獳rt韈ulo 505

1. Incurrir醤 en la pena de prisi髇 de seis meses a un a駉 quienes, sin ser miembros de la corporaci髇 local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del d韆 previsto, la adopci髇 de acuerdos o causen des髍denes que tengan por objeto manifestar el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

2. Quienes, ampar醤dose en la existencia de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales, ser醤 castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido.�

獳rt韈ulo 42

Los cuerpos de polic韆 de las comunidades aut髇omas s髄o podr醤 actuar en el 醡bito territorial de la comunidad aut髇oma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales.

No obstante, cuando ejerzan funciones de protecci髇 de autoridades p鷅licas de la comunidad aut髇oma, podr醤 actuar fuera del 醡bito territorial respectivo, previa autorizaci髇 del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicaci髇 al 髍gano de gobierno de la comunidad aut髇oma correspondiente, con las condiciones y requisitos que se determinen reglamentariamente.�

獳rt韈ulo 51

1. Los municipios podr醤 crear cuerpos de polic韆 propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, en la Ley de Bases de R間imen Local y en la legislaci髇 auton髆ica.

2. En los municipios donde no exista polic韆 municipal, los cometidos de 閟ta ser醤 ejercidos por el personal que desempe馿 funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominaci髇 de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o an醠ogos.

3. Dichos cuerpos s髄o podr醤 actuar en el 醡bito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes.

No obstante, cuando ejerzan funciones de protecci髇 de autoridades de las corporaciones locales, podr醤 actuar fuera del t閞mino municipal respectivo, con autorizaci髇 del Ministerio del Interior o de la correspondiente autoridad de la comunidad aut髇oma que cuente con cuerpo de polic韆 auton髆ica, cuando desarrollen 韓tegramente esas actuaciones en el 醡bito territorial de dicha comunidad aut髇oma.�

獳rt韈ulo 110

Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podr醤 mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del tr醡ite de calificaci髇 del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, seg鷑 les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restituci髇, reparaci髇 o indemnizaci髇 que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo menester que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera expresa y terminante.

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones p鷅licas, podr� tambi閚 personarse en la causa la Administraci髇 local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.�

獶isposici髇 adicional

En los supuestos de amenazas o coacciones previstos en el art韈ulo 572.1.3.� del C骴igo Penal, el juez o tribunal adoptar�, al iniciar las primeras diligencias, las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos que figuren en los distintos registros p鷅licos que afecten a la v韈tima de las amenazas o coacciones, de tal forma que dichos datos no puedan servir como informaci髇 para la comisi髇 de delitos de terrorismo contra dichas personas.�

獳rt韈ulo 3

1. El Estado otorgar� a los partidos pol韙icos con representaci髇 en el Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en la Ley Org醤ia 5/1985, de R間imen Electoral General, subvenciones anuales no condicionadas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para atender sus gastos de funcionamiento ordinario.

Igualmente, podr� incluirse en los Presupuestos Generales del Estado una asignaci髇 anual para sufragar los gastos de seguridad en los que incurran los partidos pol韙icos para mantener su actividad pol韙ica e institucional.

2. Las subvenciones previstas en el apartado anterior se distribuir醤 en funci髇 del n鷐ero de esca駉s y de votos obtenidos por cada partido pol韙ico en las 鷏timas elecciones a la indicada C醡ara.

Para la asignaci髇 de las indicadas subvenciones se dividir� la correspondiente consignaci髇 presupuestaria en tres cantidades iguales. Una de ellas se distribuir� en proporci髇 al n鷐ero de esca駉s obtenidos por cada partido pol韙ico en las 鷏timas elecciones al Congreso de los Diputados, y las dos restantes, proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. No se computar醤 los votos obtenidos en aquellas circunscripciones en que no se hubiere alcanzado el 3 por ciento de los votos v醠idos exigidos en el art韈ulo 163.1.a) de la Ley Org醤ica 5/1985, de 19 de junio, del R間imen Electoral General.

3. Las subvenciones a que hacen referencia los apartados anteriores ser醤 incompatibles con cualquier otra ayuda econ髆ica o financiera incluida en los Presupuestos Generales del Estado, salvo las se馻ladas en los p醨rafos a) y b) del apartado 1 del art韈ulo 2 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 4

1. No proceder� la entrega de recursos procedentes de la financiaci髇 p鷅lica, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, a favor de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando, en su actividad, incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalizaci髇 de los partidos pol韙icos en el art韈ulo 9 de la Ley Org醤ica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos, apreciadas y valoradas de acuerdo con lo all� establecido, cuando no proceda por el grado de reiteraci髇 o gravedad de las mismas iniciar el procedimiento conducente a su ilegalizaci髇.

2. Del mismo modo, no proceder� la entrega de recursos procedentes de la financiaci髇 p鷅lica, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, a favor de dichas formaciones pol韙icas cuando, en sus 髍ganos directivos, grupos parlamentarios o pol韙icos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebeli髇, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal, salvo que aqu閘las hubieran rechazado p鷅licamente los fines y los medios utilizados.

3. El devengo y el pago de recursos procedentes de la financiaci髇 p鷅lica, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, quedar醤 condicionados a la justificaci髇 de la adquisici髇 de los electos pertenecientes a una misma formaci髇 pol韙ica, de la condici髇 plena y del ejercicio efectivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos. La comprobaci髇 y certificaci髇 de estos supuestos corresponder� a los 髍ganos de gobierno de la instituci髇 en la que se deba ejercitar dicho cargo.

4. Las limitaciones relativas a la obtenci髇 de recursos procedentes de la financiaci髇 p鷅lica, cualquiera que sea su tipo o naturaleza, contenidas en los apartados anteriores, ser醤 igualmente aplicables a los grupos parlamentarios o a los grupos pol韙icos que existan en cualesquiera asamblea representativa o corporaci髇 local.

5. La concurrencia de los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 de este art韈ulo se apreciar醤 por el Ministro del Interior o alto cargo del Ministerio del Interior en quien delegue, previa audiencia de los interesados. La resoluci髇 que se adopte podr� ser objeto de recurso ante la jurisdicci髇 contencioso-administrativa, que lo tramitar� con car醕ter urgente, gozando de preferencia absoluta en su substanciaci髇 y fallo.�

獳rt韈ulo 6

2. Son inelegibles:

• a) Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el per韔do que dure la pena.
• b) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebeli髇, de terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitaci髇 para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal.�

獳rt韈ulo 39

2. Los ayuntamientos y consulados estar醤 obligados a mantener un servicio de consulta de las listas electorales vigentes de sus respectivos municipios y demarcaciones durante el plazo de ocho d韆s, a partir del sexto d韆 posterior a la convocatoria de elecciones.

La consulta podr� realizarse por medios inform醫icos, previa identificaci髇 del interesado, o mediante la exposici髇 al p鷅lico de las listas electorales, si no se cuenta con medios inform醫icos suficientes para ello.�

獳rt韈ulo 41

1. Por real decreto se regular醤 los datos personales de los electores, necesarios para su inscripci髇 en el censo electoral, as� como los de las listas y copias del censo electoral.

2. Queda prohibida cualquier informaci髇 particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepci髇 de los que se soliciten por conducto judicial.

3. No obstante, la Oficina del Censo Electoral puede facilitar datos estad韘ticos que no revelen circunstancias personales de los electores.

4. Las comunidades aut髇omas podr醤 obtener una copia del censo, en soporte apto para su tratamiento inform醫ico, despu閟 de cada convocatoria electoral, adem醩 de la correspondiente rectificaci髇 de aqu閘.

5. Los representantes de cada candidatura podr醤 obtener el d韆 siguiente a la proclamaci髇 de candidaturas una copia del censo del distrito correspondiente, ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento inform醫ico, que podr� ser utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente ley. Alternativamente los representantes generales podr醤 obtener en las mismas condiciones una copia del censo vigente de los distritos donde su partido, federaci髇 o coalici髇 presente candidaturas. Asimismo, las Juntas Electorales de Zona dispondr醤 de una copia del censo electoral utilizable, correspondiente a su 醡bito.

6. Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas, podr� excluirse a las personas que pudieran ser objeto de amenazas o coacciones que pongan en peligro su vida, su integridad f韘ica o su libertad, de las copias del censo electoral a que se refiere el apartado 5 del presente art韈ulo.�

獳rt韈ulo 46

3. Cuando la presentaci髇 deba realizarse mediante listas, cada una debe incluir tantos candidatos como cargos a elegir. En caso de incluir candidatos suplentes, su n鷐ero no podr� ser superior a 10, con la expresi髇 del orden de colocaci髇 tanto de los candidatos como de los suplentes.�

獳rt韈ulo 78

3. Podr� ser designado interventor quien, reuniendo la condici髇 de elector, se encuentre inscrito en el censo electoral.

En el caso de aquellos electores que no est閚 inscritos en el censo correspondiente a la circunscripci髇 electoral en la que vayan a desempe馻r sus funciones de interventor, la Junta Electoral de Zona habr� de requerir a la Oficina del Censo Electoral la urgente remisi髇 de la certificaci髇 de inscripci髇 en el censo electoral, salvo que previamente sea aportada por el designado como interventor.�

獳rt韈ulo 79

1. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la mesa ante la que est醤 acreditados. Cuando el interventor no est� inscrito en la circunscripci髇 electoral correspondiente a la mesa en la que vaya a desempe馻r sus funciones, ejercer� su derecho de sufragio mediante el voto por correspondencia en los t閞minos y con el alcance establecidos en los art韈ulos 72 y 73 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 123

1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y pol韙icos. No podr醤 ser designados administradores electorales las personas en quienes concurra la circunstancia a la que se refiere el p醨rafo b) del apartado 2 del art韈ulo 6 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 127

1. El Estado subvenciona, de acuerdo con las reglas establecidas en las disposiciones especiales de esta ley, los gastos ocasionados a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores por su concurrencia a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, Parlamento Europeo y elecciones municipales. En ning鷑 caso la subvenci髇 correspondiente a cada grupo pol韙ico podr� sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su funci髇 fiscalizadora.

2. Tanto el devengo como el pago de dichas subvenciones a las formaciones pol韙icas o a cualquier otra persona o entidad a las que, por cualquier t韙ulo, se hubiese transmitido el cr閐ito correspondiente quedar醤 condicionados a la justificaci髇 de la adquisici髇 por los electos pertenecientes a partidos pol韙icos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores de la condici髇 plena de Diputado, Senador, miembro del Parlamento Europeo o miembro de la correspondiente corporaci髇 local y del ejercicio electivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos y por cuya elecci髇 y desempe駉 se hayan devengado o se devenguen las citadas subvenciones. La comprobaci髇 y certificaci髇 de estos supuestos corresponder� a los 髍ganos de gobierno de la instituci髇 en que se deba ejercitar dicho cargo.

3. De conformidad con lo previsto en el art韈ulo 4 de la Ley Org醤ica 3/1987, de 2 de julio, de Financiaci髇 de los Partidos Pol韙icos, el Estado no subvencionar� los gastos, a los que se refiere el presente art韈ulo, a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores cuando, en su actividad, incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalizaci髇 de los partidos pol韙icos en el art韈ulo 9 de la Ley Org醤ica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Pol韙icos, apreciadas y valoradas de acuerdo con lo all� establecido, cuando no proceda por el grado de reiteraci髇 o gravedad de las mismas el procedimiento conducente a su ilegalizaci髇.

4. Del mismo modo, las subvenciones previstas en este art韈ulo no se devengar醤 a favor de dichas formaciones pol韙icas cuando en sus 髍ganos directivos, grupos parlamentarios o pol韙icos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebeli髇, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 penal, salvo que aquellas hubieran rechazado p鷅licamente los fines y los medios utilizados.�

獳rt韈ulo 127 bis

1. El Estado conceder� adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que las hubieran obtenido en las 鷏timas elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo o, en su caso, en las 鷏timas elecciones municipales, y no se hubiesen visto privadas de las mismas con posterioridad de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo anterior. La cantidad adelantada no podr� exceder del 30 por ciento de la subvenci髇 percibida por el mismo partido, federaci髇, asociaci髇 o coalici髇 en las 鷏timas elecciones equivalentes, y del mismo porcentaje de la subvenci髇 que resultare de la aplicaci髇 de las previsiones contenidas en los art韈ulos 175.3, 193.3 y 227.3 de esta ley, seg鷑 el proceso electoral de que se trate.

2. Los adelantos pueden solicitarse entre los d韆s vig閟imo primero y vig閟imo tercero posteriores a la convocatoria.

3. En el caso de partidos, federaciones o coaliciones que concurran en m醩 de una provincia, la solicitud deber� presentarse por sus respectivos administradores generales ante la Junta Electoral Central. En los restantes supuestos, las solicitudes se presentar醤 por los administradores de las candidaturas ante las Juntas Provinciales. 蓅tas las cursar醤 a la Junta Central.

La Junta Electoral Central remitir� al 髍gano competente de la Administraci髇 General del Estado las solicitudes de adelanto de las subvenciones electorales formuladas por los administradores de los partidos pol韙icos, federaciones y coaliciones, y rechazar� aquellas presentadas por las formaciones pol韙icas sin derecho a las mismas, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 127 de la presente ley.

4. A partir del vig閟imo noveno d韆 posterior a la convocatoria, la Administraci髇 del Estado pone a disposici髇 de los administradores electorales los adelantos correspondientes.

5. Los adelantos se devolver醤, despu閟 de las elecciones, en la cuant韆 en que superen el importe de la subvenci髇 que finalmente haya correspondido a cada partido, federaci髇 o coalici髇.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, proceder� la devoluci髇 韓tegra del anticipo concedido en caso de no acreditarse, en los t閞minos del art韈ulo 133.4 de la presente ley, la adquisici髇 por los electos pertenecientes a dichas formaciones pol韙icas de la condici髇 plena de Diputado, Senador, miembro del Parlamento Europeo o miembro de la correspondiente corporaci髇 local y el ejercicio efectivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos y por cuya elecci髇 se hayan devengado o se devenguen las subvenciones recogidas en esta ley.�

獳rt韈ulo 133

4. El Estado, en el plazo de 30 d韆s posterior a la presentaci髇 ante el Tribunal de Cuentas de su contabilidad y en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregar� a los administradores electorales el 90 por ciento del importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley, les corresponda de acuerdo con los resultados generales publicados en el ``Bolet韓 Oficial del Estado'', descontado, en su caso, el anticipo a que se refiere el apartado 1 del art韈ulo 127.bis de esta ley. En dicho acto, los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores deber醤 presentar para poder percibir ese anticipo aval bancario por el 10 por ciento de la subvenci髇 percibida, as� como certificaci髇 expedida por el 髍gano correspondiente que acredite fehacientemente la adquisici髇 por los electos pertenecientes a dichas formaciones pol韙icas de la condici髇 plena de Diputado, Senador, miembro del Parlamento Europeo o miembro de la correspondiente corporaci髇 local y el ejercicio efectivo del cargo para el que hubiesen sido elegidos y por cuya elecci髇 se hayan devengado o se devenguen las subvenciones recogidas en esta ley.

Tampoco proceder� la concesi髇 de dicho adelanto cuando en la formaci髇 pol韙ica figuren personas en quienes concurra la circunstancia a la que se refiere el p醨rafo b) del apartado 2 del art韈ulo 6 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 133

6. La Administraci髇 General del Estado entregar� el importe de las subvenciones a los administradores electorales de las entidades que deban percibirlas, a no ser que aqu閘los hubieran notificado a la Junta Electoral Central que las subvenciones sean abonadas en todo o en parte a las entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos o cr閐itos que les hayan otorgado. La Administraci髇 General del Estado verificar� el pago conforme a los t閞minos de dicha notificaci髇, salvo que los anticipos o cr閐itos se hubieran otorgado a formaciones pol韙icas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley. La citada notificaci髇 no podr� ser revocada sin consentimiento de la entidad de cr閐ito beneficiaria.�

獳rt韈ulo 134

5. La liquidaci髇 del importe de las subvenciones por parte del 髍gano competente se realizar� de acuerdo con el contenido del Informe de Fiscalizaci髇 aprobado en las Cortes Generales por la Comisi髇 Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 140

[nuevo p醨rafo i), el actual p醨rafo i) pasa a ser j)].

• i) Incumplir las obligaciones relativas a certificaciones en materia de subvenciones por gastos electorales previstas en esta ley.�

獳rt韈ulo 153

3. A las infracciones electorales en materia de subvenciones por gastos electorales les ser� de aplicaci髇 lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre.�

獳rt韈ulo 175

5. No habr� lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 182

1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el esca駉 se atribuir� al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocaci髇.

2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes ser醤 cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no est� incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes ser醤 designados por el partido, coalici髇, federaci髇 o agrupaci髇 de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicar� a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedici髇 de la oportuna credencial. En este caso, no podr醤 ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente.

3. En el caso de que el n鷐ero de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del n鷐ero legal de miembros de la corporaci髇, se constituir� una comisi髇 gestora integrada por todos los miembros de la corporaci髇 que contin鷈n y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el p醨rafo anterior.�

獳rt韈ulo 183

1. En los supuestos de disoluci髇 de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislaci髇 b醩ica de r間imen local por gesti髇 gravemente da駉sa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deber� procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constituci髇 de una nueva corporaci髇 dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que 閟ta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un a駉.

Mientras se constituye la nueva corporaci髇 o expira el mandato de la disuelta, la administraci髇 ordinaria de sus asuntos corresponder� a una comisi髇 gestora designada por la diputaci髇 provincial o, en su caso, por el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma correspondiente, cuyo n鷐ero de miembros no exceder� del n鷐ero legal de miembros de la corporaci髇. Ejercer� las funciones de Alcalde o Presidente aquel vocal que resulte elegido por mayor韆 de votos entre todos los miembros de la comisi髇.

2. Cuando la disoluci髇 se produzca porque los 髍ganos de gobierno de la corporaci髇 local lleven a cabo alguna de las actuaciones previstas en el art韈ulo 61.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R間imen Local, la diputaci髇 provincial o, en su caso, el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma asumir� directamente tras la disoluci髇 la gesti髇 ordinaria de la corporaci髇 hasta la finalizaci髇 del correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayor韆 cualificada.�

獳rt韈ulo 193

5. No habr� lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 201

11. En materia de subvenciones electorales habr醤 de respetarse las limitaciones establecidas en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley.�

獳rt韈ulo 227

5. No habr� lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del art韈ulo 127 de la presente ley.�

獶isposici髇 adicional primera

1. Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constituci髇 y a la presente ley org醤ica, a las comunidades aut髇omas por sus respectivos estatutos en relaci髇 con las elecciones a las respectivas asambleas legislativas.�

獶isposici髇 adicional sexta

Los partidos y federaciones tienen la obligaci髇 de remitir al Registro de Partidos Pol韙icos y mantener actualizada, la relaci髇 de las personas que compongan sus 髍ganos directivos y de coordinaci髇.�

獳rt韈ulo 61

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad aut髇oma correspondiente o a solicitud de 閟te y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podr� proceder, mediante real decreto, a la disoluci髇 de los 髍ganos de las corporaciones locales en el supuesto de gesti髇 gravemente da駉sa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Se considerar醤, en todo caso, decisiones gravemente da駉sas para los intereses generales en los t閞minos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los 髍ganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o t醕ito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecuci髇, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las v韈timas o a sus familiares.

3. Acordada la disoluci髇, ser� de aplicaci髇 la legislaci髇 electoral general, cuando proceda, en relaci髇 a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administraci髇 ordinaria de la corporaci髇.�

獳rt韈ulo 75

7. Los miembros de las corporaciones locales que consideren, en virtud de su cargo, amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relaci髇 econ髆ica o profesional podr醤 realizar las declaraciones de intereses a que se refieren los p醨rafos anteriores de este art韈ulo, ante el secretario de la diputaci髇 provincial o, en su caso, ante el 髍gano competente de la comunidad aut髇oma correspondiente. Tales declaraciones se inscribir醤 en un Registro Especial de Intereses, creado a estos efectos en aquellas instituciones.

En este supuesto, los miembros de las corporaciones locales aportar醤 al secretario de su respectiva corporaci髇 mera certificaci髇 simple y sucinta acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que 閟tas est醤 inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el p醨rafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo.