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• INTRODUCCION
• CAPÍTULO I. Disposiciones generales
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Naturaleza
  • Artículo 3 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
• CAPÍTULO II. Personas destinatarias
  • Artículo 4 Personas destinatarias
  • Artículo 5 Requisitos de las personas beneficiarias
  • Artículo 6 Obligaciones de las personas beneficiarias
• CAPÍTULO III. Régimen económico
  • Artículo 7 Cuantía de la prestación
  • Artículo 8 Presentación de solicitudes
  • Artículo 9 Resolución
  • Artículo 10 Abono
  • Artículo 11 Valoración de la situación de necesidad e indicador de la renta
  • Artículo 12 Duración de la prestación
  • Artículo 13 Suspensión o extinción de la renta
  • Artículo 14 Causas de suspensión y extinción de la renta
  • Artículo 15 Reintegro de la prestación
• CAPÍTULO IV. Gestión de la prestación
  • Artículo 16 Gestión de las prestaciones
  • Artículo 17 Seguimiento de los programas de autonomía personal
  • Artículo 18 Financiación de la prestación
  • Artículo 19 Régimen sancionador
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Modificación del Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears
  • Disposición final segunda Facultades de desarrollo
  • Disposición final tercera Remisión normativa
  • Disposición final cuarta Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto

Este decreto tiene por objeto la regulación de la renta mensual para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección, como son la tutela o la guarda, con la finalidad de contribuir a que, temporalmente y, como máximo, hasta los 25 años, una vez finalizada la institución de la tutela o la guarda, puedan vivir de una manera autónoma y se puedan integrar gradualmente en la vida social y laboral, siempre que acrediten que no disponen de recursos económicos suficientes y vivan autónomamente.

Artículo 2 Naturaleza

1. La renta mensual es una prestación social de tipo económico que tiene carácter subsidiario respecto a otras prestaciones del sistema público de prestaciones sociales y carácter temporal, para atender los gastos esenciales de personas que han sido tuteladas o han estado bajo una medida de guarda por la entidad pública de protección competente.

2. Esta prestación no tiene la consideración de subvención, puesto que se configura como una prestación autonómica complementaria de las prestaciones previstas en el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los efectos de lo dispuesto en la letra a del artículo 2.3 del Texto refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

3. A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende por gastos esenciales de una persona aquellos gastos propios incluidos en el concepto amplio de alimentos recogido en el Código Civil, es decir, la alimentación, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como los que facilitan la comunicación y el transporte básico, y también todos los que son imprescindibles para vivir dignamente.

Artículo 3 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

1. La renta mensual es compatible y complementaria a las prestaciones finalistas de servicios sociales que correspondan a la persona titular o a cualquiera de las personas integrantes de su núcleo familiar.

2. Esta prestación es compatible con otras prestaciones económicas de la Administración autonómica, insular o local, del sistema educativo o laboral, que tengan como finalidad la formación y la plena inserción de las personas en el mercado laboral.

3. La renta mensual es incompatible con las otras prestaciones económicas que tenga reconocidas la persona beneficiaria o a las cuales tenga derecho por cualquiera de los sistemas de protección públicos o privados complementarios de la Seguridad Social, si la concesión de la prestación para las personas que han sido sometidas a medida de protección de tutela o guarda comporta la pérdida o la no concesión de las otras.

4. En todos los casos, la prestación es incompatible con la renta mínima de inserción.

Artículo 4 Personas destinatarias

Tienen derecho a ser beneficiarias de la prestación regulada en este decreto las personas que han estado bajo tutela o guarda por la entidad pública de protección competente, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5 y que sigan el programa de autonomía personal, suscrito con la Dirección General de Menores y Familias.

Artículo 5 Requisitos de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias deben cumplir los siguientes requisitos:

• a. Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25.
• b. Estar bajo guarda o tutela administrativa en el momento de cumplir 18 años.
• c) Haber estado, como mínimo y sin necesidad que sean consecutivos, doce meses entre los 16 y los 18 años bajo una medida de guarda o tutela de cualquiera de las entidades públicas de protección de menores del Estado español. Excepcionalmente, el período mínimo de doce meses mencionado no es de aplicación a las personas menores de edad sometidas a una medida administrativa de protección que retornan a su ámbito familiar cuando este retorno resulta infructuoso, así como a las personas menores de edad sometidas por primera vez a guarda o tutela administrativa después de haber cumplido 17 años.
  LE0000645594_20190526Letra c del artículo 5 redactada por el artículo primero del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019
• d. Vivir de manera autónoma, lo cual se tiene que acreditar mediante el certificado de empadronamiento correspondiente en el que consten las personas con las que convive, excepto en el caso previsto por el apartado 2 del artículo 8. No tiene que haber convivencia con los familiares que generaron la medida administrativa. Sin embargo, las personas beneficiarias pueden mantener contacto con estos familiares, siempre que sea favorable para su proceso de emancipación.
• e. Tener unos ingresos inferiores al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) en el momento de la solicitud de la prestación.
  LE0000603815_20200617Letra e del artículo 5 redactada por el número 1 de la disposición final primera del D [BALEARES] 40/2017, 25 agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 26 agosto).Vigencia: 27 agosto 2017
• f. En el caso de que la persona interesada no tenga una actividad laboral remunerada y no curse estudios académicos, estar inscrita en la búsqueda de empleo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB).
• g. Tener residencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo que se debe acreditar con el certificado de empadronamiento en un municipio de las Illes Balears.

Artículo 6 Obligaciones de las personas beneficiarias

Los perceptores de la prestación tienen las siguientes obligaciones:

• a. Cumplir el programa de autonomía personal que hayan acordado con los servicios técnicos de la Dirección General de Menores y Familias del Gobierno de las Illes Balears, previo informe de la entidad pública de protección del menor, y que prevén los artículos 4 y 5 de la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma.
• b. En su caso, comunicar a la Dirección General de Menores y Familias que se ha producido alguna de las causas de suspensión o extinción indicadas en el artículo 14 de este decreto y, si procede, reintegrar las cuantías percibidas indebidamente a estos efectos. La entidad gestora puede comprobar en cualquier momento el cumplimiento de las condiciones que hayan determinado el acceso a la prestación.
• c. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concedió de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este decreto.

Artículo 7 Cuantía de la prestación

1. La cuantía máxima de la prestación es equivalente al 80 % del IPREM mensual, mientras que la cuantía mínima es equivalente al 25 % del IPREM mensual.

2. Se puede percibir la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 veces el IPREM vigente en cada momento. En este supuesto, la cuantía de la prestación se reducirá en la proporción necesaria para no superar dicho límite.

3. Excepcionalmente, en los supuestos en los que la situación familiar o convivencial de la persona que ha sido sometida a medida de protección de tutela o guarda suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20 % para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10 % para las restantes, hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33 % o superior computan un 10 % más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos en los apartados anteriores.

4. La prestación se percibirá en pagos mensuales vencidos a partir del mes siguiente.

Artículo 8 Presentación de solicitudes

1. La renta mensual se puede solicitar en cualquier momento, a partir de los 18 años y hasta que se cumplan 25, o en el supuesto que establece el apartado 2 de este artículo.

2. Puede presentar la solicitud la persona interesada o quien ejerza su tutela o guarda, a partir de los tres meses antes de cumplir la edad mínima para poder devenir persona beneficiaria de esta prestación. En este caso, tendrá efectos económicos desde el mes en que se cumpla la edad mínima.

3. Las solicitudes de la prestación se deben presentar en la Dirección General de Menores y Familias, en los registros de los entes o los órganos administrativos o por los medios telemáticos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con el modelo que la Consejería ponga a disposición de las personas interesadas y en el que constará la documentación que se deberá adjuntar y que debe acreditar los requisitos del artículo 5.

Artículo 9 Resolución

En todos los casos, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación deberá dictar y notificar la resolución motivada en el plazo de tres meses que se contarán desde la fecha de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado, se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 10 Abono

La prestación se tiene que abonar directamente a la persona beneficiaria.

LE0000645594_20190526Artículo 10 redactado por el artículo segundo del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

Artículo 11 Valoración de la situación de necesidad e indicador de la renta

1. La situación de necesidad se valorará teniendo en cuenta los ingresos económicos y las condiciones sociales de las personas beneficiarias.

2. Se determinará si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que le comporten una carga económica.

3. A los efectos de lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, se entiende, con carácter general, que existe falta de recursos económicos cuando los ingresos personales son inferiores al 80 % del IPREM.

4. No se tienen en cuenta como ingresos personales los que puede percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad de atender los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida.

5. La Dirección General de Menores y Familias, en su caso, solicitará a la entidad pública o entidades de protección, en caso de que el menor haya estado bajo la tutela de varias entidades, un informe relativo a la persona beneficiaria, el cual, como mínimo, debe valorar la situación de necesidad e indicar si la persona vive sola o tiene personas a cargo.

Artículo 12 Duración de la prestación

1. La duración de la prestación es de un máximo de 36 meses, en función de la edad de la persona interesada, del momento de presentar la concesión y no se produce ninguna causa de extinción o suspensión.

3. En el caso de las personas beneficiarias de la prestación regulada en este decreto que sean o hayan sido beneficiarias del subsidio de desempleo que prevé la legislación de la Seguridad Social para las personas menores de edad privadas de libertad una vez liberadas, el período de percepción de este subsidio de desempleo, a partir de los 18 años, se computará dentro del límite temporal de 36 meses mencionado en el apartado 1 de este artículo.

LE0000645594_20190526Número 3 (sic) del artículo 12 introducido por el artículo tercero del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).Vigencia: 26 mayo 2019

Artículo 13 Suspensión o extinción de la renta

1. La prestación se puede suspender o extinguir por cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 14.

2. El procedimiento de suspensión o extinción se puede iniciar a instancia de la persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente. En este caso, se tiene que poner en conocimiento de la persona interesada y se le concederá un plazo de quince días hábiles para formular las alegaciones que considere oportunas en defensa de su derecho, sin perjuicio de las medidas cautelares que se consideren más adecuadas.

LE0000603815_20200617Número 2 del artículo 13 redactado por el número 2 de la disposición final primera del D [BALEARES] 40/2017, 25 agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 26 agosto).Vigencia: 27 agosto 2017

3. La suspensión de la prestación tiene una duración máxima de tres meses. Durante este periodo, se puede reiniciar la prestación cuando deje de existir la causa que ha motivado la suspensión.

4. Si se agota el periodo de suspensión y no se ha solucionado la causa, la prestación se extingue automáticamente, sin perjuicio de la correspondiente resolución de extinción del derecho a la prestación.

5. La persona interesada puede solicitar nuevamente la prestación que se haya extinguido cuando lo considere oportuno, siempre que pueda acreditar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones exigidas para el acceso a la prestación.

6. Como norma general, salvo la extinción por muerte de la persona beneficiaria, por haber cumplido 25 años o por haber disfrutado de la prestación durante 36 meses, la efectividad de la extinción y la pérdida del derecho a la prestación, así como de la suspensión, se fijarán en la resolución por la que se extinga o se suspenda el derecho a la prestación, y los efectos económicos se producirán a partir del primer día del mes siguiente.

Artículo 14 Causas de suspensión y extinción de la renta

1. Son causas de suspensión de la prestación:

• a. Dejar de residir en las Illes Balears.
• b. Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,25 veces el IPREM vigente en cada momento.
  LE0000603815_20200617Letra b del número 1 del artículo 14 redactada por el número 3 de la disposición final primera del D [BALEARES] 40/2017, 25 agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 26 agosto).Vigencia: 27 agosto 2017
• c. Dejar de atender injustificadamente dos requerimientos de la administración competente para comprobar la continuidad de los requisitos para acceder a la prestación concedida. Se entiende por requerimientos los que se notifiquen según los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• d. Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias o no seguir las pautas por un periodo inferior a tres meses.
• e. Llevar a cabo la tramitación de un expediente de extinción.

2. Son causas de extinción de la renta:

• a. Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
• b. Cumplir 25 años o haber disfrutado de la prestación durante 36 meses.
• c. Dejar de vivir de manera autónoma cuando se regrese al núcleo familiar que generó la medida administrativa.
• d. Dejar de residir en las Illes Balears, con la suspensión previa de la prestación durante un periodo de tres meses.
• e. Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos, una vez comprobado este hecho mediante el acceso a los registros públicos correspondientes.
• f. Falsear la documentación aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos, con la resolución judicial previa por la cual se declara la falsedad documental.
• g. Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias o no seguir las pautas durante un periodo superior a tres meses, previo informe técnico.
• h. Producirse la mejora de la situación económica de la persona beneficiaria, si ello implica la pérdida permanente de los requisitos de necesidad y que, por lo tanto, desaparezca la situación de necesidad que ha motivado la prestación, de acuerdo con los requisitos previstos en este decreto.

Artículo 15 Reintegro de la prestación

Las personas beneficiarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la Administración y de acuerdo con la normativa vigente, deberán reintegrar las cuantías percibidas indebidamente por cualquier causa, de acuerdo con la legislación de finanzas aplicable a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 16 Gestión de las prestaciones

La gestión de la renta mensual corresponde a la Dirección General de Menores y Familias de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 17 Seguimiento de los programas de autonomía personal

1. La Dirección General de Menores y Familias asignará a cada persona beneficiaria una persona técnica de referencia para la gestión y el seguimiento del programa de autonomía personal.

1. El programa de autonomía personal se formalizará por escrito. Deben firmar los acuerdos del programa la persona técnica de referencia y la persona beneficiaria.

1. La Dirección General de Menores y Familias de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación comprobará periódicamente, en su caso, si la persona beneficiaria está inscrita en la búsqueda de empleo, si dispone de cotizaciones de la Seguridad Social, así como el resto de requisitos necesarios para poder disfrutar de la prestación.

1. La Dirección General de Menores y Familias se coordinará con el personal técnico de los servicios de inserción en los que participe la persona beneficiaria de la prestación, para el intercambio de información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 7 de la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma.

Artículo 18 Financiación de la prestación

La renta mensual para jóvenes que han sido sometidos a medidas de protección se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 19 Régimen sancionador

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este decreto podrá ser sancionado de acuerdo con el régimen sancionador establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears.

Disposición final primera Modificación del Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears

Se modifica el punto 3.7 del anexo del Decreto 56/2011, que queda redactado en los términos siguientes:

LE0000454523_20160812

Disposición final segunda Facultades de desarrollo

Se faculta a la consejera de Servicios Sociales y Cooperación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este decreto.

Disposición final tercera Remisión normativa

Con respecto al procedimiento aplicable, y en todo lo no previsto en este decreto, se aplicará la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Disposición final cuarta Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.