DECRETO LEY 7/2023, de 14 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a personas físicas vulnerables para paliar los efectos de la subida de los precios de la alimentación como consecuencia de la guerra en Ucrania y de la subida de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual

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Sumario

Preámbulo

I

La invasión de Ucrania por parte de Rusia está produciendo un importante impacto económico en toda la economía europea y, por consiguiente, también en la Comunitat Valenciana. Este impacto se está reflejando, especialmente, en el incremento de los costes, principalmente energéticos, para todos los sectores de actividad.

Al mismo tiempo, ese incremento se ha trasladado a los precios de todos los productos, incluidos alimentos básicos, alcanzando la tasa de variación anual del IPC general en España el 6% el pasado mes de febrero de 2023 (un 6% también en la Comunitat Valenciana) habiéndose registrado una inflación acumulada en el conjunto de 2022 del 8,4 % en ambas, con puntas interanuales del 10,8% en el pasado mes de julio (10,9% en la Comunitat Valenciana).

En este contexto, se han ido acordando diversas medidas de apoyo dirigidas tanto a las empresas como a la ciudadanía desde el ámbito europeo, nacional y de la propia Comunitat Valenciana.

En el ámbito europeo, y con el objeto de paliar la presión inflacionaria mundial y limitar el desabastecimiento, en particular de los países en vías de desarrollo, la Unión Europea ha tomado iniciativas políticas desde mayo de 2022 tendentes a facilitar la exportación de cereal de Ucrania a través de corredores seguros terrestres hasta el fin del bloqueo de Rusia de los puertos del mar Negro en julio de 2022.

En junio de 2022, el Consejo Europeo aprobó unas conclusiones sobre la respuesta coordinada de los Estados miembros centrada en cuatro líneas de acción: solidaridad, producción sostenible, comercio y multilateralismo.

Por otra parte, la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) garantiza la seguridad de acceso a alimentos para todas las personas europeas. En el contexto actual, los países de la UE están apoyando a las agricultoras y los agricultores de la UE para garantizar la continuidad de la producción. Se han aprobado medidas de ayudas a las agricultoras y a los agricultores de la Unión Europea por un valor de 500 millones de euros. En particular, la UE les proporciona anticipos para resolver los problemas de liquidez y excepciones temporales para algunos requisitos de la PAC, como las tierras retiradas de la producción, entre otras medidas.

Además, a escala nacional, los Estados miembros de la UE pueden reducir los tipos del IVA, animar a los minoristas a que mantengan los precios a la baja y utilizar fondos específicos de la UE para ayudar a las personas más desfavorecidas.

En el ámbito nacional, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, por el que ha suprimido desde el 1 de enero de 2023 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y, además, ha bajado del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva, y de las pastas. Además, establece, una ayuda de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos, con el fin de apoyar las rentas de las familias de clase media en un contexto de inflación. Con estas medidas se pretende aliviar la situación de las familias, especialmente la de aquellas con bajos ingresos, que dedican una parte mayor de su renta a adquirir esos bienes.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, se aprobó el Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania, y se han establecido diferentes medidas que venían recogidas en el Plan Reactiva. Mediante el Decreto-ley 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos como tales en el Régimen Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad en los subsectores que se han visto especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se establecieron ayudas directas para las personas trabajadoras autónomas con el objeto de paliar el incremento de los costes energéticos. Todas estas medidas se centraban principalmente en reducir los impactos negativos inmediatos de los costes de energía derivados de la invasión de Ucrania.

La creciente incertidumbre económica, así como las consecuencias sobre el nivel de renta de la diferencia entre la inflación y los salarios, se está trasladando paulatinamente al coste de la cesta de la compra, que representa un porcentaje importante del consumo familiar. Este porcentaje es significativamente mayor en el conjunto de los gastos familiares para las rentas medias y bajas, por lo que cualquier intervención en el sentido de reducir esta carga se traducirá en un alivio de las economías familiares, particularmente de las más modestas.

Respecto a los alimentos básicos, el crecimiento interanual de sus precios al consumo en febrero de 2023 se situaba en el 18% en España frente al 6,0% del IPC general, un incremento que, al no venir acompañado por una subida equivalente de salarios, conlleva que la mayoría de las personas hayan perdido capacidad adquisitiva, esto es, tengan menor capacidad de gasto y consumo. Productos básicos como el pan, leche, huevos, frutas, legumbres y patatas están sufriendo en mayor medida que la media de otros bienes y servicios de consumo las tensiones inflacionistas derivadas del aumento en los costes de producción.

En un horizonte de incertidumbre sostenida por la situación geopolítica global, en la que, a pesar de la tendencia positiva de evolución de los precios en España y en la Comunitat Valenciana en el último trimestre, sobre todo en comparación con la media europea, no queda asegurado una recuperación de nivel de inflación aceptable en el horizonte inmediato.

Por los motivos expuestos, resulta necesario aplicar, durante el año 2023, ayudas dirigidas a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana para paliar, en la medida de lo posible, las cargas adicionales en el presupuesto del consumo familiar derivadas del incremento de precios en general y de los productos alimenticios en particular.

El incremento de los precios de consumo afecta a amplias capas de la población y sigue siendo significativo el impacto en rentas medias, por lo que se hace necesario un instrumento de apoyo a las personas y a las familias.

Por todo ello, concurren razones de interés público que justifican el otorgamiento directo de ayudas que radican en la urgencia de minimizar los negativos efectos sociales, económicos y productivos que, en el corto y medio plazo, puedan producirse sobre las cargas adicionales de consumo derivadas de la creciente inestabilidad económica y el incremento de la inflación, limitando estos a través de ayudas a la adquisición de la cesta de la compra.

Por ello, y ante la evidencia del deber de actuación de la Generalitat sobre la demanda de proximidad, incentivándola para garantizar el acceso a los bienes de consumo, la línea de ayudas enmarcada en el programa Bono Cesta de la Compra regulada en el presente decretoley persigue mitigar el impacto negativo del alza de precios de productos de consumo, en particular de alimentación.

Para la ejecución del programa se emitirán tarjetas prepago por el importe de la ayuda con las cuales se podrán pagar las compras realizadas en los establecimientos que admitan dicha forma de pago.

Serán personas beneficiarias del Bono Cesta de la Compra, las personas físicas cuyos ingresos íntegros, en el ejercicio 2021 hayan sido inferiores a 21.000 euros anuales. No obstante, se excluyen de las ayudas al colectivo de pensionistas en atención a que las pensiones, contributivas y no contributivas, se han incrementado este año, de forma extraordinaria, para garantizar el poder adquisitivo de este colectivo en base a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Finalmente, las grandes empresas de distribución del sector de alimentación de la Comunitat Valenciana y un sector del pequeño comercio se han comprometido a colaborar en el programa a través de donaciones a entidades sin ánimo de lucro para la adquisición de alimentos.

II

Por otro lado, la estabilidad de precios con elevado riesgo deflacionista en las economías europeas en los últimos años y que obligó al BCE a mantener el tipo de intervención al 0% durante mucho tiempo y a realizar operaciones especiales de expansión monetaria además del Quantitative Easing, finalizó durante 2021. Debido a los efectos de la pandemia del covid19 y la globalización junto a la política fiscal expansiva adoptada por los países, la economía global se resintió por la aparición de cuellos de botella, produciéndose un punto de inflexión en la tasa de inflación, que mostró un comportamiento claramente alcista. Estos cuellos de botella en los componentes provocaron un alza general de los precios de las materias primas, energía, y finalmente de los precios industriales. La guerra desatada en Ucrania y las tensiones previas prebélicas a principios de 2022 no han hecho más que tensionar aún más los precios.

En ese contexto internacional, la política monetaria expansiva que caracterizó la estrategia del Banco Central Europeo durante la recuperación de la crisis financiera de 2008 y la pandemia COVID-19, ha sido sustituida por un endurecimiento traducido en una sostenida subida de tipos de interés de referencia, que se ha trasladado rápidamente a los mercados monetarios y de deuda. Y todo ello en respuesta para controlar la inflación de hasta dos dígitos que han registrado en los últimos meses las economías mundiales y por ende los países miembros de la Unión Europea.

En España, la exposición al riesgo de tipo de interés de la cartera hipotecaria se ha ido reduciendo durante los últimos años, aumentando el peso de los préstamos a tipo fijo, de manera que antes de la subida de tipos, tres de cada cuatro nuevas hipotecas se concedían ya a tipo fijo. Además, el plazo medio residual ha bajado de los dieciocho años en 2017 a apenas diez a finales de 2021. No obstante, aunque el volumen vivo del conjunto de préstamos hipotecarios con tipo de interés variable es reducido con relación al importe nominal de los préstamos, el conjunto de los préstamos hipotecarios vivos en España a tipo de interés variable son los que con claridad tienen mucho mayor peso que los de tipo fijo, por lo que el impacto de la subida de los tipos de interés afecta, aunque asimétricamente, a la mayoría de las familias endeudadas con hipotecas.

No obstante, la subida del Euribor (principal índice de referencia del mercado hipotecario) en más de cuatrocientos puntos básicos en estos últimos meses, tras haber permanecido seis años en terreno negativo, está afectando a aquellas familias que tienen concertada su hipoteca a tipo variable. El alza del Euribor ha provocado un fuerte aumento en las cuotas hipotecarias mensuales de esas familias que se irá extendiendo durante los próximos meses a medida que se produzcan las revisiones periódicas correspondientes. La situación se ve en cierta forma agravada por cuanto el mercado hipotecario español de los últimos años se ha caracterizado por la concesión de operaciones a las familias al límite de su capacidad de pago, apoyado en la inusual etapa pasada de tipos de interés muy bajos.

Así mismo, además del impacto de la subida de los tipos de interés de las hipotecas, hay que sumar el incremento reciente de otros costes de bienes y servicios básicos como los alimentos o la energía, que está afectando gravemente a las rentas reales familiares, lo que potencialmente asfixia a los hogares con rentas más modestas y con hipoteca, puesto que éstas destinan un mayor porcentaje de sus rentas a la alimentación y transporte.

Reconociendo la gravedad de los costes económicos, financieros y sociales que pueden generar las situaciones de excesivo endeudamiento y de dificultades para el pago de los préstamos sobre la vivienda habitual, y al objeto de complementar las ayudas estatales establecidas para reforzar la protección del deudor hipotecario en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos de interés o por la reducción de las rentas reales, bien por la elevada pérdida de poder adquisitivo o bien por la precariedad laboral, y permitir el alivio de su carga financiera, el presente Decreto-ley establece un programa de ayudas a esas personas físicas que forman parte de colectivos vulnerables con hipoteca sobre vivienda habitual radicada en la Comunitat Valenciana en régimen de tipo de interés variable y que deben hacer frente a un esfuerzo hipotecario excesivo con relación a sus condiciones económicas.

III

La urgencia y especiales características de las ayudas que se convocarán en ejecución de este Decreto-ley, tanto en lo que se refiere al objeto de las mismas, como a los importes a conceder y al elevado número de potenciales personas que pueden acogerse a las mismas, requiere la adopción de diversas medidas de simplificación administrativa con carácter previo a la publicación de las bases reguladoras.

El carácter excepcional de estas ayudas determina la aplicación del procedimiento de urgencia en su concesión y la necesidad de que su tramitación se realice íntegramente por medios electrónicos.

Además, para facilitar la solicitud telemática de las ayudas que se establecen en este decreto-ley, se encomendará a una Entidad Colaboradora la asistencia a las personas solicitantes, así como su representación. Asimismo, la concurrencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad, por tratarse de unas ayudas que pretenden ofrecer una rápida respuesta a una situación de excepcional gravedad derivada de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Concretamente, por una parte, para hacer frente a la drástica subida de los precios de los alimentos, que viene produciéndose como consecuencia del aumento de las materias primas y del coste de la energía desde que comenzó la guerra en Ucrania, y que está suponiendo un cambio en el hábito de consumo de los ciudadanos y que afecta especialmente a las personas más vulnerables. Por otra parte, la política de aumento de tipos de interés con el objetivo de contener la inflación, impulsada por el Banco Central Europeo, junto al aumento de precios, está agravando la situación de las familias más vulnerables con préstamo hipotecario variable sobre sus viviendas y, en consecuencia, viendo notablemente reducida su capacidad adquisitiva.

Todo ello, justifica la declaración de emergencia de la contratación de aquellas prestaciones que resulte necesario realizar para la gestión de las ayudas.

Asimismo, la naturaleza de la subvención, destinada a paliar los efectos de la inflación en los productos de alimentación, permite aplicar la excepción recogida en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que autoriza para exceptuar los requisitos generales establecidos en el artículo 13 de la citada Ley para ser beneficiario de la subvención, así como facultar para el no requerimiento de otra justificación más que la comprobación de la concurrencia de una determinada situación en los perceptores.

IV

Respecto a los créditos para la financiación de las ayudas que se regulan en el presente decreto-ley señalar que, en primer lugar, para el Bono Cesta de la compra, el importe global de la ayuda a conceder se estima en 48.440.000 euros, en la presente norma se fija un crédito inicial de 10.000.000 euros que será ampliado dando respuesta a las necesidades de crédito en función de las solicitudes finalmente presentadas, hasta llegar a todas las personas que puedan ser beneficiarios del Bono. En segundo lugar, en lo que refiere al programa destinado a personas físicas con préstamo hipotecario sobre la vivienda habitual en régimen de tipo de interés variable el importe inicial de las ayudas a conceder derivadas de este decreto ley se fija en 6.000.000 euros. No obstante, y en atención a las dificultades para obtener información fiable para determinar el importe global de la ayuda, el crédito podrá ser ampliado en función de las solicitudes finalmente presentadas, habiéndose estimado el importe de las mismas en hasta 18 millones de euros Y, por último, en lo relativo al “Bono de Alquiler Joven» en el presente decreto-ley se regula la posibilidad de ampliar el crédito disponible a través de la disposición adicional tercera. En el nuevo contexto inflacionario que aumenta la dificultad para acceder a una vivienda que haga posible su autonomía personal, el Bono Joven del Plan estatal de vivienda, a través de una partida ampliable con fondos propios de la Generalitat. De esta manera, la Conselleria de Vivienda podría llegar a 8.900 jóvenes mediante el apoyo de 250 euros al mes durante 2 años, con un coste estimado de hasta 30 millones de euros entre las anualidades 2023 y 2024.

V

La disposición adicional segunda relativa al complemento Masa Salarial Adicional docente, faculta a la Conselleria competente en materia de Educación para poder realizar la ejecución efectiva de los pagos derivados de las medidas acordadas. Todo esto basado en la disposición adicional 4.ª del Decreto Ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, por el cual se modifica la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, y la disposición adicional 3.ª del Decreto Ley 18/2020, de 27 de noviembre, del Consell por el cual se modifica la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020, y a los efectos de poder hacer efectivo el Acuerdo de 4 de junio de 2021, del Consell, de ratificación del Acuerdo de 19 de mayo de 2021, de la Mesa Sectorial de Educación, sobre distribución del incremento de masa salarial del 0,25% y del 0,30% para 2019 y 2020, respectivamente.

Por otro lado, la Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2023 al desarrollo del Plan Corresponsables, atribuye a la Comunitat Valenciana la cantidad de 16.473.307,14 euros para la ejecución y desarrollo de dicho plan.

Por su parte, la Generalitat Valenciana contempla en la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, la línea de subvención S1149000 “Plan Corresponsables», incluida en el programa presupuestario 323.10 “Igualdad de Género», con un importe total de 16.445.600,00 euros, distribuido entre las entidades locales de la Comunitat Valenciana, que vienen relacionadas en el Anexo correspondiente del presupuesto.

En dicha relación se han advertido los siguientes errores materiales en la denominación de determinados municipios que impiden la correcta ejecución de la línea. Por ello, resulta necesario y urgente realizar una corrección, a través de la disposición final tercera, de dichos errores, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan Corresponsables, permitiendo que las medidas de conciliación lleguen a la mayor parte de la población valenciana.

VI

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha respaldado en numerosas ocasiones la aprobación de disposiciones de carácter socio-económico mediante el instrumento normativo del Decreto-ley en aquellos casos en los que se aprecie una motivación explícita y razonada de la necesidad y urgencia de la medida. La necesidad de la norma se ha afirmado en los casos de coyunturas económicas problemáticas que exigen una rápida respuesta. Asimismo, la urgencia se ha aceptado cuando la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate pudiera generar algún perjuicio.

Por todo lo expuesto, concurren en este caso, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, facultan al Consell a adoptar disposiciones legislativas provisionales mediante decretos leyes, sometidos en todo caso a debate y votación en les Corts Valencianes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, este decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulación. De igual modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, dada la urgencia para la aprobación de esta norma, se exceptúan los trámites de consulta pública y de audiencia pública, de conformidad con el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el artículo 58 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a propuesta conjunta de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, del Vicepresidente segundo del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico y de la Consellera de Educación, Cultura y Deporte previa deliberación del Consell en sesión de fecha 14 de abril de 2023

DECRETO CAPÍTULO I
Disposiciones generales

CAPÍTULO II
Ayudas del Programa «Bono Cesta de la Compra»

Véase el D. 56/2023, de 14 de abril, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las ayudas por concesión directa a personas físicas con bajo nivel de ingresos del programa «Bono Cesta de la Compra» («D.O.C.V.» 19 abril).LE0000751348_20230420

CAPÍTULO III
Ayudas del Programa destinado a personas físicas con préstamo hipotecario sobre la vivienda habitual en régimen de tipo de interés variable

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES