Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)

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Sumario

D.-Ley 15/2020, 9 junio rectificado por corrección de errores (B.O.J.A.» 10 junio).LE0000667639_20200609

D.-Ley 15/2020, 9 junio rectificado por corrección de errores («B.O.J.A.» 14 julio).LE0000670734_20200609

Véase la Res. 6 julio 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del D.-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) («B.O.J.A.» 16 julio).LE0000670858_20200717

I

Desde que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, elevara a pandemia internacional la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, se han adoptado tanto a nivel nacional como autonómico medidas urgentes de respuesta que se añaden a las actuaciones realizadas en el ámbito comunitario e internacional.

Por la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha 13 de marzo, se adoptaron una serie de medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19, medidas que fueron complementadas por otras adoptadas con fecha 14 de marzo, todas ellas dirigidas a proteger a las personas del riesgo de contagio, atender a las que son especialmente vulnerables, y garantizar la prestación de servicios sanitarios y sociales esenciales.

En esa misma fecha, el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ratifica todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus.

Desde esa fecha, se han venido aprobando de forma urgente y extraordinaria medidas en todos los ámbitos dirigidas a paliar el impacto de la paralización provocada como consecuencia del referido estado de alarma, cuya prórroga, acordada por sucesivos reales decretos, ha dilatado en el tiempo la situación de parálisis que afecta a los diferentes sectores económicos y productivos, produciendo un gran impacto perjudicial en la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha iniciado el proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con fecha 28 de abril de 2020, el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad. Este proceso, articulado en cuatro fases, fase 0 a fase III, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. El Plan establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en función de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podrán transitar los diferentes territorios en función de diversos parámetros, criterios e indicadores en él contemplados, hasta llegar a la fase III, tras la cual se pondrá fin a las medidas de contención, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotección de la ciudadanía

El objetivo fundamental que se establece en el citado Plan es conseguir que, manteniendo como referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar.

Mediante la última prórroga aprobada por Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, se establece que la duración del citado estado de alarma se extenderá hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.

Durante la vigencia de esta nueva prórroga se pretende culminar esta progresiva desescalada, partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, por lo que se trataría de la última prórroga del estado de alarma. Se refuerza asimismo la cooperación con las comunidades autónomas, que no solo disponen de capacidad para modular la aplicación de las medidas en su territorio, sino que además pueden pasar a ser durante la vigencia de esta prórroga autoridades competentes delegadas para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus competencias.

Así, en el artículo 5 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, se mantiene la previsión de que la superación de todas las fases previstas en el citado Plan determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales, a fin de mantener las medidas limitativas y de contención únicamente en las unidades territoriales en que resulten indispensables.

Por otra parte, en su artículo 6 establece que, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones derivadas del estado de alarma, además del Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, será quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma. Este ultimo será la autoridad competente delegada, con carácter exclusivo, para la adopción, supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada.

En este momento, Andalucía se encuentra en todas sus provincias en fase III.

La evolución dinámica de la crisis ha determinado que se deba acompasar la adopción progresiva de medidas que se ajusten a las exigencias de cada momento, valorando además en la adopción de algunas de ellas que esta situación de crisis sanitaria y de alerta se prolongue o se reitere en el tiempo debiendo remover los obstáculos que impidan o dificulten la reactivación de la economía. Deben en consecuencia efectuarse los ajustes normativos necesarios para la adaptación a las distintas fases previstas en el citado plan, en un escenario de continua modificación normativa que requiere de cambios urgentes que no pueden abordarse por las vías de tramitación ordinarias por las que devendrían en ineficaces. Así mismo, deben adoptarse nuevas medidas de flexibilización en el ámbito educativo, y de apoyo a sectores que favorezcan la reactivación de su actividad por ser de las actividades en las que las medidas de restricción en la prestación y acceso a las mismas han permanecido más tiempo.

II

La situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19 y su expansión mundial carece de precedentes. La situación generada ha supuesto la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades nacionales y autonómicas. Estas medidas, junto con las adoptadas por otros países, están teniendo un impacto económico sobre la gran mayoría de empresas y sectores de la economía española, así como el consecuente impacto sobre las sociedad en general.

En este contexto el sector del turismo es uno de los que se verán más golpeados por la crisis del coronavirus, en especial, por lo que respecta al desplome del turismo internacional.

Una actividad, el turismo, considerada estratégica en Andalucía, que en 2019 atrajo a 32,5 millones de turistas y generó ingresos por valor de 22.640 millones de euros anuales en la economía andaluza, equivalente al 13% del Producto Interior Bruto regional, dando empleo a 424.500 ocupados, más del 13% del total.

El estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas han afectado, entre otras cuestiones, a la libertad de circulación de las personas. Adicionalmente mediante la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La parálisis sufrida por la actividad turística desde finales de marzo ha provocado en Andalucía una pérdida trimestral de 8 millones de turístas (-25%) y de 5.000 millones de euros en ingresos (-25%), poniendo 55.000 puestos de trabajo en riesgo.

Teniendo en cuenta la situación, las previsiones para el cierre del año 2020 son de 13,5 millones de turistas recibidos, lo que supone una pérdida de 19 millones de turistas, un 59% menos con respecto a 2019. Los ingresos por turismo se situarían en 9.000 millones de euros, un 60% menos que en 2019. Los empleos en riesgo ascenderían a 141.000, pudiendo perderse más de la mitad de los puestos de trabajo generados en el sector durante 2019.

La recuperación no va a ser rápida; las expectativas apuntan que se puede perder más de la mitad de los turistas recibidos y de los ingresos generados en el conjunto del año (una cuarta parte ya se ha perdido en los meses sin actividad), y esto llevaría a reducir la aportación del turismo al PIB andaluz en hasta siete puntos (bajando del 13% actual al 6%). El ajuste va a ser considerable, ya que la oferta en Andalucía es de 72.114 empresas con actividad relacionada con el turismo en la región (el 15% del total), estando preparada para recibir más de 32 millones de turistas, sin embargo, en el contexto actual, se estima que se pueden recibir 13,5 millones de turistas en el año.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida competencia exclusiva en materia de turismo en virtud del artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que incluye su regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos turísticos.

El artículo 56.5 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, prevé que la Consejería competente en materia de Turismo podrá crear y otorgar distintivos, en reconocimiento y estímulo a las actuaciones desarrolladas en favor del turismo, mediante la correspondiente regulación que objetive los criterios y procedimientos.

La necesidad urgente de reactivación del turismo hace imprescindible articular estrategias y mecanismos de impulso de una actividad que es estratégica y tractor de la economía andaluza.

Para volver a crecer y reposicionar el destino turístico Andalucía, debemos repensar el sector desde nuevas perspectivas que pasan necesariamente por la gestión de riesgos, la sostenibilidad, y especialmente por la seguridad. Esta es clave para mejorar la salud de nuestro turismo. Si queremos devolver la confianza a nuestros consumidores turísticos, hemos de empezar por trasladarla a personas empresarias y profesionales. Al sector en su conjunto, desde el lado de la oferta y también de la demanda, porque la reactivación necesaria en este momento requiere multiplicar esfuerzos en ambas direcciones.

Andalucía lidera rankings nacionales reconocidos en materia de calidad turística tal es el caso de los distintivos nacionales SICTED o Q, entre otros. Son herramientas al servicio del sector turístico que han posibilitado a empresas y destinos mantener su posicionamiento competitivo durante años. La situación del mercado turístico actual, nos mueve a integrar junto a la calidad, la seguridad como elemento imprescindible en una ecuación que implica tanto la producción como el consumo turístico.

