3. A efectos de esta Orden, por patrimonio se entenderá:

• - Los bienes inmuebles según su valor catastral en el ejercicio que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica.
  
  La vivienda habitual no se computará en el supuesto de que el beneficiario reciba servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio, o bien, cuando, percibiendo un servicio de atención residencial permanente tuviera personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda. Se entiende como personas a cargo del beneficiario, el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, hijos o personas vinculadas por razón de tutela y/o acogimiento menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con el beneficiario antes de su ingreso en el centro residencial y dependan económicamente del mismo.
  
  En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad del beneficiario.
• - Las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de prestaciones, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.

5.- La capacidad económica personal del interesado será la correspondiente a su renta modificada al alza por la suma de un 5 por ciento de su patrimonio a partir de la cuantía equivalente a cuarenta veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual del ejercicio económico de referencia, a partir de los 65 años de edad, un 3 por ciento de los 35 a los 64 años y de un 1 por ciento de los 25 a los 34 años. A estos efectos, se computará la edad del interesado a 31 de diciembre del ejercicio económico de referencia.

En el caso de que, en el año que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica, se hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por el beneficiario, se utilizará el ejercicio económico con ingresos acreditados inmediatamente posterior. En su defecto, la renta procedente de dichas prestaciones se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde el momento en que se produjo dicha modificación por el número de pagas anuales.

El interesado tendrá la obligación de declarar a la Gerencia de Servicios Sociales las disposiciones patrimoniales que efectúe en favor del cónyuge, persona con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive, así como la variación en las prestaciones periódicas percibidas que se señalan a continuación: pensiones devengadas en organismos extranjeros; pensión de gran invalidez; prestación por hijo a cargo mayor de 18 años; pensión de invalidez no contributiva; subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI); y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección pública.

A fin de determinar la autonomía para la realización de las actividades para la vida diaria, se utilizará el baremo de valoración de las situaciones de dependencia, con el que se puede alcanzar como máximo en esta variable 100 puntos para el acceso a las plazas residenciales y 75 puntos para las plazas de estancia diurna, no computándose el exceso de puntuación a partir de esa cifra. Para tener acceso a las plazas de estancia diurna deberá superarse en esta variable la puntuación de 24 puntos.