Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los instrumentos de ordenación urbanística y del territorio poseen una gran relevancia para la implantación de actividades que tengan como soporte el suelo. Por una parte, porque son estos instrumentos los que establecen el régimen de los usos que pueden o no establecerse en el territorio y, por otra parte, porque son la base sobre la que se desarrollan los complejos procedimientos de las autorizaciones autonómicas y municipales, que hacen efectiva la implantación de usos y actividades.

Por tanto, la redacción de estos instrumentos posee un gran alcance estratégico, puesto que generan expectativas de desarrollo y ordenan físicamente las dinámicas económicas existentes.

Este horizonte de posibilidades se ve dificultado por los plazos y las vicisitudes de tramitación, que provocan inseguridad jurídica, incertidumbres y elevados costes administrativos y financieros, truncando el escenario de posibilidades desplegado durante el proceso de redacción de los instrumentos de planeamiento.

La incidencia de la legislación sectorial en el planeamiento urbanístico y territorial es fundamental, tanto en los plazos como en lo sustancial, máxime cuando venimos asistiendo al desarrollo exponencial de la compleja trama de intervención administrativa, en constante crecimiento, donde cada vez más agentes y organismos reclaman ser actores en los procesos de ordenación urbanística y territorial.

Por otra parte, es conocida la dificultad de todo municipio, especialmente el pequeño municipio rural, para disponer de los medios y recursos necesarios con que desenvolverse en estos procedimientos, que requieren no solo una agilidad instructora, sino un apoyo técnico y jurídico cualificado.

Asimismo, se está viendo desvirtuada la ordenación estratégica global y transversal propia de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, tensionada por los diversos requerimientos sectoriales, auspiciados por visiones parciales y sesgadas del territorio.

Por todo ello, resulta necesario reconsiderar el alcance, la incidencia y los mecanismos de intervención de la normativa sectorial en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, buscando alcanzar un marco jurídico equilibrado y proporcionado al objeto.

II

Se hace, por tanto, imprescindible acometer actuaciones de simplificación, coordinación y cooperación administrativas que acierten a aligerar las cargas procedimentales que se han puesto de manifiesto con sus perniciosas consecuencias, replanteando el modelo de interacción administrativa para atenuar la conflictividad del existente.

El objetivo de la presente ley es coordinar tanto intereses como competencias desde una lectura e interpretación integradoras y consensuadas de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial. En este sentido, se pretende habilitar los medios para resolver las discrepancias existentes entre las administraciones públicas: las que defienden intereses parciales con competencias supramunicipales, las que defienden estrategias globales desde competencias locales y las que defienden intereses generales desde competencias supramunicipales.

Por otra parte, se pretende crear un marco temporal cierto en el que pueda desarrollarse la técnica del diálogo administrativo. Un marco ordenado y unificado de plazos que permita realizar previsiones temporales y acotar expectativas, iniciativas e inversiones. De igual modo, se pretende crear una mesa de diálogo, integrada exclusivamente por los organismos con competencia para intervenir de alguna forma en el territorio; un foro en el que se aúnen esfuerzos para avanzar conjuntamente en una dirección única, basada en el mutuo conocimiento de materias, intereses, competencias y técnicas de intervención.

Estos objetivos técnico-administrativos imprescindibles están guiados por un fin socioeconómico general: facilitar el desarrollo de actividades económicas en un encuadre de seguridad jurídica tanto para los entes públicos como privados, en el que prevalezca el interés general sin menoscabar la iniciativa particular.

III

La presente norma despliega, en consecuencia, las herramientas de intervención administrativa siguientes:

• 1. Un marco normativo que permita armonizar el alcance multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda conseguir la emisión de informes de forma coordinada, desde una visión intersectorial.
• 2. Un órgano intersectorial, de coordinación y simplificación urbanística y territorial, y con capacidad decisoria, en el que de forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de las distintas problemáticas y competencias sectoriales, las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar la tramitación administrativa de este.
• 3. Un marco jurídico sectorial reordenado en su dimensión temporal, y en el sentido de los informes sectoriales, para crear un plazo único e integrado, de tres meses, en el que se produzcan el debate, la reflexión y las manifestaciones sectoriales, y para dotar de seguridad jurídica y mayores certezas la tramitación de los instrumentos urbanísticos y territoriales.

IV

La presente ley se estructura en dos títulos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y dos finales. En el título I se recogen las disposiciones generales relativas al objeto y ámbito de aplicación y en el título II se modifican la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma Extremadura.

En el título I se establecen el objeto, el alcance y el ámbito de aplicación del procedimiento de tramitación coordinada. Con carácter general, este procedimiento está dirigido a la tramitación de los planes generales municipales, sus revisiones y modificaciones de ordenación estructural, y a la elaboración, modificación y revisión de los planes territoriales.

Por otra parte, se deja abierta la posibilidad de que se incorporen, al trámite de coordinación sectorial, otros procedimientos administrativos que se determinen reglamentariamente.

La tramitación coordinada se establece como procedimiento general para los instrumentos de aplicación, si bien tiene un carácter potestativo, no obligatorio, de forma que los organismos promotores que no estén interesados en recurrir a este medio podrán renunciar a la tramitación coordinada.

En el artículo tercero se crea la Comisión de Coordinación Sectorial y se establecen las líneas básicas del procedimiento de coordinación intersectorial para su posterior desarrollo reglamentario.

En el artículo cuarto se hace referencia al procedimiento de coordinación sectorial para la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Se prevé la obtención de informes de las distintas administraciones representativas de intereses que pudieran verse afectados por los mismos. En la ya larga experiencia de tramitación de los mismos se ha detectado en no pocas ocasiones que las condiciones exigidas por algún órgano administrativo para la emisión de informes favorables pueden constituir un obstáculo para obtener el informe de otro. Por ello, la Comisión de Coordinación Intersectorial se implanta para centralizar los flujos de información entre los distintos organismos sectoriales y el órgano promotor de la iniciativa. Asimismo, posee carácter decisorio para adoptar determinaciones que superen situaciones de discrepancia o bloqueo de los procedimientos.

Con ello se pretende dar cumplimiento a los principios de eficacia y coordinación que deben presidir la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ( artículo 46.1 de la Ley 1/2002, de 28 febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura).

En el título II, se producen las modificaciones legislativas que permitan implantar este modelo.

a) Modificaciones en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:

Se acometen modificaciones de la ley para acomodar el procedimiento de tramitación de los planes generales municipales y los planes territoriales al procedimiento de coordinación sectorial, lo que afecta al artículo 77 en su apartado 2.2.

Por otra parte, se da cumplimiento al Acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. En virtud del mismo, la comunidad autónoma se comprometió a promover la modificación del artículo 74.3.c y a la supresión de la letra d) del artículo 155.2 de la Ley 15/2001 en los términos recogidos en el citado acuerdo y a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (artículo 3 de la ley).

La Junta de Extremadura, dentro de sus competencias, debe realizar políticas activas para el desarrollo de todo tipo de actividades que puedan favorecer el fomento del empleo. Un método para potenciar la competitividad y el fomento del empleo consiste en la eliminación de trabas administrativas como las que existen, por vacío legal, para poner en valor y uso edificios existentes fuera de ordenación, para que en ellos puedan realizarse actividades económicas, lo que facilitará la creación de establecimientos comerciales, industriales, artesanales y turísticos. La doctrina científica y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los supuestos de «fuera de ordenación», han resuelto el conflicto existente entre el interés público y el privado aplicando el «principio de proporcionalidad». De este modo, las Sentencias del Tribunal Superior de 3 de mayo de 1990, 7 de junio de 1988 y 20 de diciembre de 1988 establecen que los propietarios de estos edificios fuera de ordenación deben estar legitimados al desarrollo de los usos y actividades correspondientes, ahora bien, con la salvedad, en aras del interés público, de que el uso autorizado no sea totalmente incompatible con el planeamiento, y que cuando haya de eliminarse se proceda a hacerlo sin indemnización.

b) Modificación de otras normativas autonómicas.

En el régimen específico de los planes generales municipales, para coordinar la emisión de informes de los distintos órganos ha sido necesario unificar tanto el sentido del informe por silencio administrativo como el plazo previsto en las distintas normativas para la emisión del informe sectorial, que se fija en tres meses, permitiendo a su vez la ulterior emisión de la declaración ambiental estratégica. Al tratarse de plazos recogidos en diversas leyes, esto exige su modificación por una norma con rango jurídicoformal de ley. Así, se modifican la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura ( artículo 4), la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura ( artículo 5), la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura ( artículo 6) y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (artículo 7).

Esta ley incorpora como indispensable, en la disposición adicional, que las administraciones públicas afectadas utilicen en la mayor medida posible las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, en especial para agilizar los procedimientos y para permitir un adecuado seguimiento de las actuaciones, incluyendo la posibilidad de comunicarse solo mediante medios electrónicos y respetando en todo caso las limitaciones, garantías y requisitos señalados en la legislación sobre procedimiento administrativo.

Esta ley persigue evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, invocando los principios de eficacia, proporcionalidad y eficiencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía (LO 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura), la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de urbanismo, en cuya ejecución se aprobó la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Goza, asimismo, por el citado precepto, de competencia para la regulación de las especialidades del procedimiento administrativo, en el marco de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución española.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II

ARMONIZACIÓN NORMATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos, que sea de aplicación esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.