A tal efecto, la Junta de Andalucía ha publicado la «Guía Práctica de Recomendaciones dirigidas al sector turístico», que recoge toda una serie de recomendaciones y medidas higiénico-sanitarias dirigidas a una prestación segura del servicio turístico. Dicha Guía establece como primera referencia recomendada las guías nacionales denominadas «Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2», coordinadas por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

Su objetivo es establecer recomendaciones y medidas higiénico-sanitarias que sirvan de marco de referencia en actuaciones de prevención y protección de la salud, y favorecer la implementación de las mejores prácticas en las empresas, a partir de la identificación de riesgos y la evaluación de situaciones de conflicto.

La Guía no es un documento cerrado sino dinámico, abierto a modificaciones y nuevas incorporaciones o recomendaciones por orden de las autoridades sanitarias.

Por otro lado, aunque las playas no pueden considerarse un servicio turístico, lo cierto es que los municipios del litoral andaluz constituyen un destino turístico de primer orden que deben cumplir de igual modo todas las recomendaciones que en materia higiénico sanitarias se establecen para el sector turístico y aquellas que de manera específica se han establecido en relación con accesos, aforos, servicios complementarios, playas o zonas de baño.

Siendo acuciante la necesidad de reactivar el sector turístico en Andalucía e incompatible con los plazos que consume la tramitación de un procedimiento ordinario de elaboración de una disposición de carácter general, se considera necesario que mediante decreto-ley se proceda a la creación del distintivo turístico «Andalucía Segura» y se regulen los criterios y el procedimiento para su obtención así como la verificación posterior del cumplimiento de las Recomendaciones y medidas establecidas en las Guías citadas supra, regulación que se efectúa en el Capítulo I de este decreto-ley.

Por otro lado, es en este contexto de crisis sin precedentes en el que la Administración Pública andaluza debe contextualizar la normativa turística e impulsar, simultáneamente, la recuperación de la población turística y una acción concertada de fomento en aquellos municipios que padecen un sustancial incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales debido al turismo y que, más que nunca deben prestarse anhelando las mayores cotas de calidad y de seguridad.

Esta apuesta por la figura del Municipio Turístico redobla ahora su sentido, y exige una modificación puntual urgente de los requisitos que definen la figura, con la finalidad de flexibilizar la acreditación del cumplimiento del requisito relativo a la población turística asistida, exigido tanto para obtener la declaración de Municipio Turístico de Andalucía como para, en su caso, mantenerla, de forma que se contemple de manera inmediata el impacto que esta crisis va a tener tanto en las visitas turísticas que reciba el municipio como en el volumen de pernoctaciones registradas en los establecimientos de alojamiento turístico del mismo.

Por ello, es necesario modificar mediante las disposiciones finales segunda y quinta respectivamente, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, y el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía. La modificación de la citada Ley va a permitir, por un lado, que el plazo para la revisión del mantenimiento de los requisitos que motivaron el otorgamiento de la declaración pase de cuatro a cinco años, lo que reduce las cargas administrativas que deben soportar los ayuntamientos y aleja dicha revisión del año actualmente en curso, mientras que, por otro lado, en estos momentos de incertidumbre, se contempla la posibilidad de otras formas de colaboración interadministrativa que se pueden articular con los municipios que ostenten la declaración, más allá de los eventuales convenios que puedan llegar a suscribirse, de forma que los municipios de Andalucía sepan que pueden contar con el apoyo de la Administración de la Junta de Andalucía. Un apoyo que puede revestir diversas formas, como por ejemplo el otorgamiento de mayor puntuación a los Municipios Turísticos declarados en los criterios de valoración de las bases reguladoras de las subvenciones competencia de las distintas Consejerías, o mediante la participación en eventuales procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, entre otros.

Por su parte, la modificación que se acomete del Decreto 72/2017, de 13 de junio, tiene como finalidad la de flexibilizar la acreditación del cumplimiento del requisito relativo a la población turística asistida, exigido tanto para obtener la declaración de Municipio Turístico de Andalucía como para, en su caso, mantenerla, de forma que se contemple de manera inmediata el impacto que esta crisis va a tener tanto en las visitas turísticas que reciba el municipio como en el volumen de pernoctaciones registradas en los establecimientos de alojamiento turístico del mismo. En su virtud, y siguiendo un criterio de prudencia por si los efectos de esta crisis se prolongan en el tiempo, se fija, en relación con la solicitud de declaración, un periodo de referencia de los cuatro años naturales inmediatamente anteriores al año de presentación de la misma, de forma que los municipios puedan escoger el año que mejor les permita acreditar el cumplimiento del requisito de visitas o pernoctaciones anuales. Con relación a la revisión del mantenimiento de los citados requisitos, en coherencia con la modificación llevada a cabo en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, se introduce en el Decreto 72/2017, de 13 de junio, la ampliación del plazo de acreditación del cumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la declaración del Municipio Turístico, de cuatro a cinco años.

Por otra parte, se establece, a efectos de acreditar dicho cumplimiento, que el municipio deberá seleccionar alguno de los dos años naturales inmediatamente anteriores al año en el que deba presentar la citada acreditación. Con ello, se pretende lograr que el municipio muestre una especial diligencia en el mantenimiento de los estándares que le permitieron obtener la declaración, especialmente durante esos dos años inmediatamente anteriores a solicitar su renovación, pero a su vez se les otorga una gran flexibilidad, permitiéndoles escoger el año que mejor se adapte a sus circunstancias por si han acaecido situaciones imprevistas que hayan tenido como consecuencia el incumplimiento puntual de alguno de los requisitos durante un año.

Esta modificación normativa es urgente, pues no llevarla a cabo de una forma inmediata mediante un decreto-ley provocaría consecuencias indeseables, entre las que podrían citarse, que no se presentaran nuevas solicitudes hasta el año 2022 –para evitar tener que tomar como referencia los datos de 2020–, o que no se ofrezca desde esta Administración la máxima certidumbre y seguridad jurídica a los Ayuntamientos, de forma que puedan ir preparando toda la documentación necesaria que acompaña a la solicitud o a la revisión, ya que debe tenerse en cuenta que determinados documentos requieren tiempo para su elaboración y aprobación por parte de los Ayuntamientos, como por ejemplo el Plan Municipal de Calidad Turística.

En definitiva, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, se persigue que los municipios puedan evitar tomar como año de referencia para el cumplimiento de los requisitos este 2020, incluso el año 2021, así como evitar la incoación de procedimientos de revocación si los años de referencia van a ser precisamente los años centrales de la crisis.

III

La situación extraordinaria generada por la evolución del COVID-19 ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública en el ámbito de la educación. En este sentido debe citarse el Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Para evitar que la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, incluyendo la suspensión de la actividad docente presencial, provoque mayores perjuicios tanto en los intereses y derechos de las entidades andaluzas beneficiarias de las subvenciones, como en las personas beneficiarias de las becas, otorgadas en el curso académico 2019/20 en el ámbito de la Consejería con competencias en educación, es necesario implementar distintas medidas en el ámbito de las subvenciones, de las becas, de cuestiones referentes a la adjudicación de plazas escolares de formación profesional en oferta parcial diferenciada para alumnado que accede a través de prueba o curso y en materia de donaciones, medidas todas ellas que se contienen en el Capítulo II de este decreto-ley.

Asimismo, la referida situación de emergencia sanitaria y las medidas establecidas de suspensión de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, han ocasionado una serie de perjuicios y retrasos en los procedimientos de selección (oposiciones) para acceso e ingreso al Cuerpo 593 (Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas). De tal manera que dichos procedimientos selectivos no podrá resolverse antes del inicio del curso escolar 2020/21, por lo que se hace necesario cubrir todas las vacantes a través del procedimiento de provisión de puestos con carácter provisional. Por ello se hace necesario la inclusión a través de la disposición adicional primera de una previsión relativa al carácter de ocupación de puestos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas por personal funcionario de carrera de otros cuerpos docentes que acceda al mismo de forma provisional, para que estén perfectamente determinadas las relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario docente para el adecuado comienzo del curso escolar 2020/21 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fecha 1 de septiembre de 2020.

Por otro lado se ha incluido una disposición final cuarta en la que se recoge una modificación de los requisitos establecidos para impartir ciclos formativos de formación profesional básica en los centros docentes privados, con objeto de facilitar su implantación en estos centros y reforzar de este modo la oferta educativa dirigida al alumnado que mayores dificultades presenta para su permanencia o reincorporación al sistema educativo, toda vez que es es precisamente este alumnado el que ha sufrido de manera más directa las consecuencias negativas de la suspensión de la actividad lectiva presencial decretada con ocasión de la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, y que permita su escolarización en estos centros en el curso 2020/2021.

Medidas todas ellas que requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el establecido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su articulo 54, que recoge medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas, establece que en los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores. A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.

El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, garantizándose en el artículo 10.3.2.º el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social, y según lo dispuesto en el artículo 21.1 garantizarse, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio, proclamando a su vez el apartado 3 de este mismo artículo el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. A tal fin se establecerán los correspondientes criterios de admisión, al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación.

A su vez el artículo 45 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.

Finalmente el artículo 47.1.1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma, respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la Constitución, que faculta al Estado para fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece un modelo de educación que concede una especial importancia a la participación. En el preámbulo de la citada ley indica la necesidad de que todos los componentes de la Comunidad Educativa colaboren para conseguir la calidad y equidad en la educación.

El Parlamento de Andalucía mediante resolución aprobada en la sesión celebrada los días 25 y 26 de junio de 2003, instó al Consejo de Gobierno a elaborar un Plan Integral contra el Absentismo Escolar, órgano que mediante Acuerdo de 25 de noviembre de 2003 aprueba el Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, de vigencia indefinida, prorrogable automáticamente por cursos escolares, en el que se contempla la suscripción de convenios de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro para su desarrollo.

Por otro lado la Consejería competente en materia de educación promociona específicamente programas destinados a atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, programar acciones que potencien la equidad en la escuela, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo, fomentar la participación de los agentes sociales en la educación especialmente a través de los consejos escolares, apoyar a las organizaciones representativas del alumnado y de las madres, los padres y los familiares del alumnado, así como gestionar ayudas económicas del voluntariado y a proyectos de coeducación de las AMPA.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se publica la Orden de 15 de abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía.

En la situación actual, la suspensión decretada de la actividad educativa presencial en todos los centros docentes, en cualquiera de las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas por otros centros públicos o privados, durante el estado de alarma y consecuentemente del cierre de éstos, y con el objetivo de establecer los instrumentos que aseguren la compensación de las desigualdades en la educación, de forma que se dé cumplimiento efectivo del derecho a la educación consagrado en el artículo 27 de la Constitución Española se hace necesaria la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía de forma inmediata, tomando medidas que permitan adaptar determinadas actuaciones en materia de subvenciones para adecuarlas a la situación excepcional creada por el brote del COVID-19.

En este contexto se estima oportuno flexibilizar las obligaciones y condiciones específicas de aquéllas entidades sin ánimo de lucro, las asociaciones o confederaciones de las mismas, en definitiva, de aquellas personas beneficiarias que operen en el ámbito educativo. Para ello, deben garantizarse las condiciones de flexibilidad en las subvenciones a todas las entidades, con objeto de asegurar que éstas puedan seguir percibiendo las ayudas aprobadas por la Consejería de Educación y Deporte para el curso 2019/20, sin que la suspensión de la actividad que se ha decretado, pueda ser considerada como causa legal de incumplimiento del concepto subvencionable ni de las obligaciones o condiciones específicas de dichas subvenciones. Así, se prevé que las convocatorias y subvenciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se podrán modificar para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

Por tanto, con el objetivo de evitar que la situación creada por el COVID-19 provoque mayores perjuicios en los intereses y derechos de las entidades andaluzas beneficiarias de las subvenciones convocadas al amparo de las siguientes disposiciones:

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para el curso 2019/20.

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2019/20 y se realiza la distribución territorial de los créditos correspondientes.

Se adoptan un conjunto de medidas a aplicar en el procedimiento de tramitación de las mismas, relativas al cumplimiento y acreditación de aquellos requisitos y condiciones previstos en las bases reguladoras y en la convocatoria, incluida la posibilidad de suspender o prorrogar los plazos establecidos para la realización de la actividad, de flexibilizar los plazos de justificación y de incorporar nuevos gastos subvencionables a los establecidos en las bases reguladoras.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, recoge un conjunto de actuaciones que permite que el sistema educativo contribuya a compensar desigualdades y facilite el acceso al mismo al conjunto de la sociedad andaluza en condiciones de igualdad.

El artículo 122 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, dispone que para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, el alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrá derecho a obtener becas y ayudas al estudio.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, establece un conjunto de medidas tendentes a facilitar la vida familiar, así como la integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad. Se trata de un conjunto de medidas que afectan a ámbitos muy diversos de la sociedad, a saber, empleo, educación, vivienda, servicios sociales, innovación y salud y que, en último término, pretenden apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral.

El Decreto 59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 7/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, incluye un conjunto de actuaciones que inciden, de manera exclusiva, en el ámbito educativo. Entre dichas actuaciones se recoge la implantación de la Beca 6000, dirigida a apoyar al alumnado perteneciente a familias con rentas modestas que termina la enseñanza obligatoria, con objeto de que pueda continuar sus estudios de bachillerato o de formación profesional, compensando la ausencia de ingresos como consecuencia de la dedicación de la persona solicitante al estudio.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se publican las bases reguladoras de distintas becas andaluzas:

Mediante la Orden de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, se establecen las Bases Reguladoras de la Beca 6000, dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012.

Mediante la Orden de la Consejería de Educación de 25 de julio de 2011 se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad (BASO), dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 2011-2012. La citada orden fue modificada mediante Orden de 31 de julio de 2012.

Mediante la Orden de 29 de enero de 2014, se establecen las bases reguladoras de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 2013-2014.

La Resolución de 24 de abril de 2020 de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, viene a adoptar medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial dado el estado de alarma decretado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dicha resolución establece un conjunto de medidas para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), que por exigencias curriculares, deba llevarse a cabo durante el curso escolar 2019/20, estableciendo, en su apartado séptimo, que el alumnado que voluntariamente quiera realizar el módulo de FCT en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo, podrá solicitar al centro educativo la modificación de su matrícula excluyendo el módulo de FCT y de Proyecto, en su caso, y matricularse en el próximo curso para realizarlo en el primer y segundo trimestre. De este modo, podrán optar por realizar el módulo de Proyecto en el período ordinario o en el momento de realizar el módulo de FCT, aunque se evaluará una vez cursado el módulo de FCT, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el curso escolar 2019/20 se puede dar la circunstancia de que parte del alumnado, a consecuencia de la declaración del estado de alarma y a pesar de los mecanismos utilizados por la administración educativa y por parte de los centros docentes para solventar estas circunstancias, no pueda cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en las bases reguladoras de las distintas becas andaluzas.

La suspensión de las actividades docentes y lectivas presenciales puede, en algunos casos, dificultar el destino de las becas concedidas en el curso 2019/20 para el fin para el que fueron concedidas de acuerdo con lo dispuesto en las respectivas convocatorias, al no ser posible la asistencia a clase y la realización, el desarrollo y/o evaluación de determinados módulos, materias o actividades que necesariamente deben llevarse a cabo de modo presencial.

Es por esto por lo que se pretende dar respuesta al alumnado solicitante de las becas andaluzas en cuanto a la imposibilidad de llevar a cabo los requisitos y obligaciones y a posibilitar el pago de los importes correspondientes.

En lo referido a la gestión de las donaciones, ante el interés de empresas en la donación de dispositivos electrónicos, tales como tablets, ordenadores o tarjetas SIM y facilitar el material adecuado para continuar con las actividades lectivas no presenciales en los entornos mas desfavorecidos, es necesario establecer un sistema alternativo al procedimiento habitual, que evite la tramitación previa de la resolución de aceptación de la donación. Con este objetivo, se establece un sistema más ágil para este tipo de donaciones.

Actualmente, las adquisiciones a título lucrativo se encuentran reguladas en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concretamente, en su artículo 80 se dispone que las adquisiciones a título lucrativo de bienes inmuebles o derechos en favor de la Comunidad Autónoma, o de cualquiera de las Entidades Públicas dependientes de ella, deberán ser previamente aceptadas por Decreto del Consejo de Gobierno, y que en caso de adquisiciones a título lucrativo de bienes muebles, serán competentes para aceptarlas las Consejerías o Entidades Públicas a las que vayan a quedar adscritos los mismos, si su valor no excede de 3.000.000 de euros. Si supera dicha cantidad será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno.

En virtud de lo expuesto, es el Consejero de Educación y Deporte quien tiene que aceptar la donación para que pase a formar parte de los bienes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y al tratarse de una decisión del Consejero adopta la forma de Orden.

Ni la citada Ley 4/1986, de 5 de mayo, ni el Reglamento que la desarrolla establecen un procedimiento administrativo para la aceptación, tampoco las distintas Instrucciones dictadas por la Dirección General de Patrimonio abordan esta cuestión relativa a bienes muebles; por lo que, teniendo en cuenta la situación de emergencia en el procedimiento debe ser lo más simple posible y contener solo los trámites esenciales.

Con motivo del aplazamiento en la celebración de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior para el curso 2019/20 a raíz de la situación excepcional de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con objeto de garantizar el acceso a las enseñanzas de formación profesional a aquellas personas que superen dichas pruebas, se flexibiliza el procedimiento de admisión en ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional en oferta parcial diferenciada.

IV

El artículo 44.1 de la Constitución española establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 33 que todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. Añade el artículo 68.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la creación y las producciones teatrales, musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes combinadas llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección internacional de la cultura andaluza. Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Por último, el artículo 45.1 del citado Estatuto establece que en las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos otorgará subvenciones con cargo a fondos propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión.

El sector cultural, que está viendo como sus productos son de los más demandados en la excepcional situación actual derivada de la declaración del estado de alarma que la sociedad española está viviendo, es al mismo tiempo, uno de los más gravemente perjudicados por tal circunstancia. La fragilidad de este sector y las características de las empresas que lo componen (en su mayoría, pequeñas y medianas empresas) hacen necesaria una respuesta rápida y contundente por parte de los poderes públicos, partiendo siempre de las especificidades de dicho sector.

Esta respuesta deviene especialmente oportuna considerando que el sector cultural tendrá que empezar de cero en muchos aspectos de su actividad y que muchos modelos de industrias culturales en funcionamiento se verán obligados a adaptarse a cambios muy significativos si quieren consolidar su permanencia entre los sectores productivos de la economía andaluza. A todo ello, hemos de añadir que la industria cultural tiene, en su ciclo productivo, unas peculiaridades que le son consustanciales y se proyectan en todas sus fases, la intermitencia y la temporalidad, de ahí que la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 está provocando una serie de consecuencias especialmente perniciosas en el empleo generado por tal sector de la economía andaluza.

En este punto y en relación con la situación hasta ahora expuesta, hay que señalar que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dispone de una importantísima herramienta para apoyar a la pequeñas y medianas empresas culturales que ejerzan su actividad en Andalucía, en concreto la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernidad e internacionalización, la cual viene gestionando desde 2018.

Dichas bases reguladoras cuentan con dos líneas de subvenciones. La primera de ellas tiene como objetivo procurar la incorporación definitiva de las pequeñas y medianas empresas culturales al ámbito digital a través de una utilización intensiva y eficiente de las nuevas tecnologías; y la segunda tiene como finalidad promocionar su internacionalización, mediante la participación de éstas en congresos, ferias y otros eventos similares que tengan dicho carácter internacional.

Así, partiendo de la coyuntura tan adversa que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria han generado en el sector cultural, cobra aún más importancia si cabe, el hecho de que la Administración pública andaluza haga un uso lo más eficaz y eficiente posible de esta crucial herramienta de fomento de la que dispone. Para ello se precisa, de un lado, proceder a la modificación de las bases reguladoras de dichas subvenciones para el presente ejercicio; y por otro, respecto de las ya concedidas conforme a la convocatoria de 2018, adoptar una serie de medidas flexibilizadoras que permitan a las personas beneficiarias un desarrollo y ejecución de la actividad subvencionada lo más compatible y acompasado posible a la tan adversa situación actual.

El decreto-ley se configura así como el instrumento normativo idóneo del que se puede hacer uso para implementar con la mayor urgencia posible las medidas de modificación y de flexibilización que resultan necesarias adoptar, y ello tanto desde un punto de vista formal como, y lo que aún es más importante, desde un punto de vista material.

En el plano procedimental hay que significar que la implementación de tales medidas a través de la figura del decreto-ley trae su causa en la imposibilidad, por su ineficacia, de acudir a la aprobación de estas modificaciones por el procedimiento ordinario de elaboración de disposiciones de carácter general, el cual se completaría en un plazo no inferior a los cuatro meses desde su inicio. Si a dicho plazo añadimos, en la tramitación de las modificaciones de las bases reguladoras para su convocatoria en 2020, el plazo que requiere la concesión de nuevas subvenciones ya adaptadas a las modificaciones que se aprueban (presentación de solicitudes, instrucción y resolución), acudir a una tramitación ordinaria de las mismas impediría su adecuada ejecución en el ejercicio 2020, por lo que no sería una herramienta útil para atender de la manera más inmediata posible las deficiencias de las bases reguladoras que, con las modificaciones que se aprueban tratan de atajarse, considerado el contexto de crisis sanitaria en el que nos encontramos y la grave coyuntura económica que, las consecuencias de tal crisis, están provocando en las pymes del sector cultural.

Por su parte, desde un punto de vista material, en consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y las medidas concretas adoptadas, tanto modificativas como flexibilizadoras, que se aprueban por el presente decreto-ley, cuyo principal objetivo no es otro que el de evitar, en el mayor grado posible, el menoscabo de un sector económico tan importante para Andalucía como es el de sus microempresas, pequeñas y medianas empresas, en general, y de las de carácter cultural, en particular, aspecto éste que les ha hecho aún más vulnerables, si cabe, en esta situación de pandemia producida por el COVID-19. Y ello en base a procurar, no solo evitar su destrucción, sino la recuperación y consolidación del mayor número posible de pymes andaluzas de la industria cultural y creativa.

Conforme a lo expuesto, se aprueban mediante las previsiones recogidas en la disposición final sexta la modificación de las dos líneas de subvenciones previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, modernidad e internacionalización.

Con respecto a los requisitos que deben reunir las personas físicas o jurídicas que pueden solicitar la subvención de ambas lineas, se suprime el periodo de antigüedad de al menos 6 meses ininterrumpidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes, al estimarse que se trata de un requisito de difícil cumplimiento en la mayoría de los casos, dado que gran parte de las potenciales beneficiarias de estas subvenciones se han visto abocadas, al menos de forma temporal, a un cierre de sus instalaciones o a una suspensión de su actividad.

Se ajustan las cuantías máximas de la subvención, equiparándose el importe de las dos lineas a la cuantía de 50.000 euros.

Los conceptos subvencionables pasan a desarrollarse de forma más pormenorizada en la linea 1 y en el caso de la linea 2 se modifican, subvencionándose conceptos dirigidos a la promoción del crecimiento y la consolidación de las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas. Modificación esta última, que se considera imprescindible teniendo en cuenta lo complejo que resultaría la realización de las actividades subvencionadas por esta linea, dirigida a la internacionalización de las empresas, que incluye proyectos de asistencia y organización de eventos de ámbito internacional cuya ejecución ha resultado inviable en la situación generada de cierre de fronteras y que, a fecha actual, sigue vigente. Concretamente se introducen nuevos conceptos subvencionables tales como proyectos de consolidación y mejora de la producción, comercialización o gestión empresarial, proyectos de diseño (productos o servicios nuevos o mejora sustancial de los existentes), actuaciones de promoción y difusión, así como proyectos de colaboración que fomenten la cooperación y la generación de redes profesionales y alianzas incluyéndose, entre otros, los gastos de personal y de equipamiento necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado.

Otra importante modificación que se introduce en ambas líneas es la relativa al plazo de ejecución de los proyectos, según la cual serán subvencionables los gastos derivados de los mismos a partir del 1 de febrero de 2020.

Con respecto a los criterios de valoración de los proyectos presentados, se ha llevado a cabo una profunda modificación de los mismos en aras a conseguir una mayor operatividad, teniendo en cuenta la complicada situación actual.

Ejemplo de lo anterior es la supresión de criterios como el cronograma de actividades concretas, mediante el que se daba prevalencia a la pronta ejecución del proyecto o la del criterio relativo al número de puestos de trabajo generados o mantenidos en los doce meses anteriores al inicio del plazo de presentación de solicitudes, en el caso de la linea 1.

Con respecto a la linea 2 se suprimen los criterios que valoraban la experiencia de la entidad en proyectos similares anteriores, entendiéndose que en la situación actual, este podría ser un criterio discriminatorio de las empresas más pequeñas, que precisamente podrían ser a su vez las más necesitadas de apoyo en estos momentos.

Con estas modificaciones se ha intentando, en última instancia, simplificar el proceso de evaluación de los proyectos y conseguir así una mayor agilidad en la resolución del procedimiento de concesión, lo que ha de redundar en una mayor rapidez en el abono de la subvención a las personas que acaben resultando beneficiarias.

Especialmente complicada resulta la realización de las actividades subvencionadas por la línea 2, dirigida a la internacionalización de las empresas, que incluye proyectos de asistencia y organización de eventos de ámbito internacional, cuya ejecución ha resultado inviable por la vigente situación de cierre de fronteras entre países. Las restricciones a la libre circulación de personas entre territorios, nacionales o extranjeros, imposibilitan el desarrollo de los proyectos y actuaciones financiadas con garantías suficientes para la consecución de sus objetivos; por lo que eventuales reintegros de subvenciones concedidas en unas condiciones completamente ajenas a las que vivimos en la actualidad, podría suponer para tales beneficiarios, el punto final a su continuidad como sector empresarial de las pymes.

En cualquier caso, es importante señalar que, estando las subvenciones reguladas en la citada Orden de 15 de octubre de 2018, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional; todas estas modificaciones se producen dentro del nuevo marco europeo dictado con la finalidad de adoptar medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote del COVID-19, que se ha llevado a cabo a través del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 y del Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020.

Por último, se establece la previsión de que el pago de las subvenciones de ambas líneas pueda llevarse a cabo por el 100% de su importe, con independencia de su cuantía, en virtud de la previsión establecida en el artículo 29.1.c) de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020, ya que, en virtud de cuanto se ha expuesto, se considera que existen razones de interés público, especialmente de carácter económico, que justifican la adopción de esta medida.

Sin perjuicio de las modificaciones que mediante el presente decreto-ley se incorporan a la Orden de 15 de octubre de 2018 y que serán de aplicación exclusiva a la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2020, también se aprueban en el disposición transitoria segunda medidas flexibilizadoras aplicables a las ya concedidas al amparo de la citada Orden, en su convocatoria para el año 2018, en orden al aseguramiento del cumplimiento de los proyectos y actuaciones financiadas que se encuentran en fase de ejecución y justificación. Tales medidas afectan tanto al cumplimiento y acreditación de los requisitos y condiciones previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria como a la flexibilización para la adaptación de actuaciones y gastos a la situación actual de crisis sanitaria que estamos viviendo. Es necesario reseñar que la adopción de estas medidas se ha establecido con base en criterios puramente objetivos, con total interdicción de cualquier situación de agravio que pueda producirse entre los beneficiarios y con el máximo respeto al principio de legalidad.

En ese sentido, no podemos olvidar que la pandemia provocada por el virus del COVID-19, así como las medidas adoptadas para evitar su expansión, han propiciado la paralización de la actividad de las pymes forzando a muchas empresas culturales y creativas a tener que suspender actuaciones, paralizar actividades, cancelar proyectos, etc, por causas imprevistas y ajenas a su responsabilidad.

Así, algunas de las actuaciones que han sido subvencionadas en la convocatoria de 2018 no pueden ser acometidas en los términos y condiciones inicialmente aprobados. Se hace necesario por ello contemplar una reformulación, total o parcial de la actividad subvencionada, en tanto que la misma ha devenido de imposible ejecución en los términos acordados en la resolución de concesión.

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta las soluciones que ya han sido adoptadas y que requieren ser complementadas de manera urgente. Estas medidas que se adoptan ahora no pueden esperar a una tramitación ordinaria dado el efecto gravoso que provocaría en un sector económico tan importante para Andalucía como es el de sus microempresas, pequeñas y medianas empresas, en general, y de las de carácter cultural en particular, cuya situación ha devenido aún más vulnerable en esta situación de pandemia producida por el COVID-19.

V

En el ámbito urbanístico y como medida que contribuye a paliar el impacto sobre la economía producido por la crisis sanitaria originada por el brote de coronavirus (COVID-19), se procede a modificar el régimen del suelo no urbanizable contemplado en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de impulsar el desarrollo de usos, infraestructuras, servicios y equipamientos, que necesariamente deben discurrir por éste y actividades productivas vinculadas al medio rural que demanda la realidad actual, social y económica, como ha puesto de manifiesto la situación originada por el COVID-19.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, remitió al planeamiento urbanístico la regulación de los usos a implantar en el suelo no urbanizable, confiando el legislador en que la planificación territorial y urbanística se adaptaría a dicho texto legal en el plazo previsto para ello. La regulación del régimen del suelo no urbanizable en la legislación urbanística andaluza descansa sobre la necesidad de prever expresamente en el planeamiento territorial, general o plan especial las actuaciones que podrán desarrollarse en cada una de las categorías de suelo.

