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Sumario

La previsi髇 legal de un Plan Especial para el Alto Guadiana tiene su justificaci髇 en una situaci髇 ambientalmente muy degradada en este lugar como consecuencia de un conjunto de causas que, en su interrelaci髇, han conducido de una forma progresiva a una amenaza importante para este territorio. Aun cuando quiz� el hecho m醩 resaltable de esa situaci髇 sea la profunda afecci髇 sufrida por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (que desde hace bastantes a駉s, entre otras medidas, recibe una transferencia de aguas provenientes de la cuenca del Tajo), lo cierto es que la pervivencia de las explotaciones agr韈olas que, en buena medida, han conducido a la situaci髇 rese馻da, est� claramente cuestionada para el futuro en su modelo actual, como consecuencia de la degradada situaci髇 de las masas de agua subterr醤ea. Como en muy pocas ocasiones es factible advertir con esta nitidez, ecolog韆 y econom韆 presentan en este lugar una interrelaci髇 evidente, de tal forma que el mantenimiento en buen estado de las masas de agua subterr醤ea es condici髇 necesaria para la sostenibilidad de las explotaciones agr韈olas que se basan en ellos y, a su vez, solamente la consecuci髇 de una racionalizaci髇 en la actividad agr韈ola que se desarrolla en este lugar permitir� la recuperaci髇 y la superaci髇 del desequilibrio h韉rico que en la actualidad existe en alguna de las masas de agua que forman el Alto Guadiana. Incidir de una manera racional sobre esta interrelaci髇 es lo que permitir� alcanzar el objetivo fundamental de este Plan Especial de lograr un buen estado de las masas de agua subterr醤ea y de las aguas superficiales que discurren por el territorio del Alto Guadiana.

En los a駉s 1994-1999 pudieron advertirse algunas mejoras en la situaci髇 de las masas de agua subterr醤ea, sobre todo despu閟 de la implantaci髇 del Programa de Compensaci髇 de Rentas que propici� una disminuci髇 en los vol鷐enes de agua extra韉os. No obstante, el per韔do 2000-2006 ha sido especialmente seco, el peor de los 鷏timos cuarenta a駉s, a pesar de la situaci髇 de precipitaciones atmosf閞icas singularmente beneficiosas que en algunos a駉s de los 鷏timos mencionados se dieron. En cualquier caso, las disminuciones de consumos ocasionadas por el Programa de Compensaci髇 de Rentas deben considerarse en principio puramente coyunturales, por lo que no puede esperarse razonablemente una disminuci髇 permanente de las extracciones una vez que dicho Programa desaparezca. Ello es un acicate m醩 para la necesaria instauraci髇 de una nueva pol韙ica que afronte decididamente las causas del problema, poniendo en pie un modo de actuaci髇 que conduzca a una progresiva y permanente mejora de la situaci髇 ambiental y, consiguientemente, propicie un horizonte econ髆icamente consolidado y sostenible de la actividad agr韈ola y econ髆ica en el territorio y, por ello, del bienestar de sus habitantes. Debe considerarse, adem醩, que se trata de una de las zonas m醩 pobladas de su entorno, que cuenta con una poblaci髇 din醡ica y social y econ髆icamente muy activa.

Para dar respuesta a esta situaci髇, la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrol骻ico Nacional, orden� la formaci髇 de un Plan Especial del Alto Guadiana. La finalidad de esta previsi髇 legal es, en los t閞minos de la disposici髇 adicional citada, 玬antener un uso sostenible de los acu韋eros de la cuenca alta del Guadiana�. A esos efectos en esta disposici髇 se prev� un desarrollo del r間imen jur韉ico de un conjunto de actuaciones consistente en:

• 玜) La reordenaci髇 de los derechos de uso de aguas, tendente a la recuperaci髇 ambiental de los acu韋eros.
• b) La autorizaci髇 de modificaciones en el r間imen de explotaci髇 de los pozos existentes.
• c) La concesi髇 de aguas subterr醤eas en situaciones de sequ韆.
• d) Otras medidas tendentes a lograr el equilibrio h韉rico y ambiental permanente de esta cuenca�.

