Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha

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Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

Exposici髇 de Motivos

I

Una de las caracter韘ticas definitorias de las sociedades democr醫icas modernas consiste en reducir e intentar eliminar las desigualdades en las que, por razones diversas, puedan encontrarse las personas que las conforman, as� como mejorar las condiciones de vida de todas ellas.

Para ello las administraciones p鷅licas dise馻n y ponen en pr醕tica pol韙icas sociales con el objetivo de articular los recursos e instrumentos que permitan orientar las metas de los diferentes sistemas de protecci髇 a esos fines primordiales.

Sin embargo, la intensidad de la implicaci髇 y de la participaci髇 p鷅lica desempe馻 un papel clave a la hora de que los sistemas de salud, de educaci髇, de pensiones y de servicios sociales y, dentro de este 鷏timo y como parte del mismo, la atenci髇 a la dependencia, como pilares b醩icos del estado de bienestar, garanticen el acceso equitativo, justo y solidario a los recursos de dichos sistemas y a unos servicios de calidad, que hagan realmente posible una mejora efectiva de las condiciones de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas.

En la presente Ley las administraciones p鷅licas van a ser responsables y garantes del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales en diferentes grados, seg鷑 el car醕ter de los servicios o prestaciones de que se trate, siendo responsables directas de aquellos que, por ser puerta de entrada al sistema, sean los que aseguren el acceso, en condiciones de igualdad, a todas las personas que tengan derecho a las prestaciones del Sistema.

La Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas; la Convenci髇 de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, firmada y ratificada por Espa馻; la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea de 7 de diciembre de 2000; as� como diferentes Decisiones, Directivas, Programas y Planes de Acci髇 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Uni髇 Europea referidas a diversas 醨eas de protecci髇 social, de igualdad de las personas, de lucha contra la exclusi髇 y sobre protecci髇 social e inclusi髇 social, orientan l韓eas de actuaci髇 prioritarias en las pol韙icas sociales, en las que la garant韆 de derechos de las personas se erige a su vez, como uno de los ejes prioritarios de dichas pol韙icas sociales para el logro de una igualdad efectiva y para la mejora de las condiciones de vida de todas las personas.

Con ello, desde nuestro referente europeo, cobra tambi閚 importancia la contribuci髇 que las administraciones p鷅licas pueden hacer como garantes de los recursos y de la financiaci髇 que los sistemas de protecci髇 necesitan para llevar a cabo sus fines.

II

En el mismo sentido la Constituci髇 Espa駉la de 1978, en su art韈ulo 9.2 establece la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas; en sus art韈ulos 49 y 50 se refiere a la atenci髇 a las personas con discapacidad y a las personas mayores, as� como a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes p鷅licos y, en su art韈ulo 148.1.20�, establece que las Comunidades Aut髇omas podr醤 asumir competencias en materia de asistencia social, reserv醤dose, en el art韈ulo 149.1.1�, como competencia exclusiva del Estado la regulaci髇 de las condiciones que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

Todo ello ha hecho posible, por un lado, que Castilla-La Mancha haya podido dotarse de competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, seg鷑 se establece en el art韈ulo 31.1.20� del Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha y al mismo tiempo, que se haya desarrollado un cuerpo normativo de 醡bito estatal, promovido por el Gobierno de Espa馻, en ejercicio de sus competencias.

Tal es el caso de leyes como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integraci髇 Social de los Minusv醠idos; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaci髇 y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo p鷅lico de personas con discapacidad; la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 a las familias numerosas; la normativa en materia de derechos y libertades de los extranjeros en Espa馻; as� como la legislaci髇 referida a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, de manera muy especial, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, que han venido a reconocer derechos y prestaciones que se han sumado a los que ya ten韆 establecidos Castilla-La Mancha en el ejercicio de sus propias competencias en servicios sociales.

III

A su vez Castilla-La Mancha fue una de las primeras regiones que aprob� una ley de servicios sociales, que sirvi� para ordenar y sistematizar la dispersi髇 legislativa que exist韆 en el momento, en una materia en la que el Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, como se ha mencionado, otorgaba competencias plenas a la Comunidad Aut髇oma.

La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, sirvi� tambi閚 para estructurar los servicios sociales en la regi髇, dotarles de contenidos mediante la creaci髇 de programas de car醕ter b醩ico y de servicios especializados con un enfoque sectorial, as� como para establecer su ordenaci髇 territorial para la atenci髇 de los ciudadanos y ciudadanas en materia de servicios sociales y las competencias de las distintas Administraciones en la prestaci髇 de los mismos.

