Sumario

Norma afectada por

BOE 14 Diciembre. Corrección de erratas Circular Banco de España 4/2011 de 30 Nov. (modifica Circular 3/2008 de 22 May., determinación y control de los recursos propios mínimos)

Circular 4/2011, 30 noviembre rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 14 diciembre).

La Circular 3/2008, de 22 de mayo, a las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos (en lo sucesivo, CBE 3/2008), constituye el punto final, en el ámbito de las entidades de crédito, de la legislación sobre recursos propios mínimos y supervisión en base consolidada de las entidades financieras dictada a partir de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficiente de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, y que comprende también el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras. Con ella se culmina el proceso de adaptación de la legislación española de entidades de crédito a las directivas comunitarias 2006/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición), y 2006/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre adecuación del capital de las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito (refundición).

La Directiva 2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre, ha modificado dichas directivas en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis, y, además, ha introducido otras modificaciones en diversas normas técnicas contenidas en los anejos de la Directiva 2006/48/CE. Del mismo modo, la Directiva 2010/76/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, volvió a modificar ambas directivas en lo que respecta a los requisitos de capital para la cartera de negociación y las retitulizaciones, y a la supervisión de las políticas de remuneraciones.

Mediante la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y, fundamentalmente, la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifica la Ley 13/1985, se llevó a cabo la primera fase de incorporación a nuestro ordenamiento de esas dos directivas. El Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, desarrolló aquella norma legal, avanzando sustancialmente en el proceso de transposición de las dos directivas comunitarias mencionadas, especialmente en materia de política de remuneraciones.

No obstante, atendiendo básicamente a la complejidad y el detalle en el que entran dichas directivas, especialmente en materia de solvencia, las leyes y el Real Decreto citados habilitaron al Banco de España para la transposición de muchos de los aspectos técnicos de dichas directivas. De hecho, en muchos casos la Ley y el Real Decreto solo arbitran principios básicos, dejando al Banco el desarrollo completo de las especificaciones técnicas establecidas en el articulado, y sobre todo en los diferentes anejos de las referidas directivas.

Así, el objeto esencial de esta Circular es completar la trasposición a nuestro derecho positivo de las dos directivas citadas (conocidas en el argot financiero como CRD2 y CRD3).

Además, esta Circular pretende avanzar en la adaptación de nuestra regulación prudencial a los nuevos criterios establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en lo que se ha venido llamando Basilea III, es decir, en el nuevo marco prudencial sobre solvencia y liquidez abierto a finales de 2009 con los dos documentos publicados por el Comité; este objetivo se pretende cumplir, con el fin esencial de asegurar la computabilidad futura de los instrumentos de capital que se emitan a partir de 2012, dentro de las competencias de que dispone el Banco de España, y sin afectar a la disponibilidad potencial del crédito ni perturbar la capacidad de captación de recursos de nuestras entidades. También se aprovecha la presente Circular para dar cumplimiento a las recomendaciones que, sobre transparencia de las políticas de remuneraciones, ha publicado en julio de este año el Comité de Basilea y ejercer alguna de las competencias atribuidas al Banco en ese ámbito.

Finalmente, la Circular incluye alguna norma que pretende tener en cuenta, a efectos de la supervisión de los grupos consolidables en los que se integren cajas de ahorro, la situación particular de aquellas que no ejercen directamente la actividad financiera.

Así, de acuerdo con el Real Decreto citado y el nuevo marco de Basilea III, cabría destacar las modificaciones relativas a las características financieras que deben disponer diversos instrumentos de capital regulatorio, muy en especial los que pueden integrar los recursos propios básicos, para reforzar su capacidad de absorber pérdidas en situaciones de estrés y su estabilidad.

Entre esas modificaciones destacan las que impiden, en el futuro, la existencia de incentivos a la amortización anticipada, que presionan sobre la disponibilidad de los recursos cuando son más necesarios, y las que pretenden evitar (no en la deuda subordinada) el pago de la retribución cuando ello sea aconsejable para reforzar la capitalización de la entidad.

También merecen una mención especial los mecanismos que aseguran que los híbridos computables como recursos propios básicos son útiles para absorber pérdidas ordinarias. En este ámbito se han aprovechado las habilitaciones del RD 216/2008 para endurecer la ratio sobre activos ponderados por riesgo que el Real Decreto usaba como desencadenante de dichos mecanismos, y así asegurar una más temprana absorción de pérdidas.

Sin embargo, y en la medida en que no hay una exigencia legal al respecto, la norma no requiere a las entidades de crédito para que, entre las condiciones de emisión, figure la que el Comité de Basilea ha vinculado al momento en que se traspase el punto de no viabilidad de una entidad, y que prevé la conversión en acciones o la amortización de los híbridos y las deudas subordinadas cuando el supervisor (el Banco de España, si la emisión se realiza en el marco de una entidad española o de un grupo encabezado por una de ellas) lo considere necesario. Pese a ello, la incorporación de una cláusula de conversión en acciones ordinarias (o la total amortización permanente de los valores emitidos) que asegure el cumplimiento de ese requisito sería muy recomendable en la medida en que con ello se asegurará que los híbridos y financiaciones subordinadas que la incorporen podrán computarse plenamente también a partir de 2013.

Por otro lado, la Circular establece como normas las guías que sobre la gestión del riesgo de liquidez se habían incluido en la Circular 9/2010, que constituyó la última modificación (en este caso en aspectos muy técnicos) de la CBE 3/2008. Además, estas normas se completan ahora con diversas menciones concretas para tener en cuenta que en el futuro existirá un estándar de liquidez a corto, y con un conjunto de informaciones periódicas que las entidades deberán remitir mensualmente sobre su situación de liquidez (previsiones de salidas y entradas de caja, activos líquidos y líneas de crédito disponibles, etc). Con ello se evaluará con mayor rigor el riesgo de liquidez al que están expuestas las entidades. Aunque la Circular no prevé que esas normas se exijan necesariamente a las sucursales de entidades de crédito comunitarias, no debe olvidarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Directiva 2006/48/CEE, la supervisión de la liquidez de esas sucursales es competencia del Banco de España en colaboración con la autoridad del país de origen (competencia también recogida en el número 2 del artículo 43 bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito) y que ello faculta al Banco, en ese marco de colaboración, y teniendo en cuenta las características del negocio de cada sucursal (que en muchos casos puede determinar que no capte fondos en España), para exigir las medidas y la información apropiadas para atender los riesgos de liquidez que presente cada sucursal.

El tercer aspecto al que la nueva regulación presta especial atención es el de los riesgos de cierto tipo de activos: los que son fruto de titulizaciones y retitulizaciones, y los integrados en la cartera de negociación. Las nuevas normas completan el proceso de endurecimiento de los requisitos prudenciales aplicables en estos ámbitos, tanto respecto a los requerimientos de capital como en el marco de las obligaciones de diligencia debida en inversores y emisores, entre las que destaca la exigencia de que estos últimos, cuando titulizan, retengan una parte de los riesgos que aportan al mercado, exigencia que contribuye a precisar la Circular.

Los límites a los grandes riesgos y la información que deben publicar las entidades de crédito en materia de remuneraciones constituyen también otros elementos relevantes de la reforma de la Circular.

Un último aspecto de interés hace referencia a la transparencia de que, a partir de ahora, gozará la política de remuneraciones que las entidades apliquen a sus directivos y a los empleados cuyas decisiones puedan afectar al perfil de riesgos de la entidad. Junto a la información agregada que debe publicarse, la Circular especifica los casos en los que las entidades deben contar con un Comité de Remuneraciones y concreta alguna de las obligaciones de las entidades respecto de dicho colectivo cuando presenten resultados mediocres o negativos. También se indica la información que debe recibir el Banco de España para supervisar el cumplimiento de los principios, mayoritariamente fijados en el Real Decreto 216/2008, en que debe basarse la política de remuneraciones frente a ese colectivo. Dentro de este ámbito, por lo demás, la presente Circular incluye asimismo los criterios que debe aplicar el Banco de España respecto a las limitaciones a la remuneración variable en aquellas entidades que hayan recibido apoyo financiero público, establecidas en el artículo 76 septies del Real Decreto 216/2008, sin perjuicio de las eventuales limitaciones excepcionales a la remuneración total que pudiera establecer el Banco de España en el ejercicio de sus competencias exclusivamente con relación a la solvencia de las entidades de crédito, a fin de que estas ajusten sus políticas de incentivos a una adecuada gestión del riesgo.

Finalmente, es importante destacar que, para dotar de mayor rigor y armonización a la aplicación de las directivas, el Banco de España va a adherirse formalmente, de manera prácticamente simultánea a la aprobación de esta Circular, a diversas guías emanadas desde la Autoridad Bancaria Europea y que inciden sobre las materias que ahora se regulan.

En uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y oído el Consejo de Estado, ha aprobado la presente Circular, que contiene las siguientes disposiciones:

NORMA ÚNICA

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos:

1. La letra d) del apartado 5 de la norma primera queda redactada del siguiente modo:

2. La norma segunda se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

• a) En el apartado 2 se añade una nueva letra e) con el siguiente texto:
  • «e) Que a través de un acuerdo contractual dos o más entidades de crédito integren un sistema institucional de protección de acuerdo con la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985.
    
    En estos casos, la entidad central del sistema institucional de protección tendrá la consideración de entidad matriz a los efectos de todo lo previsto en esta Circular. Además, cuando las entidades integrantes del sistema institucional de protección cedan a la entidad central la totalidad de su negocio financiero de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, o pongan en común el 100% de sus resultados, se darán por cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 2 y 5 de la norma quinta en orden a permitir las exenciones allí contempladas para las entidades integrantes del sistema que hayan cedido su negocio o puesto en común sus resultados.»
  
• b) El primer párrafo del apartado 5 queda redactado del siguiente modo:

  «En los supuestos a), b), c) y e) del apartado 2 de esta norma, en el grupo consolidable se integrarán todas las entidades financieras consolidables por su actividad, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio, naturaleza jurídica o país donde desarrollen sus actividades.»

  

3. Se da la siguiente redacción al segundo párrafo de la norma tercera:

4. Se da la siguiente redacción a las letras b) y c) del apartado 1 de la norma cuarta:

5. La norma quinta se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

• a) Se elimina el punto i) de la letra d) del apartado 2 y el punto ii) se incorpora, sin numeración, al primer párrafo de la citada letra d).
• b) Se modifica la redacción del apartado 5:

  «5. Todo banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito que sea entidad dominante de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito deberá cumplir con las obligaciones a que se refiere el apartado 1 de la norma cuarta, con los límites a la concentración de riesgos indicados en el apartado 2 de la misma norma y con las obligaciones de gobierno corporativo interno mencionadas en el apartado 3 de la misma norma, en la forma que se indica a continuación.

  • a) Se integrarán junto a la matriz, previa comunicación al Banco de España, las filiales instrumentales cuyas exposiciones o pasivos relevantes, incluido el capital, lo sean respecto a aquella y las sociedades del grupo cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones (salvo que se trate de filiales de otras entidades de crédito del grupo), en las que, además:
    • – La matriz dominante posea, directa o indirectamente, más del 50% de los derechos de voto de la filial, o tenga el derecho a nombrar o cesar a la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración.
    • – No exista, ni se prevea que pueda existir, impedimento práctico o jurídico relevante para la inmediata transferencia de fondos propios o el reembolso de pasivos cuando los deba la filial a su empresa matriz; para acreditar el cumplimiento de este requisito, en lo que se refiere a eventuales impedimentos legales, la entidad deberá aportar dictamen jurídico suficiente y, respecto a los impedimentos prácticos, deberá aportar declaración expresa de su órgano de administración, considerando poco previsible su existencia actual o futura.
    • – Los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la empresa matriz incluyan a la filial.
  • b) El cálculo de los requerimientos por riesgo de crédito y contraparte exigibles:
    • – No tendrán en cuenta las deducciones de los recursos propios mencionadas en el apartado 4 de la norma novena, sin perjuicio de la ponderación de los activos no deducidos con arreglo a las normas del capítulo cuarto, ni las exposiciones sobre instrumentos computables como recursos propios a que se refiere el apartado 4 de la norma decimoquinta.
    • – Los instrumentos computables como recursos propios que mantengan, directa o indirectamente, frente a cualquier empresa del grupo se ponderarán al 370%.
  • c) En el cálculo de los límites a los grandes riesgos no se tendrán en cuenta las exposiciones frente a otras entidades del grupo consolidable.
  • d) En lo que se refiere a las obligaciones de medición del riesgo de tipo de interés, se estará a lo que indica la norma centésima sexta.
    
    Iguales reglas se aplicarán, junto a las indicadas en el apartado 4 anterior, a cualquier banco filial al que no sea exigible lo dispuesto en el apartado 3 precedente, pero que tenga otras filiales consolidables por su actividad.»
  
• c) Se crea un nuevo apartado 7:

  «7. Las cajas de ahorros que, en el marco previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 2/2011, hayan cedido el ejercicio directo de su actividad financiera, y sean excluidas del grupo consolidable al que pertenezcan de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 de la Ley 13/1985, deberán seguir cumpliendo los requerimientos de solvencia individualmente, y a tal fin aplicarán lo previsto en el apartado 4 precedente. En todo caso, las cajas estarán eximidas del cumplimiento de las obligaciones de remisión de estados establecidas en la norma centésima vigésima primera, sin perjuicio de las informaciones que les pueda solicitar el Banco de España en el marco de sus actuaciones supervisoras.

  En el caso de que las cajas de ahorros a que se refiere este apartado contaran o llegaran a contar con pasivos financieros frente a terceros, sea en forma de préstamo o de cualquier clase de valores o instrumentos representativos de deuda, distintos de los derivados de su obra social u otros que tengan un carácter meramente transitorio, para el cumplimiento individual indicado en el párrafo anterior dejará de aplicarse lo previsto en el citado apartado 4 y operarán adicionalmente todas las deducciones establecidas en la norma novena para las entidades no pertenecientes a un grupo consolidable de entidades de crédito.»

  

6. La norma octava se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

• a) La letra a) del apartado 1 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:
  • «a) El capital social de las sociedades anónimas, incluidas las primas de emisión desembolsadas, en la medida en que tenga menor prelación que todos los demás créditos en caso de concurso o liquidación, y excluida la parte del mismo contemplada en la letra h) siguiente; los fondos fundacionales y las cuotas participativas de las cajas de ahorros, así como el fondo social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y las cuotas participativas de asociación emitidas por esta; las aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito, y el fondo de dotación de las sucursales de entidades de crédito extranjeras.
    
    La entidad no podrá crear en el momento de la emisión expectativa alguna de que el instrumento de capital social contemplado en el párrafo anterior será objeto de recompra, rescate o amortización.
    
    Se considerará menoscabada la contribución del instrumento de capital a la absorción de pérdidas del emisor cuando atribuya a sus tenedores algún tipo de privilegio en el reparto de ganancias sociales o en la liquidación y, en especial, cuando su retribución incumpla alguna de las siguientes condiciones:
    • i) se hará con cargo a los resultados netos positivos del ejercicio o de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla;
    • ii) no podrá superar el importe distribuible formado por los resultados netos positivos del ejercicio y las reservas de libre disposición;
    • iii) no estará en modo alguno vinculado o ligado al importe desembolsado en el momento de la emisión;
    • iv) no estará sujeto a un límite estipulado, salvo en los casos legalmente previstos para las cooperativas de crédito.

  Ni el emisor ni cualquier empresa de su grupo económico podrán asegurar ni garantizar el importe desembolsado o la retribución, que tampoco podrán ser objeto de garantías, compromisos o acuerdo alguno que mejore jurídica o económicamente la prelación del potencial derecho de cobro.

  En el caso de las cooperativas de crédito, el capital estará integrado por las aportaciones de los socios y asociados, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  • – Su retribución estará condicionada a la existencia de resultados netos positivos o, previa autorización del Banco de España, de reservas de libre disposición suficientes para satisfacerla.
  • – Su duración será indefinida, de forma que no puedan, en ningún caso, contabilizarse como pasivos financieros.
  • – Su eventual reembolso quedará sujeto, al menos, a las condiciones que se deriven del número 4 del artículo séptimo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de crédito.
  • – La aportación no tendrá privilegio alguno en su prelación en caso de concurso o liquidación, en relación con el resto de las aportaciones.»
  
• b) La letra f) del apartado 1 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:
  • «f) El saldo contable de la cobertura genérica determinada de acuerdo con la CBE 4/2004 correspondiente al riesgo de insolvencia de los clientes, es decir, ligada a las pérdidas inherentes o no asignadas específicamente por deterioro del riesgo de crédito de clientes, cuando estos correspondan a carteras a las que se aplique el método estándar establecido en la sección primera del capítulo cuarto, en la parte que no exceda del 1,25% de los riesgos ponderados que hayan servido de base para el cálculo de la cobertura. A estos efectos:
    • – Los activos titulizados que, en virtud de lo establecido en la norma quincuagésima séptima, hayan sido excluidos del cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo según el método estándar establecido en la sección primera del capítulo cuarto recibirán la ponderación que les hubiera correspondido si no hubieran sido excluidos de dicho cálculo.
    • – Los riesgos deducidos de los recursos propios recibirán la ponderación que les hubiera correspondido si no hubieran sido sujetos a deducción.

  El saldo contable de la cobertura mencionada que exceda del 1,25% antes citado se deducirá, según corresponda, a los efectos de calcular el valor de las exposiciones sujetas a ponderación o límites, de los riesgos que hayan servido de base para el cálculo de la cobertura, en proporción a su contribución a ella, o de las posiciones de titulización mantenidas. La «Entidad» podrá optar igualmente por aplicar este mismo mecanismo de deducción al saldo de la cobertura que no exceda del 1,25%, comunicándolo al Banco de España, mientras se mantenga, junto a las declaraciones correspondientes.»

  
• c) La letra i) del apartado 1 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:
  • «i) Las participaciones preferentes mencionadas en el artículo 7.1 de la Ley 13/1985 y emitidas conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la propia Ley, con independencia de su contabilización o no como pasivo financiero, y los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles, incluidos los emitidos de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, sobre reforzamiento del sistema financiero, siempre que cumplan los requisitos exigidos en la citada disposición adicional para la computabilidad de las participaciones preferentes.»
  
• d) La letra j) del apartado 1 queda redactada como sigue:
  • «j) Las financiaciones subordinadas recibidas por la entidad de crédito. Se entiende por financiaciones subordinadas aquellas que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores comunes. En los contratos y folletos de emisión quedará patente la condición de financiación subordinada para los acreedores, por lo que no podrá estar asegurado ni cubierto por garantías del emisor o de cualquier empresa de su grupo económico, ni podrá ser objeto de acuerdo alguno que mejore jurídica o económicamente su prelación frente a dichos acreedores comunes. Sin perjuicio de los derechos que le conceda la legislación concursal, las cláusulas contractuales no podrán contemplar el vencimiento anticipado de la deuda a causa del propio impago de la financiación, o de otras deudas del emisor o de empresas de su grupo. Las financiaciones subordinadas podrán denominarse en cualquier moneda.

    Estas financiaciones podrán ser de los tres tipos siguientes:

    • I. Estándar:
      • – Su plazo original no será inferior a cinco años, a contar desde su efectivo desembolso; si no hubiera sido fijada la fecha de su vencimiento, deberá estar estipulado para su retirada un preaviso de, al menos, cinco años, preaviso del que se informará inmediatamente al Banco de España. Tanto en uno como en otro caso, desde el momento en que su plazo remanente sea de cinco años, y durante dichos cinco años, reducirán su cómputo como recursos propios a razón de un 20% anual, hasta que su plazo remanente sea inferior a un año, momento en el que dejarán de computarse como tales.
      • – No podrán contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada a opción del tenedor, sin perjuicio de que el deudor pueda proceder al reembolso anticipado una vez trascurridos cinco años desde el desembolso de las financiaciones si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad, previa autorización del Banco de España. Solo podrá entenderse que no se ve afectada la solvencia de la entidad cuando i) la entidad sustituya el instrumento amortizado con elementos computables como recursos propios de igual calidad, o con elementos computables como recursos propios básicos, y dicha sustitución se efectúe en condiciones que sean compatibles con la capacidad de generación de ingresos por la entidad, o ii) esta demuestre que sus recursos propios computables superan ampliamente los requerimientos mínimos tras la operación.
      
      
      Además, la inclusión de cláusulas que permitan la amortización anticipada a opción del emisor no podrán incluir incentivos a dicha amortización, como, por ejemplo, el incremento del tipo de interés para el caso de que no se ejerza la opción. La entidad no podrá crear expectativa alguna de que se ejercitará la opción. Tampoco serán admisibles las cláusulas que incentiven indirectamente dicha amortización, como, por ejemplo, las que prevean que la remuneración se eleve cuando disminuya la calidad crediticia del emisor o de otras empresas de su grupo.
    • II. De duración indeterminada:
      • – No tendrán fecha de vencimiento. No obstante, previa autorización del Banco de España, el emisor podrá proceder al reembolso anticipado una vez transcurridos cinco años desde el desembolso de las financiaciones, si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad. Solo podrá entenderse que no se ve afectada la solvencia de la entidad cuando i) la entidad sustituya el instrumento amortizado con elementos computables como recursos propios de mayor calidad, o con elementos computables como recursos propios básicos, y dicha sustitución se efectúe en condiciones que sean compatibles con la capacidad de generación de ingresos por la entidad, o ii) esta demuestre que sus recursos propios computables superan ampliamente los requerimientos mínimos tras la operación.
        
        Además, la inclusión de cláusulas que permitan la amortización anticipada a opción del emisor no podrán incluir incentivos a dicha amortización, como, por ejemplo, el incremento del tipo de interés para el caso de que no se ejerza la opción. La entidad no podrá crear expectativa alguna de que se ejercitará la opción. Tampoco serán admisibles las cláusulas que incentiven indirectamente dicha amortización, como, por ejemplo, las que prevean que la remuneración se eleve cuando disminuya la calidad crediticia del emisor o de otras empresas de su grupo.
      • – Deberán contemplar la posibilidad (o la obligación, según decida el emisor) de diferir el pago de intereses en el caso de pérdidas al cierre del ejercicio inmediato anterior al del pago, o en el caso de que la entidad presente, durante más de un trimestre consecutivo, un déficit en el cumplimiento de sus requerimientos de recursos propios superior al 20%. Los intereses diferidos podrán (o deberán, según decida el emisor) pagarse cuando haya beneficios suficientes, cuando se elimine el déficit citado, cuando se pague un dividendo, en caso de amortización anticipada de la emisión, y cuando se disuelva el emisor.
      • – La deuda y los intereses pendientes de pago podrán aplicarse a la absorción de pérdidas sin necesidad de proceder a la disolución de la entidad, aun cuando sea después de haberse agotado las reservas, y reducido a cero el capital ordinario, los Fondos vinculados a la emisión de cuotas participativas, y las acciones y participaciones preferentes. La parte de las financiaciones utilizada para absorber pérdidas podrá recuperarse por el acreedor cuando el emisor obtenga beneficios suficientes y cumpla, al menos durante dos años ininterrumpidos, sus obligaciones de solvencia.
    • III. A corto plazo:
      • – Su plazo original no será inferior a dos años a contar desde su efectivo desembolso, y no podrá contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada, sin perjuicio de que el deudor pueda proceder al reembolso anticipado en cualquier momento si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad, previa autorización del Banco de España, que no podrá quedar condicionada o sujeta a incentivos u otras condiciones contractuales especificadas de antemano.
      • – Ni el principal ni los intereses podrán ser pagados cuando exista un déficit de recursos propios, por mínimo que este sea. La reanudación en el pago de intereses o el abono del principal serán comunicados al Banco de España al menos con un mes de antelación.»
  
• e) El apartado 4 recibe la siguiente redacción:

  «4. En orden a su inclusión entre los recursos propios de las entidades de crédito, las participaciones preferentes y, hasta su conversión y a los efectos de la presente Circular, los instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles, incluso los emitidos de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, y en el marco de las condiciones legales y reglamentarias aplicables, deberán contemplar, en sus condiciones de emisión, que:

  • a) El consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad de crédito emisora o matriz podrá cancelar, discrecionalmente, cuando lo considere necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto acumulativo. La decisión sobre el pago o no de la remuneración deberá ser enteramente libre; así, cláusulas que restrinjan esta discreción, como las de apertura obligatoria de una opción de conversión en acciones a iniciativa del tenedor en caso de decisión de cancelación, son incompatibles con este requisito.
    
    No obstante, dicho pago se deberá cancelar si la entidad de crédito emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios establecidos en el apartado 1 de la norma cuarta.
    
    En todo caso, el pago de esta remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante. En los contratos y folletos de emisión deberá recogerse la obligación de autorización previa del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España, de cualquier pago con cargo a reservas.
    
    Asimismo, el Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable.
    
    Sin perjuicio de los derechos que le conceda la legislación concursal, las cláusulas contractuales precisarán que no constituye un supuesto de incumplimiento la cancelación discrecional del pago de la remuneración. Dicha cancelación no impondrá restricciones a la entidad para la realización de otros pagos, salvo en relación con el pago de dividendos a los accionistas ordinarios.
    
    No obstante, el pago de la remuneración podrá ser sustituido, si así lo establecen las condiciones de emisión, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito de la entidad de crédito emisora o matriz, siempre que ello le permita preservar sus recursos financieros.
    
