Sumario

PRE�MBULO

I.

El art�culo 6 del Estatuto de Autonom�a de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante Ley org�nica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonom�a de la Comunidad Valenciana, determina que la lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. En el art�culo 6.2 se precisa que el valenciano es oficial en la Comunitat Valenciana, igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial en todo el Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la ense�anza de valenciano y en valenciano. Adem�s, el punto 6.5 prescribe que se otorgar� especial protecci�n y respeto a la recuperaci�n del valenciano. Asimismo, la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de uso y ense�anza del valenciano, dedica todo el t�tulo segundo a la regulaci�n del valenciano en la ense�anza.

Asimismo, el art�culo 53 del Estatuto de Autonom�a de la Comunitat Valenciana precept�a como exclusiva la competencia de la Generalitat respecto la regulaci�n y administraci�n de la ense�anza en toda su extensi�n, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el art�culo 27 de la Constituci�n Espa�ola y las leyes org�nicas que, de acuerdo con el apartado 1 del art�culo 81 de aquella, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el n�mero 30 del apartado 1 del art�culo 149 de la Constituci�n Espa�ola, y de la alta inspecci�n necesaria para su cumplimiento y garant�a.

En este marco fue adoptado el Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo ling��stico educativo valenciano y se regula su aplicaci�n en las ense�anzas no universitarias de la Comunitat Valenciana.

II.

En desarrollo del Decreto 9/2017, se adopt� la Resoluci�n de 3 de febrero de 2017, de la Direcci�n General de Pol�tica Educativa, por la que se dan instrucciones para la aplicaci�n del Programa de Educaci�n Pluriling�e Din�mico y la elaboraci�n del Proyecto Ling��stico de Centro en los centros de Educaci�n Infantil y Primaria para el curso 2017-2018.

De acuerdo con lo establecido en el art�culo 20 del Decreto 9/2017, y de conformidad con el punto cuarto de la Resoluci�n de 3 de febrero de 2017, se llev� a cabo el procedimiento para la elaboraci�n y la autorizaci�n de los Proyectos Ling��sticos de Centro (en adelante, PLC) de los centros de Educaci�n Infantil y Primaria para el curso 2017-2018.

En cada centro educativo de titularidad p�blica, la propuesta de PLC fue elaborada de forma colectiva y participativa a partir de las aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, coordinando el proceso de elaboraci�n la Comisi�n de Coordinaci�n Pedag�gica. La propuesta adoptada fue debatida por el claustro hasta el consenso, y se elev� para su aprobaci�n al Consejo Escolar, en el que participa toda la comunidad educativa (docentes, alumnos, familias y personal de administraci�n y servicios).

En cada centro educativo, el Consejo Escolar deb�a aprobar en sesi�n extraordinaria la propuesta de PLC del centro, por una mayor�a cualificada de dos tercios, que fue alcanzada por la inmensa mayor�a de los centros escolares.

En los centros privados concertados, la elaboraci�n, la coordinaci�n del PLC y la solicitud de autorizaci�n fueron efectuadas, de acuerdo con la normativa aplicable, por los titulares del centro educativo, o�do el Consejo Escolar.

Aprobada la propuesta de PLC por los consejos escolares de los centros p�blicos, o por los titulares del centro en el caso de los centros privados concertados, la direcci�n de cada centro educativo comunic� a la Conselleria el PLC propuesto antes del 15 de marzo de 2017, conforme a lo dispuesto en la Resoluci�n de 3 de febrero de 2017, de la Direcci�n General de Pol�tica Educativa. La Inspecci�n de Educaci�n valor� las propuestas, y emiti� el informe correspondiente, de acuerdo con los criterios fijados en el Decreto 9/2017.

En los casos en que los centros escolares p�blicos no llegaron a una mayor�a de dos tercios de los miembros del Consejo Escolar, la conselleria competente en materia de educaci�n determin�, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 20.4 del Decreto 9/2017, el nivel de PLC aplicable en el centro, atendiendo al resultado de las evaluaciones y al contexto del centro educativo.

Conforme a lo dispuesto en el art�culo 20.3 del Decreto 9/2017, la Direcci�n General de Pol�tica Educativa autoriz� los 1.383 PLC de los centros educativos p�blicos y de los centros concertados, en el per�odo comprendido entre el 6 de abril y el 19 de mayo de 2017.

De conformidad con la Resoluci�n de 3 de febrero de 2017, de la Direcci�n General de Pol�tica Educativa, los PLC autorizados se publicaron en los tablones de anuncios de los centros educativos de manera inmediata y, en todo caso, antes del 22 de mayo de 2017, fecha de inicio del per�odo de admisi�n de alumnado, para el curso 2017/2018, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones de 29 de marzo de 2017, de las Direcciones Territoriales de Educaci�n, Investigaci�n, Cultura y Deporte, por las que se establece el calendario y el procedimiento de admisi�n del alumnado a las ense�anzas de Educaci�n Infantil, Primaria, Educaci�n Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros p�blicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2017-2018.

III.

Por otro lado, y en el marco del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell que regula la admisi�n en los centros docentes p�blicos y privados concertados que imparten ense�anzas de Educaci�n Infantil, Educaci�n Primaria, Educaci�n Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y de la Orden 7/2016, de 19 de abril, que lo desarrolla, se adoptaron las Resoluciones de 29 de marzo de 2017, de las direcciones territoriales de Educaci�n, Investigaci�n, Cultura y Deporte de Valencia, Alicante y Castell�n, que establecen el calendario y el procedimiento de admisi�n del alumnado a los ense�anzas de Educaci�n Infantil, Primaria, Educaci�n Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros p�blicos y centros privados concertados, no universitarios, para el curso 2017/2018 en la provincia de Valencia, Alicante y Castell�n.

De acuerdo con estas resoluciones, se constituyeron antes del 5 de abril de 2017 las comisiones municipales de escolarizaci�n y se publicaron, antes del 2 de mayo de 2017, las �reas de influencia y las lim�trofes.

Durante los d�as 2, 3 y 4 de mayo de 2017 los centros educativos p�blicos y privados concertados procedieron a comunicar a la conselleria competente en materia de educaci�n, los datos correspondientes a las previsiones del alumnado que repite y promociona, a los efectos de poder determinar las vacantes escolares.

El 22 de mayo de 2017 se publicaron las vacantes existentes en cada uno de los centros educativos, y se abri� el plazo para presentar las solicitudes de admisi�n.

IV.

Mediante auto de 23 de mayo de 2017, y en el marco del recurso interpuesto por la Diputaci�n de Alicante, la Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n 4.� del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acord� la adopci�n de la medida cautelar de suspensi�n del Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo ling��stico educativo valenciano y se regula su aplicaci�n en las ense�anzas no universitarias de la Comunitat Valenciana, siendo la resoluci�n judicial no firme y susceptible de ser recurrida mediante recurso de reposici�n.

La Abogac�a de la Generalitat interpuso recurso de reposici�n frente a dicha resoluci�n. El recurso fue desestimado mediante auto de 20 de junio de 2017.

Frente a esta desestimaci�n del recurso de reposici�n, la Abogac�a de la Generalitat interpuso un recurso de casaci�n que se encuentra a�n pendiente de resolver, lo que implica que la medida cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no es firme en el momento de aprobaci�n de este decreto ley.

V.

Mediante escrito de 11 de julio de 2017, la Diputaci�n de Alicante, formul� incidente de ejecuci�n del auto de fecha 23 de mayo de 2017, solicitando al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que dictase resoluci�n en relaci�n con el �rgano administrativo responsable de realizar las actuaciones para asegurar el cumplimiento del auto de suspensi�n cautelar, as� c�mo el plazo para su cumplimiento y las medidas y el procedimiento a seguir por parte de la administraci�n educativa valenciana.

Por Providencia de 14 de julio de 2017, con entrada en la Abogac�a de la Generalitat el 17 de julio de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci�n 4, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emplaz� a la Generalitat a indicar las medidas acordadas para dar efectividad a la suspensi�n y comunicar al Tribunal la autoridad responsable para su cumplimiento.

Mediante escrito de contestaci�n, la Abogac�a de la Generalitat expuso las medidas que la conselleria competente en materia de educaci�n, hab�a realizado en aras del cumplimiento efectivo del auto de 23 de mayo de 2017, vi�ndose afectadas por la suspensi�n del Decreto diversas actuaciones y resoluciones: el Plan de actuaci�n para la mejora de los centros educativos; la convocatoria de estancias de formaci�n en Reino Unido y en Irlanda para el profesorado; el Decreto 88/2017, de 7 de julio, del Consell, relativo al curr�culum y la ordenaci�n general de la Educaci�n Primaria; o la propuesta de Instrucciones para el curso 2017/2018, entre otras.

Por lo que respecta al proyecto ling��stico de centro, del que deben disponer necesariamente los centros educativos, de acuerdo con el Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento org�nico y funcional de las escuelas de Educaci�n Infantil y de los colegios de Educaci�n Primaria, y con el Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el curr�culo y se despliega la ordenaci�n general de la Educaci�n Primaria en la Comunitat Valenciana, modificado por el Decreto 88/2017, de 7 de julio, se comunic� a la Sala que, para el curso escolar 2017/2018, se aplicar�an los Proyectos Ling��sticos de Centro que los centros tuvieran autorizados, sin perjuicio de las medidas adicionales que hubieran de adoptarse en el futuro, en cumplimiento o como consecuencia de las resoluciones judiciales que pudieran recaer en el marco de los procedimientos en causa.

La Abogac�a de la Generalitat sostuvo al efecto que los proyectos ling��sticos aprobados, autorizados y hechos p�blicos, adquirieron firmeza antes de que la suspensi�n del Decreto 9/2017 hubiera llegado a producir efectos para terceros. Se entend�a as� que su aplicaci�n, conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (Sentencia de 17.06.2009 en el recurso de casaci�n 5491/2007; Sentencia de 30.01.2014 en el recurso de casaci�n 3045/2011) y del Tribunal Constitucional (Sentencia n�m. 54/2002, de 27 febrero; Sentencia 45/1989, de 20 de febrero; Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre, entre otras), y conforme al principio de seguridad jur�dica, salvaguardaba los intereses y derechos de terceras personas afectadas, principalmente alumnos y familias que, atendiendo a los proyectos ling��sticos de centro aprobados y publicados, hab�an optado, hab�an elegido colegio, hab�an presentado su solicitud al proceso de admisi�n y, en esas fechas ya estaban matriculados (seg�n el calendario publicado en el DOGV del 30.03.2017).

Mediante auto de 27 de julio de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n 4.� del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, resolvi� el incidente de ejecuci�n determinando los efectos de la suspensi�n, estableciendo la aplicaci�n de los decretos 127/2012 y 234/1997, y extendiendo la suspensi�n del decreto a todas las actuaciones realizadas al amparo del mismo, a�n con anterioridad a la notificaci�n de los autos de suspensi�n.

Contra el auto, no firme, de 27 de julio de 2017, la Abogac�a de la Generalitat present� recurso de reposici�n el 31 de julio de 2017, por considerar que de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de febrero, 180/2000, de 29 de junio y 289/2000, de 30 de noviembre, entre otras, el principio de seguridad jur�dica del art�culo 9.3 de la Constituci�n Espa�ola exige la intangibilidad de las situaciones jur�dicas consolidadas mediante actuaciones administrativas firmes; y ello resulta trasladable a los actos firmes aprobados con anterioridad a que se acordara la suspensi�n del Decreto 9/2017, que afectan a intereses y derechos de terceras personas principalmente alumnado y familias que, atendiendo a los proyectos ling��sticos de centro aprobados y publicados, eligieron centro educativo, presentaron su solicitud de admisi�n y fueron debidamente matriculados.

El recurso de reposici�n interpuesto por la Abogac�a de la Generalitat se encuentra, a fecha de aprobaci�n del presente decreto ley, pendiente de resoluci�n por la Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n 4.� del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

VI.

Por otro lado, en el marco del Procedimiento de derechos fundamentales n�m. 58/2017 tramitado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo Secci�n 4.� del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Sentencia n�m. 1329/17, de 26 julio de 2017, estim� parcialmente el recurso formulado por el Sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios de la Comunitat Valenciana (CSIF), dejando exclusivamente sin efecto la disposici�n Adicional 5.� del Decreto 9/2017, desestimando el resto de las pretensiones contenidas en la demanda.

Del mismo modo, mediante Sentencia n�1330/17, de 28 de julio, en el Procedimiento de derechos fundamentales n�m. 73/2017, la misma Sala del Tribunal Superior de Just�cia de la Comunitat Valenciana, desestim� el recurso interpuesto por la Uni�n Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) contra algunas de las disposiciones del Decreto 9/2017, al entender que no se acreditaba vulneraci�n de los art�culos 14 y 27 de la Constituci�n.

VII.

As�, el Decreto 9/2017, salvo en lo relativo a la disposici�n adicional 5.�, no ha sido declarado contrario a derecho por sentencia judicial, aunque ha sido objeto de suspensi�n cautelar, no firme.

Y los proyectos ling��sticos de centro aprobados en el marco del Decreto 9/2017, a�n siendo actos firmes, elaborados y autorizados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y con anterioridad a la suspensi�n de la norma, quedan de momento suspendidos de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el auto, no firme, de 27 de julio de 2017.

Y dado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no ha resuelto, a fecha de la aprobaci�n de este decreto ley, el recurso de reposici�n interpuesto por la Abogac�a de la Generalitat frente al auto de 27 de julio de 2017, se constata la necesidad inaplazable de aprobar un instrumento normativo que articule la aplicaci�n de este auto de 27 de julio de 2017, garantizando la necesaria seguridad jur�dica, y velando al mismo tiempo por la salvaguarda de los derechos e intereses de terceras personas, principalmente alumnado y familias que atendiendo a los proyectos ling��sticos de centro, aprobados y publicados, eligieron centro educativo, presentaron su solicitud de admisi�n y fueron debidamente matriculados.

Esta necesidad inaplazable surge, tal y como requiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “por razones dif�ciles de prever que requieran una acci�n normativa inmediata en un plazo m�s breve que el requerido por la v�a normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci�n parlamentaria de las leyes�.

Debe destacarse en este sentido, que el Decreto 9/2017 contaba con los preceptivos informes de la Abogac�a de la Generalitat y el Consell Jur�dic Consultiu, y que ambos informaban conforme a derecho el texto del decreto, otorgando al mismo apariencia de buen derecho; al mismo tiempo, y hasta la resoluci�n del incidente de ejecuci�n por auto de 27 de julio de 2017, los proyectos ling��sticos aprobados, autorizados, hechos p�blicos, y firmes antes de que la suspensi�n del Decreto 9/2017 produjera efectos frente a terceros, se entend�an aplicables por la Administraci�n.

Asimismo, el inminente inicio del curso escolar, y la necesidad de preservar los intereses de terceros, hacen necesaria la intervenci�n normativa urgente, en un plazo m�s breve que el requerido por la v�a ordinaria.

En este sentido, la resoluci�n de 1 de junio de 2017, de la Direcci�n General de Centros y Personal Docente, fij� el calendario escolar del curso acad�mico 2017-2018, estableciendo el inicio de curso en Educaci�n Infantil y Educaci�n Primaria, en fecha 11 de septiembre de 2017 y finalizando el mismo el 22 de junio de 2018 y en Educaci�n Secundaria Obligatoria en fecha 11 de septiembre de 2017, con la finalizaci�n el 20 de junio de 2018.

Es por tanto obligaci�n de la administraci�n educativa garantizar el inicio del curso escolar y el cumplimiento del calendario lectivo establecido por la normativa vigente, y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el inicio del curso 2017/2018 y el correcto desarrollo del mismo.

Por otra parte, ha sido ya realizado el proceso de admisi�n y matr�cula, que tiene una duraci�n de 3 meses, han sido habilitadas las unidades pertinentes en los centros educativos, siendo definitivo el procedimiento de arreglo escolar, se ha realizado la planificaci�n de la plantilla docente, adjudicando el profesorado correspondiente a cada centro educativo y se ha efectuado la planificaci�n del transporte escolar, encontr�ndose en tramitaci�n el procedimiento de adjudicaci�n de becas de transporte.

Por todo ello, se constata la necesidad de un instrumento normativo urgente que salvaguarde la elecci�n del alumnado en el proceso de matr�cula, el cumplimento del calendario lectivo y el inicio y normal desarrollo del curso escolar, la organizaci�n y los recursos destinados al mismo por parte de la administraci�n educativa y la aplicaci�n de las resoluciones judiciales que han sido adoptadas en el marco de los diferentes procesos que afectan al Decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell.

El reducido plazo temporal que dista hasta el inicio del curso escolar, justifica aprobar, tal y como determina el Tribunal Constitucional entre otras en su Sentencia 38/2016 un decreto ley que alcance “los objetivos marcados para la gobernaci�n del pa�s, que, por circunstancias dif�ciles o imposibles de prever, requieren una acci�n normativa inmediata�.

Con este fin, este decreto ley establece el proyecto ling��stico de centro aplicable en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos p�blicos de la Comunitat Valenciana para el curso 2017-2018 en todas las etapas educativas, y establece el programa pluriling�e aplicable en cada centro educativo en el primer curso del segundo ciclo de Educaci�n Infantil, para el Curso 2017 y 2018, respetando, de una lado, la elecci�n efectuada y los derechos adquiridos por las familias en el proceso de admisi�n y, de otro, el sentido de las resoluciones judiciales reca�das en el marco de los procesos que afectan al Decreto 9/2017.

Estas circunstancias constituyen el hecho habilitante de extraordinaria y urgente necesidad necesario para la adopci�n de un decreto ley.

En consecuencia, de acuerdo con lo que prev�n el art�culo 44.4 del Estatuto de autonom�a de la Comunitat Valenciana, y el art�culo 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, a propuesta del conseller d’Educaci�, Investigaci�, Cultura i Esport, y previa deliberaci�n del Consell, en su reuni�n de 1 de septiembre de 2017,

DECRETO

CAP�TULO I

Objeto

CAP�TULO II

Aplicaci�n de los proyectos ling��sticos de centro

DISPOSICI�N ADICIONAL

DISPOSICI�N DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES