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Ley de Cantabria 4/2009, de 1 de diciembre, de Participaci髇 Institucional de los Agentes Sociales en el 羗bito de la Comunidad Aut髇oma

Ficha:
  • 觬gano PARLAMENTO DE CANTABRIA
  • Publicado en BOC n鷐. 246 de y BOE n鷐. 18 de
  • Vigencia desde 25 de Diciembre de 2009. Revisi髇 vigente desde 01 de Enero de 2019
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
1/1/2019
Ir a Norma L 11/2018, 21 de Dic. CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas)
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Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre).

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1/1/2013
Ir a Norma L 10/2012 de 26 Dic., CA Cantabria (Medidas Fiscales y Administrativas)
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N鷐ero 3 del art韈ulo 7 suprimido por art韈ulo 20 de la Ley [CANTABRIA] 10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 29 diciembre). Ir a Norma

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 4/2009, DE 1 DE DICIEMBRE, DE PARTICIPACI覰 INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES EN EL 罬BITO DE LA COMUNIDAD AUT覰OMA

PRE罬BULO

I De la participaci髇 institucional

Tanto las normas de la Uni髇 Europea, como la propia Constituci髇 espa駉la, contemplan la necesidad de participaci髇 de los individuos y los grupos en la actividad p鷅lica, de forma que los agentes econ髆icos y sociales representados por sus organizaciones respectivas puedan estar presentes en la toma de decisiones respecto de los asuntos p鷅licos a trav閟 del di醠ogo social. Como resulta de la propia norma constitucional, debe promoverse la participaci髇 ciudadana en la vida p鷅lica, pol韙ica, econ髆ica y social (art韈ulo 9.2) y la participaci髇 de los interesados en la actividad de los organismos p鷅licos, en forma de participaci髇 institucional (art韈ulo 129.1). Debe tenerse en cuenta, adem醩, la menci髇 constitucional a la promoci髇 de los intereses econ髆icos y sociales respecto de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales que se contiene en el art韈ulo 7 del texto constitucional. Las normas internacionales, como el Convenio n 150 OIT, de 26 de junio de 1978, reflejan, asimismo, la relevancia de las organizaciones sociales presentes en el mundo laboral; y en el 醡bito comunitario, la Comunicaci髇 de la Comisi髇 sobre el Di醠ogo Social Europeo, de 12 de agosto de 2004, pone de manifiesto la importancia de este di醠ogo en materia econ髆ica y social.

La denominada participaci髇 institucional comprende, en primer t閞mino, aquella acci髇 que se desarrolla en espacios p鷅licos en diferentes niveles de negociaciones tripartitas seg鷑 el convenio de la OIT n 144, de 21 de junio de 1976, sobre consultas tripartitas, reuniendo tanto al Gobierno y la Administraci髇 como a organizaciones de empresarios y trabajadores. La elecci髇 de un sistema de cooperaci髇 tripartito se funda en una determinada concepci髇, opci髇 y forma de participaci髇, de manera que sus principios est醤 asentados en el reconocimiento de la legitimidad, representatividad, autonom韆 y preservaci髇 de la identidad de todos los actores que confluyen en el di醠ogo.

El modelo elegido de concertaci髇 regional ha evidenciado sobradamente su eficacia a trav閟 de la responsabilidad y lealtad institucional de las organizaciones participantes, haci閚dose necesario dotar al sistema de las suficientes garant韆s en orden a su pervivencia, fortalecimiento y consolidaci髇. No s髄o son los agentes sociales quienes quieren reforzar este nivel de interlocuci髇 a trav閟 de garant韆s legales. En el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria tambi閚 se cree necesario establecer un sistema objetivo y transparente en este campo, determinando derechos, deberes, l韒ites, legitimaciones y procedimiento de la participaci髇 institucional. Los cauces para articular esta participaci髇 quedan expuestos en una amplia jurisprudencia constitucional, condicionando las pautas que se adopten a que 閟tas se fundamenten en criterios objetivos que sean razonables y adecuados al fin perseguido, y hagan posible concretar las organizaciones a las que en cada caso corresponda la participaci髇, para lo cual, resulta de obligada estimaci髇 el l韒ite legal que determina el concepto de 玬ayor representatividad.

Conviene adem醩 indicar que, dentro de lo que se entiende por 玴articipaci髇 institucional, se dan fen髆enos diferentes al sistema de cooperaci髇 tripartita directa, pues existen organismos consultivos y de participaci髇 en los cuales la Administraci髇 no tiene una presencia directa en los mismos y otros en los que la legitimaci髇 en la participaci髇 se extiende a otros colectivos. El primer caso -no presencia directa de la Administraci髇-, no supone que la participaci髇 sea meramente bipartita, sino que adem醩 de la presencia de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, tambi閚 cuentan con otros representantes de organizaciones, instituciones o colectivos de procedencia y significaci髇 muy diversa, designados por la Administraci髇. En el segundo caso, la diversidad ha de tener una justificaci髇 y responder a criterios jur韉icos y tambi閚, si se quiere, de 韓dole pol韙ica, pues es eminentemente territorial la decisi髇 de, respetando los l韒ites legales, fijar unos baremos auton髆icos en funci髇 de su capacidad de autoorganizaci髇. En todo caso, lo que debe destacarse es que dichos baremos han de ser transparentes, objetivos e imparciales.

Esa concepci髇 de relaci髇 tripartita (directa o indirecta) o relaci髇 espec韋ica para asuntos concretos, por un lado, presupone la existencia de intereses divergentes y, por otro, conlleva la posibilidad de interacci髇 de esos intereses en un campo de posibilidades en busca de acuerdos generales o espec韋icos para casos concretos. Acuerdos que, casi siempre, son parciales en el tiempo y en sus objetivos, pero que posibilitan, en general, mediatizar la regulaci髇 de los conflictos en un nivel diferente al establecido en la relaci髇 bipartita que se da en el 醡bito de la negociaci髇 y contrataci髇 colectiva.

De otra parte, mediante esta f髍mula de concurrencia institucional, se contribuye de manera especial tanto a la orientaci髇 y elecci髇 de objetivos p鷅licos generales de com鷑 inter閟, como a la adopci髇 e impulso de los medios necesarios para alcanzarlos, dentro del marco de las pol韙icas p鷅licas socio-laborales y econ髆icas.

II De los sujetos representativos

La elecci髇 de estos sujetos resulta de extraordinaria importancia, dada la posibilidad de participaci髇 en 髍ganos p鷅licos de car醕ter tripartito y la atribuci髇 de la condici髇 de interlocutores v醠idos en cuestiones de enorme relevancia, como son los procesos de concertaci髇 social, la adopci髇 de acuerdos tripartitos, la planificaci髇 de actuaciones desde los 髍ganos p鷅licos con representaci髇 institucional o en materia de consulta e informaci髇 sobre otros temas socioecon髆icos y, en fin, en una serie de cuestiones de naturaleza p鷅lica a cuyo tenor la posici髇 que ocupan estos sujetos adquiere una trascendencia de primer orden. Debe existir, en consecuencia, un alto grado de certeza en cuanto a la selecci髇 de ciertos grupos para el desarrollo de funciones representativas generales como las apuntadas, es decir, en lo que respecta a qu organizaciones sindicales y empresariales est醤 investidas de capacidad representativa institucional en cada caso, dada la atribuci髇 a ellas de importantes competencias en defensa de los intereses particulares de los trabajadores y empresarios ante los distintos 髍ganos p鷅licos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, y tambi閚 de los intereses generales de los ciudadanos en su gen閞ica funci髇 de agentes o interlocutores sociales, dado que de acuerdo a la doctrina constitucional 玭o son 鷑icamente asociaciones privadas representantes de sus afiliados, como se馻la la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/1986, de 30 de enero.