    Esta entrega de instrumentos de capital solo será admisible si:
    • i) Da lugar al mismo resultado económico que la cancelación, esto es, si no implica reducción del capital de la entidad. Solo se considerará que da lugar al mismo resultado económico que la cancelación si el pago en especie se realiza con instrumentos de capital emitidos al efecto y la obligación del emisor se limita a la emisión de dichos instrumentos, pero no existe compromiso alguno por su parte, o por parte de alguna de las empresas de su grupo económico, de encontrar compradores para los mismos o de asumir cualesquiera riesgos vinculados a la venta o al valor de los instrumentos entregados.
    • ii) El emisor tiene una total discrecionalidad para no pagar la remuneración en efectivo y, además, puede cancelar la entrega de los instrumentos de capital cuando sea necesario, y muy especialmente cuando se desencadenen alguno de los mecanismos de absorción de pérdidas a los que se refiere la letra c) siguiente. El Banco de España podrá exigir la cancelación de dicha entrega cuando la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito emisora o matriz, o la de su grupo o subgrupo consolidable, o la de los mercados financieros así lo aconseje.
  • b) En el caso de emisiones a través de una filial garantizadas por su entidad de crédito dominante, el depósito y la garantía deberán tener, a efectos de prelación de créditos, el mismo rango que, para el emisor, tenga la emisión, y por ello habrán de situarse detrás de todos los acreedores, ordinarios o subordinados, de la entidad garante; en todo caso, los importes que habrá de liquidar el garante a los tenedores de las participaciones preferentes en caso de liquidación o disolución del garante, o de sujeción del mismo a lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital, no excederán en ningún caso de los que se hubieran pagado con los activos del garante si las participaciones hubieran sido emitidas directamente por este.
  • c) En los supuestos en los que la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten pérdidas significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de los requerimientos de recursos propios, las condiciones de emisión de las participaciones preferentes deberán establecer, con claridad suficiente, un mecanismo que asegure la participación de sus tenedores en la absorción de pérdidas corrientes o futuras, y que no menoscabe eventuales procesos de recapitalización, ya sea mediante la conversión de las participaciones en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz, ya sea mediante la reducción de su valor nominal.
    
    El mecanismo deberá surtir efecto cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
    • i) Cuando la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten una ratio de capital predominante inferior al 5,125 %. A estos efectos, se entenderá por capital predominante el definido en las letras a) y b) del apartado 1 de la norma undécima y se tendrán en cuenta, en forma coherente con las recomendaciones del Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, las restantes deducciones recogidas en la norma novena, así como cualesquiera otras partidas (como, por ejemplo, los activos fiscales diferidos cuya materialización dependa de la rentabilidad futura de la entidad) que, a juicio de la entidad, menoscaben la capacidad de absorción de pérdidas de dicho capital en situaciones de estrés.
    • ii) Cuando, disponiendo de una ratio de recursos propios básicos, calculada sobre la misma base que el coeficiente de solvencia, inferior al 6%, la entidad emisora o matriz, o su grupo o subgrupo consolidable, presenten pérdidas contables significativas. Se entenderá que existen pérdidas significativas cuando las acumuladas en el conjunto de los últimos cuatro trimestres cerrados hayan reducido el capital y las reservas previas de la entidad en un tercio.
    
    
    En el caso de que el mecanismo sea la conversión en acciones ordinarias, cuotas participativas o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o matriz:
    • – Aquel deberá permitir la conversión inmediata (como muy tarde al final del mes siguiente a la fecha en que se active el mecanismo) de todas las participaciones preferentes que incluyan este mecanismo o al menos, en el caso previsto en el inciso i), de las necesarias para que la ratio de capital en él prevista retorne al 5,125%, y contar con una relación de canje que establezca un suelo al número y nominal de acciones que se deben entregar.
    • – La información que se ha de difundir y entregar al inversor será, al menos, la exigible en el caso de emisiones de obligaciones convertibles.

    Cuando el mecanismo esté constituido por una reducción en el valor nominal de las participaciones preferentes:

    • – Las pérdidas trimestrales que sufra el emisor o su grupo a partir del momento en que el mecanismo surta efecto se repartirán entre el conjunto del capital y reservas del emisor, de una parte, y el conjunto de las participaciones preferentes en circulación emitidas por dicho emisor, de otra, de forma que el valor nominal de estas últimas asuma, al menos, una reducción permanente y no recuperable del 50% del que afecte, proporcionalmente a su peso, al conjunto del capital y las reservas. Dicho valor nominal reducido será el que se tomará en cuenta para el eventual pago futuro de las remuneraciones y para la amortización de la financiación, bien sea fruto del ejercicio de una opción de amortización anticipada, o bien sea a causa de la liquidación de la entidad. Al hacer el cálculo a que se refiere el párrafo anterior solo se tomarán las participaciones preferentes en circulación que incluyan este mecanismo de absorción de pérdidas. En este caso, las pérdidas que se deberán considerar serán las que puedan surgir en los estados reservados de la entidad de obligatoria remisión al Banco de España.
      
      Se entenderá equivalente al mecanismo previsto en el inciso anterior, para el supuesto en el que concurra la circunstancia prevista en el inciso i), la reducción permanente del valor nominal de las participaciones preferentes en la medida necesaria para que, sin exigencia de que concurran pérdidas, la ratio de capital contemplada en dicho inciso retorne de manera efectiva al 5,125%, teniendo en cuenta el eventual efecto de la fiscalidad.
    • – El emisor deberá disponer, de manera individualizada para cada inversor, de un documento en el que: el inversor declare conocer el porcentaje que las participaciones preferentes que incluyan este mecanismo de absorción de pérdidas supongan, en ese momento, frente al capital y las reservas de la entidad; el inversor acepte expresamente que el valor nominal de su participación no es definitivo, sino que puede soportar las pérdidas previstas en la normativa aplicable, cuya literalidad deberá igualmente reflejarse en el documento. La información sobre el porcentaje antes citado se reiterará a los inversores afectados al menos una vez al año y siempre que se lleve a cabo una nueva emisión de participaciones preferentes. Con carácter simultáneo a la aplicación de las pérdidas, se comunicará a los inversores el nuevo valor nominal de su participación.
      
      En ningún caso, las restantes condiciones contractuales que regulen los procesos de absorción de pérdidas podrán contener cláusulas que dificulten la recapitalización, tales como disposiciones que requieran que el emisor compense al tenedor si se emite un nuevo instrumento a un precio menor durante un período de tiempo especificado.
  • d) En el caso de amortización anticipada a iniciativa del emisor a que se refiere la letra f) del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, este solo podrá proceder al reembolso anticipado una vez transcurridos cinco años desde el desembolso de la emisión si con ello no se ve afectada la situación financiera ni la solvencia de la «Entidad», previa autorización del Banco de España; sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 14.2 del Real Decreto 216/2008, solo podrá entenderse que aquellas no se ven afectadas cuando i) la entidad sustituya el instrumento amortizado con elementos computables como recursos propios de igual o mayor calidad y dicha sustitución se efectúe en condiciones que sean compatibles con la capacidad de generación de ingresos por la entidad, o ii) esta demuestre que sus recursos propios computables superan convenientemente los requerimientos mínimos tras la operación.

    Las cláusulas contractuales:

    • – No podrán incluir incentivos a la amortización anticipada, ya sean directos, como los incrementos de tipo de interés ligados a ella, o indirectos, como prever una remuneración que se eleve cuando se reduzca la calidad crediticia del emisor o de empresas de su grupo; el emisor tampoco podrá crear expectativa alguna de que se ejercitará la opción de compra o de que se reembolsará la emisión de cualquier otra forma.
    • – Deberán contemplar que el impago de la remuneración o del principal que es posible amortizar anticipadamente no puede facultar al inversor para instar la declaración de situación concursal o para exigir el vencimiento anticipado de la emisión.
      
      La entidad no podrá crear expectativa alguna de que se ejercitará la opción de compra o de que se reembolsará la emisión de cualquier otra forma.
  • e) La recompra parcial o total de la emisión también requerirá la autorización previa del supervisor, a menos que tenga por objeto facilitar su liquidez en el mercado secundario y no exceda del 2% de la emisión.
  • f) Ni el emisor ni cualquier empresa de su grupo económico podrán asegurar ni garantizar el importe desembolsado, ni este podrá ser objeto de acuerdo alguno que mejore jurídica o económicamente su prelación frente a los acreedores, subordinados o no, del emisor y, en su caso, frente a los de la entidad dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito.
  • g) En los contratos y folletos de emisión quedará patente la condición de instrumento de capital tanto para el emisor como para el inversor.»
  
• f) El punto ii) de la letra e) del apartado 5 se modifica como sigue:
  • «ii) Cumplan las restantes condiciones establecidas para su computabilidad en esta norma, no solo en relación con la entidad emisora, sino también respecto a la entidad del grupo mencionada en la letra precedente.»
  
• g) El punto iii) de la letra f) del apartado 5 se modifica como sigue y se añade un nuevo punto iv) a dicho apartado:
  • «iii) No den lugar a a excesos significativos de recursos propios, medidos sobre los requerimientos que la consolidación del emisor genere en el grupo. Se entenderá como exceso significativo el que supere el 25% de los citados requerimientos.
  • iv) En el caso de que contemplen el mecanismo de reducción del valor nominal previsto en el apartado 4 c) anterior, dicha reducción deberá producirse, en todo caso, cuando la activación del mecanismo correspondiente afecte al grupo en su conjunto.»
  
• h) Se añade un nuevo apartado 7 con la siguiente redacción:

  «7. Para ser computables como recursos propios básicos, las acciones sin voto emitidas por empresas españolas, aparte de cumplir los requisitos exigibles a las participaciones preferentes, estarán disponibles para la cobertura de riesgos y pérdidas de la entidad emisora en caso de saneamiento general y en su liquidación.

  Los valores análogos a las acciones sin voto emitidos por filiales extranjeras deberán cumplir, mutatis mutandis, iguales requisitos, teniendo en cuenta su legislación mercantil, si bien, si esta contempla como causa de insolvencia el que el pasivo exigible supere al activo, el instrumento no podrá contribuir a que tal causa se cumpla.»

  

7. En la norma novena:

• a) Las letras b), g) y j) del apartado 1 se modifican de acuerdo con el siguiente texto:
  • «b) Las acciones, aportaciones u otros valores computables como recursos propios de la entidad de crédito o del grupo que se hallen en poder de aquella o en el de cualquier entidad consolidable, incluso los poseídos a través de personas que actúen por cuenta de cualquiera de ellas, y los que hayan sido objeto de cualquier operación o compromiso que perjudique su eficacia para cubrir pérdidas de la entidad o del grupo. En particular, se deducirán los comprados a plazo (netos de las ventas a plazo que no tengan riesgo de contrapartida) y los vendidos a terceros con opción de devolución abierta a una entidad del grupo, o con compromiso de recompra a plazo por una entidad del grupo, así como las posiciones largas en operaciones de equity swaps sobre acciones propias y las compras sintéticas de acciones propias, entendiéndose por compra sintética la combinación de una opción de compra comprada y una opción de venta vendida con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. En estos casos, la deducción se efectuará por el valor con que se registrarían en libros las acciones subyacentes, sin perjuicio de las pérdidas que pueda arrojar el movimiento en el precio del derivado.
    
    También deberán deducirse las posiciones indirectas en acciones, aportaciones u otros valores computables como recursos propios de la entidad, mantenidas a través de posiciones netas en índices que los incluyan.
    
    Asimismo, se deducirán las financiaciones, directas o indirectas, a terceros cuyo objeto sea la adquisición de acciones, aportaciones u otros valores computables como recursos propios de la entidad que las haya otorgado o de otras entidades de su grupo consolidable. La deducción se aplicará sea cual sea la finalidad de la adquisición y aunque los valores adquiridos queden integrados en la cartera de negociación o la adquisición se produzca como consecuencia de una actividad de creación de mercado.»
  • «g) Las participaciones iguales o inferiores al 10% del capital de entidades financieras consolidables por su actividad, pero no integradas en el grupo consolidable, y las financiaciones subordinadas u otros valores computables emitidos por entidades de ese carácter, participadas o no, y adquiridas por la entidad o grupo que ostente las participaciones, en la parte en que la suma de todas ellas exceda del 10% de los recursos propios de la «Entidad», calculados después de llevar a cabo las deducciones a que se refieren las letras a), b) y c) de este apartado.»
  • «j) El importe de las exposiciones en titulizaciones que reciban una ponderación de riesgo del 1.250%, salvo cuando dicho importe haya sido incluido en el cálculo de los riesgos ponderados para el cálculo de los requerimientos de recursos propios por activos titulizados, se encuentren o no dentro de la cartera de negociación.»
  
• b) En el apartado 5 se añade un cuarto párrafo con el siguiente texto:

  «Los elementos recogidos en la letra j) del apartado 1 de esta norma no se deducirán si han sido incluidos, a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 de la norma cuarta, en el cálculo de las posiciones ponderadas por riesgo, bien sea en la cartera de inversión o de negociación.»

  

8. En la norma undécima:

• a) Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 1 de acuerdo con la siguiente redacción:
  • «a) Los recursos propios básicos de una entidad de crédito estarán constituidos por la suma de los elementos recogidos en las letras a), b) e i) del apartado 1 de la norma octava, así como por las acciones sin voto que cumplan lo previsto en el apartado 7 de dicha norma, menos el importe del concepto a) del apartado 1 de la norma novena y de las partidas incluidas en el concepto b) de este último apartado relativas a aquellos elementos.
    
    De los recursos propios básicos se excluirán las participaciones preferentes y las acciones sin voto a las que se refiere el párrafo anterior que excedan del 30 % de los recursos propios básicos.
    
    En todo caso, el capital ordinario y las reservas, netos de pérdidas, activos inmateriales y de las demás deducciones citadas en la letra b) del apartado 1 de la norma novena que afecten directamente a dicho capital, deberán ser superiores al 50% de los recursos propios básicos de la entidad de crédito.
  • b) Los recursos propios básicos de un grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito incluirán, con su signo, los elementos citados en el primer párrafo de la letra precedente que resulten de la consolidación de los correspondientes estados contables, siempre que cumplan con las condiciones mencionadas en el apartado 5 de la norma octava que les afecten; en particular, de las reservas en sociedades consolidadas se excluirá la parte que corresponda a reservas de revalorización.
    
    De estos recursos propios básicos se excluirá, en su caso, el importe excedentario agregado de las participaciones representativas de intereses minoritarios correspondientes a acciones ordinarias, tal y como se define a continuación, en la parte que supere el 10% de los recursos propios básicos del grupo o subgrupo.

    El importe excedentario agregado a que se refiere el párrafo anterior se determinará del siguiente modo:

    • – Solo se tendrán en cuenta las filiales cuyos activos totales sean mayores que el 1% de los activos totales consolidados, siempre que el importe de los recursos propios computables localizados en la filial exceda en al menos un 25% los requerimientos de recursos propios que la filial genere al grupo o subgrupo; además, las entidades obligadas de un grupo consolidable podrán solicitar al Banco de España excluir del cálculo a otras filiales de escasa significación para determinar dicho excedente agregado.
    • – El importe excedentario individual de cada filial se calculará atendiendo a la proporción que la participación minoritaria represente en el capital de la filial.
    
    
    También se excluirán las participaciones preferentes y las acciones sin voto o valores análogos emitidos por empresas extranjeras que, aun cumpliendo lo previsto en el apartado 7 de la norma octava, excedan, al nivel de grupo o subgrupo, del límite del 30% citado en la letra a) anterior.
    
    Lo dispuesto en los párrafos precedentes de esta letra se aplicará igualmente para calcular los recursos propios computables de las entidades matrices a que se refiere el apartado 5 de la norma quinta y de las filiales que deban aplicar la subconsolidación a que se refiere el apartado 3 de la misma norma.
    
    En todo caso, los recursos propios básicos del grupo o subgrupo deberán estar constituidos en más de un 50% por el capital ordinario y las reservas, netos de pérdidas, activos inmateriales y las demás deducciones que afecten a dicho capital y por las participaciones representativas de intereses minoritarios que correspondan a acciones ordinarias y que no excedan del límite indicado anteriormente.
  • c) Los recursos propios de segunda categoría de una entidad de crédito estarán constituidos por los elementos contenidos en las letras c), d), e), f) y g) del apartado 1 de la norma octava, por las acciones sin voto que no cumplan las condiciones para ser incluidas dentro de la letra a) precedente y por las acciones rescatables y financiaciones subordinadas cuya duración inicial no sea inferior a cinco años, netos de sus deducciones, es decir, de las partidas incluidas en el concepto b) del apartado 1 de la norma novena relativas a esos elementos.»
  
• b) La letra e) del apartado 1 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:
  • «e) Los recursos propios auxiliares de una entidad o grupo consolidable de entidades de crédito estarán integrados por las financiaciones subordinadas a corto plazo que tengan en circulación.
    
    Las participaciones preferentes y las acciones sin voto o valores análogos emitidos por empresas extranjeras que cumplan lo previsto en el apartado 7 de la norma octava, excluidas de los recursos propios básicos en virtud de lo establecido en los apartados anteriores, podrán integrarse dentro de los recursos propios de segunda categoría, individuales o consolidados, dentro de los límites que indica el siguiente apartado.»
  
• c) El apartado 3 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

  «3. Las entidades podrán computar como recursos propios, temporalmente y en situaciones de urgencia, los elementos en exceso de los límites establecidos en el apartado 2 de esta norma, previa autorización expresa del Banco de España. En la solicitud de autorización, las «Entidades» indicarán la cuantía y el plazo para el que la proponen, y las medidas previstas para regularizar la situación. El Banco de España podrá fijar cuantías o plazos inferiores a los propuestos.»

  
• d) Se suprimen los apartados 4 y 5.

9. En la norma decimosexta:

• a) Se añade un segundo párrafo en el apartado 6 con el siguiente texto:

  «Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en el apartado 8 de esta norma, se asignará una ponderación del 20% a las exposiciones frente a las Administraciones regionales y las autoridades locales de los Estados miembros de la Unión Europea denominadas y financiadas en la divisa nacional de esas Administraciones regionales o autoridades locales.»

  
• b) Las letras d), e) y f) del apartado 37 reciben la siguiente redacción:
  • «d) Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre inmuebles residenciales, en la forma y condiciones que se exponen a continuación:
    • – Préstamos garantizados hasta el menor de los dos importes siguientes:
      • i) Principal de los préstamos que tengan como garantía el mismo inmueble.
      • ii) 80% del valor de las propiedades que sirven de garantía.
    • – Títulos no subordinados emitidos por vehículos de titulización que estén regulados por la legislación de un Estado miembro y que titulicen préstamos garantizados con hipotecas sobre inmuebles residenciales, siempre que al menos el 90% de los activos de tales vehículos de titulización estén constituidos por préstamos hipotecarios que se valoren teniendo en cuenta el menor de los importes siguientes:
      • i) Nominal de los títulos emitidos por el vehículo de titulización.
      • ii) Principal de los préstamos que tengan como garantía el mismo inmueble.
      • iii) 80% del valor de los inmuebles que sirven de garantía.
    
    
    Además, los títulos deberán tener asignada una calidad crediticia de nivel 1, de acuerdo con lo previsto en esta norma, y no podrán superar el 10% del importe nominal de los activos afectos a los bonos garantizados.
    
    El límite del 90% no será de aplicación, sin embargo, a las exposiciones originadas por la transmisión y gestión de pagos de los deudores de los préstamos garantizados con inmuebles asociados a los títulos no subordinados emitidos por los vehículos o con títulos de deuda, ni por los ingresos derivados de la liquidación de tales préstamos.
  • e) Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre inmuebles comerciales, en la forma y condiciones que se exponen a continuación:
    • – Préstamos garantizados hasta el menor de los dos importes siguientes:
      • i) Principal de los préstamos que tengan como garantía el mismo inmueble.
      • ii) 60% del valor de las propiedades que sirven de garantía.
    • – Títulos no subordinados emitidos por vehículos de titulización que estén regulados por la legislación de un Estado miembro y que titulicen préstamos garantizados con hipotecas sobre inmuebles comerciales, siempre que al menos el 90% de los activos de tales vehículos de titulización estén constituidos por préstamos hipotecarios que se valoren teniendo en cuenta el menor de los importes siguientes:
      • i) Nominal de los títulos emitidos por el vehículo de titulización.
      • ii) Principal de los préstamos que tengan como garantía el mismo inmueble.
      • iii) 60% del valor de los inmuebles que sirven de garantía.
      
      
      Además, los títulos deberán tener asignada una calidad crediticia de nivel 1, de acuerdo con lo previsto en esta norma, y no podrán superar el 10% del importe nominal de los bonos garantizados.
      
      El límite del 90% no será, sin embargo, de aplicación a las exposiciones originadas por la transmisión y gestión de pagos de los deudores de los préstamos garantizados con inmuebles asociados a los títulos no subordinados emitidos por los vehículos o con títulos de deuda, ni por los ingresos derivados de la liquidación de tales préstamos.
    • – Asimismo, se considerará que cumplen los requisitos previstos en esta letra los préstamos garantizados con hipotecas sobre inmuebles comerciales cuando la relación entre el principal de los préstamos que tengan como garantía el mismo inmueble y el valor de las propiedades que les sirven de garantía sea superior al 60% e inferior o igual al 70%, siempre que el valor total de las propiedades hipotecadas para cubrir los bonos garantizados supere en un 10%, como mínimo, el importe nominal de los bonos garantizados y que, además, los derechos de los titulares de los bonos cumplan los requisitos de certeza legal establecidos en las normas sobre reducción del riesgo de crédito establecidas en la sección tercera de este capítulo. Los derechos de los titulares de los bonos tendrán prioridad sobre la garantía real frente a cualquier otro acreedor.
  • f) Préstamos garantizados con buques, cuando los préstamos hipotecarios correspondientes, unidos a los restantes que tengan el mismo buque como garantía, no superen el 60% del valor del buque.»
  

10. Se da la siguiente redacción al apartado 2 de la norma decimonovena:

11. En la norma vigésima quinta:

• a) Se da la siguiente redacción al apartado 27:

  «27. Cuando las exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva (IIC) cumplan los criterios establecidos en el apartado Ñ) de la norma decimosexta y la entidad de crédito tenga conocimiento de la totalidad o parte de las exposiciones subyacentes de la IIC, los importes de las exposiciones ponderadas por riesgo y los importes de las pérdidas esperadas se calcularán sobre las exposiciones subyacentes utilizando el método IRB regulado en esta sección.

  A la parte de las exposiciones subyacentes de la IIC de que la entidad de crédito no tenga conocimiento o no pueda razonablemente esperarse que lo tenga, así como en los casos en que el examen de las exposiciones subyacentes a fin de calcular las exposiciones ponderadas por riesgo y las pérdidas esperadas, según los métodos establecidos en esta sección, suponga una carga desproporcionada para la entidad de crédito, será de aplicación lo establecido en el apartado 30 de esta norma.»

• b) El apartado 28 recibe la siguiente redacción:

  «28. Si la entidad conoce la totalidad o parte de las exposiciones subyacentes, pero no cumple los requisitos establecidos en esta sección para la utilización del método IRB respecto de alguna o algunas de las categorías de exposición previstas en la norma vigésima tercera, las exposiciones ponderadas por riesgo y los importes de las pérdidas esperadas para dichas categorías de exposición se calcularán con arreglo a las siguientes reglas:

  • a) Categoría de Renta variable: se aplicará el método simple de ponderación de riesgo regulado en los apartados 19 a 21 de esta norma. Si la entidad de crédito no puede distinguir entre exposiciones de renta variable no cotizadas incluidas en carteras suficientemente diversificadas, exposiciones de renta variable negociables en mercados organizados y resto de exposiciones de renta variable, aplicará a las exposiciones en cuestión el tratamiento previsto en dichos apartados para la subcategoría de Resto de exposiciones de renta variable. Podrá aplicarse a esta subcategoría el método estándar regulado en la sección primera de este capítulo cuando el importe agregado de las exposiciones mantenidas, excluidas las exposiciones de renta variable contraídas conforme a la letra g) del apartado 4 de la norma vigésima cuarta, no supere, en promedio durante el año anterior, el 10% de los recursos propios de la entidad.
  • b) Resto de exposiciones subyacentes: se aplicará el método estándar regulado en la sección primera de este capítulo, con las modificaciones siguientes:
    • i) La ponderación de riesgo de aquellas exposiciones que, o bien están sujetas al nivel de calificación crediticia que arroje la ponderación de riesgo más elevada de su categoría, o bien están sujetas a la ponderación aplicable en cada categoría a las exposiciones sin calificación, se multiplicará por 2, sin que pueda exceder del 1.250 %.
    • ii) La ponderación de riesgo de las demás exposiciones se multiplicará por 1,1 y estará sujeta a un mínimo del 5%.»
• c) El apartado 29 recibe la siguiente redacción:

  «29. Cuando las exposiciones frente a IIC no cumplan los criterios establecidos en el apartado Ñ) de la norma decimosexta o las entidades de crédito no tengan conocimiento de todas las exposiciones subyacentes de la IIC, las entidades de crédito podrán calcular ellas mismas o bien encomendar a un tercero el cálculo y la realización del informe de la ponderación media de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito a partir de las exposiciones subyacentes. Este cálculo deberá hacerse de acuerdo con las reglas de cálculo descritas en el apartado 28 de esta norma, siempre que la entidad considere que está garantizada la exactitud de dicho cálculo y del informe.»

• d) El primer párrafo del apartado 30 recibe la siguiente redacción:

  «30. Finalmente, cuando las exposiciones frente a IIC no cumplan los criterios establecidos en el apartado Ñ) de la norma decimosexta o la entidad de crédito no tenga conocimiento de todas las exposiciones subyacentes de la IIC y no se cumplan los requisitos para aplicar las reglas de cálculo descritas en el apartado 28 de esta norma, las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito se calcularán de acuerdo con las siguientes reglas:»

12. La letra c) del apartado 5 de la norma vigésima séptima se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

13. Se añaden dos nuevos apartados en la norma quincuagésima tercera con el siguiente texto:

14. La letra g) del apartado 1 de la norma quincuagésima sexta se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

15. Se introduce una nueva norma quincuagésima sexta bis con la siguiente redacción:

16. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 de la norma quincuagésima séptima con el siguiente texto:

17. Se da la siguiente redacción al apartado 1 de la norma quincuagésima octava:

18. El apartado 8 de la norma quincuagésima novena se modifica como sigue:

19. El apartado 1 de la norma sexagésima se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

20. En la norma sexagésima primera:

• a) Se da la siguiente redacción al apartado 8:

  «8. En el método RBA, las posiciones de titulización o retitulización con calificación recibirán la ponderación de riesgo que corresponda de acuerdo con el cuadro 3, en función del nivel de calidad crediticia que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la norma sexagésima sexta, asigne el Banco de España a las calificaciones crediticias de la ECAI elegible que haya calificado las referidas posiciones de titulización. Salvo en el caso de posiciones con un nivel de calidad crediticia correspondiente a una ponderación de riesgo del 1.250%, esa ponderación se multiplicará por 1,06 a efectos del cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 de la norma quincuagésima novena.

  Cuadro 3

  Nivel de calidad crediticia		Posiciones de titulización			Posiciones de retitulización
  Calificaciones de crédito que no sean a corto plazo	Calificaciones de crédito a corto plazo	A	B	C	D	E
  1	1	7%	12%	20%	20%	30%
  2		8%	15%	25%	25%	40%
  3		10%	18%	35%	35%	50%
  4	2	12%	20%		40%	65%
  5		20%	35%		60%	100%
  6		35%	50%		100%	150%
  7	3	60%	75%		150%	225%
  8		100%			200%	350%
  9		250%			300%	500%
  10		425%			500%	650%
  11		650%			750%	850%
  Restantes grados y posiciones sin calificación		1.250%»

• b) El apartado 9 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

  «9. Se aplicarán las ponderaciones de la columna C del cuadro 4 del apartado anterior cuando la posición de titulización no sea una posición de retitulización y siempre que el número de exposiciones titulizadas sea inferior a seis. En las restantes posiciones de titulización que no sean posiciones de retitulización se aplicarán las ponderaciones de la columna B, salvo si la posición se sitúa en el tramo de mayor prelación de una titulización, en cuyo caso se aplicarán las ponderaciones de la columna A. En las posiciones de retitulización se aplicarán las ponderaciones de la columna E, salvo si la posición se sitúa en el tramo de mayor prelación de la retitulización y ninguna de las exposiciones subyacentes es, a su vez, una exposición frente a una retitulización, en cuyo caso se aplicarían las ponderaciones de la columna D. Para determinar si un tramo es el de mayor prelación, no será preciso tener en cuenta los importes adeudados por contratos de derivados sobre tipos de interés o divisas, las comisiones adeudadas u otros pagos similares.»

• c) Se da la siguiente redacción al apartado 10:

  «10. Para calcular el número efectivo de exposiciones titulizadas, las exposiciones múltiples frente a un deudor deberán tratarse como una única exposición. El número efectivo de exposiciones (N) se calculará aplicando la siguiente fórmula:

  

  Siendo EAD_i el valor de exposición o, en su caso, la suma de los valores de todas las exposiciones mantenidas frente al deudor i.

  A efectos del cálculo de N, las exposiciones múltiples de un deudor se tratarán como una única exposición.

  Si se conoce la proporción de la cartera asociada a la exposición de mayor importe (C₁), la entidad podrá computar N como 1/C₁.»

• d) Se suprime el apartado 11.
• e) Se modifica el apartado 14 de acuerdo con el siguiente texto:

  «14. En el método IAA, las entidades asignarán a cada posición de titulización sin calificación uno de los grados internos de calificación crediticia referidos en la letra e) del apartado anterior.

  A continuación se atribuirá a cada posición una calificación «derivada», equivalente a la calificación crediticia externa que, de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del apartado anterior, corresponda al referido nivel interno de calificación.

  En los supuestos en los que, en el momento en que se origine la titulización, la calificación «derivada» se corresponda con un nivel de calidad crediticia equivalente o superior al nivel 3 del cuadro 3 del apartado 8 de esta norma para calificaciones a corto plazo, o equivalente o superior al nivel 8 del mencionado cuadro para calificaciones distintas de las de a corto plazo, en el caso de posiciones de titulización, o equivalente o superior al nivel 5 de dicho cuadro para las posiciones de retitulización, dicha calificación «derivada» se considerará equivalente a la calificación crediticia externa efectuada por la ECAI elegible y se aplicará la ponderación de riesgo que corresponda a esta última calificación conforme al método RBA.»

• f) Se modifica el apartado 15 de acuerdo con la siguiente redacción:

  «15. En el método SF, las posiciones de titulización recibirán la ponderación de riesgo que corresponda con arreglo a lo previsto en el apartado siguiente de esta norma. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 21 a 23 de esta norma.»

• g) En el apartado 16, la definición de N se sustituye por la siguiente:

  «N es el número efectivo de exposiciones calculadas con arreglo al apartado 10 de esta norma. En el caso de una retitulización, la entidad de crédito deberá considerar el número de exposiciones de titulización incluidas en el conjunto de exposiciones y no el número de exposiciones subyacentes incluidas en los conjuntos de exposiciones originales de los que proceden las exposiciones de titulización subyacentes.»

21. Se introduce una nueva norma sexagésima cuarta bis con la siguiente redacción:

22. En el apartado 1 de la norma sexagésima quinta se introduce una nueva letra c) con la siguiente redacción:

23. Se introduce un nuevo apartado 7 en la norma sexagésima séptima con la siguiente redacción:

24 Se añade un tercer párrafo en el apartado 5 de la norma sexagésima octava con la siguiente redacción:

25. La letra d) del apartado 2 de la norma sexagésima novena se modifica de acuerdo con la siguiente redacción:

26. El segundo párrafo del apartado 8 de la norma septuagésima tercera se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

27. El apartado 15 de la norma septuagésima cuarta se redacta de acuerdo con el siguiente texto:

28. En la norma octogésima cuarta:

• a) Se da la siguiente redacción a la letra a) del apartado 6:
  • «a) Políticas y procedimientos documentados sobre el proceso de valoración que contengan una definición clara de las responsabilidades de las distintas áreas que participen en ese proceso, las fuentes de información de mercado utilizadas para la realización de la valoración, así como un análisis sobre la adecuación de cada una de ellas, directrices para el uso de datos no observables que reflejen las hipótesis de la entidad acerca de lo que los partícipes del mercado utilizarían al determinar el precio de la posición, la frecuencia de las valoraciones independientes, la hora de los precios de cierre, los procedimientos de ajuste de las valoraciones, los procedimientos de verificación a final de mes y los procedimientos de verificación de carácter puntual que se establezcan para fines concretos.»
• b) Se modifica el apartado 8 de acuerdo con el siguiente texto:

  «8. Siempre que sea posible, las posiciones se valorarán a precios de mercado. A estos efectos, la valoración a precios de mercado consistirá en valorar, al menos diariamente, las posiciones a los precios de cierre del mercado obtenidos de fuentes independientes. Entre ellos, podrán utilizarse los precios de mercados secundarios oficiales, las cotizaciones electrónicas o las cotizaciones de diversos intermediarios independientes de prestigio.»

• c) Se da la siguiente redacción al primer párrafo y a la letra a) del apartado 10:

  «10. Cuando la valoración a precios de mercado no sea posible, las entidades de crédito deberán valorar de forma prudente sus posiciones y carteras mediante un modelo antes de aplicar las normas sobre requerimientos de capital de la cartera de negociación. A estos efectos, por valoración mediante un modelo habrá de entenderse cualquier valoración que deba obtenerse tomando como referencia o extrapolando datos del mercado o realizando cualesquiera otros cálculos a partir de los dichos datos de mercado. En ese caso, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

  • a) La alta dirección deberá conocer que los elementos de la cartera de negociación u otras posiciones valoradas por su valor razonable son valorados conforme a ese modelo y entender la materialidad de la incertidumbre que ello incorpora a la información sobre el riesgo o rendimiento del negocio.»
• d) Los apartados 12, 13 y 14 se redactan de acuerdo con el siguiente texto:

  «12. Las entidades de crédito deberán establecer y mantener procedimientos para tomar en consideración los ajustes de valoración. En particular, las entidades deberán tomar en consideración el cálculo de los ajustes de valoración correspondientes a los siguientes elementos:

  • a) Diferenciales de crédito aún no realizados.
  • b) Costes de liquidación.
  • c) Riesgos operativos.
  • d) Cancelación anticipada.
  • e) Costes de inversión y de financiación.
  • f) Costes administrativos futuros.
  • g) Riesgo asociado a la utilización de un modelo de valoración, cuando proceda.

  13. Las entidades deberán establecer y mantener procedimientos para calcular un ajuste de la valoración real de las posiciones menos líquidas. Estos ajustes se realizarán, en su caso, de forma adicional a cualesquiera variaciones del valor de la posición que resulten necesarias a efectos de información financiera y estarán destinados a reflejar la iliquidez de la posición. Con arreglo a dichos procedimientos, las entidades tendrán en cuenta varios factores a la hora de determinar si es necesario un ajuste de valoración para las posiciones menos líquidas. Entre tales factores necesariamente habrán de tenerse en cuenta el tiempo que llevaría cubrir la posición o sus riesgos, la volatilidad y la media del intervalo entre el precio de compra y el de venta, la disponibilidad de cotizaciones de mercado (número e identidad de los creadores de mercado), la volatilidad y la media de los volúmenes negociados, las concentraciones de mercado, la antigüedad de las posiciones, en qué medida la valoración proviene de un modelo y no de precios de mercado, y el efecto de otros riesgos de modelo.

  14. Las entidades de crédito que utilicen valoraciones de terceros o alguno de los modelos a que se refiere el apartado 10 anterior deberán analizar la necesidad de realizar ajustes de valoración. Las entidades que utilicen modelos o valoraciones de terceros deberán, asimismo, analizar la necesidad de establecer ajustes de igual naturaleza para las posiciones menos líquidas y revisar su razonabilidad de forma continua.

  Respecto de productos complejos, que pueden consistir, entre otros, en exposiciones de titulización y derivados de crédito de enésimo incumplimiento, las entidades evaluarán explícitamente la necesidad de introducir ajustes de valoración para reflejar las siguientes dos formas de riesgo de modelo: el riesgo de modelo asociado a la utilización de un método de valoración que pudiera ser incorrecto y el riesgo de modelo asociado a la utilización de parámetros de calibración inobservables (y posiblemente incorrectos) en el modelo de valoración.»

29. En el apartado 15 de la norma octogésima sexta:

• a) Se da la siguiente redacción al primer párrafo:

  «15. En el caso de los derivados de crédito, las posiciones de los vendedores de protección se valorarán, salvo disposición expresa en contrario, por el importe nocional del contrato del derivado de crédito, aplicándose el vencimiento de ese contrato en lugar del vencimiento de la obligación de referencia, salvo en los supuestos de permutas del rendimiento total (TRS). No obstante, la entidad de crédito podrá decidir sustituir dicho importe nocional por la diferencia entre el importe nocional y cualquier cambio de valor de mercado que haya sufrido el derivado de crédito desde su contratación.»

• b) Se modifica la letra e) del segundo párrafo de acuerdo con el siguiente texto:
  • «e) En el caso de los derivados de crédito que cubran varias obligaciones de referencia, cuando la cobertura recaiga sobre la obligación que incumpla en el enésimo lugar, se generará una posición por el importe nocional en cada una de las obligaciones de referencia, exceptuando las «n – 1» obligaciones de referencia que disfruten de la ponderación por riesgo específico más baja. Los requerimientos de recursos propios de estas posiciones creadas no superarán el máximo importe del pago estipulado en el contrato. Cuando el derivado de crédito de n-ésimo incumplimiento tenga una calificación externa, el vendedor de protección calculará la exigencia de recursos propios utilizando la calificación del derivado y aplicando las ponderaciones correspondientes por riesgo de titulización.»

30. En la norma octogésima séptima:

• a) Se da la siguiente redacción al primer párrafo del apartado 11:

  «11. Los requerimientos de recursos propios por riesgo específico en instrumentos que no sean posiciones de titulización vendrán determinados por la suma de las posiciones ponderadas, ya sean largas o cortas, obtenidas como resultado de multiplicar las posiciones netas de la entidad de crédito por los coeficientes de ponderación previstos a continuación. A estos efectos, las entidades clasificarán sus posiciones netas en alguna de las categorías previstas que se indican seguidamente, en función del tipo de emisor/deudor, calificación crediticia externa o interna y vencimiento residual.»

• b) Se da la siguiente redacción al cuarto párrafo del apartado 11 y se añade un nuevo quinto párrafo con la siguiente redacción:

  «Las posiciones de titulización definidas en la sección cuarta del capítulo cuarto que, conforme a lo dispuesto en esa sección, deban deducirse o ponderarse al 1.250% no podrán estar sujetas a unos requerimientos de recursos propios por riesgo específico inferiores a los establecidos en dicha sección. Tampoco las líneas de liquidez no calificadas podrán estar sujetas a unos requerimientos de recursos propios inferiores a los establecidos en la sección cuarta del capítulo cuarto. Calculará su exigencia de capital frente al riesgo específico de posiciones que son posiciones de titulización de conformidad con el apartado 20 de esta norma.

  A efectos de lo previsto en este apartado y en los apartados 11 bis y 20 de esta norma, la entidad de crédito podrá limitar el resultado de la ponderación y la posición neta a la pérdida relativa al máximo riesgo posible de incumplimiento. Para una posición corta, este límite podrá calcularse como un cambio en el valor debido a los subyacentes nominales que se convierten inmediatamente en libres de riesgo por incumplimiento.»

• c) Se introducen nuevos apartados 11 bis a quáter con la siguiente redacción:

  «11 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 11, una entidad podrá determinar la mayor de las cantidades siguientes como la exigencia de capital por riesgo específico para la cartera de negociación de correlación:

  • a) la exigencia total de capital por riesgo específico aplicable únicamente a las posiciones largas netas de la cartera de negociación de correlación;
  • b) la exigencia total de capital por riesgo específico aplicable a las posiciones cortas netas de la cartera de negociación de correlación.

  11 ter. La cartera de negociación de correlación consistirá en posiciones de titulización y derivados de crédito de enésimo incumplimiento que satisfagan los siguientes criterios:

  • a) las posiciones no son posiciones de retitulización ni opciones sobre un tramo de titulización, ni ningún otro derivado de exposiciones en titulización de activos que no ofrezca una participación proporcional en los ingresos de un tramo de titulización, y que
  • b) todos los instrumentos de referencia son instrumentos uninominales (single name), incluidos los derivados de crédito uninominales para los que existe un mercado líquido activo de oferta y demanda, o índices comúnmente negociados que se basen en estas entidades de referencia. Se considerará que existe un mercado activo de oferta y demanda cuando haya ofertas independientes y de buena fe para comprar y vender, de manera que puedan determinarse en un día un precio razonablemente relacionado con el último precio de venta o cotizaciones competitivas de buena fe ofrecidas y solicitadas, y liquidarse a tal precio en un plazo relativamente corto y de conformidad con los usos y costumbres del sector.

  11 quáter. No podrán formar parte de la cartera de negociación de correlación las posiciones relacionadas con uno de los elementos siguientes:

  • a) un subyacente que pueda asignarse a las categorías de exposición mencionadas en las letras h) e i) del apartado 1 de la norma decimocuarta en una cartera de inversión de una entidad, o
  • b) un crédito sobre una entidad con fines especiales.

  Una entidad podrá incluir en su cartera de negociación de correlación posiciones que no sean ni posiciones de titulización ni derivados de crédito de enésimo incumplimiento, pero que cubran otras posiciones de dicha cartera, siempre que exista un mercado líquido de oferta y demanda conforme al apartado 11 ter, letra b) de esta norma, para el instrumento o sus subyacentes.»

• d) Se añade un nuevo apartado 20 con el siguiente texto:

  «20. La entidad ponderará sus posiciones netas, respecto de los instrumentos en la cartera de negociación que sean posiciones de titulización, calculándolas de conformidad con los apartados 1 y 2 de la norma octogésima sexta del siguiente modo:

  • a) en relación con las posiciones de titulización que estarían sujetas al método estándar en lo que atañe al riesgo de crédito en la cartera de inversión de la misma entidad, el 8 % del importe de la ponderación de riesgo conforme al método estándar de acuerdo con la subsección segunda de la sección cuarta del capítulo cuarto de esta Circular;
  • b) en relación con las posiciones de titulización que estarían sujetas al método basado en calificaciones internas en la cartera de inversión de la misma entidad, el 8 % del importe de la ponderación de riesgo conforme al método basado en calificaciones internas de acuerdo con la subsección segunda de la sección cuarta del capítulo cuarto de esta Circular.

  A efectos de las letras a) y b), el método basado en la fórmula supervisora solo podrán utilizarlo previa autorización de las autoridades de supervisión las entidades de crédito que no sean entidades originadoras que puedan aplicarlo en relación con la misma posición de titulización de la cartera de inversión. En su caso, las estimaciones de la probabilidad de incumplimiento (PD) y pérdida en caso de incumplimiento (LGD), para su empleo en el método de la fórmula supervisora, se harán de conformidad con lo previsto en la sección segunda de esta Circular o, previa autorización expresa del Banco de España, basándose en cálculos derivados de un método que se ajuste a lo especificado en el apartado 1 de la norma nonagésima tercera bis, y que se ajuste a los criterios cuantitativos del método basado en calificaciones internas.

  No obstante lo dispuesto en las letras a) y b), en relación con las posiciones de titulización que estarían sujetas a una ponderación de riesgo de conformidad con la norma sexagésima cuarta bis si pertenecieran a las carteras de inversión de las mismas entidades, se aplicará el 8 % del importe de la ponderación de riesgo conforme a dicha norma.

  La entidad calculará la exigencia de capital frente al riesgo específico sumando las posiciones ponderadas que se deriven de la aplicación del presente apartado, con independencia de que estas sean largas o cortas.»

31. El apartado 4 de la norma octogésima octava se modifica de acuerdo con la siguiente redacción:

32. En la norma nonagésima tercera:

• a) Se da la siguiente redacción a las letras c) y e) del apartado 4:
  • «c) Horizonte temporal de diez días (las entidades podrán utilizar importes de valor en riesgo calculados de acuerdo con períodos de tenencia más cortos, ampliados hasta 10 días, por ejemplo, mediante la raíz cuadrada del tiempo. La entidad que utilice ese enfoque deberá justificar periódicamente al Banco de España el carácter razonable de su enfoque).
  • e) Actualización mensual de datos.»
• b) Se da la siguiente redacción al primer párrafo del apartado 5:

  «5. El modelo para calcular el riesgo deberá tener en cuenta un número suficiente de factores de riesgo, en función del volumen de actividad de la entidad de crédito en los mercados respectivos. Cuando un factor de riesgo se incorpore al modelo de fijación de precios de la entidad, pero no al modelo de cálculo del riesgo, la entidad habrá de poder justificar esta omisión a satisfacción del Banco de España. Además, el modelo de cálculo del riesgo deberá reflejar las no linealidades en relación con las opciones y demás productos, así como el riesgo de correlación y el riesgo de base. En el supuesto de que se utilicen aproximaciones para los factores de riesgo (proxies), deberá haberse demostrado la validez de tales aproximaciones en lo que respecta a la posición real mantenida. Asimismo, el modelo, como mínimo, deberá cumplir los siguientes requisitos:»

• c) Se da la siguiente redacción al apartado 6:

  «6. A efectos del cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de precio específico de las posiciones en instrumentos sobre valores de renta fija y acciones negociadas o que tengan a estos como activo subyacente, los modelos internos utilizados por las entidades de crédito deberán satisfacer, además, los siguientes requisitos:

  • a) Que permitan explicar suficientemente la variación histórica de los precios en la cartera.
  • b) Que capturen el riesgo de concentración en términos de magnitud y cambios de composición de la cartera.
  • c) Que sean robustos ante condiciones adversas de mercado.
  • d) Que sean validados mediante pruebas retrospectivas a fin de valorar si el riesgo específico se refleja correctamente. Si dichas pruebas se efectúan sobre la base de subcarteras significativas, estas deberán elegirse de forma coherente.
  • e) Que capturen el riesgo de base relacionado con una contraparte y, en concreto, que sean sensibles a diferencias idiosincrásicas importantes entre posiciones similares pero no idénticas.
  • f) Que incorporen el riesgo de evento, entendido como el riesgo de sucesos de baja probabilidad pero de gran severidad.

  El modelo interno de la entidad evaluará de forma prudente el riesgo de liquidez debido a posiciones menos líquidas o posiciones con transparencia de precios limitada en situaciones de mercado realistas. Las aproximaciones serán debidamente prudentes y solo podrán utilizarse cuando los datos disponibles sean insuficientes o no reflejen la verdadera volatilidad de una posición o cartera.

  Una entidad podrá excluir del cálculo de su exigencia de capital frente al riesgo específico realizado mediante un modelo interno aquellas posiciones en titulizaciones o en derivados de crédito de n-ésimo incumplimiento para las que ya satisfaga una exigencia de capital por riesgos de posición conforme a la subsección primera de esta sección, a excepción de las posiciones que están sujetas al método establecido en el apartado 12 de la norma nonagésima tercera bis.

  No se exigirá a una entidad que refleje el riesgo de incumplimiento y migración para instrumentos de deuda negociable en su modelo VaR, dado que estos riesgos están ya reflejados a través de la carga por riesgo incremental desarrollada conforme a los requisitos establecidos en los apartados 1 a 11 de la norma nonagésima tercera bis.

  La entidad deberá realizar, además, un seguimiento de la evolución de las técnicas y buenas prácticas, y actualizar su modelo en consecuencia.»

• d) El apartado 7 recibe la siguiente redacción:

  «7. La entidad de crédito contará con un método interno que refleje, en el cálculo de los requerimientos de recursos propios, el riesgo de incumplimiento para sus posiciones en la cartera de negociación que sea incremental al riesgo de incumplimiento reflejado por el cálculo del VaR.

  La entidad demostrará que su método se atiene a unos criterios de solidez comparables al método establecido en la sección segunda del capítulo cuarto sobre riesgo de crédito, partiendo de la hipótesis de un nivel constante de riesgo, y ajustado cuando sea conveniente para reflejar el impacto de liquidez, concentraciones, cobertura y opcionalidad.»

33. Se introduce una nueva norma nonagésima tercera bis con la siguiente redacción:

34. En la norma nonagésima cuarta:

• a) El apartado 1 se modifica de acuerdo con el siguiente texto:

  «1. Cada entidad estará sujeta diariamente a una exigencia de capital equivalente a la suma de las letras a) y b) siguientes. Además, la entidad que utilice un modelo interno para calcular la exigencia de capital para un riesgo de posición específico estará sujeta a una exigencia de capital equivalente a la suma de las letras c) y d):

  • a) el mayor de los dos importes siguientes:
    • i) el valor en riesgo del día anterior, calculado con arreglo al apartado 4 de la norma nonagésima tercera (VaR_t-1), y
    • ii) una media de las valoraciones diarias del valor en riesgo, con arreglo al apartado 4, durante los sesenta días hábiles anteriores (VaR_avg), multiplicada por el factor de multiplicación (m_c);
  • b) el mayor de los dos importes siguientes:
    • i) el valor en riesgo en situación extrema más reciente disponible con arreglo al apartado 4 (sVaR_t-1), y
    • ii) una media de los valores en riesgo en situación extrema (stressed VaR), calculados en la forma y con la periodicidad especificadas en el apartado 4, durante los sesenta días hábiles anteriores (sVaR_avg), multiplicada por el factor de multiplicación (m_s);
  • c) una exigencia de capital calculada conforme a la subsección primera de esta sección para los riesgos de posición de las posiciones de titulización y los derivados de crédito de enésimo incumplimiento de la cartera de negociación, excepto los que estén incorporados en la exigencia de capital conforme al apartado 12 de la norma nonagésima tercera bis;
  • d) la valoración más reciente o, si fuera más elevada, la valoración media durante doce semanas de los riesgos de incumplimiento y de migración incrementales de la entidad, con arreglo a lo previsto en el apartado 1 de la norma nonagésima tercera bis, y, cuando proceda, la valoración más reciente o, si fuera más elevada, la valoración media durante doce semanas de todos los riesgos de precio conforme al apartado 12 de la norma nonagésima tercera bis.
    
    A efectos de las letras a) y b) anteriores, los resultados del cálculo que efectúe la propia entidad se multiplicarán por factores (m_C) y (m_S). Estos factores serán cómo mínimo de 3.»
• b) El primer párrafo del apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

  «2. A efectos del apartado 1, letras a) y b), los factores de multiplicación (m_c) y (m_s) se aumentarán con un factor adicional comprendido entre 0 y 1, según lo establecido en el cuadro 5 del apartado anterior, en función del número de excesos durante los últimos 250 días hábiles que ponga de manifiesto la prueba retrospectiva del cálculo del valor en riesgo realizado por la entidad, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la norma nonagésima tercera. Las entidades deberán calcular los excesos de forma coherente sobre la base de las pruebas retrospectivas sobre cambios hipotéticos y reales del valor de la cartera. A estos efectos, por exceso se entenderá el cambio en un día del valor de la cartera que rebase el cálculo del correspondiente valor en riesgo de un día generado por el modelo de la entidad. A fin de determinar el factor adicional, se evaluará el número de excesos trimestralmente, por lo menos, y este será igual al número más elevado de excesos en virtud de los cambios hipotéticos y reales en el valor de la cartera.»

• c) Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 con la siguiente redacción:

  «4. Con carácter adicional, cada entidad calculará un «valor en riesgo en situación extrema» basándose en el cálculo del valor en riesgo, a diez días y con un intervalo de confianza de una cola del 99%, de la cartera actual, e integrando en el modelo de valor en riesgo datos históricos correspondientes a un período ininterrumpido de 12 meses de situación financiera extrema («período estresado») que resulten relevantes para la cartera de la entidad. La elección de esos datos históricos estará sujeta a la aprobación del Banco de España y deberá ser controlada al menos anualmente por la entidad. Las entidades deberán calcular el valor en riesgo en situación extrema al menos semanalmente.

  5. Las entidades realizarán también pruebas de solvencia inversas.»

35. En la norma centésima primera:

• a) Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la siguiente manera:

  «1. Los riesgos mantenidos con una misma persona, física o jurídica o grupo económico, incluso el propio en la parte no consolidable, calculados de acuerdo con lo previsto en la norma centésima segunda, se considerarán grandes riesgos cuando su valor supere el 10% de los recursos propios de la entidad de crédito.»

• b) Los apartados 2 y 3 se modifican de acuerdo con el siguiente texto y se suprime el apartado 4:

  «2. El valor de todos los riesgos que una entidad de crédito contraiga con una misma persona, entidad o grupo económico, incluso el propio en la parte no consolidable, no podrá exceder del 25% de sus recursos propios.

  3. Cuando ese cliente sea una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, o cuando el grupo económico incluya una o varias entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, dicho valor no rebasará el 25 % de los recursos propios de la entidad de crédito o 150 millones de euros, si esta cuantía fuera más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los clientes del grupo económico que no sean entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con la sección tercera del capítulo cuarto, no rebase el 25% de los recursos propios de la entidad de crédito.

  Cuando el importe de 150 millones de euros sea superior al 25% de los recursos propios de la entidad de crédito, esta, de acuerdo con las políticas y procedimientos para gestionar y controlar el riesgo de concentración, deberá establecer un límite razonable, en términos de sus recursos propios, al valor de la exposición, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con la sección tercera del capítulo cuarto. Este límite no será superior al 100% de los recursos propios de la entidad de crédito.»

36. En la norma centésima segunda:

• a) Se da la siguiente redacción a la letra b) del apartado 6 y se añaden dos nuevas letras c) y d):
  • «b) Cuando la totalidad del riesgo no pueda ser atribuida según lo dispuesto en la letra precedente, este se considerará mantenido frente al vehículo de titulización, siempre que:
    • i) la entidad pueda demostrar que los riesgos subyacentes en la titulización no están interrelacionados, de acuerdo con las reglas previstas en los apartados anteriores de esta norma, con cualquier otro riesgo, directo o indirecto, de la entidad, incluidas otras posiciones de titulización y exposiciones frente a instituciones de inversión colectiva, que sea superior al 2% de los recursos propios de la «Entidad», calculados de acuerdo con la norma séptima de esta Circular, y
    • ii) ninguno de los riesgos subyacentes de la titulización represente más del 5% del total de dicha titulización.
  • c) Cuando la entidad de crédito conozca solo parte de los riesgos subyacentes en una titulización, atribuirá dichos riesgos según lo dispuesto en la letra a) anterior, a la vez que reconocerá un riesgo mantenido frente al vehículo de titulización por la parte de los riesgos subyacentes que desconoce conforme a lo dispuesto en la letra b).
  • d) Los riesgos subyacentes de cualquier titulización que no sean tratados conforme a las letras a), b) y c) anteriores serán agregados y considerados como una única exposición a la que serán de aplicación los límites establecidos en la norma centésima primera de esta Circular.»
• b) Se da la siguiente redacción al apartado 7:

  «7. En el cálculo y agregación de los riesgos conforme a lo dispuesto en el apartado 5 de esta norma, cuando la entidad de crédito tenga una exposición frente a una institución de inversión colectiva que invierta en exposiciones de renta fija o variable con empresas, se considerará que mantiene, en la proporción correspondiente, un riesgo frente a cada una de las contrapartes de la institución de inversión colectiva, siempre que no existan impedimentos prácticos relevantes para llevar a cabo dicha sustitución. En el caso de que la entidad aprecie que existen dichos impedimentos, se aplicarán, mutatis mutandis, los criterios establecidos en las letras b), c) y d) del apartado 6 precedente para las posiciones de titulización.»

• c) Se añaden los nuevos apartados 8 y 9 con la siguiente redacción:

  «8. Las «Entidades» analizarán sus exposiciones frente a los emisores de valores recibidos en garantía, obligados por garantía personal, y los activos subyacentes mencionados en los apartados 6 y 7 de esta norma, para determinar posibles concentraciones y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para no sobrepasar los límites establecidos en los apartados 2 y 3 de la norma centésima primera, y los notificarán al Banco de España conforme a lo establecido en la norma centésima vigésima segunda.

  9. Los riesgos recogidos en los apartados anteriores no incluirán:

  • a) Los riesgos contraídos en la liquidación normal de las operaciones de cambio de divisas, durante los dos días hábiles siguientes a la realización de la operación.
  • b) Los riesgos contraídos en la liquidación normal, dentro de mercados financieros organizados, de las operaciones de compraventa de valores, durante los cinco días laborables siguientes a la fecha de pago, o a la entrega de los valores, si esta fuera anterior.
  • c) En el caso de operaciones de pago con la clientela, incluida la ejecución de servicios de pago, compensación y liquidación en cualquier divisa y corresponsalía bancaria, o servicios de compensación, liquidación y custodia de instrumentos financieros a la clientela, los riesgos contraídos por la recepción con retraso de fondos y otras exposiciones derivadas de la actividad con la clientela, tales como pagos por intereses, dividendos, amortizaciones, que no se prolonguen más allá del siguiente día hábil.
  • d) Respecto a las operaciones de pago, incluida la ejecución de servicios de pago, compensación y liquidación en cualquier divisa y corresponsalía bancaria, las exposiciones intradía frente a las entidades que faciliten esos servicios.
  • e) Las exposiciones de la cartera de negociación frente a cámaras de compensación y mercados financieros organizados que no se prolonguen más allá del siguiente día hábil.

  En el caso de los riesgos mencionados en las letras c) y d), las entidades deberán disponer de procedimientos y mecanismos de control adecuados para garantizar que se cumplen los requisitos relativos al tipo de servicios de los que provienen los riesgos, que estos se derivan de operaciones con la clientela, y no de operaciones por cuenta propia, y que son riesgos a muy corto plazo frente a proveedores especializados de dichos servicios. Las entidades deberán poder demostrar en cualquier momento al Banco de España que se cumplen los requisitos exigidos para la no inclusión de dichos riesgos.»

37. Se introduce una nueva norma centésima segunda bis con la siguiente redacción:

38. En la norma centésima tercera:

• a) Se modifica la frase introductoria del apartado 1 de acuerdo con la siguiente redacción:

  «1. A efectos de los límites establecidos en los apartados 2 y 3 de la norma centésima primera, se tendrán en cuenta las siguientes excepciones:»

• b) Se da la siguiente redacción a la letra e) del apartado 1 y se suprimen las letras f), g), l) y m), todo ello en la parte I:
  • «e) Los riesgos frente a las Administraciones regionales y locales de los Estados miembros de la Unión Europea que, sin garantía, recibirían una ponderación de riesgo del 0% con arreglo a la norma decimosexta y los expresamente garantizados por ellas.»
• c) Se da la siguiente redacción a las letras o), p) y q) de la parte I del apartado 1):
  • «o) Las exposiciones derivadas de facilidades de descubierto no utilizadas que se clasifiquen como elementos de las cuentas de orden de riesgo bajo mencionadas en la norma decimoséptima, siempre que se haya pactado con el cliente o grupo de clientes vinculados entre sí que únicamente podrá hacerse uso de las facilidades cuando se haya comprobado que ello no llevaría a que se sobrepasara el límite establecido en el apartado 2 de la norma centésima primera o si el límite del descubierto impide por sí mismo tal posibilidad.
  • p) Los créditos sobre bancos centrales derivados de la constitución del coeficiente de reservas mínimas exigido, denominados en su moneda local.
  • q) Los valores emitidos por Administraciones centrales utilizados para la cobertura de coeficientes legales de liquidez, denominados y financiados en su moneda nacional, siempre que la calificación crediticia de la Administración central externa efectuada por una ECAI designada, tal y como se define en la norma vigésima primera, permita una ponderación de riesgo del 0% con arreglo a la norma decimosexta.»
• d) En la parte II del apartado 1 se da la siguiente redacción a las letras b) y c):
  • «b) Los riesgos frente a instituciones, siempre que no sean elementos computables como recursos propios de dichas instituciones, no se prolonguen más allá del siguiente día hábil y no estén denominados en una de las principales monedas comerciales.
  • c) Los créditos documentarios, emitidos o confirmados, en los que el embarque de la mercancía actúe como garantía de la operación y las facilidades de crédito no utilizadas que se incluyan en las cuentas de orden con riesgo medio/bajo mencionadas en la norma decimoséptima.»
• e) El apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

  «2. Cuando los riesgos o una parte de ellos esté suficientemente asegurada mediante prenda de valores, la entidad de crédito podrá atribuir al emisor de los mismos la parte de los riesgos que esté cubierta por el valor de mercado de los valores dados en garantía, siempre que a la parte de la exposición que goce de la cobertura le corresponda una ponderación de riesgo igual o inferior a la que corresponde a la exposición no garantizada frente al cliente de acuerdo con el capítulo cuarto de esta Circular.

  La atribución podrá realizarse en la parte que el riesgo vivo sea igual o inferior al 90% del valor efectivo de los valores dados en garantía y siempre que estos no constituyan elementos computables como recursos propios de entidades financieras.

  La entidad de crédito no podrá realizar dicha atribución en el caso de que exista un desfase entre el vencimiento de la exposición y el vencimiento de la cobertura del riesgo de crédito.

  Las entidades de crédito podrán aplicar tanto el método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera como lo previsto en este apartado únicamente en el caso de que, a los efectos de la determinación de los requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito y dilución, conforme con la letra a) del apartado 1 de la norma cuarta, puedan utilizar tanto el método amplio como el método simple para las garantías reales de naturaleza financiera.»

• f) En el apartado 3 se añaden los siguientes párrafos:

  «No obstante, las entidades de crédito no podrán tener en cuenta las garantías reales referidas en los apartados 13 a 17 de la norma trigésima novena.

  En los créditos garantizados por derechos reales sobre inmuebles residenciales terminados, participaciones hipotecarias sobre tales créditos, que reúnan las condiciones exigidas por el número 3 del artículo 62 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de Regulación del mercado hipotecario, y los riesgos derivados de operaciones de arrendamiento financiero en virtud de las cuales la entidad mantenga la plena propiedad del inmueble alquilado mientras el arrendatario no haya ejercido su opción de compra, la «Entidad» podrá reducir la exposición hasta en el 50% del valor del correspondiente inmueble que haya sido tenido en cuenta a los efectos del cálculo de los activos ponderados por riesgo de crédito, según lo dispuesto en el capítulo cuarto.

  Asimismo, en los créditos garantizados por derechos reales sobre inmuebles comerciales terminados, arrendados y con rentas de alquiler adecuadas, a los que les corresponda una ponderación del 50% conforme lo dispuesto en el capítulo cuarto, participaciones hipotecarias sobre tales créditos, que reúnan las condiciones exigidas por el número 3 del artículo 62 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de Regulación del mercado hipotecario, y los riesgos derivados de operaciones de arrendamiento financiero en virtud de las cuales la entidad mantenga la plena propiedad del inmueble alquilado mientras el arrendatario no haya ejercido su opción de compra, las «Entidades» podrán reducir la exposición hasta en el 50% del valor del correspondiente inmueble que haya sido tenido en cuenta a los efectos del cálculo de los activos ponderados por riesgo de crédito, según lo dispuesto en el capítulo cuarto.»

• g) La frase introductoria del apartado 4 se redacta como sigue:

  «4. No se tomarán en cuenta, a efectos de los límites establecidos en los apartados 2 y 3 de la norma centésima primera, siempre que se deduzcan de los recursos propios computables, de acuerdo con lo indicado en la letra k) del apartado 1 de la norma novena:»

39. Se introduce una nueva letra d) en el apartado 1 de la norma centésima cuarta:

40. En la norma centésima quinta:

• a) Se añade un cuarto guión en el apartado 1 con la siguiente redacción:
  • «- Políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión del riesgo sólida y efectiva». Dichas políticas y prácticas se atendrán a lo dispuesto en el capítulo XIII del título I del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.»
• b) El primer guión del número iii) de la letra d) del apartado 2 se redacta como sigue:
  • «- Se establecerán por escrito y se aplicarán políticas y procedimientos adecuados para evaluar y controlar los riesgos derivados de las operaciones de titulización, incluidos los riesgos de reputación como los que se producen en relación con las estructuras o productos complejos, en las que la entidad de crédito actúe como inversora, originadora o patrocinadora. Estas políticas y procedimientos deberán permitir a las entidades de crédito determinar el grado de transferencia del riesgo y asegurarse de que el contenido económico de la operación quede plenamente reflejado en las decisiones de evaluación y gestión del riesgo. Asimismo, las entidades valorarán el hecho de que del resultado de sucesivos programas de titulizaciones resulte que solamente permanecen en el balance los activos de menor calidad o rentabilidad.»
• c) El número vii) de la letra d) del apartado 2 queda redactado del siguiente modo:
  • «– Se establecerán por escrito y se aplicarán estrategias, políticas, procedimientos y sistemas sólidos para la identificación, medición, gestión y seguimiento del riesgo de liquidez sobre un conjunto adecuado de horizontes temporales, incluido el intradía, con objeto de garantizar, entre otros objetivos, que las entidades mantengan un «colchón» de liquidez apropiado. Dichas estrategias, políticas, procedimientos y sistemas deberán adecuarse a las líneas de negocio, divisas, sucursales y entidades que integren el grupo e incluirán mecanismos apropiados de asignación de los costes de liquidez, los beneficios y los riesgos.
  • – Las estrategias, políticas, procedimientos y sistemas establecidos deberán ser proporcionados a la complejidad, el perfil de riesgo y el tipo de negocio de la entidad de crédito, y con el nivel de tolerancia al riesgo fijado por su órgano de dirección, y reflejar la importancia de la entidad de crédito en los países donde ejerza su actividad. Las entidades de crédito deberán comunicar la tolerancia al riesgo a todas las líneas de negocio.
  • – Las metodologías desarrolladas para la identificación, medición, gestión y seguimiento de las posiciones de financiación englobarán los flujos de tesorería, actuales y previstos, derivados de activos, pasivos y partidas de las cuentas de orden, incluidos los pasivos contingentes y la posible incidencia del riesgo de reputación.
  • – En particular, las entidades establecerán un procedimiento interno adecuado para disponer de información, individual y consolidada, suficiente para valorar su posición de liquidez a corto, medio y largo plazo, incluyendo la clasificación de todos los activos y pasivos por plazos de vencimiento, los efectos sobre la posición de liquidez de los compromisos, productos derivados y demás posiciones de fuera de balance y las características de su estructura de financiación en función de los mercados.
  • – Los procedimientos internos deberán ser capaces de proporcionar información que permita a la entidad asignar distintos niveles de estabilidad a los depósitos minoristas atendiendo a parámetros como la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, el valor o la sofisticación del depósito, el canal de contratación (Internet) o su contratación en moneda extranjera. Igualmente, las entidades habrán de poder identificar, entre sus clientes mayoristas, aquellos con los que se mantiene una relación operativa estable. Para toda operación de financiación otorgada o recibida que esté colateralizada, deberá poder distinguirse en función del tipo de colateral.
  • – Las entidades establecerán una distinción entre los activos pignorados y los activos libres de cargas de los que pueda disponerse en todo momento, especialmente en las situaciones de emergencia. Asimismo, tomarán en consideración a la persona jurídica o sucursal en la que estén localizados los activos, el país en el que estén registrados legalmente estos, ya sea en un registro o en una cuenta, así como su elegibilidad, y efectuarán un seguimiento de la forma en que los activos pueden movilizarse de manera oportuna.
  • – Las entidades tomarán en consideración asimismo las limitaciones legales, reglamentarias u operativas a las posibles transferencias de liquidez y de activos libres de cargas y deudas entre entidades, tanto en el EEE como en terceros países.
  • – Las entidades adoptarán herramientas de reducción del riesgo de liquidez, en particular un sistema de límites y «colchones» de liquidez que permitan afrontar diversos escenarios de tensión, y una estructura de financiación y un acceso a fuentes de financiación adecuadamente diversificadas. Estas medidas se someterán a revisión periódicamente.
  • – Se estudiarán escenarios alternativos en relación con las posiciones de liquidez y los factores reductores de riesgo, y se revisarán periódicamente los supuestos en los que se basen las decisiones relativas a la posición de financiación A tal efecto, los escenarios alternativos contemplarán, en particular, las partidas de las cuentas de orden y otros pasivos contingentes, incluidos los de entidades especializadas en titulizaciones (SSPE) u otras entidades con fines especiales, en relación con las cuales la entidad de crédito actúe en calidad de patrocinador o proporcione un apoyo significativo en términos de liquidez.
  • – Los procedimientos internos habrán de facilitar información que permita evaluar el impacto que los escenarios alternativos definidos tengan en las necesidades de liquidez, incluyendo, entre otros aspectos, el efecto que un descenso en la calificación crediticia de la entidad o un deterioro en la valoración de activos en garantía tenga en las necesidades adicionales de márgenes o colaterales para cubrir determinadas posiciones.
  • – Las entidades analizarán los efectos potenciales de escenarios alternativos, bien circunscritos a la propia entidad, bien extensivos a todo el mercado, o una combinación de ambos. Se tomarán en consideración diferentes horizontes temporales y escenarios con distintos grados de tensión.
  • – Las entidades deberán ajustar sus estrategias, políticas internas y límites en relación con el riesgo de liquidez y elaborar planes de emergencia efectivos, atendiendo a los resultados de los escenarios alternativos estudiados.
  • – Para hacer frente a las crisis de liquidez, las entidades se dotarán de planes de emergencia en los que se establezcan estrategias adecuadas, junto a las oportunas medidas de aplicación, con objeto de subsanar posibles déficits de liquidez. Estos planes habrán de ponerse a prueba periódicamente, actualizarse en función de los resultados de los escenarios alternativos estudiados, y comunicarse a la alta dirección y someterse a su aprobación, de modo que las políticas y procedimientos internos puedan adaptarse según corresponda.

  Las entidades tomarán por anticipado las medidas operativas necesarias para asegurar que los planes de recuperación de liquidez puedan aplicarse de forma inmediata. Entre dichas medidas se incluirá la de mantener garantías reales inmediatamente disponibles para poder obtener financiación apropiada de los bancos centrales en las diferentes monedas a las que esté expuesta, sean de otro Estado miembro de la Unión Europea, o sean de un tercer país.»

• d) Se añaden, en el apartado 2, las siguientes nuevas letras g) y h):
  • «g) En relación con las políticas y prácticas de remuneración a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, las «Entidades», sin perjuicio de los principios generales del derecho contractual y laboral nacional, deberán reducir de forma considerable la remuneración variable cuando la entidad obtenga unos resultados financieros mediocres o negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas. En este último supuesto, dicha reducción se realizará a través de mecanismos de reducción de la remuneración o de recuperación de retribuciones ya satisfechas.
    
    Para evaluar la mediocridad de los resultados deberán tenerse en consideración si los mismos evidencian una tendencia a la baja, ya sea en relación con los de la propia entidad o los de entidades semejantes, así como parámetros tales como el grado de consecución de los objetivos presupuestados, o el comportamiento de los resultados del conjunto de la entidad y, en su caso, de la unidad de negocio a la que pertenezca el empleado y de las exposiciones que haya generado.
    
    Adicionalmente, aquellas entidades que, para su reestructuración o saneamiento, hayan recibido apoyo financiero público que no haya sido restituido en su integridad, deberán dar prioridad a la creación y mantenimiento de una base sólida de capital y a la devolución de la ayuda pública recibida, por lo que no podrán, salvo que se justifique adecuadamente ante el Banco de España, satisfacer remuneración variable a sus administradores y directivos que asuman, bien directamente o formando parte del órgano de dirección, el máximo nivel en la gestión diaria de la entidad. En consecuencia, la asunción de compromisos en materia de remuneración variable a dicho colectivo o a cualquiera de las personas que lo componen deberá responder a razones justificadas, tales como la necesidad de contratación de nuevos profesionales suficientemente experimentados y cualificados, y dicha remuneración deberá estar, en todo caso, asociada a la consecución de los objetivos prioritarios antes citados de creación y mantenimiento de una base sólida de capital y de devolución de la ayuda pública recibida. En el momento en que esa entidad proceda a evaluar el devengo de la retribución variable, deberá remitir escrito justificativo al Banco de España en el que se contenga información suficiente sobre la propuesta de devengo y liquidación de la retribución variable, sin que pueda hacerse efectiva sin la previa autorización del Banco de España.
  • h) Las entidades de crédito españolas cuyos activos totales reflejados en cualesquiera de sus cuentas anuales de 2010 o 2011 superen el importe de 10.000 millones de euros, deberán contar, antes del 31 de marzo de 2012, con un Comité de Remuneraciones, cuya composición y funcionamiento se ajustará a lo previsto en el apartado 2 del artículo 76 quinquies del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, y, cuando proceda, a lo establecido en la normativa del mercado de valores. En el caso de aquellas entidades cuya cifra de activos totales alcance o supere en el futuro el referido importe, dicho Comité deberá constituirse o, en caso de existir y ser preciso, adaptar su composición y funciones, en el plazo de seis meses desde la fecha de finalización de aquel ejercicio en que se hubiera alcanzado el citado importe de activos totales.

  No obstante, el Banco de España podrá requerir la constitución del citado Comité a entidades cuya cifra de activos totales no alcance la cifra reseñada, por motivos relacionados con su organización interna o la naturaleza, el alcance o la complejidad de sus actividades.

  Asimismo, el Banco de España podrá eximir del cumplimiento de este requisito, tras la valoración individualizada de las circunstancias concurrentes, a las filiales españolas de grupos de entidades de crédito cuya matriz se localice en España o en otro país del Espacio Económico Europeo que así lo soliciten.»

41. En la norma centésima octava:

• a) Se modifica el apartado 1, que queda como sigue:

  «1. Cuando de la revisión y evaluación que realice el Banco de España, según lo establecido en el artículo décimo bis de la Ley 13/1985, resulte que una entidad, grupo o subgrupo de entidades de crédito no disponga de procedimientos adecuados de gobierno corporativo interno, de políticas y prácticas de remuneración coherentes con la promoción de una gestión de riesgo sólida y efectiva, o resulte inadecuado su proceso de autoevaluación del capital, la referida entidad, grupo o subgrupo deberá subsanar las deficiencias advertidas y cumplir con las medidas que, en su caso, adopte el Banco de España en virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo undécimo de la citada Ley. A tal efecto, la entidad obligada elaborará un programa de cumplimiento y adecuación del capital que presentará para su aprobación al Banco de España, en los casos y términos previstos en el artículo 75 del Real Decreto 216/2008.»

• b) Se da la siguiente redacción a la letra h) del apartado 2:
  • «h) La exposición al riesgo de liquidez y la medición y gestión del mismo, incluida la realización de análisis de escenarios alternativos, la gestión de los factores reductores de riesgo, en particular, el nivel, la composición y la calidad de los «colchones» de liquidez, y los planes de emergencia efectivos.»
• c) Se añade un segundo párrafo en el apartado 2 con el siguiente texto:

  «A efectos de lo dispuesto en la letra h), el Banco de España efectuará periódicamente una profunda evaluación de la gestión global del riesgo de liquidez por las entidades de crédito y favorecerá el desarrollo de sólidas metodologías internas. Al realizar estos exámenes, el Banco de España tomará en consideración el papel desempeñado por las entidades de crédito en los mercados financieros y la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados.»

42. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 de la norma centésima novena de acuerdo con el siguiente texto:

43. Se modifican las letras a) y b) de la norma centésima undécima:

44. Se añade una nueva norma centésima decimoséptima bis con el siguiente texto:

45. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la norma centésima vigésima, que queda redactado del siguiente modo:

46. Se modifica el apartado 6 de la norma centésima vigésima primera, que queda redactado del siguiente modo:

47. Se añade una nueva norma centésima vigésima quinta de acuerdo con el siguiente texto:

48. Se añade una nueva norma centésima vigésima sexta con el siguiente texto:

49. Se da la siguiente redacción a la disposición transitoria quinta:

50. La disposición transitoria séptima recibe la siguiente redacción:

51. Se añaden dos nuevos apartados en la disposición transitoria octava de acuerdo con el texto siguiente, pasando el actual texto a ser el apartado 1:

52. Se añade una nueva disposición transitoria decimosexta con el siguiente texto:

53. Se añade una nueva disposición transitoria decimoséptima con la siguiente redacción:

54. Se añade una nueva disposición transitoria decimoctava con el siguiente texto:

55. Se añade una nueva disposición transitoria decimonovena con la siguiente redacción:

56. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima con la siguiente redacción:

57. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima primera con la siguiente redacción:

58. Se añade una nueva disposición transitoria vigésima segunda con la siguiente redacción:

59. Se suprime la disposición adicional segunda.

60. El anejo I de la Circular 3/2008 pasa a denominarse «Estados reservados de información sobre el cumplimiento de los recursos propios mínimos, los grandes riesgos y el riesgo de tipo de interés» y los modelos de los estados RP10, RP24, RP25, RP26, RP27, RP31, RP32, RP33 y RP35 que figuran en él se sustituyen por los que se incluyen en el anejo de la presente Circular.

61. Se añade un nuevo anejo II, con el título «Estados reservados de información sobre liquidez» que comprenderá los estados LQ que se incluyen en el anejo de la presente Circular.

62. Se añade un nuevo anejo III, con el título «Estados reservados de información sobre remuneraciones» que comprenderá los estados RM que se incluyen en el anejo de la presente Circular.

63. Se añade un nuevo anejo IV, con el título «Detalle de las retribuciones individuales y nominativas devengadas por cada uno de los miembros del consejo de administración y del comité de dirección» que comprenderá el modelo que, con igual denominación, se incluye en el anejo de la presente Circular.