Sumario

Ley 8 junio 1957, derogada por la letra b) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (�B.O.E.� 22 noviembre), el 22 de febrero de 2004.

Pre�mbulo

Muy pocos a�os -menos de siete- faltan para llegar al centenario de la vigente Ley de Montes cuya longevidad dice bien a las claras el acierto de su concepci�n, que ha permitido, complementada por multitud de Decretos y Ordenes, llegar hasta nuestros d�as, manteniendo sus b�sicos principios y esenciales fundamentos; pero hora es ya, recogida toda la inmensa experiencia de este gran lapso transcurrido y habida cuenta del cambio y transformaci�n de las circunstancias y condiciones que en tantos aspectos ofrecen los tiempos actuales, de promulgar una nueva Ley de Montes que presida el gobierno de la econom�a forestal espa�ola.

Hoy no es necesario mostrar aqu�, como lo fue hace un siglo, las excelencias de los montes, ni justificar la necesidad de conservar mejorando los existentes y de recuperar para el arbolado las enormes extensiones que en nuestro pa�s s�lo son apropiadas para su cultivo, puro o en arm�nica combinaci�n de pastizales para sustento de la ganader�a, porque todos los espa�oles conocen estos mundialmente indiscutidos postulados. Bastar� tratar, en esta exposici�n, de las l�neas rectoras de los conceptos esenciales de la nueva Ley.

Organizada esta fundamental disposici�n en t�tulos y cap�tulos, se recogen en ellos, en ordenado cuerpo de doctrina, todos los preceptos sustantivos propios de la materia constitutiva de un c�digo forestal en el que se mantienen tradicionales e inmutables principios contenidos en Leyes anteriores, en su mismo ser o convenientemente adaptados al tiempo actual; se ordenan, agrupan y refunden esenciales reglas, sancionadas por la experiencia, dispersas en disposiciones de rango no siempre adecuado a la categor�a del mandato, y se estatuyen por �ltimo nuevos preceptos necesarios para el debido ordenamiento del tema a que se contraen.

En el t�tulo primero, al tratar de la propiedad forestal incluida en el Cat�logo que registra todos los montes de utilidad p�blica, se establece que �stos s�lo podr�n ser enajenados por Ley o mediante expropiaci�n forzosa y se declara su inembargabilidad, admiti�ndose por excepci�n la constituci�n de garant�as hipot�ticas sobre los aprovechamientos. Se atiende a la necesidad sentida de proteger contra una abusiva explotaci�n, cuando no de completa destrucci�n, a aquellos bosques, terrenos o agrupaciones arb�reas con caracter�sticas de utilidad p�blica, que vienen aprovech�ndose por vecinos de n�cleos locales.

Tambi�n ser�n objeto de tutela estatal y r�gimen especial los montes de propiedad particular que por sus condiciones de inter�s general, econ�mico o social obtengan la calificaci�n de protectores.

Merece singular atenci�n cuanto concierne a la firme defensa de la propiedad forestal p�blica, la que salvada esencialmente del alcance de las leyes desamortizadoras, en sus m�s importantes masas, ha sufrido, sin embargo, al correr de los tiempos, fuertes ataques y segregaciones que realizaron avisados y logreros, manej�ndose h�bilmente en la complejidad y entresijo de disposiciones, preceptos y procedimientos a veces interferentes y no siempre bien diferenciados en las jurisdicciones administrativa y judicial.

Un detenido estudio de la cuesti�n, espigando en los campos del Derecho administrativo y del hipotecario, ha permitido esquivar aquellas dificultades al conjugar, dentro del respeto debido a las jurisdicciones, los principios necesarios para mantener la integridad de la posesi�n acreditada de estos bienes, que por tantos conceptos interesan a la colectividad, reservando como procede, cuanto se refiere a propiedad, a la acci�n de los Jueces y Tribunales ordinarios.

Para la apuntada necesidad de atender a la defensa y saneamiento legal de los montes de utilidad p�blica se adoptaron medidas como las siguientes:

Se confirma y refuerza, con rango de Ley, el precepto, antes establecido en disposiciones de categor�a inferior, por el que la inclusi�n de los montes en el Cat�logo otorga la presunci�n de la posesi�n a favor de la entidad a cuyo nombre figuren consignados y aquel otro, de no menor tradici�n en la legislaci�n forestal, que exige el transcurso de treinta a�os de ininterrumpida posesi�n para poder acreditarla, a falta de mejores t�tulos, sobre terrenos ubicados en montes catalogados.

Se regula la posibilidad de entablar contra la Administraci�n Forestal el procedimiento establecido en el art�culo 41 de la Ley Hipotecaria, facult�ndose a aqu�lla para formular, sin prestar cauci�n, demanda de contradicci�n por determinadas causas.

Se estatuye la obligaci�n y forma de inscribir en el Registro de la Propiedad los montes de utilidad p�blica, tanto los deslindados como los que a�n no hubieren sido objeto de esta operaci�n, estableci�ndose tambi�n que la declaraci�n del estado de deslinde obliga a la Administraci�n a solicitar del Registro de la Propiedad la correspondiente anotaci�n preventiva, con los mismos efectos que las de demanda.

Otra medida precautoria de singular eficacia ha de ser el requisito indispensable para la inmatriculaci�n en el Registro de la Propiedad de fincas colindantes con montes catalogados, de acompa�ar el t�tulo certificaci�n de la Administraci�n Forestal acreditativa de no hallarse comprendido el predio que se pretende inscribir en monte declarado de utilidad p�blica.

El saneamiento legal del sector forestal p�blico se completar� mediante la realizaci�n de deslindes y amojonamientos y el estudio y regulaci�n de las servidumbres y ocupaciones para llegar a la extinci�n de las ileg�timas, la redenci�n mediante indemnizaci�n de las leg�timas, pero incompatibles y la ordenaci�n de las que fueren compatibles con el fin de utilidad p�blica de los montes afectados.

Se atiende tambi�n en el t�tulo primero a la posibilidad de ensanchar los patrimonios forestales por compraventa o expropiaci�n y a la de realizar permutas de montes que, sin menoscabar el �rea forestal p�blica, pueda perfeccionar las propiedades montuosas de personas jur�dicas imperecederas, armonizando, cuando se trate de Entidades Locales, los preceptos de esta Ley con los establecidos en la de R�gimen Local.

En el t�tulo segundo, que se ocupa de los aprovechamientos y su r�gimen jur�dico y de la conservaci�n y mejora de los montes, se prescribe la necesidad del proyecto de ordenaci�n o de plan t�cnico adecuado para la explotaci�n de los montes p�blicos y se confirma, por precepto de Ley, la indispensable intervenci�n de la Administraci�n en los disfrutes, b�sicamente en los de car�cter forestal, de montes de dominio privado, de acuerdo con la doctrina general que impera en los pa�ses de avanzada cultura, en aras de la conservaci�n de estos bienes por su innegable y beneficiosa proyecci�n en los intereses nacionales, exigi�ndose plan t�cnico para todos los montes emplazados en las zonas forestales de protecci�n.

Se prev� y regula la ordenaci�n integral por comarcas que puedan comprender montes p�blicos y de propiedad privada de gran producci�n o de marcada conveniencia de coordinaci�n selv�cola y pastoral, distinguiendo los casos en que por la naturaleza protectora de las fincas sean obligatorias las agrupaciones, de aquellos otros en que la asociaci�n se deja al libre arbitrio de los due�os de las mismas.

No se contrae la acci�n del Estado solamente a imponer las aludidas obligadas limitaciones al libre ejercicio del derecho de propiedad porque, con sentido generoso, se preocupa tambi�n de conceder ayuda t�cnica y auxilios dinerarios para la ejecuci�n de mejoras a entidades y particulares no ya s�lo de repoblaci�n �in extenso� de las que se ocupa el t�tulo siguiente, sino tambi�n de las que tengan car�cter auxiliar del tratamiento de las masas y para v�as de saca, construcciones y fomento de pastizales.

En cuanto al r�gimen jur�dico y econ�mico de los aprovechamientos referentes a los montes del Estado, se mantiene su sujeci�n a las normas establecidas en la Ley del Patrimonio Forestal, y por lo que afecta a las entidades locales, los disfrutes habr�n de realizarse, en lo t�cnicofacultativo, conforme a las reglas de la Administraci�n, y en lo econ�mico, a lo dispuesto en la legislaci�n de R�gimen Local, admiti�ndose la adjudicaci�n directa de los aprovechamientos a favor de las Entidades propietarias cuando en el tr�mite de las subastas no se alcance el precio establecido.

Los Ayuntamientos y Entidades locales podr�n regular el uso y disfrute de las aguas privadas de sus montes.

Se impone la obligatoriedad de destinar un diez por ciento del valor de los aprovechamientos de los montes p�blicos para su inversi�n en mejoras, admiti�ndose la posibilidad de aumentar dicho porcentaje en los casos de notoria conveniencia, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Se introduce en la Ley el principio de la posibilidad de que el Patrimonio Forestal del Estado y las Entidades locales, con capacidad reconocida, puedan elaborar y transformar industrialmente los productos de sus montes, en r�gimen de empresa p�blica o mixta, lo que significar� para muchas econom�as de burgos campestres la obtenci�n de mayores beneficios de sus bienes forestales.

El t�tulo tercero abarca, en su totalidad, lo concerniente a la repoblaci�n forestal y, fuera de los detalles que se mencionar�n, no ofrece ninguna novedad porque tan importante materia se halla del todo actualizada en la legislaci�n hasta ahora vigente que aqu� se refunde y concreta en la medida conveniente, no olvidando los fundamentos de la interesante y ya antigua Ley de 24 de junio de 1908 y recogiendo todo lo necesario de las m�s reciente de 10 de marzo de 1941, referente al Patrimonio Forestal del Estado, de 7 de abril de 1952 y de 22 de diciembre de 1955, sobre auxilio a la libre iniciativa para la repoblaci�n forestal en terrenos p�blicos y privados.

Las peque�as novedades de la Ley a que acabamos de aludir se reducen en este t�tulo: a la exigencia de ciertas garant�as para los anticipos de consideraci�n que conceda el Estado, mediante la constituci�n de hipoteca sobre la finca particular objeto de repoblaci�n, o el adscribir la obligaci�n al arbolado del monte, cuando se trate de montes catalogados; y al abono de una renta a los due�os de fincas particulares en r�gimen de consorcio forzoso y aun de voluntario si se trata de predios de utilidad p�blica, cuando su ocupaci�n por las necesidades de la repoblaci�n pueda suponer p�rdida temporal de beneficios.

Del Servicio Hidrol�gico Forestal se trata en el t�tulo cuarto, en el que se recoge sustancialmente la legislaci�n que regula esta importante materia de restauraci�n de monta�as y correcci�n de torrentes y aludes desde el a�o 1901 de creaci�n del Servicio, que ha realizado gran parte con t�cnica netamente nacional muy importantes trabajos de consolidaci�n de terrenos y defensa de poblados, pantanos, v�as de comunicaci�n y vegas de cultivos. Se complementan las tradicionales actividades del Servicio con las referentes a la espec�fica de conservaci�n de suelos, para las que el Estado, aparte de su propia acci�n, podr� conceder auxilios econ�micos a la propiedad p�blica o privada que se interese por la realizaci�n de trabajos conducentes a tal finalidad conservadora.

Dentro del mismo t�tulo cuarto dedica la Ley dos cap�tulos a problemas tan estrechamente relacionados con la conservaci�n de la renta forestal, como el de la profilaxis y tratamiento de las enfermedades y plagas de los montes y el de la defensa contra el azote de incendios, el Seguro y el Cr�dito forestal.

Por lo que respecta al cap�tulo de plagas, es tan recientemente la Ley de reorganizaci�n del Servicio -diciembre de 1952- que nada nuevo, como no sea alg�n detalle de tipo punitivo contra infracciones esenciales, contiene la presente. Lo contrario sucede con lo referente a incendios, seguros y cr�dito, cuyos preceptos suponen innovaci�n palmaria en la legislaci�n forestal y no porque hasta ahora se tuviera descuidada la protecci�n y combate del fuego, que se entend�a en la medida de lo posible, pero sin una organizaci�n y sistem�tica de conjunto como se propugna en esta Ley, en la que se dispone la adopci�n de medidas preventivas, combativas, reconstructivas y reparadoras. La reconstrucci�n de la riqueza incendiada se extiende a toda la propiedad forestal, as� p�blica como particular, sufrag�ndose los gastos de repoblaci�n con cargo a los fondos de los salvamentos y a los del seguro forzoso o voluntario, seg�n los casos, y a trav�s de las entidades aseguradoras acogidas a la de 16 de diciembre de 1954.

Se encomienda al Ministerio de Agricultura la organizaci�n de concesiones de cr�dito sobre fines forestales que constituyan unidad de explotaci�n y se fijan las directrices conforme a las cuales hayan de otorgarse aqu�llos para las finalidades que se se�alan, de regulaci�n de aprovechamientos, en evitaci�n de cortas irracionales y de realizaci�n de las mejoras que se indican, fij�ndose, por �ltimo, el tipo m�ximo de inter�s y el plazo l�mite del pr�stamo.

Parques Nacionales e Industrias Forestales son las materias comprendidas en los dos cap�tulos del t�tulo quinto. Por lo que concierne a los primeros, no se recoge solamente lo estatuido sobre ellos en la Ley de 7 de diciembre de 1916, sino que se atiende a procurar los medios necesarios para que los Parques puedan cumplir su finalidad. En cuanto a las Industrias Forestales, conservando como base lo dispuesto en el Decreto-Ley de 1 de mayo de 1952, se introduce la estimuladora novedad de la posible declaraci�n de industrias de preferente inter�s forestal.

El cap�tulo �nico del t�tulo sexto se ocupa de las infracciones en los montes y su sanci�n o castigo, y cuesti�n es ella a la que se ha prestado suma atenci�n, de acuerdo con la experiencia recogida desde el a�o 1884, en que se promulg� la disposici�n fundamental que ha venido rigiendo esencialmente, hasta nuestros d�as, en materia penal para montes p�blicos aplicada en las jurisdicciones administrativas o de los tribunales ordinarios, no siempre con completa claridad en la delimitaci�n o competencia del �mbito jurisdiccional conocedor del caso, motiv�ndose muchas veces interferencias o conflictos entre las esferas o autoridades llamadas a intervenir. Se ha contemplado tambi�n el resultado obtenido desde el a�o 1918 por aplicaci�n de lo legislado sobre imposici�n de responsabilidades por cortas ilegales en montes de propiedad particular.

La a�eja tradici�n de la Administraci�n forestal en el conocimiento e intervenci�n de los problemas de los montes, incluidos los de car�cter penal; la estrecha relaci�n que en este aspecto existe entre el concepto jur�dico de multa y los t�cnicos de valoraci�n de productos aprovechados y de da�os y perjuicios ocasionados al monte, m�s la conveniencia de un proceso lo m�s r�pido posible en la tramitaci�n de los expedientes por infracciones en materia forestal, en aras de la necesaria ejemplaridad, aconsejan de consuno atribuir a la Administraci�n la competencia para conocer y resolver aquellos hechos punibles que atenten a la conservaci�n de los montes, con quebranto de su integridad, reservando a la esfera de los Jueces y Tribunales ordinarios los delitos castigados en el C�digo Penal, que, por su significaci�n y caracter�sticas, son propios y exclusivos de la jurisdicci�n de los mismos.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Espa�olas, dispongo: