Atención norma derogada, ver regulación posterior

Orden IND/37/2006, de 19 de abril, por la que se establece la obligación de legalizar todas las instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo de la actividad de los establecimientos industriales como requisito previo para la entrega del certificado de instalación eléctrica de baja tensión diligenciado

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Sumario

LE0000707376_20210917Orden IND/37/2006, 19 abril, derogada por la disposición derogatoria segunda de la Orden IND/50/2021, de 7 de septiembre, por la que se regulan las hojas de reclamaciones en las relaciones de consumo sobre prestación de servicios de Inspección Técnica de Vehículos en la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 16 septiembre) el 17 de septiembre de 2021.

El artículo 4.1 de la Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria, reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de industrias, con las excepciones previstas en el apartado 2 de este artículo, lo que significa que las actividades industriales no están sujetas al régimen de autorización administrativa. Se consideran industrias las actividades incluidas en el artículo 3 de la citada Ley, así como las que figuran en el artículo 4 del Real Decreto 697/95, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del registro de establecimientos industriales de ámbito estatal.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 2135/80, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial, para la puesta en funcionamiento de las industrias bastará con la presentación del certificado final de obra que ponga de manifiesto la adaptación de la obra al/a los proyecto/s presentado/s y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que en su caso correspondan. Asimismo, en su artículo 2.III, se señala que el Ministerio de Industria y Energía -actualmente debe entenderse la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico (en adelante, Consejería de Industria)-, establecerá los requisitos que debe contener la referida certificación, a los efectos de acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las reglamentaciones técnicas que sean de aplicación.

El artículo 12.3 de la Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria, establece que los reglamentos de seguridad podrán condicionar el funcionamiento de determinadas instalaciones y la utilización de determinados productos a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias, en los términos que las mismas establezcan. Por su parte, el apartado 5 de ese mismo artículo determina que los Reglamentos de Seguridad Industrial se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas con competencia legislativa sobre industria puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio. Se entiende por instalación industrial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de Industria, el conjunto de aparatos, equipos, elementos y componentes asociados a las actividades definidas en el artículo 3.1 de dicha Ley.

La seguridad industrial es uno de los objetivos de la Ley de Industria según su artículo 9, y tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. A la Dirección General de Industria de esta Consejería le corresponde velar por el cumplimiento de este objetivo, estrictamente, dentro del ámbito de sus competencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 12 de la misma Ley, los reglamentos de seguridad establecerán las prescripciones técnicas y de seguridad de las instalaciones incluidas en las industrias.

Las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas, conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, vienen reguladas por el Real Decreto 842/02, de 2 de agosto (en adelante, REBT'02). En su ITC-BT 04, se determina el procedimiento administrativo para la tramitación y la documentación técnica que debe presentarse ante la Administración para la puesta en servicio de las mismas. En este sentido, bastará que el titular de la instalación entregue a la empresa distribuidora el correspondiente ejemplar del certificado de instalación, según modelo normalizado, debidamente cumplimentado y diligenciado por el órgano competente de la Administración, solicitando el suministro de energía. La contratación de este servicio permitirá a las industrias el funcionamiento de todos los aparatos, equipos, elementos y componentes asociados a las mismas y, consecuentemente también, desarrollar sus actividades, las cuales deben cumplir lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 21/92 precitada. En estas circunstancias, si el titular de una industria, previamente, no justifica que el resto de las instalaciones industriales que la integran, además de la instalación eléctrica, cumple la normativa técnica que les sea de aplicación, no se garantizará la inexistencia de riesgos para las personas y bienes. Por tanto, razones de seguridad aconsejan deba supeditarse la puesta en marcha de las instalaciones eléctricas de baja tensión o, lo que es lo mismo, el suministro de energía, a la legalización del resto de las instalaciones, sin excepción, que forman parte de las industrias.

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, atribuye a esta Comunidad Autónoma en su artículo 24.30 competencia exclusiva en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear. El Decreto 1903/1996, de 2 de agosto, estableció el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de industria, energía y minas y el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, reguló el ejercicio de las competencias transferidas en dichas materias. En su virtud,

DISPONGO