente identificables en relación con las cuales se cumplen esas condiciones.

LE0000990090_20260227Apartado 3 del artículo 64 redactado por el apartado 5) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y la Agencia de Asilo los terceros países que designen como terceros países seguros o países de origen seguros a nivel nacional, a más tardar el 12 de junio de 2026 e inmediatamente después de cada designación o modificación de las designaciones. Una vez al año, los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la Agencia de Asilo los otros terceros países seguros a los que se aplique el concepto en relación con solicitantes específicos a que se refiere el artículo 59, apartado 4, letra b).

Artículo 65 Retirada de la protección internacional

La autoridad decisoria o, si así lo dispone el Derecho nacional, un órgano jurisdiccional nacional iniciará el examen para retirar la protección internacional a un nacional de un tercer país o apátrida si surgen nuevos elementos o hallazgos que indiquen que existen razones para reconsiderar si esta persona reúne los requisitos para la protección internacional, en particular en los casos a que se refieren los artículos 14 y 19 del Reglamento (UE) 2024/1347.

Artículo 66 Procedimientos para la retirada de la protección internacional

1. Si la autoridad decisoria o, si así está contemplado por el Derecho nacional, un órgano jurisdiccional competente inicia el examen para retirar la protección internacional a un nacional de un tercer país o a un apátrida, esa persona gozará de las siguientes garantías:

• a) se le informará por escrito de que se está reconsiderando su condición de beneficiaria de protección internacional, así como de los motivos de dicha reconsideración;
• b) se le informará de su obligación de cooperar con la autoridad decisoria y otras autoridades competentes, en particular de que se le exigirá presentar alegaciones escritas y comparecer para una entrevista personal o una audiencia y responder a preguntas;
• c) se le informará de las consecuencias de no cooperar con la autoridad decisoria y otras autoridades competentes y de que el hecho de no presentar la declaración por escrito y de no comparecer a la entrevista personal o a la audiencia sin la debida justificación no impedirá que la autoridad decisoria o el órgano jurisdiccional competente dicten una resolución de retirada de la protección internacional, y
• d) se le ofrecerá la oportunidad de aducir los motivos por los que no debe retirársele la protección internacional, por medio de una declaración por escrito y en un plazo razonable a partir de la fecha en que reciba la información a que se refiere la letra a) y en una entrevista personal o audiencia en una fecha fijada por la autoridad decisoria o, cuando así lo prevea el Derecho nacional, el órgano jurisdiccional competente.

2. A efectos del apartado 1, la autoridad decisoria o el órgano jurisdiccional competente:

• a) recabará información pertinente, precisa y actualizada de las fuentes nacionales, de la Unión e internacionales pertinentes y disponibles, y, si está disponible, tendrá en cuenta el análisis común sobre la situación en los distintos países de origen y las notas de orientación a que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303, y
• b) no recabará información alguna de los presuntos autores de persecución o de daños graves, de una forma que suponga informarles de que la persona interesada es beneficiaria de protección internacional cuyo estatuto está siendo reconsiderado.

3. La resolución de retirar la protección internacional se entregará por escrito cuanto antes. En la resolución se expondrán las razones de hecho y de Derecho de la retirada y se informará por escrito sobre el modo de impugnación de la resolución y sobre los plazos pertinentes.

4. Si la autoridad decisoria o, si así lo dispone el Derecho nacional, un órgano jurisdiccional nacional haya resuelto retirar la protección internacional, se aplicarán, mutatis mutandis, los artículos 6, 17, 18 y 19.

5. Cuando el nacional de un tercer país o apátrida no coopere, no presentando alegaciones escritas, no compareciendo a la entrevista personal o a la audiencia, o no respondiendo a preguntas sin la debida justificación, la falta de alegaciones escritas, de entrevista personal o de audiencia no impedirá a la autoridad decisoria o al órgano jurisdiccional competente dictar una resolución de retirada de la protección internacional. Esta negativa a cooperar solo podrá considerarse una presunción refutable de que el nacional de un tercer país o apátrida ya no desea disfrutar de la protección internacional.

6. El procedimiento establecido en el presente artículo no será de aplicación cuando el nacional de un tercer país o apátrida:

• a) renuncie de manera inequívoca a que se le reconozca como beneficiario de protección internacional;
• b) se haya convertido en nacional de un Estado miembro, o
• c) posteriormente se le haya concedido protección internacional en otro Estado miembro.

Los Estados miembros concluirán los casos contemplados en el presente apartado de conformidad con su Derecho nacional. Dicha conclusión no tiene por qué adoptar la forma de una resolución, pero deberá constar al menos en el expediente del solicitante junto con la indicación del fundamento jurídico de dicha conclusión.

Artículo 67 Derecho a un recurso efectivo

1. Los solicitantes y las personas a quienes se retire la protección internacional tienen derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional de acuerdo con los principios y garantías fundamentales que se prevén en el capítulo II relacionados con el procedimiento de recurso, contra los siguientes hechos:

• a) una resolución por la que se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible;
• b) una resolución por la que se deniegue una solicitud por infundada o manifiestamente infundada en relación tanto con el estatuto de refugiado como con el de protección subsidiaria;
• c) una resolución por la que se deniegue una solicitud por haber sido retirada implícitamente;
• d) una resolución por la que se retire la protección internacional;
• e) una decisión de retorno dictada de conformidad con el artículo 37 del presente Reglamento.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, letra d), del presente apartado, los Estados miembros podrán disponer en su Derecho nacional que los casos a los que se refiere el artículo 66, apartado 6, no puedan ser objeto de recurso.

Cuando una decisión de retorno se dicte como parte de la resolución relacionada a que se refieren las letras a), b), c) o d) del párrafo primero, dicha decisión de retorno será recurrida conjuntamente con esa resolución relacionada ante el mismo órgano jurisdiccional, en el mismo procedimiento judicial y en los mismos plazos. Cuando se dicte una decisión de retorno como acto separado de conformidad con el artículo 37, podrá recurrirse en procedimientos judiciales separados. Los plazos para dichos procedimientos judiciales separados no excederán de los plazos a que se refiere el apartado 7 del presente artículo.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las personas que reúnan los requisitos para poder acogerse a la protección subsidiaria tendrán derecho a un recurso efectivo contra una resolución que considere que su solicitud es infundada en relación con el estatuto de refugiado.

3. Un recurso efectivo como el mencionado en el apartado 1 preverá un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, al menos ante un órgano jurisdiccional de primera instancia, incluido, cuando proceda, un examen de las necesidades de protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347.

4. A los solicitantes, a las personas a quienes se retire la protección internacional y a las personas que puedan acogerse a protección subsidiaria se les proporcionará interpretación a los efectos de una audiencia ante el órgano jurisdiccional competente cuando esta tenga lugar y no se pueda garantizar una comunicación apropiada de otro modo.

5. Cuando el órgano jurisdiccional lo considere necesario, se asegurará de que se traduzcan los documentos pertinentes que no hayan sido ya traducidos de conformidad con el artículo 34, apartado 4. Como alternativa, las traducciones de dichos documentos pertinentes podrán ser proporcionadas por otras entidades y sufragadas con cargo a fondos públicos de conformidad con el Derecho nacional.

Un solicitante, una persona a quien se retire la protección internacional y una persona que pueda acogerse a la protección subsidiaria podrán garantizar, a su propia costa, la traducción de otros documentos.

6. Cuando los documentos no se presenten a su debido tiempo, según determine el órgano jurisdiccional, en caso de que sea el solicitante quien deba facilitar la traducción, o si los documentos no se presentan a tiempo para que el órgano jurisdiccional garantice que se traduzcan, en caso de que el órgano jurisdiccional se encargue de la traducción, el órgano jurisdiccional podrá negarse a tener en cuenta dichos documentos.

7. Los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional los siguientes plazos de recurso de los solicitantes, las personas a quienes se retire la protección internacional y las personas que puedan acogerse a la protección subsidiaria contra las resoluciones a que se refiere el apartado 1:

• a) entre un mínimo de cinco días y un máximo de diez días en el caso de una resolución por la que se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible, por haber sido retirada implícitamente, por infundada o manifiestamente infundada, si en el momento de la resolución se da alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartados 1 o 3;
• b) entre un mínimo de dos semanas y un máximo de un mes en todos los demás casos.

8. Los plazos mencionados en el apartado 7 comenzarán a correr a partir de la fecha en que la resolución de la autoridad decisoria o, en el supuesto de una retirada de protección internacional y si así lo dispone el Derecho nacional, del órgano jurisdiccional nacional se notifique al solicitante, a la persona a quien se retire la protección internacional o a la persona que pueda acogerse a la protección subsidiaria o a su representante o asesor jurídico que represente legalmente al solicitante. El procedimiento de notificación se establecerá en el Derecho nacional.

Artículo 68 Efecto suspensivo del recurso

1. Los efectos de una decisión de retorno se suspenderán automáticamente mientras el solicitante o una persona a quien se retire la protección internacional tenga derecho de permanencia o se le permita permanecer de conformidad con el presente artículo.

2. Los solicitantes y las personas a quienes se retire la protección internacional tendrán derecho a permanecer en el territorio de los Estados miembros hasta que expire el plazo para que puedan ejercer su derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional de primera instancia y, cuando tal derecho se haya ejercido dentro del plazo, hasta la resolución del recurso.

3. Sin perjuicio del principio de no devolución, el solicitante y la persona a quien se retire la protección internacional no tendrán derecho de permanencia en el país, de conformidad con el apartado 2, cuando la autoridad competente haya adoptado una de las siguientes resoluciones:

• a) una resolución que deniega una solicitud por infundada o manifiestamente infundada, si en el momento de la resolución:
  • i) el solicitante es objeto de un examen acelerado de conformidad con el artículo 42, apartados 1 o 3,
  • ii) el solicitante está sujeto al procedimiento fronterizo, excepto cuando el solicitante sea un menor no acompañado;
• b) una resolución que deniega una solicitud por considerarse inadmisible con arreglo al artículo 38, apartado 1, letras a), b), c), d) o e), o al artículo 38, apartado 2, excepto cuando el solicitante sea un menor no acompañado sujeto al procedimiento fronterizo;
  LE0000990086_20260227Letra b) del apartado 3 del artículo 68 redactada por el apartado 2) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/463 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta a la aplicación del concepto de tercer país seguro («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026
• c) una resolución que deniega una solicitud por haber sido retirada implícitamente;
• d) una resolución que deniega una solicitud posterior por infundada o manifiestamente infundada, o
• e) una resolución de retirar la protección internacional de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letras b), d) o e), o el artículo 19, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1347.

4. En los casos a que se refiere el apartado 3, el órgano jurisdiccional estará facultado para decidir, tras un examen tanto de los hechos como de los fundamentos de derecho, si debe permitirse o no al solicitante o a la persona a quien se retire la protección internacional permanecer en el territorio de los Estados miembros hasta la resolución del recurso a petición del solicitante o de la persona a quien se retire la protección internacional. El órgano jurisdiccional competente, en virtud del Derecho nacional, decidirá de oficio sobre esta cuestión.

5. A efectos del apartado 4, se aplicarán las siguientes condiciones cuando proceda a la luz de cualquier posible resolución de oficio:

• a) el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional dispondrá de un plazo mínimo de cinco días a partir de la fecha en que se le notifique la resolución para solicitar que se le permita permanecer en el territorio hasta la resolución del recurso;
• b) se proporcionará al solicitante o a la persona a quien se retire la protección internacional un servicio de interpretación en caso de que se celebre una audiencia ante el órgano jurisdiccional competente, cuando no se pueda garantizar de otro modo una comunicación adecuada;
• c) se proporcionará al solicitante o a la persona a quien se retire la protección internacional, previa petición, asistencia jurídica y representación legal gratuitas de conformidad con el artículo 17;
• d) el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional no podrá ser expulsado del territorio del Estado miembro responsable:
  • i) hasta que haya expirado el plazo para solicitar a un órgano jurisdiccional que se le permita permanecer,
  • ii) cuando el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional haya pedido que se le permita permanecer dentro del plazo establecido, en espera de la resolución del órgano jurisdiccional sobre si se le permitirá o no permanecer en el territorio;
• e) el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional será debidamente informado en tiempo oportuno de sus derechos en virtud del presente apartado.

6. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 5, letra d), en los casos de solicitudes posteriores, los Estados miembros podrán establecer en el Derecho nacional que el solicitante no tendrá derecho de permanencia, sin perjuicio del respeto del principio de no devolución, si se considera que el recurso ha sido interpuesto simplemente para retrasar o frustrar la ejecución de una decisión de retorno que tendría como consecuencia la expulsión inmediata del solicitante del Estado miembro.

7. El solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional que interponga un nuevo recurso contra una resolución de primer o ulterior recurso no tendrá derecho de permanencia en el territorio del Estado miembro, sin perjuicio de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional permita al solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional permanecer a petición de este o de la persona a quien se retire la protección internacional o actúe de oficio cuando se invoque el principio de no devolución.

Artículo 69 Duración del primer nivel de recurso

Sin perjuicio del examen adecuado y completo de un recurso, los Estados miembros establecerán en su Derecho nacional plazos razonables para que el órgano jurisdiccional examine las resoluciones de conformidad con el artículo 67, apartado 1.

Artículo 70 Impugnación por las autoridades públicas

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades públicas impugnen las resoluciones judiciales o administrativas, tal como lo regule la normativa nacional.

Artículo 71 Cooperación

1. Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional en relación con las cuestiones reguladas por el presente Reglamento y enviará su dirección a la Comisión. La Comisión enviará dicha información a los otros Estados miembros.

2. Los Estados miembros adoptarán, en colaboración con la Comisión, todas las medidas pertinentes para establecer una cooperación directa y un intercambio de información entre sus autoridades responsables, así como entre dichas autoridades competentes y la Agencia de Asilo.

3. Cuando recurran a las medidas a que se refieren el artículo 13, apartado 6, el artículo 27, apartado 5, el artículo 28, apartado 5, y el artículo 35, apartados 2 y 5, los Estados miembros informarán a la Comisión y a la Agencia de Asilo tan pronto como hayan dejado de existir los motivos para aplicar aquellas medidas excepcionales, y al menos una vez al año. Dicha información incluirá, en la medida de lo posible, datos sobre el porcentaje de solicitudes a las que se aplicaron excepciones en relación con el número total de solicitudes tramitadas en ese período.

Artículo 72 Conservación de datos

1. Los Estados miembros conservarán los datos a que se refieren los artículos 14, 27 y 28 durante un período de diez años a partir de la fecha de la resolución definitiva sobre la solicitud de protección internacional. Los datos se borrarán al vencimiento de dicho período o, en caso de que se refiera a una persona que haya adquirido la ciudadanía de algún Estado miembro antes del vencimiento de este período, tan pronto como el Estado miembro tenga conocimiento de que el interesado ha adquirido dicha ciudadanía.

2. Todos los datos se conservarán de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, incluido el principio de limitación de la finalidad y del plazo de conservación.

Artículo 73 Cómputo de los plazos

Salvo que se disponga otra cosa, los plazos establecidos en el presente Reglamento se calcularán del modo siguiente:

• a) un plazo expresado en días, semanas o meses se calculará a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto; el día mismo en que ocurra dicho suceso o se efectúe dicho acto no se incluirá en el plazo en cuestión;
• b) un plazo expresado en semanas o meses vencerá al finalizar el día que, en la última semana o en el último mes, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día del mes, respectivamente, en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de calcularse el plazo; cuando, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su vencimiento no existiese en el último mes de dicho período, el plazo vencerá a medianoche del último día de ese último mes;
• c) los plazos incluirán los sábados, los domingos y los días festivos oficiales del Estado miembro de que se trate; cuando un plazo venza un sábado, un domingo o un día festivo oficial, se computará como último día del plazo el siguiente día hábil.

Artículo 74 Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 60, 62 y 63 se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años a partir del 11 de junio de 2024. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 60, 62, y 63 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22) .

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 60, 62 o 63 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 75 Medidas transitorias

A más tardar el 12 de septiembre de 2024, la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros y con los órganos y organismos pertinentes de la Unión, presentará al Consejo un plan común de ejecución para garantizar que los Estados miembros estén adecuadamente preparados para aplicar el presente Reglamento a más tardar el 1 de julio de 2026, evaluando cualquier laguna detectada y las fases operativas necesarias, e informará al Parlamento Europeo al respecto.

Sobre la base del plan común de ejecución mencionado en el párrafo primero, a más tardar el 12 de diciembre de 2024, cada Estado miembro establecerá, con el apoyo de la Comisión y de los órganos y organismos pertinentes de la Unión, un plan nacional de ejecución en el que se fijen las actuaciones y el calendario para su ejecución. Cada Estado miembro completará la ejecución de su plan a más tardar el 1 de julio de 2026.

A efectos de la aplicación del presente artículo, los Estados miembros podrán recurrir a la ayuda de los órganos y organismos pertinentes de la Unión y los Fondos de la Unión podrán proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros, de conformidad con los actos jurídicos que regulen dichos órganos y organismos y Fondos.

La Comisión hará un seguimiento estrecho de la ejecución de los planes nacionales de ejecución.

Artículo 76 Apoyo financiero

Las acciones desarrolladas por los Estados miembros para implantar el consejo jurídico gratuito y la capacidad adecuada para desarrollar el procedimiento fronterizo de conformidad con el presente Reglamento serán candidatas para recibir apoyo financiero de los Fondos disponibles con cargo al marco financiero plurianual 2021-2027.

Artículo 77 Seguimiento y evaluación

A más tardar el 13 de junio de 2028, y posteriormente cada cinco años, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento en los Estados miembros y, en su caso, propondrá modificaciones.

Los Estados miembros, a petición de la Comisión, remitirán la información necesaria para la elaboración de su informe a más tardar nueve meses antes de que venza el plazo.

A más tardar el 12 de junio de 2027 y, posteriormente, cada tres años, la Comisión evaluará si los números establecidos en el artículo 46 y en el artículo 47, apartado 1, párrafo segundo, y las excepciones al procedimiento fronterizo de asilo, siguen siendo adecuados habida cuenta de la situación migratoria general en la Unión y, en su caso, propondrá modificaciones específicas.

A más tardar el 12 de junio de 2025, la Comisión revisará el concepto de tercer país seguro y, en su caso, propondrá modificaciones específicas.

Artículo 78 Derogación

1. Queda derogada la Directiva 2013/32/UE con efectos a partir de la fecha a que se refiere el artículo 79, apartado 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79, apartado 3.

2. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo I.

LE0000990090_20260227Apartado 2 del artículo 78 redactado por el apartado 6) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

3. En la medida en que la Directiva 2005/85/CE del Consejo (23) seguía siendo vinculante para los Estados miembros no vinculados por la Directiva 2013/32/UE, queda derogada la Directiva 2005/85/CE con efectos a partir de la fecha en que dichos Estados miembros estén vinculados por el presente Reglamento. Toda referencia a la Directiva derogada se entenderá hecha al presente Reglamento.

LE0000222034_20060102

LE0000508749_20130719

Artículo 79 Entrada en vigor y aplicación

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2. El presente Reglamento será aplicable a partir del 12 de junio de 2026.

No obstante, el artículo 59, apartado 2, el artículo 61, apartado 2, y el artículo 61, apartado 5, letra b), del presente Reglamento se aplicarán a partir del 27 de febrero de 2026 en lo que respecta a la aplicación del concepto de “país de origen seguro” de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Directiva 2013/32/UE y del concepto de “tercer país seguro” de conformidad con el artículo 38 de la Directiva 2013/32/UE.LE0000990090_20260227Párrafo 2º del apartado 2 del artículo 79 introducido por la letra a) del apartado 7) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

3. El presente Reglamento será aplicable al procedimiento para la concesión de protección internacional en relación con las solicitudes formalizadas a partir del 12 de junio de 2026. Las solicitudes de protección internacional formalizadas antes de dicha fecha se regirán por la Directiva 2013/32/UE. El presente Reglamento será aplicable al procedimiento para la retirada de la protección internacional si el examen para retirar la protección internacional ha comenzado a partir del 12 de junio de 2026. Cuando el examen para la retirada de la protección internacional se haya iniciado antes del 12 de junio de 2026, el procedimiento para la retirada de la protección internacional se regirá por la Directiva 2013/32/UE.

Los Estados miembros podrán aplicar el artículo 42, apartado 1, letra j), y el artículo 42, apartado 3, letra e), del presente Reglamento como motivos del procedimiento de examen acelerado llevado a cabo de conformidad con el artículo 31, apartado 8, de la Directiva 2013/32/UE o del procedimiento llevado a cabo en la frontera o en las zonas de tránsito de conformidad con el artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE antes del 12 de junio de 2026, si han transpuesto las disposiciones pertinentes y han aplicado los procedimientos especiales establecidos en dichos artículos a nivel nacional antes del 27 de febrero de 2026.LE0000990090_20260227Párrafo 2º del apartado 3 del artículo 79 introducido por la letra b) del apartado 7) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026

4. En el caso de los Estados miembros no vinculados por la Directiva 2013/32/UE, las referencias a esta en los apartados 2 y 3 del presente artículo se entenderán hechas a la Directiva 2005/85/CE.

LE0000990090_20260227Apartado 4 del artículo 79 redactado por la letra c) del apartado 7) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2026/464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de febrero de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2024/1348 en lo que respecta al establecimiento de una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión («D.O.U.E.L.» 26 febrero).Vigencia: 27 febrero 2026