Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energ閠ica y econ髆ica originada en la Comunidad Valenciana por la guerra en Ucrania

�7. Los criterios de ocupaci髇 del suelo por centrales fotovoltaicas son los siguientes:

• a) A todos los efectos se establece una ocupaci髇 para implantar centrales fotovoltaicas del 3 % de la superficie de suelo no urbanizable com鷑 de cada municipio, pudiendo rebasarla ponderando el potencial de los diferentes suelos en los siguientes t閞minos:
  • 1.� Cuando la implantaci髇 se produzca en suelos ya degradados por usos preexistentes como por ejemplo vertederos, explotaciones mineras, suelos de muy baja capacidad agrol骻ica y o similares, la superficie ocupada no computar� de ninguna forma respecto del 韓dice.
  • 2.� Cuando la implantaci髇 se produzca sobre suelos definidos en la cartograf韆 de capacidad agrol骻ica de usos del suelo del Institut Cartogr鄁ic Valenci� como de baja capacitado agrol骻ica, la superficie ocupada se ponderar� en un 0,5.
  • 3.� Cuando la implantaci髇 se produzca sobre suelos definidos en la cartograf韆 de capacidad agrol骻ica de usos del suelo del Institut Cartogr鄁ic Valenci� de moderada capacidad agrol騡ica, la superficie ocupada se ponderar� en un 0,75.
  
  El c髆puto de la superficie de la central fotovoltaica se realizar� sobre la superficie de las unidades o subunidades de generaci髇, en el supuesto de que la PSFV fuera discontinua, entendiendo como tales la superficie funcional ocupada por los paneles solares, instalaciones, caminos interiores y edificaciones.
• b) A criterio del ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, siempre que se acredite que la proximidad de la central fotovoltaica en su punto de conexi髇 con la red el閏trica de transporte o distribuci髇 sea inferior a 15 km, el l韒ite m醲imo de ocupaci髇 establecido a todos los efectos o, si procede, el que resulte de aplicar las ponderaciones establecidas en los apartados anteriores, podr� rebasarse en un 50 %, o hasta un 100 % en el supuesto de que la superficie de suelo no urbanizable protegido del t閞mino municipal supere el 75 % de la superficie del t閞mino municipal.
  De manera an醠oga, mediante acuerdo plenario, los ayuntamientos podr醤 exigir una aplicaci髇 estricta del umbral m醲imo sin ponderaciones del suelo de moderada capacidad agrol骻ica, en todo su t閞mino municipal o en partes delimitadas de este.
• d) Mediante informe motivado se podr� solicitar a la conselleria competente en materia de agricultura la revisi髇 de la cartograf韆 de la capacidad agrol骻ica del suelo en 醨eas que alcanzan, al menos, una unidad ambiental homog閚ea.
• e) Los criterios generales y espec韋icos para la localizaci髇 e implantaci髇 de centrales fotovoltaicas ser醤 los que se establecen en la legislaci髇 auton髆ica espec韋ica para acelerar la implantaci髇 de instalaciones para el aprovechamiento de las energ韆s renovables por la emergencia clim醫ica y la necesidad de la urgente reactivaci髇 econ髆ica.�

A todos los efectos, en aquellos municipios en los cuales la generaci髇 de energ韆 renovable no est� expresamente regulada en el planeamiento vigente, el uso de producci髇 de energ韆s renovables se considerar� compatible en suelo no urbanizable com鷑 de moderada, baja o muy baja capacidad agrol骻ica, que no correspondan a suelos incendiados hasta que hubieron pasado 30 a駉s desde la extinci髇 del incendio. Todo esto tomando como referencia las cartograf韆s de la Institut Cartogr鄁ic Valenci�. En todo caso, su implantaci髇 requerir� la emisi髇 de los informes pertinentes.�

�4. Se favorecer� la reversibilidad de las instalaciones y construcciones sujetas a temporalidad empleando materiales, t閏nicas y recursos adecuados que puedan biodegradarse, desmontarse o ser reutilizados posteriormente. Se consideran reversibles las instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable com鷑, siempre que no requieran fundamentaciones o tratamientos superficiales de hormig髇 o similares.�

�3. La resoluci髇 tiene que fijar justificadamente el sistema de gesti髇, ponderando los intereses colectivos y particulares que resultan afectados. La resoluci髇 aprobatoria tiene que comportar la declaraci髇 de utilidad p鷅lica o inter閟 social y de la necesidad de urgente ocupaci髇 de los bienes y los derechos necesarios para desarrollar la actuaci髇.

El Consell puede eximir excepcionalmente el proyecto de inversi髇 econ髆ica sostenible de las licencias municipales de obras y actividad, y de las autorizaciones cuya regulaci髇 sea competencia de la Generalitat. Para el resto de licencias rige el que determinan las legislaciones estatal y europea.�

• 玠) A las personas propietarias de suelos dotacionales incluidos en un 醨ea de reparto, en suelo urbano o urbanizable.�

�5. Las personas propietarias de las reservas de aprovechamiento, previa justificaci髇 de la imposibilidad de transferir la reserva, podr醤 solicitar la expropiaci髇 y ejercer los derechos regulados en los puntos 1 y 2, respecto de los terrenos que cedieron, en el plazo de tres a駉s, contados desde la reserva.

No se considerar� a estos efectos imposibilidad para la transferencia de la reserva de aprovechamiento la imposibilidad que derive de circunstancias del mercado inmobiliario. Tampoco concurrir� el derecho a la expropiaci髇 rogada de reservas de aprovechamiento urban韘tico en el supuesto de que en el marco del plan general se prevean mecanismos que posibiliten efectuar la transferencia del aprovechamiento urban韘tico reservado.�

�8. Cuando se acredite que el ejercicio de la expropiaci髇 rogada compromete seriamente los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, de eficiencia en la asignaci髇 y la utilizaci髇 de los recursos p鷅licos o de responsabilidad, el ayuntamiento puede declarar motivadamente la imposibilidad material de cumplir lo que prev� este precepto en orden a la materializaci髇 de la expropiaci髇 de bienes y derechos por ministerio de la ley.

Esta declaraci髇, para ser eficaz, tiene que acordarse por el pleno del ayuntamiento, con audiencia previa de la persona interesada, y producirse antes de la resoluci髇 del jurado provincial de expropiaci髇 forzosa. La declaraci髇 comporta el derecho de la persona titular a percibir los intereses legales calculados de acuerdo con el justo precio aprobado de los terrenos afectados, hasta una efectiva adquisici髇 en el plazo m醲imo de cinco a駉s.�

• 玝) Una vez notificado el acuerdo por el jurado provincial de expropiaci髇 forzosa es aplicable lo que establece el art韈ulo 57 de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa, habiendo la administraci髇 competente de abonar el justo precio en el plazo de seis meses. Transcurrido este plazo se tienen que meritar nuevamente intereses que se computar醤 desde la finalizaci髇 del indicado plazo de seis meses hasta que se produzca el completo pago del justo precio, descontando la demora imputable al jurado.�

• 玜) Edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la actividad agropecuaria y forestal y sus correspondientes actividades complementarias de acuerdo con la legislaci髇 agropecuaria, adecuadas para el uso correspondiente relacionado con la explotaci髇 para la cual se solicita autorizaci髇. Al menos la mitad de la parcela tiene que quedar libre de edificaci髇 o construcci髇, exceptuando los hidrantes de riego, arquetas para alojar v醠vulas, estaciones meteorol骻icas y de telecontrol, adem醩 de construcciones para cabezales de riego localizado que no ocupen m醩 de 12 m² asociados a captaciones de agua legalmente establecidas, as� como los invernaderos, excepto aquellos destinados a la p鷅lica concurrencia y los que inutilizan el suelo agrario, y los dep髎itos o tanques de materiales flexibles utilizados por las explotaciones agropecuarias para el almacenamiento de l韖uidos inherentes a la propia actividad. Esta superficie libre de edificaci髇 tiene que mantenerse en su uso agrario o forestal, o con sus caracter韘ticas naturales propias. Tambi閚 se admite, con las mismas exigencias, el uso y las instalaciones necesarias para la cr韆 y mantenimiento particular o comercial de animales, incluidos los de compa耥a, siempre que se ajusten a la normativa sectorial aplicable.
  Estas edificaciones en ning鷑 caso podr醤 albergar cocinas, ba駉s, dormitorios y otros servicios similares destinados a usos residenciales o terciarios. A tal efecto, no tendr醤 la consideraci髇 de ba駉s destinados a tales usos las instalaciones de agua y saneamiento que tengan por objeto cumplir con la normativa en materia de sanidad e higiene de las explotaciones agrarias. Las administraciones p鷅licas tendr醤 que velar por el ejercicio de sus potestades de disciplina urban韘tica respecto de las edificaciones con fines agropecuarios que sin autorizaci髇 sean destinadas a usos residenciales o terciarios.�

�1. Est醤 sujetos a licencia urban韘tica municipal y, si procede, a previa declaraci髇 de inter閟 comunitario, en los t閞minos que prev� este cap韙ulo, los actos de uso y aprovechamiento que promuevan las y los particulares en el suelo no urbanizable.

No est醤 sujetos a licencia municipal los trabajos habituales de la actividad agropecuaria, como por ejemplo arranque y nueva plantaci髇 de cultivos permanentes, las instalaciones de riego en parcela que comprenden los hidrantes y cabezas de riego localizado, arquetas para alojar v醠vulas, estaciones meteorol骻icas y de telecontrol. Tampoco est醤 sujetos a licencia municipal las estructuras ligeras no permanentes para la producci髇 agropecuaria y forestal, as� como los dep髎itos o tanques de materiales flexibles utilizados por las explotaciones agropecuarias para el almacenamiento de l韖uidos inherentes a la propia actividad.�

�5. Los informes de los ayuntamientos en el t閞mino municipal de los cuales se solicite implantar la actuaci髇, cuando tengan su origen en solicitudes de declaraci髇 de inter閟 comunitario del supuesto contemplado en el art韈ulo 211.1, p醨rafo d) de este texto refundido, se requerir醤 de manera preceptiva no vinculante, durante la tramitaci髇 del expediente y antes de que el 髍gano competente emita la correspondiente resoluci髇.

Estos informes tendr醤 que incluir, adem醩 de los extremos expuestos en la letra b del apartado anterior, una valoraci髇 justificadamente favorable o desfavorable sobre la motivaci髇 y fundamentos a los cuales se refiere el art韈ulo 220.1 de este texto refundido. El plazo para emitir estos informes ser� de tres meses.

El 髍gano competente de la conselleria con competencias en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo tendr� que resolver y notificar a la parte interesada, en el plazo m醲imo de seis meses, el procedimiento de declaraci髇 de inter閟 comunitario. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resoluci髇 expresa, se podr� entender desestimada la solicitud.�

1. La suspensi髇 de licencias prevista en el art韈ulo 68, cuando afecte a instalaciones para la generaci髇 de energ韆s renovables, se limitar� en aquellas zonas de suelo no urbanizable com鷑 en las cuales la cartograf韆 de capacidad agrol骻ica del suelo del Institut Cartogr鄁ic Valenci� defina como muy alta y alta su capacidad agrol骻ica, o en aquellas que, siendo su capacidad moderada, el ayuntamiento justifique mediante acuerdo plenario la necesidad de aplicar un r間imen de protecci髇 agr韈ola. Tambi閚 se podr醤 suspender licencias si el ayuntamiento justifica mediante informe la posible degradaci髇 del entorno paisaj韘tico pr髕imo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local.

2. Aquellos ayuntamientos que hayan suspendido licencias de instalaciones para la generaci髇 de energ韆s renovables disponen de un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para determinar y justificar mediante informe t閏nico el cumplimiento de los valores agrol骻icos protegibles y paisaj韘ticos seg鷑 el apartado anterior. Transcurrido el plazo, quedar� autom醫icamente levantada la suspensi髇 para todas aquellas zonas que no estuvieran incluidas en la cartograf韆 de capacidad agrol骻ica del suelo del Institut Cartogr鄁ic Valenci� como de muy alta y alta capacidad agrol骻ica.

3. A solicitud motivada del ayuntamiento, la conselleria competente en materia de urbanismo, previo informe en el cual se justifiquen razones de inter閟 general, podr� declarar la suspensi髇 de licencia por un plazo m醲imo de un a駉, que podr� ser prorrogado por motivos diferentes a los indicados en los puntos precedentes.

4. En el plazo de tres meses, el ayuntamiento tendr� que iniciar el procedimiento de modificaci髇 del planeamiento en la forma prevista en el art韈ulo 51. Si no se hiciera quedar� autom醫icamente levantada la suspensi髇 de licencias excepto para los 醡bitos de muy alta y alta capacidad agrol骻ica.

5. Los ayuntamientos podr醤 solicitar por procedimiento de urgencia la modificaci髇 de planeamiento.�

13. Se modifica la disposici髇 transitoria quinta del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, que queda redactada de la siguiente manera:

�1. Cualquier instalaci髇 o actividad cuya titularidad corresponda a la Administraci髇 general del Estado, a la Generalitat, a la Administraci髇 local, a las universidades p鷅licas, o a los organismos p鷅licos o aut髇omos vinculados o dependientes de las administraciones p鷅licas, que se encuentre en funcionamiento y que no cuente con la preceptiva licencia de edificaci髇 del suelo, subsuelo y vuelo, o careciera de licencia de actividad, tendr� que regularizarse cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:

• a) Que no disponga del correspondiente instrumento de intervenci髇 habilitante, siendo exigible en el momento de su puesta en funcionamiento.
• b) Que sus sucesivas modificaciones de la actividad no dispongan del t韙ulo habilitante exigible en el dicho momento.

2. En estos casos, tendr� que tramitarse la correspondiente solicitud y la documentaci髇 exigida por la normativa urban韘tica y ambiental vigente en el momento de su puesta en funcionamiento.�

�4. En general, no se admitir醤 a tr醡ite las solicitudes que no se acompa馿n del informe urban韘tico municipal que acredite la compatibilidad urban韘tica del proyecto o la copia de su solicitud; las que no hayan obtenido declaraci髇 de inter閟 comunitario, cuando sea exigible de acuerdo con la normativa urban韘tica y de ordenaci髇 territorial; ni aquellas respecto de las cuales el proyecto b醩ico de actividad, el estudio de impacto ambiental u otra documentaci髇 necesaria para resolver no se corresponda con la solicitud formulada o sufran insuficiencias o deficiencias que no se consideran enmendables y tengan que volverse a formular.

La resoluci髇 que acuerde la inadmisi髇 a tr醡ite y el consiguiente archivo de las actuaciones se adoptar� motivadamente, con audiencia previa del interesado.

No obstante lo anterior, en relaci髇 con determinados proyectos industriales, podr醤 admitirse a tr醡ite las solicitudes relativas a instalaciones o parte de instalaciones de industrias generadoras de biometano o biog醩, as� como de hidr骻eno renovable, o para la fabricaci髇 de sistemas para el almacenamiento de energ韆, a solicitud espec韋ica del promotor, que se acompa馿n al menos de la solicitud del informe de compatibilidad urban韘tica municipal o de la acreditaci髇 de la realizaci髇 de la informaci髇 p鷅lica de la tramitaci髇 de la declaraci髇 de inter閟 comunitario o instrumento urban韘tico procedente. Esta admisi髇 a tr醡ite no generar� derecho alg鷑 sobre el promotor, estando la resoluci髇 definitiva del expediente vinculada a la obtenci髇 del correspondiente instrumento de compatibilidad urban韘tica favorable.�

�1. Los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos, p鷅licos o privados, o los estudios ambientales y territoriales estrat間icos relativos a los planes urban韘ticos que requieran evaluaci髇 ambiental ordinaria, cuando puedan incidir sobre bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano que afecten a la ordenaci髇 estructural, tendr醤 que incorporar el informe de la conselleria competente en materia de cultura sobre la conformidad del proyecto o plan con la normativa de protecci髇 del patrimonio cultural. Este informe se emitir� en el plazo improrrogable de cuarenta y cinco d韆s y vincular� al 髍gano que tenga que realizar la evaluaci髇 ambiental en cuanto a las materias de patrimonio cultural valenciano que sean competencia de la Generalitat y tengan incidencia en la ordenaci髇 estructural.�

�2. Transcurridos cuarenta y cinco d韆s desde que se solicit�, se entender� emitido en sentido desfavorable en materia de la ordenaci髇 estructural. El transcurso del plazo expresado no eximir� a la conselleria competente en materia de cultura de la obligaci髇 de emitir el informe correspondiente.�

�6. Aquellos proyectos de planificaci髇 o transformaci髇 del territorio que por la legislaci髇 espec韋ica no est閚 sujetos a tr醡ites de evaluaci髇 ambiental pero que comprendan en su 醡bito bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano o bienes de naturaleza arqueol骻ica o paleontol骻ica, tendr醤 que someterse a informe previo de la conselleria competente en materia de cultura, que ser� vinculante en cuanto a las materias de patrimonio cultural valenciano que sean competencia de la Generalitat y tengan incidencia en la ordenaci髇 urban韘tica.�

�8. A todos los efectos, la contrataci髇 no puede realizarse de manera directa con el medio. Los contratos que incidan en la difusi髇 internacional y nacional de la Comunitat Valenciana en los supuestos de publicidad institucional previstos en los apartados a), k) y m) del art韈ulo 2.1, as� como los referidos a la publicidad vinculada a fondo europeos, podr醤 realizarse directamente, previa elaboraci髇 de una memoria en la cual se expondr醤 las acciones e impactos previstos.�

• 玜) Bien porque la participaci髇 directa o indirecta en el capital social de la Generalitat o de los entes del sector p鷅lico instrumental sea igual o superior al 50 %. Para la determinaci髇 de este porcentaje, en caso de que en el capital social participen diversas de ellas, se sumar醤 las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el sector p鷅lico instrumental de la Generalitat.�

玈i con motivo de la aplicaci髇 del subapartado a, del apartado 1, del art韈ulo 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda P鷅lica, Sector P鷅lico Instrumental y Subvenciones, se modificara la adscripci髇 de alguna entidad para pasar a formar parte del SPIGVA, ello se llevar� a cabo sin ning鷑 tipo de merma de los derechos ya reconocidos al personal de la citada entidad.�

• 玝) Aprobar mediante orden las oportunas bases reguladoras de la concesi髇 de las subvenciones.�

�1. De acuerdo con el que establece el art韈ulo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podr醤 concederse de forma directa las subvenciones siguientes:

• A) Las previstas nominativamente en la ley de presupuestos de la Generalitat, entendi閚dose como tales aquellas el objeto de las cuales, dotaci髇 presupuestaria y destinatario figuran inequ韛ocamente en sus anexos.
  Las subvenciones de car醕ter nominativo no pueden crearse ni modificarse una vez aprobada la ley de presupuestos del ejercicio correspondiente, excepto aquellas subvenciones de capital cuyo beneficiario sea otra administraci髇 p鷅lica de car醕ter territorial, y aquellas subvenciones corrientes que se efect鷈n con car醕ter de ayuda humanitaria o de emergencia cuyo beneficiario sea un organismo adscrito a una administraci髇 p鷅lica de car醕ter territorial. Estas subvenciones se incorporar醤 obligatoriamente al plan anual de fiscalizaci髇 de la intervenci髇 general de la Generalitat Valenciana.
  La concesi髇 de las subvenciones previstas nominativamente en la ley de presupuestos de la Generalitat se formalizar� mediante resoluci髇 de la persona titular del departamento gestor del cr閐ito presupuestario al cual se imputa la ayuda o mediante convenio.
  La resoluci髇 de concesi髇 o el convenio tendr� el car醕ter de bases reguladoras de la subvenci髇, y tendr� que contener, como m韓imo, los siguientes extremos:
  • a) Objeto de la subvenci髇 y personas beneficiarias, de acuerdo con la asignaci髇 presupuestaria.
  • b) Cr閐ito presupuestario al cual se imputa el gasto y cuant韆 de la subvenci髇, individualizada, en su caso, para cada persona beneficiaria, si fueran varias.
  • c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquier administraciones o entes p鷅licos o privados, nacionales, de la Uni髇 Europea o de organismos internacionales.
  • d) Plazos y m閠odos de pago de la subvenci髇, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos por anticipado, as� como el r間imen de garant韆s que, en su caso, tendr醤 que aportar las personas beneficiarias, en el marco y con las condiciones previstas en esta ley.
  • e) Plazo y forma de justificaci髇 por parte de la persona beneficiaria del cumplimiento de la finalidad para la cual se concedi� la subvenci髇 y de la aplicaci髇 de los fondos percibidos.
  • f) Los condicionantes requeridos por la normativa de la Generalitat relativos a la notificaci髇, autorizaci髇 y comunicaci髇 de ayudas p鷅licas a la Comisi髇 Europea.�

3. Las subvenciones de car醕ter nominativo no pueden tener alcance plurianual, excepto aquellas subvenciones de capital cuyo beneficiario sea otra administraci髇 p鷅lica de car醕ter territorial, y aquellas subvenciones corrientes que se efect鷄n con car醕ter de ayuda humanitaria o de emergencia cuyo beneficiario sea un organismo estatal o auton髆ico adscrito a una administraci髇 p鷅lica de car醕ter territorial.�

• 玝) En el 醨ea de cooperaci髇 internacional al desarrollo, las subvenciones de naturaleza corriente y de capital concedidas en el 醡bito de actuaciones de los programas 134.10 “Cooperaci髇 Internacional al Desarrollo� y 134.20 獻mplementaci髇 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)� podr醤 librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 por ciento, con car醕ter previo a la justificaci髇.�

• 玴) Los beneficiarios de las subvenciones a que se refieren las letras a, b y c.1 y 2 del apartado 10 del presente art韈ulo.�

�1. De acuerdo con las finalidades de esta ley, y sin perjuicio de lo que dispone la normativa urban韘tica, de ordenaci髇 del territorio o de protecci髇 ambiental y paisaj韘tica vigente, con car醕ter previo a la autorizaci髇 del 髍gano competente ser� preceptivo el informe favorable por parte de la conselleria competente en materia de agricultura respecto de todas aquellas obras, usos, instalaciones y aprovechamientos cuyas realizaciones incidan en suelo no urbanizable, en el marco de lo que disponen los art韈ulos 211 y 215 del texto refundido de la Ley de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell.

2. En el suelo no urbanizable, y sin perjuicio del que dispone la normativa urban韘tica, de ordenaci髇 del territorio o de protecci髇 ambiental y paisaj韘tica vigente, con car醕ter previo a la autorizaci髇 del 髍gano competente, ser� preceptivo el informe favorable de la conselleria competente en materia de agricultura en relaci髇 con las construcciones, instalaciones y viviendas vinculadas a la explotaci髇 agraria y/o a sus actividades complementarias que puedan permitirse de acuerdo con la legislaci髇 urban韘tica y sectorial aplicable o certificado emitido en los t閞minos del art韈ulo 7 bis.

3. Se requerir� un informe previo de la conselleria competente en materia de agricultura o emitido en los t閞minos del art韈ulo 7 bis sobre cualquier uso, obra e instalaci髇 o aprovechamiento que se efect鷈 sobre los terrenos siguientes:

• a) Todos aquellos que hayan sido objeto de reparcelaci髇 como consecuencia del correspondiente procedimiento de reestructuraci髇 parcelaria.
• b) Los terrenos sobre los cuales se realizan las obras clasificadas de inter閟 general de la Comunitat Valenciana en materia de aprovechamientos hidr醬licos, canales y regad韔s y otras infraestructuras agrarias previstas en esta ley, mientras no transcurran diez a駉s desde la completa finalizaci髇 de estas obras.
• c) Todos aquellos terrenos que hayan sido objeto de reestructuraci髇 o agrupaci髇 de parcelas al amparo de los procedimientos establecidos en esta ley, mientras no transcurran diez a駉s desde la efectiva reestructuraci髇 o agrupaci髇 de las parcelas.
• d) Los terrenos, sean de titularidad de la Generalitat o de entidades colaboradoras, cuyos usos y aprovechamientos queden sujetos a los respectivos programas experimentales sobre investigaci髇 y desarrollo agrario, mientras dure el desarrollo de los mencionados programas experimentales.换

1. Con el fin de agilizar la emisi髇 de los informes preceptivos de suelo no urbanizable, previamente a la presentaci髇 de la solicitud podr� obtenerse certificaci髇 acreditativa de la verificaci髇 de la documentaci髇, emitida por los colegios profesionales u otras corporaciones de derecho p鷅lico con las cuales la conselleria competente en agricultura subscriba el correspondiente convenio.

2. La verificaci髇, consistir� en:

• a) La revisi髇 t閏nica y validaci髇 de la documentaci髇 aportada junto con la solicitud de informe de actuaci髇 en suelo no urbanizable, incluyendo as� mismo la suficiencia y la idoneidad de la documentaci髇, para los fines de la actuaci髇 y su adecuaci髇 a toda la normativa aplicable a la actividad a desarrollar.
• b) La posterior emisi髇 del correspondiente informe, que cumplir� lo dispuesto en la legislaci髇 de aplicaci髇, instrucciones de la conselleria competente en agricultura, as� como lo que pudiera establecerse en el convenio citado en el apartado 1.

3. La solicitud de informe de suelo no urbanizable que se acompa馿 de la certificaci髇 regulada en el presente art韈ulo, junto con el resto de documentaci髇 exigida, ser� admitida a tr醡ite, lo cual no impedir� al 髍gano competente para su tramitaci髇 efectuar los requerimientos de enmienda que procedan si con posterioridad se detectaron insuficiencias o deficiencias que sean corregibles.�

En caso de que la solicitud no fuera acompa馻da de certificado emitido en los t閞minos del art韈ulo 7 bis, el informe previo al cual se refiere el art韈ulo 7 de esta ley ser� emitido en un plazo m醲imo de dos meses desde que se solicite por el 髍gano competente. Transcurrido este plazo sin que se haya emitido el informe, este se entender� favorable. En todo caso, durante el plazo establecido para la emisi髇 del preceptivo informe quedar醤 suspendidos cualesquiera plazos previstos en la normativa vigente para resolver el procedimiento de autorizaci髇 de la actuaci髇 de que se trate.�

玁o ser� preceptiva la emisi髇 del informe previsto en el art韈ulo 7 de este cap韙ulo, ni emitido en los t閞minos del art韈ulo 7 bis, en los supuestos siguientes:

(...)

• d) Obras, acciones e instalaciones destinadas a delimitar el per韒etro de parcelas en suelo no urbanizable, respetando la normativa sectorial.
• e) Obras, usos, instalaciones y acciones para las cuales no se requiera licencia de obras, y en este caso bastar� con una declaraci髇 responsable del interesado.�

�2. Los certificados emitidos en los t閞minos del art韈ulo 7 bis, o los informes previstos en los art韈ulos 7 y 8 de esta ley, ser醤 en todo caso suficientemente motivados y facilitar醤 el ejercicio de las actividades agrarias y complementarias que se pretende proteger.�

La presente Ley tendr� car醕ter supletorio de lo que se dispone en la normativa b醩ica estatal en materia de evaluaci髇 ambiental.�

�6. Gesti髇 de residuos y depuraci髇 de aguas residuales

6.1. Las siguientes instalaciones de gesti髇 de residuos, cuando no se desarrollan en el interior de nave cerrada situada en pol韌ono industrial:

• a) Instalaciones de valorizaci髇 de residuos.
• b) Desguace o almacenamiento de chatarra, inclusivamente centros de tratamiento de veh韈ulos al final de su vida 鷗il, as� como instalaciones de tratamiento de RAEE.

6.2. Instalaciones de eliminaci髇 de residuos peligrosos.

6.3. Instalaciones de eliminaci髇 de residuos no peligrosos con capacidad superior a 100 t/d韆 diferentes del dep髎ito en vertedero.

6.4. Vertederos de residuos, excepto residuos inertes.

6.5. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 100.000 habitantes equivalentes, incluyendo el sistema de colectores correspondiente, cuando este discurra por terreno natural.�

�3. Cuando una empresa, local o establecimiento dispongo de consumos para usos industriales de un sistema de climatizaci髇 por geotermia en circuito abierto, debidamente autorizado por la Administraci髇 h韉rica, al suministro propio resultante se le aplicar醤 las tarifas fijadas en la Disposici髇 Adicional Cuarta de esta ley. La aplicaci髇 de estas tarifas no impedir� la determinaci髇 del coeficiente que, en su caso, corresponda al resto de actividades desarrolladas, excluidos los usos industriales del sistema de climatizaci髇 por geotermia en circuito abierto, conforme al que se dispone en los apartados anteriores.�

1. A los suministros propios para usos industriales en los sistemas de climatizaci髇 por geotermia en circuito abierto se les aplicar� la siguiente tarifa:

Cuota de Servicio: 400,00 €/a駉 Cuota de Consumo: 0,050 €/m³ Estas cuotas, cuando resulten de aplicaci髇, no ser醤 objeto de correcci髇 por el coeficiente corrector que, si procede, se determine.

2. Cuando una empresa, local o establecimiento est� servido por m醩 de una fuente de abastecimiento, aparte de los suministros propios para usos industriales en el sistema de climatizaci髇 por geotermia en circuito abierto, las tarifas aplicables al resto de fuentes de abastecimiento ser醤 las determinadas conforme a lo que se dispone en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 25 de esta ley, y en el cap韙ulo tercero y anexos del Reglamento sobre el R間imen Econ髆ico-financiero y Tributario del Canon de Saneamiento.

3. Las presentes tarifas podr醤 ser actualizadas en las Leyes de Presupuestos de la Generalitat, conforme a lo que se dispone en el apartado 1 del art韈ulo 25 de esta ley.

4. Las tarifas establecidas en esta Disposici髇 Adicional Cuarta ser醤 aplicables a las liquidaciones pendientes de emitir a la entrada en vigor del apartado 3 del art韈ulo 25 de esta ley.�

(...)

5. Sin perjuicio de lo que se establece a todos los efectos en los apartados anteriores, el conseller o consellera competente en materia de territorio y urbanismo podr� declarar un determinado 醡bito territorial o un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable com鷑, como prioritario energ閠ico.

Esta declaraci髇 se realizar� a propuesta de la conselleria competente en materia de energ韆 o cambio clim醫ico, en la cual se justifique su necesidad y oportunidad por razones de emergencia energ閠ica o clim醫ica.

Cualquiera de estas declaraciones implicar� la tramitaci髇 de urgencia de los proyectos de construcci髇 de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urban韘tica y la exenci髇 de la ocupaci髇 del territorio prevista en el art韈ulo 7.7 del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y paisaje. Ser醤 necesarios para su autorizaci髇 los informes sectoriales ambientales y agrologicos y el informe de ordenaci髇 del territorio y paisaje favorables respecto a inundaciones, sobre riesgos naturales o inducidos en el territorio, sobre la afecci髇 a los conectores territoriales definidos en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana y sobre paisajes de relevancia regional o unidades de paisaje a las que se les haya reconocido previamente un valor alto o muy alto.

6. Las declaraciones de 醡bito territorial o proyecto prioritario energ閠ico comportan la obligaci髇 de compensaci髇 en los municipios en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 38 del presente decreto Ley. Los ayuntamientos, mediante acuerdo plenario, podr醤 incrementar la compensaci髇 en un 50 %.�

1. Las instalaciones de energ韆 renovable fotovoltaica de autorizaci髇 estatal quedar醤 eximidas de la tramitaci髇 de la Declaraci髇 de Inter閟 Comunitario o de Plan Especial si acreditan previamente la compatibilidad urban韘tica y disponibilidad integra del suelo.

2. La concesi髇 de la licencia urban韘tica municipal comporta para el titular o propietario de las instalaciones la obligaci髇 del pago del canon por uso y aprovechamiento de suelo no urbanizable con destino municipal en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 38 del presente Decreto Ley.�

�1. Los emplazamientos de las centrales fotovoltaicas, adem醩 de los criterios generales indicados, tendr醤 en cuenta los criterios espec韋icos territoriales y paisaj韘ticos siguientes:

• a) Respetar los valores, procesos y servicios de la infraestructura verde del territorio, as� como de sus elementos de conexi髇 territorial, no pudiendo reducir en m醩 de un 10 % la anchura de los corredores territoriales que se encuentran afectados por la instalaci髇 de la central fotovoltaica, salvo que un determinado 醡bito territorial o proyecto concreto haya sido declarado energ閠ico prioritario y se acredite con informe de medio natural la irrelevancia ambiental de una reducci髇 mayor.
• b) Distar al menos 500 metros de recursos paisaj韘ticos de primer orden como son los Bienes de Inter閟 Cultural, Bienes de Relevancia Local, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos, salvo que el instrumento de paisaje demuestre que ni la contextualizaci髇 ni la percepci髇 de estos recursos se ve afectada negativamente por la central fotovoltaica, o que un determinado 醡bito territorial o proyecto concreto haya sido declarado energ閠ico prioritario y, en este caso, se proceder� en la resoluci髇 a establecer la distancia, que ser� como m韓imo la establecida en la legislaci髇 vigente en materia de patrimonio cultural.换

1. Los proyectos no situados en el medio marino a los cuales se refieren los apartados i) y j) del Grupo 3 del anexo I y los apartados g) y i) del Grupo 4 del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluaci髇 Ambiental, se someter醤 a un procedimiento de determinaci髇 de las afecciones ambientales siempre que cumplan, conjuntamente, con los requisitos que se se馻lan a continuaci髇:

• a) Conexi髇: Proyectos que cuentan con tendidos el閏tricos a閞eos de evacuaci髇 no incluidos en el grupo 3, apartado g del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
• b) Ubicaci髇: Proyectos que, no situ醤dose en el medio marino ni en superficies integrantes de la Red Natura 2000, a la fecha de la presentaci髇 de la solicitud est閚 situados 韓tegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada seg鷑 la “Zonificaci髇 ambiental para la implantaci髇 de energ韆s renovables�, herramienta elaborada por el Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico. Adem醩, en caso de parques e髄icos tendr醤 que estar situados en zonas aptas y aptas con cumplimiento de prescripciones del vigente Plan E髄ico de la Comunitat Valenciana. En el caso de centrales fotovoltaicas los proyectos tendr醤 que estar en zonas que cumplan los criterios de localizaci髇 e implantaci髇 de los art韈ulos 8 a 10 del presente decreto ley.

Este procedimiento ser� aplicable a los proyectos respecto de los cuales los promotores presentan la solicitud de las autorizaciones administrativas previa y de construcci髇 previstas en el art韈ulo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, ante el servicio territorial competente en materia de energ韆, antes del 31 de diciembre de 2024.

2. Los proyectos a los cuales se refiere el apartado 1 no estar醤 sujetos a una evaluaci髇 ambiental en los t閞minos regulados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en la medida en que as� lo determine el informe al cual se refiere el apartado 3 de este art韈ulo. Sin embargo, los t閞minos empleados en este art韈ulo se entender醤 de conformidad con las definiciones recogidas en el art韈ulo 5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

3. El procedimiento de determinaci髇 de las afecciones ambientales se desarrollar� conforme a los siguientes tr醡ites:

• a) El promotor tendr� que presentar al servicio territorial competente en materia de energ韆, para la autorizaci髇, la siguiente documentaci髇:
  • 1.� Solicitud de determinaci髇 de afecci髇 ambiental para proyectos de centrales el閏tricas fotovoltaicas y e髄icas. La solicitud de determinaci髇 de afecciones ambientales tendr� que cumplir los requisitos generales administrativos recogidos, a todos los efectos, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas
  • 2.� El documento consistente en el proyecto de ejecuci髇 de la instalaci髇 previsto en el art韈ulo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. El proyecto tendr� que contener las infraestructuras de evacuaci髇, que incluyen la conexi髇 con la red de transporte o de distribuci髇, y en su caso, la transformaci髇 de energ韆 el閏trica, al formar parte de la instalaci髇 de producci髇 de acuerdo con el art韈ulo 21.5 de la citada Ley 24/2013.
  • 3.� El estudio de impacto ambiental con los contenidos previstos en los art韈ulos 5.3.c y 35 y en el anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
  • 4.� El plan de desmantelamiento de la instalaci髇 y restauraci髇 del terreno y entorno afectado.
  • 5.� En caso de parques e髄icos, estudio de recurso e髄ico conforme a lo que se establece en el Plan E髄ico de la Comunitat Valenciana y estudio preoperacional de avifauna conforme a los criterios establecidos por la conselleria competente.
  • 6.� Un resumen ejecutivo que cuantifique los impactos acreditados respecto de los aspectos recogidos en el apartado 3.b.
  
  Siempre que la documentaci髇 est� completa, el 髍gano sustantivo remitir� la documentaci髇 al 髍gano de evaluaci髇 ambiental de proyectos en un plazo de 10 d韆s. En el supuesto de que no est� completa la documentaci髇, previo tr醡ite de enmienda de conformidad con lo dispuesto por el art韈ulo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, el 髍gano sustantivo tendr� al promotor por desistido.
• b) El resumen ejecutivo elaborado por el promotor, tendr� que abordar de manera concisa las principales afecciones del proyecto sobre el medio ambiente en funci髇 de los siguientes criterios:
  • 1.� Afecci髇 sobre la Red Natura 2000, espacios protegidos y sus zonas perif閞icas de protecci髇 y h醔itats de inter閟 comunitario.
  • 2.� Afecci髇 a la biodiversidad, en particular a especies protegidas o amenazadas catalogadas.
  • 3.� Afecci髇 por vertidos a camas p鷅licas o al litoral.
  • 4.� Afecci髇 por generaci髇 de residuos.
  • 5.� Afecci髇 por utilizaci髇 de recursos naturales.
  • 6.� Afecci髇 al patrimonio cultural.
  • 7.� Incidencia socioecon髆ica sobre el territorio.
  • 8.� Afecciones sin閞gicas con otros proyectos pr髕imos, como m韓imo los situados a menos de 10 km en parques e髄icos, 5 km en plantas fotovoltaicas y 2 km respecto de tendidos el閏tricos. Estas distancias se medir醤 de manera eucl韉ea entre los puntos m醩 pr髕imos.
• c) A la vista de la documentaci髇, el 髍gano de evaluaci髇 ambiental analizar� si el proyecto producir�, previsiblemente, efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, tanto en la fase de construcci髇, explotaci髇 como desmantelamiento de la instalaci髇 y restauraci髇 del entorno, y elaborar� una propuesta de informe de determinaci髇 de afecciones ambientales, que remitir� al centro directivo competente en materia de medio natural, el cual dispondr� de un plazo de diez d韆s para formular observaciones. Si transcurrido este plazo no se han recibido estas, el 髍gano de evaluaci髇 ambiental proseguir� las actuaciones.
• d) En todo caso, el 髍gano de evaluaci髇 ambiental de proyectos formular� el informe de determinaci髇 de afecciones ambientales en el plazo m醲imo de dos meses desde la recepci髇 de la documentaci髇. En este informe se determinar� si el proyecto puede continuar con la correspondiente tramitaci髇 del procedimiento de autorizaci髇 por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que requieran su sometimiento a un procedimiento de evaluaci髇 ambiental o si, por el contrario, el proyecto tiene que someterse al correspondiente procedimiento de evaluaci髇 ambiental conforme a lo que se prev� en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
  El informe podr� determinar tambi閚 la obligaci髇 de someter la autorizaci髇 del proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar posibles afecciones ambientales de este, as� como a condiciones relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto, as� como al proyecto de desmantelamiento de la instalaci髇 y restauraci髇 del entorno afectado. La instalaci髇 no podr� ser objeto de autorizaci髇 de construcci髇 o explotaci髇 si no se respetan estas condiciones.
• e) El informe de determinaci髇 de afecciones ambientales ser� publicado en la web del 髍gano de evaluaci髇 ambiental y notificado al promotor, a los 髍ganos sustantivos y de ordenaci髇 del territorio y paisaje en un plazo m醲imo de diez d韆s.

4. El informe de determinaci髇 de afecciones ambientales perder� su vigencia y cesar� en los efectos que le son propios si el proyecto no fuera autorizado en el plazo de dos a駉s desde su notificaci髇 al promotor. Igualmente este informe perder� su vigencia y cesar� sus efectos si notificada la resoluci髇 de autorizaci髇 de construcci髇 de la instalaci髇 al promotor este no inicia la ejecuci髇 del proyecto antes del plazo de cuatro a駉s.

Sin embargo, cuando se trate de proyectos incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 del art韈ulo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el cual se aprueban medidas en materia de energ韆 y en otros 醡bitos para la reactivaci髇 econ髆ica, si el informe determina que el proyecto puede continuar con la correspondiente tramitaci髇 del procedimiento de autorizaci髇 por no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, tendr� el plazo de vigencia y surtir� los efectos de cumplimiento de los hitos administrativos a los cuales se refieren sus apartados 1.a).2.� y 1.b).2.�, sin perjuicio de que tenga que cumplirse el hito administrativo del apartado 1.b.1.� de solicitud presentada y admitida a tr醡ite la autorizaci髇 administrativa previa.

5. El informe de determinaci髇 de afecciones ambientales no ser� objeto de ning鷑 recurso, sin perjuicio de los que, si as� corresponde, procedan en v韆 administrativa y judicial frente al acto de autorizaci髇 del proyecto.

6. Se declaran de urgencia por razones de inter閟 p鷅lico los procedimientos de autorizaci髇 de los proyectos de centrales fotovoltaicas y parques e髄icos que hayan obtenido el informe favorable de determinaci髇 de afecci髇 ambiental, siempre que se presentan las solicitudes de autorizaci髇 administrativa antes del 31 de diciembre de 2024. A estos proyectos los ser� aplicable la tramitaci髇 de urgencia prevista en el art韈ulo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. Las solicitudes previstas en el art韈ulo 21 pueden efectuarse de manera consecutiva, coet醤ea o conjunta con la solicitud de determinaci髇 de afecciones ambientales regulada en este art韈ulo. El servicio territorial competente en energ韆, sin perjuicio de lo que se establece en el punto 1.a), realizar� las actuaciones relativas a la admisi髇 a tr醡ite de la solicitud de las autorizaciones sustantivas, quedando suspendido el resto del procedimiento hasta que este 髍gano reciba el informe de determinaci髇 de afecciones ambientales, impulsando de oficio el referido procedimiento. Si el informe de determinaci髇 de afecciones ambientales es favorable, en la informaci髇 p鷅lica del proyecto se har� constar esta circunstancia.�

�2. Cuando el proyecto de la instalaci髇 no se encuentre encuadrado en el art韈ulo 19 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantaci髇 de instalaciones para el aprovechamiento de las energ韆s renovables por la emergencia clim醫ica y la necesidad de la urgente reactivaci髇 econ髆ica o el informe de determinaci髇 de afecciones ambientales establezca que el proyecto tiene que someterse a evaluaci髇 de impacto ambiental ordinaria, el promotor podr� solicitar a trav閟 del servicio territorial competente en energ韆, la elaboraci髇 del documento de alcance en los t閞minos recogidos en la legislaci髇 b醩ica de evaluaci髇 de impacto ambiental. En este caso, la consulta regulada en el punto 1 se realizar� conjuntamente, siente el 髍gano ambiental el que remita la documentaci髇 al 髍gano competente en materia de ordenaci髇 del territorio y paisaje.�

�1. Durante la fase de consultas se trasladar� la documentaci髇 oportuna en materia de ordenaci髇 del territorio y paisaje al 髍gano competente en estas materias para la emisi髇 de informe en el plazo de 30 d韆s. Este informe deber� tener car醕ter favorable 鷑icamente en las siguientes materias:

• – Riesgos naturales o inducidos en el territorio.
• – Paisaje e infraestructura verde.
• – Afecci髇 a los conectores territoriales definidos en la Estrategia Territorial de Comunitat Valenciana.
• – Plan de desmantelamiento de la instalaci髇 y de restauraci髇 del terreno y entorno afectado, en los aspectos de su competencia.

Si a consecuencia del informe emitido se producen modificaciones en el proyecto, o fuera necesario ampliar la informaci髇, se emitir� un nuevo informe en el plazo m醲imo de un mes desde que el 髍gano territorial competente en energ韆 remita la documentaci髇 pertinente.

2. Sin perjuicio del resto de informes y pronunciamientos de las administraciones p鷅licas intervinientes, este informe tendr� que ser favorable en los t閞minos previstos en el apartado 1 a efectos de poder otorgar la autorizaci髇 de implantaci髇 en suelo no urbanizable de la instalaci髇, excepto en los supuestos en los cuales la citada autorizaci髇 no se requiera de acuerdo con la legislaci髇 de ordenaci髇 del territorio, urban韘tica y del paisaje.

