Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contrataci髇 p鷅lica para la reactivaci髇 econ髆ica

• 

  La administración digital en la era de las tecnologías disruptivas

  Libros
  Desde 82,00 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Manual de Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales. 10ª edición

  Libros
  Desde 100,78 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Contratación Administrativa Práctica

  Periódicos y Revistas
  290,16 €
  322,40 €
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  Práctica Urbanística

  Periódicos y Revistas
  308,88 €
  343,20 €
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

D-Ley 1/2022, 2 marzo rectificado por Correcci髇 de errores (獶.O.E.� 9 marzo).LE0000721475_20220309

V閍se la Res 29 marzo 2022, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del D-Ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contrataci髇 p鷅lica para la reactivaci髇 econ髆ica (獶.O.E.� 7 abril).LE0000724326_20220407

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La pandemia provocada por el COVID-19 ha desencadenado una fuerte contracci髇 de la econom韆 mundial, impactando notablemente sobre la econom韆 espa駉la. Los efectos de la crisis, adem醩 de sentirse de manera global, afectan de un modo singular a los colectivos m醩 desfavorecidos. Las medidas de intervenci髇 p鷅lica adoptadas hasta la fecha en Espa馻 y en la mayor韆 de pa韘es desarrollados, han buscado contener los efectos perjudiciales de la doble crisis sanitaria y econ髆ica, al tiempo que han intentado preparar el camino para una recuperaci髇 econ髆ica r醦ida, inclusiva y sostenible.

La Comisi髇 Europea ha entendido que la contrataci髇 p鷅lica no ha de ser un mero hecho administrativo para adquirir bienes y servicios, sino que ha de usarse de forma estrat間ica para alcanzar objetivos de tipo econ髆ico, social y medioambiental, alineados con las pol韙icas que est醤 marcando el futuro en el seno de la instituci髇 europea. La eficiencia en la utilizaci髇 de los instrumentos p鷅licos de intervenci髇 es clave para lograr esa recuperaci髇 econ髆ica r醦ida, inclusiva y sostenible, antes aludida, y dar el mejor uso posible a los recursos a nuestro alcance. Toda crisis econ髆ica supone un importante reto para la sociedad, pero tambi閚 una oportunidad para modernizar las estructuras econ髆icas, impulsar la eficiencia y adaptar las formas de intervenci髇.

M醩 all� de la crisis original ocasionada por el COVID-19, y tambi閚 consecuencia de la misma, desde mediados de 2020, las materias primas est醤 experimentando un aumento exorbitante de precios debido a varios factores, entre ellos, el aumento de la demanda, inicialmente en China, pero tambi閚 en el resto del mundo como resultado de la reactivaci髇 econ髆ica y de la lenta recuperaci髇 de la capacidad productiva despu閟 de la inactividad durante la pandemia, el aumento de los precios del transporte mar韙imo de mercanc韆s y de la energ韆 o las propias estrategias comerciales de los pa韘es productores de materias primas. La situaci髇 por la que atraviesa el sector log韘tico, tambi閚 como consecuencia de los cambios en la demanda derivados del confinamiento con una mayor presencia del comercio electr髇ico, han introducido fuertes elementos de distorsi髇 en los mercados que tambi閚 est醤 suponiendo incrementos en los precios y demoras en los plazos. Todo este escenario est� teniendo un importante impacto en muchos sectores productivos, incluido el sector de la construcci髇 y los sectores tecnol骻icos.

En el 醡bito del sector de la construcci髇 los precios evolucionaron razonablemente antes de la pandemia, con lo que era posible establecer programaciones fiables de aprovisionamientos y de precios, no obstante, especialmente a partir de enero de 2021, se ha producido un importante alza de los precios, que, seg鷑 algunos estudios, solo en seis meses, ha sido similar al producido en los trece a駉s anteriores. Este incremento en los costes de los materiales de construcci髇 est� motivado por el desorbitado aumento del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que se inici� a mediados de 2020. Los incrementos m醩 significativos son en el acero y el petr髄eo, aunque tambi閚 han experimentado un aumento muy significativo las maderas y los metales.

Por tanto, nos encontramos ante una pandemia global con las correlativas tensiones que est� produciendo la propia recuperaci髇 de la econom韆 tras el par髇 provocado por la crisis sanitaria y las dificultades para ajustar la oferta a la velocidad de crecimiento. Las materias primas acusan este fuerte incremento de la demanda, que les llega sobre todo desde Asia y Estados Unidos, y est醤 registrando ese aumento desmesurado de sus precios. Adem醩, el alza del precio de los fletes internacionales es otro de los elementos que contribuye a estas tensiones, pues el precio de los contenedores de acero se encuentra en m醲imos hist髍icos y el precio de la madera se ha disparado por el incremento de la demanda internacional. Desde febrero del a駉 2021, la cotizaci髇 del gas natural en los mercados europeos ha aumentado en m醩 de un doscientos cincuenta por ciento, alcanzando niveles sin precedentes e impactando directa y negativamente sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista.

En este contexto y debido al car醕ter sist閙ico que la energ韆, en general, y la electricidad, en particular, tienen para la econom韆 y a los graves efectos distorsionadores que esta situaci髇 est� provocando sobre los hogares, las PYMES y la industria, resulta necesario adoptar medidas regulatorias urgentes y extraordinarias que, siendo plenamente compatibles con el ordenamiento nacional y comunitario, corrijan dichos efectos y protejan los servicios de la Administraci髇 y a la ciudadan韆. Es necesario establecer acciones que permitan mitigar el impacto de precios por motivos de inter閟 general y para garantizar la viabilidad de los contratos p鷅licos.

Este escenario de incremento extraordinario de costes en la construcci髇 se ha producido igualmente en la contrataci髇 de productos o servicios relacionados con las tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇. El aumento del comercio electr髇ico y consumo de servicios digitales por la sociedad ha sido exponencial respecto a la era prepandemia y la escasez de recursos del mercado laboral en estos 醡bitos se ha agudizado provocando un incremento de los costes de servicios, equipamiento y productos tecnol骻icos. Esta situaci髇 puede apreciarse en nuevas pr醕ticas profesionales y h醔itos de la ciudadan韆 respecto a la forma de consumir productos y servicios. Es paradigm醫ico el aumento de empleados de sector p鷅lico y privado que acceden de forma remota a su puesto de trabajo. En Espa馻, en 2019 el porcentaje de personas que trabajaban desde casa de manera continua pas� del 4,3% al 4,8%, y el porcentaje de las que lo hac韆n ocasionalmente pas� del 3,2% al 3,5%. Esta situaci髇 ha cambiado completamente con la pandemia, ya que las empresas se vieron obligadas a implantar esta modalidad de trabajo. Durante las semanas del confinamiento el porcentaje de personas teletrabajando creci� hasta el 34% y la tendencia se est� consolidando con proyectos legislativos que fomentan esta nueva forma de trabajar.

El COVID-19 ha acelerado las iniciativas de transformaci髇 digital de empresas y entidades del sector p鷅lico para acomodarse a la demanda social, estar mejor preparados ante las incertidumbres que ha provocado este tiempo y cumplir las normativas que proliferan sobre el uso de determinadas tecnolog韆s o identidad digital, privacidad y ciberseguridad. Esta situaci髇 ha provocado un incremento extraordinario en la demanda de bienes y servicios relacionados con las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 que, unida a la escasez de determinados componentes en los productos o profesionales en este 醡bito, ha generado un aumento de su coste, siendo preciso establecer algunas condiciones espec韋icas para esta clase de contratos con la finalidad de garantizar la calidad y la competencia efectiva. Por ello, en este decreto-ley se plantea que, con car醕ter uniforme para todo el sector p鷅lico auton髆ico, se establezcan las medidas acomodadas a la especialidad del sector y de las circunstancias concurrentes que consideren su singularidad.

La Junta de Extremadura es consciente de que la contrataci髇 p鷅lica, por el enorme volumen de gasto que representa, debe ser un instrumento protagonista para mejorar el bienestar y lograr una sociedad m醩 pr髎pera e inclusiva, de tal manera que los 髍ganos de contrataci髇 deben velar por el establecimiento de condiciones que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad y que respondan lo mejor posible a sus necesidades.

