Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones P鷅licas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

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Sumario

V閍se la Res. 15爋ctubre�2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones P鷅licas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (獴.O.E.� 22 octubre).LE0000678124_20201022

I

La situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha obligado durante estos 鷏timos meses a las diferentes Administraciones P鷅licas a dedicar todos sus medios personales y materiales a garantizar su funcionamiento, la prestaci髇 de los servicios p鷅licos por sus empleados de forma no presencial y el ejercicio de los derechos de la ciudadan韆 y empresas.

Las medidas contenidas en esta norma tienen la finalidad de asegurar el normal funcionamiento de las Administraciones P鷅licas, impulsando nuevas formas de organizaci髇 y estructuraci髇 del trabajo de las empleadas y empleados p鷅licos para el mejor servicio a los intereses generales que tienen encomendado.

Por lo tanto, es ineludible abordar, con car醕ter inmediato, la regulaci髇 b醩ica del teletrabajo en las Administraciones P鷅licas y la adaptaci髇 de estas a la administraci髇 digital.

Por otro lado, la imprevisibilidad, magnitud e impacto de esta crisis sanitaria obligan a acometer una serie de medidas excepcionales en materia de recursos humanos con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional, ampliando las posibilidades de contrataci髇 de profesionales por parte de las comunidades aut髇omas. Se trata de medidas de refuerzo de un Sistema Nacional de Salud que se encuentra sometido en el momento actual a una importante sobrecarga y presi髇 asistencial, por lo que su aprobaci髇 es urgente e impostergable.

II

El teletrabajo, entendido como modalidad preferente de trabajo a distancia que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la Administraci髇, para la prestaci髇 de servicios mediante el uso de nuevas tecnolog韆s, ha sido objeto de regulaci髇 tanto en el contexto europeo como a nivel nacional y auton髆ico y local.

En el contexto comunitario, la Confederaci髇 Europea de Sindicatos (CES), la Uni髇 de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Uni髇 Europea del Artesanado y de la Peque馻 y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa P鷅lica (CEEP) firmaron, ya en el a駉 2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar m醩 seguridad a las personas acogidas a teletrabajo por cuenta ajena en la Uni髇 Europea.

Este acuerdo parti� de la concepci髇 del teletrabajo como un medio para modernizar la organizaci髇 del trabajo para las empresas y organizaciones prestadoras de servicios p鷅licos, as� como para dar una mayor autonom韆 a las personas trabajadoras en la realizaci髇 de sus tareas.

Siguiendo la senda abierta por este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y a la vista de lo experimentado en el 醡bito de la empresa privada, comenzaron a aprobarse diversas normativas reguladoras de esta modalidad de trabajo a distancia por distintas Administraciones P鷅licas.

En lo que respecta al 醡bito estatal, las primeras previsiones relativas al teletrabajo fueron introducidas por la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantaci髇 de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. A continuaci髇 se public� el Manual para la implantaci髇 de programas piloto de teletrabajo en la Administraci髇 General del Estado, cuyo principal objetivo era el de servir de gu韆 para los distintos departamentos ministeriales y organismos p鷅licos a la hora de dise馻r e implementar sus programas piloto de teletrabajo.

Un a駉 despu閟, se proceder韆 a la aprobaci髇 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr髇ico de los ciudadanos a los servicios p鷅licos, ya derogada, en cuya disposici髇 final sexta se inclu韆 una habilitaci髇 para la regulaci髇 del teletrabajo en la Administraci髇 General del Estado.

Con posterioridad, en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009, en el apartado 1.1 relativo a la 玀odernizaci髇 y nuevas tecnolog韆s�, como desarrollo de la medida general destinada a 獻mpulsar la buena administraci髇, la calidad y la eficacia de los servicios p鷅licos�, se incluyeron dos previsiones sobre esta materia: una de ellas referida al conjunto de Administraciones P鷅licas y otra a la Administraci髇 General del Estado.

Por su parte, el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administraci髇 General del Estado y en sus organismos p鷅licos, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, prev� en su eje 4 el fomento de la inclusi髇 de medidas de car醕ter transversal para toda la Administraci髇 General del Estado en lo que respecta al tiempo de trabajo, la conciliaci髇 y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. En particular y como medida para el logro de este objetivo, se llevar� a cabo el 玠esarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s, en el 醡bito de la Administraci髇 General del Estado y sus organismos p鷅licos, con el fin de favorecer la conciliaci髇 y una mejor organizaci髇 y racionalizaci髇 del tiempo de trabajo�.

Cabe destacar igualmente que en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, se regula conforme al mandato contenido en el art韈ulo 18.4 de la Constituci髇 Espa駉la y recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos digitales en el 醡bito laboral como son, entre otros, los derechos digitales en la negociaci髇 colectiva, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el 醡bito laboral y el derecho a la desconexi髇 digital.

En cuanto al 醡bito auton髆ico y local, tras los iniciales programas piloto, se fue impulsando desde 2012 la regulaci髇 del teletrabajo para la prestaci髇 de servicios en sus 醡bitos.

Sin embargo, la implantaci髇 del teletrabajo y su uso efectivo en las Administraciones P鷅licas no ha sido, en la pr醕tica, mayoritaria hasta fechas recientes. Su introducci髇 en el 醡bito p鷅lico se ha visto verdaderamente acelerada a partir de marzo de este a駉, ante las extremas y excepcionales circunstancias organizativas y funcionales a que aboc� la crisis epidemiol骻ica por la COVID-19 a todas las Administraciones P鷅licas.

La urgencia y la excepcionalidad de la situaci髇 exigieron la implementaci髇 de soluciones temporales, tanto para las administraciones que dispon韆n de regulaci髇 al respecto, como, en especial, para quienes carec韆n de ella, con la finalidad de conjugar la necesaria continuidad de la actividad administrativa con el cumplimiento de las medidas sanitarias de contenci髇 vigentes en el contexto de la emergencia pand閙ica.

As�, en el marco y 醡bito del estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se procedi� a la aprobaci髇 de normas por las cuales se implantaba de forma generalizada el teletrabajo en las distintas Administraciones P鷅licas, si bien con car醕ter excepcional y temporal.

Desde primeros de mayo, ya en un contexto de mayor control de la pandemia, la implementaci髇 del Plan para la Transici髇 hacia una Nueva Normalidad lleva a la progresiva desescalada y la adaptaci髇 del conjunto de la sociedad a esta nueva coyuntura.

En ese sentido, el uso del teletrabajo ofrece importantes ventajas con potencial para reducir la expansi髇 de la COVID-19, al posibilitar el uso de medios tecnol骻icos para realizar tareas a distancia o de manera virtual, sin necesidad de la presencia f韘ica en las dependencias durante la jornada laboral. La crisis epidemiol骻ica ha mostrado el teletrabajo como el instrumento organizativo m醩 eficaz para mantener la actividad y prestaci髇 de servicios p鷅licos, garantizando a la vez la prevenci髇 frente al contagio.

Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la normalizaci髇 del teletrabajo que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilizaci髇 se ha llegado a configurar como preferente, como se hiciera en el art韈ulo quinto del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19.

De esta manera, las tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇 han constituido una herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contenci髇 y restricciones en el trabajo de las empleadas y empleados p鷅licos en el contexto de incertidumbre, al tiempo que sienta las bases de una forma de organizaci髇 de la prestaci髇 de servicios flexible y adaptable a cualesquiera circunstancias que se puedan dar en el futuro.

El texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, es el instrumento normativo m醩 oportuno para la introducci髇 de unas reglas que sirvan de base com鷑 para el desarrollo de la figura en todas las Administraciones P鷅licas, al tratarse de una norma b醩ica que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo p鷅lico y que contiene los elementos comunes al conjunto del personal funcionario de todas las Administraciones P鷅licas, as� como las normas legales espec韋icas aplicables al personal laboral a su servicio.

La figura del teletrabajo, m醩 all� de la urgente necesidad organizativa actual, constituye una oportunidad para la introducci髇 de cambios en las formas de organizaci髇 del trabajo que redunden en la mejora de la prestaci髇 de los servicios p鷅licos, en el bienestar de las empleadas y los empleados p鷅licos, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y en una administraci髇 m醩 abierta y participativa. Supone el fomento del uso de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y el desarrollo de la administraci髇 digital, con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados p鷅licos, como para la administraci髇 y la sociedad en general.

III

Se regula con car醕ter b醩ico la prestaci髇 del servicio a distancia mediante teletrabajo, fomentando as� el uso de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y el desarrollo de la administraci髇 digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados p鷅licos, como para la administraci髇 y la sociedad en general. Entre otras, cabe destacar la reducci髇 del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de la conciliaci髇 del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y la corresponsabilidad y manteni閚dose los derechos correspondientes, tales como el derecho a la intimidad o la desconexi髇 digital y prestando una especial atenci髇 a los deberes en materia de confidencialidad y protecci髇 de datos.

Adem醩, el teletrabajo no podr� suponer ning鷑 incumplimiento de la jornada y el horario que corresponda en cada caso y de la normativa en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Requisito previo ser� la valoraci髇 del car醕ter susceptible de poder realizarse mediante teletrabajo de las tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluaci髇 y planificaci髇 preventiva, as� como la formaci髇 en competencias digitales necesarias para la prestaci髇 del servicio.

En cualquier caso, la prestaci髇 de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no ser� considerada como ordinaria. La diversa naturaleza de los servicios a la ciudadan韆 que las distintas Administraciones P鷅licas tienen encomendados, y en aras a garantizar la prestaci髇 de los mismos, hace necesario determinar que la prestaci髇 de servicios en la modalidad de teletrabajo no pueda ser absoluta. Ser� en cada 醡bito y en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada administraci髇 competente donde se determine el porcentaje de la prestaci髇 de servicios que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el r間imen que se establezca. Se garantiza en todo caso la atenci髇 directa presencial a la ciudadan韆.

IV

El objeto es, por tanto, configurar un marco normativo b醩ico, tanto desde la perspectiva del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, como desde el punto de vista m醩 espec韋ico de los derechos y deberes de los empleados p鷅licos, suficiente para que todas las Administraciones P鷅licas puedan desarrollar sus instrumentos normativos propios reguladores del teletrabajo en sus Administraciones P鷅licas, en uso de sus potestades de autoorganizaci髇 y considerando tambi閚 la competencia estatal sobre la legislaci髇 laboral en el caso del personal laboral.

En la reuni髇 de la Conferencia Sectorial de Administraci髇 P鷅lica del pasado 11 de junio se acord� elaborar una propuesta para la reforma del texto refundido del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, a cuyo fin se celebraron varias reuniones de la Comisi髇 de Coordinaci髇 del Empleo P鷅lico.

La propuesta resultante fue igualmente objeto de negociaci髇 con los agentes sociales, informada por la Conferencia Sectorial de Administraci髇 P鷅lica en su reuni髇 de 21 de septiembre de 2020 y ratificada a continuaci髇 mediante acuerdo de la Mesa General de Negociaci髇 de las Administraciones P鷅licas cuyo objeto de negociaci髇 son las condiciones de trabajo laborales que resulten susceptibles de regulaci髇 estatal con car醕ter de norma b醩ica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades aut髇omas en su correspondiente 醡bito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de Funci髇 P鷅lica.

La redacci髇 contenida en este real decreto-ley es fruto del di醠ogo fluido entre las distintas Administraciones P鷅licas y las organizaciones sindicales, ejemplo de cogobernanza en una administraci髇 p鷅lica multinivel.

El presente real decreto-ley introduce un nuevo art韈ulo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, en el cap韙ulo V del t韙ulo III, relativo a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

Se define, en primer lugar, el teletrabajo como aquella modalidad de prestaci髇 de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administraci髇, mediante el uso de tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇.

Se establece expresamente que, en todo caso, el teletrabajo deber� contribuir a una mejor organizaci髇 del trabajo a trav閟 de la identificaci髇 de objetivos y la evaluaci髇 de su cumplimiento. Al tratarse de la regulaci髇 de una modalidad de trabajo y flexibilizaci髇 de la organizaci髇 de car醕ter estructural para las Administraciones P鷅licas ha de servir para la mejor consecuci髇 de los objetivos de la administraci髇 en su servicio a los intereses generales.

Como tal, sin perjuicio de su voluntariedad, su utilizaci髇 deber� venir supeditada a que se garantice la prestaci髇 de los servicios p鷅licos y, en todo caso, habr� de asegurarse el cumplimiento de las necesidades del servicio.

En ese sentido, se establece igualmente que la prestaci髇 del servicio a trav閟 de esta modalidad de trabajo habr� de ser expresamente autorizada, a trav閟 de criterios objetivos para el acceso y ser� compatible con la modalidad presencial que seguir� siendo la modalidad ordinaria de trabajo.

El personal que preste servicios mediante esta modalidad tendr� los mismos deberes y derechos que el resto de empleadas y empleados p鷅licos, debiendo la administraci髇 proporcionar y mantener los medios tecnol骻icos necesarios para la actividad.

En todo caso, el desempe駉 concreto de la actividad por teletrabajo se realizar� en los t閞minos de las normas de cada Administraci髇 P鷅lica, siendo objeto de negociaci髇 colectiva en cada 醡bito. Las Administraciones P鷅licas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este real decreto-ley dispondr醤 de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del mismo.

Por otra parte, este real decreto-ley en su art韈ulo 2 introduce la posibilidad de que las comunidades aut髇omas y el Instituto Nacional de Gesti髇 Sanitaria puedan contratar personas que, contando con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezcan del t韙ulo de Especialista reconocido en Espa馻, para realizar funciones propias de una especialidad, en dos supuestos. En primer lugar, en el caso de profesionales sanitarios que hayan realizado las pruebas selectivas de formaci髇 sanitaria especializada de la convocatoria 2019/2020 y que, habiendo superado la puntuaci髇 m韓ima en el ejercicio, no hayan resultado adjudicatarios de plaza. En segundo lugar, en el caso de profesionales sanitarios que cuenten con un t韙ulo de Especialista obtenido en un Estado no miembro de la Uni髇 Europea, siempre que el Comit� de evaluaci髇 haya emitido el informe-propuesta regulado en el art韈ulo 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril.

Por otro lado, en el art韈ulo 3, se regula con car醕ter excepcional y transitorio la prestaci髇 de servicios del personal m閐ico y de enfermer韆 estatutario, laboral y funcionario como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, atendi閚dose al tiempo a aquellas unidades con d閒icit de profesionales siempre que quede garantizada la asistencia a sus unidades de origen.

De este modo, se pretende permitir que se puedan realizar adscripciones de personal dentro de un mismo centro hospitalario, de un centro hospitalario a centros de atenci髇 primaria de su 醨ea, de este tipo de centros a hospitales y hospitales de campa馻 y entre otros centros, servicios, instituciones o establecimientos sanitarios p鷅licos, con el fin de disponer del mayor n鷐ero posible de profesionales.

Tambi閚 se regula en este precepto la posibilidad de que las comunidades aut髇omas puedan adscribir a su personal funcionario de cuerpos o categor韆s para los que se exigiera para su ingreso el t韙ulo de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Medicina o Enfermer韆 a otros dispositivos asistenciales, en las mismas condiciones que los anteriores supuestos.

Asimismo, el real decreto-ley modifica el art韈ulo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, estableciendo la posibilidad de que las personas que participen en las pruebas selectivas de Formaci髇 Sanitaria Especializada, se relacionen obligatoriamente a trav閟 de medios electr髇icos, cuando as� se prevea en la correspondiente convocatoria anual y en los t閞minos que 閟ta establezca. Se habilita esta posibilidad, al amparo del art韈ulo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, tanto por las caracter韘ticas del colectivo al que se dirige la convocatoria, como por la actual situaci髇 de pandemia.

As�, las personas que participan en las pruebas selectivas de Formaci髇 Sanitaria Especializada pertenecen a un colectivo de profesionales que re鷑en una sobrada capacidad t閏nica y profesional y, que tambi閚 ser� exigible para la actividad profesional que en su momento desarrollar醤, que incluye el uso de tecnolog韆s de la informaci髇. Adem醩, la realizaci髇 de determinados tr醡ites por v韆 electr髇ica, en lugar de presencialmente, contribuye a reducir situaciones susceptibles de producir aglomeraciones, que deben evitarse especialmente en el contexto actual de crisis sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19 y en particular trat醤dose de profesionales sanitarios, colectivo respecto del cual se deben extremar las precauciones.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el uso de medios electr髇icos supondr� una mayor agilizaci髇 de la tramitaci髇 de las pruebas selectivas y facilitar� la accesibilidad de las personas aspirantes, que podr醤 realizar las gestiones necesarias desde cualquier lugar y hora, dentro de los plazos previstos en la convocatoria.

V

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 permite al Gobierno dictar reales decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la medidas que se incluyen este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3); y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n鷐. 2208-2019); en este caso medidas dirigidas a incrementar la eficiencia en el funcionamiento del empleo p鷅lico.

La adecuada fiscalizaci髇 del recurso al decreto-ley requiere el an醠isis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇 (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4); y, por otro lado, la existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

En cuanto a la definici髇 de la situaci髇 de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definici髇 expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la 玡xtraordinaria y urgente necesidad� siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoraci髇 conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposici髇 legal excepcional y que son, b醩icamente, los que quedan reflejados en la exposici髇 de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboraci髇 de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

En cuanto a la segunda dimensi髇 del presupuesto habilitante de la legislaci髇 de urgencia, concebida como conexi髇 de sentido entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s� sola, la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley; pues, y esto es particularmente pertinente en el supuesto que se analiza, el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa tras la obligatoria generalizaci髇 del teletrabajo en las Administraciones P鷅licas por causa del impacto de la pandemia por COVID-19, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

Por otro lado, en relaci髇 con las medidas de refuerzo de personal del Sistema Nacional de Salud, existe una obvia conexi髇 entre la situaci髇 de necesidad definida y las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, pues estas tienen por objetivo aliviar la presi髇 a la que se encuentra sometido el Sistema Nacional de Salud, a causa de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, ofreciendo a las comunidades aut髇omas la posibilidad de aumentar las posibilidades de contrataci髇 para que dispongan del mayor n鷐ero posible de profesionales con el fin de garantizar un adecuado servicio a la ciudadan韆.

En suma, en las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad previstas en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, considerando, por otra parte, que los objetivos que se pretenden alcanzar con el mismo no pueden conseguirse a trav閟 de la tramitaci髇 de una ley por el procedimiento de urgencia, y sin que este real decreto-ley constituya un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5).

Asimismo, debe se馻larse que este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de las Constituci髇 Espa駉la, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

Este real decreto-ley responde a los principios de buena regulaci髇 de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, dado el inter閟 general en que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el real decreto-ley el instrumento m醩 inmediato para garantizar su consecuci髇. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico. En cuanto al principio de transparencia, la norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica que no son aplicables a la tramitaci髇 y aprobaci髇 de decretos-leyes. Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas para los ciudadanos.

Por tanto, en las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

Este real decreto-ley se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.7.� y 18.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 laboral, sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las Comunidades Aut髇omas; y en materia de bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y del r間imen estatutario de sus funcionarios.

Asimismo, los art韈ulos 2 y 3 se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.16.� y 30.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci髇 general de la sanidad y en materia de regulaci髇 de las condiciones de obtenci髇, expedici髇 y homologaci髇 de t韙ulos acad閙icos y profesionales y normas b醩icas para el desarrollo del art韈ulo 27 de la Constituci髇, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes p鷅licos en esta materia.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Pol韙ica Territorial y Funci髇 P鷅lica, de la Ministra de Hacienda y del Ministro de Sanidad, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 29 de septiembre de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo 1 Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Se introduce un nuevo art韈ulo 47 bis en el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado P鷅lico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 47 bis Teletrabajo

1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestaci髇 de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administraci髇, mediante el uso de tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇.

2. La prestaci髇 del servicio mediante teletrabajo habr� de ser expresamente autorizada y ser� compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendr� car醕ter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizar� en los t閞minos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que ser醤 objeto de negociaci髇 colectiva en el 醡bito correspondiente y contemplar醤 criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestaci髇 de servicio.

El teletrabajo deber� contribuir a una mejor organizaci髇 del trabajo a trav閟 de la identificaci髇 de objetivos y la evaluaci髇 de su cumplimiento.

3. El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendr� los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de prevenci髇 de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realizaci髇 de la prestaci髇 del servicio de manera presencial.

4. La Administraci髇 proporcionar� y mantendr� a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnol骻icos necesarios para su actividad.

5. El personal laboral al servicio de las Administraciones P鷅licas se regir�, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.�

LE0000561506_20220101

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 22 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenaci髇 de las profesiones sanitarias, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�1. El acceso a la formaci髇 sanitaria especializada se efectuar� a trav閟 de una convocatoria anual de car醕ter nacional. Las personas que participen en las pruebas selectivas deber醤 relacionarse obligatoriamente con la Administraci髇 a trav閟 de medios electr髇icos, cuando as� se prevea en la referida convocatoria y en los t閞minos que 閟ta establezca, en relaci髇 con los tr醡ites de cumplimentaci髇 y presentaci髇 de solicitudes, aportaci髇 de documentaci髇 y pago de tasas, as� como en la fase de adjudicaci髇 de plazas.�

LE0000194742_20220101

Disposici髇 final segunda Adaptaci髇 de normas

Las Administraciones P鷅licas que deban adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este real decreto-Ley dispondr醤 de un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del mismo.

V閍se el D. 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de La Rioja y sus Organismos Aut髇omos (獴.O.L.R.� 29 julio).LE0000704427_20210730V閍se el D 49/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulaci髇 del teletrabajo como modalidad de prestaci髇 de servicios del personal empleado p鷅lico de la Administraci髇 de la Generalitat (獶.O.C.V.� 12 abril).LE0000694251_20210413