Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 49.1 del Estatuto de Autonom韆, vengo a promulgar la siguiente ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

La desigualdad de g閚ero supone una de las principales barreras en el desarrollo social, pol韙ico y econ髆ico de todas las sociedades. Las especiales circunstancias hist髍icas y las caracter韘ticas estructurales de Extremadura han condicionado el ejercicio de los derechos de ciudadan韆 de las mujeres extreme馻s, y la superaci髇 de un modelo androc閚trico y sexista de relaci髇 entre los sexos.

La superaci髇 de esta desigualdad por raz髇 de g閚ero ha sido impulsada de manera extraordinaria y ha producido profundos cambios sociales, gracias a la aportaci髇 fundamental de los movimientos feministas y de las mujeres y el esfuerzo de todas las personas que desde el anonimato han trabajado en favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la plena efectividad de la igualdad material necesita a鷑 del esfuerzo de los poderes p鷅licos.

Esta ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de G閚ero en Extremadura aspira a conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, as� como erradicar la violencia de g閚ero. El principio de igualdad entre mujeres y hombres, as� como la expresa prohibici髇 de cualquier tipo de discriminaci髇 por raz髇 de sexo y el derecho a la atenci髇 integral de las v韈timas de violencia de g閚ero est醤 recogidos en diferentes normas jur韉icas.

II

En el plano internacional, la Organizaci髇 de las Naciones Unidas realiz� en 1967 la Declaraci髇 sobre la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer. A ella siguieron diversos instrumentos. En concreto, la Convenci髇 para la Eliminaci髇 de todas las Formas de Discriminaci髇 contra la Mujer de 1979, en la que se declara que vulnera los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando la plena participaci髇 de las mujeres en la vida pol韙ica, social, econ髆ica y cultural. Junto a la citada Convenci髇, destaca la instauraci髇 del Comit� para la Eliminaci髇 de la Discriminaci髇 contra la Mujer que tiene como funci髇 vigilar su aplicaci髇 por los Estados que la han suscrito, entre ellos, Espa馻.

Las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las pol韙icas de igualdad entre mujeres y hombres, la transversalidad de g閚ero y la representaci髇 equilibrada, se han establecido en las cuatro Conferencias Mundiales sobre las Mujeres celebradas en el marco de la Organizaci髇 de las Naciones Unidas, que han contribuido a reconocer la causa de la igualdad de g閚ero como una de las preocupaciones esenciales de la acci髇 de gobierno y uno de los asuntos m醩 acuciantes del debate social.

III

La b鷖queda de la igualdad formal y material entre mujeres y hombres constituye una piedra angular del Derecho internacional de los derechos humanos. Conclusi髇 que resulta avalada tambi閚 en el 醡bito del Derecho comunitario, en el que la modificaci髇 reciente del Tratado de la Uni髇 Europea por el Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, ha dotado de mayor relieve a la promoci髇 de la igualdad entre hombres y mujeres, en especial a trav閟 de la regulaci髇 de la igualdad en la Carta de derechos fundamentales de la Uni髇 Europea, jur韉icamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado.

A la definici髇 de un objetivo transversal para todas las actividades comunitarias, consistente en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad, que ya figuraba en el art韈ulo 3.2, del Tratado, se a馻de un nuevo art韈ulo 1 bis. De acuerdo con este nuevo precepto, la Uni髇 Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minor韆s. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminaci髇, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. La inclusi髇 de la igualdad en este cuadro de valores fundamentales tiene como correlato la asunci髇 de un compromiso de fomento de la misma en el segundo p醨rafo del nuevo art韈ulo 2.3 del Tratado de la Uni髇 Europea.

Numerosas directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones contienen disposiciones relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y configuran un apreciable conjunto normativo. En 閘 destacan las normas comunitarias espec韋icas: la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formaci髇 y a la promoci髇 profesionales y a las condiciones de trabajo, la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicaci髇 del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres. Igualmente se han desarrollado diferentes programas de acci髇 comunitaria para la igualdad de oportunidades en asuntos de empleo y ocupaci髇. El acervo comunitario se completa con la valiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

IV

La igualdad que el art韈ulo 1.1 de la Constituci髇 Espa駉la proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jur韉ico se traduce no s髄o en la de car醕ter formal contemplada en el art韈ulo 14 y que, en principio, parece implicar 鷑icamente un deber de abstenci髇 en la generaci髇 de diferenciaciones arbitrarias, sino tambi閚 en la igualdad de 韓dole sustancial. 蓅ta se recoge expresamente en el art韈ulo 9.2, que obliga a los poderes p鷅licos a promover las condiciones para que la igualdad de las personas y de los grupos sea real y efectiva.

La igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jur韉ico es inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento reviste y tambi閚 a la de Estado de Derecho. Dicho de otro modo, el art韈ulo 9.2 de la Constituci髇 Espa駉la expresa la voluntad de alcanzar no s髄o la igualdad formal sino tambi閚 la igualdad sustantiva. En la Constituci髇 se reconoce que 鷑icamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realizaci髇 efectiva del libre desarrollo de la personalidad. Por ello, completa la vertiente negativa de proscripci髇 de acciones discriminatorias, con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material.

La incorporaci髇 de esa perspectiva es propia de la caracterizaci髇 del Estado como social y democr醫ico de Derecho con la que se abre el articulado de nuestra Constituci髇. Caracterizaci髇 que trasciende a todo el orden jur韉ico y a la que se debe reconocer pleno sentido y virtualidad.

La Ley Org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, incorpora sustanciales modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real de mujeres y hombres y en el ejercicio pleno de los derechos e implementa medidas transversales que inciden en todos los 髍denes de la vida pol韙ica, jur韉ica y social, a fin de erradicar las discriminaciones contra las mujeres. Esta ley, cuya constitucionalidad ha confirmado el Tribunal Constitucional, contiene un importante elenco de disposiciones de car醕ter b醩ico. Ello faculta a las Comunidades Aut髇omas para regular y desarrollar, en el marco de sus competencias, los derechos reconocidos en la ley Org醤ica para la Igualdad.

V

La configuraci髇 constitucional del Estado auton髆ico supone que son diversos los poderes p鷅licos que tienen que proyectar y desarrollar pol韙icas de promoci髇 de la igualdad de oportunidades.

La Comunidad Aut髇oma de Extremadura asume en el Estatuto de Autonom韆 un fuerte compromiso en esa direcci髇, cuando en su art韈ulo 7 recoge la plena y efectiva igualdad de las mujeres en todos los 醡bitos de la vida p鷅lica, familiar, social, laboral, econ髆ica y cultural entre los principios rectores de los poderes p鷅licos extreme駉s. Objetivo considerado irrenunciable, que informar� todas las pol韙icas regionales y la pr醕tica de las instituciones, para cuyo logro, los poderes p鷅licos de Extremadura se comprometen a establecer las medidas de acci髇 positiva que resulten necesarias a fin de remover los obst醕ulos que impidan o dificulten la igualdad real y sustantiva de mujeres y hombres.

VI

En Extremadura, la incorporaci髇 a todas las pol韙icas p鷅licas de la perspectiva de igualdad de g閚ero cuenta con un largo recorrido. As�, la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura instaura los Servicios Sociales Especializados que, entre otras 醨eas atienden a las distintas problem醫icas de las mujeres. La Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura acoge entre sus principios b醩icos la promoci髇 de la actividad f韘ica y deportiva de las mujeres, en todos sus niveles, a fin de conseguir la efectiva e igual integraci髇 de la misma en la pr醕tica deportiva. La Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de Consumidores de Extremadura, entre los Colectivos de especial protecci髇 objeto de actuaciones espec韋icas, reconoce a las mujeres gestantes. Cabe destacar asimismo la Ley 11/2001, de 10 de octubre, de Creaci髇 del Instituto de la Mujer de Extremadura. Por su parte, la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en la regulaci髇 del procedimiento de elaboraci髇 de disposiciones de car醕ter general, introduce la necesidad de incluir un informe de impacto de g閚ero del contenido de estas disposiciones. La Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperaci髇 para el Desarrollo de Extremadura contempla entre las 醨eas preferentes de actuaci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura en los pa韘es receptores de la cooperaci髇 para el desarrollo, la promoci髇 de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la participaci髇 e integraci髇 social de las mujeres y la atenci髇 a la familia y a la infancia. La Ley 3/2005, de 8 de julio, de Informaci髇 Sanitaria y Autonom韆 del Paciente de Extremadura, establece que se vigilar� especialmente que, durante el proceso de parto, sea efectivo el derecho de todas las mujeres a que se facilite el acceso al padre o de otra persona designada por ella, salvo cuando las circunstancias cl韓icas no lo aconsejen. La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa P鷅lica 獵orporaci髇 Extreme馻 de Medios Audiovisuales� determina que la actividad de los medios de comunicaci髇 social gestionados por la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura se inspirar� en los principios de promoci髇 de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, as� como en el fomento de la protecci髇 y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres. Y sienta que, en el ejercicio de su funci髇 de servicio p鷅lico, la Empresa P鷅lica 獵orporaci髇 Extreme馻 de Medios Audiovisuales� deber� promover el respeto a la dignidad humana y, especialmente, la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminaci髇 por motivos de nacimiento, raza, ideolog韆, religi髇, sexo u orientaci髇 sexual o cualquier otra circunstancia personal o social. Por su parte, el Consejo de Administraci髇 se conforma teniendo en cuenta criterios de pluralismo y representatividad pol韙ica, as� como la composici髇 equilibrada entre hombres y mujeres. La Ley 2/2009, de 2 de marzo, para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo Local, fija la condici髇 de mujer como criterio de preferencia a los efectos de establecer las personas destinatarias del Plan.

Adem醩, el Gobierno extreme駉 ha aprobado y desarrollado tres planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en Extremadura que extienden el objetivo de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a todos los 醡bitos de la vida p鷅lica.

VII

Con fecha 22 de abril de 2010 la Asamblea de Extremadura aprob� el Pacto Social y Pol韙ico de Reformas de Extremadura, firmado por la Junta de Extremadura y los agentes sociales y econ髆icos de nuestra regi髇, que propone la incorporaci髇 al sistema normativo de una ley de Igualdad que permita plantear nuevas pol韙icas, dise馻r nuevas estrategias y habilitar nuevos servicios, desarrollando as� un trabajo m醩 ajustado a las demandas y necesidades reales de la ciudadan韆 de Extremadura.

Los pasos ya dados justifican que la Comunidad Aut髇oma de Extremadura quiera dotarse, a trav閟 de esta ley, con instrumentos de variada naturaleza y desarrollos eficaces que sirvan al prop髎ito com鷑 de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y democr醫ica en la que las mujeres y los hombres tengan, realmente, los mismos derechos y oportunidades.

En este sentido, el objetivo principal de la presente ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de G閚ero en Extremadura es garantizar la vinculaci髇 de los poderes p鷅licos y el cumplimiento de la transversalidad, como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias auton髆icas en clave de g閚ero, reconociendo y combatiendo los diferentes tipos de discriminaci髇 y desventajas fruto de la combinaci髇 de desigualdades. Asimismo la presente ley tiene una triple orientaci髇: la prevenci髇 de las conductas discriminatorias, la tutela de la igualdad mediante la sanci髇 de las conductas discriminatorias y la promoci髇 de la igualdad mediante la previsi髇 de pol韙icas activas que la hagan real y efectiva en cualquier 醡bito. Pretende abordar las formas en las que el sexo, la raza, la condici髇 sexual, la educaci髇, la posici髇 econ髆ica, etc. crean inequidades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres, estableciendo acciones, desarrollando programas y mejorando los servicios que deben conducir a la igualdad sustantiva de las mujeres con independencia de su edad, recursos econ髆icos y entorno en el que viven.

Acorde con el consenso que debe presidir cualquier actuaci髇 de los poderes p鷅licos en el 醡bito de la promoci髇 de la igualdad sustantiva, la interlocuci髇 con los agentes sociales y la colaboraci髇 con las asociaciones comprometidas con la defensa de la igualdad, presidir� todas las actuaciones de Extremadura, singularmente en aquellas materias en que la Comunidad Aut髇oma no ostenta la competencia exclusiva.

VIII

La violencia contra las mujeres es la m醲ima expresi髇 de la desigualdad entre hombres y mujeres. La misma ha sido objeto de inter閟 de la agenda pol韙ica y la normativa internacional y europea. As� son destacables en esta materia la Convenci髇 sobre la Eliminaci髇 de todas formas de Violencia que se ejerce sobre las Mujeres de 1979, la Declaraci髇 de Naciones Unidas sobre Eliminaci髇 de la Violencia sobre la Mujer de la Asamblea General de 1993, las Resoluciones de la Cumbres Internacionales sobre las Mujeres, y especialmente de la celebrada en Pek韓 en 1995, la Resoluci髇 WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como un problema prioritario de salud p鷅lica proclamada en 1996 por la Organizaci髇 Mundial de la Salud, el Informe del Parlamento Europeo de 1997, la Resoluci髇 de la Comisi髇 de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997 y la Declaraci髇 de 1999 como A駉 Europeo contra la Violencia de G閚ero. Por otra parte, a trav閟 de las Decisiones n.� 293/2000/CE, n.� 803/2004/CE y n.� 779/2007/CE, por las que se establece el programa DAPHNE espec韋ico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre menores, j髒enes y mujeres y proteger a las v韈timas y grupos de riesgo, la Uni髇 Europea ha fijado su posici髇 y estrategia respecto a la violencia de g閚ero.

Si bien es cierto que las manifestaciones de la violencia contra las mujeres son diversas, la violencia de g閚ero que se produce en el contexto de las relaciones de pareja constituye un motivo de especial preocupaci髇 para la Junta de Extremadura, por diversos motivos: en primer lugar, por la especial incidencia que la misma tiene sobre el bienestar y salud de las mujeres, llegando en los casos m醩 extremos al resultado de muerte; en segundo lugar, por la creciente sensibilizaci髇 ciudadana respecto a la gravedad de la misma; y en tercer lugar, por producirse en el contexto que a priori debe caracterizarse por el m醲imo respeto, una afectividad saludable y el apoyo entre las partes. En este sentido, la normativa estatal tambi閚 ha prestado una especial atenci髇 a este tipo de violencia contra las mujeres. As�, en el 醡bito estatal, es necesario se馻lar los avances producidos a trav閟 de la Ley Org醤ica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia dom閟tica e integraci髇 social de los extranjeros, la Ley Org醤ica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modific� la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protecci髇 de v韈timas de la violencia dom閟tica. Pero, sin duda, el impulso definitivo para que los poderes p鷅licos den una respuesta global a la violencia de g閚ero ha venido dado por la aprobaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero. Esta ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales y asistenciales, como la normativa civil que incide en el 醡bito familiar o la convivencia donde principalmente se producen las agresiones, el principio de subsidiariedad en las Administraciones P鷅licas, as� como la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia de g閚ero.

Erradicar la violencia de g閚ero requiere, no s髄o la atenci髇 y protecci髇 cuando se ha producido, sino tambi閚 prevenirla con soluciones cuando los 韓dices pr髕imos a esa grave situaci髇 se comienzan a vislumbrar. Una Administraci髇 eficaz debe evitar, en la medida de lo posible, la producci髇 de situaciones de violencia y ello s髄o puede producirse actuando cuando ciertas conductas hagan prever la posible realizaci髇 de esas futuras conductas violentas, o m醩 violentas que las ya producidas. Ello implica una detecci髇 precoz del problema que requiere de la implicaci髇 social; en especial, de determinados colectivos profesionales que, por sus funciones, conocen de primera mano esas situaciones en los 醡bitos sanitario, educativo y policial. Y, especialmente, se requiere un n韙ido compromiso para la atenci髇 a las v韈timas de violencia de g閚ero. Una atenci髇 que debe ser integral, garantizando asistencia y asesoramiento jur韉ico, asistencia sanitaria, incluyendo la atenci髇 psicol骻ica especializada, y medidas sociales, econ髆icas y laborales.

La erradicaci髇 de la violencia de g閚ero y la remoci髇 de las estructuras sociales y los estereotipos culturales que la perpet鷄n, con la finalidad de reconocer y garantizar plenamente el derecho inalienable de todas las mujeres a desarrollar su propia vida, sin ser sometidas a ninguna de las formas en que esta violencia pueda manifestarse, constituye uno de los objetivos fundamentales de esta ley. El car醕ter integral y multidisciplinar de las medidas contra la violencia de g閚ero, as� como el enfoque multicausal de esta violencia, toma en consideraci髇 el da駉 inferido a las mujeres y a los y las menores, partiendo de la consideraci髇 de los mismos como v韈timas de la violencia de g閚ero. De este modo, se ampl韆 el espectro de atenci髇 a otros aspectos, como son los da駉s econ髆icos, sociales y el efecto en el 醡bito de la comunidad.

Entre otras medidas, en la presente ley se contiene un cat醠ogo de derechos de las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero y de sus hijos e hijas, complementario de los derechos constitucionalmente reconocidos. La ley aspira a evitar la victimizaci髇 secundaria de las mujeres, estableciendo medidas que impidan la reproducci髇 o la perpetuaci髇 de los estereotipos sobre las mujeres y la violencia de g閚ero. Asume el compromiso activo de los poderes p鷅licos para garantizar la privacidad de los datos personales de las mujeres en situaci髇 de violencia, as� como de las dem醩 personas implicadas o de los testigos, de acuerdo con la legislaci髇 aplicable.

En esta ley se contemplan los instrumentos necesarios para prevenir y erradicar la violencia de g閚ero, dotados de eficacia y exigibilidad, asegurando la gratuidad en el acceso a los servicios p鷅licos que al efecto se establezcan. Igualmente, se crea la red de atenci髇 y recuperaci髇 integral para las mujeres y menores que sufren violencia de g閚ero, formada por un conjunto de recursos y servicios p鷅licos para la atenci髇, asistencia, protecci髇 y recuperaci髇. Al tiempo, se asegura la especializaci髇 de todos los colectivos profesionales que intervienen en la atenci髇, asistencia, protecci髇, recuperaci髇 y reparaci髇 destinadas a las mujeres y dem醩 v韈timas de violencia de g閚ero.

IX

La ley contiene 106 art韈ulos y se estructura en un T韙ulo Preliminar, seis T韙ulos, dos disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y dos disposiciones finales.

El T韙ulo Preliminar establece los conceptos esenciales en materia de igualdad de g閚ero y los principios generales que han de presidir la actuaci髇 de los poderes p鷅licos en relaci髇 con la igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad que esta ley promueve es una igualdad en sentido amplio, referida no solo a las condiciones de partida en el acceso a los derechos, al poder y a los recursos y beneficios econ髆icos y sociales, sino tambi閚 a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aqu閘los. Asimismo, es una igualdad respetuosa con la diversidad e integradora de las especificidades de mujeres y hombres, que corrija la tendencia actual a la imposici髇 y generalizaci髇 del modelo masculino. Se trata, en suma, de que mujeres y hombres sean iguales en la diferencia. Se pretende as� evitar la comparaci髇 sin m醩 entre la situaci髇 de las mujeres y de los hombres, que muchas veces plantea impl韈itamente una jerarqu韆 en la que la situaci髇 de los hombres es la deseable y a la que las mujeres han de amoldarse renunciando a sus valores, deseos y aspiraciones.

Los poderes p鷅licos de Extremadura, para lograr las finalidades establecidas en esta ley asumen el compromiso con la efectividad del derecho de no discriminaci髇 de las mujeres. Consideran el car醕ter estructural y la naturaleza multidimensional de la violencia de g閚ero, en especial en cuanto a la implicaci髇 de todos los sistemas de atenci髇 y recuperaci髇. Adoptan medidas de car醕ter integral, que tienen en cuenta todos los da駉s que las mujeres, los menores y las menores sufren como consecuencia de la violencia de g閚ero, tambi閚 los da駉s sociales y econ髆icos y los efectos de esta violencia en la comunidad.

El T韙ulo I regula las competencias, funciones, la organizaci髇 institucional, la coordinaci髇 entre las Administraciones P鷅licas de Extremadura y la financiaci髇. Las competencias y funciones se establecen en el Cap韙ulo I. El Cap韙ulo II regula la organizaci髇 institucional, la cooperaci髇, coordinaci髇 y consulta entre las administraciones p鷅licas de Extremadura e instaura los 髍ganos para asegurar los objetivos de la ley. Se trata de la Comisi髇 Interinstitucional para la Igualdad, la Comisi髇 Interdepartamental para la Igualdad, el Observatorio de la Igualdad, el Consejo Extreme駉 de Participaci髇 de las Mujeres, la Comisi髇 de Impacto de G閚ero en los presupuestos y la Comisi髇 Permanente para la Prevenci髇 y Erradicaci髇 de la Violencia de G閚ero. Por su parte, el Cap韙ulo III regula el compromiso anual de financiaci髇 para el ejercicio de las funciones y la ejecuci髇 de las medidas previstas en la ley.

La integraci髇 de la perspectiva de g閚ero en las pol韙icas p鷅licas se contempla en el T韙ulo II, que consta de dos Cap韙ulos. El primero regula las medidas para la integraci髇 de la perspectiva de g閚ero en las pol韙icas p鷅licas, partiendo de la noci髇 de transversalidad, mediante acciones concretas como la evaluaci髇 del impacto de g閚ero, los planes estrat間icos y las estad韘ticas e investigaciones con perspectiva de g閚ero. Por su parte, el Cap韙ulo II compromete la promoci髇 de la igualdad de g閚ero por la Junta de Extremadura en la representaci髇 equilibrada de los 髍ganos directivos y colegiados, la contrataci髇 p鷅lica, las ayudas y subvenciones y otras medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de g閚ero.

El T韙ulo III est� dedicado a la acci髇 positiva en diferentes 醡bitos, que se estructura en siete Cap韙ulos. As� el Cap韙ulo I incorpora los desarrollos necesarios para la igualdad efectiva en la educaci髇, subrayando que la Administraci髇 educativa debe ser motor de cambio y sensibilizaci髇 en la promoci髇 de la igualdad de g閚ero y en la prevenci髇 y erradicaci髇 de la violencia de g閚ero. El Cap韙ulo II se dedica a las pol韙icas de igualdad en el empleo, enuncia compromisos en el sector p鷅lico y en el sector privado. El Cap韙ulo III contempla la promoci髇 de la conciliaci髇 de la vida personal, laboral y familiar. Por su parte, los Cap韙ulos IV, V, VI y VII establecen diferentes medidas para la protecci髇 de la salud y el bienestar social, la atenci髇 de las mujeres, la participaci髇 social y pol韙ica y la imagen y medios de comunicaci髇.

El T韙ulo IV se centra en las medidas de prevenci髇 de la violencia de g閚ero y en la atenci髇 y protecci髇 a las v韈timas de la misma. Dividido en cinco Cap韙ulos, el primero contiene las disposiciones generales y las competencias propias de la Comunidad Aut髇oma. En el Cap韙ulo II se regulan los derechos de las mujeres en situaciones de violencia de g閚ero respecto a la atenci髇 integral y efectiva. El Cap韙ulo III regula la organizaci髇 institucional, poniendo en valor las estructuras existentes con su actualizaci髇 y refuerzo para combatir la violencia de g閚ero en Extremadura. Por su parte, el Cap韙ulo IV regula la red de atenci髇 a las v韈timas de violencia de g閚ero. Por 鷏timo el Cap韙ulo V se ocupa de las herramientas y criterios de actuaci髇 que son necesarias para la adecuada intervenci髇 integral contra la violencia de g閚ero.

El T韙ulo V contempla las garant韆s espec韋icas para la igualdad de g閚ero.

El T韙ulo VI regula el r間imen de infracciones y sanciones.