De igual forma, la citada Ley 3/1986 constituy� la base para desarrollar un cuerpo normativo que fue abarcando desde la creaci髇 de nuevos programas, servicios y ayudas, hasta el establecimiento de garant韆s para las personas usuarias de los servicios sociales; desde la mejora de los espacios y la accesibilidad, hasta elaborar normas en apoyo de las personas m醩 desfavorecidas.

Todav韆 hoy, leyes como la 3/1994, de 3 de noviembre, de protecci髇 de los usuarios de entidades, centros y servicios sociales en Castilla-La Mancha; la 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminaci髇 de barreras en Castilla-La Mancha; la 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha o la 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha, constituyen un referente para significar el avance que este proceso normativo ha representado para la consolidaci髇 de los servicios sociales en la regi髇 y el establecimiento de sus prioridades.

Otras leyes han regulado 醨eas de colaboraci髇 y participaci髇 en servicios sociales, como la 4/1995, de 16 de marzo, de Voluntariado en Castilla-La Mancha, o han incorporado nuevos servicios al sistema, como la 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediaci髇 Familiar.

IV

El Sistema P鷅lico de Servicios Sociales durante todos estos a駉s ha ido adquiriendo solidez y se ha conformado como un sistema perceptible por los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, de forma que hoy existe plena conciencia de su existencia y de su funci髇.

La presente Ley concibe los servicios sociales como un derecho de ciudadan韆 y por ello, en primer lugar, avanzar en la regulaci髇 de derechos es una necesidad a la que esta norma pretende dar respuesta, estableciendo tambi閚 las obligaciones de las personas usuarias de los servicios sociales.

En segundo lugar, esta Ley establece nuevos criterios de eficiencia y eficacia y orienta la planificaci髇, la gesti髇 y la prestaci髇 de los servicios sociales a la atenci髇 de las necesidades de las personas, entendidas no s髄o desde su cobertura b醩ica, sino en sentido amplio de considerar tambi閚 la autonom韆 personal, la integraci髇 en su entorno comunitario, la participaci髇 y la promoci髇 social. Todo ello con unos criterios de calidad estandarizados, aprobados y supervisados por las Administraciones Publicas, en el marco de sus respectivas competencias, potenciando la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s y haciendo de la formaci髇 y de la investigaci髇 los elementos fundamentales para el avance y desarrollo del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

En la presente Ley la persona es sujeto y centro de la atenci髇, reconociendo su capacidad para la libre elecci髇, para la participaci髇 en la toma de decisiones y para ser promotora de su proceso de cambio o mejora, todo ello desde un modelo de atenci髇 que promueva un entorno comunitario facilitador del desarrollo de la persona como individuo y miembro activo de la comunidad.

Asimismo, la autonom韆 personal y la integraci髇 social se constituyen en los elementos vertebradores de la finalidad del sistema. La autonom韆 personal, como la situaci髇 que permite a la persona desenvolverse en los 醡bitos sanitarios, econ髆icos, laborales, educativos y sociales, y la integraci髇 social, como proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal.

La garant韆 de derechos que la presente Ley reconoce debe estar avalada por las propias administraciones p鷅licas, por lo que el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales debe sustentarse, y as� se hace expl韈ito, en un importante componente de car醕ter p鷅lico, exclusivo en aquellos niveles de atenci髇 que sean considerados de car醕ter universal y poder as� asegurar que no existir� discriminaci髇 en el acceso, responsabiliz醤dose de su disponibilidad en cualquier municipio de la Comunidad Aut髇oma, siendo este el elemento distintivo que lo configura.

La iniciativa privada, igualmente, desempe馻 un importante papel en el 醡bito de los servicios sociales. De hecho, la presente Ley incorpora a dicho Sistema a todos los recursos de titularidad privada que mantengan un v韓culo de colaboraci髇 o concertaci髇 con la Administraci髇, en el marco de la planificaci髇 general de la Comunidad Aut髇oma, posibilitando tambi閚 la prestaci髇 de servicios sociales totalmente privados, ajust醤dose al r間imen de autorizaciones, seguimiento, inspecci髇, control y r間imen sancionador establecidos por la Administraci髇 auton髆ica, a la que se atribuye la responsabilidad m醲ima sobre los servicios sociales , como garante de la calidad de los mismos y del ejercicio de los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales en toda la regi髇.

Por tanto, otro de los fines de esta Ley consiste en ordenar el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales en los distintos 醡bitos territoriales de la regi髇 y establecer los niveles de atenci髇, introduciendo, en este sentido dos diferencias importantes respecto a la precitada Ley 3/1986.

La primera diferencia, porque partiendo del reconocimiento del municipio como unidad territorial b醩ica para la prestaci髇 de los Servicios Sociales de Atenci髇 Primaria permite las formas de agrupamiento para su prestaci髇 en aquellos casos que por su escaso n鷐ero de habitantes no puedan hacerlo solos, dejando al Ejecutivo que establezca la ordenaci髇 territorial de los mismos mediante el Mapa de Servicios Sociales y procurando la coordinaci髇 con la ordenaci髇 de otros sistemas en el 醡bito de la Regi髇, en especial con el sanitario, con los que procurar� la mayor aproximaci髇 o confluencia.

La segunda diferencia, porque la sistematizaci髇 del trabajo y la experiencia acumulada han permitido plantear los Servicios Sociales de Atenci髇 Especializada desde una perspectiva de atender necesidades distintas y espec韋icas de las personas, en relaci髇 a las etapas de su ciclo vital y a las de su familia y no tanto a las sectoriales o por colectivos, m醩 propias de actividades de prevenci髇, promoci髇 o participaci髇.

Pero, adem醩, si la interconexi髇 de sistemas, la estandarizaci髇 e informatizaci髇 de procedimientos y el trabajo interdisciplinar son una realidad incuestionable en nuestra sociedad actual de las comunicaciones y de las nuevas tecnolog韆s, la presente Ley sienta, tambi閚, las bases para que el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales no quede ajeno a los avances que la ciencia y la investigaci髇 nos aportan en esas 醨eas. Es m醩, pretende que la formaci髇 y la investigaci髇 propia constituyan uno de los ejes de mejora en la atenci髇, por su estrecha vinculaci髇 con la calidad de las prestaciones y servicios de dicho Sistema, y con dicha finalidad se contempla la creaci髇 de un Instituto Regional de Formaci髇 e Investigaci髇 en Servicios Sociales.

V

As� mismo, en estos 鷏timos a駉s ha emergido una nueva realidad social en la que confluyen cambios sociales, econ髆icos y culturales, entre los que cabe rese馻r la longevidad de la poblaci髇, el creciente protagonismo y visibilizaci髇 de las mujeres en los 醡bitos de la vida econ髆ica y social y su incorporaci髇 al mercado laboral, los fen髆enos migratorios, el incremento de las situaciones de vulnerabilidad que afecta especialmente a determinados grupos sociales, el aumento de la precariedad en el empleo y la evoluci髇 de las formas tradicionales de participaci髇 pol韙ica, sindical, asociativa y comunitaria.

Partiendo de que dicha realidad requiere de nuevas prestaciones para dar respuesta a tales necesidades, la Ley crea la Renta B醩ica, teniendo en cuenta el antecedente del Ingreso M韓imo de Solidaridad, para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que necesiten de unos ingresos m韓imos para atender sus necesidades b醩icas y que posibilite, al mismo tiempo, los medios necesarios para su integraci髇 social y el ejercicio efectivo del derecho a la participaci髇 en la comunidad.

Igualmente, la aprobaci髇 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, que ha supuesto la creaci髇 de un Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, configurando un derecho subjetivo fundamentado en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, hace necesario integrar dicho Sistema en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, sumando todo el potencial de recursos con los que el mismo cuenta.

Por todo lo anterior es necesaria la promulgaci髇 de la presente Ley a trav閟 de la cual se avance en las garant韆s propias del estado de bienestar y se redefina un nuevo modelo de servicios sociales, apostando por la universalidad, equidad y la igualdad de acceso a todas las personas a los servicios sociales y reconociendo y consolidando firmemente sus derechos en relaci髇 al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

VI

La presente norma consta de 92 art韈ulos y se estructura en un t韙ulo preliminar y trece t韙ulos m醩, dos disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y una disposici髇 final.

El Titulo Preliminar define el objeto de la Ley, la titularidad de los derechos a los servicios sociales, la definici髇 y finalidad de los servicios sociales, y los objetivos y principios rectores por los que ha de regirse el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

El Titulo I contiene el conjunto de derechos y deberes de las personas usuarias de servicios sociales, as� como los derechos y deberes de las personas profesionales de los servicios sociales.