Previsión de difícil o imposible cumplimiento puesto que la planificación territorial vigente presenta la siguiente situación: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, no ha sido revisado en 14 años cuando gran parte de sus contenidos han quedado desfasados con la realidad actual. Además, la situación de los ámbitos de planificación subregional en Andalucía es la siguiente: de 37 ámbitos subregionales que contempla el POTA, se han aprobado 17; 6 se encuentran en tramitación; y 14 aún no han iniciado los trabajos correspondientes.

La situación del planeamiento urbanístico plantea el mismo problema: transcurridos 18 años desde la entrada en vigor de la citada ley, tan solo hay 181 municipios con planes generales adaptados totalmente a sus determinaciones; otros 374 municipios cuentan con planeamiento adaptado parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en los términos del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida. No obstante, las limitaciones derivadas de este decreto no permitieron llegar a integrar en el planeamiento general los usos admitidos en el suelo no urbanizable. Además, 496 municipios están tramitando su planeamiento general, de ellos, 160 se encuentran en la fase de Avance, 201 en aprobación inicial y 135 en aprobación provisional.

Y no todos los planes generales aprobados se han adaptado a los planes subrregionales ni al POTA. Nos encontramos pues, ante una planificación obsoleta que no se ajusta a las necesidades que demanda la realidad social y económica. Situación que requiere una urgente solución. Mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y actos del suelo en el suelo no urbanizable natural o rural y en el suelo no urbanizable de especial protección para que estos se puedan llevar a cabo, resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas. La única solución inmediata, respetuosa con la legislación básica estatal en la materia, aboca en prohibir sólo los usos y actos que así lo estén expresamente en el planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el régimen de protección. Solución derivada de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La propuesta contribuye al desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al brote de coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio rural.

El Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ponía el acento en la problemática descrita y modificaba la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, al objeto de permitir la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones sobre suelo no urbanizable con carácter urgente para acometer en estos momentos de emergencia sanitaria y por tanto de aislamiento de la población en sus hogares, las infraestructuras y redes necesarias para cubrir, en el menor tiempo posible, las necesidades de teletrabajo, teleformación y otros usos imprescindibles que solo pueden realizarse por medios electrónicos y telemáticos en esta situación.

No obstante en línea con todo lo anterior, y por los motivos expresados, es urgente ampliar la regulación a todos aquellos actos y usos del suelo que deban discurrir necesariamente por el suelo no urbanizable, y por ello, se modifica el artículo 50.B) y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, abordando la problemática desde una perspectiva mas amplia y ajustando el régimen del suelo no urbanizable al contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural establecido en el artículo 13 de texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

Teniendo en cuenta que la reforma operada por el Decreto 12/2020, de 11 de mayo, en relación exclusivamente con las infraestructuras de telecomunicaciones, queda incluida en el ámbito de la propuesta que se plantea, aplicable a todo tipo de actos y usos con carácter genérico, es decir, segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones en general, carece de fundamento mantener el tenor literal de la misma y procede la sustitución de su contenido.

Por todo ello y en ejercicio de los títulos competenciales que de manera exclusiva se atribuyen a la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo, conforme al artículo 148.1.3 de la Constitución y el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se modifican mediante la disposición final primera de este decreto-ley los artículos 50.B) y 52 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

VI

La disposición final decimoprimera del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), establece que el desarrollo de la metodología de cálculo que servirá de base al estudio acústico al que se refieren los artículos 11.2, 12.2, 25.1, 26, el apartado 1 de la disposición adicional tercera y el apartado 1 de la disposición adicional cuarta, del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, modificados por la disposición final séptima de este decreto-ley, deberá aprobarse por la Consejería con competencias en materia de contaminación acústica en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del citado decreto-ley.

No obstante lo anterior, razones de extraordinaria y urgente necesidad para atender la actual situación de crisis y la necesaria reactivación económica del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, hacen necesaria la aprobación inmediata de la citada metodología de cálculo mediante su inclusión en el presente decreto-ley a través de la modificación por su disposición final tercera del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero, y la incorporación al mismo de una nueva Instrucción Técnica, que recoge las directrices aplicables para la evaluación previa al inicio de la actividad del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento provistos de terrazas y veladores. Dichas directrices se establecen de acuerdo con los objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior regulados tanto en el artículo 16 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, como en el artículo 27 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

VII

En desarrollo de lo establecido en los artículos 83 y siguientes de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, así como por razones de interés general fundadas, entre otros aspectos, en la necesidad de adecuar la normativa existente a los nuevos enfoques determinados tras el escenario surgido con la citada Ley, ajustándose a las disposiciones estatales y autonómicas que han incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se procedió a la aprobación del Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, aprobado por Decreto 187/2018, de 2 de octubre.

En concreto, el artículo 83.3 y 4 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, determinaban los supuestos en los que servicios y centros de servicios sociales precisan de autorización administrativa, justificando el sometimiento a dicho régimen en función de las prestaciones que desarrollan, algunas ligadas a la salud pública, así como a razones imperiosas de interés general, como son la seguridad y la protección de las personas usuarias de los servicios y centros respecto de los cuales es exigible la autorización administrativa.

En la disposición final tercera del referido Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, se establece que su entrada en vigor se produciría a los seis meses de su publicación en el BOJA, es decir, el día 16 de abril de 2019. Asimismo, los requisitos exigidos en la disposiciones adicionales y transitorias del citado reglamento, establecen unos períodos de adaptación a la nueva normativa de los centros que no tuvieran, a la entrada en vigor del mismo, las correspondientes autorizaciones administrativas definitivas de funcionamiento y acreditación.

No obstante, ante la inminente entrada en vigor del Decreto 187/2018, de 2 de octubre, a principios del año 2019 se puso de manifiesto que el plazo inicialmente concedido para ello se presentaba insuficiente para hacer efectivas las exigencias de adaptación que la norma requería. Asimismo, se consideró que la problemática derivada del régimen de comunicaciones establecido en el citado reglamento afectaría a un grupo importante de situaciones administrativas, con una incidencia especial en algunos sectores y con un impacto notable en el número de personas afectadas pertenecientes a colectivos que se atienden con esos servicios o centros.

Ante esta situación, y para facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo, se aprueba el Decreto 451/2019, de 9 de abril, por el que se amplía el plazo para la entrada en vigor del Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. De esta forma, se amplia el plazo de vacatio legis establecido en el mismo de 6 meses hasta 24 meses, otorgando a los operadores del sector plazo suficiente para cumplir con su obligación de adaptación al nuevo régimen establecido en el mismo.

Sin embargo, con anterioridad a la efectividad de esta entrada en vigor, prevista para el próximo mes de octubre, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, ha operado una profunda revisión del régimen de autorizaciones y acreditaciones de los servicios y centros de servicios sociales modificando los artículos 83 y siguientes de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

Así, se introduce en la tramitación de los expedientes, con el fin de simplificar los procedimientos, y en los casos en que se establezca reglamentariamente, la figura de las declaraciones responsables que, junto con las autorizaciones administrativas, tienen como objetivo ser un medio de intervención para el cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales que deben cumplir los Centros y servicios de atención residencial. Asimismo, se contempla, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, las autorizaciones previas a la autorización definitiva, con objeto de minorar el tiempo de respuesta del procedimiento para la posible apertura de un centro o servicio determinado y, por otro lado, se introduce la obligatoriedad de la renovación de las autorizaciones definitivas con la periodicidad que se establezca reglamentariamente. Por último, y con el objeto de simplificar los procedimientos en aquellos casos en los que sean preceptivas las acreditaciones de los centros, se ha introducido un nuevo artículo referido a la implantación de un procedimiento único para la tramitación, resolución e inscripción en el Registro de Servicios Sociales de las autorizaciones de funcionamiento definitivo y las acreditaciones.

Esta reciente modificación supone, en la práctica, una nueva regulación del régimen de autorización, declaración responsable, comunicación y acreditación de las entidades, centros y servicios sociales que precisa necesariamente de un desarrollo reglamentario acorde con los nuevos parámetros que la Ley contempla y que en absoluto guardan concordancia con las previsiones recogidas en el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. Y por ello, la entrada en vigor de esta norma produciría graves problemas de incongruencia entre el régimen de autorización y acreditación administrativa de las entidades que regula y el nuevo sistema de intervención para el cumplimiento de las condiciones funcionales y materiales que deben cumplir los centros y servicios de atención residencial que contempla la nueva redacción de los artículos 83 y siguientes de la Ley. Ante esta situación, las Administraciones públicas deben ser sensibles ante las necesidades y dificultades que con ello se puedan presentar, debiendo remover los obstáculos que impidan o dificulten a la ciudadanía y entidades la adaptación a la nueva normativa reguladora establecida adoptando para ello las medidas que se consideren oportunas.

Por otra parte, la situación social que ha originado el proceso patológico de infección por el COVID-19 ha requerido de la adopción de una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Pero más allá de esto, la situación generada por la evolución de la pandemia en los servicios y centros de servicios sociales en nuestra Comunidad ha supuesto, además de la necesidad de adopción de estas medidas de contención extraordinarias y de carácter temporal, la evidencia de que la atención prestada desde estos centros y servicios requiere de una nueva perspectiva que aúne con mayores garantías la atención social y la atención sanitaria que en determinados supuestos las personas usuarias de estos centros puedan requerir.

Por ello, y en aras del principio de seguridad jurídica, que impele a establecer un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión, se considera imprescindible proceder a la derogación del Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, con carácter urgente dado que su entrada en vigor está prevista con carácter inminente, manteniendo un tiempo más la vigencia de la normativa actualmente aplicable, conformada principalmente por la regulación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los servicios sociales de Andalucía, hasta tanto se proceda a la aprobación de un nuevo Reglamento.

Por último, mediante el presente decreto-ley se derogar expresamente también el artículo 1 del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). El citado artículo 1 establecía en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.6 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se ha aprobado la prórroga actualmente vigente del estado de alarma, dispone en su artículo 6.1 que durante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, serán el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma. Y añade que la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada.

Con arreglo a lo expuesto, y en su virtud, debe derogarse con carácter urgente el citado artículo 1, en aras de la salvaguarda del principio de seguridad jurídica y de la debida integración de todas las medidas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que procede al Presidente de la Junta de Andalucía, en uso de las citadas atribuciones, adoptar las medidas correspondientes, entre otras, en materia de aforo de establecimientos de restauración y hostelería.

VIII

La regulación del decreto-ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se contempla en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía que establece que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía.

En base a la previsión contenida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

La situación provocada por la evolución del virus desde que se procediera a su declaración como emergencia de salud pública de importancia internacional, ha generado la urgente necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos ámbitos para hacer frente a la misma.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019).

Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En el presente caso, el fin que justifica la legislación de urgencia es el subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes.

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta que los ámbitos a los que afectan las mismas requieren de una intervención inmediata. Estas medidas que se adoptan no podrían abordarse mediante tramitación ordinaria o parlamentaria de urgencia, teniendo en cuenta las materias a las que afectan.

En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexión directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella puesto que los efectos serían demasiado gravosos en caso de retraso. La inmediatez de la entrada en vigor de este decreto-ley resulta también oportuna, puesto que otra alternativa requeriría de un plazo muy superior en el tiempo (STC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).

Por último, este decreto-ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esta materia. Cuando concurre, como en este caso, una situación de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes públicos que tengan asignadas facultades de legislación provisional y competencias sustantivas en el ámbito material en que incide tal situación de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha situación, siempre, claro está, que lo hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ 11).

En el presente caso, estas medidas que se adoptan no pueden esperar a una tramitación ordinaria o parlamentaria de urgencia.

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situación que requiere de una actuación inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido, esta regulación es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios más acuciantes para subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo más que el de una norma con rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta modificación introduce solo los elementos necesarios para la salvaguarda del interés público en este momento, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jurídica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas en el ordenamiento jurídico aplicable. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a las previstas en la regulación actual.

Debe señalarse también que este decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, tampoco afecta a los derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al régimen electoral, a las instituciones ni a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta conjunta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, del Consejero de Educación y Deporte, de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y de la Consejera de Cultura y de Patrimonio Histórico de conformidad con lo previsto en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 9 de junio de 2020,

DISPONGO

CAPÍTULO I
Distintivo turístico «Andalucía Segura»

Véase la disposición transitoria única del D.-ley 25/2021, de 9 de diciembre («B.O.J.A.» 9 diciembre), que establece que se extenderá la validez y el derecho de exhibición del distintivo «Andalucía Segura» obtenido con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto-ley, hasta el 9 de diciembre de 2022.LE0000713656_20211209

Artículo 2 Creación del distintivo turístico «Andalucía Segura»

1. Se crea el distintivo turístico «Andalucía Segura», con la finalidad de identificar aquellos servicios turísticos, actividades con incidencia en el ámbito turístico y playas en el ámbito territorial de Andalucía que garanticen el cumplimiento de las medidas en materia de seguridad y protección de la salud contenidas en la Guía Práctica de Recomendaciones dirigidas al sector turístico, publicada en la página web de la Consejería competente en materia de turismo, así como en las «Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico. Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2», coordinadas por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Estos documentos son accesibles desde los enlaces

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia-andalucia-segura.pdf y

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx

2. El distintivo tendrá carácter gratuito, voluntario y temporal, y se extenderá desde la presentación de la declaración responsable hasta el 9 de diciembre de 2022.

LE0000713656_20211209Número 2 del artículo 2 redactado por el apartado uno del artículo único del D.-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el D.-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) («B.O.J.A.» 9 diciembre).Vigencia: 9 diciembre 2021

Artículo 4 Procedimiento para la obtención del distintivo turístico «Andalucía Segura» por los servicios turísticos y por las actividades con incidencia en el ámbito turístico

1. Para la obtención del distintivo turístico «Andalucía Segura», las personas interesadas deberán presentar una declaración responsable mediante la que manifiestan que cumplen con las medidas contenidas en las guías mencionadas en el artículo 2 y se comprometen a mantenerlas durante la vigencia del distintivo. En todo momento deberán ajustarse a las medidas actualizadas y publicadas en la Guía Práctica de Recomendaciones de la Consejería competente en materia de turismo y, además, en las Guías nacionales publicadas en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

2. Conforme establecen los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas titulares de servicios turísticos y de actividades con incidencia en el ámbito turístico, estarán obligadas a presentar la declaración responsable electrónicamente, declaración que estará disponible en la página web de la Consejería competente en materia de turismo.

3. La presentación de la declaración responsable será suficiente para la obtención del distintivo y facultará a la persona interesada para exhibirlo, desde su obtención hasta el 9 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las consecuencias derivadas del procedimiento de verificación previsto en el artículo 5.

LE0000713656_20211209Número 3 del artículo 4 redactado por el apartado dos del artículo único del D.-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el D.-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) («B.O.J.A.» 9 diciembre).Vigencia: 9 diciembre 2021

4. Corresponderá a las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de turismo, la anotación de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía, de la obtención del distintivo turístico «Andalucía Segura».

Artículo 7 Playas del litoral andaluz

1. La persona que ostente la representación legal de la entidad local interesada deberá presentar en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, dirigida a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de turismo:

• a) Una declaración responsable en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 4.
• b) Documentación que acredite la presentación del Plan de contingencia ante el COVID-19 conforme a lo establecido en la disposición transitoria primera del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

2. La presentación de la declaración responsable y de la documentación que acredite la presentación del citado Plan de Contingencia, será suficiente para obtener el distintivo y facultará al ayuntamiento para exhibirlo desde su obtención hasta el 9 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las consecuencias derivadas del procedimiento de verificación previsto en el artículo 5.

LE0000713656_20211209Número 2 del artículo 7 redactado por el apartado tres del artículo único del D.-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el D.-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) («B.O.J.A.» 9 diciembre).Vigencia: 9 diciembre 2021

CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito educativo

Sección 1
Medidas en materia de subvenciones

Sección 2
Medidas en materia de becas

Sección 3
Donaciones

Sección 4
Adjudicación de plazas escolares de Formación Profesional

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición derogatoria primera Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto-ley, y expresamente, el artículo 1 del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19).

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Disposición derogatoria segunda Derogación del Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, aprobado por Decreto 187/2018, de 2 de octubre

Se deroga el Reglamento de Comunicación, Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, aprobado por Decreto 187/2018, de 2 de octubre, cuya entrada en vigor se produciría a los veinticuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 451/2019, de 9 de abril, por el que se amplía el plazo para la entrada en vigor del citado Decreto 187/2018, de 2 de octubre, manteniéndose la vigencia del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación de los servicios sociales de Andalucía en lo que no se oponga a lo dispuesto en otras normas de igual o superior rango aprobadas con posterioridad, hasta tanto se apruebe un nuevo Reglamento en esa materia.

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DISPOSICIONES FINALES

Disposición final segunda Modificación de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 20, que quedan redactados como sigue:

«3. La declaración de Municipio Turístico podrá ser revocada, previa audiencia de los órganos mencionados en el apartado 2 y del municipio afectado, por alguna de las siguientes causas:

• a) Cuando se aprecie una progresiva disminución de la calidad de los servicios municipales que se presten a la población turística asistida.
• b) Cuando se produzca la pérdida de alguno de los requisitos que dieron lugar a la declaración, los cuales deberán ser acreditados por el Municipio Turístico cada cinco años.

4. La declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración de Convenios interadministrativos en orden a compensar el incremento en la demanda de la prestación de los servicios, así como a otras formas de colaboración interadministrativa.»

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Disposición final tercera Modificación del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero

Se añade una nueva Instrucción técnica IT8 al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero, con el siguiente contenido:

«IT.8. Metodología para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a terrazas y veladores, previa al inicio de la actividad.

Las siguientes directrices serán aplicables para la evaluación previa al inicio de la actividad del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento provistos de terrazas y veladores.

1. Estudio predictivo de los niveles de inmisión de ruido en la fachada receptora de edificaciones, derivados de la instalación de una terraza y veladores.

Se realizará un análisis acústico para determinar los niveles de inmisión de ruido en la fachada o fachadas receptoras más expuestas.

Estos niveles de ruido se determinarán teniendo en cuenta el número y ubicación de los veladores. Cada velador será considerado como una fuente puntual de emisión sonora debida al ruido generado por las conversaciones de las personas que lo ocupan.

a) Potencia acústica de un velador.

En el cálculo de la potencia acústica de cada velador se considerará como caso más desfavorable cuando hablen la mitad de las personas respecto a la capacidad establecida para el mismo.

Se tomará como potencia acústica de una persona 73 dBA (este valor se ha fijado tomando como referencia la norma VDI 3770 Characteristic noise emission values of sound sources-Facilities for sporting and recreational activities).

b) Atenuación del nivel de ruido desde el punto de generación hasta la fachada receptora.

La atenuación acústica se calculará para cada velador teniendo en cuenta, como mínimo, la directividad y la distancia desde el mismo hasta la fachada receptora a la altura del recinto potencialmente más afectado.

Para la determinación de la distancia se tomarán como puntos de referencia el centro geométrico de cada velador y la ventana o puerta del recinto de la fachada receptora.

Adicionalmente, se podrá tener en cuenta la existencia de otros factores atenuantes, así como elementos aislantes o absorbentes que pudieran influir en el cálculo.

c) Nivel de inmisión de ruido en la fachada receptora.

El nivel de inmisión de ruido en la fachada receptora, como consecuencia de la totalidad de los veladores instalados en la terraza, se obtendrá mediante la suma logarítmica de las aportaciones de cada velador. La aportación de cada velador se calculará mediante la diferencia de la potencia acústica del velador y su correspondiente atenuación acústica hasta la fachada receptora.

En caso de que se instalen en la terraza equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, o se lleven a cabo actuaciones en directo, estos serán considerados como fuentes de ruido que se sumarán al generado por los veladores. Por tanto, será necesario conocer o estimar su potencia acústica máxima y su atenuación con respecto a la fachada receptora. La instalación de limitadores-controladores se regirá por lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado mediante Decreto 6/2012, de 17 de enero.

2. Estimación de los niveles de inmisión de ruido en el interior de edificaciones.

El nivel de inmisión de ruido en el interior se determinará mediante la diferencia aritmética entre el nivel de inmisión de ruido en la fachada y el aislamiento de la misma.

El aislamiento de la fachada receptora será el establecido en el Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación o norma básica de edificación que le sea de aplicación. Fuera de dicho alcance, se utilizará el aislamiento real de la fachada, y en caso de no disponerse del mismo, se considerará un aislamiento de 30 dBA.

3. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior.

Una vez calculados los niveles de ruido en el interior, se realizará el estudio del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior. A tal fin, se determinarán para cada uno de los periodos temporales de evaluación, los índices diarios Ld, Le y Ln.

En el cálculo de estos índices se tendrán en cuenta las distintas fases de ocupación de la terraza durante su periodo de funcionamiento, y además, cuando proceda, el tiempo de funcionamiento de los equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, o de las actuaciones en directo.

Se considerará que se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio interior cuando los valores obtenidos no superen en 3 o más dBA los recogidos en la tabla IV del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado mediante Decreto 6/2012, de 17 de enero, de acuerdo al uso del local y tipo de recinto.»

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Disposición final cuarta Modificación de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos

Se modifica el apartado 2 del artículo 51 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, que queda redactado como sigue:

«2. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, los centros docentes privados que deseen impartir enseñanzas de Formación Profesional Básica se someterán al principio de autorización administrativa, la cual se concederá siempre que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, podrán solicitar autorización administrativa para impartir Programas formativos de Formación Profesional básica si, previamente a la petición de la autorización, la Dirección General competente en materia de formación profesional inicial ha aprobado el proyecto presentado, de conformidad con el apartado 1 del artículo 6.»

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