Sumario

Ley [ANDALUC虯] 1/1996, 10 enero, derogada por la Disposici髇 Derogatoria 趎ica del D Legislativo [ANDALUCIA] 1/2012, 20 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andaluc韆 (獴.O.J.A.� 30 marzo) el 31 de marzo de 2012. Ley [ANDALUC虯] 1/1996, 10 enero rectificada por Correcci髇 de errores (獴.O.J.A.� 10 febrero).

Exposici髇 de Motivos

I

La Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, en virtud del art韈ulo 18.1.6.� de su Estatuto de Autonom韆, tiene competencias exclusivas en materia de comercio interior y defensa del consumidor y el usuario, sin perjuicio de la pol韙ica general de precios y de la legislaci髇 sobre la defensa de la competencia. Estas competencias debe ejercerlas de acuerdo con las bases y la ordenaci髇 de la actuaci髇 econ髆ica general y la pol韙ica monetaria del Estado, en los t閞minos de lo dispuesto en los art韈ulos 38, 131 y 149, 1, 11 y 13 de la Constituci髇 Espa駉la. Las competencias auton髆icas comprenden tanto la funci髇 normativa como la ejecutiva o de gesti髇.

Adem醩, seg鷑 establece el art韈ulo 51.1 de la Constituci髇 Espa駉la, los poderes p鷅licos, entre los que se incluyen obviamente, las Comunidades Aut髇omas, tienen la obligaci髇 de garantizar la defensa de los consumidores y de los usuarios protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, salud y leg韙imos intereses econ髆icos de los mismos.

En el marco de este mandato constitucional, se establece tambi閚 que la Ley regular� el comercio interior. Por ello, la presente norma legal es el cauce adecuado para ordenar el comercio interior de nuestra Comunidad Aut髇oma, adapt醤dose a las caracter韘ticas peculiares de su estructura econ髆ica y comercial, sin desviarse nunca de objetivos irrenunciables como la defensa de la libertad de empresa y de la competencia, la libre circulaci髇 de bienes en todo el territorio espa駉l y la garant韆 de los intereses y derechos de los consumidores.

II

Una materia de tanta importancia para el desarrollo socioecon髆ico de nuestra Comunidad como es el comercio interior, no pod韆 continuar sin una normativa clara y precisa que estableciera los principios generales a los que deben someterse los agentes operantes en este sector, dando respuesta al mismo tiempo a la amplia demanda social suscitada en este sentido.

Para ello, debe tenerse en cuenta que en los 鷏timos a駉s se ha producido una modificaci髇 sustancial en nuestra tradicional estructura comercial, por lo que se ha de pretender que la introducci髇 de nuevos formatos, t閏nicas y pr醕ticas comerciales se realice de forma equilibrada y ordenada, limitando, en lo posible, las tensiones que se deriven de los cambios de la estructura, sin que ello suponga una r閙ora para la necesaria modernizaci髇 y adecuaci髇 del equipamiento comercial.

La Ley est� basada en dos principios fundamentales: por un lado, el respeto a la legislaci髇 estatal b醩ica en la materia y a la normativa emanada de las instituciones comunitarias, y, por otro, la contemplaci髇 de las singulares circunstancias que exigen un tratamiento particularizado de determinados aspectos de nuestro comercio interior, fundamentalmente la actuaci髇 p鷅lica sobre la actividad comercial, sobre todo en lo referente a la reforma y modernizaci髇 de las estructuras comerciales y la participaci髇 de los agentes sociales intervinientes en este sector de la vida econ髆ica, as� como la defensa de los consumidores.

III

En el t韙ulo I se delimita el objeto de la presente Ley, la regulaci髇 administrativa del comercio interior, as� como su 醡bito de aplicaci髇, con exclusi髇 de aquellas actividades comerciales sometidas a legislaciones espec韋icas, y se realiza la definici髇 normativa de varios conceptos relativos al sector, como son la actividad comercial, minorista y mayorista.

Por otro lado, se instituye el Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andaluc韆, con la finalidad de obtener la informaci髇 necesaria para la definici髇 de las pol韙icas a desarrollar por el ejecutivo andaluz en el sector, as� como facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses p鷅licos del comercio, sin que en ning鷑 caso suponga una carga econ髆ica y burocr醫ica para el comerciante.

Asimismo, la acci髇 de la Administraci髇 auton髆ica se desarrollar� respetando el principio de libertad de empresa, la libre y leal competencia conforme a la legislaci髇 vigente, la libre circulaci髇 de bienes as� como la defensa y garant韆 de los leg韙imos intereses de los consumidores y usuarios.

Por 鷏timo, se pretende potenciar la colaboraci髇 de la Junta de Andaluc韆 con entidades p鷅licas y privadas para la consecuci髇 de la reforma, modernizaci髇, mejora de la competitividad, racionalizaci髇 y creaci髇 de empleo en el sector.

IV

La pol韙ica p鷅lica sobre el comercio debe ser especialmente favorable a la participaci髇 de los grupos socioecon髆icos implicados en el sector, haciendo efectivos los principios constitucionales de participaci髇 ciudadana, defensa de los intereses de los consumidores y audiencia de sus organizaciones en la gesti髇 de los intereses p鷅licos que les afecten directamente.

Siendo necesario que la Administraci髇 auton髆ica cuente con un 髍gano colegiado que, combine adecuadamente los intereses, aspiraciones y propuestas de los sectores implicados, consumidores, trabajadores y comerciantes, tanto de las PYMEs, de las grandes empresas, as� como de los ambulantes, se instaura, por ello, en el t韙ulo II, la Comisi髇 Asesora de Comercio Interior de Andaluc韆, cuya composici髇 y funciones quedan reguladas en el mismo.

Ahora bien, ello no debe suponer la proliferaci髇 de tales 髍ganos, por lo que se ha considerado necesario encomendarle la asunci髇 de las competencias que la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, fijaba para la Comisi髇 Andaluza de Comercio Ambulante, con el objeto de integrarla funcionalmente en la Comisi髇 Asesora de Comercio Interior.

Por otra parte, la participaci髇 debe dirigirse a instruir la decisi髇 administrativa, que ha de corresponder al 髍gano directivo competente, sin incluir atribuciones que impliquen funciones de autoridad, como sucede con el otorgamiento o denegaci髇 de todo tipo de autorizaciones que limitan el ejercicio de actividades amparadas, en principio, en la libertad de empresa.

V

El Estado, en el Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, fij� las bases para la regulaci髇 de los horarios comerciales, tras el que la Junta de Andaluc韆 dict� el Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, que, aun siendo escrupulosamente respetuoso con el contenido de aqu閘, limita al m醲imo la posibilidad de autorizaci髇 de la actividad comercial en domingos y d韆s festivos. El objetivo perseguido se enmarca en la defensa de las PYMEs comerciales, dado que los h醔itos de acumulaci髇 de compras en domingos y d韆s festivos se concentraba en las grandes superficies, rompiendo el equilibrio de intereses y amenazando con producir la desertizaci髇 del tejido comercial urbano.

En el desarrollo de una pol韙ica coherente con la iniciada en el Decreto 66/1994, de 22 de marzo, dada la amplia aceptaci髇 del mismo por los sectores implicados y la experiencia positiva que ha supuesto su aplicaci髇, se eleva a rango de Ley la regulaci髇 sustantiva contenida en el mismo y se complementa con la instauraci髇 de un r間imen sancionador que asegure su cumplimiento.

Junto con lo anterior, el t韙ulo III persigue conjugar los intereses generales del comercio con los de los consumidores, estableciendo, para ello, dos reg韒enes coexistentes: r間imen general de horarios comerciales -que se sustenta, principalmente, en la libertad de los comerciantes para establecer sus propios horarios de actividad de los establecimientos, sin perjuicio del n鷐ero m醲imo de horas de apertura semanal, que se fija en setenta y dos, y la autorizaci髇 de la pr醕tica de la actividad comercial en ocho domingos y d韆s festivos al a駉- y el r間imen de libertad horaria que se establece para determinados sectores m醩 sensibles a la peque馻 compra dominical -panader韆, reposter韆, prensa, etc.- y para las zonas declaradas de gran afluencia tur韘tica en las que puede producirse una escasez de la oferta por motivo de importantes aumentos estacionales de la poblaci髇.

VI

En el t韙ulo IV se define el concepto de Gran Superficie Comercial al mismo tiempo que se establece un informe preceptivo de la Administraci髇 comercial auton髆ica para su instalaci髇, ampliaci髇 o traslado, vinculante en caso de ser desfavorable.

A diferencia de la opci髇 tomada por la mayor韆 de las Comunidades Aut髇omas de instaurar una segunda autorizaci髇, de competencia auton髆ica, adem醩 de la licencia municipal de apertura, se ha optado, en aplicaci髇 del principio de econom韆 procedimental que, desde hace d閏adas, ven韆 consagrado en el art韈ulo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por incardinar los diferentes informes dentro del procedimiento mismo de tramitaci髇 de la licencia de apertura.

La participaci髇 preventiva de la Administraci髇 auton髆ica responde al impacto supramunicipal que produce la implantaci髇 de las Grandes Superficies Comerciales, ya que lo que las singulariza frente al resto de los equipamientos comerciales es, sin duda, la amplitud y la trascendencia de sus efectos. Su implantaci髇 constituye un fen髆eno supraurbano, tanto por la atracci髇 poblacional que genera como por su repercusi髇 en el tr醘ico e infraestructuras de la red viaria y por su capacidad para incidir en el desarrollo del comercio en su amplia zona de influencia.

As�, el objetivo fundamental de la regulaci髇 de las Grandes Superficies Comerciales es evitar o reducir su posible impacto desfavorable en su 醡bito de influencia, permitiendo su integraci髇 en el tejido comercial existente en los n鷆leos de poblaci髇, y respetando las exigencias de la libertad de empresa y de la libre competencia.

Esta regulaci髇 plantea dos exigencias constitucionales: el cumplimiento del principio de reserva de ley, que debe pronunciarse sobre los aspectos fundamentales que limiten o condicionen el ejercicio del comercio, y el respeto al contenido esencial de la libertad de empresa, garantizadora de las libertades de acceso al mercado y de la direcci髇 y de la gesti髇 internas de las empresas.

VII

En el t韙ulo V se regulan una serie de modalidades de venta o pr醕ticas comerciales que se engloban en dos cap韙ulos distintos. El primero de ellos, dedicado a las pr醕ticas comerciales efectuadas fuera de establecimientos comerciales, y, el segundo, a las denominadas ventas promocionales, cuya conceptualizaci髇 se formula, por primera vez en nuestra Comunidad Aut髇oma, en esta Ley.

El especial dinamismo de la moderna distribuci髇 comercial ha propiciado la aparici髇 de estas nuevas modalidades de venta, as� como la intensificaci髇 de otras que ya exist韆n en las pr醕ticas comerciales, por lo que se hace necesario abordar su regulaci髇 para evitar las incertidumbres y riesgos que han generado, especialmente, sobre los consumidores.

La cuesti髇 fundamental que se plantea es que tal regulaci髇 debe realizarla el legislador auton髆ico en el 醡bito de la defensa del consumidor y usuario sin afectar a la legislaci髇 sobre defensa de la competencia, de exclusiva titularidad estatal. Por ello, el texto contenido en el t韙ulo V es absolutamente respetuoso con las competencias estatales de defensa de la competencia y legislaci髇 mercantil y civil, teniendo siempre como objetivo predominante la defensa del consumidor y, especialmente, su derecho a la informaci髇 en relaci髇 a estas ventas especiales, derecho calificado por el art韈ulo 2 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios como 玠erecho b醩ico� y cuya promoci髇 constituye una obligaci髇 para los poderes p鷅licos establecida en el art韈ulo 51.2 de la Constituci髇. Se trata, pues, de uno de los derechos m醩 importantes y trascendentales del consumidor, ya que una informaci髇 veraz y correcta es imprescindible para el conocimiento exacto del alcance y caracter韘ticas del bien, producto o servicio que se contrata.

Por 鷏timo, es necesario se馻lar que la regulaci髇 de las diversas modalidades especiales de venta, tanto las ventas celebradas fuera de establecimiento como las promocionales, no supone configurar modalidades contractuales distintas del contrato de compraventa contemplado en las leyes civiles, pues en nada afecta a los elementos estructurales b醩icos ni introducen ning鷑 tipo de modificaci髇, sustancial o accidental, al citado contrato t韕ico traslativo de dominio.

VIII

En el t韙ulo VI, la Ley tipifica las infracciones en materia comercial, establece las sanciones y las cuantifica en relaci髇 con su importancia.

IX

Finalmente, ha de se馻larse que, en la elaboraci髇 de la presente Ley se ha conseguido un alto grado de participaci髇 de los agentes sociales que tienen relaci髇 con el sector comercial andaluz, habiendo puesto de manifiesto su opini髇 sobre la misma, durante el tr醡ite de audiencia, las C醡aras Oficiales de Comercio, Industria y Navegaci髇 de Andaluc韆, las organizaciones empresariales, de comerciantes, sindicales y de consumidores y usuarios m醩 importantes de nuestra Comunidad Aut髇oma, junto a los organismos representativos de los municipios y provincias andaluces.