Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 1/2007, DE 1 DE MARZO, PROTECCI覰 CIVIL Y GESTI覰 DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA

PRE罬BULO

I

De las sociedades de nuestra 閜oca se ha dicho que son sociedades de riesgo. Unas sociedades en las que la presencia constante y beneficiosa del progreso genera riesgos de muy diverso origen y consideraci髇. Unos riesgos que es necesario, primero, conocer y prever, y despu閟, tratar de reducir y evitar, as� como, si el riesgo se convierte en cat醩trofe o en realidad da駉sa, minimizar sus consecuencias y reparar posteriormente los da駉s causados. Es una tarea que corresponde a las Administraciones P鷅licas competentes en colaboraci髇 con la propia sociedad civil. Tales son las tareas que, en este caso, le incumben tambi閚 a la Comunidad Aut髇oma de Cantabria cuyo Estatuto de Autonom韆, como la propia Constituci髇, no menciona expresamente este 醡bito material de competencias, pero es indudable que, como ha se馻lado el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, dicha competencia se deriva de otras que se relacionan con la seguridad p鷅lica que s� constan expresamente en la norma estatutaria.

Y es que, como no pod韆 ser de otra manera, la seguridad p鷅lica como concepto omnicomprensivo incluye tambi閚 la seguridad de las personas y bienes ante las m鷏tiples situaciones de emergencia, peligro o amenaza vinculadas al quehacer diario de las complejas sociedades industriales del presente.

El objeto de esta Ley es, as�, regular y ordenar la acci髇 p鷅lica de la Comunidad Aut髇oma en materia de protecci髇 civil y atenci髇 de emergencias; expresiones 閟tas que, aun apelando a realidades parecidas, obedecen a una distinci髇 de grado de la que el texto se hace eco en diversos lugares. Los supuestos caracter韘ticos de la llamada protecci髇 civil aluden a las acciones p鷅licas a llevar a cabo en situaciones de grave riesgo, cat醩trofe o calamidad p鷅lica, mientras la atenci髇 de emergencias ordinarias alude a las situaciones o accidentes de menor entidad objetiva. Son situaciones distintas objetivamente hablando, que requieren acciones y esfuerzos p鷅licos diferentes, pero cuyo tratamiento normativo conjunto no es inconveniente puesto que tanto la acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 civil como la requerida por las emergencias ordinarias exigen la puesta en funcionamiento de los servicios necesarios para la protecci髇 de las personas y de los bienes en situaci髇 de peligro.

As�, pues, m醩 all� de esta distinci髇, de lo que se trata es de prevenir, planificar y, en su caso, gestionar las posibles emergencias que surjan en el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma, articulando un sistema administrativo integrado en el que participen todas las Administraciones P鷅licas bajo los principios de cooperaci髇, colaboraci髇 y, sobre todo, coordinaci髇 que en este 醡bito resultan, como es obvio, decisivos.

El dise駉 no estar韆 completo si no se contemplaran tambi閚, como se acaba de indicar, algunas referencias y previsiones sobre la participaci髇 y colaboraci髇 ciudadanas a partir del convencimiento de que s髄o mediante la implicaci髇 de la propia sociedad se pueden minimizar los riesgos con medidas de autoprotecci髇 o reparar los da駉s con la ayuda altruista de los propios ciudadanos.

La acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 civil gira, pues, en primer lugar en torno a la idea de prevenci髇 y planificaci髇 y s髄o despu閟 se prev閚 medidas de reparaci髇 y restauraci髇. Para todo ello se contempla una organizaci髇 administrativa que se pretende 醙il, de gesti髇 unitaria, inmediata y coordinada.

Todo ello en el contexto de la normativa europea que, tras las negativas experiencias de algunas cat醩trofes recientes, ha puesto especial 閚fasis en fomentar pol韙icas unitarias de prevenci髇 y normas comunes de reacci髇. Y en el marco tambi閚 de la normativa estatal que hasta ahora se ha aprobado, en particular, la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protecci髇 Civil, y el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma B醩ica de Protecci髇 Civil, y que, en todo caso, hay que tener en cuenta y considerar.

II

Bajo el r髏ulo de disposiciones generales, el t韙ulo preliminar contiene un conjunto de preceptos cuya finalidad es, en primer lugar, explicitar el objeto y 醡bito de aplicaci髇 de la Ley; en segundo lugar, precisar el significado que a los efectos de la misma tienen determinados conceptos; y, en tercer lugar, suministrar las pautas llamadas a orientar la acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 civil y gesti髇 de emergencias, tanto desde el punto de vista de las finalidades a perseguir como desde el de los principios materiales de actuaci髇 de las Administraciones P鷅licas y de los servicios p鷅licos.

No es 閟te el momento de precisar en detalle las citadas pautas de actuaci髇 administrativa. Baste decir que incorporan aut閚ticas prescripciones que vinculan a todas las Administraciones P鷅licas concernidas por la Ley y que entre esas prescripciones est醤 las directrices de coordinaci髇 y la ya citada colaboraci髇 interadministrativa; criterios imprescindibles de eficacia en el 醡bito de la seguridad. La eficacia es un valor constitucional pero, adem醩, en una materia tan delicada como 閟ta puede afirmarse que los ciudadanos tienen un aut閚tico derecho a la eficacia y al buen funcionamiento de todas las Administraciones implicadas. Debe tenerse en cuenta, en efecto, que la acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 civil y gesti髇 de emergencias tiene por objeto la protecci髇 de las personas y de los bienes, que es uno de los fines esenciales de las organizaciones pol韙icas, y, en consecuencia, los ciudadanos tienen leg韙imas expectativas de que dicha acci髇 se desarrolle de la forma m醩 coordinada y eficaz posible.

III

El t韙ulo I conecta, en primer lugar, con lo dispuesto en el art韈ulo 30.4 de la Constituci髇, que remite a la ley la regulaci髇 de los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, cat醩trofe o calamidad p鷅lica. En este sentido, precisa y clarifica un cuadro de deberes generales y espec韋icos. La diferencia entre unos y otros viene dada por el c韗culo de las personas vinculadas; los primeros conciernen a todos los ciudadanos mayores de edad o a todos ellos sin m醩, mientras que los segundos recaen sobre personas, entidades o empresas que, en raz髇 de su actividad, pueden contribuir se馻ladamente a la superaci髇 de las emergencias, ordinarias o no.

Adem醩 de los deberes, el t韙ulo I contiene la referencia a ciertos derechos de los ciudadanos, en sinton韆 con las 鷏timas tendencias legislativas en esta materia.

En este mismo t韙ulo se incluyen varios preceptos relativos al voluntariado de protecci髇 civil, fen髆eno social altamente interesante y 鷗il y del que los poderes p鷅licos no pueden desentenderse. Dado que el r間imen jur韉ico troncal de esta modalidad del voluntariado no puede ser otro que el general de la figura, la Ley se limita a establecer una serie de criterios ordenadores de la actividad de los voluntarios de protecci髇 civil, que son 韓tegramente aplicables a los bomberos voluntarios.

Cabe a馻dir que, como lo propio del voluntariado de protecci髇 civil y de los bomberos voluntarios es prestar su concurso a la acci髇 p鷅lica desplegada para hacer frente a las situaciones de emergencia o de peligro, en el texto se insiste y precisa que las benem閞itas funciones que todas estas personas realizan al servicio de la sociedad deben estar bajo la direcci髇 operativa de los servicios administrativos competentes, excepci髇 hecha, l骻icamente, de aquellos casos en los que sea imprescindible que act鷈n de otra manera.

IV

Las emergencias ordinarias constituyen el objeto del t韙ulo II, por fuerza breve pues en este aspecto la Ley no puede hacer otra cosa que suministrar indicaciones gen閞icas que tienen por destinatarios a todas las personas privadas y p鷅licas que puedan tener relaci髇 con las situaciones a las que se refiere. En cualquier caso, lo decisivo es integrar la gesti髇 de las emergencias ordinarias en la organizaci髇 administrativa creada para la gesti髇 de todos los riesgos y accidentes, lo que, entre otras cosas, remite al n鷐ero telef髇ico com鷑 previsto en la normativa europea y regulado en otro lugar de la Ley. Queda claro as� que, con independencia de la titularidad de los servicios que intervienen para afrontar las emergencias ordinarias, la Comunidad Aut髇oma debe estar puntualmente informada de los accidentes y siniestros que tienen lugar en su territorio.

V

獷mergencias no ordinarias: actuaciones en materia de protecci髇 civil� es la denominaci髇 del t韙ulo III que, en consonancia con la importancia objetiva de lo que regula, es el m醩 extenso de la Ley.

Las actuaciones previstas se agrupan en tres grandes bloques: prevenci髇, planificaci髇 y gesti髇, atenci髇 y recuperaci髇.

La prevenci髇 es, sin duda, una necesidad de la que hay que hacer virtud toda vez que en la gesti髇 de los riesgos catastr骹icos o calamitosos debe considerarse, antes que nada, la minimizaci髇 de sus efectos; lo que s髄o es posible a partir de una pol韙ica preventiva eficaz.

Adem醩 de otras medidas de car醕ter concreto, relativas a la celebraci髇 de espect醕ulos y actividades recreativas y a la formaci髇 escolar, y de la remisi髇 al establecimiento de ciertas determinaciones importantes por v韆 reglamentaria, la Ley pone en acento en la necesidad de que la planificaci髇 urban韘tica tenga en cuenta el llamado Mapa de Riesgos, que es un documento integrado en el Plan Territorial de Protecci髇 Civil de Cantabria en el que se identifican y ubican los existentes en los t閞minos municipales que forman parte del territorio de la Comunidad Aut髇oma. Se trata, en definitiva, de poner el urbanismo al servicio de la protecci髇 civil, a partir del convencimiento de que las utilizaciones del suelo que los planes urban韘ticos permiten deben tomar necesariamente en consideraci髇 los riesgos posibles.

La planificaci髇 es, ya se ha dicho, el n鷆leo esencial de la acci髇 p鷅lica en materia de protecci髇 civil. La Ley contempla, a estos efectos, tres tipos de planes: los planes territoriales (el Plan territorial de Protecci髇 civil, de 醡bito auton髆ico, y los Planes locales), los planes especiales (relativos a riesgos determinados, muy conectados con las directrices b醩icas cuya elaboraci髇 corresponde al Estado) y los planes de autoprotecci髇 (que constituyen una importante contribuci髇 del sector privado a los objetivos de la protecci髇 civil).

Como es natural, los planes territoriales y especiales deben elaborarse conforme a una estructura homog閚ea. De ah� que se disponga un contenido m韓imo de todos ellos, debiendo erigirse el Plan Territorial de Protecci髇 Civil de Cantabria como el marco organizativo general de los de 醡bito territorial inferior. En cuanto a 閟tos, que pueden ser municipales o supramunicipales, la Ley establece los supuestos en los que su elaboraci髇 y aprobaci髇 es obligatoria, sin perjuicio de que las entidades locales no obligadas se doten de ellos si lo consideran oportuno.

La activaci髇 de los planes, la supervisi髇 de su aplicaci髇 y la direcci髇 de las operaciones necesarias para la ejecuci髇 de los mismos corresponden a una autoridad denominada 玀ando 鷑ico�, que es quien asume la responsabilidad de la direcci髇 inmediata del conjunto de las operaciones, con el l骻ico asesoramiento de los t閏nicos competentes. A nadie se le oculta que es imprescindible que las importantes funciones que se acaban de se馻lar deban ser asumidas por una 鷑ica autoridad, toda vez que la dispersi髇 del mando es enemiga de la eficacia en esta materia que tanto la necesita. Ello no significa, sin embargo, que los servicios administrativos llamados a intervenir queden bajo la dependencia jer醨quica de dicha autoridad, pues la Ley se cuida de indicar que dichos servicios actuar醤 siempre bajo la responsabilidad inmediata de sus mandos naturales.

Por lo que hace a las acciones de recuperaci髇, se trata de prever lo necesario para que, una vez producida la tragedia y controlada la emergencia, los servicios esenciales que hayan sido afectados se restablezcan lo antes posible. A tal efecto, se prev� que los poderes p鷅licos deben hacer todo lo necesario para restaurar la normalidad de la convivencia social y ciudadana, por lo que tambi閚 esta materia forma parte de la acci髇 en materia de protecci髇 civil y, por tanto, debe ser objeto de la oportuna menci髇 legal.

VI

El t韙ulo IV, relativo a la organizaci髇 administrativa, es importante dada la implicaci髇 de diversas Administraciones y la necesidad de una acci髇 centralizada y coordinada. De ah� que la Ley aluda, desde luego, a las funciones del Gobierno de Cantabria, a las de la Consejer韆 responsable en materia de protecci髇 civil y a la Comisi髇 de Protecci髇 Civil y que contemple tambi閚 las competencias de las entidades locales, haciendo referencia especial a la posici髇 central que desempe馻n los alcaldes en la gesti髇 de las emergencias municipales. Pero, adem醩, en la Ley destaca la creaci髇 de un Centro de Gesti髇 de Emergencias, como 髍gano permanente de coordinaci髇 de todos los servicios auton髆icos de protecci髇 civil, y la consolidaci髇 del servicio p鷅lico gratuito de atenci髇 de llamadas de emergencia a trav閟 de un n鷐ero telef髇ico com鷑.

Debe notarse, en todo caso, que ni el centro ni dicho servicio p鷅lico limitan su actividad a las situaciones de protecci髇 civil propiamente dichas, puesto que tambi閚 cumplen sus cometidos en caso de emergencias ordinarias, en consonancia con el prop髎ito general de la Ley.

VII

Tras unas alusiones sucintas a los servicios de prevenci髇, extinci髇 de incendios y salvamento en el t韙ulo V, se establece en el t韙ulo VI un r間imen jur韉ico espec韋ico aplicable a las emergencias y urgencias sanitarias.

A continuaci髇, el t韙ulo VII se refiere de forma breve al tema de la financiaci髇 de las actuaciones realizadas en desarrollo y ejecuci髇 de la Ley. El t韙ulo VIII regula la acci髇 inspectora de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria en materia de protecci髇 civil.

Finalmente, el t韙ulo IX de la Ley tipifica de forma precisa las infracciones administrativas en materia de protecci髇 civil y emergencias, que es tarea ineludible del legislador a la luz de los principios constitucionales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad sancionadora.