Sumario

Ley [GALICIA] 12/1984, 28 diciembre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [GALICIA] 2/2012, 28 marzo, gallega de protecci�n general de las personas consumidoras y usuarias (�D.O.G.� 11 abril) el 1 de mayo de 2012.

Pre�mbulo

La preocupaci�n del legislador por alcanzar una adecuada defensa y protecci�n jur�dica del consumidor y usuario surgi�, fundamentalmente, a partir de la d�cada de los a�os sesenta como una necesidad ineludible para mejorar la posici�n de indefensi�n en que se encuentran amplios sectores de poblaci�n con el desarrollo de la moderna �sociedad de consumo�.

Hay que subrayar que el desarrollo de las t�cnicas de venta en el mercado impuls� un cambio de perspectiva en las relaciones entre empresarios y clientela, de tal modo que el consumidor o usuario suele verse constringido a contratar en situaci�n de desigualdad que entorpece el libre ejercicio de la autonom�a de la voluntad. Asimismo, el gran n�mero de productores y servicios que existe en el mercado para satisfacer las mismas necesidades la complejidad t�cnica de muchos de ellos, y la contrataci�n en masa conduce a una falta de transparencia que dificulta la orientaci�n del consumidor, contribuyendo tambi�n a esta situaci�n, el uso ciertamente frecuente de mensajes publicitarios que tratan �nicamente de influir en el consumidor o usuario, de una forma sugestiva o insistente, para que adquiera o solicite determinado producto o servicio dotado de una marca, pero no informan correctamente sobre sus caracter�sticas fundamentales. La clarificaci�n de tales situaciones no s�lo redundar� en beneficio de los consumidores, sino tambi�n de los fabricantes e intermediarios de la cadena de distribuci�n, al garantizarse a aqu�llos la sanidad y calidad de los productos puestos a su disposici�n en el mercado, y proteger a �stos contra las manipulaciones o usos indebidos de sus productos.

As� las cosas, y dentro de la tendencia actual a la creciente penetraci�n de las ideas sociales en el campo general de los consumidores, no es solamente, ni siquiera de una forma primordial un inter�s privado que colisiona con el inter�s privado de las Empresas, sino un inter�s p�blico en general que los poderes p�blicos deben proteger y tutelar.

Se intent� encubrir la situaci�n de indefensi�n de los consumidores y usuarios por dos v�as, que no excluyen entre s�, sino que se complementan de una forma eficaz. De una parte, los poderes p�blicos procuran apoyar las iniciativas de los consumidores y usuarios en orden a crear sus propias Organizaciones o Asociaciones en defensa de sus intereses; y de otra, surgi� una nueva disciplina jur�dica, bajo el nombre de Derecho del Consumo o Derecho de los Consumidores, que d�a a d�a va cobrando un mayor desarrollo tanto en las legislaciones nacionales como en el marco supranacional.

Debe advertirse, sin embargo, que la adecuada formaci�n de un Derecho de los Consumidores se ve interferida por la existencia de una variada normativa civil, mercantil, penal y procesal, que no se ajusta f�cilmente a los principios que deben informar esta nueva disciplina jur�dica; de ah� que el reto que se plantea al legislador sea el de introducir las necesarias correcciones en esta normativa com�n que posibiliten una eficaz defensa y protecci�n jur�dica de los intereses de los consumidores y usuarios.

En este sentido, y en el plano supranacional, hay que se�alar la carta de Protecci�n del Consumidor del Consejo de Europa, y el Programa Preliminar de la Comunidad Econ�mica Europea para una pol�tica de protecci�n e informaci�n a los consumidores, que constituyen un encomiable intento de configurar un cat�logo de derechos de los consumidores y usuarios, as� como de presentar unas recomendaciones a los pa�ses miembros, dirigidas a conseguir una armonizaci�n legislativa en este campo.

Entre los derechos de los consumidores y usuarios, que se han ido consolidando, se puede establecer, de una forma general, una clasificaci�n fundamental: Los derechos substantivos, que se concretan en los derechos a la salud y seguridad f�sica de los consumidores y usuarios, el derecho a la protecci�n de sus leg�timos intereses econ�micos y sociales, y el derecho a una eficaz protecci�n jur�dica, administrativa y t�cnica y a una adecuada reparaci�n de da�os y perjuicios; y los de car�cter instrumental, que constituyen un presupuesto ineludible para el eficaz ejercicio de los derechos substantivos, pudiendo se�alar como tales: El derecho a la informaci�n y a la educaci�n como consumidores y usuarios, y el derecho de representaci�n a trav�s de las Asociaciones y Organizaciones de consumidores y usuarios, y el de que �stas sean consultadas en las materias que les afecten.

Finalmente, y en atenci�n a que no debe acogerse a un concepto uniforme del consumidor o usuario, suelen establecerse medidas de protecci�n especial en relaci�n con aquellas personas que se encuentren en especiales circunstancias de indefensi�n inferioridad o subordinaci�n, como es el caso de los ni�os, mujeres en estado de gestaci�n, ancianos y minusv�lidos.

En esta corriente se inscribe la vigente Constituci�n Espa�ola de 1978, que en el art�culo 51 reconoce expresamente que los poderes p�blicos garantizar�n la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg�timos intereses econ�micos y sociales de los mismos; asimismo, promover�n la informaci�n y la educaci�n de los consumidores y usuarios, fomentar�n sus organizaciones y consultar�n a �stas en las cuestiones que les afecten.

Por lo dem�s, se debe subrayar que, conforme con lo previsto en el art�culo 53 de la Constituci�n, el reconocimiento, respeto y protecci�n de los principios recogidos en el cap�tulo III, y, en particular, los que menciona el art�culo 51, informar�n la legislaci�n positiva, la pr�ctica judicial y la actuaci�n de los poderes p�blicos.

Consciente la Xunta de Galicia de esta problem�tica, y al fin de dotar a los consumidores y usuarios de un amparo legal para la defensa de sus intereses, y disponiendo la Comunidad Aut�noma Gallega de competencias exclusivas en esta materia, en virtud del art�culo 30, apartado I, p�rrafo cuarto, del Estatuto de Autonom�a, se formula la presente Ley del Estatuto Gallego del Consumidor y Usuario, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por el respeto a las normas de aplicaci�n general y las referentes a la pol�tica general de precios y las que constituyen la legislaci�n sobre defensa de la competencia, y a los principios constitucionales de la libertad de Empresa, en el marco de la econom�a de mercado y de la libre circulaci�n de bienes en el territorio del Estado.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13,2, del Estatuto de Galicia y con el art�culo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, vengo en promulgar, en nombre del Rey, la Ley del Estatuto Gallego del Consumidor y Usuario.