La ineludible selecci髇 de los sujetos intervinientes en el proceso de di醠ogo social y de participaci髇 institucional enlaza con la necesidad de evitar una excesiva atomizaci髇 de representaciones, conducente a situaciones que pueden resultar en la pr醕tica inoperantes. Es por ello que, a tal fin, son de referencia obligada los criterios legalmente establecidos sobre 玬ayor representatividad -a nivel estatal y a nivel auton髆ico- que se encuentran recogidos en las normas b醩icas de Derecho social: art韈ulos 6 y 7.1, as como la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (en relaci髇 a los sindicatos), y la disposici髇 adicional sexta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en relaci髇 a las organizaciones empresariales). Esta calificaci髇 de 玬醩 representativos otorga a los sujetos colectivos la posibilidad de participaci髇 institucional, como establece para los sindicatos el art韈ulo 6.3.a) de la mencionada Ley Org醤ica 11/1985, de 2 de agosto, y para las asociaciones empresariales la Ley 19/1977, de 1 de abril, del Derecho de Asociaci髇 Sindical, en relaci髇 con la citada disposici髇 adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, y todo ello debido a su reconocida implantaci髇, sin necesidad de que por parte de la Administraci髇 auton髆ica hubieran de adoptarse otros criterios selectivos reguladores de la representaci髇 que, por otra parte, pudieran entrar en contradicci髇 con las reglas de atribuci髇 de competencia previstas en la Constituci髇 respecto de la potestad de emisi髇 de legislaci髇 laboral. Asimismo, habr de tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional establecida sobre esta materia. Sirvan de ejemplo, entre otras, la STC 39/1986, de 31 de marzo, referida a las organizaciones sindicales, y la STC 52/1992, de 8 de abril, respecto a la representatividad de las organizaciones empresariales.

Aceptado lo anterior, habr de ponerse en duda la justificaci髇 de que en un organismo consultivo auton髆ico se pueda acudir a diferentes baremos para establecer las respectivas representatividades de sus miembros. Como antes se apunt, podr韆 justificarse una ampliaci髇 de las organizaciones que han de estar representadas en un 醡bito determinado de di醠ogo, pero dicha representatividad, adem醩 de respetar los m韓imos legales, no ha de ser discriminatoria respecto a alguna de las asociaciones o 玝loques que participan en la misma. Dicho de otro modo, no puede exigirse un determinado nivel de representatividad a las organizaciones empresariales y otro distinto a las organizaciones de car醕ter sindical. Y esto ocurre en la actualidad en la Ley de Cantabria 6/1992, de 26 de junio, de creaci髇 del Consejo Econ髆ico y Social, cuando acude al criterio de 玬ayor representatividad de la disposici髇 adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, respecto a la participaci髇 en dicho organismo de las asociaciones empresariales, y obvia los art韈ulos 6 y 7 de la ya referida Ley Org醤ica 11/1985, de 2 de agosto, respecto a las asociaciones sindicales. En consecuencia, habr de procederse a efectuar la modificaci髇 normativa pertinente para acomodar los criterios de representatividad a las normas generales.

Es p鷅lico y notorio que en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, adem醩 de promocionarse la participaci髇 institucional, se hace de la misma la piedra angular en el desarrollo de su acci髇 de gobierno y que tanto las asociaciones empresariales, como las sindicales que participan en las mesas de concertaci髇 regional, son legitimadas en virtud de la legislaci髇 nacional.

Esta objetiva e imparcial coherencia ha de aplicarse a todos y cada uno de los 髍ganos e instituciones en los que se otorgue y autorice la participaci髇 a las organizaciones empresariales y sindicales. Lo anterior supondr modificar el art韈ulo 2.2 de la citada Ley de Cantabria 6/1992, de 26 de junio, en el sentido de establecer el mismo criterio de legitimaci髇 para las organizaciones sindicales que para las empresariales.

Por otra parte, el car醕ter de 玞argo no remunerado que comporta la designaci髇 de Consejero y Presidente del Consejo Econ髆ico y Social de Cantabria, conlleva la necesidad de modificar la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 de Cantabria, puesto que el 醡bito de aplicaci髇 de dicha Ley debe limitarse a aquellos cargos remunerados y sin que, el hecho de ostentar la presidencia del Consejo Econ髆ico y Social, conlleve un tratamiento diferenciado al resto de puestos de aquellos organismos o entidades del sector p鷅lico auton髆ico que, de acuerdo con sus estatutos legales, deban ejercer sus funciones con plena independencia del Gobierno de Cantabria.

III De la norma reguladora

En relaci髇 con lo anterior, la participaci髇 institucional y el papel que se otorgue a la concertaci髇 e interlocuci髇 social en el desarrollo de los intereses sociales y econ髆icos de la Comunidad Aut髇oma y en el bienestar general de sus ciudadanos, hacen precisa la adopci髇 de una norma reguladora de dicha participaci髇 -del mayor rango, necesariamente- que, reconociendo la necesidad de fomentar el di醠ogo como factor ineludible de la cohesi髇 social y el progreso econ髆ico, establezca las bases por las que se lleve a efecto, fijando b醩icamente los cometidos esenciales de aquella participaci髇, la forma de organizaci髇, su funcionamiento y financiaci髇. Todo ello en el marco de las potestades de autoorganizaci髇 que respecto a sus estructuras p鷅licas se atribuye, por la Constituci髇 (art韈ulo 148.1.1) y por el Estatuto de Autonom韆 (art韈ulo 24.1), a la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

Esta norma tendr la virtualidad de garantizar el di醠ogo social y la participaci髇 permanente de los agentes sociales, creando un marco institucional duradero y sirviendo, asimismo, para implantar las reglas y criterios b醩icos comunes de organizaci髇 y funcionamiento de los diferentes 髍ganos tripartitos que actualmente vienen desarrollando sus funciones en diversos 醡bitos, con la consiguiente adaptaci髇 por 閟tos de sus normas sobre composici髇 y funcionamiento a las nuevas reglas que se establecen. As pues, la adopci髇 de una norma marco que regule la participaci髇 institucional en la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria resulta oportuna, e incluso necesaria a los efectos de establecer unas reglas b醩icas que encaucen a todos los niveles el di醠ogo y la concertaci髇 social.

CAP蚑ULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art韈ulo 1 Objeto de regulaci髇

1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco jur韉ico que constituya la garant韆 de la participaci髇 institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, en el 醡bito de los organismos y entidades p鷅licas que conforman la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, para el ejercicio de todas las funciones, tareas y actividades de promoci髇 y defensa de sus intereses y de cualesquiera otros de car醕ter general que redunden en beneficio del desarrollo social y econ髆ico colectivo.

2. A los efectos de participaci髇 institucional, con la denominaci髇 de agentes sociales, se designa a las organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores que, en ambos casos, ostenten la condici髇 de m醩 representativos de acuerdo con la legislaci髇 laboral, contenida en la disposici髇 adicional sexta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; y en los art韈ulos 6.2 y 7.1, as como en la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, remiti閚dose a ella esta norma y admitiendo los criterios de representatividad establecidos en dicha legislaci髇 estatal com鷑.

Art韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

1. La participaci髇 institucional establecida en la presente Ley ser de aplicaci髇 a los 髍ganos de asesoramiento y participaci髇 de composici髇 tripartita que se puedan crear, en los t閞minos en que la normativa espec韋ica de cada entidad u organismo p鷅lico as lo establezca, siendo los 醡bitos de intervenci髇 los siguientes:

  • a) Empleo, econom韆 social, trabajo, formaci髇, pol韙icas de igualdad, seguridad y salud laboral.
  • b) Educaci髇, sanidad, cooperaci髇 p鷅lica, vivienda, urbanismo, industria, transporte, medio ambiente, biodiversidad y desarrollo sostenible, turismo y desarrollo rural.
  • c) En general, cualquier otra de relevancia laboral, social o econ髆ica que pueda contar con 髍ganos tripartitos de participaci髇 y en relaci髇 con las funciones de consulta y asesoramiento en todo tipo de materias socioecon髆icas, laborales y de fomento del desarrollo econ髆ico y social, en los t閞minos concretos que resulten de la normativa espec韋ica en cada caso.

2. Se aplicar igualmente a todos los 髍ganos de participaci髇 institucional que sean de composici髇 tripartita que ya est閚 creados.

3. No ser de aplicaci髇 esta norma, quedando por tanto excluidos de la participaci髇 institucional, al derecho de negociaci髇 colectiva en el sector privado, regulado en el t韙ulo III del Estatuto de los Trabajadores, y en lo referente a los 髍ganos de participaci髇 y negociaci髇 relacionados con el empleo p鷅lico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

Art韈ulo 3 Criterios de representatividad y participaci髇

1. Para la determinaci髇 del n鷐ero de representantes de los agentes sociales en los distintos 髍ganos de participaci髇 institucional, salvo distinto criterio establecido en norma legal o reglamentaria y que incremente la participaci髇 de estas organizaciones, se aplicar el criterio de mayor representatividad y de paridad de la representaci髇 de los agentes sociales empresariales respecto a los sindicales y, a su vez, de la suma de ambos respecto a los designados por el Gobierno de Cantabria.

2. Esta representaci髇 la ostentar醤 en el momento de constituirse el respectivo 髍gano de participaci髇 y, en su caso, en el de las renovaciones de sus miembros. De ser varias las organizaciones, empresariales o sindicales, que est閚 calificadas como m醩 representativas, su participaci髇 lo ser en proporci髇 a su respectiva representatividad, a no ser que exista acuerdo expreso de las organizaciones afectadas en otro sentido.

3. Las personas que representen a los agentes sociales ser醤 nombradas y cesadas por el titular de la Consejer韆 correspondiente, atendiendo a las propuestas libremente emitidas por los 髍ganos directivos de sus respectivas organizaciones.

4. Se entiende que los sujetos representantes de las organizaciones mencionadas expresan el parecer de 閟tas y tendr醤 la consideraci髇 de interlocutores v醠idos en los procesos de concertaci髇 social y, en su caso, en los 髍ganos tripartitos para la planificaci髇 de pol韙icas y adopci髇 de medidas en los diversos 醡bitos socioecon髆icos a que se extienda su participaci髇.

CAP蚑ULO II

CONTENIDO DE LA PARTICIPACI覰 INSTITUCIONAL, COMPETENCIAS Y FACULTADES

Art韈ulo 4 Funciones atribuidas a los 髍ganos de participaci髇

1. En el 醡bito de sus respectivas funciones y competencias, y en orden a garantizar la efectividad de sus gen閞icas atribuciones de consulta y asesoramiento en materia socioecon髆ica, los 髍ganos tripartitos de participaci髇 institucional tendr醤, al menos, las siguientes competencias y facultades:

  • a) Ser informados y conocer, con car醕ter previo a su aprobaci髇, de los anteproyectos de ley relativos a todas las materias de su competencia, as como de los proyectos de reglamento que desarrollen aquellas normas legales.
  • b) Efectuar propuestas concretas sobre actuaciones legislativas o reglamentarias en materias de su competencia.
  • c) Recibir informaci髇 sobre la planificaci髇, los programas y las medidas relacionadas con el 醡bito socioecon髆ico.
  • d) Efectuar propuestas sobre l韓eas o directrices generales de actuaci髇 y aportar criterios y medidas concretas que contribuyan al mejor desarrollo de las materias socioecon髆icas.

2. En todo caso, el anterior listado se considera m韓imo y adaptable a la normativa espec韋ica de cada 髍gano de participaci髇 en atenci髇 a los especiales requerimientos de cada materia.

Art韈ulo 5 Ejercicio de la participaci髇

1. Los 髍ganos e instituciones de participaci髇 institucional deber醤 funcionar de acuerdo con los principios de buena fe y confianza leg韙ima, debiendo sus miembros cumplir con las obligaciones de asistencia a las reuniones, previa convocatoria, con el deber de discreci髇 respecto de las deliberaciones y el deber de confidencialidad en relaci髇 con las informaciones y documentos que puedan manejar. La informaci髇 y documentaci髇 que se use, relacionada con el cumplimiento de las funciones atribuidas, no podr ser utilizada para otros fines ajenos a los que expresamente tengan designados.

2. Los miembros de dichos 髍ganos podr醤 proponer la inclusi髇 de los puntos que estimen oportunos en el orden del d韆 de las sesiones, participar en los debates, formular preguntas, votar en los asuntos que se sometan a su consideraci髇 y explicar el sentido de su voto.

3. Se podr establecer reglamentariamente un mecanismo de seguimiento sobre las actuaciones desarrolladas por todos los part韈ipes en cada marco espec韋ico de di醠ogo y concertaci髇.

CAP蚑ULO III

FOMENTO Y FINANCIACI覰

Art韈ulo 6 Fomento de la participaci髇

De acuerdo con la presente Ley, el Gobierno fomentar la participaci髇 institucional en el marco de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, mediante la creaci髇 de 髍ganos tripartitos en las diferentes 醨eas org醤icas y funcionales relacionadas con la materia socioecon髆ica, as como el mediante el mantenimiento de los ya existentes, con las debidas adaptaciones.

Art韈ulo 7 Compensaciones econ髆icas. Financiaci髇

1. La presencia de las personas representantes de los agentes sociales con participaci髇 institucional se presumir a t韙ulo gratuito, sin derecho alguno a retribuciones o indemnizaciones por raz髇 de su actividad.

2. No obstante, en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, se consignar una partida presupuestaria, en forma de subvenci髇 nominativa, como compensaci髇 econ髆ica destinada a las organizaciones empresariales y sindicales con participaci髇 institucional de acuerdo con lo previsto en esta norma y en proporci髇 a su representatividad.

3. ...

Ir a Norma modificadora N鷐ero 3 del art韈ulo 7 suprimido por art韈ulo 20 de la Ley [CANTABRIA] 10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013

Cap韙ulo IV

Consejo del Di醠ogo Social de Cantabria

V閍se el D [CANTABRIA] 76/2019, 23 mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Organizaci髇 y Funcionamiento del Consejo de Di醠ogo Social de Cantabria (獴.O.C. 30 mayo). Ir a Norma

Art韈ulo 8 Creaci髇 del Consejo del Di醠ogo Social

Se crea el Consejo del Di醠ogo Social, en adelante el Consejo, como m醲imo 髍gano de encuentro y participaci髇 institucional permanente de las organizaciones sindicales y empresariales m醩 representativas y el Gobierno de Cantabria.

Ir a Norma modificadora Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

Art韈ulo 9 Naturaleza

El Consejo es un 髍gano institucional de participaci髇 e interlocuci髇, un instrumento de buena gobernanza para el fortalecimiento del progreso econ髆ico y la cohesi髇 social mediante el di醠ogo entre los agentes sociales y el Gobierno de Cantabria. Tendr car醕ter tripartito y estar adscrito a la Consejer韆 que ostente en cada momento las competencias en materia laboral.

Ir a Norma modificadora Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

Art韈ulo 10 Composici髇

El Consejo estar constituido por los miembros del Gobierno de Cantabria y las Organizaciones Sindicales y Empresariales m醩 representativas de Cantabria y ser presidido por el Presidente/a del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma.

Ir a Norma modificadora Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

Art韈ulo 11 Funciones Para el ejercicio de sus competencias, corresponden al Consejo las siguientes funciones

  • a) La definici髇 de las materias que ser醤 objeto de di醠ogo social.
  • b) La aprobaci髇 de los acuerdos de di醠ogo social.
  • c) El seguimiento y la evaluaci髇 del cumplimiento de los acuerdos del di醠ogo social, as como acordar las medidas para su desarrollo.
  • d) La publicidad y difusi髇 de los acuerdos del di醠ogo social y de las materias relacionadas con ellos, sin perjuicio de la competencia de otros 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma.
  • e) La aprobaci髇 de la creaci髇 de Mesas Especiales y Sectoriales.
  • f) Las funciones atribuidas en el art韈ulo 4 de la presente Ley.
  • g) Cuantas otras actuaciones contribuyan al desarrollo del di醠ogo social.
Ir a Norma modificadora Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

Art韈ulo 12 Reglamento de organizaci髇 y funcionamiento

1. El Consejo de Gobierno aprobar mediante decreto el reglamento de organizaci髇 y funcionamiento del Consejo de Di醠ogo Social, que regular su composici髇 espec韋ica, r間imen jur韉ico y atribuciones.

2. El procedimiento de elaboraci髇 del citado decreto se iniciar en la consejer韆 competente en materia laboral, mediante la elaboraci髇 del correspondiente proyecto, en la que participar醤 las organizaciones empresariales y sindicales m醩 representativas en la Comunicad Aut髇oma.

Ir a Norma modificadora Cap韙ulo IV, integrado por los art韈ulos 8 a 12, introducido por el art韈ulo 10 de la L [CANTABRIA] 11/2018, 21 Dic., Medidas Fiscales y Administrativas (獴.O.C. 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

DISPOSICI覰 TRANSITORIA 贜ICA Adaptaci髇 normativa y r間imen transitorio

En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de vigencia de esta Ley, los 髍ganos tripartitos de participaci髇 actualmente existentes y en funcionamiento deber醤 adaptarse a su contenido y requerimientos. Mientras tanto, seguir醤 en vigor sus respectivas normas de organizaci髇 y funcionamiento en lo que no se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICI覰 FINAL PRIMERA Modificaci髇 de la Ley de Cantabria 6/1992, de 26 de junio, de Creaci髇 del Consejo Econ髆ico y Social

Uno. Se modifica el art韈ulo 2, n鷐ero y designaci髇 de los miembros, que queda redactado de la siguiente manera:

1. El n鷐ero de miembros del Consejo Econ髆ico y Social ser de veinticinco, incluido su presidente, de los cuales ocho pertenecer醤 al grupo I, en representaci髇 de las organizaciones sindicales m醩 representativas; ocho al grupo II, en representaci髇 de las organizaciones empresariales m醩 representativas; y ocho al grupo III, en representaci髇 de los distintos sectores econ髆icos y sociales elegidos entre personas de reconocido prestigio en materia econ髆ica y social.

2. La condici髇 de mayor representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales vendr atribuida por lo dispuesto en los art韈ulos 6 y 7.1, as como en la disposici髇 adicional primera de la Ley Org醤ica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en la disposici髇 adicional sexta del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, respectivamente.

3. Los miembros del Consejo representantes de los sindicatos, grupo I, y de las organizaciones empresariales, grupo II, ser醤 designados por sus respectivas organizaciones.

4. Los miembros del Consejo integrantes del grupo III ser醤 nombrados por el Consejo de Gobierno.

A efectos de hacer m醩 efectiva la participaci髇 de los distintos sectores econ髆icos y sociales del Consejo Econ髆ico y Social, el Consejo de Gobierno tomar en consideraci髇 para la propuesta de expertos de reconocido prestigio a aquellos sectores de econom韆 social, as como a entidades o asociaciones e instituciones con incidencia en el 醡bito econ髆ico y social de la comunidad c醤tabra.

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Dos. Se modifica el art韈ulo 3, incompatibilidades, que pasa a tener la siguiente redacci髇:

1. Ser醤 incompatibles con la condici髇 de Presidente o miembro del Consejo:

  • a) El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros del Gobierno de Cantabria.
  • b) Los Diputados auton髆icos, Parlamentarios nacionales y miembros del Parlamento Europeo.
  • c) Los miembros de otros 髍ganos constitucionales.
  • d) Los Presidentes de Corporaciones Locales.

2. Ser醤 incompatibles con la condici髇 de Presidente o miembro del Consejo los dem醩 altos cargos o asimilados se馻lados en el art韈ulo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 de Cantabria, siempre que obtuvieran remuneraci髇 por dichos cargos.

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Tres. Se modifica la disposici髇 adicional, que queda redactada como sigue:

獷n todo lo no previsto en esta Ley y en las reglas de organizaci髇 y funcionamiento internos aprobadas por el Pleno, se aplicar醤 las normas contenidas en la Ley de Cantabria de participaci髇 institucional de los agentes sociales en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria y la regulaci髇 que para los 髍ganos colegiados establece la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R間imen Jur韉ico del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.
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DISPOSICI覰 FINAL SEGUNDA Modificaci髇 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci髇 de Cantabria

Uno. Se modifica el p醨rafo i), del apartado 2, del art韈ulo 1, objeto y 醡bito de aplicaci髇, que queda con la siguiente redacci髇:

  • 玦) El resto de cargos del sector p鷅lico auton髆ico cuya designaci髇 sea efectuada mediante decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut髇oma, siempre que exista remuneraci髇 por el desempe駉 de dichos cargos.
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Dos. Se modifica el segundo p醨rafo del art韈ulo 9, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獿o dispuesto en el p醨rafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones se馻ladas en los art韈ulos 10 y 11 de la presente Ley que, salvo en los supuestos contemplados en los art韈ulos 10.3 y 11.a) y b), deber醤 ser autorizados por la Inspecci髇 General de Servicios o, cuando se trate del Presidente del Gobierno o de los Consejeros del mismo, por el Consejo de Gobierno.

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Tres. Se modifica el art韈ulo 10, compatibilidad con el ejercicio de actividades p鷅licas, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo anterior, el ejercicio de las funciones de un alto cargo ser compatible con las siguientes actividades p鷅licas:

  • a) Las propias de la representaci髇 parlamentaria en el exclusivo caso del Presidente, Vicepresidente si lo hubiere, y el de los Consejeros del Gobierno de Cantabria.
  • b) El desempe駉 de la condici髇 de concejal, salvo los altos cargos mencionados en el apartado anterior.
  • c) El desempe駉 de los cargos que les correspondan con car醕ter institucional, o de aquellos para los que sean comisionados por el Gobierno de Cantabria, incluidas organizaciones o conferencias nacionales e internacionales, siempre que no fueren remunerados.
  • d) El desempe駉 de la presidencia de entidades integradas en el sector p鷅lico empresarial, cuando la naturaleza de los fines de la entidad guarde conexi髇 con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo, as como la representaci髇 de la Administraci髇 General de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria en los 髍ganos colegiados, directivos o consejos de administraci髇 de organismos o empresas del sector p鷅lico administrativo o empresarial, as como en empresas privadas participadas por la Comunidad Aut髇oma.No se podr pertenecer a m醩 de dos consejos de administraci髇 de dichos organismos o entidades, salvo que lo autorice motivadamente el Gobierno de Cantabria.
  • e) Salvo prohibici髇 legal expresa, con el desempe駉 de los cargos de presidente o miembro de los 髍ganos tripartitos que act鷈n al amparo de la Ley de Cantabria de participaci髇 institucional de los agentes sociales en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, salvo los supuestos a) y b), los altos cargos no podr醤 percibir remuneraci髇 alguna, con excepci髇 de las indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente, sin que en ning鷑 caso puedan exceder anualmente del treinta por ciento de la remuneraci髇 que perciban por raz髇 del cargo principal.

Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas ser醤 ingresadas directamente por el organismo, ente o empresa en la Tesorer韆 de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria.

3. Asimismo, el ejercicio de las funciones de un alto cargo ser tambi閚 compatible con el desempe駉 de actividades docentes o de investigaci髇 en centros universitarios, en el Centro de Estudios de la Administraci髇 P鷅lica Regional de Cantabria u otros centros de selecci髇 y perfeccionamiento de empleados p鷅licos, o en cualesquiera otros centros de investigaci髇, siempre que tales actividades no supongan menoscabo de la dedicaci髇 al cargo. El alto cargo deber poner en conocimiento de la Inspecci髇 General de Servicios la realizaci髇 de estas actividades.

El ejercicio de actividades docentes o de investigaci髇 con car醕ter regular precisar autorizaci髇 del Consejero de Presidencia y Justicia o, si se trata de alg鷑 Consejero, del Gobierno de la Comunidad Aut髇oma. Asimismo, la cuant韆 de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigaci髇 no podr en ning鷑 supuesto exceder del treinta por ciento de la correspondiente a su alto cargo.
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DISPOSICI覰 FINAL TERCERA Desarrollo normativo

El Consejo de Gobierno dictar las disposiciones necesarias en desarrollo de la presente Ley.

DISPOSICI覰 FINAL CUARTA Entrada en vigor

La presente Ley entrar en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de Cantabria.