3. Los ayuntamientos realizar醤 los informes en materia de paisaje requeridos en la tramitaci髇 de centrales fotovoltaicas, siempre que no se implanten en suelos no urbanizables con alguna protecci髇 paisaj韘tica y respondan a alguna de estas caracter韘ticas:

• a) Ocupen menos de 10 hect醨eas de suelo no urbanizable com鷑 y disten de cualquier otra planta m醩 de 2 km.
• b) Se instalen sobre suelos urbanos y o urbanizables que hayan superado la evaluaci髇 ambiental estrat間ica.
• c) Sean de iniciativa de las administraciones o entidades p鷅licas adscritas y ocupen menos de 10 hect醨eas.换

�2. Durante el tr醡ite del expediente, con car醕ter previo a la emisi髇 de la resoluci髇, cuando un proyecto de central fotovoltaica o parque e髄ico de los contemplados en este decreto ley pretenda desarrollarse sobre suelo no urbanizable y no requiera declaraci髇 de inter閟 comunitario, el 髍gano territorial competente requerir� de manera preceptiva no vinculante, al ayuntamiento o ayuntamientos en cuyo t閞mino municipal se solicite implantar la actuaci髇, informe comprensivo que tendr� que contener valoraci髇 justificadamente favorable o desfavorable sobre:

• a) El cumplimiento de los criterios de localizaci髇 e implantaci髇 de las instalaciones de centrales fotovoltaicas y parques e髄icos a los cuales se refiere los art韈ulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto ley 14/2020 y las Normas del Plan E髄ico de la Comunitat Valenciana (PECV), y en general, del que se establece en este decreto ley y en la normativa sectorial de aplicaci髇.
• b) Los extremos a los cuales se refiere el art韈ulo 211.1, p醨rafo d) del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobaci髇 del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y paisaje.
• c) Los extremos a los cuales se refiere el art韈ulo 220.1 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobaci髇 del texto refundido de la Ley de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y paisaje.
• d) Cualquier otra cuesti髇 que el Ayuntamiento considere relevante a efectos del ejercicio de su autonom韆 y de las competencias que le son propias, especialmente sobre su planeamiento urban韘tico.

El plazo para emitir estos informes ser� de tres meses e interrumpir� el plazo m醲imo para resolver lo que se refiere en el art韈ulo 33 de este decreto ley.�

�1. El 髍gano competente en energ韆 resolver� las autorizaciones de la instalaci髇 en el plazo de 10 meses desde que la solicitud haya sido admitida a tr醡ite de acuerdo con el art韈ulo 22. Excepto cuando se trate de informes preceptivos y/o vinculantes, que se estar� a lo que dispone la legislaci髇 de procedimiento administrativo com鷑 y a lo expresamente recogido en este decreto ley; la falta de emisi髇 de los informes sectoriales, una vez solicitados y transcurrido el plazo establecido para su emisi髇, autorizar� el 髍gano sustantivo a considerar que los mismos son de car醕ter favorable y, despu閟 de dar cuenta a la conselleria competente en la materia, autorizar la instalaci髇.

Los proyectos con una potencia de generaci髇 menor o igual a 10MW tendr醤 car醕ter prioritario y se tramitar醤 por el procedimiento de urgencia de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas.�

Los ayuntamientos podr醤 autorizar la ocupaci髇 como de inter閟 econ髆ico general de los suelos urbanos, urbanizables o no urbanizables que consideren m醩 indicados para implantar instalaciones de generaci髇 y aprovechamiento de energ韆s renovables de iniciativa p鷅lica, as� como de iniciativa de comunidades energ閠icas o de cooperativas y entidades sin 醤imo de lucro para autoconsumo o la prestaci髇 de servicios de inter閟 general.

Se favorecer� la distribuci髇 energ閠ica por una misma planta para varios n鷆leos de poblaci髇 legalmente implantados con independencia de los l韒ites administrativos municipales.

Para conseguir una mejor integraci髇 paisaj韘tica y un mayor despliegue de los beneficios aportados, se recomienda distribuir las plantas fotovoltaicas en funci髇 de las necesidades de los diferentes n鷆leos de poblaci髇, teniendo que distar m醩 de 1,5 kil髆etros entre ellas en estos casos, medidos en distancia eucl韉ea.

El c醠culo de la ocupaci髇 de las centrales fotovoltaicas de iniciativa p鷅lica se flexibilizar� a efectos de ocupaci髇 de suelo, ponderando en un 0′5 las superficies equivalentes obtenidas conforme al art韈ulo 7.7 del texto refundido de la Ley de Ordenaci髇 del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell.

A partir de la entrada en vigor de esta disposici髇, el procedimiento regulado en el art韈ulo 19 bis se aplicar� a todos los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en su apartado 1, siempre que no hayan obtenido pronunciamiento de evaluaci髇 de impacto ambiental, en los siguientes t閞minos:

• a) Los promotores de los proyectos que cumplan estos requisitos remitir醤 al 髍gano de evaluaci髇 ambiental de proyectos el documento con el resumen ejecutivo al cual se refiere el apartado 3 del art韈ulo 19 bis en un plazo de 20 d韆s desde la entrada en vigor de este decreto ley.
• b) Si el proyecto estuviera en tramitaci髇 en el 髍gano sustantivo, este remitir� al 髍gano de evaluaci髇 ambiental el proyecto, el estudio de impacto ambiental completos, as� como el plan de desmantelamiento de la instalaci髇 y restauraci髇 del entorno, excepto cuando este no fuera exigible por haberse presentado antes del 29 de agosto de 2020, adem醩 del resultado de los tr醡ites que ya se hubieren realizado, en un plazo de 10 d韆s y el 髍gano ambiental de proyectos continuar� con la tramitaci髇 prevista en el art韈ulo 19 bis.
• c) Se conservar醤 los tr醡ites evacuados en el procedimiento de determinaci髇 de afecciones ambientales que se puedan incorporar al procedimiento de evaluaci髇 ambiental que, como resultado del informe resultante del mencionado procedimiento, tuviera que realizarse con arreglo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.�

�2. Solo requerir醤 autorizaci髇 de explotaci髇:

• – Las de producci髇 de energ韆 el閏trica con potencia instalada no superior a 100 kW, conectadas directamente en una red de tensi髇 nominal no superior a 1 kV, ya sea de distribuci髇 o en la red interior de un consumidor.
• – Las acometidas de cualquier longitud y tensi髇 nominal no superior a 30 kV, siempre que no solicitan su declaraci髇 de utilidad p鷅lica, en concreto, y no est閚 sometidas a evaluaci髇 ambiental.
  Se entender� por acometida, a los solos efectos de necesidad de obtenci髇 de autorizaciones administrativas reguladas en la legislaci髇 del sector el閏trico, la instalaci髇 de nueva extensi髇 de red que no vaya a ser cedida antes de su puesta en servicio a la empresa transportista o a la distribuidora de la zona, o que en caso de cesi髇 la instalaci髇 de extensi髇 tenga por finalidad atender un 鷑ico punto de suministro, sin perjuicio de la configuraci髇 de alimentaci髇, en punta o en anillo o bucle, de este con la red el閏trica. Esta cesi髇 se tendr� que realizar al solicitar la autorizaci髇 de explotaci髇.
• – Las modificaciones no sustanciales de las instalaciones de producci髇, transporte, distribuci髇, l韓eas directas e infraestructuras el閏tricas de las estaciones de recarga de veh韈ulos el閏tricos de potencia superior a 250 kW.

En estos casos con la solicitud de autorizaci髇 de explotaci髇 tendr� que acompa馻rse la documentaci髇 de dise駉, finalizaci髇 de obras y superaci髇 de todas las pruebas, ensayos y controles exigida por la reglamentaci髇 de seguridad electrot閏nica, que acredite el cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, as� como declaraci髇 responsable y de conformidad firmada por el solicitante, aceptando el condicionado o los informes favorables de las diferentes administraciones, organismos, empresas de servicio p鷅lico o de servicios de inter閟 econ髆ico general con bienes o derechos a cargo suyo, afectados por la instalaci髇 el閏trica, o de hab閞selos solicitado fehacientemente y haber transcurrido m醩 de veinte d韆s sin respuesta.�

�3. El personal laboral fijo o indefinido de cualquier de los entes del sector p鷅lico que resultan extinguidos quedar� integrado con esa misma condici髇 en el ente que asuma sus funciones.�

1. Mientras el Instituto Superior de Ense馻nzas Art韘ticas de la Comunitat Valenciana no disponga de presupuesto propio aprobado mediante norma con rango de ley, sus gastos se imputar醤 en la forma y con cargo a los cr閐itos previstos para la conselleria competente en materia de universidades, que actuar� como 髍gano de contrataci髇 de la entidad.

2. Hasta que se produzca el traspaso efectivo de bienes y servicios y del personal de administraci髇 y servicios en favor del Instituto Superior de Ense馻nzas Art韘ticas de la Comunitat Valenciana, los servicios generales y comunes de la conselleria competente en materia de universidades, como departamento de adscripci髇, continuar醤 prest醤dose al Instituto en los t閞minos previstos en el art韈ulo 95 de la Ley 40/2015 de R間imen Jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, con el siguiente alcance:

• – Servicios comunes en el 醨ea de contrataci髇 p鷅lica.
• – Servicios comunes en el 醨ea de gesti髇 econ髆ico-presupuestaria.
• – Servicios comunes en el 醨ea de gesti髇 del patrimonio inmobiliario.

3. La organizaci髇 y gesti髇 compartida de los servicios comunes objeto de esta disposici髇 se coordinar� por la subsecretar韆 de la conselleria competente en materia de universidades. Los servicios objeto de organizaci髇 y gesti髇 compartida ser醤 prestados por los medios humanos y materiales adscritos por la subsecretar韆 de la conselleria competente en universidades en las 醨eas correspondientes de sus servicios comunes, manteni閚dose la dependencia org醤ica y funcional del personal respecto a este 髍gano directivo.

4. El coste de la gesti髇 compartida de los servicios comunes ser� imputado en el presupuesto de la conselleria competente en materia de universidades, con cargo a sus programas “542,10. Direcci髇 y Servicios Generales� y �422.80. Instituto Superior de Ense馻nzas Art韘ticas de la C-V-� en funci髇 de la naturaleza del gasto.�

De acuerdo con la disposici髇 transitoria cuarta en el apartado 3, se establecer� mediante Ley de presupuestos de la Generalitat el m骴ulo m韓imo de financiaci髇 del personal del sistema de atenci髇 primaria b醩ica referido en el art韈ulo 64.2 de la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos; este m骴ulo ser� el siguiente:

• 1. El m骴ulo anual m韓imo de financiaci髇 del personal t閏nico a partir del 1 de octubre ser� de 33.650 euros
• 2. El m骴ulo anual m韓imo de financiaci髇 del personal administra- tivo y del personal con formaci髇 profesional a partir del 1 de octubre ser� de 24.000 euros.�

�5. Los derechos de adquisici髇 preferente recogidos en este art韈ulo se ejercitar醤 conforme a las previsiones del presente t韙ulo y, en lo no previsto, les ser� aplicable lo dispuesto para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de viviendas de protecci髇 p鷅lica en la medida en que esta regulaci髇 resulte compatible. En particular, resultar� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos cinco y seis de este decreto ley. As� mismo, los derechos de adquisici髇 preferente previstos en este art韈ulo podr醤 ser cedidos a favor de tercera persona en los mismos t閞minos y con el mismo r間imen que el previsto en los art韈ulos siete, ocho y nuevo del presente decreto ley.�

�1. Las viviendas o edificios adquiridos en virtud del ejercicio de los derechos de adquisici髇 preferente regulados en este t韙ulo ser醤 destinados a personas en situaci髇 de vulnerabilidad, o que re鷑an los requisitos socioecon髆icos establecidos en cada momento para el acceso a las viviendas de protecci髇 p鷅lica.

Si estuvieron arrendadas con plazo de duraci髇 determinada, el destino se iniciar� en el momento en que se extinga el contrato de arrendamiento y sus arrendatarios hubieron cesado en la posesi髇 de la vivienda adquirida por la Generalitat. En virtud del que se dispone en el art韈ulo 25 apartado 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el arrendatario no tendr� derecho de tanteo y retracto cuando la Conselleria en materia de vivienda ejerza estos derechos de adquisici髇 preferente sobre la totalidad del inmueble.�

�9. Excepcionalmente, a las personas usuarias que residan en municipios reconocidos por la Generalitat Valenciana como en riesgo de despoblamiento, se les podr醤 dispensar los medicamentos y productos sanitarios, con entrega informada de los mismos en su domicilio y con cumplimiento de las garant韆s en materia de dispensaci髇 de medicamentos y productos sanitarios establecidas por la normativa de aplicaci髇, por una oficina de farmacia de la zona farmac閡tica, teniendo que quedar garantizada la intervenci髇 directa del farmac閡tico de la oficina de farmacia en la dispensaci髇 para realizar el preceptivo y previo asesoramiento personalizado conforme a lo previsto en los art韈ulos 19 y 86.1 del Real decreto legislativo 1/2015.

En todo caso, en los supuestos contemplados en el p醨rafo anterior, se tendr醤 que cumplir estrictamente las garant韆s sobre la calidad y control sanitario para cualquier de estas entregas, para lo cual se incorporar醤 los m閠odos o sistemas de control necesarios, as� como, tendr� que quedar garantizada la responsabilidad directa del farmac閡tico dispensador sobre el transporte y entrega del medicamento, asegurando que no sufre ninguna alteraci髇 ni merma de su calidad y seguridad.�

• 玣) Las dirigidas al reconocimiento del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y pol韙ica, en la promoci髇, avance y defensa de los valores democr醫icos y los derechos fundamentales.�

獳rt韈ulo 35 bis. Declaraci髇 de reconocimiento y reparaci髇 personal de las v韈timas del franquismo

1. A efectos del reconocimiento del derecho de las v韈timas del franquismo a la reparaci髇 y a la recuperaci髇 de su memoria personal, familiar y colectiva, se reconoce y declara la injusticia que supuso:

• a) El sometimiento a procesos judiciales y otros procedimientos sin las m醩 elementales garant韆s legales.
• b) Las sentencias condenatorias y las sanciones de car醕ter personal por motivos pol韙icos, ideol骻icos, de conciencia o creencia religiosa, dictadas por la Auditor韆 de Guerra del Ej閞cito de Ocupaci髇 as� como por los restantes tribunales, jurados y 髍ganos penales o administrativos que actuaron en el territorio de la Comunitat Valenciana durante la guerra civil y despu閟 de su finalizaci髇 hasta la promulgaci髇 de la Constituci髇 de 1978.

2. As� mismo, se reconoce y declara la injusticia de la desaparici髇 forzada de ni駉s y ni馻s, la deportaci髇 a campos de concentraci髇, el exilio, as� como cualesquiera otras formas de violencia personal y colectiva.

3. La Generalitat adoptar� las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represi髇 o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres a consecuencia de su actividad p鷅lica, pol韙ica o intelectual, despu閟 de la guerra y hasta la promulgaci髇 de la Constituci髇 de 1978, o como madres, compa馿ras o hijas de personas represaliadas o asesinadas, y las que sufrieron privaci髇 de libertad u otras penas a consecuencia de los delitos de adulterio e interrupci髇 voluntaria del embarazo.�

�6. En el supuesto de que se pudiera considerar que concurren razones art韘ticas o arquitect髇icas para el mantenimiento de los elementos contrarios a la memoria democr醫ica, se podr� pedir el asesoramiento t閏nico de la conselleria competente en materia de patrimonio hist髍ico y cultural o del comit� t閏nico de expertos creado a tal efecto como grupo de trabajo adscrito al Instituto Valenciano de la Memoria Democr醫ica, los Derechos Humanos y las Libertades P鷅licas.

A efectos de lo que se dispone en el p醨rafo anterior, concurrir醤 razones art韘ticas cuando se trate de elementos con singular valor art韘tico que forman parte de un bien catalogado como Bien de Inter閟 Cultural.

趎icamente se considerar� que concurren razones arquitect髇icas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal manera que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservaci髇.�

�5. El plazo m醲imo en que tendr� que notificarse la resoluci髇 del procedimiento sancionador ser� de un a駉, contado desde la fecha de iniciaci髇 del procedimiento.�

獶isposici髇 adicional quinta

1. En los casos que resulte aplicable la revisi髇 excepcional de precios establecida por el Real Decreto ley 3/2022, de 1 de marzo, a actuaciones realizadas en aplicaci髇 de las delegaciones de competencias previstas en este decreto ley, la misma ser� satisfecha, siempre que sea posible, con el saldo existente respecto a la cantidad concedida inicialmente como financiaci髇 de la delegaci髇. Cuando el saldo existente resulte insuficiente, y como excepci髇 a aquello que dispone el segundo p醨rafo del art韈ulo 9.3 del presente Decreto Ley, la financiaci髇 de la delegaci髇 se entender� incrementada con el importe necesario para atender el pago de esta revisi髇 de precios excepcional.

2. La aprobaci髇 de las revisiones excepcionales que procedan corresponder� a los 髍ganos de contrataci髇 de las entidades locales.

3. El importe de las revisiones excepcionales se aplicar� en todo caso en la certificaci髇 final de obra.

El importe de la revisi髇 excepcional de precios se corregir�, en caso de que proceda, al alza o a la baja, en la liquidaci髇 del contrato, con los precios oficiales definitivos correspondientes al periodo en que se haya aplicado la revisi髇. Esta correcci髇 tambi閚 se podr� llevar a cabo en una certificaci髇 final adicional excepcional con este 鷑ico contenido, cuando la misma pueda realizarse sin necesidad de esperar a la liquidaci髇 del contrato por haber sido publicados los 韓dices definitivos correspondientes.

En el caso de contratos en los cuales resultara aplicable una revisi髇 de precios ordinaria, por estar as� prevista al pliego correspondiente, en las certificaciones finales o liquidaciones en las cuales se aplique la revisi髇 extraordinaria de precios, se tendr� que detallar de manera desglosada el importe correspondiente al incremento del precio del contrato consecuencia de esta revisi髇 extraordinaria.

4. Con car醕ter previo a la solicitud de actuaciones complementarias a las cuales se refiere el art韈ulo 9.4 de este decreto ley, la entidad local tendr� que acreditar, mediante certificado emitido por el interventor correspondiente, que a las actuaciones objeto de la delegaci髇 no resulta aplicable la revisi髇 excepcional de precios establecida por el Real Decreto ley 3/2022, o que, resultando aplicable la revisi髇, esta ha sido certificada en su totalidad con los 韓dices oficiales definitivos correspondientes.

5. Para atender las obligaciones que se derivan de aquello que se establece en esta disposici髇 adicional, la conselleria competente en materia de educaci髇, realizar�, en el ejercicio 2022, una retenci髇 de cr閐ito global por el importe correspondiente al 5 % del total de actuaciones derivadas de las delegaciones de competencias previstas en este decreto ley, certificadas y comunicadas por las entidades locales en el ejercicio 2021. En el supuesto de que, durante el ejercicio 2022, la retenci髇 de cr閐ito realizada resultara insuficiente, se proceder� a contraer otra retenci髇 por el importe que se considere necesario a la vista de los 韓dices de precios definitivos que se publican y las revisiones de precios excepcionales que se estime que restan para satisfacer.

La disposici髇 de los cr閐itos necesarios para atender las revisiones de precios excepcionales se realizar� en el momento en que se comunique por parte de la entidad local la certificaci髇 o liquidaci髇 que contenga la revisi髇, sin que resulte necesario m醩 tr醡ite que la generaci髇 de las operaciones contables correspondientes.

6. Lo dispuesto en esta disposici髇 adicional no supondr� incremento en la dotaci髇 del cap韙ulo de gasto vinculado a la financiaci髇 de las delegaciones de competencias reguladas en este decreto ley, por lo cual los incrementos de gasto que se generan ser醤 atendidas con la dotaci髇 existente.�

�2.

A fin de mantener una terminolog韆 homog閚ea, y sin perjuicio de los previsto en la legislaci髇 sectorial aplicable, los instrumentos de formalizaci髇 de la actividad convencional de la Generalitat adoptar醤 alguna de las denominaciones siguientes:

• a) Convenios marco: los que contienen acuerdos susceptibles de generar obligaciones jur韉icas entre las partes que los subscriben, pero que, de manera expresa, requieren para su efectividad la posterior formalizaci髇 de convenios o acuerdos singulares en que de manera espec韋ica se concretan las dichas obligaciones directamente exigibles. Los convenios que desarrollan el estipulado en un convenio marco tienen la denominaci髇 de “convenio espec韋ico�.
• c) Convenios y acuerdos singulares: los que establecen obligaciones concretas y perfectamente delimitadas por las partes, directamente e inmediatamente exigibles, ya sea en el mismo convenio o acuerdo o bien en sus adendas o anexos.

De entre estos, se denominar醤 “convenios de colaboraci髇� aquellos que son subscritos para la gesti髇 y prestaci髇 de servicios correspondientes a materias que, en conformidad con el que dispone el Estatuto de Autonom韆 de la Comunitat Valenciana, son de competencia exclusiva de la Generalitat.

Corresponder� la calificaci髇 “acuerdos de cooperaci髇� a aquellos que se conciertan sobre materias que no son competencia exclusiva de la Generalitat, o que, aunque tratan sobre estas, tienen un objeto diferente de la gesti髇 y prestaci髇 de servicios.�

�4. No tienen la consideraci髇 de convenios, los protocolos generales de actuaci髇 o instrumentos similares que comportan meras declaraciones de intenci髇 de contenido general o que expresan la voluntad de las administraciones y las partes que los subscriban para actuar con un objetivo com鷑, siempre que no supongan la formalizaci髇 de compromisos jur韉icos concretos y exigibles.�

• 玡) La fecha del inicio de la eficacia y el plazo de vigencia del convenio, sin perjuicio de la posibilidad de su pr髍roga, si as� lo acuerdan las partes firmantes del convenio, y sin que sea posible la vigencia indefinida del convenio excepto en el caso de los convenios marco.�

獳rt韈ulo 23 Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones en r間imen de concurrencia competitiva

Para la concesi髇 de subvenciones en r間imen de concurrencia competitiva vinculadas a inversiones, acciones o proyectos incluidos en el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia y al REACT-EU, se aprobar醤 en un 鷑ico expediente, mediante resoluci髇 de la persona titular de la conselleria competente por raz髇 de la materia, las bases reguladoras, la convocatoria y la modificaci髇, en su caso, del plan estrat間ico de subvenciones. En estos expedientes 鷑icamente tendr醤 que cumplirse los siguientes tr醡ites, con car醕ter de urgencia: resoluci髇 de inicio, informe de la Intervenci髇 Delegada e informe de la Abogac韆 General.�

�2. En el expediente de declaraci髇 de servicio de inter閟 metropolitano se practicar� el tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, a la cual ser醤 convocados expresamente los ayuntamientos afectados, as� como los empresarios transportistas cuyos servicios resultan afectados.�

�1. Forman parte del sistema de transportes del 醨ea de Val鑞cia, y tienen por lo tanto la consideraci髇 de servicios de inter閟 metropolitano, los que a continuaci髇 se determinan:

• a) Los de transporte regular de viajeros de uso general por carretera prestados por la Autoridad de Transporte Metropolitano de Val鑞cia, aunque excedan el 醡bito territorial de la presente Ley.
• b) Los servicios de transporte prestados por Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana a trav閟 de la red de MetroValencia, aunque excedan el 醡bito territorial de la presente Ley.
• c) Los servicios de transporte urbano de viajeros de los municipios del 醡bito territorial objeto de la presente ley.
• d) Los servicios de transporte regular y discrecional de viajeros de uso general o especial prestados 韓tegramente en el 醡bito territorial objeto de la presente Ley y las expediciones parciales de los servicios de superior 醡bito.
• e) Los servicios ferroviarios de Cercan韆 Renfe Viajeros del N鷆leo de Cercan韆 de Val鑞cia prestados por la Red Nacional de Ferrocarriles Espa駉les (RENFE) que se disponga a trav閟 de un convenio, aunque excedan el 醡bito territorial de la presente Ley.
• f) Cu醤tos otros servicios de transporte urbano o interurbano de viajeros, desarrollados en el 醡bito territorial de la presente Ley, sean declarados de inter閟 metropolitano en conformidad con las previsiones de esta.

2. As� mismo, mediante convenio se podr醤 aplicar acciones y medidas de coordinaci髇 tarifaria, incluida la utilizaci髇 de t韙ulos de coordinaci髇 o integraci髇 propiedad de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Val鑞cia, en aquellos servicios que por razones de movilidad permiten conexiones modales o intermodales con los servicios contemplados en el apartado 1 del presente art韈ulo.�

�2. La gesti髇 de los parques naturales y reservas naturales corresponde a la direcci髇 general competente en la materia, mediante el director o directora conservadora.�

獷l director o directora-conservadora del Parque Natural de la Albufera, dada la singularidad y especiales caracter韘ticas del mismo, tiene el rango y nivel de jefatura de servicio y depende jer醨quicamente de la subdirecci髇 general que tenga asignadas las competencias.�

4, 5, 6, 7, 8 y 9

Aplicaci髇 presupuestaria 12.03.03.

PROGRAMA 512.10 – GESTI覰 E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDR罸LICOS, SANEAMIENTO Y DEPURACI覰 De AIG蹺S.

Aplicaci髇 presupuestaria: 21.02.01. Programa 542.50 INVESTIGACI覰, DESARROLLO TECNOL覩ICO E INNOVACI覰 (I+D+I)

獳rt韈ulo 171 R間imen jur韉ico del Instituto Valenciano de Finanzas

El r間imen jur韉ico del Institut Valenci� de Finances (IVF) ser� el siguiente:

• I. Naturaleza y principios generales
  • 1. El Institut Valenci� de Finances (IVF), creado mediante la disposici髇 adicional octava de la ley 7/1990, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 1991, es una entidad p鷅lica empresarial de las previstas en el art韈ulo 2.3.a.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda p鷅lica, del sector p鷅lico instrumental y de subvenciones.
  • 2. El Institut Valenci� de Finances (IVF) es el principal instrumento de la pol韙ica financiera de la Generalitat Valenciana, entendida esta como apoyo a los sectores productivos de la Comunitat Valenciana. Su actividad principal es la prestaci髇 en r間imen de mercado de los servicios financieros que se integran en su objeto. A tal efecto disfrutar� de plena independencia funcional de la Generalitat.
    El Institut Valenci� de Finances (IVF) no podr� captar directamente fondos del p鷅lico en forma de dep髎ito, pr閟tamo u otras an醠ogas que llevan aparejadas la obligaci髇 de su restituci髇.
  • 3. En su condici髇 de principal instrumento de la pol韙ica financiera de la Generalitat, el Institut Valenci� de Finances (IVF) tendr� la consideraci髇 de entidad colaboradora de la Generalitat, actuando en su nombre y por cuenta del 髍gano que corresponda dentro de la estructura organizativa de la misma para la gesti髇, entrega y distribuci髇 de aquellos fondos que, conforme a la ley de presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio, se prevean con el fin de llevar a cabo acciones de promoci髇, apoyo y asistencia de pymes, aut髇omos y emprendedores en sectores productivos de la Comunitat Valenciana.
    Cuando act鷈 ejerciendo esta funci髇, sus cometidos espec韋icos, as� como el conjunto de obligaciones que asumir� el Institut Valenci� de Finances (IVF), se reflejar醤 en el oportuno convenio que a tal efecto se tendr� que formalizar entre este y el 髍gano competente de la Generalitat Valenciana.
  • 4. Su financiaci髇 mayoritaria provendr� de los ingresos comerciales que obtenga por el desarrollo de su actividad, entendi閚dose como tales los ingresos, cualquier que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las prestaciones de servicios que realize o preste.
  • 5. El Institut Valenci� de Finances (IVF), como entidad p鷅lica empresarial de la Generalitat Valenciana, sujetar� su actuaci髇 a los principios de legalidad, servicio al inter閟 general, transparencia, imparcialidad, econom韆, eficacia, eficiencia, austeridad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y mejora continua del servicio al ciudadano.
    Igualmente, el Institut Valenci� de Finances (IVF) tendr� que observar un comportamiento socialmente responsable, capaz de conciliar las demandas sociales con un desarrollo sostenible, basado en el respecto al medio ambiente, la atenci髇 al ciudadano, la igualdad de oportunidades, la cohesi髇 e integraci髇 social y la igualdad de g閚ero.
    En este sentido, la actuaci髇 del Institut Valenci� de Finances (IVF) en materia crediticia incentivar� la adopci髇 por parte de las empresas de criterios de sostenibilidad, tanto econ髆ica como social o medioambiental.
    El Institut Valenci� de Finances (IVF) sujetar� su actuaci髇, as� mismo, a los valores, principios generales y normas de conducta establecidos en el C骴igo de buen gobierno de la Generalitat.
  • 6. En el ejercicio de sus funciones, el Institut Valenci� de Finances (IVF), en su condici髇 de intermediario financiero, se regir� por criterios de mercado y, por lo tanto, tendr� que gestionarse con principios de autosuficiencia financiera y viabilidad econ髆ica. Todo esto sin perjuicio que, en el 醡bito de sus competencias y de acuerdo con los objetivos de la pol韙ica econ髆ica, la Generalitat, a trav閟 de las diferentes consellerias, o cualquier entidad local valenciana, previo acuerdo del Consell, puedan bonificar mediante subvenciones de capital las cuotas de inter閟 y amortizaci髇 que se derivan de los pr閟tamos otorgados por el Institut Valenci� de Finances (IVF).
• II. R間imen jur韉ico
  • 1. El Institut Valenci� de Finances (IVF) tiene personalidad jur韉ica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, quedando adscrito a la conselleria competente en materia de pol韙ica financiera.
  • 2. El Institut Valenci� de Finances (IVF) se rige por el que se establece en la presente ley, por su reglamento de organizaci髇 y funcionamiento y por las normas de derecho privado.
  • 3. Sin embargo, le ser� aplicable:
    • i) La Ley 1/2015, de 6 de febrero de la Generalitat, de hacienda p鷅lica, sector p鷅lico instrumental y subvenciones de la Generalitat, excepto en cuanto a la regulaci髇 de las relaciones jur韉icas, bienes o derechos derivados del ejercicio de su actividad crediticia en el sector privado, y en cuanto al que se prev� en el apartado 4 del presente art韈ulo.
    • ii) Las leyes anuales de presupuestos de la Generalitat en el que resulto aplicable.
  • 4. El Institut Valenci� de Finances (IVF) podr� conceder, con sus propios recursos y los que le hayan sido transferidos a tal efecto por v韆 presupuestaria, pr閟tamos bonificados a las empresas que lo solicitan en el marco de las correspondientes convocatorias. La bonificaci髇 o ayuda incorporada a estos pr閟tamos consistir� en la reducci髇 del tipo de inter閟 respecto al tipo de inter閟 de mercado, o el reconocimiento de un tramo no reembolsable del pr閟tamo por importe no superior al 30 % del capital.
    La bonificaci髇 o ayuda habr� necesariamente de responder en un programa de est韒ulo econ髆ico, financiado por un organismo de la Generalitat Valenciana, o cualquier entidad local valenciana, previo acuerdo del Consell, mediante aportaciones en el Instituto Valenciano de Finanzas en forma de subvenciones de capital.
    Sin embargo, el Consejo General del IVF podr� destinar los beneficios del ejercicio a dotar un fondo para completar la bonificaci髇 de las operaciones otorgadas en el marco de estos programas de est韒ulo. Este fondo recibir� la denominaci髇 de Fondo Promocional del IVF; constar� de manera separada en el Balance de la entidad, y su movimiento contable durante el ejercicio quedar� reflejado en un estado financiero espec韋ico reportado en la Memoria.
    A efectos del art韈ulo 159 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda de la Generalitat, no tendr醤 la consideraci髇 de subvenciones los pr閟tamos bonificados sin inter閟, con inter閟 inferior al de mercado, o con tramo no reembolsable hasta el l韒ite del 30 % del capital, concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas y los entes a los cuales se refiere el art韈ulo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda de la Generalitat, la gesti髇 de la cual haya sido encomendada al IVF. Estas operaciones financieras se regir醤 por su normativa espec韋ica y estar醤 sujetas a derecho privado.
    A tal efecto, tendr醤 la consideraci髇 de normativa espec韋ica las instrucciones o acuerdos adoptados por sus 髍ganos de gobierno, que en todo caso tendr醤 que prever, con car醕ter previo a su formalizaci髇, los requisitos y obligaciones de los beneficiarios y entidades colaboradoras y el procedimiento de aprobaci髇. Estas instrucciones tendr醤 que respetar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminaci髇.
  • 5. Adicionalmente a los pr閟tamos bonificados, el Instituto Valenciano de Finanzas podr� conceder subvenciones consistentes en la bonificaci髇 del coste financiero de los pr閟tamos y avales que otras entidades financieras de capital mayoritariamente privado, ajenas al propio Instituto, otorgan a empresas con domicilio social u operativo en la Comunitat Valenciana. A tal efecto, tendr醤 la consideraci髇 de coste financiero el tipo de inter閟, la comisi髇 de aval, los gastos de formalizaci髇 y cualquier otra comisi髇 que venga a retribuir al financiador o avalista por la realizaci髇 de operaciones conducentes al buen fin de la operaci髇.
  • 6. Las leyes de presupuestos de la Generalitat determinar醤 para cada ejercicio el l韒ite m醲imo de los avales a prestar y del volumen de endeudamiento vivo del Institut Valenci� de Finances (IVF).
  • 7. En materia de contrataci髇, resultar� de aplicaci髇 lo previsto en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico para las entidades p鷅licas empresariales.
  • 8. El Institut Valenci� de Finances (IVF) dispone de patrimonio y tesorer韆 propia y act鷄 para el cumplimiento de sus funciones con plena autonom韆 org醤ica, financiera, patrimonial, funcional y de gesti髇 respecto de la Generalitat Valenciana. El Institut Valenci� de Finances (IVF) bote, con plena independencia y sin otras autorizaciones que las de sus 髍ganos de gobierno, adquirir, poseer, reivindicar, permutar, grabar, explotar, arrendar, administrar o transmitir todo tipo de bienes, concertar cr閐itos, realizar contratos y convenios, as� como obligarse, interponer recursos y ejecutar las acciones establecidas por la ley, en virtud del reglamento espec韋ico que regulo el procedimiento.
  • 9. En las actuaciones de adquisici髇 y de enajenaci髇 del patrimonio se tendr� que respetar los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad.
  • 10. Los derechos derivados de su actividad como intermediario financiero en el sector privado o los activos, de car醕ter mobiliario e inmobiliario, adquiridos a consecuencia de procesos de recuperaci髇 de deudas contra韉as con el Institut Valenci� de Finances (IVF) en el ejercicio de su actividad crediticia, se integrar醤 en el patrimonio propio del Institut Valenci� de Finances (IVF) y se regir醤 en cuanto a utilizaci髇, explotaci髇 y transmisi髇 por lo que se dispone en este art韈ulo y por las normas internas de funcionamiento que a tal efecto apruebe el 髍gano de gobierno del IVF que resulte competente conforme a su reglamento de organizaci髇 y funcionamiento.
• III. Fines y funciones
  • 1. El Institut Valenci� de Finances (IVF) desarrollar� su actividad como intermediario financiero preferentemente respecto del sector privado. En tal sentido, dirigir� su actividad principalmente hacia los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, pymes y emprendedores, pudiendo otorgar cualquier tipo de financiaci髇 a favor de aut髇omos, profesionales y personas jur韉icas privadas, siempre que esta financiaci髇 se destine a cualquier finalidad l韈ita y a cualquier 醡bito sectorial, con la excepci髇 del sector de la promoci髇 inmobiliaria, que no puede ser financiado por el Institut Valenci� de Finances (IVF), salvo que se trate de vivienda de protecci髇 oficial o financiaci髇 vinculada a planes dise馻dos por la administraci髇 u organismos p鷅licos con el fin de facilitar el acceso a la vivienda.
  • 2. Ser� condici髇 para que el Institut Valenci� de Finances (IVF) otorgo cualquier tipo de financiaci髇 que este est� vinculado al ejercicio de actividades productivas y de servicios a desarrollar en el 醡bito de la Comunitat Valenciana, o respecto de empresas que tengan su domicilio social efectivo o la parte m醩 significativa de su actividad en la Comunitat Valenciana.
  • 3. Dentro de la financiaci髇 al sector privado, el Institut Valenci� de Finances (IVF) podr� financiar determinadas operaciones corporativas como por ejemplo y) la adquisici髇 de participaciones sociales por parte de personas f韘icas dentro de una empresa familiar; ii) las aportaciones sociales de socios de sociedades cooperativas, o iii) otras de naturaleza an醠oga, dentro de los l韒ites establecidos en la normativa que las sea aplicable.
  • 4. Excepcionalmente, el Institut Valenci� de Finances (IVF) tambi閚 podr� actuar como intermediario financiero para el sector p鷅lico, con id閚tica sujeci髇 a los principios de mercado que rigen para toda su actividad. Con este fin anualmente se determinar� por el 髍gano de gobierno competente del Institut Valenci� de Finances (IVF) el porcentaje m醲imo de recursos susceptible de ser destinado a la financiaci髇 del sector p鷅lico.
  • 5. El IVF podr� financiar las necesidades operativas de fondos de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, entendiendo por tales aquellas que sean beneficiarias de subvenciones al amparo de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Participaci髇 y Colaboraci髇 Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales Representativas en la Comunitat Valenciana y de la Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Econom韆 Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se establecen las bases reguladoras para la concesi髇 de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporci髇 a su representatividad, en el 醡bito de la Comunitat Valenciana.
    La financiaci髇 otorgada por el IVF a las diferentes organizaciones sindicales y empresariales no superar� en ning鷑 caso el importe total de las subvenciones reconocidas a su favor por la Generalitat Valenciana, previa resoluci髇 de adjudicaci髇 por el 髍gano competente. El IVF pignorar� los derechos de cobro futuros derivados de estas subvenciones como garant韆 de pago de la operaci髇.
  • 6. Fomentar y/o participar en programas de formaci髇 destinados a incrementar la cultura financiera o a facilitar el conocimiento de la ciudadan韆 en cuestiones de naturaleza financiera.
  • 7. En concreto, para el cumplimiento de estas finalidades, el Institut Valenci� de Finances (IVF) desarrollar� las siguientes funciones:
    • a) Conceder cr閐itos, pr閟tamos, avales y otras cauciones a favor de las empresas y entidades de naturaleza privada; colaborar, prestar apoyos financieros y participar en el capital y en los 髍ganos de gobierno, tanto en nombre propio como en representaci髇 de la Generalitat, de sociedades que facilitan la financiaci髇 o la promoci髇 de empresas no financieras, as� como efectuar aportaciones y gestionar fondos de capital riesgo constituidos con la misma finalidad, siguiendo las directrices generales de la pol韙ica crediticia establecidas por la conselleria competente en materia de econom韆.
    • b) Anticipar las subvenciones otorgadas por la Generalitat al amparo del Decreto 193/2015 que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de participaci髇 y colaboraci髇 institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, modificado por el 46/2018, de 13 de abril, del Consell.
    • c) Cualesquiera otros que le atribuyan las leyes o que le encomiendo el Consell de la Generalitat en el 醡bito de sus competencias.
    • d) Excepcionalmente podr�:
      • i. Financiar proyectos de obras y servicios p鷅licos. En este sentido, podr醤 ser beneficiarias aquellas empresas, organismos y entidades de cualquier tipo o naturaleza que, directa o indirectamente, de manera mayoritaria, sean financiadas o participadas por la administraci髇 p鷅li- ca, o que sus actos est閚 sujetos directa o indirectamente al poder de decisi髇 de esta.
      • ii. Conceder cr閐itos y pr閟tamos, a favor del sector p鷅lico instrumental de la Generalitat o de cualquier otra entidad de car醕ter p鷅lico.
• IV. 觬ganos de gobierno Los 髍ganos de gobierno del Institut Valenci� de Finances (IVF) son el Consejo General y la Direcci髇 General. Los consejeros independientes del Consejo General percibir醤 las indemnizaciones que correspondan de acuerdo con lo que prevea el reglamento org醤ico. Tales indemnizaciones, o cualquier otro concepto que percibieran en el ejercicio de sus funciones, tendr醤 que ser de car醕ter p鷅lico.
• V. Recursos econ髆icos
  • 1. Los recursos econ髆icos del Institut Valenci� de Finances (IVF) est醤 constituidos por:
    • a) La dotaci髇 inicial del Institut Valenci� de Finances (IVF) m醩 los incrementos que en su fondo social se produzcan.
    • b) Las consignaciones previstas en los presupuestos de la Generalitat.
    • c) Las rentas y productos que generan los bienes y derechos que integran el patrimonio del Institut Valenci� de Finances (IVF).
    • d) Los ingresos procedentes de los servicios prestados por el Institut Valenci� de Finances (IVF).
    • e) Los activos de car醕ter mobiliario e inmobiliario, adquiridos a consecuencia de procesos de recuperaci髇 de deudas contra韉as con el Institut Valenci� de Finances (IVF) en el ejercicio de su actividad crediticia.
    • f) Las comisiones reportadas por la prestaci髇 de avales del Institut Valenci� de Finances (IVF).
    • g) Las tasas y precios p鷅licos que se puedan establecer.
    • h) Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones, tanto p鷅licas como privadas, o de particulares.
    • i) Las aportaciones de otras instituciones financieras, p鷅licas o privadas, que se establezcan de acuerdo con las leyes o por medio de convenios de financiaci髇 o de colaboraci髇 financiera con el Institut Valenci� de Finances (IVF).
    • j) Las emisiones de valores de renta fija u otras operaciones de endeudamiento, y los recursos derivados de la gesti髇 integral de sus activos y pasivos. As� mismo, los provenientes otras operaciones financieras diferentes de las anteriormente se馻ladas, concuerdas con la propia finalidad del Institut Valenci� de Finances (IVF).
    • k) Los dep髎itos que constituyan en el Institut Valenci� de Finances (IVF) otras instituciones p鷅licas o intermediarios financieros.
    • l) Cualesquiera otros recursos, diferentes de los enunciados, que est閚 previstos en el ordenamiento jur韉ico.
• VI. R間imen de personal El personal del Institut Valenci� de Finances (IVF) se regir� por el derecho laboral y, adem醩, por las previsiones del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto B醩ico del Empleado p鷅lico y de la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica valenciana as� como por el r間imen aplicable al personal de las entidades p鷅licas empresariales que le sea aplicable.
• VII. Deber de secreto Las personas integrantes de los 髍ganos de gobierno y el personal del Institut Valenci� de Finances (IVF) tienen que guardar secreto, incluso despu閟 de cesar en sus funciones, de cu醤tas informaciones de naturaleza reservada tuvieron conocimiento en el ejercicio de sus cargos o funciones. La infracci髇 de este deber determinar� las responsabilidades previstas en las leyes.
• VIII. Incompatibilidades
  • 1. Sin perjuicio del que se dispone en la normativa en materia de incompatibilidades, no pueden formar parte del Consejo General del Institut Valenci� de Finances (IVF) aquellas personas que ostentan cargos de consejer韆, administraci髇, direcci髇, gerencia, asesor韆 o asimilados y el personal en activo de entidades financieras privadas o, en general, de cualquier persona jur韉ica que est� relacionada con las competencias y funciones del instituto.
  • 2. As� mismo, el ejercicio del cargo de la direcci髇 general requiere dedicaci髇 exclusiva y es incompatible con cualquier actividad retribuida, tanto de car醕ter p鷅lico como privado, excepto la administraci髇 del propio patrimonio.
• IX. Garant韆 Las deudas y las obligaciones que el Institut Valenci� de Finances (IVF) contraiga frente a terceros para la captaci髇 de fondo, as� como el resto de las obligaciones patrimoniales contra韉as en el ejercicio de sus funciones, disfrutar醤 de la garant韆 personal de la Generalitat. Esta garant韆 tiene el car醕ter de expl韈ita, irrevocable, incondicional, solidaria y directa. Por lo tanto, en caso de incumplimiento por parte del instituto de las responsabilidades pecuniarias que por todos los conceptos llevan causa de estas obligaciones, estas ser醤 directamente exigibles en la Generalitat.

�1. En los t閞minos que se establezcan reglamentariamente, el importe a percibir en concepto de prestaci髇 econ髆ica de renta valenciana de inclusi髇 se podr� incrementar hasta el 30 % de su importe reconocido para estas prestaciones, para sufragar los gastos derivados del alquiler o del pago de cuota hipotecaria de la vivienda habitual de la persona titular de la vivienda y para garantizar su acceso a los suministros energ閠icos b醩icos, siempre que ninguna persona beneficiaria reciba ninguna cuant韆 por el mismo concepto procedente de cualquier administraci髇. En el caso de que la vivienda o alojamiento no ocasiono gasto a las personas destinatarias ni de alquiler ni de cuota hipotecar韆, con el fin de garantizar los derechos energ閠icos, se incrementara en un 15 % del importe reconocido en la modalidad de la prestaci髇 de renta valenciana de inclusi髇 que le corresponda. Respecto de las rentas complementarias de ingresos, el incremento antes referido por estos conceptos se determinar� reglamentariamente, con la voluntad de hacer compatible este incremento con otras ayudas que puedan recibir otras administraciones por estos conceptos y de llegar a incrementos de la cuant韆 total recibida de un 30 %. Este complementos tendr醤 que aplicarse a la finalidad para la cual se han otorgante.�

El ayuntamiento, si procede, puede acordar la exclusi髇 de la aplicaci髇 de estas disposiciones, y revisar su decisi髇 en un periodo de 5 a駉s. Como tambi閚 regular reglamentariamente la aplicaci髇 de los art韈ulos 11, 22.1, 23.1 y 23.4, 54.3, 57 bis y 58.�

玈e a馻de una nueva disposici髇 adicional sexta en el texto refundido de la Ley de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y paisaje aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, con la redacci髇 siguiente: