Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto ley 10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears

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• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
  • Artículo 1 Objeto
  • Artículo 2 Naturaleza de las prestaciones y ámbito de aplicación
  • Artículo 3 Financiación
  • Artículo 4 Personas beneficiarias
  • Artículo 5 Carácter de las prestaciones
  • Artículo 6 Periodicidad de las prestaciones
  • Artículo 7 Abono de las prestaciones
  • Artículo 8 Reintegro de las prestaciones
  • Artículo 9 Régimen de compatibilidad
  • Artículo 10 Cesión de datos
  • Artículo 11 Situación de necesidad
  • Artículo 12 Necesidades básicas
  • Artículo 13 Infracciones
  • Artículo 14 Procedimiento sancionador
• TÍTULO II. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE DERECHO SUBJETIVO
  • CAPÍTULO I. Renta social garantida
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales y acceso a la prestación
      • Artículo 15 Objeto
      • Artículo 16 Definición y naturaleza de la renta social garantizada
      • Artículo 17 Situación de vulnerabilidad económica
      • Artículo 18 Definición de las personas destinatarias
      • Artículo 19 Unidad de convivencia
      • Artículo 20 Requisitos
      • Artículo 21 Consentimiento de las personas destinatarias y acreditación de requisitos
      • Artículo 22 Obligaciones de las personas destinatarias
    • SECCIÓN 2. Régimen económico y tramitación
      • Artículo 23 Importe de la renta social garantizada
      • Artículo 24 Capacidad económica
      • Artículo 25 Duración de la prestación económica
      • Artículo 26 Órgano competente en la gestión de la renta
      • Artículo 27 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes
      • Artículo 28 Revisión y enmienda de la solicitud
      • Artículo 29 Comprobación de los requisitos
      • Artículo 30 Resolución del procedimiento
      • Artículo 31 Pago de la prestación económica
      • Artículo 32 Revisión del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones
      • Artículo 33 Modificación de la prestación económica
      • Artículo 34 Suspensión de la prestación económica
      • Artículo 35 Extinción de la renta social
      • Artículo 36 Reintegro de la prestación
      • Artículo 37 La Comisión Técnica de la renta social garantizada
    • SECCIÓN 3. Régimen sancionador
      • Artículo 38 Infracciones leves
      • Artículo 39 Infracciones graves
      • Artículo 40 Infracciones muy graves
      • Artículo 41 Sanciones
      • Artículo 42 Órganos competentes en el procedimiento sancionador
  • CAPÍTULO II. Complemento de Rentas de las Illes Balears a las Pensiones no contributivas (PNC)
    • Artículo 43 Objeto
    • Artículo 44 Naturaleza
    • Artículo 45 Destinatarios de la prestación
    • Artículo 46 Requisitos
    • Artículo 47 Importe y cálculo del importe de la prestación económica
    • Artículo 48 Órgano competente por la gestión
    • Artículo 49 Solicitudes
    • Artículo 50 Modificación, suspensión y extinción
  • CAPÍTULO III. Renta de emancipación de jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda de protección de menores
    • SECCIÓN 1. Disposiciones generales
      • Artículo 51 Objeto
      • Artículo 52 Naturaleza
      • Artículo 53 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
    • SECCIÓN 2. Acceso a la prestación
      • Artículo 54 Personas destinatarias
      • Artículo 55 Requisitos de las personas beneficiarias
      • Artículo 56 Valoración de la situación de necesidad
      • Artículo 57 Obligaciones de las personas beneficiarias
    • SECCIÓN 3. Régimen económico y tramitación
      • Artículo 58 Cuantía de la prestación
      • Artículo 59 Duración de la prestación
      • Artículo 60 Presentación de solicitudes
      • Artículo 61 Gestión de las prestaciones
      • Artículo 62 Resolución
      • Artículo 63 Abono
      • Artículo 64 Suspensión o extinción
      • Artículo 65 Causas de suspensión y extinción
• SECCIÓN 4. Proyecto educativo individual
  • Artículo 66 Proyecto educativo individual (PEI)
  • Artículo 67 Seguimiento de los Proyectos Educativos Individuales
• SECCIÓN 5. Régimen sancionador
  • Artículo 68 Infracciones leves
  • Artículo 69 Infracciones graves
  • Artículo 70 Infracciones muy graves
  • Artículo 71 Sanciones
  • TÍTULO III. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE DERECHO DE CONCURRENCIA
    • Artículo 72 Concurrencia pública
    • Artículo 73 Convocatoria de las prestaciones
    • Artículo 74 Duración de las prestaciones
    • Artículo 75 Créditos presupuestarios y prórrogas
    • Artículo 76 Publicidad
  • TÍTULO IV. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL
    • Artículo 77 Prestaciones de urgencia social
    • Artículo 78 Objeto
    • Artículo 79 Concepto, naturaleza y tipo de ayudas de urgencia social
    • Artículo 80 Objeto de la prestación
    • Artículo 81 Órgano instructor de las ayudas de urgencia social
    • Artículo 82 Personas beneficiarias y requisitos
    • Artículo 83 Obligaciones de las personas beneficiarias
    • Artículo 84 Procedimiento de las ayudas de urgencia social
    • Artículo 85 Pago de las ayudas de urgencia social
    • Artículo 86 Régimen de compatibilidad
    • Artículo 87 Desarrollo reglamentario
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera Información a las personas beneficiarias
  • Disposición adicional segunda Fichero de prestaciones sociales de carácter económico
  • Disposición adicional tercera Ampliación de referencias al Ingreso mínimo vital
  • Disposición adicional cuarta Comisión interdepartamental de estudio de los complementos de rentas diferente a la de pensions no contributives
  • Disposición adicional quinta Comisión de evaluación de prestaciones de la renta social garantizada
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Mantenimiento de la renta mínima de inserción
  • Disposición transitoria segunda Mantenimiento de la renta social garantida, regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril
  • Disposición transitoria tercera Transición a las nuevas prestaciones
  • Disposición transitoria cuarta Régimen excepcional para el año 2021
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria única Normas que se derogan
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Inclusión de las prestaciones sociales de carácter económico en la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020
  • Disposición final segunda Modificación del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil
  • Disposición final tercera Entrada en vigor
• ANEXO.  Estructura de información del fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico

Artículo 1 Objeto

Este Decreto ley tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 2 Naturaleza de las prestaciones y ámbito de aplicación

1. Son prestaciones sociales de carácter económico las aportaciones dinerarias de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares, los ayuntamientos y las mancomunidades de municipios con el fin de atender determinadas situaciones de necesidad en que se encuentran las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontarlas y que no están en condiciones de conseguir o recibir recursos de otras fuentes.

2. Las prestaciones sociales de carácter económico no forman parte de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

3. Las prestaciones sociales de carácter económico de este Decreto ley no tienen carácter de subvención, de acuerdo a lo que regula el artículo 22.3 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 3 Financiación

1. Las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo se financian íntegramente a cargo de los presupuestos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. Las prestaciones de concurrencia competitiva se financian a cargo de los presupuestos de la administración convocante.

3. Las prestaciones de carácter económico de urgencia social se financian de la manera siguiente:

• a) . En la modalidad de ayuda económica básica, se financian a cargo de los presupuestos de los ayuntamientos.
• b) . En las modalidades de prestaciones de emergencia y de prestaciones de apoyo familiar y de apoyo a la inserción se financian a cargo de cada administración pública de las Illes Balears que tenga la iniciativa de gestionarlas.

Artículo 4 Personas beneficiarias

1. Son beneficiarias de las prestaciones sociales de carácter económico las personas destinatarias de los servicios sociales, descritas en el artículo 5.1 de la Ley 4/2009, d‘11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, a las que se les otorga la prestación con el fin de paliar una situación de necesidad.

2. Son beneficiarias de las prestaciones económicas de derecho subjetivo y de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia las personas que acrediten que residen en las Illes Balears y que lo hayan hecho durante los últimos 12 meses antes de la solicitud de la ayuda. Este requisito no es de aplicación a las prestaciones económicas de urgencia social.

Artículo 5 Carácter de las prestaciones

1. Las prestaciones sociales de carácter económico se pueden otorgar con carácter de derecho subjetivo, con carácter de derecho de concurrencia o con carácter de urgencia social.

2. La prestación tiene carácter de derecho subjetivo para la persona beneficiaria cuando esta reúna los requisitos fijados por la normativa que regula la prestación.

3. La prestación tiene carácter de derecho de concurrencia para la persona beneficiaria cuando la concesión se encuentra limitada por las disponibilidades presupuestarias y se somete a concurrencia pública y a priorización de las situaciones de mayor necesidad.

4. Las prestaciones económicas de urgencia social tienen la finalidad de atender situaciones de necesidades puntuales, urgentes y básicas de subsistencia, así como dar apoyo a los procesos personales de inserción social.

Artículo 6 Periodicidad de las prestaciones

Las prestaciones sociales de carácter económico se pueden pagar de cualquiera de las siguientes maneras:

• a) Prestaciones que se pagan mediante aportaciones dinerarias periódicas y que pueden ser:
  • i. Estables, con voluntad de tener continuidad y estabilidad en el tiempo.
  • ii Temporales, con una duración anual y con previsión de revisar la continuidad sujeta a condiciones.
• b) Prestaciones puntuales: son las que se agotan con una aportación dineraria para hacer frente a un concepto y tiempo limitado.

Artículo 7 Abono de las prestaciones

1. La prestación se tiene que abonar directamente a la persona beneficiaria, excepto en los casos en que se puede abonar a terceros o mediante una entidad, en la forma que reglamentariamente se establezca.

2. Cuando el abono se realice mediante transferencia, se hará a la cuenta bancaria que facilite la persona beneficiaria o su representante legal. En el supuesto de que no sea posible, se podrán habilitar otros sistemas de pago que permitan acreditar la recepción efectiva de la prestación por el beneficiario.

LE0000682766_20201211Número 2 del artículo 7 redactado por el número 1 del artículo cuarto del D Ley 14/2020, 9 diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa («B.O.I.B.» 10 diciembre).Vigencia: 11 diciembre 2020

3. El pago de las prestaciones con carácter de derecho subjetivo se hará con una periodicidad mensual, salvo los casos en los que dado el reducido importe en la resolución de concesión se establezca un pago anual.

4. El pago de las prestaciones de urgencia social se realizará por parte de las tesorerías de les administraciones de manera preferente y prioritaria, atendido su naturaleza y finalidad urgente para la cobertura de necesidades básicas.

Artículo 8 Reintegro de las prestaciones

1. Las personas destinatarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la administración, tienen que reintegrar las cuantías recibidas por error o percibidas indebidamente cuando se produzca alguna de las causas de extinción o suspensión de la prestación, por modificación de la prestación o cualquier otra causa admitida en derecho, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y con el artículo 77 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2. Las personas que continúan en situación de derecho de prestación económica y que tienen que hacer frente a un reintegro por causas de extinción y/o suspensión pueden pedir el fraccionamiento de la deuda.

Artículo 9 Régimen de compatibilidad

1. Las prestaciones sociales de carácter económico son incompatibles en el siguiente sentido:

• a) De manera general, la renta social garantizada es incompatible con otras prestaciones económicas que tenga reconocidas la persona beneficiaria o a las que pueda tener derecho por cualquiera de los sistemas de protección públicos o privados complementarios de la Seguridad Social, que tengan una cuantía igual o superior a la renta social garantizada.
• b) De manera específica, la renta social garantizada es incompatible con la percepción o el derecho a percibir el ingreso mínimo vital, las pensiones contributivas y no contributivas, así como también con las prestaciones del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), que tengan una cuantía igual o superior a la Renta Social Garantida.

2. Las prestaciones de concurrencia competitiva nos son incompatibles, dada su naturaleza, con ninguna pensión ni prestación pública.

3. Las prestaciones de urgencia social no son incompatibles, dada su naturaleza, con ninguna pensión ni prestación pública.

4. A los efectos de lo que establece este Decreto ley, se entiende por sistemas de protección privados los propios del mutualismo no integrados en la Seguridad Social, el seguro privado, los fondos de pensiones, los fondos incluidos en los sistemas de negociación colectiva o cualquier otro sistema que tenga la finalidad de complementar las pensiones de la modalidad contributiva de la Seguridad Social.

Artículo 10 Cesión de datos

1. Las administraciones públicas competentes en cada caso tienen que ceder los datos de carácter personal necesarios para acreditar la residencia y la convivencia, para llevar a cabo la valoración de la situación de necesidad y para acreditar otras circunstancias que sean determinantes para el acceso y el mantenimiento de cada prestación, en el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

2. El ente o el órgano gestor de las prestaciones tiene que facilitar los datos de carácter personal necesarios para la gestión de los expedientes a la Administración tributaria, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y a otras entidades públicas, a efectos fiscales y de control de las prestaciones.

3. Las personas interesadas deben dar en la solicitud su consentimiento expreso para que las administraciones y organismos públicos, en los términos previstos en la legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal, comuniquen a la consejería competente en materia de servicios sociales los datos de este carácter y, en concreto, las relativas a la identificación personal, el padrón, la situación laboral, el cobro de pensiones o prestaciones públicas, si es el caso, la situación de discapacidad y la situación civil y de parentesco, propia y de los descendentes menores de edad.

4. Cuando la situación económica patrimonial de las personas interesadas se tenga que acreditar mediante certificados emitidos por la Administración tributaria estatal, las personas interesadas tienen que autorizar a la consejería competente en servicios sociales para que solicite directamente dichos certificados.

Artículo 11 Situación de necesidad

A los efectos de lo que establece este Decreto ley, se entiende por situación de necesidad cualquier contingencia que tiene lugar o aparece en el transcurso de la vida de una persona y que le impide hacer frente a las necesidades básicas para el mantenimiento propio o para el mantenimiento de las personas que integran la unidad de convivencia a la que pertenece.

Artículo 12 Necesidades básicas

A los efectos de lo que dispone este Decreto ley, se entiende por necesidad básica de una persona o de una unidad de convivencia:

• 1. Las propias de la manutención, vestimenta y aquellas derivadas del uso del hogar.
• 2. Las relacionadas con el apoyo para la integración escolar, laboral y en la comunidad.

Artículo 13 Infracciones

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas titulares de las prestaciones económicas sociales tipificadas como tales en este Decreto ley, que pueden ser especificadas en los reglamentos que lo desarrollen. Las infracciones no pueden ser objeto de sanción sin la previa instrucción del procedimiento oportuno.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

3. Son sujetos responsables las personas físicas a quienes les sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en los artículos siguientes.

Artículo 14 Procedimiento sancionador

En todo aquello no previsto en este Decreto ley, así como en cuanto al procedimiento sancionador, se tiene que aplicar el título IX de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 15 Objeto

La renta social garantizada de las Illes Balears es una prestación periódica dirigida a cubrir las situaciones de vulnerabilidad social derivada de la carencia de recursos económicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia.

Artículo 16 Definición y naturaleza de la renta social garantizada

La renta social garantizada:

• 1. Es una prestación de carácter finalista que queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones.
• 2. Es una prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital y del resto de prestaciones financiadas por la Administración General del Estado.
• 3. Es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplen los requisitos previstos en este Decreto ley, de forma que su concesión no está condicionada por disponibilidad presupuestaria.
• 4. Garantiza un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre los recursos económicos de la unidad de convivencia y la cuantía de renta social garantizada para la unidad de convivencia solicitante.
• 5. Es intransferible, de forma que no puede ofrecerse en garantía de obligaciones, no se puede ceder totalmente ni parcialmente, ni puede ser objeto de compensación o descuento -excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente en los términos previstos en este Decreto ley-, ni ser objeto de retención o embargo.
• 6. Se articula como una prestación económica no condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, sin perjuicio del derecho de las personas beneficiarias de la renta a participar en ellas.

Artículo 17 Situación de vulnerabilidad económica

Se entiende por situación de vulnerabilidad económica aquella en la que la capacidad económica de la persona solicitante y su unidad de convivencia está por debajo de la cuantía correspondiente de la renta social garantizada.

Artículo 18 Definición de las personas destinatarias

1. Pueden ser titulares de la renta social garantida las personas en situación de vulnerabilidad económica que no tengan derecho a percibir el ingreso mínimo vital, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 y que estén en alguna de las siguientes situaciones:

• 1. Personas mayores de 23 y menores de 65 años, solas o integrantes de una unidad de convivencia.
• 2. Personas mayores de 65 años que no reúnan los requisitos para ser beneficiarios de ninguna pensión contributiva o no contributiva, solas o como miembros de una unidad de convivencia.
• 3. Personas de más de 18 años y menos de 23 años que tengan menores o personas con discapacidad a su cargo.
  LE0000685131_20230101Apartado 3 del número 1 del artículo 18 introducido por la disposición final octava de la Ley 3/2020, 29 diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021 («B.O.I.B.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2021

2. A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias de la prestación:

• 1. Como titular, la persona que solicita y percibe la prestación.
• 2. Como beneficiarias, el resto de personas que forman parte de la unidad de convivencia de la persona titular.

Artículo 19 Unidad de convivencia

1. La unidad de convivencia a efectos de esta prestación está constituida por todas las personas que residen en una misma vivienda, unidas por vínculo matrimonial o pareja de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, adopción o guarda con finalidad de adopción o acogimiento.

2. La muerte de algún miembro de la unidad de convivencia no comportará la pérdida de la consideración de unidad de convivencia, aunque resulte una unidad de convivencia sin relación familiar.

3. Excepcionalmente, se entenderá como unidad de convivencia:

• a) La constituida por una persona víctima de violencia machista que haya abandonado el domicilio habitual con sus hijos o menores en situación de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
• b) La constituida por una persona con sus hijos o menores en situación de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que haya iniciado trámite de separación o divorcio.
• c) Las situaciones derivadas de la compartición de vivienda por diferentes unidades de convivencia o personas solas hasta un máximo de dos unidades de convivencia por vivienda durante un tiempo mínimo de tres años.

4. Una misma persona no puede formar parte de dos o más unidades de convivencia.

5. La unidad de convivencia habrá de estar constituida de forma continuada durante al menos los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Artículo 20 Requisitos

1. Tienen derecho a las prestaciones de la renta social garantizada, en las condiciones previstas en este Decreto ley, las personas en las que concurran las siguientes circunstancias:

• a. Que hayan solicitado el ingreso mínimo vital, excepto en los casos en los que no puedan solicitarlo por no cumplir los requisitos de acceso exigibles de acuerdo con la normativa vigente reguladora del mencionado ingreso mínimo vital.
  LE0000682766_20201211Letra a del número 1 del artículo 20 redactada por el número 2 del artículo cuarto del D Ley 14/2020, 9 diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa («B.O.I.B.» 10 diciembre).Vigencia: 11 diciembre 2020
• b. Que estén empadronadas en cualquiera de los municipios de las Illes Balears en la fecha de la solicitud.
• c) Que acrediten una residencia en las Islas Baleares con un mínimo de doce meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. Este requisito no se exigirá en los casos siguientes:
  • i. Las personas menores de edad incorporadas a una unidad de convivencia por motivos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogida familiar permanente.
  • ii. Las personas víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual. Esta condición se acreditará mediante resolución judicial o informe de los servicios sociales públicos.
  • iii. Las mujeres víctimas de violencia machista acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 78 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, y el artículo 23 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
  • iv. Cuando la ausencia del territorio de las Islas Baleares esté motivada por causas laborales o profesionales y sea inferior a cuatro meses. Esta circunstancia se debe acreditar en el momento de solicitar la prestación con la documentación que se indique en el formulario de solicitud.
  LE0000706266_20210901Letra c del número 1 del artículo 20 redactada, con efectos desde el 16 de junio de 2021, por el apartado 1 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021Efectos / Aplicación: 16 junio 2021
• d) Que se les haya notificado la resolución correspondiente respecto del ingreso mínimo vital o haya transcurrido el plazo máximo para hacerlo, en su caso, de acuerdo con lo que establece la letra a) de este apartado. En todos los casos, las personas se deben encontrar en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas o ingresos suficientes, incluidos los que, en su caso, puedan obtener en concepto del ingreso mínimo vital, de acuerdo con la definición de vulnerabilidad económica del artículo 17 de este Decreto ley.

  En particular, en los casos de desestimación presunta de las solicitudes de ingreso mínimo vital y de posterior resolución estimatoria en todo o en parte, la renta social garantizada que se haya podido percibir de manera incompatible con el ingreso mínimo vital que finalmente se reconozca expresamente se regirá por lo dispuesto en los artículos 8, 9.1.b), 16.e), 22.e), 32 y 36 de este Decreto ley.

  LE0000682766_20201211Letra d) del número 1 del artículo 20 redactada por el número 3 del artículo cuarto del D Ley 14/2020, 9 diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa («B.O.I.B.» 10 diciembre).Vigencia: 11 diciembre 2020
• e) Que ningún miembro de la unidad de convivencia tenga derecho a percibir otras prestaciones públicas, el importe de las cuales iguale o supere la prestación económica de la renta social.
  Véase el apartado 1 de la Res de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes sobre la aplicación de medidas excepcionales para poder tramitar las solicitudes de Renta Social Garantizada previstas en el D. Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, para determinados colectivos («B.O.I.B.» 3 octubre) por el que se aprueba la excepción de los requisitos establecidos en el artículo 20.1.e) del Decreto Ley 10/2020 de 12 de junio.LE0000676584_20201003
• f) Que la persona solicitante, o cualquiera de las personas integrantes de la unidad familiar, no haya renunciado a una oferta de trabajo adecuada, según normativa laboral vigente, o haya causado baja voluntaria en su trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena, en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta social garantizada.
• g) Que la persona solicitante no sea beneficiaria de la renta social garantizada o del ingreso mínimo vital como miembro de otra unidad de convivencia.

2. A fin de poder atender situaciones excepcionales, que no se adecuen a todos los requisitos del apartado anterior pero que presenten situación de necesidad, el órgano instructor, previo Informe de la Comisión Técnica, podrá emitir resoluciones favorables a la prestación.

Artículo 21 Consentimiento de las personas destinatarias y acreditación de requisitos

1. Las personas que reúnan los requisitos y quieran solicitar la renta social garantizada han de rellenar el impreso de solicitud donde tiene que constar la autorización expresa de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para dar su consentimiento a:

• a) Formar parte de aquella unidad de convivencia.
• b) Recabar la información necesaria de carácter económico, de la seguridad social y aquella otra que tenga a ver con los requisitos de acceso a la prestación.

2. El modelo de solicitud indicará la documentación que hay que adjuntar para acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.

Artículo 22 Obligaciones de las personas destinatarias

Las personas destinatarias de la renta social garantizada están obligadas a:

• a) Destinar la cuantía económica de la prestación de la renta social a la finalidad para la que se ha otorgado, de acuerdo con el artículo 12 de este Decreto ley y los artículos 142 y siguientes del Código Civil.
• b) Administrar los recursos disponibles de manera responsable, con el fin de evitar la agravación de la situación económica o la situación de exclusión.
• c) Comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios sustanciales de situación personal o patrimonial y, en concreto, los siguientes cambios:
  • i. Modificación del número de miembros de la unidad de convivencia.
  • ii. Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.
  • iii. Obtener ingresos superiores al 150% de la renta social garantizada de la unidad de convivencia.
• d) Con carácter general, estar inscritas como demandantes de trabajo, no rechazar una oferta de trabajo adecuada, según la normativa laboral vigente, no causar baja voluntaria, y seguir con aprovechamiento un Plan de Activación Laboral de acuerdo a lo que establezca el SOIB. Están exentos de este requisito las personas que acrediten trastornos de salud mental o presenten problemas de adicciones.
• e) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
• f) Residir de forma efectiva y continuada en las Islas Baleares durante todo el periodo de percepción de la prestación. Computan como ausencias las salidas del territorio de las Islas Baleares que superen un mes, en un periodo de doce meses. Cuando las ausencias estén motivadas por causas laborales o profesionales no podrán superar los cuatro meses.
  LE0000706266_20210901Letra f) del artículo 22 redactada, con efectos desde el 16 de junio de 2021, por el apartado 1 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021Efectos / Aplicación: 16 junio 2021
• g) Asistir a las entrevistas a las que sean citadas por parte del órgano instructor a efectos de seguimiento de la situación.
• h) Atender los requerimientos y colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la administración.
• i) Comunicar cualquier cambio de domicilio habitual de las personas destinatarias.
• j) Presentar anualmente la declaración responsable a que se refiere el artículo 32.2.

Artículo 23 Importe de la renta social garantizada

1. La renta social garantizada es el nivel de renta mínimo que el Gobierno de las Illes Balears garantiza a cualquier ciudadano solo o unidad de convivencia.

2. Las cuantías de la renta social garantizada según la estructura de las unidades de convivencia es la siguiente:

LE0000718065_20220129Cuantías establecidas en el número 2 del artículo 23 redactadas por el número 4 de la Res. de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, 26 enero 2022, por la que se actualizan las cuantías correspondientes a las prestaciones económicas de la renta social garantizada y al complemento para beneficiarios de pensiones no contributivas para el año 2022 («B.O.I.B.» 29 enero).Vigencia: 29 enero 2022

3. Las cuantías de la renta social garantizada se actualizarán de acuerdo con la actualización del ingreso mínimo vital o, en su defecto, aplicando el coeficiente a la cuantía anual de la pensión no contributiva por jubilación.

Artículo 24 Capacidad económica

1. Para calcular la capacidad económica de la persona solicitante sola o titular de una unidad de convivencia se tienen que computar, como ingresos, los ingresos percibidos por todas las personas destinatarias de la renta social por los siguientes conceptos:

• 1. Las pensiones de jubilación, discapacidad, viudedad y orfandad, así como las prestaciones y los subsidios por desocupación.
• 2. Los rendimientos de trabajo remunerado.
• 3. Los rendimientos económicos que se deriven de la explotación de los bienes muebles e inmuebles.
• 4. Cualquier otro ingreso no previsto expresamente.

2. No se computan las prestaciones finalistas como las ayudas de urgencia social o de concurrencia, becas de guardería infantil y de comedor, becas de formación para personas adultas, ayudas por hijas y/o hijos a cargo, ayudas para el alquiler, ayudas económicas del sistema de atención a la dependencia, como tampoco las ayudas por acogimientos familiares ni las pensiones de alimentos reconocidas judicialmente y efectivamente percibidas.

Artículo 25 Duración de la prestación económica

1. La prestación se tiene que mantener mientras subsistan las causas que motivaron la concesión, excepto que concurran las causas de suspensión o extinción establecidas en este Decreto ley o en su desarrollo reglamentario.

2. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior, la consejería competente en materia de servicios sociales revisará anualmente el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su concesión, y las personas destinatarias están obligadas a comunicar cualquier alteración de estas circunstancias. En particular, esta revisión tiene que valorar el posible derecho de las personas destinatarias a recibir el Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo con lo que establece la letra j) del artículo 22 de este Decreto ley.

Artículo 26 Órgano competente en la gestión de la renta

La consejera competente en materia de servicios sociales es el órgano competente para conceder, modificar, renovar, suspender o extinguir la prestación económica de la renta social garantizada de las Illes Balears.

Artículo 27 Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes

1. El procedimiento administrativo para conceder la prestación económica se tiene que iniciar a instancia de parte, por medio de una solicitud de la persona interesada y de acuerdo con el modelo que la consejería competente en materia de servicios sociales ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su sede electrónica.

2. La solicitud se tiene que presentar preferentemente en el registro general de la consejería competente en materia de servicios sociales, sin perjuicio de la posibilidad de presentación, conforme a lo que se dispone en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, y a través de la sede electrónica.

Artículo 28 Revisión y enmienda de la solicitud

1. El órgano instructor tiene que comprobar que tanto la solicitud como la documentación adjuntada son completas y correctas. Así mismo, cuando sea necesaria la ampliación de documentación para acreditar que se cumplen los requisitos, se puede solicitar a otros organismos los datos y los informes que hagan falta. El acceso a los datos de otros organismos está autorizado, excepto oposición expresa del solicitante o de normativa especial aplicable.

2. Si la solicitud no cumple los requisitos necesarios o falta documentación, se tiene que requerir la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos.

Artículo 29 Comprobación de los requisitos

1. Una vez completada la solicitud, el órgano instructor tiene que comprobar la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 20 de este Decreto ley, y elevará la propuesta de resolución a la consejera o al consejero.

2. No obstante el anterior, si en la comprobación se constatara que se han producido variaciones sobrevenidas que afecten el reconocimiento del derecho o a la determinación del importe mensual o que hay circunstancias no comunicadas por la persona solicitante, con anterioridad a la emisión de la propuesta, se le pondrán los hechos de manifiesto, y se le concederá un plazo de diez días para formular alegaciones y, si procede, aportar la documentación necesaria.

3. Cuando se compruebe que la persona solicitante cumple todos los requisitos, pero falte información de alguna persona integrante de la unidad de convivencia a efectos de establecer las prestaciones complementarias, se aprobará la prestación básica a favor de la persona solicitante. Una vez recibida la información restante, si se tercia, se dictará resolución con el importe total que corresponde al conjunto de la unidad. Esta nueva resolución producirá efectos a partir de la fecha que en ella se indique, sin que en ningún caso pueda tener efectos retroactivos.

Artículo 30 Resolución del procedimiento

1. En el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de la consejería competente en materia de servicios sociales, la consejera o el consejero tiene que dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

2. La resolución estimatoria establecerá, entre otras cuestiones, la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas destinatarias y la fecha a partir de la cual la prestación reportará efectos económicos.

Artículo 31 Pago de la prestación económica

1. La concesión de la renta social garantizada debe reportar efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de registro de entrada de la solicitud.

2. Los pagos se deben efectuar por mensualidades vencidas.

LE0000706266_20210901Artículo 31 redactado por el apartado 3 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021

Artículo 32 Revisión del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones

1. El órgano instructor puede comprobar de oficio, en cualquier momento, el mantenimiento de los requisitos que motivaron la concesión de la prestación, así como su cuantía, de acuerdo con el plan anual de revisiones.

2. Cada año posterior al de la concesión de la prestación, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los perceptores deben presentar una declaración responsable del hecho de que persisten las condiciones por las que se les otorgó la renta social garantizada. Los perceptores que no presenten esta declaración antes del mes de octubre de cada año quedarán suspendidos de la prestación durante tres meses, como máximo, mientras no presenten la declaración anual.

LE0000706266_20210901Número 2 del artículo 32 redactado por el apartado 4 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021

3. El órgano instructor para hacer el seguimiento del cumplimiento de la situación por parte de las personas destinatarias tiene que aprobar un plan anual de revisiones de los expedientes.

4. A estos efectos, se puede requerir la comparecencia personal de las personas beneficiarias titulares, así como requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para percibir la renta social garantizada.

5. La comprobación de oficio y anual supondrá obligación de reintegro cuando los ingresos anuales de la unidad de convivencia superen el 150% de la prestación correspondiente a la unidad de convivencia.

Artículo 33 Modificación de la prestación económica

1. La prestación económica concedida inicialmente puede experimentar modificaciones como consecuencia de los cambios acontecidos en la unidad de convivencia, que pueden ser tanto de carácter personal, como económico. Cuando se haya detectado, por comunicación de la persona interesada o bien por comprobación de oficio, que ha habido algún cambio en la composición familiar o un aumento de ingresos económicos que reducen la cuantía de la renta, la reducción se aplicará desde el día efectivo del cambio, deduciendo del total la cuantía cobrada en exceso.

2. El procedimiento de modificación de la prestación económica se puede iniciar de oficio o a instancia de parte.

3. El procedimiento iniciado de oficio cuando derive de una comprobación por la propia administración se tendrá que comunicar a la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días para hacer las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes.

4. Cuando la modificación derive de la incorporación de cualquiera de las personas destinatarias a un puesto de trabajo, los ingresos que se deriven se computarán en un 50 % a efectos del cálculo del importe de la prestación por un período de 6 meses desde la resolución que acuerde esta modificación y mientras dure el contrato de trabajo. Una vez transcurrido este período se tendrán que descontar íntegramente.

5. Cuando la persona beneficiaria titular sea internada en un centro penitenciario se sustituirá el titular de la prestación por otro miembro de la unidad de convivencia.

Artículo 34 Suspensión de la prestación económica

1. La prestación económica se puede suspender por cualquiera de las siguientes causas:

• 1. Cuando durante dos meses seguidos el cómputo total de ingresos supere el equivalente al máximo del baremo de la prestación.
• 2. Cuando se esté instruyendo un procedimiento sancionador y a propuesta del órgano instructor.
• 3. Mientras se tramita la extinción de la prestación.
• 4. Cuando las personas destinatarias no atiendan los requerimientos o no colaboren con las actuaciones de comprobación que lleva a cabo la administración.
• 5. Cuando no se presente la declaración anual durante el período de revisión.
• 6. Los que se prevean reglamentariamente.

2. Los efectos de la suspensión se determinarán en la resolución que la acuerde. En el caso de sanción per infracción leve, debe citarse y recalcularse la prestación, si se tercia.

3. La desaparición de las circunstancias que hayan motivado la suspensión de la prestación económica tiene que dar lugar, a instancia del órgano instructor, a la reanudación de los efectos económicos de la prestación que tenía concedida la persona titular antes de que se resolviera su suspensión.

Artículo 35 Extinción de la renta social

1. La prestación de la renta social se extingue por cualquier de las siguientes causas:

• 1. Por la modificación sustancial de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la prestación.
• 2. Por la pérdida de alguno de los requisitos exigidos a la persona titular para su reconocimiento, previstos al artículo 20 de este Decreto ley.
• 3. Por el incumplimiento grave o muy grave previsto en este Decreto ley por parte de las personas destinatarias.
• 4. Por trasladar la residencia a un municipio situado fuera de las Illes Balears.
• 5. Por la actuación fraudulenta o el falseamiento de datos encaminados a la obtención, la conservación o el aumento de la renta social garantizada.
• 6. Por la muerte de la persona beneficiaria titular. No obstante, no se extinguirá la prestación cuando la persona de mayor edad, siempre que haya cumplido la mayoría de edad, o la persona física que ejerza la tutela o la guarda y custodia, que forme parte del núcleo familiar, se subrogue en la posición de la persona titular de la prestación, siempre que se continúen cumpliendo el resto de requisitos para ser beneficiaria previstos en este Decreto ley.
• 7. Por la renuncia de la persona titular.
• 8. Llevar más de tres meses en suspensión sin que el órgano competente haya recibido información.
• 9. Por las que se prevean reglamentariamente.

2. La consejería competente en materia de servicios sociales puede actuar de oficio cuando tenga conocimiento de alguna de estas circunstancias, y ponerlo en conocimiento de la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para hacer las alegaciones o aportar la documentación que estime convenientes.

Artículo 36 Reintegro de la prestación

En los casos de personas que se mantienen en situación de vulnerabilidad económica y que tienen que hacer frente a un reintegro por causas de extinción y/o suspensión y que pidan el fraccionamiento de la deuda, la cuantía de la renta social garantizada no podrá ser inferior al 75% de la cuantía a la que tendría derecho sin deuda.

Artículo 37 La Comisión Técnica de la renta social garantizada

1. Se crea la Comisión Técnica de la renta social garantizada, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales, con las siguientes funciones:

• a) Valorar periódicamente la implementación de la prestación.
• b) Resolver dudas y alegaciones que puedan presentar las personas interesadas.
• c) Resolver dudas previa solicitud del órgano que tramita la renta.
• d) Proponer modificaciones en la reglamentación de la renta.
• e) Elevar los informes de valoración y las propuestas de modificación a la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales y a los órganos de coordinación y participación autonómicos del sistema de servicios sociales.
• f) Estudiar y elevar propuesta de resolución de los casos exceptuados.

2. Esta Comisión tiene que estar formada por, como mínimo:

• a. Seis personas funcionarias adscritas a la consejería competente en materia de servicios sociales, que tienen que ser nombradas por su consejera o consejero indicando, de entre ellas, las que tienen que ejercer la presidencia y la secretaría.
• b. Seis personas funcionarios de los servicios sociales comunitarios:
  • i. 1 representante de los municipios menores de 20.000 habitantes a propuesta de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB).
  • ii. 1 representante de los municipios de más de 20.000 hab. de Mallorca por rotación, por orden alfabético.
  • iii. 1 representante de los municipios de más de 20.000 hab. de Menorca por rotación, por orden alfabético.
  • iv. 1 representante de los municipios de más de 20.000 hab. de Eivissa por rotación, por orden alfabético.
  • v. 1 representante del Ayuntamiento de Palma.
  • vi. 1 representante del Ayuntamiento de Formentera.

Artículo 38 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• a) No informar del cambio de lugar de residencia dentro del territorio de las Illes Balears.
• b) No informar de las salidas del territorio de las Illes Balears que superen un mes, en un período de 12 meses, no comunicadas previamente.
• c) No asistir las entrevistas a qué sean citadas las personas titulares por parte del órgano instructor a efectos de hacer el seguimiento de la situación.
• d) No atender a los requerimientos ni colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Administración.
• e) No comunicar cualquier cambio de domicilio habitual de las personas destinatarias.

Artículo 39 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) Dos o más faltas leves en un plazo de un año, contado desde la fecha de la resolución administrativa firme sancionadora de la primera falta leve.
• b) No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios sustanciales de situación personal o patrimonial:
  • i. Modificación del número de los miembros de la unidad de convivencia.
  • ii. Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa de cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia.
  • iii. Obtener ingresos superiores al 150% de la renta social garantizada de la unidad de convivencia.
  • iv. No residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante todo el período de percepción de la prestación, sin perjuicio de las ausencias permitidas debidamente comunicadas.
• c) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social, sabiendo que no se cumplen los requisitos para percibirla, cuando de estas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de la prestación económica en una cuantía igual o superior al 100% de la cuantía máxima de la renta social que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad familiar de las características de la persona infractora.
• d) La utilización de la prestación para finalidades diferentes de las establecidas en el artículo 12.

Artículo 40 Infracciones muy graves

La reincidencia en una falta grave con resolución administrativa firme en el plazo de 3 años se considerada infracción muy grave.

Artículo 41 Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionan con la suspensión temporal de la renta social con una mensualidad.

2. Las infracciones graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta por un período de 3 meses. Si la unidad de convivencia incluye personas menores de 18 años, se reducirá a 1 mes.

3. Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta en un período de 6 meses. Si la unidad de convivencia incluye personas menores de 18 años, se reducirá a 3 meses.

Artículo 42 Órganos competentes en el procedimiento sancionador

1. La dirección general competente en renta social garantizada es el órgano competente para instruir los procedimientos sancionadores de la renta social garantizada.

2. El órgano competente para resolver los procedimientos sancionadores es la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales.

Artículo 43 Objeto

El complemento de renta social de les Illes Balears tiene por objeto adecuar la pensión no contributiva del sistema de seguridad social al nivel de vida de las Illes Balears. Este complemento se dedicará a los perfiles de población que requieren de mayor protección social.

Artículo 44 Naturaleza

El Complemento de Renta Social de las Illes Balears:

• 1. Es una prestación de carácter finalista que queda excluida del ámbito de aplicación de la normativa general de subvenciones.
• 2. Es un derecho subjetivo de todas las personas que cumplen los requisitos previstos en este Decreto ley y su concesión no está condicionada por disponibilidad presupuestaria.
• 3. Tiene carácter complementario, respecto de las prestaciones económicas, pensiones no contributivas de la seguridad social y de cualquier renta que puedan corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas integrantes de la unidad de convivencia, hasta el importe que corresponda.
• 4. Es intransferible, de forma que no puede ofrecerse como garantía de obligaciones, no se puede ceder totalmente ni parcialmente, no puede ser objeto de compensación o descuento -excepto para el reintegro de las prestaciones percibidas indebidamente en los términos previstos en este Decreto ley-, ni ser objeto de retención o embargo, excepto en los supuestos y con los límites previstos en la legislación general del Estado que resulte aplicable.
• 5. Se articula como una prestación económica no condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral, sin perjuicio del derecho de las personas beneficiarias de la renta a participar en ellas.
• 6. Tiene, como uno de sus principales objetivos, la garantía de unos ingresos mínimos para atender las necesidades básicas.

Artículo 45 Destinatarios de la prestación

A efectos de este Decreto ley, se entiende que son personas destinatarias los titulares de las pensiones no contributivas.

Artículo 46 Requisitos

1. Para ser beneficiaria del complemento de pensión no contributiva, la persona solicitante tendrá que tener reconocida y activa la pensión. La Administración del Gobierno de las Illes Balears comprobará este requisito. En particular, se tiene que de comprobar que el reconocimiento de este complemento, de acuerdo con la normativa aplicable a las pensiones no contributivas, no afecte el importe o el derecho a recibir la pensión no contributiva.

2. Los requisitos y la puesta en funcionamiento de otros complementos se hará de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional cuarta.

Artículo 47 Importe y cálculo del importe de la prestación económica

1. El complemento de las pensiones no contributivas se calcula añadiendo un máximo de 24,91%, en función de los ingresos declarados, a la cuantía resultante de la pensión.

Véase el número 4 de la Res de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, 12 enero 2021, por la que se actualizan las cantidades correspondientes a la prestación económica de la renta social garantizada y del complemento para a beneficiarios de pensiones no contributivas del ejercicio 2021 («B.O.I.B.» 2 febrero).LE0000687868_20210202

Véase el número 5 de la Res. de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, 26 enero 2022, por la que se actualizan las cuantías correspondientes a las prestaciones económicas de la renta social garantizada y al complemento para beneficiarios de pensiones no contributivas para el año 2022 («B.O.I.B.» 29 enero).LE0000718065_20220129

2. Otros complementos de apoyo a las unidades de convivencia se podrán establecer en las leyes anuales de presupuestos generales de la comunidad autónoma.

Artículo 48 Órgano competente por la gestión

El órgano competente para la gestión del complemento de Renta Social de las Illes Balears a las pensiones no contributivas es la consejera competente en materia de servicios sociales.

Artículo 49 Solicitudes

Las solicitudes se harán a instancia de parte o mediante concesión de oficio a partir de la comprobación de ser titular de las prestaciones o pensiones de la seguridad social que dan derecho al complemento.

Artículo 50 Modificación, suspensión y extinción

El complemento se modificará, suspenderá o extinguirá de la misma manera que la prestación o pensión que genera el derecho.

Artículo 51 Objeto

La renta para jóvenes que han sido sometidos a medidas administrativas de tutela o guarda del sistema de protección de menores y que se encuentran en proceso de autonomía personal tiene por objeto contribuir, temporalmente hasta los 25 años, a que puedan vivir de una manera autónoma y se puedan integrar gradualmente en la vida social y laboral, siempre que acrediten que no disponen de recursos económicos suficientes y vivan autónomamente.

Artículo 52 Naturaleza

1. La renta es una prestación social de tipo económico que tiene carácter complementario respecto de otras prestaciones del sistema público de prestaciones sociales.

2. Tiene carácter temporal y permite atender los gastos esenciales de personas que han estado tuteladas o bajo una medida de guarda por la entidad pública de protección competente.

Artículo 53 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

1. La renta es compatible y complementaria a las prestaciones sociales de carácter económico de concurrencia competitiva y las de urgencia social, y también con las ayudas y/o becas de servicios sociales.

2. Esta prestación es compatible con otras prestaciones económicas de la Administración autonómica, insular o local, que tengan como finalidad la formación y la plena inserción de las personas en el mercado laboral.

3. La renta mensual es incompatible con otras prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo como la renta social garantizada o el ingreso mínimo vital que tenga reconocidas la persona beneficiaria o a las que tenga derecho.

Artículo 54 Personas destinatarias

Tienen derecho a ser beneficiarias de esta Renta las personas que han sido sometidas a tutela o guarda por la entidad pública de protección de menores competente en las Illes Balears, que cumplan los requisitos que establece el artículo siguiente y que sigan con aprovechamiento su Proyecto Educativo Individual (PEI) , subscrito por un funcionario de la consejería competente en materia de servicios sociales y la persona solicitante.

Artículo 55 Requisitos de las personas beneficiarias

1. Las personas beneficiarias tienen que cumplir los siguientes requisitos:

• 1. Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25.
• 2. Estar bajo guarda o tutela administrativa en el momento de cumplir 18 años.
• 3. Haber estado, como mínimo y sin necesidad de que sean consecutivos, doce meses entre los 16 y los 18 años bajo una medida de guarda o tutela de cualquier de las entidades públicas de protección de menores de las Illes Balears. Excepcionalmente, el período mínimo de doce meses mencionado no será de aplicación a las personas menores de edad sometidas a una medida administrativa de protección que vuelven a su ámbito familiar cuando este regreso resulta infructuoso, así como a las personas menores de edad sometidas por primera vez a guarda o tutela administrativa después de haber cumplido 17 años.
• 4. Acreditar que no convive con los familiares por los que se generó la medida administrativa, excepto en el caso previsto de tutela o guarda legal establecida en el apartado 2 del artículo 60 de este Decreto ley.
• 5. Tener unos ingresos inferiores al de la renta social garantizada para un adulto solo en el momento de la solicitud de la prestación.
• 6. En el supuesto de que la persona interesada no tenga una actividad laboral remunerada y no curse estudios académicos, tiene que estar inscrita como demandante de trabajo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB). Este requisito se exceptuará en los casos en que la situación administrativa del solicitante no le permita estar inscrito en el SOIB.
• 7. Tener la residencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
• 8. En los casos en que la persona demandante presente problemas de adicciones, será requisito, presentar informe técnico favorable relativo a la percepción de la prestación en el proceso de autonomía personal.
• 9. No tener su capacidad de obrar limitada en el manejo de dinero por sentencia judicial.

2. Si, como consecuencia de coordinación estatal o de colaboración con otras comunidades autónomas en materia de atención a la infancia desprotegida, cuando los menores residan y sean atendidos en las islas Baleares conservando la tutela de la comunidad autónoma de procedencia, el consejero o la consejera competente en materia de servicios sociales, mediante resolución, puede dejar sin aplicación el requisito establecido en la letra c del apartado primero, acompañando la resolución con la certificación de tutela que ostente la comunidad autónoma de procedencia.

LE0000706266_20210901Artículo 55 redactado por el apartado 5 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021

Artículo 56 Valoración de la situación de necesidad

1. La situación de necesidad se tiene que valorar teniendo en cuenta los ingresos económicos.

2. Se debe determinar si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que le comporten una mayor necesidad económica. A tal efecto, la consejería competente en materia de servicios sociales, si procede, podrá solicitar informe sobre la persona beneficiaria a las administraciones públicas.

3. A los efectos de lo que establecen los apartados anteriores, se entiende, a todos los efectos, que hay carencia de recursos económicos cuando los ingresos personales son inferiores a una vez la renta social garantizada para una persona adulta sola.

4. No se tienen en cuenta como ingresos personales los que puede percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad de atender los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida, como tampoco las prestaciones sociales de carácter económico, subvenciones o becas que sean compatibles de acuerdo al artículo 53.

Artículo 57 Obligaciones de las personas beneficiarias

Los perceptores de la prestación tienen las obligaciones siguientes:

• 1. Cumplir satisfactoriamente el proyecto educativo individual (PEI).
• 2. En su caso, comunicar a la consejería competente en materia de servicios sociales que se ha producido alguna de las causas de suspensión o extinción, indicadas en el artículo 65 de este Decreto ley y ,si procede, reintegrar las cuantías percibidas indebidamente a estos efectos.
• 3. Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concedió.
• 4. Asistir a las entrevistas a las que sean citados.
• 5. Atender a los requerimientos y colaborar en las actuaciones de comprobación.
• 6. Comunicar cualquier cambio de domicilio o composición de la unidad familiar.

Artículo 58 Cuantía de la prestación

1. La cuantía máxima de la prestación es equivalente a una renta social garantizada para una persona adulta sola y la mínima es el 25% de la máxima.

2. Se puede percibir la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone, más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 veces la renta social garantizada. En este supuesto, la cuantía de la prestación se reducirá en la proporción necesaria para no superar este límite.

3. Excepcionalmente, en los supuestos en que la situación familiar o de convivencia de la persona que ha sido sometida a medida de protección de tutela o guarda suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20% para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10% para las restantes, hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33 % o superior computan un 10% más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos en los apartados anteriores.

4. La prestación se tiene que percibir en pagos mensuales vencidos.

5. La fecha de efectos del derecho a la renta es la de día 1 del mes siguiente a la solicitud.

Artículo 59 Duración de la prestación

1. La duración de la prestación es de un máximo de 36 meses, en función de la edad de la persona interesada, del momento de presentar la solicitud y del hecho de que se mantengan las condiciones que motivaron la concesión. En cualquier caso finaliza el día en que el solicitante cumple los 25 años.

2. El subsidio de paro que prevé la legislación de la Seguridad Social para las personas menores de edad privadas de libertad se computa dentro de los 36 meses.

Artículo 60 Presentación de solicitudes

1. La prestación se puede solicitar en cualquier momento, a partir de los 18 años y hasta que se cumplan 25, o en el supuesto que establece el apartado siguiente.

2. Puede presentar la solicitud la persona interesada o quien ejerza la tutela o la guarda, tres meses antes de cumplir dieciocho años. En este caso, tendrá efectos económicos desde el mes en que se cumpla la edad mínima.

3. Las solicitudes de la prestación se presentarán en las sedes de la consejería competente en materia de servicios sociales, en los registros de los entes o los órganos administrativos o por los medios telemáticos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas y de acuerdo con el modelo que la consejería competente en materia de servicios sociales ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su sede electrónica.

Artículo 61 Gestión de las prestaciones

La gestión de la prestación mensual corresponde a la la consejería competente en materia de servicios sociales de Gobierno de las Illes Balears.

Artículo 62 Resolución

En todos los casos, la consejería competente en materia de servicios sociales dictará y notificará la resolución motivada en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, o desde la resolución del trámite de enmiendas, si se tercia. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado, se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 63 Abono

La prestación se abonará directamente a la persona beneficiaria.

Artículo 64 Suspensión o extinción

1. El procedimiento de suspensión o de extinción se puede iniciar a instancia de la persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente.

2. La suspensión de la prestación tiene una duración máxima de tres meses. Durante este periodo, se puede reiniciar la prestación cuando deje de existir la causa que ha motivado la suspensión.

3. Si se agota el periodo de suspensión y no se ha solucionado la causa, la prestación se extingue automáticamente.

Artículo 65 Causas de suspensión y extinción

1. Son causas de suspensión de la prestación:

• 1. Dejar de residir en las Illes Balears.
• 2. Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,5 veces la renta social garantizada por un adulto solo.
• 3. Dejar de atender injustificadamente dos requerimientos de la administración competente.
• 4. Incumplir el Proyecto Educativo Individual (PEI) o no seguir las pautas por un periodo inferior a tres meses, previo informe de la persona técnica encargada del seguimiento del PEI o quien la substituya.
• 5. Llevar a cabo la tramitación de un expediente de extinción.

2. Son causas de extinción de la renta:

• 1. Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
• 2. Cumplir 25 años o haber disfrutado de la prestación durante 36 meses.
• 3. Dejar de vivir de manera autónoma por retorno al núcleo familiar en el que se integraba antes de adoptarse la medida administrativa de tutela o guarda.
• 4. Mantener cualquiera de las causas que motivan la suspensión durante un periodo de tres meses.
• 5. Dejar de residir en las Illes Balears, una vez suspendida la prestación, durante un periodo mínimo de tres meses.
• 6. Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos.
• 7. Incumplir el PEI acordado o no seguir las pautas durante un periodo superior a tres meses, previo informe de la persona técnica encargada del seguimiento del PEI o quien la substituya.
• 8. Producirse la mejora de la situación económica de la persona beneficiaria por motivo de herencia, donación u otros ingresos que impliquen la desaparición de la situación de necesidad.
• 9. Renunciar voluntariamente a una oferta de trabajo adecuada o la reducción horaria si no es por motivo de estudios.

Artículo 66 Proyecto educativo individual (PEI)

1. El proyecto educativo individual es el documento que recoge los compromisos de itinerario hacia la autonomía personal que tiene que realizar el joven y los apoyos que tiene que recibir de los técnicos de la consejería competente en materia de servicios sociales.

2. Este documento tiene que estar pactado y firmado por una persona técnica encargada del seguimiento del PEI y por el joven.

3. El PEI siempre puede modificarse, de forma consensuada, a instancia del joven o de la persona técnica encargada del seguimiento.

Artículo 67 Seguimiento de los Proyectos Educativos Individuales

1. La consejería competente en materia de servicios sociales asignará a cada persona beneficiaria una persona técnica de referencia para la gestión y el seguimiento del PEI.

2. La persona técnica asignada comprobará periódicamente, el mantenimiento de los requisitos necesarios para poder disfrutar de la prestación.

3. La persona técnica asignada puede recabar la información de otros servicios técnicos y administrativos para poder hacer el seguimiento del PEI.

Artículo 68 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• 1. No informar del cambio de lugar de residencia dentro de las Illes Balears.
• 2. No informar de las ausencias de las Illes Balears. Computan como ausencias las salidas del territorio que superen un mes, en un periodo de 12 meses, y estas tendrán que ser comunicadas previamente.
• 3. No asistir a tres de las entrevistas alas que sean citadas por parte de los servicios técnicos a efectos de seguimiento de la prestación.
• 4. No atender a los requerimientos y no colaborar con las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la administración.
• 5. Tener resolución de extinción por incumplimiento de PEI.

Artículo 69 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) Dos o más faltas leves en un plazo de un año, contado desde la fecha de la resolución administrativa firme sancionadora de la primera falta leve.
• b) No comunicar, en el plazo máximo de 30 días, al órgano instructor, los cambios sustanciales de situación personal o patrimonial:
  • i. Modificación del número de los miembros de la unidad de convivencia.
  • ii. Contrato laboral superior a 30 días de jornada completa.
  • iii. Obtener ingresos superiores al 150% de la renta de emancipación.
  • iv. No residir de forma efectiva y continuada en las Illes Balears durante tres meses, sin perjuicio de las ausencias permitidas debidamente comunicadas.
• c) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta de emancipación, sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla.
• d) La utilización de la prestación para finalidades diferentes de las establecidas en este Decreto ley.

Artículo 70 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• a) La reincidencia en una falta grave.
• b) Tres resoluciones administrativas firmes de extinción.

Artículo 71 Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionan con la extinción de la prestación y con la prohibición de acceso a ésta durante un periodo de 2 meses.

2. Las infracciones graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a ésta durante un periodo de 4 meses.

3. Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a ésta en un periodo de 12 meses.

Artículo 72 Concurrencia pública

La convocatoria de prestaciones sociales de carácter económico dotadas con créditos presupuestarios limitados a las cantidades consignadas en el presupuesto correspondiente se llevará a cabo teniendo en cuenta criterios de prelación del estado de necesidad, por lo que se abrirá un procedimiento de concurrencia pública.

Artículo 73 Convocatoria de las prestaciones

1. Los procedimientos de concurrencia pública para el otorgamiento de las prestaciones económicas de derecho de concurrencia se iniciarán, con el acuerdo previo del órgano de gobierno de la administración que tenga la iniciativa, sea autonómica, insular o local, mediante una convocatoria pública aprobada por orden de la persona titular del departamento competente. Esta resolución incluirá, como mínimo:

• a) La cuantía de la prestación y las condiciones para acceder.
• b) El estado de necesidad requerido y la manera de acreditarlo.
• c) Los criterios de valoración y prelación de la situación de necesidad.
• d) La fecha de los efectos y la duración de la prestación.
• e) Las persones beneficiarias.
• f) Las personas o los entes que pueden presentar las solicitudes y el lugar y la forma de presentación.
• g) Los plazos de presentación de solicitudes y de resolución y notificación de los procedimientos. El órgano competente para resolver y los recursos procedentes.
• h) Las causas especificas de suspensión y de extinción de la prestación, en su caso.
• i) La cancelación de los datos de carácter personal facilitados, en el momento en que la resolución de la convocatoria adquiera firmeza en la vía administrativa y, si procede, en la vía judicial.
• j) Los créditos máximos habilitados para atender las prestaciones.
• k) La incompatibilidad con otras prestaciones, en su caso.

2. Las solicitudes que cumplan las condiciones exigidas por la convocatoria, una vez valoradas, se ordenarán según la situación de necesidad. Las prestaciones se otorgan de acuerdo con este orden de prelación hasta que se agote el crédito presupuestario disponible.

Artículo 74 Duración de las prestaciones

1. Las prestaciones otorgadas con carácter de derecho de concurrencia tienen la duración prevista en la convocatoria o en la resolución de concesión.

2. Las prestaciones otorgadas en convocatorias plurienales se prorrogan automáticamente para cada ejercicio si se mantienen los requisitos que han motivado la concesión, no se produce una causa de extinción o suspensión de la prestación y no supera el número de ejercicios presupuestarios de la convocatoria.

Artículo 75 Créditos presupuestarios y prórrogas

1. La convocatoria para iniciar los procedimientos de prestaciones de derecho de concurrencia preverá el crédito total que se le destine.

2. Sin perjuicio del crédito anterior, el departamento competente tiene que hacer las previsiones presupuestarias necesarias para atender los gastos derivados de las prórrogas de las prestaciones de derecho de concurrencia otorgadas en ejercicios anteriores. Estos créditos se consignarán separadamente en el presupuesto anual del departamento competente y no se pueden incluir en los créditos destinados a las convocatorias anuales.

Artículo 76 Publicidad

Las administraciones públicas, sin perjuicio de la publicidad preceptiva, tienen que dar la máxima difusión a las convocatorias para conceder prestaciones sociales de carácter económico. Así mismo, el departamento competente tiene que dar publicidad a los créditos consignados en su presupuesto destinados a financiar las prestaciones de derecho de concurrencia otorgadas en ejercicios anteriores.

Artículo 77 Prestaciones de urgencia social

Las prestaciones económicas de urgencia social tienen la finalidad de atender situaciones de necesidad puntuales, urgentes y básicas, de subsistencia, como la alimentación, el vestido y el alojamiento, y apoyo familiar y apoyo a la inserción social.

Artículo 78 Objeto

Las prestaciones económicas tienen por objeto atender necesidades sociales derivadas de situaciones de urgencia social reguladas en el artículo 22.2 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.

Artículo 79 Concepto, naturaleza y tipo de ayudas de urgencia social

1. Las ayudas de urgencia social son prestaciones sociales de carácter económico del Sistema Público de Servicios Sociales acotados por concepto y temporalmente. Tienen por finalidad resolver situaciones que requieren urgencia en el apoyo económico que afecten a personas o unidades de convivencia que por situaciones sobrevenidas, gastos imprevistos, déficit temporal de ingresos económicos, emergencias, apoyo familiar o procesos de inserción social, den lugar a una situación de necesidad de acceso a recursos de primera necesidad.

2. Estas ayudas pueden estar causadas por alguna de las siguientes situaciones:

• a) Ayudas básicas: La situación de necesidad provocada por gastos imprevistos y/o déficit temporal de ingresos de la unidad familiar que provoca un estado de carencia en el acceso a las necesidades sociales básicas y que requiere de ayuda urgente.
• b) Ayudas de emergencia: La situación de necesidad provocada por una emergencia, generando una situación de carencia en el acceso a necesidades sociales básicas.
• c) Ayudas de apoyo: Tienen por objeto el apoyo familiar y reforzar procesos de inserción social.

Artículo 80 Objeto de la prestación

La finalidad de las ayudas de urgencia social es la cobertura de las necesidades sociales básicas que permiten la subsistencia o bien facilitan un escenario de autonomía económica de las unidades de convivencia y, prioritariamente, las definidas en los siguientes supuestos:

• a) Imposibilidad transitoria de continuar con el uso y disfrute de la vivienda habitual.
• b) Carencia de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad, incluyendo entre otras, los gastos de adquisición de equipamiento básico de la vivienda habitual.
• c) Alimentación.
• d) Curas personales esenciales, vestido e higiene.
• e) Alojamiento temporal.
• f) Transporte en casos que garanticen procesos de inserción laboral o formativa.
• g) Gastos de medicación y otras curas sanitarias, que vengan diagnosticadas por personal facultativo sanitario del sistema público de salud, cuando no se hayan podido cubrir por otro sistema de protección social.
• h) Situaciones de emergencia que pongan en peligro la convivencia en la unidad familiar, riesgo de exclusión social de la unidad de convivencia o de alguno de sus miembros que no estén contempladas en este artículo ni por otras prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
• i) Otros conceptos debidamente justificados por el trabajador social que tramita la ayuda económica.
• j) Programas de apoyo a la inserción social.
• k) Programas de apoyo familiar.

Artículo 81 Órgano instructor de las ayudas de urgencia social

1. Las ayudas económicas básicas serán tramitadas por los servicios sociales comunitarios a cargo de los presupuestos municipales de servicios sociales.

2. Las ayudas económicas de emergencia, las de apoyo familiar y las de apoyo a la inserción social pueden ser tramitadas por los servicios sociales de la Red Publica de Servicios Sociales e irán a cargo de la administración que tenga la iniciativa.

3. Los entes locales, según las competencias que tienen en materia de servicios sociales comunitarios, incluirán en los presupuestos de gastos una partida anual para poder atender adecuadamente las ayudas económicas básicas de sus vecinos.

Artículo 82 Personas beneficiarias y requisitos

1. Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas económicas básicas las personas que constituyan una unidad de convivencia independiente, que sean atendidas por los servicios sociales comunitarios básicos de cualquier municipio de las Illes Balears, con residencia efectiva y que cumplan los siguientes requisitos:

• a) Tener expediente abierto en los servicios sociales comunitarios donde tengan que realizar la demanda de ayuda.
• b) Colaborar con los técnicos de los servicios sociales comunitarios básicos, aportando toda la información necesaria, facilitando el acceso al domicilio y buscando soluciones conjuntas a la situación de necesidad.
• c) Estar en situación de necesidad social provocada por una situación de déficit de ingresos económicos. Esta situación será valorada por un trabajador social de los servicios sociales comunitarios básicos.

2. Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas de emergencia, las personas afectadas por la situación provocada por la emergencia que sean residentes en las Illes Balears, sin tener que acreditar la situación de necesidad económica.

3. Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas de apoyo, las personas que requieren de apoyo familiar o de apoyo en los procesos de inserción social, que presentan un grado de vulnerabilidad, debidamente informadas por un técnico de servicios sociales y acotadas al programa de apoyo.

Artículo 83 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de las prestaciones estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

• a) Destinar el importe de la ayuda a la finalidad por la que se otorgó.
• b) Reintegrar el importe de las cuantías indebidamente percibidas.
• c) Facilitar la tarea a las personas designadas para verificar su situación económica y familiar, proporcionándoles toda la información precisa.

Artículo 84 Procedimiento de las ayudas de urgencia social

1. El acceso a las ayudas económicas básicas se realizará mediante el siguiente procedimiento:

• a) Demanda de ayuda económica a los servicios sociales comunitarios básicos.
• b) Investigación y contraste de la situación de necesidad, cumplimiento de requisitos y tramitación de prestaciones a las que se pueda tener derecho (ingreso mínimo vital, renta social garantizada, Pensión No contributiva, etc). El trabajador social acredita la situación de necesidad de ayuda urgente.
• c) Contrato asistencial de prestación económica, en su caso.
• d) Tramitación de la prestación económica, en su caso.
• e) Comprobación que la prestación se ha destinado a la finalidad que la motiva.

2. El acceso a las ayudas económicas de emergencia se realizará mediante el siguiente procedimiento:

• a) Comprobación de la afectación y situación de carencia provocada por la emergencia.
• b) Tramitación de la prestación económica, si procede, a propuesta del trabajador social de la Red Publica de Servicios Sociales
• c) Comprobación del buen uso de la prestación económica.

3. El acceso a las ayudas de apoyo se realizará mediante el siguiente procedimiento:

• a) Propuesta del técnico que elabora el informe de necesidad.
• b) Pago de la prestación.
• c) Comprobación de que la prestación se ha destinado a la finalidad que la motiva.

Artículo 85 Pago de las ayudas de urgencia social

1. El pago de la ayuda destinada a unidades de convivencia en situación de urgencia, se efectuará mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por la persona titular o mediante mecanismos alternativos (tarjeta bancaria u otras) con el compromiso de destinar su importe al pago de los conceptos que motivaron la solicitud.

2. El pago efectivo de las ayudas económicas básicas y las de emergencia tendrá carácter prioritario en la ejecución de gastos de la administración gestora y no se puede dilatar en el tiempo.

3. La ayuda puede tener carácter periódico, pero no puede superar los 12 meses.

Artículo 86 Régimen de compatibilidad

Esta prestación es complementaria y compatible con todas las prestaciones sociales de carácter económico que define este Decreto ley, así como con el resto de prestaciones o pensiones públicas, excepto que la legislación reguladora de las mismas establezca su incompatibilidad.

Artículo 87 Desarrollo reglamentario

1. Las corporaciones locales pueden regular mediante una ordenanza municipal las cuantías y los conceptos de las ayudas económicas básicas.

2. Las administraciones públicas pueden regular el procedimiento, cuantías y conceptos de las prestaciones de apoyo familiar y apoyo a la inserción mediante desarrollo reglamentario.

3. Mediante un acuerdo del órgano de gobierno de la administración competente según el supuesto, se regulará la cuantía, los criterios y los conceptos de las ayudas de emergencia.

Disposición adicional primera Información a las personas beneficiarias

Los consejos insulares y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears informarán a los perceptores actuales de la renta mínima de inserción o de la renta social garantizada que su prestación está afectada por la subsidiariedad respecto del ingreso mínimo vital.

Disposición adicional segunda Fichero de prestaciones sociales de carácter económico

Se crea el fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears con la estructura de información detallada en el anexo.

Disposición adicional tercera Ampliación de referencias al Ingreso mínimo vital

Todas las referencias a la prioridad de apoyo, acceso, beca, descuentos así como cualquier ayuda prevista para los perceptores de la renta social garantizada de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las llles Balears, se amplían a los perceptores del ingreso mínimo vital.

Disposición adicional cuarta Comisión interdepartamental de estudio de los complementos de rentas diferente a la de pensions no contributives

Se crea una Comisión interdepartamental para estudiar en los próximos meses la evolución del nivel de cobertura del ingreso mínimo vital en las Illes Balears, la plausibilidad y el coste económico de implantar la complementariedad del ingreso mínimo vital entre la población de las Illes Balears teniendo presente la lucha contra la pobreza .

La Comisión se regula mediante Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes y forman parte el vicepresidente del Govern de les Illes Balears, el consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores y la consejera de Asuntos Sociales y Deportes.

Disposición adicional quinta Comisión de evaluación de prestaciones de la renta social garantizada

1. Se crea la Comisión de Evaluación de prestaciones sociales de carácter económico configuradas como derecho subjetivo de este Decreto ley, adscrita a la consejería competente en materia de servicios sociales, con las funciones siguientes:

• a) Antes de la adopción de las resoluciones o de las modificaciones normativas correspondientes por los órganos competentes, analizar las implicaciones presupuestarias de los informes y propuestas que emita la Comisión Técnica prevista en el artículo 37 que puedan afectar a las prestaciones sociales autonómicas de carácter económico configuradas como derecho subjetivo en este decreto ley.
• b) Contribuir a la planificación estratégica de las políticas públicas de garantia de renta, basadas en análisis técnicas y evaluaciones cuantitativas y cualitativas independientes de resultado e impacto.

2. Esta Comisión se constituye por Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes y debe estar formada, como mínimo, por:

• 1. La persona titular de la dirección general de Planificación de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• 2. La persona titular de la dirección general de Servicios Sociales de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• 3. La persona titular de la secretaría general de la consejería competente en materia de servicios sociales.
• 4. La persona titular de la dirección general de Presupuestos de la consejería competente en materia de hacienda.
• 5. La persona titular de la dirección general de Economia de la consejería competente en materia de economía y empleo.
• 6. Otras personas a propuesta de la consejería competente en materia de servicios sociales.

3. Con periodicidad anual, la Comisión de Evaluación encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o cualquier otro órgano de evaluación experto independiente, la emisión de informes de evaluación de las prestaciones sociales autonómicas de carácter económico configuradas como derecho subjetivo en este decreto ley.

4. El primer informe, referido al ejercicio 2020, se centrará en la evaluación de los procesos de implementación de esta norma, la proposición de metodologias de evaluación, seguimiento y monitorización y de los efectos de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de maig, que establece el ingreso mínimo vital. Los informes posteriores evaluaran los resultados obtenidos respecto de los objectivos planteados y el impacto social y económico de las prestaciones sociales implementadas.

5. Los informes de la Comisión deben emitirse dentro del plazo de los dieciséis meses posteriores al ejercicio objeto de evaluación y deben ponerse en conocimiento del Consejo de Gobierno en un plazo no superior a los tres meses posteriores a su emisión.

Disposición transitoria primera Mantenimiento de la renta mínima de inserción

Las prestaciones económicas de la renta mínima de inserción se podrán mantener hasta el 31 de marzo de 2021 siempre que las personas beneficiarias cumplan las condiciones y no tengan derecho a percibir el ingreso mínimo vital o la renta social garantizada.

LE0000682766_20201211Disposición transitoria primera redactada por el número 4 del artículo cuarto del D Ley 14/2020, 9 diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa («B.O.I.B.» 10 diciembre).Vigencia: 11 diciembre 2020

Disposición transitoria segunda Mantenimiento de la renta social garantida, regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril

1. Los perceptores actuales de la renta social garantizada, regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril, que antes del día 30 de septiembre de 2020 no hayan solicitado el ingreso mínimo vital al Instituto Nacional de la Seguridad Social no podrán percibir la prestación de la renta social garantizada a partir del 1 de octubre de 2020.

LE0000673772_20200830Número 1 de la disposición transitoria segunda redactado por el número 1 del artículo único del D Ley 12/2020, 28 agosto, por el que se modifica el régimen transitorio para la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el D. Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, modificar el D. Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 («B.O.I.B.» 29 agosto).Vigencia: 30 agosto 2020

2. El pago de la nómina de la renta social garantizada se mantendrá hasta que los perceptores actuales tengan la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social relativa a la solicitud del ingreso mínimo vital. Esta resolución se comunicará a la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes en los términos del artículo 7.c) de la Ley 5/2016.

Disposición transitoria tercera Transición a las nuevas prestaciones

1. Los perceptores actuales de la renta social garantizada, regulada en la Ley 5/2016, de 13 de abril, que verifiquen lo que prevén las letras a) y d) del apartado 1 del artículo 20, con la comprobación previa del cumplimiento del resto de los requisitos establecidos, y mediante una nueva resolución en los términos de este Decreto ley, percibirán la nueva renta social garantizada de este Decreto ley.

LE0000682766_20201211Número 1 de la disposición transitoria tercera redactado por el número 5 del artículo cuarto del D Ley 14/2020, 9 diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa («B.O.I.B.» 10 diciembre).Vigencia: 11 diciembre 2020

2. Los perceptores actuales del complemento de la pensión no contributiva prevista en la Ley 5/2016, de 13 de abril, se mantendrán como perceptores de la modalidad de complemento de pensión no contributiva recogida en este Decreto ley.

3. Los perceptores actuales de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, regulada en el Decreto 52/2016, de 5 de agosto, continuarán percibiendo la prestación hasta que se dicte nueva resolución en los términos de este Decreto ley, sin necesidad que tengan que presentar una nueva solicitud.

3. En el caso de los apartados anteriores, la prestación de renta social garantizada, concedida previamente a la entrada en vigor del Real decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, es compatible y no deducible con el ingreso mínimo vital hasta la fecha de reconocimiento de la prestación estatal. Esta compatibilidad tendrá efectos hasta la fecha de resolución estimatoria del ingreso mínimo vital por parte de la Administración de la Seguridad Social.

LE0000706266_20210901Número 3 (sic) de la disposición transitoria tercera introducido, con efectos desde el 16 de junio de 2021, por el apartado 6 del artículo único de D. ley 8/2021, 30 agosto, por el que se modifican el D. ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el D. 84/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia («B.O.I.B.» 31 agosto).Vigencia: 1 septiembre 2021Efectos / Aplicación: 16 junio 2021

Disposición transitoria cuarta Régimen excepcional para el año 2021

Excepcionalmente, durante el año 2021 y también respecto a las solicitudes presentadas previamente y no resueltas, se suspende la aplicación de la comprobación previa de requisitos del artículo 29 de este decreto ley, de forma que el órgano instructor, una vez revisada la solicitud de acuerdo con el artículo 28, debe elevar la propuesta de resolución a la consejera, siempre y cuando la documentación aportada por la persona interesada acredite fielmente el cumplimiento de los requisitos del artículo 20. Posteriormente, el órgano instructor tiene que llevar a cabo esta comprobación.

En todo caso, las personas que obtengan la prestación sin cumplir los requisitos para ser beneficiarias tienen que reintegrar en todo o en parte las cuantías percibidas indebidamente, de acuerdo con el artículo 8, y pueden ser sancionadas, previa tramitación del expediente correspondiente.

LE0000687232_20210126Disposición transitoria cuarta introducida por la disposición final segunda del D Ley 1/2021, 25 enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa («B.O.I.B.» 26 enero).Vigencia: 26 enero 2021

Disposición derogatoria única Normas que se derogan

Se derogan todas las normas de rango igual o inferior a este Decreto ley que lo contradigan o se opongan y, en particular, las siguientes:

• a) La Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada.LE0000572723_20200118
• b) El artículo 6 y el artículo 7.1 del Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19.LE0000662375_20220101
• c) El artículo 3 del Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria.LE0000663046_20200617
• d) El Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, por el cual se regula la renta mínima de inserción.LE0000160337_20011007
• e) El Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores.LE0000580730_20190526

Disposición final primera Inclusión de las prestaciones sociales de carácter económico en la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020

Se incorporan las prestaciones sociales de carácter económico a la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020, regulada por el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen los principios generales para las carteras insulares y locales.

Lo que dispone el párrafo anterior se tiene que entender sin perjuicio de lo que establezcan las leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con el complemento de las pensiones no contributivas.

Disposición final segunda Modificación del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil

El artículo 22.2 del Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil, queda modificado d ella siguiente manera:

LE0000603815_20220713

Disposición final tercera Entrada en vigor

Este Decreto ley entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.