Decreto-ley 10/2023, de 13 de diciembre, por el que se modifican el Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico, se establecen medidas de utilizaci髇 de dichos procedimientos y se adoptan, con car醕ter temporal, medidas en materia de selecci髇 de personal funcionario interino en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, y la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆

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Sumario

V閍se la Res. 11爀nero 2024, de la Secretar韆 General del Parlamento de Andaluc韆, por la que se ordena la publicaci髇 del acuerdo de convalidaci髇 del D. Ley 10/2023, de 13 de diciembre, por el que se modifican el D. Ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico, se establecen medidas de utilizaci髇 de dichos procedimientos y se adoptan, con car醕ter temporal, medidas en materia de selecci髇 de personal funcionario interino en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, y la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆 (獴.O.J.A.� 19 enero).LE0000826067_20240120

I

El Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico, se establecen medidas de utilizaci髇 de dichos procedimientos y se adoptan, con car醕ter temporal, medidas en materia de selecci髇 de personal funcionario interino en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, entre otras cuestiones, dio cumplimiento a lo establecido por la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que prescribe que las Administraciones P鷅licas deber醤 asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecuci髇 de los procesos selectivos mediante la adopci髇 de las medidas apropiadas para el desarrollo 醙il de los procesos selectivos, entre ellas, la reducci髇 de plazos. Para ello, adem醩 de otras medidas contenidas en los art韈ulos 3, 4, 5 y 6, se incluye en el Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, el art韈ulo 7, espec韋ico y com鷑 para los 醡bitos del personal funcionario de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 y del personal estatutario y funcionario de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que reduce los plazos aplicables en estos procesos selectivos.

Con posterioridad, se ha dictado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposici髇 de Directivas de la Uni髇 Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliaci髇 de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecuci髇 y cumplimiento del Derecho de la Uni髇 Europea. Su art韈ulo 217 autoriza una tasa adicional a las Administraciones P鷅licas para que convoquen procesos selectivos conforme a la disposici髇 adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilizaci髇 en condiciones de igualdad; el n鷐ero de plazas de la tasa adicional debe ser el equivalente a aquellas de naturaleza estructural, ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relaci髇 de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado el proceso de estabilizaci髇 convocado con un sistema selectivo distinto al previsto en la disposici髇 adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre; y se dispone que las ofertas de empleo p鷅lico deber醤 estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2023, y las convocatorias resueltas antes del 31 de diciembre de 2024.

Para el 醡bito de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 se ha dictado el Decreto 197/2023, de 27 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo P鷅lico para la estabilizaci髇 de empleo temporal en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 para el a駉 2023, que incluye 778 plazas, adem醩 de las ya convocadas en ejecuci髇 del Decreto 263/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo P鷅lico para la estabilizaci髇 de empleo temporal en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 para 2021, y el Decreto 91/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo P鷅lico para la estabilizaci髇 de empleo temporal en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 para el a駉 2022. Y, tal y como precept鷄 el precitado art韈ulo 217 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, las convocatorias deben estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024.

Estas nuevas circunstancias, evidentemente no existentes en el momento en que se dicta el Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, introducen cambios esenciales en el escenario de los procesos de estabilizaci髇 de empleo temporal, incrementando considerablemente el n鷐ero de plazas y afectando de forma directa a su tramitaci髇, habida cuenta que las plazas adicionales que supone el Decreto 197/2023, de 27 de julio, se incluyen en nuevas convocatorias que tambi閚 han de resolverse antes del 31 de diciembre de 2024; es decir, se ampl韆n las plazas pero no los plazos de resoluci髇. Los plazos de resoluci髇 previstos en el Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, ser韆n, pues, de aplicaci髇 a un escenario distinto del que sirvi� de base para determinarlos, siendo imposible cumplirlos, con garant韆s de seguridad jur韉ica, en la ejecuci髇 de unos procesos selectivos cuyas plazas ofertadas se han ampliado considerablemente, plazos, que en algunos de los procesos selectivos vencer韆n de forma inminente.

A ello se suma que se ha convocado un concurso de m閞itos para la provisi髇 de puestos de trabajo, que incluye los correspondientes al nivel b醩ico del intervalo atribuido a cada Grupo o Cuerpo, afectando as� a las plazas comprendidas en los procesos de estabilizaci髇 de empleo temporal, lo que indefectiblemente supone que 閟tos no podr醤 culminarse con la correspondiente oferta de vacantes y adjudicaci髇 de destinos hasta que no se resuelva el referido concurso de m閞itos. Los procesos de estabilizaci髇 est醤 afectados directamente por la previa resoluci髇 del concurso de m閞itos, dado que no pueden resolverse hasta que no se adjudiquen las plazas correspondientes al concurso de m閞itos, ya que hasta ese momento no se podr� determinar qu� plazas son aquellas de nivel b醩ico que resultan vacantes por no haber sido adjudicadas en los diferentes cuerpos y especialidades afectados tambi閚 por los procesos de estabilizaci髇. Tanto m醩 en un concurso de m閞itos, como el que se encuentra actualmente en tramitaci髇, que se ha convocado 玜 resultas�. Estos procesos tienen como finalidad la estabilizaci髇 de un n鷐ero concreto de plazas en determinados cuerpos y especialidades en aplicaci髇 de los criterios delimitadores fijados por la normativa estatal de car醕ter b醩ico, pero la concreci髇 de los puestos de trabajo que se adjudicar醤 a las personas que los superen se realizar� con ocasi髇 de la oferta de vacantes, por lo que es posible, y as� se ha hecho, ofertar todas las vacantes disponibles en el concurso de m閞itos y, una vez resuelto el mismo, se elaborar� la relaci髇 de plazas que se ofertar醤 para estabilizaci髇. Es decir, los procesos de estabilizaci髇 se han visto condicionados por otros procedimientos que deben resolverse previamente, de forma que los plazos regulados en el Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, vencer醤 con toda probabilidad antes de que tenga lugar la resoluci髇 del concurso de m閞itos y puedan concretarse las plazas a ofertar.

Todo ello hace necesaria la modificaci髇 del art韈ulo 7.1 del Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, dando nueva redacci髇 al apartado e), eliminando las referencias al plazo m醲imo para la elevaci髇 por la correspondiente comisi髇 de selecci髇 del listado y el orden de las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, para la realizaci髇 de la oferta de vacantes y para el nombramiento de personal funcionario de carrera o estatutario fijo y de adjudicaci髇 de destinos.

De no hacerlo, se incumplir韆n esos plazos y ello introducir韆 en estos procesos un elemento de inseguridad jur韉ica y de debilidad frente a las impugnaciones que se puedan presentar sobre los mismos en las que se alegue el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos.

II

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆, establece en su disposici髇 final quinta que entrar� en vigor a los seis meses de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆�. Dado que se public� el 14 de julio de 2023, su entrada en vigor ser� el 14 de diciembre de 2023.

Por una parte, de conformidad con la disposici髇 transitoria d閏ima, apartado 1, de la Ley 5/2023, de 7 de junio, que establece 玵ue quienes accedan a la funci髇 p鷅lica de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 mediante las convocatorias en curso a la entrada en vigor de esta ley quedar醤 integrados en el cuerpo o especialidad que corresponda de acuerdo con los criterios de integraci髇 establecidos en la disposici髇 adicional s閜tima�, los presupuestos requeridos en las convocatorias a鷑 no aprobadas de los procesos selectivos de los cuerpos, especialidades y opciones de las Ofertas de Empleo P鷅lico de los a駉s 2022 y 2023, de acceso libre y las de estabilizaci髇 de empleo temporal en curso antes de la entrada en vigor de la ley, no puedan verse alterados por la nueva regulaci髇.

As�, hay que tener en cuenta el volumen de trabajo que conlleva la tramitaci髇 de los procesos selectivos de estabilizaci髇 de empleo temporal junto a los de acceso libre, unido a la urgencia en la tramitaci髇 de los primeros, cuya oferta, como ya se ha indicado, ha sido recientemente ampliada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y cuya finalizaci髇 deber� ser anterior a 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo establecido en esta normativa estatal de car醕ter b醩ico. Todo ello, unido a las exigencias t閏nicas derivadas de la configuraci髇 de la nueva clasificaci髇 de cuerpos y especialidades establecidas en la Ley 5/2023, de 7 de junio, y el desarrollo que precisa el funcionamiento de algunos aspectos t閏nicos y procedimentales a trav閟 de la relaci髇 de puestos de trabajo de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆, imposibilita que en el plazo actual de entrada en vigor puedan estar satisfechas todas estas exigencias.

Por otra parte, en cuanto al proceso de adaptaci髇 a los 醡bitos de conocimiento de los t韙ulos universitarios oficiales a las 醨eas de conocimiento requeridas para el acceso al empleo p鷅lico en la disposici髇 adicional quinta de la Ley de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆, el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organizaci髇 de las ense馻nzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, establece en su disposici髇 transitoria quinta que los t韙ulos universitarios oficiales habr醤 de adscribirse a un 醡bito de conocimiento en el plazo m醲imo de cuatro a駉s a contar desde la entrada en vigor de este real decreto.

Este plazo habilitado en la normativa b醩ica para este proceso de adaptaci髇, que finaliza con posterioridad a la entrada en vigor la Ley 5/2023, de 7 de junio, obliga a establecer un r間imen transitorio para conjugar dicho plazo con la fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2023, de 7 de junio, a fin de evitar distorsiones que pueden generar inseguridad jur韉ica en una materia tan esencial como las titulaciones requeridas para el acceso al empleo p鷅lico en aquellas especialidades en las que se requiere una determinada 醨ea de conocimiento. Acudir a la figura del decreto-ley resulta preciso para hacer posible la aplicaci髇 de las medidas de manera inmediata, no pudiendo abordarse mediante la tramitaci髇 de un procedimiento normativo ordinario o de urgencia.

III

Finalmente, la Ley 5/2023, de 7 de junio, regula en sus art韈ulos 17, 18, 73 y 104 determinadas cuestiones que afectan al personal eventual. Actualmente este personal se rige por lo establecido en el Decreto 439/2019, de 2 de abril, por el que se determinan los puestos de personal eventual de la Junta de Andaluc韆 y sus condiciones retributivas. En cuanto a los 髍ganos e instituciones que pueden disponer de personal eventual, la ley no incluye todas las instituciones dotadas por ley de autonom韆 e independencia funcional que hasta ahora pueden disponer de esta clase de personal de acuerdo con lo que establece el mencionado Decreto 439/2019, de 2 de abril, por lo que se considera necesario modificar un art韈ulo de la ley, con la finalidad de que todas las instituciones que actualmente cuentan con esta clase de personal puedan seguir haci閚dolo.

Por otro lado, la aplicaci髇 de la nueva ley, al incorporar algunos criterios diferentes en su r間imen jur韉ico, conlleva cambios en la actual estructura de personal eventual que pueden afectar tanto al car醕ter libre y discrecional de su nombramiento, como a los derechos actualmente reconocidos a este personal, raz髇 por la cual se considera necesario establecer un r間imen transitorio en relaci髇 con el r間imen jur韉ico aplicable al personal eventual nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

IV

Por todas las razones t閏nicas y organizativas, requeridas por la normativa estatal de car醕ter b醩ico en relaci髇 con el contexto de exigencia temporal en el que se dicta, resulta urgente y necesario modificar el Decreto-ley 12/2022, de 28 de noviembre, ampliar la entrada en vigor de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Funci髇 P鷅lica de Andaluc韆, en lo referente a las previsiones relativas a los cuerpos, especialidades y opciones existentes con anterioridad al 14 de diciembre de 2023, establecer un r間imen transitorio en cuanto a las 醨eas de conocimiento requeridas para el acceso, hasta que se complete el proceso de adaptaci髇 de la adscripci髇 de los t韙ulos universitarios oficiales a los 醡bitos de conocimiento previsto por la disposici髇 transitoria quinta del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organizaci髇 de las ense馻nzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y modificar en parte la regulaci髇 del personal eventual en relaci髇 con las instituciones que pueden disponer de este personal y regular un r間imen transitorio para el personal nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Por consiguiente, concurren las circunstancias que exige el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, que establece, que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podr� dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podr醤 afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al r間imen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andaluc韆; no podr醤 aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andaluc韆 y el decreto-ley no podr� afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 86.1 de la misma. Adem醩, al ser el decreto-ley una fuente del Derecho auton髆ico con rango de ley, s髄o puede regular materias sobre las que la Comunidad Aut髇oma ostenta competencias normativas, es decir, competencias exclusivas o compartidas, circunstancia que concurre en este caso, dado que, de conformidad con el art韈ulo 76.2 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, corresponde a la Junta de Andaluc韆, en materia de funci髇 p鷅lica y personal al servicio de la Administraci髇, respetando el principio de autonom韆 local, la competencia exclusiva sobre la planificaci髇, organizaci髇 general, la formaci髇 y la acci髇 social de su funci髇 p鷅lica en todos los sectores materiales de prestaci髇 de los servicios p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma, as� como la competencia compartida sobre el r間imen estatutario del personal al servicio de las Administraciones andaluzas.

En base a la previsi髇 contenida en el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, el decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones dif韈iles de prever, requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes. La apreciaci髇 de la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las medidas que se incluyen en este decreto-ley forma parte del juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇.

El Tribunal Constitucional ha admitido el uso del decreto-ley en situaciones para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). En el presente caso, por lo tanto, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia es la adopci髇 de las medidas y el cumplimiento de los plazos fijados por la legislaci髇 estatal de car醕ter b醩ico, que, conforme se ha expuesto, requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

En consonancia con todo ello, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta que el 醡bito al que afecta la misma requiere de una intervenci髇 inmediata. En cuanto a la prohibici髇 de afectaci髇 a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇 Espa駉la, una muy consolidada doctrina del Tribunal Constitucional la interpreta en los siguientes t閞minos, que resume la Sentencia del Tribunal Constitucional n鷐. 139/2016, de 31 de julio, cuyo fundamento jur韉ico 6 expresa: �1.� El art韈ulo 86.1 CE impide que con el decreto-ley queden afectados los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I CE, pero este Tribunal ha rechazado una interpretaci髇 extensiva de dicho l韒ite que supondr韆 el vaciamiento de la figura del decreto-ley, haci閚dolo 玦nservible para regular con mayor o menor incidencia cualquier aspecto concerniente a las materias incluidas en el T韙ulo I de la Constituci髇. 2.� La cl醬sula restrictiva debe ser entendida de modo que no se reduzca a la nada la figura del decreto-ley, de suerte que lo que se proh韇e constitucionalmente es que se regule un r間imen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o elementos esenciales de algunos de tales derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). 3.� El Tribunal no debe fijarse 鷑icamente en el modo en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino m醩 bien ha de examinar si ha existido 玜fectaci髇� por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el T韙ulo I CE, lo que exigir� tener en cuenta la configuraci髇 constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicaci髇 sistem醫ica en el texto constitucional y la naturaleza y alcance de la concreta regulaci髇 de que se trate (…).�

En el presente caso, en aplicaci髇 de la doctrina constitucional antes expuesta, el objeto de la norma tiene a estos efectos un alcance limitado, en el sentido de que ni establece el r間imen general de acceso a la funci髇 p鷅lica, ni supone una delimitaci髇 espec韋ica del n鷆leo del derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos p鷅licos, limit醤dose, por una parte, a adaptar los plazos de tramitaci髇 de los procesos selectivos de estabilizaci髇 de empleo temporal y, por otra parte, a regular exclusivamente lo necesario para el obligado cumplimiento de la nueva regulaci髇 de cuerpos y especialidades de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 y las medidas de legislaci髇 estatal de car醕ter b醩ico, en materia de t韙ulos universitarios. Asimismo, la regulaci髇 que afecta al r間imen jur韉ico del personal eventual que se lleva a cabo a trav閟 de este decreto-ley tampoco afecta a dichos l韒ites constitucionales. La decisi髇 que mediante esta norma se adopta, sin duda, supone una actuaci髇 necesaria para dotar de la debida seguridad jur韉ica a la actuaci髇 que esta Administraci髇 debe llevar a cabo, no adentr醤dose en un 醡bito material vedado al instrumento del decreto-ley, sin perjuicio de que, en su configuraci髇 concreta, sus preceptos deban atenerse a las exigencias de igualdad en el acceso al empleo p鷅lico que impone aquel derecho fundamental.

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situaci髇 que requiere de una actuaci髇 inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Se cumple con el principio de necesidad, que queda plenamente justificado en todo lo que se ha expuesto y que se concreta en el inter閟 general en el que se fundamenta la medida que se establece, siendo el decreto-ley no solo el instrumento m醩 adecuado, sino el 鷑ico que puede garantizar su consecuci髇 y eficacia. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jur韉ica y eficacia, destac醤dose que las medidas que contiene son congruentes con el ordenamiento jur韉ico e incorporan la mejor alternativa posible, al contener la regulaci髇 necesaria e imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos mencionados.

Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situaci髇 extraordinaria descrita y a las consecuencias que se derivan de la misma. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅lica pero, en todo caso, su parte expositiva explica suficientemente su contenido y sus fines, todo ello sin perjuicio de la debida publicidad que se dar� al mismo, no solo a trav閟 de los boletines oficiales, sino tambi閚 mediante su publicaci髇 en el Portal de Transparencia de la Junta de Andaluc韆, dando cumplimiento a la obligaci髇 dispuesta en el art韈ulo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia P鷅lica de Andaluc韆.

Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia y teniendo en cuenta la propia naturaleza de la medida adoptada, este decreto-ley impone 鷑icamente las cargas administrativas imprescindibles para alcanzar los fines establecidos en el mismo.

En su virtud, y en uso de la facultad concedida por el art韈ulo 110 del Estatuto de Autonom韆 para Andaluc韆, a propuesta de la persona titular de la Consejer韆 de Justicia, Administraci髇 Local y Funci髇 P鷅lica, de conformidad con lo previsto en el art韈ulo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, y previa deliberaci髇 del Consejo de Gobierno, en su reuni髇 celebrada el d韆 13 de diciembre de 2023,

DISPONGO

Art韈ulo primero Modificaci髇 del Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, por el que se regulan los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico, se establecen medidas de utilizaci髇 de dichos procedimientos y se adoptan, con car醕ter temporal, medidas en materia de selecci髇 de personal funcionario interino en la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆

El art韈ulo 7 del Decreto-ley 12/2022, de 29 de noviembre, queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 7 Medidas de agilizaci髇 de los procesos selectivos en el 醡bito del personal funcionario de la Administraci髇 General de la Junta de Andaluc韆 y del personal estatutario y funcionario de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud

1. Los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se regir醤 por los siguientes plazos:

• a) Las solicitudes se presentar醤 en el plazo de diez d韆s h醔iles, contados a partir del d韆 siguiente al que se publique la resoluci髇 por la que se efect鷈 cada convocatoria en el 獴olet韓 Oficial de la Junta de Andaluc韆� o en los t閞minos que, en su caso, determine la convocatoria.
• b) En el plazo m醲imo de dos meses, contados desde que finalice el plazo de presentaci髇 de solicitudes, el 髍gano competente dictar� resoluci髇 mediante la cual se aprobar� la lista provisional de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo, con expresi髇 de las causas de exclusi髇.
• c) Las personas aspirantes excluidas dispondr醤 de un plazo de cinco d韆s h醔iles, contados desde el d韆 siguiente al de la publicaci髇 de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, para la subsanaci髇 de las causas de exclusi髇.
• d) Una vez finalizado el plazo al cual se refiere el p醨rafo anterior, el 髍gano competente dictar� resoluci髇 por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, en el plazo m醲imo de diez d韆s h醔iles.
• e) En aquellos casos en los que los tr醡ites de oferta de vacantes, presentaci髇 de la documentaci髇 preceptiva y petici髇 de destinos no se sustituyan por un acto 鷑ico mediante comparecencias personales, el plazo de que dispondr醤 las personas seleccionadas para la presentaci髇 de la documentaci髇 preceptiva y petici髇 de destinos ser� de cinco d韆s h醔iles, a contar desde la fecha de publicaci髇 de la resoluci髇 por la que se realiza la oferta de vacantes.
  El 髍gano competente, tras comprobar el cumplimiento de los requisitos por las personas aspirantes, dictar� resoluci髇 de nombramiento de personal funcionario de carrera o estatutario fijo y de adjudicaci髇 de destinos.
• f) Los listados y las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores se publicar醤 en la forma que determinen las convocatorias.

2. Las personas participantes en los procesos selectivos de estabilizaci髇 del empleo temporal estar醤 obligadas a relacionarse a trav閟 de medios electr髇icos en los t閞minos que establezcan las convocatorias y, en todo caso, en los tr醡ites de presentaci髇 de solicitudes, aportaci髇 de documentaci髇, subsanaci髇, alegaciones, procedimientos de impugnaci髇 de las actuaciones de estos procesos selectivos, as� como el tr醡ite de oferta de vacantes, presentaci髇 de la documentaci髇 preceptiva y petici髇 de destinos, sin perjuicio de que las convocatorias puedan prever que el tr醡ite de oferta de vacantes, presentaci髇 de la documentaci髇 preceptiva y petici髇 de destinos pueda sustituirse por un acto 鷑ico mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas en el lugar y fecha que se determine por la Administraci髇.

3. Para agilizar la valoraci髇 de m閞itos en el proceso selectivo por concurso, las personas aspirantes deber醤 presentar junto a la solicitud de participaci髇, adem醩 de la acreditaci髇 del pago de la tasa de inscripci髇 o estar la persona exenta del pago de la misma, su autobaremaci髇 de m閞itos y la documentaci髇 acreditativa de los mismos, de acuerdo con el modelo que se incorporar� a las convocatorias.�

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DISPOSICIONES FINALES