Atención norma derogada, ver regulación posterior

DECRETO LEY 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya

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Sumario

D.-Ley 15/2021, 6 julio, rectificado por Corrección de errores («D.O.G.C.» 8 julio). LE0000702753_20210707

LE0000721185_20220308DLey 15/2021, 6 julio, derogado por la disposición derogatoria de la Ley 2/2022, 3 marzo, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña («D.O.G.C.» 7 marzo), el 8 de marzo de 2022.

Véase Res. 71/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del D. ley 15/2021, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya («D.O.G.C.» 3 agosto).LE0000704845_20210803

El presidente de la Generalitat de Catalunya,

El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley sean promulgados, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat.

De acuerdo con ello, promulgo el siguiente

DECRETO LEY

Exposición de motivos

I

El principio de indemnidad en relación con el ejercicio de funciones públicas comporta que ningún servidor público se pueda ver perjudicado como consecuencia del ejercicio legítimo del cargo público que ocupa. Este principio ha sido consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en la Sentencia de 8 de julio del 2020, entre otros, le otorga carácter general estableciendo que el principio de indemnidad o resarcimiento no se limita solo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino que se extiende a la totalidad de trabajadores y trabajadoras públicos, en tanto se configura como inherente al sentido instrumental de toda administración, en la medida en que los servidores públicos no actúan en interés propio sino en interés público, en interés de todos. En conclusión, como señala el Tribunal Supremo, si los servidores públicos sufren un daño o perjuicio en la realización del servicio, sin que concurra culpa o negligencia, tienen que ser resarcidos. Este principio está recogido en el artículo 14.f) del texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que, de forma expresa incluye, entre los derechos individuales de los empleados públicos, el derecho a la defensa jurídica y a la protección de la Administración en los procedimientos que se siguen ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio de sus funciones. En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, y con la misma finalidad, el artículo 9 de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya dispone que el abogado de la Generalitat puede asumir la representación y la defensa de los miembros del Gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados públicos de la Administración de la Generalitat y de sus organismos, sea cuál sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, a menos que los intereses del representado y los de la Generalitat sean opuestos o contradictorios. Por otra parte, la protección de estos derechos no sería completa si no comportara igualmente el derecho a ser beneficiario de las garantías necesarias para hacer frente a las reclamaciones que contra los empleados públicos se puedan presentar, con el fin de evitar que estas reclamaciones puedan suponer un perjuicio en el patrimonio personal de las personas involucradas.

II

Los altos cargos y los miembros del Gobierno disfrutan igualmente de garantías y principios que los protegen en el ejercicio de sus cargos y funciones. De acuerdo con el artículo 68.1 del Estatuto de autonomía de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat dirige la acción política y la Administración de la Generalitat y, en consecuencia, sus actuaciones y decisiones se rigen por el principio de discrecionalidad, lo cual les otorga un amplio margen de decisión para la definición de sus políticas públicas y de las actuaciones que forman parte de ellas. La autonomía política de las comunidades autónomas y su capacidad de autogobierno, en palabras del Tribunal Constitucional, se manifiesta sobre todo en la capacidad de elaborar sus políticas públicas en materias de su competencia (SSTC 13/1992 FJ.7 y 192/2000 FJ.7). En consecuencia, el control jurisdiccional de los actos políticos del Gobierno reside por una parte, en la jurisdicción contenciosa administrativa mediante un control debilitado y limitado a los aspectos formales, procedimentales y competenciales (es decir, los elementos reglados de los actos) y, de la otra, en la jurisdicción constitucional. Los actos políticos del Gobierno y el ejercicio de sus potestades discrecionales solo están sometidos a la Constitución y al bloquede la constitucionalidad, en el que se inserta el Estatuto de autonomía de Catalunya, y su control tiene que respetar en todo caso el principio de la división de poderes y la posición institucional del Gobierno, teniendo en cuenta la existencia de un núcleo de discrecionalidad indisponible.

El ejercicio por parte del Gobierno de la dirección política incluye tanto el establecimiento de directrices como de políticas públicas pero, además, los miembros del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, disfrutan de todos los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, como la libertad de expresión, el derecho de reunión o la libertad de información con carácter reforzado, como ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; de forma que el ejercicio lícito de estos derechos en ningún caso puede comportar un perjuicio económico a la Generalitat de Catalunya. En el mismo sentido, tampoco se puede hacer responsable de estas actuaciones a los empleados públicos que hayan intervenido en las actuaciones administrativas correspondientes dando cumplimiento a todos los trámites legalmente preceptivos, ya que el control de oportunidad está especialmente prohibido, en palabras del Tribunal Constitucional, a los órganos de control o de intervención.

Asimismo, y entre las políticas públicas que, en el ámbito de sus competencias, corresponde definir y dirigir al Gobierno de la Generalitat, se incluye la acción exterior, que encuentra su fundamento en el artículo 193 del Estatuto de autonomía de Catalunya y que se configura como un mandato dirigido a la Generalitat a fin de que impulse la proyección de Cataluña al exterior y promueva los intereses en este ámbito. Al amparo de este mandato estatutario el Gobierno de la Generalitat puede llevar a cabo cualquier actividad dirigida a la consecución de estas finalidades, tanto en el ejercicio de sus competencias como en defensa de sus intereses, con el único límite constitucional de las relaciones internacionales que corresponden a la competencia del Estado, así como de otras competencias estatales con proyección exterior, como la sanidad exterior o el comercio exterior. Sin embargo, el reconocimiento de la acción exterior de las comunidades autónomas es incluso anterior al vigente Estatuto de autonomía ya que, como han señalado la doctrina y la jurisprudencia constitucional, encuentra su fundamento constitucional en el principio de autonomía previsto en los artículos 2 y 147 de la Constitución, en tanto que constituye un instrumento ordinario para el ejercicio de sus competencias y la defensa de sus intereses.

III

Para hacer frente a sus responsabilidades y obligaciones legales de protección de los servidores públicos, la Generalitat de Catalunya tiene suscritas pólizas de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos en que puedan incurrir. En consecuencia, en caso de siniestro, se ponen en marcha los mecanismos de cobertura correspondientes. Sin embargo, esta situación se ha alterado y actualmente se produce una exclusión de determinados riesgos de las pólizas suscritas, exclusión que, eventualmente, puede tener efectos retroactivos.

Este cambio afecta a situaciones muy diversas en que se pueden encontrar los servidores públicos y que se han ido incrementando en los últimos años. Así, afecta de forma negativa a los derechos de los funcionarios y funcionarias, altos cargos, directivos e, incluso a los miembros del Gobierno que se han visto involucrados. Por lo tanto, es necesario y urgente que la Generalitat adopte las medidas complementarias en los mecanismos existentes dirigidas a garantizar y proteger el derecho a la indemnidad de las personas afectadas en el ejercicio de sus funciones, al menos hasta que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal. Uno de los supuestos que hacen necesaria y urgente esta actuación por la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas ante una decisión administrativa no firme, son las actuaciones previas 80/2019 del Tribunal de Cuentas, sector público autonómico (inf. fisco. destino recursos asignados a la ejecución de políticas de acción exterior por parte de la Generalitat de Catalunya, en los ejercicios 2011 a 2017), objeto de la notificación de la liquidación provisional de fecha 30 de junio de este año, que afecta a varios altos cargos, responsables políticos y funcionarios y funcionarias de la Generalitat.

La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de mecanismos para dar cobertura a la situación producida obligan a la Generalitat de Catalunya a adoptar, con carácter urgente y general, las medidas necesarias con el fin de garantizar tanto el principio de indemnidad como la protección de los derechos fundamentales de todos los servidores públicos afectados por siniestros no cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial actuales de la Generalitat de Catalunya, mediante la creación de un fondo específico complementario de las pólizas suscritas.

IV

Este Decreto ley se dicta al amparo de la potestad de autoorganización y de las competencias que los apartados 1 y 2 del artículo 159 y 136 del Estatuto de autonomía atribuyen a la Generalitat de Catalunya, en las materias de régimen jurídico, procedimiento y responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas catalanas, y de la función pública, respectivamente.

Por lo tanto, en uso de la autorización que me concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno,

A propuesta del consejero de Economía y Hacienda y de la consejera de la Presidencia y con la deliberación previa del Gobierno,

Decreto:

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 28 de octubre de 2021, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5542-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio («B.O.E.» 9 noviembre).LE0000711284_20211109

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 27 de enero de 2022, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6305-2021, contra el Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya («B.O.E.» 2 febrero 2022).LE0000718332_20220202

Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los cuales sea de aplicación este Decreto ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades a los cuales corresponda lo hagan cumplir.