Decreto 48/2024, de 16 de abril, por el que se regula la ayuda económica para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres

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• INTRODUCCION
• Artículo 1.– Objeto y finalidad
• Artículo 2.– Conceptos
• Artículo 3.– Personas beneficiarias
• Artículo 4.– Duración de la ayuda
• Artículo 5.– Determinación de la cuantía
• Artículo 6.– Procedimiento
• Artículo 7.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso
• Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud
• Artículo 9.– Resolución del procedimiento
• Artículo 10.– Comprobación de requisitos
• Artículo 11.– Abono de la ayuda
• Artículo 12.– Obligaciones de las personas beneficiarias
• Artículo 13.– Incumplimientos y reintegros
• Artículo 14.– Compatibilidad de la ayuda económica
• Artículo 15.– Recursos económicos
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Acción directa
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Ayuda de pago único de carácter extraordinario
• Disposiciones Finales
  • DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario
  • DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Publicidad dotación presupuestaria
  • DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor

Artículo 1.– Objeto y finalidad

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la ayuda económica para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres, prevista en el artículo 61.4 b) del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, determinando los requisitos y condiciones, así como el procedimiento aplicable para su concesión.

2.– La finalidad de la ayuda económica es proporcionar apoyo para el desarrollo de la vida de las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres y contribuir, en lo posible, a la reparación del daño ocasionado por el fallecimiento de sus madres.

Artículo 2.– Conceptos

A efectos de este Decreto:

• a) Las referencias relativas a la hija o al hijo huérfano comprenderán, no solo a la hija e hijo de la mujer fallecida, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, sino también a la persona menor de 18 años de edad que estuviera en régimen de tutela.
• b) Las referencias relativas a la madre, comprenderán a la mujer que en el momento de su fallecimiento ostentara la tutela legal del menor de edad.
• c) Se entenderá por violencia machista contra las mujeres la violencia establecida en el artículo 54 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres.

Artículo 3.– Personas beneficiarias

1.– Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista contra las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

• a) No haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de su madre.
• b) No haber cumplido los 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda.
• c) Residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE), en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, así como de manera ininterrumpida durante todo el tiempo en el que se perciba la misma, salvo en el supuesto de que se encuentren fuera de la CAE cursando algún estudio académico reglado del artículo 4.1b) apartado 2.º), en cuyo caso quedará eximido del cumplimiento de este requisito.

Así mismo, se requiere que la madre residiese de manera efectiva y figurase en el padrón en cualquier municipio de la CAE al momento de su fallecimiento, o en su defecto, durante cinco años dentro de los diez años previos a su fallecimiento.

2.– Las personas beneficiarias de la ayuda prevista en el presente Decreto quedan exoneradas de la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, tanto para el acceso a la ayuda como para el abono de la misma.

3.– No podrán acceder a la ayuda económica las hijas e hijos huérfanos que fueran declarados responsables del fallecimiento de su madre.

Artículo 4.– Duración de la ayuda

1.– La ayuda concedida se devengará y abonará anualmente a la persona beneficiaria desde el año en que haya presentado su solicitud hasta:

• a) el año, inclusive, en el que alcance la mayoría de edad, o
• b) el año, inclusive, en el que cumpla los 25 años, cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
  • 1.º en los casos en los que, siendo menor de edad, se le reconociera una discapacidad igual o superior al 33 % o una situación de dependencia en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo, o
  • 2.º en el caso de cursar estudios académicos reglados en las condiciones que se establecen en el apartado tercero.

2.– Si la persona beneficiaria de la ayuda presenta la solicitud en el periodo que media entre el año de cumplimiento de sus 19 años y 21 años, la ayuda concedida se le abonará en un único pago por el importe correspondiente a la anualidad del año de presentación de su solicitud, pudiendo percibirla anualmente hasta los 25 años, inclusive, de encontrase en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1.b)

3.– La persona beneficiaria de la ayuda deberá acreditar que está cursando estudios académicos reglados impartidos por centros acreditados para ello en el primer trimestre del año en el que cumpla los 19 años y, en el mismo plazo, durante los años siguientes hasta el año, inclusive, en que cumpla los 25 años.

De no hacerlo de ese modo, el abono de la ayuda concedida quedará en suspenso hasta el momento en que se acredite tal requisito, siempre dentro del periodo de duración máxima de la ayuda.

A efectos de la percepción de la ayuda, deberá aportarse la matrícula por un curso académico completo. En los sucesivos años, además de la matrícula deberá aportarse certificación de superación de, al menos, la mitad del curso previamente efectuado, en su caso.

Artículo 5.– Determinación de la cuantía

1.– La ayuda anual que se conceda consistirá en una cuantía equivalente al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual a 12 meses que esté en vigor en cada uno de los ejercicios en los que se proceda a su abono.

2.– La cuantía prevista en el apartado anterior se duplicará en el supuesto de que la persona beneficiaria tenga reconocida una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33 %, o una situación de dependencia reconocida en virtud de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de su normativa de desarrollo.

En caso de reconocimiento de discapacidad o dependencia sobrevenida a la solicitud, siendo menor de edad, se tendrá derecho al incremento correspondiente en los abonos que se devenguen con posterioridad a su acreditación o comprobación.

3.– Se faculta a la persona titular del departamento competente en materia de servicios sociales y a la a persona titular del departamento competente en materia de economía y hacienda, a través de orden conjunta, para modificar la cuantía debido a la evolución de la economía, razones sociales, económicas o de otra índole que puedan favorecer la modificación del cálculo de la cuantía anual o su actualización.

Artículo 6.– Procedimiento

1.– El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud presentada por la propia persona interesada si tuviera capacidad de obrar o por quien ostente su representación legal, sin perjuicio de la representación voluntaria prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

En ningún caso, podrá presentar la solicitud en representación de la persona interesada el responsable del fallecimiento de la madre.

2.– Las labores de gestión de las ayudas se llevarán a cabo por los servicios técnicos del área de servicios sociales competente.

3.– El plazo para presentar la solicitud de la ayuda se iniciará a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

4.– La solicitud contendrá una declaración responsable con, al menos, los siguientes extremos:

• a) La veracidad de los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser persona beneficiaria de la ayuda.
• b) El compromiso de comunicar a la dirección gestora de la ayuda, de manera inmediata, cualquier modificación de los datos expresados en la solicitud o cualquier variación en los requisitos tenidos en cuenta para conceder la ayuda.
• c) No hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.
• d) Si se encuentra o no incursa en algún procedimiento de reintegro o sancionador indicado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por las entidades pertenecientes al sector público de la CAE. En caso afirmativo se indicará el procedimiento o procedimientos de que se trate.
• e) No hallarse incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, de aplicación a estas ayudas.

5.– La dependencia gestora recabará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda y su mantenimiento mediante los mecanismos de interoperabilidad disponibles o mediante la plataforma de intercambio de datos de las Administraciones públicas, salvo que conste oposición por parte de la persona solicitante o exista ley especial aplicable que requiera su consentimiento expreso, en cuyo caso deberán ser acreditados por la misma.

Si no es posible obtener dicha documentación, cualquiera que fuese la causa, incluida la inviabilidad técnica para su obtención, la persona solicitante deberá aportarla en el plazo que le otorgue el órgano gestor.

6.– La solicitud de la ayuda económica y la aportación de la documentación podrán presentarse de forma electrónica, o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de la solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se podrán realizar a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la CAE https://www.euskadi.eus/micarpeta

8.– La ficha informativa de la ayuda se encuentra accesible en la siguiente dirección:

https://www.euskadi.eus/servicios/1235701

En ella, estarán disponibles tanto la solicitud, como las instrucciones para completarla y, la documentación acreditativa de los requisitos de acceso a la misma y de su mantenimiento.

9.– El tratamiento de datos de carácter personal relacionado con la gestión de la ayuda estará sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

Artículo 7.– Documentación acreditativa de los requisitos de acceso

1.– Los requisitos de acceso a la ayuda se acreditarán mediante la siguiente documentación:

• a) Acreditación de la identidad de la persona solicitante, y en su caso, de su representante legal: cuando se trate de nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a través de un documento de identidad oficial en el que conste la nacionalidad de la persona titular o través del pasaporte; cuando se trate de nacionales del resto de países, con la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) o pasaporte, o, cuando proceda, la autorización de residencia de que dispongan.
• b) Respecto a la relación entre la madre y la persona solicitante: en los supuestos de filiación biológica, la relación de filiación deberá acreditarse a través del certificado de nacimiento o Libro de Familia, o documento extranjero equivalente.

  En los casos de adopción, se acreditará mediante certificado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial de constitución de la adopción, o Libro de Familia, o documento extranjero equivalente.

  En las situaciones de tutela, se acreditará mediante certificado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial de constitución de la tutela, o documento extranjero equivalente.

• c) Respecto al requisito de residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE) previsto en el artículo 3.1 c) del presente Decreto, se acreditará mediante el certificado de empadronamiento de la persona solicitante, así como de la madre referidos a los momentos y periodos exigidos.
• d) El fallecimiento de la madre se acreditará a través del certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
• e) Acreditación de que la causa del fallecimiento deriva de actos de violencia machista contra las mujeres: se acreditará mediante sentencia condenatoria firme por actos de violencia machista contra las mujeres, resolución judicial (autos, providencia o sentencias no firmes) de las que se desprendan indicios de que el delito investigado es por violencia machista contra las mujeres o informe del Ministerio Fiscal en el mismo sentido, o cualesquiera otro documento de carácter judicial o policial que acredite la causa del fallecimiento por actos de violencia machista contra las mujeres.

  Así mismo, en caso de que la persona solicitante tuviera reconocida la prestación o pensión de orfandad por violencia contra la mujer de conformidad a lo previsto en el artículo 224 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se podrá aportar resolución dictada por el Instituto Nacional de Seguridad Social que así lo reconozca.

• g) En caso de tener reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33 por ciento, acreditación del grado de discapacidad vigente emitido por el organismo público competente al efecto.
• h) En el caso de que tener reconocida una situación de dependencia, acreditación de la situación de dependencia emitido por el organismo público competente al efecto, con especificación del grado de dependencia y el nivel dentro de cada grado, en el marco de lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y en su normativa de desarrollo.

2.– En el supuesto de cursar estudios previsto en el artículo 4.1 b) apartado 2.º del presente Decreto, se acreditará mediante certificado o resguardo de matrícula del curso académico correspondiente. Así mismo, para años sucesivos, se deberá aportar junto con la matrícula, certificado de superación de, al menos, la mitad del curso académico anterior.

3.– Mediante Orden de la consejera o el consejero competente en materia de políticas sociales se adecuará la documentación acreditativa de los requisitos a la que resulte de las circunstancias que puedan propiciar su revisión.

Artículo 8.– Subsanación y mejora de la solicitud

La dependencia gestora verificará la documentación presentada y, si advirtiera en la solicitud algún defecto o inexactitud, o la ausencia de algún documento de los que deban acompañar la misma, requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, mediante resolución de la directora o director competente en materia de servicios sociales, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

Artículo 9.– Resolución del procedimiento

1.– La concesión o, en su caso, la denegación de la ayuda solicitada se realizará mediante resolución individualizada de la viceconsejera o viceconsejero competente en materia de servicios sociales, que contendrá los aspectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

2.– La resolución que estime la solicitud presentada y, por ello, de concesión de la ayuda solicitada, reconocerá el derecho de la persona beneficiaria a percibir anualmente la cuantía de la ayuda que resulte de aplicación del artículo 5, y durante el plazo de tiempo que resulte de aplicación de conformidad a lo establecido en el artículo 4.1 y 4.2.

3.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a la persona solicitante será de 3 meses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro correspondiente al órgano gestor de la ayuda. El transcurso de dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa a las personas interesadas, legitima para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones.

4.– Contra la resolución dictada que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la consejera o consejero competente en materia de políticas sociales en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de dicha resolución en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015.

LE0000979620_20251203Artículo 9 redactado por la disposición final séptima del D 220/2025, de 11 de noviembre, de modificación del D. por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico («B.O.P.V.» 2 diciembre).Vigencia: 3 diciembre 2025

Artículo 10.– Comprobación de requisitos

1.– La dependencia gestora comprobará de oficio cada año, con carácter previo al abono anual de la ayuda, que la persona beneficiaria sigue cumpliendo con los requisitos para percibirla, salvo que se hubiera opuesto de manera expresa en la solicitud o exista ley especial aplicable que requiera de su consentimiento expreso o que la comprobación resulte imposible, en cuyo caso se le requerirá para su acreditación.

2.– En el caso de que la persona beneficiaria de la ayuda curse estudios académicos reglados, será ella la que deba remitir a la dependencia gestora la documentación que acredite que sigue cumpliendo con los requisitos para su concesión, en el plazo del artículo 4.3.

3.– En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos para seguir percibiendo la ayuda anual, se extinguirá el derecho a la percepción de la misma y se procederá a declarar de oficio la pérdida del derecho a la misma, previo trámite de audiencia a la persona interesada, en su caso.

En tales supuestos, verificado el incumplimiento se deberá integrar la ayuda percibida referida al ejercicio en el que se haya constatado tal incumplimiento.

4.– Cuando la dependencia gestora tenga conocimiento de alguna resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que la persona beneficiaria investigada puede haber sido responsable del fallecimiento de su madre, suspenderá cautelarmente el abono de la ayuda concedida con efectos a partir del 1 de enero del año en que ha tenido tal conocimiento.

Artículo 11.– Abono de la ayuda

1.– El abono de la ayuda se realizará anualmente, por la cuantía en vigor en cada ejercicio correspondiente determinada conforme a lo establecido en el artículo 5, mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente facilitada al efecto, salvo que la misma se encuentre a nombre de la persona que conste como responsable del hecho causante del fallecimiento de la madre, la cual se rechazará.

2.– Para poder efectuar el abono de la ayuda resulta requisito necesario que la persona beneficiaria se encuentre dada de alta en el Registro de Terceros del departamento competente en materia de hacienda.

En caso de no estar registrada o querer modificar los datos bancarios existentes en dicho Registro de Terceros, se podrá acceder a su alta o modificación en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– En ningún caso la ayuda económica podrá ser administrada por la persona autora o inductora del hecho causante de dicha ayuda.

Artículo 12.– Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias estarán sujetas a las obligaciones que, con carácter general, se recogen en los artículos 14 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en concreto, quedan obligadas a:

• a) Comunicar al órgano gestor de las ayudas cualquier circunstancia que altere el objeto o naturaleza de la situación subvencionada o las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma.
• b) Facilitar cuanta información les sea requerida por el departamento competente en materia de servicios sociales, la Oficina de Control Económico (en adelante, OCE) y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (en adelante, TVCP), en el ejercicio de sus funciones de fiscalización de las ayudas.
• c) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la ayuda concedida pueda efectuar el departamento competente en materia de servicios sociales y a las que corresponden a la OCE y al TVCP.

Artículo 13.– Incumplimientos y reintegros

1.– En el supuesto de que la persona beneficiaria de la ayuda incurriese en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, Reguladora del Régimen de Subvenciones, incumpliese alguna de las condiciones establecidas en el presente Decreto y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, no podrá exigir el abono de la ayuda. En estos supuestos, la persona titular de la dirección competente en materia de servicios sociales mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que correspondan desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Título III de la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, reguladora del Régimen de Subvenciones.

Las cantidades percibidas por la persona beneficiaria más los intereses legales que correspondan desde el momento del abono de la ayuda tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes.

2.– Asimismo, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando se hubiera obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.

En caso de incumplimiento parcial de la ayuda de alguno de los requisitos de acceso a la misma se procederá a la devolución de la cuantía abonada correspondiente al ejercicio en el que se verifique tal incumplimiento.

Artículo 14.– Compatibilidad de la ayuda económica

La percepción de la ayuda es compatible con otras prestaciones y ayudas públicas o privadas que pudieran corresponder a estas mismas personas por la misma causa.

Artículo 15.– Recursos económicos

1.– Anualmente, la persona titular del Departamento competente en materia de servicios sociales, destinará a la financiación de la ayuda prevista en el presente Decreto, las cantidades que anualmente aparezcan consignadas a tal fin en los Presupuestos Generales de la CAE o la que resulte de su actualización, en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente.

2.– Mediante Orden de la consejera o consejero competente en materia de servicios sociales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, se dará a conocer la dotación anual asignada para la ayuda prevista en el presente Decreto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

3.– El procedimiento que se seguirá para la concesión de las ayudas económicas será el de concurrencia no competitiva, y se concederán por el orden de la fecha de conformación del expediente completo, hasta agotarse los recursos económicos consignados anualmente a tal efecto, agotamiento que deberá hacerse público, mediante anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Si en un ejercicio presupuestario se presentan solicitudes de ayuda relativa a situaciones subvencionables que no pueden ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, se podrán imputar a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la solicitud, siempre que las citadas solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas. En cualquier caso, el derecho a la ayuda nacerá en el ejercicio en el que la misma se hubiese concedido de haber existido crédito suficiente en el ejercicio presupuestario en el que se realizó la solicitud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Acción directa

A los efectos de lo previsto en el artículo 7.c.1 y 2 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, en relación a lo dispuesto en el artículo 4 y 5 del texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, tanto la ayuda económica regulada en el presente Decreto como la prevista en la disposición transitoria se declaran como acción directa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Ayuda de pago único de carácter extraordinario

1.– En el plazo de los 2 años desde la entrada en vigor del presente Decreto, se prevé la concesión de una ayuda, de pago único y de carácter extraordinario, por importe de 10.000 euros que podrán solicitar aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

• a) que fuesen menores de edad en el momento del fallecimiento de sus madres por actos de violencia machista contra las mujeres,
• b) que el fallecimiento de la madre se hubiera producido entre el año 2003 y el año anterior a la entrada en vigor del presente Decreto,
• c) que tuvieran tanto las personas solicitantes como sus madres residencia efectiva y padrón en la CAE en el momento del fallecimiento,
• d) que, al momento de la solicitud de la ayuda, las personas solicitantes tengan residencia efectiva y padrón en la CAE.

2.– La solicitud de esta ayuda extraordinaria se presentará por la persona interesada si tuviera capacidad de obrar, o por quien ostente su representación legal, todo ello sin perjuicio de la representación voluntaria prevista en la Ley 39/2015.

En todo caso, para solicitar esta ayuda de pago único se seguirá el procedimiento y el resto de las previsiones establecidas en el decreto que no sean incompatibles con la regulación específica de la ayuda extraordinaria.

3.– La ayuda extraordinaria de los 10.000 euros es compatible con la ayuda ordinaria prevista a lo largo del articulado del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Desarrollo reglamentario

Se faculta a la persona titular del departamento que tenga asignadas las competencias en materia de servicios sociales para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución del presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Publicidad dotación presupuestaria

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad, se indica que en el ejercicio 2024 se destina a la financiación de las ayudas previstas en el presente Decreto un importe de 450.000 euros.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.