Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

«LEY DE PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2005

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Tras el proceso electoral del pasado 14 de marzo, arranca la VII Legislatura de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este de 2005 será, por lo tanto, el primer ejercicio presupuestario de un nuevo tiempo político-institucional. En este nuevo período, la Junta de Andalucía asume una apuesta decidida por el progreso y la modernidad, a la par que reitera su compromiso con la convergencia con los países más avanzados de nuestro entorno, poniendo de manifiesto la gran confianza depositada en las posibilidades de la Comunidad Autónoma.

Con esta Segunda Modernización se trata, en última instancia, de conseguir un mayor bienestar de todos los andaluces y andaluzas, en un plano de igualdad e integración de aquellos colectivos que puedan permanecer marginados o excluidos. Para alcanzar este objetivo, es necesario continuar con la senda de convergencia de Andalucía con el resto de España y la Unión Europea, tarea que asume como suya el Presupuesto de 2005 proponiendo un conjunto de actuaciones encaminadas a reformar las bases del actual modelo de crecimiento, orientándolo hacia la mejora de la productividad a través del incremento del capital tecnológico y de la propensión a emprender y a innovar, es decir, con un mayor desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Sólo así será posible mantener el diferencial de crecimiento que viene caracterizando a nuestra Comunidad Autónoma, en un contexto internacional donde la esperada recuperación económica está siendo cuestionada por algunos factores, como el aumento del precio del petróleo o la incierta situación política en algunas áreas.

El Presupuesto de 2005 reconoce también la importancia capital en este proceso de modernización de la iniciativa privada y, en este sentido, presenta como uno de sus ejes centrales favorecer la competitividad de nuestro tejido productivo mediante el apoyo a la formación del capital humano, a la aparición de emprendedores o a la internacionalización de la empresa andaluza, completándose estas actuaciones con diferentes intervenciones sectoriales de naturaleza más específica. Se persigue, en último término, continuar con la dinámica de generación de empleo de los últimos años, para lo cual será imprescindible acompañar estas medidas con la puesta en marcha de otras dirigidas a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo, que redunden en una mayor eficiencia y en una mayor calidad del empleo, así como en una reducción de la siniestralidad laboral.

No hay que olvidar que la Segunda Modernización de Andalucía significa, también, ampliar la política de bienestar, especialmente, para los más desfavorecidos. En este contexto, la Nueva Agenda Social dará cauce a derechos sociales adicionales, como los vinculados a la conciliación de la vida laboral y familiar, la protección y asistencia a las personas mayores, la atención a la infancia, la inclusión social o el incremento y la mejora en los servicios sanitarios, sin olvidar el acceso a la vivienda, que aparece como uno de los principales problemas para las familias andaluzas en la actualidad.

La cohesión social exige un desarrollo paralelo de la cohesión territorial. De ahí la relevancia en la mejora de la dotación de las infraestructuras que favorezcan la integración de los espacios rurales y den respuesta a la transformación que está teniendo lugar en la estructura urbana tradicional de Andalucía, en la que las áreas metropolitanas, que adquieren una importancia creciente, plantean un conjunto de necesidades específicas que es preciso atender. El de 2005 será, sin duda, un Presupuesto inversor, en el que recibirán un fuerte impulso las actuaciones de ordenación y desarrollo territorial, en un marco de sostenibilidad ambiental.

Con el Presupuesto de 2005, en resumen, Andalucía da un paso definitivo en este nuevo proceso de modernización con un único fin: conseguir que Andalucía aparezca entre las regiones más avanzadas y que sus ciudadanos y ciudadanas alcancen mayores cotas de bienestar social.

II

Por lo que se refiere al texto articulado, mantiene la estructura y contenido de ejercicios precedentes, circunscribiéndose, atendiendo a la doctrina constitucional, al contenido mínimo, necesario e indisponible de la Ley del Presupuesto, constituido por la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos y sus empresas, y acompañado de un contenido eventual, limitado a materias que guardan directa relación con los ingresos y gastos o con la política económica del ejecutivo autonómico.

El texto articulado consta de 38 artículos, distribuidos en siete títulos, que se completan en su parte final con cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.

En el Título I, dedicado a los créditos iniciales y sus modificaciones, cabe destacar, como novedad, la inclusión en el listado de estados de ingresos y gastos que se hace en el artículo 2.4, dedicado a Organismos Autónomos de carácter administrativo, de la Agencia Andaluza del Agua, órgano que se configura como la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía, tras el traspaso de competencias respecto a la Cuenca Hidrográfica del Sur acordado por la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.

Es también de destacar el mantenimiento de los artículos que regulan la aplicación de determinados aspectos del régimen de financiación de las empresas de la Junta de Andalucía, recogido en el artículo 24 de la Ley, a determinados consorcios y fundaciones, en concreto los de Transporte Metropolitano, en virtud de su propia normativa (artículo 27.2 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía), el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.

En el Título II, De los créditos de personal, se establecen una serie de normas referidas al régimen de retribuciones del personal al servicio de la Junta de Andalucía, y la repercusión que tiene en el mismo el incremento anual de éstas, que para el ejercicio 2005 se ha cifrado en un 2%.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece una modificación en el importe de las pagas extraordinarias del personal funcionario, cuyo importe, por cada una de ellas, queda fijado en una mensualidad del sueldo y trienios más el 60% del complemento de destino mensual, modificación que viene obligada por la producida en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones. Esta medida resulta de aplicación al resto del personal del sector público andaluz en función de sus singularidades retributivas o de la negociación colectiva en el caso del personal laboral.

El Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, recoge las competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de:

• - gastos superiores a doce millones cien mil euros,
• - gastos de carácter plurianual cuando se modifiquen las condiciones establecidas en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
• - contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra por un número de anualidades superior a cuatro años a partir de la adjudicación del contrato, y
• - contratos y otras operaciones a celebrar por las empresas de la Junta de Andalucía y entidades a que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando las mismas estén financiadas por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Por otro lado, se mantienen en los mismos términos que ejercicios anteriores la regulación de la financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y el régimen de financiación de la actividad de las empresas de la Junta de Andalucía.

Se incluyen en este título dos nuevos artículos, dedicados a las transferencias de crédito relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean personas físicas y a la creación de entidades privadas y la adquisición de participaciones en las mismas.

El primero de ellos supone la flexibilización de dichas transferencias, siendo necesaria una posterior determinación por parte de la Consejería de Economía y Hacienda de los supuestos concretos en que sean los titulares de los órganos gestores y no la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda o el Consejo de Gobierno quienes puedan llevarlas a efecto.

En segundo lugar, se establece la necesidad de comunicación a la Consejería de Economía y Hacienda de la creación de entidades privadas o la adquisición, enajenación o transmisión de participaciones en las mismas, en aras de un mayor conocimiento y racionalidad del sector público autonómico.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2005, tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan especial interés para la Comunidad Autónoma como a las empresas públicas.

Se establece asimismo en este título la posibilidad de que se efectúen pagos anticipados de tesorería a las Corporaciones Locales, así como la autorización para establecer operaciones de endeudamiento, tanto de la Junta de Andalucía como de sus empresas.

Igualmente, y en cuanto al endeudamiento, se establece la obligación de las Universidades públicas andaluzas de remitir información relativa a la situación de su endeudamiento a la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Se ha incluido un nuevo artículo dedicado al incumplimiento de obligaciones frente al Estado y frente a la Seguridad Social, ya sea por parte de Consejerías u Organismos Autónomos o por Universidades públicas andaluzas. En el primer caso, la compensación de deudas por parte de la Administración General del Estado con cargo a obligaciones de pago frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social será imputada a final del ejercicio al presupuesto de gastos de la Consejería u Organismo causante de la compensación y, en el de las Universidades, dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efectuarse a su favor por parte de la Junta de Andalucía.

En el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía en un 2% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2004.

Los Títulos VI y VII hacen referencia al traspaso y delegación de competencias, funciones y servicios entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Entidades Locales de su territorio, y a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de Andalucía, respectivamente.

En el primero de ellos se incluye un nuevo artículo, dedicado a la compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que se realice preferentemente con cargo a créditos reconocidos por transferencias incondicionadas de la Junta de Andalucía.

Las Disposiciones Adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se establece el límite de las obligaciones reconocidas en el ejercicio; la consideración que tienen las previsiones que figuran en los estados de ingresos y gastos relativas a las asignaciones complementarias a que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la autorización a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar, en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos, las adaptaciones que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, sin que den lugar a incremento en los créditos del Presupuesto, ni a variación de la naturaleza económica del gasto, y la absorción de los complementos personales y transitorios por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, excluyéndose, entre otros, el incremento general de las retribuciones establecido en el Título II de la presente Ley.

También se establece la aplicación de los ingresos procedentes de la liquidación del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001.

La Disposición Transitoria única establece el régimen de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia hasta tanto se produzca la fijación de las retribuciones complementarias por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma.

Por último, entre las Disposiciones Finales, destaca la autorización al Consejo de Gobierno a elevar la cifra de endeudamiento ya autorizada en el artículo 30 de la presente Ley, hasta el límite que permita el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el supuesto de que el Gobierno de la Nación decida revisar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice un plan de saneamiento al amparo de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

El resto de disposiciones finales establecen la autorización al desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma y su entrada en vigor.

En concreto, se establece la vigencia indefinida de la disposición adicional primera, por exceder la aplicación de los ingresos procedentes de la liquidación del sistema de financiación el ejercicio 2005. Dicha disposición entrará en vigor el mismo día de su publicación.