Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19)

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Sumario

Véase la Res. 19 noviembre 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del D.-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19) («B.O.J.A.» 25 noviembre).LE0000681386_20201126

I

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, que ha motivado la necesidad de reaccionar de una forma muy rápida, adoptando medidas urgentes con el objetivo de apaciguar el impacto de la crisis generada.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, el Gobierno de la Nación, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogándose el mismo hasta en seis ocasiones. Dicha declaración vino acompañada de importantes medidas de contención adoptadas para amortiguar los efectos de esta crisis sin precedentes, que afectaban a la libre circulación de las personas y han supuesto una destacada reducción de la actividad económica y social, paralizando la actividad de numerosos sectores, con importantes pérdidas de rentas para los hogares, las personas trabajadoras autónomas y las empresas.

Al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y para hacer frente a las medidas de contención adoptadas, le han seguido otros, con los que se ha querido debilitar los efectos de la crisis, y articular una respuesta a la emergencia del COVID-19 en los planos sanitario, económico y social.

Así, en las distintas fases de lucha contra el virus, las normas aplicadas en el ámbito sanitario para reducir la movilidad y el riesgo de contagio se han acompañado de paquetes de medidas económicas y sociales encaminados, entre otros fines, a mantener las rentas de las familias y personas trabajadoras, tanto por cuenta ajena como autónomas, buscando respuesta a la situación ocasionada por el COVID-19.

Teniendo en cuenta que, tras la finalización del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, continúa la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) en nuestra Comunidad Autónoma, se considera necesario seguir adoptando medidas en diversos ámbitos, con carácter extraordinario y urgente, para paliar los efectos provocadas por el mismo tanto a nivel económico como social.

II

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en el artículo 55.2, entre los principios rectores para el acceso al empleo público, recoge en la letra f) la agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección; y en el artículo 56, entre los requisitos para participar en el correspondiente proceso selectivo, establece la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Ello determina la exigencia de que los empleados públicos reúnan las habilidades necesarias para su desempeño profesional, que incluyen, entre otras, la gestión electrónica de diversas tareas vinculadas al desempeño profesional. Al tratarse de la materia de acceso al empleo público se extrema la cautela en la garantía de igualdad de los aspirantes prevista en el artículo 55.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. A tal efecto se prevé la posibilidad de exceptuar la obligación de relacionarse electrónicamente de aquellas personas que no tengan acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Los artículos 47.1.1.ª, 47.2.1.ª y 2.ª y 76 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuyen competencias compartidas a la Comunidad Autónoma sobre el régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, y la competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, así como la competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa, todo ello dentro del marco establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española y de acuerdo con la legislación estatal básica sobre procedimiento administrativo común y régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

En este contexto, para hacer frente a las necesidades de conciliación de la prestación del servicio público y la protección de la salud de la ciudadanía, así como minimizar los riesgos de contagio, se establece en el artículo único de este decreto-ley la obligación de relacionarse exclusivamente con la Administración General de la Junta de Andalucía en los procedimientos selectivos de acceso, provisión de puestos y bolsas de trabajo, a través del uso de medios electrónicos. Esta medida, de carácter urgente, contribuye a la eficacia de la gestión de estos procedimientos y a facilitar la incorporación de personal con la celeridad con que se debe llevar a cabo.

Concurre el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad ante la situación actual de evolución de la pandemia originada por el COVID-19, que determina la premura de implementar medidas inmediatas para minimizar las posibilidades de contagio, incluyendo los correspondientes procedimientos en materia de selección, promoción interna, provisión de puestos de trabajo del personal y participación en las bolsas de trabajo. Esta necesidad resulta incompatible con los plazos propios de la tramitación ordinaria de una disposición legal o reglamentaria, mediante la que pudiera establecerse la regulación de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Junta de Andalucía.

El artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estable que la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública podrá efectuarse reglamentariamente, cuando concurran los requisitos establecidos en dicho precepto. Por su parte, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, proscribe el que dicha obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración pueda imponerse a través de los actos administrativos generales de convocatoria, contemplando la necesidad de que la misma se establezca en la correspondiente norma legal o reglamentaria, siempre que concurran los requisitos establecidos al efecto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Resulta esencial incluir esta obligación de quienes participan en procesos selectivos, en concursos de méritos o traslados y en bolsas de trabajo de relacionarse electrónicamente con la Administración General de la Junta de Andalucía habida cuenta el ingente número de personas que participan en dichos procesos, cuya tramitación ágil y eficaz resulta imposible si no se impone la obligación de presentación de solicitudes y de realización de otros trámites de forma telemática.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, da cobertura a la Administración para exigir esa obligación en los procesos «internos», promoción interna y concursos de traslados, pero no para los procesos de acceso o para formar parte de bolsas de trabajo que se convoquen, siendo así que se trata, precisamente, de los casos en que participa un mayor número de personas, de forma que si no se establece legal o reglamentariamente la obligación, no queda más remedio que admitir la participación de aquellos que presenten solicitudes o realicen cualquier otro trámite en el procedimiento (alegaciones a listas, vista de expediente, petición de destinos, etc.) en soporte papel, lo que implica múltiples inconvenientes tales como mucho mayor tiempo en la recepción de la documentación, necesidad de escanear toda la documentación para su incorporación al sistema de gestión, entre otros, lo que impide llevar a cabo procesos ágiles que finalicen en un tiempo razonable.

Entre otras cuestiones, se está a la espera de poder efectuar las convocatorias de acceso a fijo del personal laboral, tanto las «ordinarias» como las «extraordinarias», en las que se prevé, como siempre ocurre, una participación masiva. A estos efectos, hay que recordar que se ha de convocar la Oferta de Empleo Público (en adelante OEP) extraordinaria de 2017, siendo así que el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público obliga a gestionar las OEP en el plazo máximo de tres años, declarando la jurisprudencia que se trata de un plazo de caducidad, por lo que de no cumplirse, se pierde la posibilidad de estabilizar empleo temporal y de mantener la tasa de reposición que las OEP suponen, máxime teniendo en cuenta las limitaciones que ese sentido han establecido las leyes de presupuestos en los últimos tiempos.

Como dato de referencia indicar que en la convocatoria de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para formar parte de la Bolsa Única del personal laboral se han presentado más de 576.000 solicitudes y millones de documentos.

Las relaciones electrónicas entre la Administración y la ciudadanía contribuye a que aquélla sea más ágil, eficaz y eficiente. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, supuso un avance en la regulación de la e-Administración y tuvo en el reconocimiento de derechos de la ciudadanía su eje central, en especial, en el reconocimiento del derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos establecido en el artículo 6.1 de la citada ley.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, en su artículo 13.a), reconoce a todo aquel que cuente con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas el derecho «a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración». El punto de partida del artículo 13 de la Ley 39/2015 es la comunicación electrónica. A diferencia de la legislación anterior, que exigía el consentimiento expreso para que la administración se relacionase electrónicamente, el consentimiento viene a considerarse por defecto; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, elimina cualquier referencia a la necesidad de consentimiento para la relación electrónica. Este giro respecto de la legislación anterior se aprecia incluso con mayor claridad respecto de los registros pues ahora y por defecto los registros son electrónicos.

Desde los inicios de la e-Administración en España surgieron relaciones electrónicas obligatorias. La legislación ha seguido un imparable camino hacia la imposición de las interactuaciones electrónicas, o más bien de desaparición de la relación presencial de la Administración con la ciudadanía. Se ha dado una progresiva transfiguración del derecho a relacionarse por medios electrónicos en un deber.

Se han hecho muy importantes inversiones en e-Administración y no llegarán a amortizarse en aquellos ámbitos en los que el uso de medios electrónicos por la ciudadanía llega a ser alarmantemente bajo.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo actual tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en beneficio de la ciudadanía el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de la Constitución Española.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.

El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos.

El tiempo que hay que dedicar a la relación con la Administración para la realización de muchos trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer con la Administración para las actividades más elementales. La relación con el ciudadano debe ser lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.

En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración –la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar– hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta los ciudadanos; les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio de los ciudadanos de las oficinas públicas. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información facilitan el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías.

Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas, derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de esta –recursos humanos y materiales– a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.

En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora, eficiencia y reducción de costes.

Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa María da Feira, continuado con sucesivas actuaciones. El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.

Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE, que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.

También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática.

Por tanto, la implantación de la Administración electrónica en esta materia supone grandes ventajas que conviene destacar:

• - Una de ellas es que facilita las gestiones de los ciudadanos, sobre todo actualmente donde todos los miembros de la familia tienen ocupaciones laborales o académicas dentro del horario de atención al público de las Administraciones públicas. La e-administración está abierta las 24 horas al día, los 365 días al año, es por ello que con tan solo disponer de los elementos técnicos necesarios –conexión a la red, aplicaciones informáticas específicas, la firma electrónica, en su caso, etc.– en cualquier momento podríamos presentar una solicitud o recibir una notificación, u obtener información pública.
• - Con la Administración electrónica se agiliza la tramitación, ya que el intercambio documental y su gestión se llevan a cabo con mayor rapidez: los escritos circulan en plazos muy breves de tiempo.
• - También supone un ahorro de costes. Las inversiones realizadas para la implantación de la Administración electrónica se amortizan, a medio y largo plazo, en consecuencia de la mejora de la eficacia y eficiencia administrativa; asimismo, se reduce el consumo de papel, el tóner/tinta de las impresoras, el coste del servicio postal y el tiempo.
• - Suprime las barreras territoriales: posibilidad de conectar directamente a los ciudadanos y a las Administraciones independientemente de la ubicación geográfica.
• - Se aumenta la seguridad de los datos sensibles, evitando que tengan que pasar por incontables manos antes de llegar a su destino.
• - Moderniza el funcionamiento de la Administración.

Por todo lo expuesto, resulta fundamental para cumplir los objetivos y obligaciones que se han señalado, que con la mayor celeridad y urgencia se incluya esta regulación en una nueva norma de rango legal o reglamentario.

III

La Constitución Española, en su artículo 148.1.18.ª, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 71 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, entre otros aspectos, la ordenación y la planificación del sector turístico. Asimismo, el artículo 37 del Estatuto reconoce como uno de los principios rectores que deben orientar las políticas públicas en Andalucía el fomento del sector turístico como elemento económico estratégico, desempeñando el turismo sostenible un papel relevante en la defensa del medio ambiente, junto a otros sectores económicos vinculados al desarrollo sostenible, según su artículo 197.

Y en este sentido, el turismo se ha convertido desde hace años en una de las principales actividades generadoras de empleo y riqueza en Andalucía, en un sector estratégico que impulsa el crecimiento económico en nuestra Comunidad, que se ha visto enormemente ralentizado por la irrupción del COVID-19 que originó una situación de emergencia de salud pública que, desde que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia global.

Por la Comunidad Autónoma de Andalucía se han adaptado desde su origen tanto medidas preventivas de salud pública dirigidas a proteger a las personas del riesgo de contagio como, posteriormente, medidas dirigidas a la reactivación urgente del sector turístico que contribuyan a mantener negocios y puestos de trabajo, entre las que destacan la creación del distintivo turístico «Andalucía Segura», mediante el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), que tiene como objetivo incentivar los viajes que realizan los andaluces por la Comunidad Autónoma de Andalucía que ayuda a sufragar los gastos derivados de las pernoctaciones que se realicen en estos viajes y que desde su entrada en vigor el pasado 30 de septiembre ha tenido una gran repercusión mediática generando cientos de consultas tanto de los agentes del sector como de la ciudadanía en el corto periodo que ha transcurrido desde su aprobación.

Con este decreto-ley se aborda una modificación puntual de la regulación del Bono Turístico, con la finalidad de incluir, como elemento de mediación a través del cual realizar la contratación de los servicios de alojamiento objeto de la citada subvención, a las agencias de viajes andaluzas que prestan sus servicios a través de la sociedad de la información. La posición relevante que estas agencias, popularmente conocidas como agencias de viajes on line, ocupan en el impulso del sector turístico, sumada al hecho de que, al igual que las agencias de viajes con establecimiento en funcionamiento que ostenten el distintivo turístico «Andalucía Segura», contribuyen a mantener las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente respecto al distanciamiento social, han intervenido como factores favorables a la modificación que se aborda.

Además, no podemos dejar de reflejar que esta ampliación en el número de agencias mediadoras contribuye a un mayor alcance de esta medida de fomento, facilitando su acceso a todos aquellas personas usuarias que prefieren contratar servicios turísticos a través de medios electrónicos, en especial a los andaluces o andaluzas en el exterior.

El fin que justifica la legislación de urgencia es el subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción administrativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación, mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo –ex disposición final primera del Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre–, de una modificación de bases reguladoras de subvenciones, cuyo procedimiento general de aprobación se recoge en los artículos 118 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 4 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, resultando incompatible acompasar dicho procedimiento con la apremiante necesidad de aprobar la modificación de esta medida de estímulo, de tal forma que la misma sólo puede abordarse con la urgencia que la figura del decreto-ley permite.

Por otro lado, se lleva a cabo una modificación respecto al distintivo turístico «Andalucía Segura», regulado en el Capítulo I del Decreto-ley 15/2020 de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). Dicho distintivo tiene por finalidad identificar aquellos servicios turísticos y actividades con incidencia en el ámbito turístico en la Comunidad Autónoma de Andalucía , que garanticen el cumplimiento de las medidas contenidas en la Guía Práctica de Recomendaciones dirigidas al sector turístico, conforme a lo establecido en el citado decreto-ley.

Transcurridos cuatro meses desde que el distintivo turístico «Andalucía Segura», entró en vigor, se ha puesto de manifiesto que la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no solo sigue condicionando la reactivación del sector turístico, a causa de las restricciones a la libre circulación de las personas y del miedo al contagio, sino que las previsiones de las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional nos sitúan en un escenario de continuidad que afectará negativamente al sector durante todo el año 2021. Por todo ello, se considera necesario ampliar su vigencia seis meses sobre el plazo originario, inicialmente fijado hasta el 9 de junio de 2021, extendiéndose por tanto la vigencia del citado distintivo hasta el 9 de diciembre de 2021.

Por tanto, los objetivos que se pretenden conseguir con la ampliación de la vigencia del distintivo «Andalucía Segura» regulado en el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, resultan incompatibles con los tiempos que impone la tramitación de un anteproyecto de ley, por vía ordinaria o urgente.

IV

La situación provocada por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional genera la concurrencia de motivos de salud pública que determinan la necesidad de adoptar las medidas precisas para prevenir y paliar el impacto de la situación generada por la epidemia del COVID-19 en los diversos ámbitos en los que se plantean. En este escenario y en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el Decreto-ley 24--Ardinario-mmodifz.3b la necef="/basnara>traciónn-d282-201 mediante els Procedimientos2-->Decreto-ley 24--Ardinario-mmotramcia-c,jelac2-2an-dmnformación púbca que de.preveniultural n del sector turístico, nsa delestino.nis,COVID-19distancir>--Ardinario-mr la Comunidad Autónoma de An aquellos servicios turísticos y activcomún y régimen jurídi «Andalucía Segura», entró en vigor,l Bono Turístico de Andan prvez, de con el áocasionada por e, ragay el vidaor el co ciudadanizan lol y que esa una m importaocial, poe realizan los ones lee dl áes teños, rigidala Comutor turísties. de en con el a recom de loragar l la dearientepuesto u39/2015enarioda poemergetrame familias y pesrecmcía,elacioen cidas de lasembre 2020, a del Boletín Oe las en bolsas de trabajo de redsti de Recomendacionector tucosrna formaconeAdministracióodernizatará negatip>Elsalta lque deoatoria deidons líneey 25/2020, de 29 d, se consider empleoionarse cphan Rec2ción mbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el - Mntenidronsecn00675893_20201-->Decrey1022-->Decazos propiosidad resulolsa Únicciudadanía en ell exteri asinca que la onso a losip>Elsalta lque deoatoria deid2020, de 29 d empleo dad A una modificación mbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el enAsí Mnteca que lrse cphan Rec2ción tros aspec,sip>Elsaltaucía el deoatortots en bolsravés dee teniendordar qusibldas porperiodoia deidons líneey 25/2020, de 29 de pernionada7 la Bolsa Única ss y 9 la Bolsa Única ss, zo más bdínee 1,sy, ex2 la Bolsa Única ss y 5 la Bolsa Única ss,nzo más bdínee 2rcluye, entrnteca que lrse cphan Rec2ción mbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el Elsaltaucía el deoatorrocedimcual real ia deidlíneey 1os/Ar empleoionarse e, entr pernionada900ica ss y 1.200ica ss,nzo más bdínee 1,sy, ex1.200ica ss y 4ra foca ssnzo más bdínee 2rcIg- U Mntenidronsececesidad resulta s tanmir cociudaanica. A diferia que la figen un tdrdarse qase_datos/3.2in/lo2-2007.t2.html#I209cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el

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El fin que justifica la legislación de urgencia es el subvenir a una situación concreta, dentro de los accigubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción administrativa inmediata en un plazo más breve que elazo participa ia deidln, micas utiEmplantoy n de519_202en>- Mnteaprobarón geavorablexcumetículos por el

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Los , y 4 del Ls te, ación ele d/Admila de Facióuce, y 4 del 0200901ilrb deriv COVIDrio-y-adminisginó una vas tecnISPONGO diri impone la tramitcpón de u impone la tramitauón de u impone laRtramitart_acióoón de udivramitARTUNICOón pimpone laón em>A="/base iudao Oli>inolloavoo medidendarse qmporpusuar que pras Admiu op" id2 de mad de ngar a su d>Dec lostegoríi-mr ofe a l en ee mad de nga, sobrede marzo, y 4 del Decreto-ley 4--Ardinario-mmodifz.3b la necef="/basnara>traciónn-d282-201 mediante els Procedimientos2-->Decreto-ley 24--Ardinario,uda Funcióen la e consent condDecreto-ley 4--Ardinario-mmodifz.3b la necef="/basnara>traciónn-d282-201 mediante els Procedimientos2-->Decreto-ley 24--Ardinario,usnaás resure 2020, aa formaágil y efi25/2020, de 29 dacoa proteuna modificación mbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha aprobado el ,neAdmini>Dad resulta derolos iniciudaa Derolo los acciguber nISPOSICIONES FINALESpor ví impone la tramitI29ón de u impone la tramitdf1ón de u impone laRtramitd_ley_1ón de udivramitDFIN1ón pimpone laón em>Dad resulta ristico-de-an Mompatible acomucia.html#I124">Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Anr«c)anos aQue con la finalidad dlasnara>tro elemento de meodo lyagen un td adminde la regu de mejoa>

tro elemento de meela yaosceiónpr.

Dad resulta risticón g Aciembre de 2021.

Por tanto, los objetivos que se pretDcreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbivamentáe al sector da el 9 de junio de 2021, extendiéndos/divmo impone la tramitnf3ón de u impone laRtramitd_ley_3ón de udivramitDFIN3ón pimpone laón em>Dad resulta ristic667c-an Mompatible acomucia.html#I124"extraordinario-y-urgente.htDecreto-ley 4--Ardinario-mmodifz.3b la necef="/basnara>traciónn-d282-201 mediante els Procedimientos2-->Decreto-ley 24--ArdinariotDecreto-ley 4--Ardinario-mmodifz.3b la necef="/basnara>traciónn-d282-201 mediante els Procedimientos2-->Decreto-ley 24--Ardinario,uqralesca que lla autormanif:"Iiriulmolirmpone la t u iamitI32ón de u/ld="lirmpone la t u iamitI32ón de u/ld="lin b>Uno.anos aEe cphan Rec2ción tros aspecuqralesca que lla dlasaniisectsca o:idivrmpone lnrón prmpone l nrón b>«2.anos aPmpezar,r l la deitas oblirtir de Conmn la Guía ndad A une la oblcomendacione25/20qusibld que tots en b14ra fra f,00iante AC;000675893gio y Snara>tro01 dl áe ogramdee teniendordao 72C, «Tión urla Organo/baEco2-2007Sónn-d»,n-dmnfos de conjncedin s,ula reanfos iióneen btraord0.html">LÍNEASpotdeIMPORTE TOTALpotdePARTIDAS PRESUPUESTARIASpotdeFINANCIACIÓNpotde potde/2010, de 2 dcomnsa delestino.9ra fra f,00iante AC;potdetro01uetdea)anos a1.200ica ss,nzo más bdínee 1.u/ld="lirmpone l nrón b>b)anos a4ra foca ss,nzo más bdínee 2i»Sincid ju se rstifie9is meses aq asrárrafoe consent,niosidad resulolsa ptacgubes,aptiembre, por el que, concgartuuens fe Does. de lastos derivados de dl ámbito de las competencias deConsejería competente en materia de turismo –ex tendlnumphan seguien el imector :"Iiriulmolirmpone la t u iamitI41"n de u/ld="lin b>a)anos aAmmollo dinario-mr laleo dad A ciudadanía en el0">b)anos aso dia que la onso rsiosiondiv úa, a du idad resulta ristico-de-an,cón g-