Mejorar la eficiencia de la contrataci髇 p鷅lica para impulsar la recuperaci髇, la inversi髇 y el crecimiento sostenible e innovador en la Comunidad Aut髇oma, a trav閟 de la contrataci髇 p鷅lica, es ahora m醩 que nunca un reto y un compromiso con la sociedad. El valor estrat間ico de la contrataci髇 p鷅lica como veh韈ulo adecuado para obtener mejoras sociales, medioambientales y de otros 髍denes, pasa por situar a la calidad como paradigma en la contrataci髇 p鷅lica, tal y como se recoge en la legislaci髇 europea y espa駉la, y est� determinado por su capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas. En el momento actual es urgente y necesario plantear medidas que vengan a corregir deficiencias que est醤 surgiendo en los procesos de contrataci髇, con el fin de evitar resultados adversos y traum醫icos en la contrataci髇 p鷅lica de la Junta de Extremadura y, en consecuencia, en el funcionamiento de los propios servicios p鷅licos. Este decreto-ley viene a introducir condiciones especiales, con la necesaria celeridad que requiere el actual panorama econ髆ico, para mejorar la calidad en la contrataci髇 p鷅lica, como medio para mitigar las consecuencias que han ocasionado en Extremadura la crisis sanitaria y econ髆ica provocada por el COVID-19 y el complejo escenario de los mercados internacionales.

En ese panorama deben encuadrarse las medidas de este decreto-ley, sumando mejoras a otras que ya se han venido planteando. Se intenta tambi閚 recoger inquietudes y demandas del 醡bito empresarial que, acuciado por las dificultades del momento actual, necesita las mejores condiciones en los procedimientos de contrataci髇 que pueda ofrecer el marco normativo al que estamos sujetos. Por ello, en el repertorio de medidas articuladas en el decreto-ley se concluye que, sin necesidad de llegar al extremo de licitaciones a precio fijo, debe posibilitarse la utilizaci髇 de f髍mulas de valoraci髇 de las ofertas econ髆icas que, poniendo en valor la relaci髇 entre la calidad de las prestaciones a contratar y su coste, eviten la presentaci髇 de ofertas mediocres a causa de la minoraci髇 de los precios ofertados o que no puedan llegar a ejecutarse conforme a contrato debido a su falta de viabilidad econ髆ica, poniendo en riesgo la satisfacci髇 del inter閟 p鷅lico que subyace de los contratos.

Es por ello, que en estos momentos se apuesta por la reducci髇 progresiva de la valoraci髇 de las ofertas a partir de un determinado nivel de baja o la no concesi髇 de puntos adicionales a las ofertas que sean inferiores a una determinada cifra, los denominados por la doctrina como umbrales de saciedad, haciendo efectivas las expresiones recogidas en la legislaci髇 estatal de oferta econ髆icamente m醩 ventajosa, la mejor relaci髇 coste-eficacia, la mejor calidad-precio, y el menor coste del ciclo de vida. Todas ellas se refieren y llevan intr韓seca la relaci髇 entre el precio, la viabilidad econ髆ica y la calidad de las ofertas. Incluir umbrales de saciedad, desde un punto de vista pr醕tico, reduce las diferencias en las puntuaciones que obtienen las empresas en las proposiciones econ髆icas y, por ende, se les concede un mayor protagonismo a las puntuaciones relativas a cuestiones t閏nicas, de calidad, organizativas, etc. Esta forma de valorar las proposiciones econ髆icas, perfectamente v醠idas y compatibles con las buenas pr醕ticas en los procedimientos de contrataci髇, es una herramienta m醩 para tratar de evitar que determinadas propuestas econ髆icas afecten a los objetivos de la contrataci髇 p鷅lica en t閞minos de calidad final de las prestaciones del contrato, evaluadas a lo largo de todo su ciclo de vida.

Por tanto, este decreto-ley tiene por objeto la adopci髇 de nuevas medidas alternativas, dentro del 醡bito de competencias de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, para responder al impacto econ髆ico negativo en la contrataci髇 p鷅lica por las consecuencias de la crisis del COVID-19. Desde el inicio de esta crisis hasta ahora, han sido varias las normas aprobadas que han contemplado medidas en materia de contrataci髇 p鷅lica. En este sentido, desde el Gobierno de Espa馻 se aprobaron el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto econ髆ico del COVID-19, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19 y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, entre otras, que han definido procedimientos especiales y extraordinarios para responder a esta situaci髇. Tambi閚 lo ha hecho la Junta de Extremadura en su 醡bito de competencias, mediante el Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el 醡bito administrativo para combatir el impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, el Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el 醡bito de la contrataci髇 p鷅lica para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, el Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educaci髇, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivaci髇 de la actividad econ髆ica y social en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura en el proceso hacia la 玁ueva Normalidad� y m醩 recientemente el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

Adem醩, con la finalidad de llevar a efecto el acuerdo alcanzado en la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado y esta Comunidad Aut髇oma, se contempla la modificaci髇 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

II

El presente decreto-ley se dicta al amparo de las competencias determinadas por el Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en su redacci髇 dada por la Ley Org醤ica 1/2011, de 28 de enero, que, en su art韈ulo 9.1.7 establece la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma en materia de fomento del desarrollo econ髆ico y social de la Comunidad Aut髇oma dentro de los objetivos de la pol韙ica econ髆ica nacional.

En cuanto al 醡bito competencial que ampara a la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para abordar la normativa con rango legal que d� cobertura a las cuestiones que regula este art韈ulo, la Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 149.1.18�, atribuye al Estado competencia exclusiva para promulgar la legislaci髇 b醩ica sobre contrataci髇 administrativa, de aplicaci髇 general a todas las Administraciones p鷅licas, correspondiendo a la Comunidad Aut髇oma de Extremadura la competencia exclusiva en materia de creaci髇, organizaci髇, r間imen jur韉ico y funcionamiento de sus instituciones, la organizaci髇 de su propia Administraci髇 y la de los entes instrumentales que de ella dependan, as� como, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecuci髇 en materia de r間imen jur韉ico de las Administraciones p鷅licas y contrataci髇 del sector p鷅lico y universidades, de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 9.1.1 y 10.1.1 y 5 del Estatuto de Autonom韆 de Extremadura.

El art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, reformado por de la Ley Org醤ica 1/2011, de 28 de enero, faculta a la Junta de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto-ley.

En el 醡bito legislativo, el instrumento constitucionalmente l韈ito que permite una actuaci髇 de urgencia es el decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las circunstancias en las que se adoptan, enunciadas anteriormente, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aqu� previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitaci髇 parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadan韆 ser韆n demasiado gravosos y perder韆 su esperada eficacia en el fin 鷏timo de las mismas.

El presente decreto-ley, por una parte, no afecta a las materias vedadas a este instrumento normativo y, por otra, responde al presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilizaci髇 de este tipo de norma. En relaci髇 al primer aspecto, ha de recordarse que el art韈ulo 33.2 del Estatuto de Autonom韆 establece que no pueden ser objeto de decreto-ley la reforma del Estatuto, las leyes de presupuestos o las materias objeto de leyes para las que se requiera una mayor韆 cualificada. Por lo tanto, en este decreto-ley se respetan tales l韒ites. En lo que respecta al segundo aspecto, es decir, a la concurrencia del presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad, la STC 61/2018, de 7 de junio (FJ4), exige, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido a denominarse la situaci髇 de urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�.

As�, por una parte, como se馻la el Tribunal Constitucional, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello concurre en el presente caso.

Atendiendo a la especial situaci髇 en la que nos encontramos, de la que se ha dado cuenta en la breve rese馻 realizada a lo largo de este texto introductorio, no puede dudarse de la extraordinaria necesidad de recurrir a la adopci髇 de medidas de todo tipo que vengan a paliar los perjuicios econ髆icos producidos en todos los 髍denes. En esta situaci髇 es necesaria una r醦ida actuaci髇 y, son estas circunstancias y razones las que fundamentan el grueso principal de las medidas contenidas en este decreto-ley.

Sirvan estos p醨rafos introductorios como bosquejo gen閞ico del acomodo constitucional y estatutario del presente decreto-ley, sin perjuicio de las concretas particularidades que se pondr醤 de manifiesto a continuaci髇 al analizar el contenido del mismo.

III

El presente decreto-ley se estructura en nueve art韈ulos, dos disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y cinco disposiciones finales. El art韈ulo uno establece que el objeto y finalidad del decreto-ley es mejorar la calidad y eficiencia de la contrataci髇 p鷅lica en determinados 醡bitos estrat間icos para contribuir al impulso de la recuperaci髇, la inversi髇 y el crecimiento sostenible e innovador. Por su parte el art韈ulo dos indica el 醡bito de aplicaci髇 a la Junta de Extremadura y sus entidades dependientes. En los art韈ulos tres y cuatro, con el fin de evitar que ofertas t閏nicamente deficientes pueden ser adjudicadas 鷑icamente por el criterio precio y sea el elemento cualitativo el factor determinante de toda oferta, se incluyen disposiciones relativas a la ponderaci髇 del precio en relaci髇 con el resto de aspectos a contemplar en los contratos de obras y servicios, con un tratamiento espec韋ico en para todos los contratos de servicios, sean o no de car醕ter intelectual de consultor韆, ingenier韆, arquitectura, urbanismo, tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇 y cuidado de personas del 醡bito social, por el evidente car醕ter diferencial, estrat間ico y esencial de los mismos. Incidiendo en estos contratos, se quiere apostar m醩 sobre el valor de la calidad en la contrataci髇 p鷅lica estrat間ica socialmente responsable y as� responder, no solo con inmediatez, sino con los mejores resultados a la recuperaci髇 de la actividad econ髆ica y a la modernizaci髇 de la econom韆 extreme馻; impulsar, entre otros objetivos, la transici髇 ecol骻ica, el medio ambiente, la calidad de vida, la econom韆 de los cuidados, la eficiencia energ閠ica, la prestaci髇 de servicios, la cohesi髇 social y territorial de la Comunidad Aut髇oma o la innovaci髇 y acelerar la modernizaci髇 digital y la transformaci髇 digital de la sociedad extreme馻.

Adem醩, se introduce la posibilidad de aplicar umbrales de saciedad en la valoraci髇 de las ofertas, que eviten una devaluaci髇 del producto, como consecuencia del exceso de puntuaciones al precio en detrimento de la calidad, asunto este en el que es oportuno detenerse.

El concepto de umbrales de saciedad lo ha elaborado la doctrina para referirse a las f髍mulas matem醫icas que sirven para limitar la valoraci髇 de las ofertas econ髆icas y no conceder puntos adicionales a aquellas proposiciones que sean inferiores a una determinada cifra. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC en adelante), que hab韆 considerado nula cualquier tipolog韆 de los denominados umbrales de saciedad, modifica su criterio con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, en el a駉 2019 (Resoluciones 484/2019, 853/2019), hacia una posici髇 permisiva de los mencionados umbrales de saciedad 玞uando ello obedezca a fines permitidos por el ordenamiento jur韉ico como dar un mayor peso a los criterios cualitativos y desincentivar ofertas con bajas excesivas� y de modo que 玔…]solamente proceder� anular la cl醬sula cuanto se detecte que el establecimiento del umbral de saciedad infringe una norma imperativa o contradice los principios que rigen en materia de contrataci髇 p鷅lica, pudiendo dar lugar a una manipulaci髇 de la licitaci髇�. Por su parte, la Junta Consultiva de Contrataci髇 P鷅lica del Estado en el Expediente 1/21, aprobado en su Comisi髇 Permanente de 28 de julio de 2021, en relaci髇 con el umbral de saciedad, dice que comparte en su integridad la doctrina del TACRC, estableciendo que dicho umbral 玠ebe perseguir realizar una funci髇 tendente a garantizar la viabilidad de la proposici髇 de los licitadores cuando el 髍gano de contrataci髇 entienda justificadamente que por debajo de un determinado l韒ite econ髆ico el contrato corre riesgo de no poder cumplirse�.

Se trata, por tanto, de una finalidad interna, propia y caracter韘tica de cada contrato que se est� licitando y cuya admisibilidad depender� de las caracter韘ticas de las prestaciones que constituyan su objeto. No obstante, a continuaci髇 establece que, por otro lado, hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ha se馻lado en varios informes, como el 1085 y el 1113 que 玡l establecimiento en los criterios de adjudicaci髇 de un umbral de saciedad en el precio puede no ser ajustado, en determinados casos, al principio de econom韆 en la gesti髇 de los fondos p鷅licos, raz髇 por la cual su admisibilidad debe quedar limitada estrictamente a aquellos supuestos en que exista una plena justificaci髇, intr韓seca al contrato en cuesti髇 y a sus caracter韘ticas�. Es por ello, que la regulaci髇 que se establece de los umbrales de saciedad en el presente decreto-ley se condiciona a una adecuada justificaci髇 y de acuerdo a las caracter韘ticas del contrato.

En el mismo sentido, el art韈ulo cinco dispone nuevas medidas para acotar de un modo m醩 riguroso los m醨genes de los niveles de anormalidad con el fin de evitar, de mejor forma, las bajas desproporcionadas que pongan en riesgo los bienes o servicios contratados y eviten una ejecuci髇 inadecuada del contrato. Por su parte, en los art韈ulos seis y siete se incluye una regulaci髇 m醩 detallada para la aplicaci髇 de los criterios de calidad.

Finalmente, en los art韈ulos ocho y nueve se contemplan medidas para equilibrar la viabilidad econ髆ica de la contrataci髇 de obra p鷅lica que efect鷄 la Junta de Extremadura, con la obligatoriedad de incluir una cl醬sula de revisi髇 de precios en todos los contratos que se liciten por procedimiento abierto a partir de la entrada en vigor de este decreto-ley, as� como la no penalizaci髇 en los supuestos en los que se produzcan retrasos en los plazos, motivados por la falta de suministros a consecuencia de desabastecimientos imprevistos, no imputables al contratista.

En la disposici髇 adicional primera se establece los porcentajes para los gastos generales de estructura y de beneficio industrial a aplicar en todos los contratos de obras, de servicios y mixtos que se celebren por los 髍ganos de contrataci髇 de la Junta de Extremadura y sus entidades p鷅licas dependientes, dejando sin efecto los establecidos en el apartado segundo del art韈ulo 42 de la Ley 3/2021 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para 2022, y recogiendo la previsi髇 de que tales porcentajes puedan ser actualizados y modificados por la persona titular de la Consejer韆 con competencias en materia de hacienda.

Por su parte, para 2022, la disposici髇 adicional segunda, prev� la aplicaci髇 a los contratos administrativos de obras o contratos mixtos, que vengan ejecut醤dose con anterioridad al 1 de enero de 2021, las mismas medidas establecidas para los contratos en ejecuci髇 anteriores a dicha fecha por la disposici髇 adicional decimoquinta de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para 2022, por alteraci髇 extraordinaria e imprevisible de los materiales. Tambi閚 se habilita a la persona titular de la Consejer韆 con competencias en materia de hacienda, para establecer medidas en los supuestos de alteraci髇 extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra p鷅lica, que se encuentren vigentes en cada momento, una vez que hubiera perdido vigencia las establecidas por la Ley 3/2021.

Adem醩, se a馻de la disposici髇 transitoria 鷑ica que establece el r間imen a aplicar a los expedientes de contrataci髇 que se encuentren en tr醡ite de licitaci髇 en el momento de entrada en vigor del decreto-ley.

Por su parte, la disposici髇 derogatoria viene a derogar todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este decreto-ley.

La disposici髇 final primera del presente decreto-ley recoge los compromisos de modificaci髇 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia acordados en el seno de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura como soluci髇 de las discrepancias manifestadas en relaci髇 con los art韈ulos 17, 30 y 35 de ese Decreto-ley 3/2021, conforme a lo establecido en el art韈ulo 33 de la Ley Org醤ica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Org醤ica 1/2000, de 7 de enero. Dichos compromisos fueron recogidos en el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral publicado en el Anexo de la Resoluci髇 de 14 de diciembre de 2021 de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial (BOE n鷐. 312, de 29 de diciembre de 2021).

Con la disposici髇 final segunda se modifica el art韈ulo 75 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda P鷅lica de Extremadura, de modo que se atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para conceder cr閐itos extraordinarios hasta el l韒ite m醲imo del 2 % del presupuesto inicial consolidado ante situaciones de urgencia e imprevistas y siempre que se financien con recursos distintos al endeudamiento. Con esta modificaci髇 se ampl韆n las circunstancias en las que se permite al Consejo de Gobierno acudir a esta figura modificativa, as� como su forma de financiaci髇. El contexto de crisis sanitaria vivido ha puesto de relieve la necesidad de dar una respuesta m醩 r醦ida y 醙il a situaciones que requieren de una intervenci髇 urgente por parte de la Administraci髇. Un camino para ello es ampliar las circunstancias y forma de financiaci髇 en las que se autoriza al Consejo de Gobierno a modificar el presupuesto cuando no cabe otra figura modificativa que el cr閐ito extraordinario, dado que la tramitaci髇 del mismo por otro 髍gano de aprobaci髇 dilatar韆 m醩 los plazos.

Mediante la disposici髇 final tercera se modifica la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable de Extremadura, a馻diendo a la misma una disposici髇 adicional d閏ima de aplicaci髇 a los contratos de suministro por actividades directas de las entidades del sector p鷅lico vinculadas al 醡bito agrario.

Por su parte la disposici髇 final cuarta recoge las habilitaciones al Consejo de Gobierno y a la persona titular de la Consejer韆 con competencias en materia de hacienda para el desarrollo y aplicaci髇 del decreto-ley, mientras que la disposici髇 final quinta establece la entrada en vigor al mes de la publicaci髇 en el Diario Oficial de Extremadura, de modo que puedan durante ese periodo adaptarse los pliegos y tr醡ites correspondientes por parte de los 髍ganos de contrataci髇, a excepci髇 de las disposiciones finales segunda y tercera que entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇.

IV

En consecuencia, por todo lo expuesto, este decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇 contenidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, en particular, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia.

As�, de acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa se encuentra justificada por una raz髇 de inter閟 general, habi閚dose identificado los fines perseguidos y entendi閚dose que es el decreto-ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇, habida cuenta de que urge la adopci髇 de las medidas aqu� contempladas para impulsar el aceleramiento de la recuperaci髇 econ髆ica, inclusiva y sostenible, utilizando la contrataci髇 p鷅lica de forma estrat間ica y responsable y responder de forma inmediata al impacto econ髆ico negativo que la crisis del COVID-19 ha producido en la sociedad extreme馻, complementando as� las medidas que en esta materia se han venido adoptando desde el Gobierno de Espa馻 y desde nuestra Comunidad Aut髇oma.

Por otra parte, las medidas contenidas en el decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, habi閚dose constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A su vez, como garant韆 del principio de seguridad jur韉ica, esta iniciativa normativa se adopta de manera coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico, generando un marco normativo de certidumbre, que facilita su conocimiento y, en consecuencia, la actuaci髇 y toma de decisiones de las personas y empresas afectadas.

Adem醩, los presupuestos habilitantes para la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley que exige el art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 se entienden cumplidos en el presente caso, como se ha indicado en esta exposici髇 de motivos y se refleja a continuaci髇 con relaci髇 a los distintos preceptos y disposiciones del presente decreto-ley.

Por todo ello, en el ejercicio de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 33 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administraci髇 P鷅lica, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno en su reuni髇 de 2 de marzo de 2022,

DISPONGO

V閍se la Res. de 18 de octubre de 2022, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 4 de octubre de 2022, de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en relaci髇 con el D.-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contrataci髇 p鷅lica para la reactivaci髇 econ髆ica (獴.O.E.� 14 diciembre).LE0000743476_20221214

Art韈ulo 3 Ponderaci髇 del precio

1. Respetando los principios y requisitos exigidos en la legislaci髇 b醩ica de contratos del Estado y en la normativa auton髆ica, con car醕ter general, para la valoraci髇 de las ofertas, adem醩 del precio, se considerar醤 otros aspectos, como la calidad, la mayor vida 鷗il de la obra o servicio contratado, y la incorporaci髇 de aspectos de innovaci髇 empresarial, vinculados al objeto del contrato p鷅lico de que se trate. En todo caso, para los contratos de obras y de servicios que se tramiten por procedimiento abierto, los 髍ganos de contrataci髇 velar醤 por que el precio no tenga un peso superior al sesenta por ciento ni inferior al cuarenta por ciento de la valoraci髇 total de la oferta, salvo para la excepci髇 contenida en el p醨rafo primero del art韈ulo 145.3.g) de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, siempre que dicha ponderaci髇 permita obtener obras y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades, se respeten los principios de igualdad y proporcionalidad y se garantice que las ofertas ser醤 evaluadas en condiciones de competencia efectiva, debiendo justificarse en el expediente aquellos casos en los que dicha ponderaci髇 no sea aplicable.

2. Los 髍ganos de contrataci髇 velar醤 por el establecimiento de criterios de adjudicaci髇 que permitan obtener servicios de gran calidad para responder lo mejor posible a sus necesidades, especialmente los que tengan una proyecci髇 estrat間ica. En concreto, en todos los contratos de servicios, sean o no prestaciones de car醕ter intelectual, relacionados con las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇, consultor韆, ingenier韆, arquitectura y urbanismo, as� como cuando se trate de contratos relativos al cuidado de personas en el 醡bito de los servicios sociales, que se liciten por procedimiento abierto, los 髍ganos de contrataci髇 vigilar醤 que el criterio precio no supere el treinta por ciento del total de puntos asignable en la valoraci髇 de las ofertas, siempre que permitan obtener la mejor calidad-precio y se respeten los requisitos a los que se refiere el art韈ulo 145.5 de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico. En los casos en los que esta ponderaci髇 no sea aplicable deber� motivarse en el expediente.

3. La persona titular de la consejer韆 con competencias en materia de administraci髇 digital podr� establecer el precio/hora de los perfiles, con respecto a la contrataci髇 de toda clase de bienes y servicios relacionados con las tecnolog韆s de la informaci髇 y comunicaci髇, con car醕ter uniforme para todo el sector p鷅lico auton髆ico.

LE0000745118_20230101Art韈ulo 3 redactado por el n鷐ero 1 de la disposici髇 final tercera de la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para el a駉 2023 (獶.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 9 Retrasos en los plazos por falta de suministros

El contratista no ser� penalizado por los retrasos que se originen en los plazos parciales o totales de ejecuci髇 de las obras, as� como en los contratos de servicio y de suministros cuando se produzcan como consecuencia de la falta de suministros por su escasez en el mercado o derivada de otros factores imprevisibles, en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 195.2 de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, acreditada mediante informe del responsable del contrato.

LE0000727882_20220517Art韈ulo 9 redactado por la disposici髇 final tercera del D-Ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuaci髇 de la Junta de Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de contrataci髇 p鷅lica y medidas fiscales (獶.O.E.� 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2022

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional segunda Contratos administrativos de obras

A los contratos administrativos de obras, que cumplan los requisitos previstos en la disposici髇 adicional decimoquinta de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para 2022, les ser醤 de aplicaci髇 las medidas establecidas en dicha disposici髇, siempre que se haya producido una alteraci髇 extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales tomados en cuenta en la formalizaci髇 del contrato o, en su caso, en las modificaciones posteriores que tuviera el contrato, en los mismos t閞minos establecidos en ella.

LE0000745118_20230101Disposici髇 adicional segunda redactada por el n鷐ero�2 de la disposici髇 final tercera de la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura para el a駉 2023 (獶.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable de Extremadura

Se a馻de una disposici髇 adicional d閏ima a la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contrataci髇 p鷅lica socialmente responsable de Extremadura, en con el siguiente tenor literal:

獶isposici髇 adicional d閏ima Contratos excluidos en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura

Est醤 excluidos del 醡bito de la presente Ley los contratos de suministro relativos a actividades directas de las entidades del sector p鷅lico que tuvieran su sede en Extremadura, cuya actividad tenga car醕ter comercial, industrial, financiero o an醠ogo, en el seno de los mercados agr韈olas afectados por la Pol韙ica Agraria Comunitaria, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el prop髎ito de devolverlos, con o sin transformaci髇, al tr醘ico jur韉ico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares. En tal caso, se regir醤 por el derecho privado.�

LE0000634581_20221130