El Titulo II recoge la regulaci髇 fundamental del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, en cuanto a los niveles de atenci髇 que conforma el Sistema, Servicios Sociales de Atenci髇 primaria y de Atenci髇 Especializada, la relaci髇 entre ambos niveles, las funciones y los equipamientos, la prioridad de la atenci髇 en situaciones de urgencia social y la participaci髇 de la iniciativa privada en el Sistema P鷅lico de Servicios Sociales. El 醡bito de prestaci髇 de los servicios sociales, en zonas, 醨eas de servicios sociales y otras estructuras territoriales para el desarrollo de determinadas prestaciones de la atenci髇 especializada, remitiendo la fijaci髇 de su delimitaci髇 territorial a la futura aprobaci髇 del Mapa de Servicios Sociales.

Igualmente se establecen una serie de disposiciones comunes que tienen por objeto regular los instrumentos del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales: historia social, Plan de Atenci髇 Social, tarjeta social, y el sistema de informaci髇 de servicios sociales.

El Titulo III regula el cat醠ogo de prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales como instrumento que define el contenido prestacional del sistema, con el objetivo de determinar y definir el conjunto de las prestaciones sociales del mismo, concretando la regulaci髇 de los elementos propios de cada prestaci髇 que habr� que reglamentarse, diferenciando las garantizadas en cuanto derecho subjetivo de las personas usuarias, de las de acceso condicionado al cumplimiento de determinados requisitos y a la disponibilidad presupuestaria. Tambi閚 contiene criterios sobre las formas de provisi髇 de las prestaciones sociales, previendo los supuestos de gesti髇 p鷅lica propia y la concertaci髇 con la iniciativa privada.

El Titulo IV se refiere a la planificaci髇 de los servicios sociales, tanto de car醕ter estrat間ico, en la que se fijen los objetivos del conjunto del sistema y las acciones que deben acometerse, como de car醕ter espec韋ico, que sea necesario aprobar como complemento y desarrollo del estrat間ico, as� como los planes locales que se pueden desarrollar en el 醡bito del municipio.

El Titulo V establece la necesidad de articular mecanismos de atenci髇 integral para dar respuesta a aquellas situaciones que, por la especificidad de la necesidad que presentan, requieran una atenci髇 social y sanitaria de manera conjunta y estable, determinando cu醠es deben ser estos mecanismos.

El Titulo VI contiene la regulaci髇 de la autorizaci髇, acreditaci髇 y registro de las entidades de iniciativa privada, as� como la inspecci髇 y el control de las actuaciones realizadas por entidades p鷅licas y privadas.

El Titulo VII tiene por objeto determinar que el Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia forma parte del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, y las prestaciones que conforma este Sistema est醤 integradas en el Cat醠ogo de Prestaciones del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales.

El Titulo VIII delimita las competencias de las diferentes Administraciones en materia de servicios sociales: el Consejo de Gobierno, la Consejer韆 competente en materia de servicios sociales, los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales.

El Titulo IX regula la financiaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, de modo que la garant韆 financiera constituya un compromiso de la Comunidad Aut髇oma, estableciendo las fuentes de financiaci髇 y la participaci髇 de las personas usuarias en la financiaci髇 de los servicios, de acuerdo a los criterios de capacidad econ髆ica que se establezcan.

El Titulo X articula la participaci髇 de la sociedad civil en el funcionamiento del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, que ha de quedar garantizada a trav閟 del Consejo Asesor de Servicios Sociales y de otros posibles 髍ganos y procesos de participaci髇 deliberativa.

El Titulo XI define la calidad de los servicios sociales como un derecho de las personas usuarias de los mismos, para lo cual se regula la necesaria articulaci髇 de un Plan de Calidad.

El Titulo XII prev� la formaci髇 e investigaci髇 en materia de servicios sociales que incremente la eficacia y eficiencia del Sistema, todo ello a trav閟 de la creaci髇 de un Instituto Regional de Investigaci髇 y Formaci髇 en Servicios Sociales.

El Titulo XIII establece el r間imen sancionador para el caso de que se incumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley, tipificando al efecto las correspondientes infracciones y sanciones administrativas.

Por 鷏timo, las disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y final de esta Ley establecen la posibilidad de imponer multas coercitivas, as� como el car醕ter del silencio administrativo, la vigencia transitoria de determinada normativa existente y la derogaci髇 normativa que se produce con la presente Ley; y finalmente el plazo para la entrada en vigor tras su publicaci髇 y para su desarrollo reglamentario.