Por su parte, la disposici髇 adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequ韆 en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regad韔 en determinadas cuencas hidrogr醘icas, incorpora un conjunto de previsiones espec韋icas, con 醡bito territorial limitado al Alto Guadiana, que introducen los instrumentos jur韉icos necesarios para una mayor eficacia de la gesti髇 de los derechos de uso de agua, manteniendo el car醕ter p鷅lico de las aguas subterr醤eas. Asimismo, se refuerza la eficacia de los centros de intercambios de derecho de aguas, ampliando el 醡bito de la reasignaci髇 de recursos de forma que este instrumento sirva para dar respuesta a objetivos medioambientales o de inter閟 de las Comunidades Aut髇omas.

El Alto Guadiana se manifiesta, en este marco, como un territorio que cumple todas las condiciones para que puedan ser puestos en marcha los principios del desarrollo sostenible que forman hoy el sustrato com鷑 de cualquier regulaci髇 de los recursos naturales que se quiera llamar racional, uso sostenible al que apela expresamente la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrol骻ico Nacional, para lo que concibe un Plan Especial del Alto Guadiana con unos determinados objetivos que ahora se desarrollan.

En particular, las normas incluidas como anexo 1 del Plan Especial del Alto Guadiana tienen un variado contenido pero un objetivo com鷑, consistente en conseguir el buen estado, compatible con un uso sostenible, de las masas de aguas subterr醤eas y de las superficiales a ellas asociadas en el 醡bito territorial definido. Existe, tambi閚, un hilo conductor consistente en facilitar a los particulares la transformaci髇 de los derechos privados existentes en derechos concesionales, para lo que se ofrece un procedimiento administrativo espec韋ico y se aclara el significado de la modificaci髇 de las condiciones de aprovechamiento en el uso de los pozos. Igualmente se ofrecen l韓eas directrices sobre la pol韙ica de adquisici髇 de derechos de uso de agua. Todo ello, de acuerdo con lo preceptuado en las disposiciones adicionales segunda y tercera del antes citado Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre.

Ese objetivo de propiciar la transformaci髇 de derechos privados en concesionales coincide con lo que fue directriz de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y que hoy cuenta con distintos elementos adicionales a los que se ha llegado por puras razones de evoluci髇 del ordenamiento jur韉ico. As�, es bien conocido que el contrato de cesi髇 de derechos de uso de agua est� vedado a los titulares de derechos inscritos en el Cat醠ogo de Aguas privadas, pero permitido a los titulares de derechos concesionales o a los de aprovechamientos temporales de aguas privadas. Ello tiene su correspondiente reflejo en las Normas del Plan Especial.

De esta forma, se intenta unificar en la medida de lo posible el r間imen jur韉ico de las aguas en este espacio territorial tan sensible, lo que llevar� consigo mayores posibilidades de intervenci髇 por parte de la Administraci髇 hidr醬lica y, al tiempo, una protecci髇 administrativa efectiva para todos los derechos transformados en concesionales.

Adem醩 de esta parte normativa, se articulan los siguientes Programas que han de coordinar lo establecido en el Programa Agua para Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones que cuya ejecuci髇 corresponde al Ministerio de Medio Ambiente o a la Confederaci髇 Hidrogr醘ica del Guadiana:

• Programa Hidrol骻ico (anexo 2), en el que se contienen detalladamente, entre otras, las medidas a las que se refieren las Normas del Plan Especial, y que constituye el instrumento b醩ico de actuaci髇.
• Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios (anexo 3).
• Programa Ambiental (anexo 4), volcado, fundamentalmente, en la mejora de los espacios naturales y en la forestaci髇 de determinados suelos que en la actualidad se dedican al cultivo agr韈ola.
• Programa de Informaci髇 y Sensibilizaci髇 Ambiental (anexo 5).
• Programa de Abastecimiento y Saneamiento (anexo 6), con el fin de garantizar los usos prioritarios de abastecimiento de la zona y mejorar las condiciones de depuraci髇, desarrollando lo contenido en el Programa Agua y en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015.

Se prev� igualmente que se integrar醤 en el Plan Especial del Alto Guadiana, formando parte del mismo a todos los efectos, los Programas sectoriales de modernizaci髇 y desarrollo agrario y de desarrollo econ髆ico y social. Los mismos deber醤 ser aprobados por el Consorcio para la gesti髇 del Plan Especial del Alto Guadiana al que se refiere el art韈ulo 6 del real decreto en el que hay una participaci髇 singular de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, en atenci髇 al 醡bito material y competencial en el que se proyectan las actuaciones que se recoger醤 en estos Programas, los cuales ser醤 dotados econ髆icamente de forma espec韋ica, atendiendo a las competencias implicadas en las distintas actuaciones.

Los Programas sectoriales se caracterizan por su relaci髇 con distintos aspectos de la acci髇 p鷅lica en el 醡bito territorial del Alto Guadiana, estando coordinados entre s�. En efecto, es claro que debe existir una adecuada coordinaci髇 de las Administraciones P鷅licas con competencias e intereses en el Plan Especial del Alto Guadiana y en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible del mismo 醡bito. Hay que tener en cuenta, as�, que la Administraci髇 General del Estado es titular de las competencias sobre el agua y las obras hidr醬licas (cfr. art. 149.1.22 y 24 CE) y titular tambi閚 de la competencia de establecimiento de la legislaci髇 b醩ica sobre medio ambiente (cfr. art. 149.1.23 CE), en tanto que la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, es titular de las competencias exclusivas sobre ordenaci髇 del territorio y agricultura (cfr. art. 31.1.2.� y 6.� del Estatuto de Autonom韆) y de desarrollo legislativo y ejecuci髇 de la legislaci髇 b醩ica estatal sobre protecci髇 del medio ambiente y de los ecosistemas (cfr. art. 32.7 del Estatuto de Autonom韆). El Plan Especial del Alto Guadiana y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible asociado, se han formado teniendo en cuenta esta pluralidad de entes p鷅licos responsables de la actividad administrativa, a cuyo efecto se ha suscrito un Protocolo de colaboraci髇 entre la Administraci髇 General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 23 de octubre de 2007, en el que se establecen las l韓eas generales de este Plan en lo que afecta a las competencias de ambas Administraciones y sus puntos de interrelaci髇. Como el mismo Protocolo de colaboraci髇 dispone, para el impulso, coordinaci髇 y seguimiento de la ejecuci髇 del Plan debe existir un Consorcio, como marco de colaboraci髇 esencial para la consecuci髇 de los objetivos del Plan.

Como ya se ha advertido, la actividad agr韈ola se encuentra en el origen principal de la sobreexplotaci髇 de las masas de agua subterr醤ea y su consiguiente degradaci髇, por lo que una parte fundamental de la mejora de estas masas depender� de un Programa agr韈ola concebido con el objetivo de reducir los consumos de agua a trav閟 de la previsi髇 de las mejores t閏nicas de riego posibles y de la reorientaci髇 hacia cultivos escasamente consumidores de agua. Dado el reparto competencial en materia de agricultura, con la colaboraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha se desarrollar醤 las actuaciones necesarias para el establecimiento de un nuevo modelo agrario a aplicar en la zona que sirva, decisivamente, para la consecuci髇 del buen estado de las masas de agua subterr醤ea y de las superficiales a ellas asociadas. Lo mismo puede decirse del resto de Programas sectoriales, algunos de los cuales est醤 directamente relacionados con las exigencias de la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrol骻ico Nacional y otros lo est醤 s髄o indirectamente, y se consideran incluibles en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, siendo necesaria su existencia para la consecuci髇 del objetivo pretendido.

Este Plan Especial ha sido consultado en su proceso de elaboraci髇 con la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha y con diversas organizaciones p鷅licas y representativas de intereses econ髆icos y sociales: Comunidades de Usuarios, Asociaciones y Sindicatos Agrarios, Organizaciones de protecci髇 del medio ambiente, Entidades locales del territorio, Universidades etc., todo ello teniendo en cuenta la pr醕tica de la evaluaci髇 ambiental estrat間ica llevada a cabo de conformidad con lo establecido por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci髇 de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Particular incidencia deber醤 tener, en justa correspondencia con el papel que les otorga tradicionalmente la legislaci髇 espa駉la de aguas, las Comunidades de Usuarios que deben ser, adem醩 de consultadas en las medidas que se adopten en ejecuci髇 del Plan Especial del Alto Guadiana, colaboradoras incorporadas estrechamente a determinados procesos de ejecuci髇 del Plan Especial, como primeras interesadas en el desarrollo sostenible del territorio en el que llevan a cabo su actividad.

Parece adecuado indicar, por 鷏timo, que todas las medidas incluidas en el Plan Especial del Alto Guadiana no solamente son compatibles, sino que est醤 en plena sinton韆 con el contenido de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuaci髇 en el 醡bito de la pol韙ica de aguas, en especial en lo que con relaci髇 a los objetivos ambientales a cumplir para las aguas subterr醤eas se indica en su art韈ulo 4.1.b). No cabe duda de que la aplicaci髇 del Plan Especial del Alto Guadiana contribuir� al cumplimiento del objetivo ambiental de conseguir un 玡quilibrio entre la extracci髇 y la alimentaci髇 de dichas aguas (subterr醤eas) con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterr醤eas a m醩 tardar quince a駉s despu閟 de la entrada en vigor de la presente Directiva...� [del art. 4.1.b) ii) de la Directiva mencionada]. Si se tiene en cuenta que, inicialmente, se fija un per韔do de vigencia del Plan Especial de ocho a駉s (como indican las Normas aprobadas por este Real Decreto y sin perjuicio de las posibles pr髍rogas del Plan Especial en funci髇 de las circunstancias del momento), se puede advertir pl醩ticamente esa sinton韆 que se indica, proporcion醤dose en la Memoria del Plan los datos necesarios que demuestran la factibilidad de las actuaciones que se pretenden desarrollar y su inserci髇 dentro de la letra y esp韗itu de esta Directiva 2000/60/CE.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente con la aprobaci髇 previa de la Ministra de Administraciones P鷅licas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 11 de enero de 2008.

DISPONGO:

Art韈ulo 5 Aplicaci髇 temporal del Plan Especial

1. El Plan Especial del Alto Guadiana tendr� una vigencia que se extender� inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2015 en aplicaci髇 de lo previsto en la disposici髇 adicional und閏ima 1.a) de la Ley de Aguas, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

No obstante, si una vez transcurrido dicho t閞mino no se han alcanzado en todas o en alguna de las masas de agua los objetivos de buen estado, podr醤 prorrogarse todas o alguna de las medidas contenidas en este Plan conforme a lo establecido en la citada disposici髇 adicional und閏ima.

2. La pr髍roga, con las modificaciones que sean pertinentes, ser� adoptada mediante real decreto aprobado por el Gobierno, previo acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

T閚gase en cuenta que se prorroga la vigencia del citado Plan Especial hasta que el Plan Hidrol骻ico de la parte espa駉la de la demarcaci髇 hidrogr醘ica del Guadiana, en alguna de sus futuras revisiones, determine que se ha alcanzado el buen estado en todas las masas de agua del Alto Guadiana, conforme establece la disposici髇 adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisi髇 de los Planes Hidrol骻icos de las demarcaciones hidrogr醘icas del Cant醔rico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y J鷆ar, y de la parte espa駉la de las demarcaciones hidrogr醘icas del Cant醔rico Oriental, Mi駉-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro (獴.O.E.� 19 enero).

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES