Decreto ley 10/2022 de 27 de diciembre de medidas urgentes en materia urban韘tica

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Sumario

V閍se Res. del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el D. ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urban韘tica (RGE n鷐. 23/23) (獴.O.I.B.� 31 enero).LE0000746767_20230131

I

El Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears establece la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Aut髇oma sobre ordenaci髇 del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda, as� como la protecci髇 del medio ambiente, ecolog韆 y espacios naturales protegidos sin perjuicio de la legislaci髇 b醩ica del Estado.

En base al referido t韙ulo competencial, desde el a駉 1983 se han ido aprobando las diversas normas auton髆icas que han configurado el r間imen de ordenaci髇 territorial y urban韘tica propio de las Islas Baleares.

La primera Ley de Ordenaci髇 Territorial de las Illes Balears fue la Ley 8/1987, de d韆 1 de abril (actualmente sustituida por la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenaci髇 territorial) que estableci� una serie de instrumentos encaminados a la realizaci髇 de una pol韙ica territorial coordinada e integrada en todo el archipi閘ago balear.

El instrumento superior y b醩ico para conseguir este fin son las Directrices de Ordenaci髇 Territorial aprobadas mediante la Ley 6/1999, de 3 de abril, que actualmente contin鷄n vigentes, si bien han sufrido numerosas modificaciones introducidas a trav閟 de leyes de medidas tributarias y administrativas, de urbanismo y sectoriales como la ley agraria, de puertos, de transportes terrestres y movilidad, de vivienda, de residuos y suelos contaminados y de cambio clim醫ico.

Con anterioridad a la aprobaci髇 de las Directrices, la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de r間imen urban韘tico de las 醨eas de especial protecci髇 de las Illes Balears, ya hab韆 definido las 羠eas de Especial Protecci髇 de Inter閟 para la Comunidad Aut髇oma por raz髇 de sus excepcionales valores ecol骻icos y paisaj韘ticos, y hab韆 establecido las medidas y condiciones de ordenaci髇 territorial y urban韘tica precisas para su conservaci髇 y protecci髇. Pero no fue hasta la aprobaci髇 de la ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo r鷖tico de las Illes Balears que se abord� la ordenaci髇 pormenorizada y el tratamiento integral del suelo r鷖tico frente a los procesos de desarrollo urban韘tico.

En cuanto a la regulaci髇 de la actividad urban韘tica, la primera ley general propia de la Comunidad Aut髇oma de las Illes Balears fue la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenaci髇 y uso del suelo que se plante� como un instrumento normativo que ten韆 que permitir concretar en el espacio municipal el modelo territorial fichado por los instrumentos de ordenaci髇 supramunicipal. Esta ley opt� por excluir de su 醡bito la regulaci髇 de los usos y actividades en suelo r鷖tico, remitiendo dicha regulaci髇 a la legislaci髇 espec韋ica, a excepci髇 de la intervenci髇 en el uso del suelo y disciplina, que s� que se regulaban en dicha ley. Por el contrario, la vigente Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears, incorpor� tanto el r間imen urban韘tico del suelo r鷖tico como aspectos de planeamiento y gesti髇 relativos a esta clase de suelo, al considerar como un objetivo b醩ico una regulaci髇 unitaria de las tres clases de suelo, si bien, en paralelo se mantiene la regulaci髇 del suelo r鷖tico incluida en la Ley de Espacios Naturales y la ley del Suelo R鷖tico.

Con posterioridad, se aprob� el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears, con el objetivo de contener el crecimiento expansivo de la nueva urbanizaci髇 y asegurar la protecci髇 del suelo r鷖tico, evitando situaciones que pudieran ser contrarias a las futuras revisiones de los Planes Territoriales Insulares y de las Directrices de Ordenaci髇 Territorial.

II

Las Directrices de Ordenaci髇 Territorial, aunque tienen vigencia indefinida, previeron un horizonte temporal de 10 a駉s. En su art韈ulo 33 limitaron el incremento del suelo clasificado como urbanizable o apto para la urbanizaci髇, destinado a uso residencial, tur韘tico o mixto, al 10% para las islas de Eivissa, Formentera y Mallorca, y al 12% para la isla de Menorca.

Desde la entrada en vigor de las DOT, en el a駉 1999, la poblaci髇 residente de las Illes Balears ha crecido en un 43%, con porcentajes que var韆n entre el 35% de Menorca y el 95% de Formentera. En este tiempo, las Illes Balears se han visto profundamente transformadas por la urbanizaci髇 y la edificaci髇, incrementando la presi髇 sobre unos territorios y recursos limitados. No obstante, estas cifras contrastan con el escaso consumo del crecimiento residencial, tur韘tico o mixto del art韈ulo 33 de las DOT: se estima que del 10,13% de crecimiento que permit韆n las DOT para el conjunto de las Illes Balears, solo se ha consumido un 2,42%.

Esta discordancia entre el crecimiento que realmente se ha producido y el formalmente consumido urban韘ticamente se explica, en primer lugar, por la pervivencia de planeamientos urban韘ticos antiguos marcadamente desarrollistas, que en el a駉 1999, conten韆n mucho suelo vacante e importantes 醨eas delimitadas pendientes de ejecutar, tanto en unidades de actuaci髇 de suelo urbano como en sectores de suelo urbanizable. En segundo lugar, por el traslado de la presi髇 residencial no vinculada a la actividad agraria al suelo r鷖tico de las islas de Mallorca, Eivissa y Formentera.

La disposici髇 transitoria und閏ima de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears estableci� un r間imen espec韋ico para aquel suelo urbano, clasificado formalmente como tal en los instrumentos de planeamiento urban韘tico general, que no dispone de servicios urban韘ticos b醩icos. Es lo que se denomina suelo urbano sin urbanizaci髇 consolidada o 玣also urbano�. Esta disposici髇 otorg� a los municipios el plazo de un a駉 para que se adaptaran a ella, esto es, hasta el d韆 1 de enero de 2019.

Dado el potencial crecimiento vinculado a los 玣alsos urbanos� y para asegurar la aplicaci髇 de la disposici髇 transitoria und閏ima, el apartado 1 del art韈ulo 2 del Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears, previ� que, transcurrido el plazo previsto en el apartado 4 de dicha disposici髇 transitoria, sin que el municipio afectado no hubiera iniciado la adaptaci髇 a dicha disposici髇, los consejos insulares deb韆n asumir las potestades de ordenaci髇 urban韘tica de parte de los suelos urbanos sin consolidar, antes del d韆 31 de diciembre de 2021

Por su parte, el apartado 6 del citado art韈ulo 2, dispuso que, en el caso de que el d韆 31 de diciembre de 2021 consejos insulares o el Ayuntamiento de Palma no hubiesen ejercido las potestades a las que hace referencia el apartado primero de este art韈ulo, 閟tas ser韆n asumidas, por subrogaci髇, por el Gobierno de las Illes Balars, el cual deb韆 aprobar el correspondiente instrumento de ordenaci髇 antes del 31 de diciembre de 2022.

As� pues, y en cumplimiento del mandato del mencionado apartado 6 del art韈ulo 2 del Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de les Illes Balears, se formula y propone este decreto ley. El art韈ulo segundo clasifica como suelo r鷖tico con la categor韆 b醩ica de suelo r鷖tico com鷑, los suelos urbanos sin consolidar en el caso de que el consejo insular respectivo no se hubiera subrogado de acuerdo con lo previsto el en art韈ulo 2 del Decreto Ley 9/2020.

Sin embargo, las reclasificaciones que se produzcan no son obst醕ulo para que las administraciones competentes puedan ejercer con total plenitud su potestad de planeamiento, redefiniendo la ordenaci髇 de los terrenos afectados conforme a la clasificaci髇 y calificaci髇 que, en su caso, resulte oportuna y adecuada. Y haciendo posible as�, con esta eventual nueva operaci髇, conseguir una ordenaci髇 del espacio urbano que satisfaga las necesidades locales a la vez que se adecue al marco supralocal.

En cuanto a la necesidad y urgencia del decreto ley, respecto de las previsiones del art韈ulo segundo, conviene en la actualidad dar a estos terrenos la clasificaci髇 que corresponde a su estado f醕tico real, lo que requiere la formulaci髇 de una norma de r醦ida aprobaci髇, promulgaci髇 y entrada en vigor, como es el caso de un decreto ley, a fin de evitar posibles intentos de transformar los terrenos si se tramitara una ley por el procedimiento legislativo ordinario, dando lugar a situaciones f醕ticas irreversibles.

III

En el municipio de Sant Josep de sa Talaia, en Eivissa, hay dos edificios conocidos como apartamentos Don Pepe. Se trata de dos bloques de edificios, cada uno con planta baja y cuatro pisos, y con un centenar de viviendas en total. Estos edificios fueron construidos hace m醩 de cinco d閏adas, en un espacio controvertido, justo al lado del aeropuerto de Eivissa, y cerca de la l韓ea de costa.

Desde entonces hasta hoy, el avance en diferentes legislaciones promovidas de forma sucesiva en estas cinco d閏adas para dar mayor seguridad, derechos en salud y bienestar, y protecci髇 al entorno con el af醤 de proporcionar m醩 garant韆s a la ciudadan韆, en las infraestructuras de servicio p鷅lico y en la conservaci髇 del medio ambiente, tuvo un efecto decisivo para el estatus jur韉ico de estas construcciones, que quedaron situadas dentro de la protecci髇 de diversas zonas de influencia como las de AESA, de la l韓ea de exclusi髇 de ruidos del aeropuerto, del Parque Natural de ses Salines, de afectaci髇 de costas, as� como dentro de zonas declaradas LIC y ZEPA.

Actualmente, por un lado, son edificios antiguos f韘icamente, con carencias estructurales significativas, que han provocado la apertura de un expediente municipal de ruina en uno de ellos y el consiguiente desalojo de los residentes; por otra parte, jur韉icamente, se encuentran fuera de la actual normativa urban韘tica, lo que impide una intervenci髇 de obra de acuerdo con la normativa vigente.

Paralelamente, desde su construcci髇 hasta la actualidad, las viviendas y locales existentes han cambiado de persona propietaria pr醕ticamente en su totalidad. Se puede certificar que las actuales personas propietarias y residentes han cumplido con las obligaciones ciudadanas que les son propias y, por tanto, es necesario considerarlos terceros de buena fe.

Actualmente, este c鷐ulo de situaciones sobrevenidas genera un grave problema de acceso a la vivienda sobre un gran n鷐ero de familias que han actuado en todo momento desde una leg韙ima confianza. Este problema a鷑 se magnifica m醩, si cabe, en la isla de Eivissa, donde el acceso a la vivienda se prev� sumamente complicado y que requiere soluciones al m醩 alto nivel.

Para hacer frente a esta problem醫ica, el d韆 10 de febrero de 2022, en una reuni髇 a tres bandas mantenida en el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia entre el Gobierno de las Illes Balears, el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y representantes de las personas propietarias de los apartamentos Don Pepe, se propuso una soluci髇 para el problema de vivienda del conjunto de las familias afectadas y que, a la vez, restablecer韆 el espacio natural devolviendo y reforzando los valores medioambientales y ecol骻icos en todo el entorno.

La soluci髇 implica a varias administraciones y entidades de las Iless Balears, tanto municipales como supramunicipales, como el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, la Consejer韆 de Movilidad y Vivienda, la Consejer韆 de Medio Ambiente y Territorio, la Consejer韆 de Presidencia, Funci髇 P鷅lica e Igualdad, el Consejo Insular de Eivissa y el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).

Para llevar a cabo esta operaci髇, se aprob� el Decreto 7/2022 de 14 de marzo, por el que se crea la Comisi髇 de Seguimiento de la soluci髇 de vivienda de las personas que habitan los apartamentos Don Pepe y del restablecimiento de los valores ecol骻icos en la zona, para velar por el correcto desarrollo de la propuesta que se ha consensuado por mutuo acuerdo entre instituciones y personas propietarias.

Llegados a este punto, resulta urgente y necesario, mediante el art韈ulo tercero de este Decreto ley, clasificar como suelo urbanizable directamente ordenado unos terrenos del t閞mino municipal de Sant Josep de sa Talaia, para destinarlos a acoger viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica que permitan realojar a los propietarios de los Apartamentos Don Pepe.

IV

La disposici髇 final primera modifica la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.

A causa de los excesos producidos, el crecimiento cuantitativo de la nueva urbanizaci髇 ha sido puesto en cuesti髇 y se ha generado un cierto consenso en la idea de que es necesario enfocar la actividad urban韘tica y territorial hacia la conservaci髇, recuperaci髇 y rehabilitaci髇 de todo el patrimonio ambiental y urbano de la comunidad. Ciertamente, se ha producido un cambio de paradigma en el urbanismo europeo y estatal, reflejado tambi閚 en el auton髆ico, que se opone al tradicional modelo expansionista y desarrollista y que se concreta en el t醤dem sostenibilidad-rehabilitaci髇 urbana.

En los 鷏timos a駉s, el legislador balear ha efectuado varias reclasificaciones a suelo r鷖tico de sectores de suelo urbanizable (disposici髇 adicional 16� de la LUIB y art韈ulo 3 del Decreto Ley 9/2020), al considerar que ya no eran no conformes a las necesidades actuales de ordenaci髇 de espacio urbano. Los terrenos afectados se correspond韆n con suelos en situaci髇 b醩ica de suelo rural, clasificados como suelo urbanizable en un momento pret閞ito, que no se hab韆n desarrollado pese a haber transcurrido los plazos para ello.

Aprendiendo de los errores del pasado y con la mirada puesta hacia el futuro, se plantea que los nuevos urbanizables que puedan planificar los municipios en el ejercicio de sus competencias urban韘ticas est閚 condicionados a las necesidades reales de los n鷆leos de poblaci髇. De acuerdo con todo lo expuesto, el primer apartado de la disposici髇 final establece los casos en que no es posible la clasificaci髇 de nuevos sectores urbanizables, exceptuando varios supuestos como son las promociones de vivienda protegida p鷅lica y los equipamientos.

Asimismo, uno de los grandes retos del siglo XXI es la emergencia clim醫ica. Los 鷏timos informes del IPCC (el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio clim醫ico) califican el cambio clim醫ico antropog閚ico como una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta y las administraciones a actuar. Las medidas que se adopten en el presente determinar醤 la forma en que las personas y la naturaleza responder醤 a los crecientes riesgos.

Los 鷏timos informes del IPCC (el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio clim醫ico) califican el cambio clim醫ico antropog閚ico como una amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta e instan las administraciones a actuar. Las medidas que se adopten en el presente determinar醤 la forma en que las personas y la naturaleza responder醤 a los crecientes riesgos.

El agua es un bien escaso en el clima mediterr醤eo, pero lo ser� todav韆 m醩. El cambio clim醫ico en nuestras islas supondr�, entre otros efectos, una reducci髇 de la precipitaci髇, un incremento de la temperatura y una mayor prevalencia de los fen髆enos meteorol骻icos extremos. Todo ello se traduce en una menor disponibilidad de agua subterr醤ea, principal fuente de suministro.

Por este motivo, se aprovecha la ocasi髇 para crear un nuevo art韈ulo de aplicaci髇 directa en la Ley de Urbanismo. En concreto, el apartado segundo de la disposici髇 final primera a馻de un nuevo art韈ulo en el Cap韙ulo V, del T韙ulo II de la Ley de Urbanismo, relativo a las normas de aplicaci髇 directa. Se trata del art韈ulo 68.bis de medidas para la reducci髇 del consumo de agua. El nuevo art韈ulo recoge medidas que ya se previeron en el art韈ulo 6 del Decreto Ley 9/2020, para el suelo r鷖tico, y ampl韆 su aplicaci髇 a todas las islas, a la vez que incorpora medidas nuevas para todas las clases de suelo.

En consonancia con lo dispuesto en el primer apartado de esta disposici髇 final, el tercer apartado introduce una disposici髇 transitoria en la ley de urbanismo de las Illes Balears, la decimosexta, que establece un r間imen transitorio aplicable a las modificaciones o revisiones de planeamiento que delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable que, a d韆 27 de diciembre de 2022, que es la fecha prevista para la entrada en vigor de este Decreto ley, est閚 en tramitaci髇.

La disposici髇 final segunda modifica la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de r間imen urban韘tico de las 醨eas de especial protecci髇 de las Illes Balears, para proteger tres espacios de la isla de Mallorca y uno de la isla de Eivissa. Se trata, en todos los casos, de espacios contiguos a 羠eas Naturales de Especial Inter閟 con importantes valores naturales, paisaj韘ticos y patrimoniales en los que existe o ha existido presi髇 urbanizadora, por lo que se considera esencial preservarlos del desarrollo urban韘tico con una norma con rango de ley.

V

El art韈ulo 49 del Estatuto de Autonom韆 permite al Gobierno dictar medidas legislativas en forma de decreto ley, en casos de necesidad extraordinaria y urgente, siempre que no afecten a los derechos establecidos en el Estatuto de Autonom韆, las materias objeto de leyes de desarrollo b醩ico de 閟te, los presupuestos generales de la Comunidad Aut髇oma, la reforma del Estatuto, el r間imen electoral ni el ordenamiento de las instituciones b醩icas de la comunidad aut髇oma de las Illes Balears. Se trata de una figura inspirada en la que prev� el art韈ulo 86 de la Constituci髇 espa駉la, cuyo uso ha producido una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha insistido en que la definici髇, por parte de los 髍ganos pol韙icos, de una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad debe ser expl韈ita y razonada, y que debe haber una "conexi髇 de sentido", o relaci髇 de adecuaci髇, entre la situaci髇 excepcional y las medidas que se pretendan adoptar, que deben ser id髇eas, concretas y de eficacia inmediata. Es exponente de esta doctrina constitucional la reciente Sentencia 12/2015, de 5 de febrero, en la que se recogen los pronunciamientos reiterados del alto tribunal sobre la utilizaci髇 de este instrumento normativo

Desde la Sentencia 137/2011, de 14 de septiembre, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la valoraci髇 de la necesidad extraordinaria y urgente puede ser independiente de su imprevisibilidad e incluso puede tener origen en la inactividad previa del Administraci髇 competente, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situaci髇. Adem醩, el Tribunal Constitucional, en la misma l韓ea que la anterior Sentencia 29/1986, de 20 de febrero, en la Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre, razona que no debe confundirse la eficacia inmediata de la norma con su ejecuci髇 instant醤ea y, por tanto, debe permitirse que las medidas adoptadas con car醕ter de urgencia incluyan un posterior desarrollo normativo y de actuaciones administrativas de ejecuci髇 de aqu閘las.

Por tanto, la necesidad y la importancia de alcanzar los objetivos explicitados en este pre醡bulo, determina la urgencia de las medidas que deben adoptarse, que exigen un plazo m醩 breve que el que requiere la tramitaci髇 de las leyes, tanto por el procedimiento ordinario como por el de urgencia, y, en consecuencia, justifica la utilizaci髇 del instrumento del decreto ley que prev� el art韈ulo 49 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.

De este modo, el decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que la finalidad que justifica la legislaci髇 de urgencia sea atender a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

La v韆 de legislaci髇 de excepci髇 es adecuada, pues, ante la situaci髇 de emergencia clim醫ica y p閞dida de los valores caracter韘ticos de nuestros territorios y paisajes.

Los motivos de oportunidad que se han expuesto, as� como las medidas que se adoptan en este decreto ley, justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de esta norma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

As� las cosas, la utilizaci髇 de esta figura normativa como instrumento para la introducci髇 de las medidas contenidas en ella, cumple con los dos presupuestos de validez, como son, la situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad y la no afectaci髇 a las materias que le son vedadas

Este decreto ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇, atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, dado que la iniciativa se fundamenta en el inter閟 general que supone la protecci髇 del territorio y del medio ambiente, siendo 閟te el momento de adoptar medidas adicionales para atender estas necesidades, siendo tambi閚 el decreto ley el instrumento m醩 adecuado para garantizar su consecuci髇.

La norma se adecua tambi閚 al principio de proporcionalidad al contener la regulaci髇 imprescindible para alcanzar el objetivo de proteger el territorio y contener el crecimiento de nueva urbanizaci髇. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, estableciendo normas claras que aseguren la mejor protecci髇 de los derechos de los ciudadanos, proporcionando certeza y agilidad

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 49 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, as� como el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, como presupuestos que habilitan la aprobaci髇 de este decreto ley, por lo que el Gobierno de las Illes Balears considera plenamente adecuado el uso de este instrumento para dar cobertura a las disposiciones que se han descrito, dado que responde a la exigencia de que exista una conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 excepcional y las medidas que se pretenden adoptar, que son id髇eas, concretas y de eficacia inmediata.

VI

Este decreto ley se estructura en tres art韈ulos, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

El art韈ulo 1 establece su objeto, finalidad y 醡bito de aplicaci髇.

El art韈ulo 2 reclasifica determinados suelos urbanos sin urbanizaci髇 consolidada, en cumplimiento del mandato que se contiene en el apartado 6 del citado art韈ulo 2, del Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Islas Baleares.

El art韈ulo 3 clasifica como suelo urbanizable directamente ordenado determinados terrenos del t閞mino municipal de San Jos� de sa Talaia, para destinarlos a acoger viviendas de protecci髇 p鷅lica para realojar a los propietarios afectados por las actuaciones llevadas a cabo en relaci髇 con los Apartamentos Don Pepe.

La Disposici髇 derogatoria 鷑ica establece que quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a este decreto ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto.

La disposici髇 final primera introduce las modificaciones de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears que se han expuesto en el apartado IV de este pre醡bulo.

La disposici髇 final segunda modifica el anexo I, cartograf韆, de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y r間imen urban韘tico de las 醨eas de especial protecci髇 de las Illes Balears.

Por 鷏timo, la disposici髇 final tercera determina la vigencia inmediata de 閟te decreto ley.

Este decreto ley se dicta al amparo de los t韙ulos competenciales establecidos en los puntos 3 y 46 del art韈ulo 30 y en el punto 6 del art韈ulo 31 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears.

Por todo ello, a propuesta del consejero Medio Ambiente y Territorio, y habi閚dolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesi髇 ordinaria del d韆 27 de diciembre de 2022, se aprueba el siguiente

Decreto Ley

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Normas que se derogan

Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a este decreto ley, lo contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto, y en concreto, el art韈ulo 7 del Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protecci髇 del territorio de las Illes Balears.

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DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears

1. Se incorpora un nuevo apartado en el art韈ulo 20, de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, relativo a suelo urbanizable, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

�2. El planeamiento urban韘tico general municipal no puede delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando se d� una de las siguientes circunstancias:

• a. Las necesidades reales del n鷆leo puedan ser resueltas mediante actuaciones de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbana, que siempre deben ser prioritarias frente a los nuevos crecimientos. A tal efecto, se entender� que se da esta circunstancia cuando:
  • - El n鷆leo urbano disponga de m醩 de un 15% de suelo vacante. Se entender� por suelo vacante aquellas parcelas de suelo urbano de uso no dotacional que, siendo aptas para la edificaci髇, no est閚 edificadas. Para realizar este c髆puto, se excluir醤 las parcelas de superficie igual o inferior a 500 m².
  • - El n鷆leo disponga de superficie equivalente al nuevo crecimiento pretendido en suelo de desarrollo urbano sometido a actuaciones de transformaci髇 urban韘tica. Se entender� que el n鷆leo dispone de suelo equivalente cuando el total de superficie de 醡bitos de transformaci髇 urban韘tica delimitados en suelo urbano y urbanizable no ejecutados y con plazos vencidos, sea igual o superior a las necesidades de crecimiento, indistintamente del uso global de cada 醡bito.
  
  Excepcionalmente, se podr� justificar la incompatibilidad del uso a implantar en el suelo de desarrollo urbano existente en los siguientes casos:
  • a) Cuando el uso a implantar sean un equipamiento de grandes dimensiones que requiera, una superficie continua mayor a la disponible en el suelo urbano
  • b) Cuando el uso predominante en implantar sea un equipamiento p鷅lico y con los suelos disponibles no se pueda asegurar la viabilidad econ髆ica y t閏nica de la actuaci髇 o se comprometa el correcto funcionamiento del equipamiento.
  • c) Cuando el uso predominante a implantar sea residencial y el suelo equivalente se corresponda con un suelo de uso industrial discontinuo con el suelo urbano del n鷆leo
  • d) Cuando el uso predominante a implantar, por cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente, sea incompatible con los suelos urbanos existentes y sus usos colindantes.
  • e) Cuando el uso a implantar sea residencial destinado 韓tegramente a viviendas protegidas de promoci髇 p鷅lica.
• b. Se ubiquen en zonas de riesgo delimitadas como 羠ea de Prevenci髇 de Riesgo de Inundaci髇. Excepcionalmente, se admitir� la clasificaci髇 para destinar a equipamientos o infraestructuras promovidos por administraciones p鷅licas, siempre que se justifique que no existen alternativas de localizaci髇 viables y condicionado a que puedan implementarse medidas correctoras que no supongan, en ning鷑 caso, un incremento del riesgo de inundaci髇 a terceros.�

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2. Se incorpora un nuevo art韈ulo en el cap韙ulo V de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, relativo a las normas de aplicaci髇 directa, del t韙ulo II de la Ley, con el siguiente contenido:

獳rt韈ulo 68.bis Medidas para la reducci髇 del consumo de agua

• - Los nuevos edificios y aquellos en los que se lleven a cabo obras de reforma integral tendr醤 que dotarse de sistemas de fontaner韆 de bajo consumo.
• - Los proyectos de construcci髇 de edificaciones en suelo r鷖tico, salvo las vinculadas a explotaciones agrarias que deber醤 regirse por su legislaci髇 espec韋ica, deben prever la recogida de aguas pluviales de las cubiertas para su reutilizaci髇 en las necesidades de la edificaci髇 y/o finca.
• - El uso de vivienda unifamiliar en suelo r鷖tico no puede dar lugar a la construcci髇 de m醩 de una piscina por finca. La l醡ina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo r鷖tico no puede exceder de treinta y cinco (35) m² y su volumen, los sesenta (60) m³.
• - En parques y jardines p鷅licos, se utilizar醤 pavimentos con un alto 韓dice de reflectancia y tendr醤 que contar con espacios verdes que act鷈n a modo de refugio clim醫ico. A tal efecto, se sembrar醤 preferentemente especies aut骳tonas y/o de bajo requerimiento h韉rico y se potenciar� su riego con aguas regeneradas.
• - Se fomentar� la utilizaci髇 de aguas regeneradas para la limpieza y el mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos municipales.
• - Las actuaciones de nueva urbanizaci髇 y de renovaci髇 urbana deber醤 dotarse de sistemas urbanos de drenaje sostenible.�

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3. Se incorpora una disposici髇 transitoria, la decimosexta, a la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, con el contenido siguiente:

獶isposici髇 transitoria decimosexta

R間imen transitorio aplicable a las modificaciones o revisiones de planeamiento que delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable

Las determinaciones contenidas en el apartado 2 del art韈ulo 20 de esta Ley no ser醤 de aplicaci髇 a las modificaciones o revisiones de planeamiento municipal que delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable que, en fecha 27 de diciembre de 2022, se encuentren en tramitaci髇.

A efectos de la aplicaci髇 de esta disposici髇, se entiende que se est� tramitando una modificaci髇 o revisi髇 de planeamiento municipal cuando se ha adoptado el acuerdo de aprobaci髇 inicial del instrumento de planeamiento, siempre y cuando no haga m醩 de tres a駉s del 鷏timo acto esencial en la tramitaci髇 del procedimiento de adaptaci髇 del planeamiento municipal.�

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