LEY 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• I.燛xposici髇 de motivos
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto
  • Art韈ulo 2燫elaci髇 de consumo
  • Art韈ulo 3燙oncepto de consumidor
  • Art韈ulo 4燙oncepto de empresa
  • Art韈ulo 5燙ar醕ter de las administraciones p鷅licas
  • Art韈ulo 6犃mbito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 7燙olectivos de protecci髇 especial
  • Art韈ulo 8燬ituaciones de especial protecci髇
  • Art韈ulo 9燙骴igos de buenas pr醕ticas
• T蚑ULO I.�Derechos de los consumidores
  • CAP蚑ULO I.�Derechos de los consumidores
    • Art韈ulo 10燚erechos de los consumidores
    • Art韈ulo 11燚erechos b醩icos de los consumidores
    • Art韈ulo 12營nterpretaci髇 a favor del consumidor
    • Art韈ulo 13營rrenunciabilidad de derechos
    • Art韈ulo 14燚eber de diligencia
  • CAP蚑ULO II.�Protecci髇 de la seguridad y salud de los consumidores
    • Art韈ulo 15燚eber general de seguridad
    • Art韈ulo 16燚eber de informaci髇 a los consumidores sobre los riesgos de los bienes y servicios
    • Art韈ulo 17燘ienes destinados de forma exclusiva para uso profesional
    • Art韈ulo 18燨bligaciones de las empresas en materia de seguridad de los consumidores
    • Art韈ulo 19燫esponsabilidades de las empresas en materia de documentaci髇
    • Art韈ulo 20燨bligaci髇 de comunicaci髇 de accidentes
    • Art韈ulo 21燫ed de Alerta Gallega de Productos de Consumo
    • Art韈ulo 22燗ctuaciones administrativas en materia de seguridad de los consumidores
  • CAP蚑ULO III.�Protecci髇 de los leg韙imos intereses econ髆icos de los consumidores e informaci髇 sobre los diferentes bienes, productos y servicios
    • Art韈ulo 23營nformaci髇 previa de las empresas prestadoras de servicios
    • Art韈ulo 24燙ontraprestaci髇
    • Art韈ulo 25營nformaci髇 del precio o contraprestaci髇
    • Art韈ulo 26營nformaci髇 y marcado de precios en los establecimientos
    • Art韈ulo 27燨ferta, promoci髇 y publicidad
    • Art韈ulo 28燙onstancia de las condiciones de las ofertas
    • Art韈ulo 29燩resupuesto
    • Art韈ulo 30燫esguardo de dep髎ito
    • Art韈ulo 31燚ocumento justificativo de la relaci髇 de consumo
    • Art韈ulo 32燫eclamaciones de los consumidores
    • Art韈ulo 33燬ervicios de atenci髇 al consumidor
    • Art韈ulo 34營nformaci髇 telef髇ica y telem醫ica a las personas consumidoras
    • Art韈ulo 35燬ervicios b醩icos de inter閟 general
    • Art韈ulo 36燤anifestaciones o alegaciones de empresas
    • Art韈ulo 37燤anifestaci髇 de morosidad
    • Art韈ulo 38燙l醬sulas abusivas
    • Art韈ulo 39營magen de una empresa
  • CAP蚑ULO IV.�Reparaci髇 e indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios sufridos por los consumidores
    • Art韈ulo 40營ndemnizaci髇 y reparaci髇 de da駉s
  • CAP蚑ULO V.�Protecci髇 jur韉ica, administrativa y t閏nica
    • Art韈ulo 41燗dministraci髇 electr髇ica
    • Art韈ulo 42燜ormas extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos
    • Art韈ulo 43燛l arbitraje
    • Art韈ulo 44燣a mediaci髇
  • CAP蚑ULO VI.�Idioma
    • Art韈ulo 45營dioma en las relaciones con la administraci髇
    • Art韈ulo 46燚erechos lingsticos de los consumidores
  • CAP蚑ULO VII.�Formaci髇, educaci髇 y divulgaci髇 en materia de derechos de los consumidores
    • Art韈ulo 47燛ducaci髇 y formaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 48燗ctuaci髇 administrativa
    • Art韈ulo 49燩lanes y programas
    • Art韈ulo 50燙olaboraci髇 y cooperaci髇
    • Art韈ulo 51燚ivulgaci髇 en materia de consumo
  • CAP蚑ULO VIII.�Audiencia, consulta y representaci髇 de los consumidores
    • Art韈ulo 52燗udiencia, consulta y representaci髇 de los consumidores
    • Art韈ulo 53燣as organizaciones de consumidores
    • Art韈ulo 54犛rgano representativo de las organizaciones de consumidores
• T蚑ULO II.�Actuaciones administrativas en materia de consumo y coordinaci髇 de las competencias de las administraciones p鷅licas
  • CAP蚑ULO I.�Control y vigilancia de los productos, bienes y servicios
    • Art韈ulo 55燗ctuaci髇 de las administraciones p鷅licas de Galicia en la protecci髇 de los derechos de los consumidores
    • Art韈ulo 56燰igilancia del mercado
    • Art韈ulo 56 bis燫eclamaci髇 de costes derivados del control de la vigilancia del mercado en caso de incumplimiento
    • Art韈ulo 57燗dvertencias y requerimientos
    • Art韈ulo 58燩lan anual de vigilancia del mercado
    • Art韈ulo 59燣a Inspecci髇 de Consumo de la Xunta de Galicia
    • Art韈ulo 60燗ctuaci髇 de la Inspecci髇 de Consumo
    • Art韈ulo 61燙olaboraci髇 con la administraci髇 competente en materia de consumo
  • CAP蚑ULO II.�Toma de muestras y anal韙ica
    • Art韈ulo 62燭omas de muestras
    • Art韈ulo 63燩r醕tica de la toma de muestras
    • Art韈ulo 64燩r醕tica de las pruebas anal韙icas
    • Art韈ulo 65燙asos especiales en la realizaci髇 de las pruebas anal韙icas
  • CAP蚑ULO III.�Medidas administrativas de correcci髇 del mercado
    • Art韈ulo 66燤edidas administrativas para la correcci髇 del mercado
    • Art韈ulo 67燭ipos de medidas de correcci髇 del mercado
    • Art韈ulo 68燩rocedimiento de adopci髇 de medidas definitivas
    • Art韈ulo 69燤edidas provisionales
    • Art韈ulo 70燤ultas coercitivas
  • CAP蚑ULO IV.�Competencias de las entidades locales y coordinaci髇 y cooperaci髇 con la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo
    • Art韈ulo 71燙ompetencias de las corporaciones locales en materia de consumo
    • Art韈ulo 72犛rganos de cooperaci髇 y coordinaci髇
    • Art韈ulo 73燙oordinaci髇 y cooperaci髇 de actuaciones en materia de consumo con las entidades locales
• T蚑ULO III.�R間imen sancionador
  • CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
    • Art韈ulo 74燙ompetencias sancionadoras
    • Art韈ulo 75燗dministraci髇 competente
    • Art韈ulo 76燗ctuaciones u omisiones infractoras
    • Art韈ulo 77燦on bis in idem
    • Art韈ulo 78燙oncurrencia de procedimientos
  • CAP蚑ULO II.�Infracciones y sanciones
    • Art韈ulo 79燙ar醕ter de las infracciones en materia de defensa de los consumidores
    • Art韈ulo 80燙lasificaci髇 de las infracciones
    • Art韈ulo 81營nfracciones leves
    • Art韈ulo 82營nfracciones graves
    • Art韈ulo 83營nfracciones muy graves
    • Art韈ulo 84營nfracciones graves o muy graves por concurrir determinadas circunstancias
    • Art韈ulo 85燫eincidencia y reiteraci髇
    • Art韈ulo 86燬anciones
    • Art韈ulo 87燝radaci髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 88燙ircunstancias agravantes
    • Art韈ulo 89燙ircunstancias atenuantes
    • Art韈ulo 90燙ircunstancias mixtas
    • Art韈ulo 91營mposici髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 92燫educci髇 y eficacia de las sanciones
    • Art韈ulo 93燬anciones accesorias
    • Art韈ulo 94燩rescripci髇 de las infracciones
    • Art韈ulo 95燩rescripci髇 de las sanciones
  • CAP蚑ULO III.�Responsabilidad por las infracciones
    • Art韈ulo 96燫esponsables
    • Art韈ulo 97燘ienes identificados
    • Art韈ulo 98燘ienes no identificados
    • Art韈ulo 99燬ervicios
    • Art韈ulo 100燨tros responsables
    • Art韈ulo 101燫esponsabilidad del receptor de la contraprestaci髇
  • CAP蚑ULO IV.�Procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 102營niciaci髇 del procedimiento sancionador
    • Art韈ulo 103燗ctuaciones previas
    • Art韈ulo 104燗rchivo de actuaciones
    • Art韈ulo 105燗cuerdo de iniciaci髇 de procedimiento
    • Art韈ulo 106燙olaboraci髇 en la tramitaci髇 de los procedimientos
    • Art韈ulo 107燤edidas de car醕ter provisional
    • Art韈ulo 108燗ctuaciones y alegaciones al acuerdo de iniciaci髇
    • Art韈ulo 109燩rueba
    • Art韈ulo 110燩ropuesta de resoluci髇
    • Art韈ulo 111燗udiencia a la propuesta de resoluci髇
    • Art韈ulo 112燫esoluci髇 del procedimiento
    • Art韈ulo 113燙aducidad del procedimiento
    • Art韈ulo 114燦otificaciones
    • Art韈ulo 115營nmovilizaci髇 y decomiso de bienes o derechos
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera
  • Disposici髇 adicional segunda
  • Disposici髇 adicional tercera
  • Disposici髇 adicional cuarta
  • Disposici髇 adicional quinta
  • Disposici髇 adicional sexta
  • Disposici髇 adicional s閜tima燬ervicios de informaci髇 y atenci髇 de las empresas
  • Disposici髇 adicional octava燤icroempresas, peque馻s y medianas empresas
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera
  • Disposici髇 transitoria segunda
  • Disposici髇 transitoria tercera
  • Disposici髇 transitoria cuarta
  • Disposici髇 transitoria quinta
  • Disposici髇 transitoria sexta
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera
  • Disposici髇 final segunda
  • Disposici髇 final tercera
  • Disposici髇 final cuarta

Art韈ulo 1 Objeto

1. La presente ley tiene por objeto la regulaci髇 dirigida a la defensa y protecci髇 general de los derechos e intereses de los consumidores en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma prevista en el art韈ulo 30.I.4 del Estatuto de autonom韆 de Galicia.

RES. de 28 de junio de 2012, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia en relaci髇 con la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias. (獴.O.E.� 6 agosto/獶.O.G.� 6 agosto)LE0000487093_20120807

V閍se la Res. de 28 de junio de 2012, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Auton髆ica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Galicia en relaci髇 con la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias (獴.O.E.� 6 agosto/獶.O.G.� 6 agosto).LE0000487093_20120807

2. Esta ley ser� de aplicaci髇 en las relaciones de consumo entre empresas y consumidores.

3. Las administraciones p鷅licas garantizar醤, mediante la adopci髇 de medidas eficaces, la defensa y protecci髇 de los consumidores y usuarios en el 醡bito de su competencia.

4. Toda referencia a los consumidores en la presente ley habr� de entenderse realizada a los consumidores y consumidoras y a los usuarios y usuarias.

Art韈ulo 2 Relaci髇 de consumo

Se entiende por relaci髇 de consumo aquella que se produce entre las empresas y los consumidores de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Art韈ulo 3 Concepto de consumidor

1. A los efectos de esta norma, son consumidores las personas f韘icas que act鷈n con un prop髎ito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇.

Son tambi閚 consumidores, a efectos de esta norma, las personas jur韉icas y las entidades sin personalidad jur韉ica que act鷈n sin 醤imo de lucro en un 醡bito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

No obstante lo anterior, en todo caso, tendr� la condici髇 de consumidor aquella persona o entidad que tenga dicha consideraci髇 seg鷑 el Derecho de la Uni髇 Europea o la norma de transposici髇 de este al ordenamiento jur韉ico interno, as� como toda persona, f韘ica o jur韉ica, p鷅lica o privada, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia, que adquiere o utiliza, o a la cual se le oferta, como destinatario final, un bien, cualquiera que sea su naturaleza, o un servicio, cualquiera que sea la forma y la actividad en que consista, incluidos aquellos servicios de adquisiciones, dep髎itos o prenda de bienes o derechos de los consumidores y cualquiera que sea la naturaleza, p鷅lica o privada, individual o colectiva, de aquellos que los produzcan, importen, faciliten, suministren o expidan, siempre que su destino final sea su uso personal, familiar o colectivo, ajeno a una actividad empresarial, profesional o artesanal.

LE0000590949_20240101N鷐ero 1 del art韈ulo 3 redactado por el art韈ulo 47 de la Ley [GALICIA] 2/2017, 8 febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenaci髇 (獶.O.G.� 9 febrero).Vigencia: 10 febrero 2017

2. No tendr醤 la consideraci髇 de consumidores quienes adquieren, utilizan o disfrutan de bienes o servicios con la finalidad de integrarlos, aunque sea parcialmente, en el marco de su actividad empresarial, profesional o artesanal, ya sea p鷅lica o privada, todo ello independientemente de la fase de producci髇 o distribuci髇 de bienes y servicios en que se integren.

3. En ning鷑 caso ser醤 considerados como consumidores las c醡aras oficiales de comercio, industria y navegaci髇 o cualquier otra entidad, p鷅lica o privada, representativa de intereses empresariales, profesionales, artesanales o sindicales.

Art韈ulo 4 Concepto de empresa

1. A efectos de la presente ley, tendr醤 la consideraci髇 de empresa aquellas personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, con independencia de su finalidad, que act鷈n en el mercado de forma habitual, profesional o artesanal, promoviendo de modo directo o indirecto la contrataci髇 de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones o mediante la oferta, venta de bienes o prestaci髇 de servicios, incluidos los profesionales, a los consumidores.

2. En todo caso, tendr醤 la consideraci髇 de empresa tanto las sociedades mercantiles coma aquellas personas, f韘icas o jur韉icas, que, de acuerdo con la normativa de ordenaci髇 del comercio minorista, est閚 incluidas en su 醡bito de aplicaci髇.

3. Igualmente, se considerar� que, en todo caso, una persona act鷄 como empresa cuando sus actos est閚 sometidos a un r間imen fiscal propio del 醡bito empresarial o as� se declaren.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, tambi閚 se considerar� que una persona act鷄 como empresa cuando su actividad se incardine en la descripci髇 del apartado 1 del presente art韈ulo, aunque los actos realizados se declaren como sometidos a un r間imen fiscal ajeno al 醡bito empresarial.

Art韈ulo 5 Car醕ter de las administraciones p鷅licas

1. Las administraciones p鷅licas, cuando act鷈n en el marco de una relaci髇 de consumo, solo ser醤 consideradas como empresa cuando presten un servicio o suministren un producto o un bien en el mercado y en r間imen de derecho privado.

No obstante lo anterior, las administraciones p鷅licas en ning鷑 caso tendr醤 la consideraci髇 de empresa cuando la prestaci髇 de un servicio o el suministro de un producto se realice a consecuencia de su funci髇 de fomento, en la realizaci髇 de una actividad regulada o dentro de un programa p鷅lico en el ejercicio de sus competencias.

2. Las administraciones p鷅licas solo ser醤 consideradas como consumidor cuando, estando en esta posici髇, act鷈n en el marco de la contrataci髇 privada y no en el 醡bito de contratos administrativos.

Art韈ulo 6 羗bito de aplicaci髇

1. Lo dispuesto en la presente ley ser� de aplicaci髇 a todas las relaciones de consumo, incluidas aquellas con una regulaci髇 sectorial espec韋ica, la cual deber� respetar el nivel de protecci髇 contemplado en esta ley.

2. En caso de relaciones de consumo, la aplicaci髇 de una regulaci髇 sectorial espec韋ica no podr� suponer la vulneraci髇 de los derechos reconocidos en la presente ley, la cual tendr� car醕ter prevalente.

Art韈ulo 7 Colectivos de protecci髇 especial

1. Las administraciones competentes en materia de consumo velar醤 de modo especial y prioritario respecto a aquellos colectivos de protecci髇 especial, como ni駉s, adolescentes, ancianos, mujeres v韈timas de violencia de g閚ero, personas con discapacidad f韘ica, ps韖uica o sensorial, personas con carencias econ髆icas o en riesgo de exclusi髇 social y todos aquellos que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, vulnerabilidad y un mayor grado de desprotecci髇.

2. De acuerdo con lo establecido en el art韈ulo anterior, la Xunta de Galicia promover� la implantaci髇 de pol韙icas y de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la informaci髇 previa a la contrataci髇, y, en especial, a la utilizaci髇 del sistema braille en el etiquetado de los productos.

3. Reglamentariamente podr� ampliarse el cat醠ogo de los colectivos consumidores necesitados de especial protecci髇.

Art韈ulo 8 Situaciones de especial protecci髇

1. Las administraciones competentes en materia de consumo llevar醤 a cabo una vigilancia y un control, de modo especial, sobre aquellos bienes o servicios de uso o consumo com鷑, ordinario y generalizado, entre los cuales, en todo caso, se incluir醤 los servicios b醩icos de inter閟 general.

2. A fin de buscar la mayor transparencia y competitividad en el mercado, la Xunta de Galicia crear� un observatorio de precios de bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, especialmente respecto a los contemplados en el apartado anterior.

3. La Xunta de Galicia promover� la adopci髇 de medidas destinadas a evitar situaciones de sobreendeudamiento familiar.

Art韈ulo 9 C骴igos de buenas pr醕ticas

La Xunta de Galicia promover� la adopci髇 de c骴igos de buenas pr醕ticas, como instrumento de autorregulaci髇 empresarial, para mejorar la defensa de los consumidores, la disciplina del mercado y el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos que comercialicen.

En la elaboraci髇 de estos c骴igos de conducta habr醤 de participar, garantizando la paridad, representantes de las organizaciones de consumidores y de los sectores afectados.

Art韈ulo 10 Derechos de los consumidores

1. Adem醩 de los derechos reconocidos a los consumidores en la Constituci髇 espa駉la y en las normas internacionales, comunitarias y estatales, los consumidores ser醤 titulares de los derechos que se reconozcan en la presente ley.

2. En caso de diferencia de interpretaci髇 sobre la aplicaci髇 de las normas que, directa o indirectamente, afecten a los derechos de los consumidores, se aplicar� la m醩 favorable a los intereses de los consumidores.

Art韈ulo 11 Derechos b醩icos de los consumidores

Son derechos b醩icos de los consumidores protegidos por la ley los siguientes:

• a) La protecci髇 frente a los riesgos que puedan comprometer su salud o seguridad derivados de las relaciones de consumo.
• b) La protecci髇 de sus leg韙imos intereses econ髆icos y sociales, en particular frente a situaciones de desequilibrio como las pr醕ticas comerciales desleales o abusivas, o la introducci髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos.

  Con relaci髇 a los bienes de naturaleza duradera, los consumidores tienen derecho a que se les garantice la funcionalidad de dichos bienes durante un plazo m韓imo razonable, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa de aplicaci髇.

• c) La informaci髇 clara, veraz y transparente sobre los diferentes bienes, productos y servicios, y, de modo especial, sobre aquellos considerados como servicios b醩icos de inter閟 general.
• d) La formaci髇, educaci髇 y divulgaci髇 en materia de derechos de los consumidores.
• e) La representaci髇 de sus intereses generales a trav閟 de las organizaciones de consumidores legalmente constituidas y la audiencia en consulta y la participaci髇 de las mismas en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones generales que les afecten directamente en la forma que legalmente se establezca.
• f) La protecci髇 jur韉ica, administrativa y t閏nica mediante procedimientos eficaces, especialmente en las situaciones de inferioridad, subordinaci髇, indefensi髇 o discriminaci髇.
• g) La reparaci髇 e indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios sufridos.
• h) Ser tratados con correcci髇, consideraci髇 y respeto en las relaciones de consumo.
• i) Poder usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Galicia de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur韉ico.

Art韈ulo 12 Interpretaci髇 a favor del consumidor

1. Las normas de protecci髇 a los consumidores se interpretar醤 a favor del consumidor, debiendo ser objeto de interpretaci髇 estricta las excepciones a dichas normas de protecci髇 a los consumidores.

2. En el supuesto de confusi髇 o diferencias interpretativas, toda publicidad, comunicaci髇 comercial, oferta, pr醕tica o cl醬sula que sean de aplicaci髇 a una relaci髇 de consumo ser醤 interpretadas a favor del consumidor.

3. La Administraci髇 auton髆ica, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de consumo, podr� interpretar, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, las normas de protecci髇 de los consumidores y las cl醬sulas que rijan las relaciones de consumo, especialmente en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de su control por los tribunales de justicia.

Art韈ulo 13 Irrenunciabilidad de derechos

1. La renuncia previa a los derechos que son reconocidos a los consumidores por la normativa correspondiente es nula, as� como los actos realizados en fraude de ley, de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 6 del C骴igo civil.

2. En aquellos supuestos en que se produzca la renuncia posterior a la adquisici髇 de los derechos por los consumidores, la Administraci髇 auton髆ica podr� exigir a quien la alegue acreditar la citada renuncia as� como el car醕ter libre de la misma. La renuncia por parte de un consumidor no afectar� a otros consumidores que puedan encontrarse en la misma situaci髇, salvo que conste expresamente su renuncia.

Art韈ulo 14 Deber de diligencia

Las empresas, en las relaciones de consumo, deber醤 cumplir con el deber de diligencia necesario para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas, tanto en la normativa de defensa del consumidor como en la sectorialmente aplicable, y que afecten directa o indirectamente a los consumidores.

Art韈ulo 15 Deber general de seguridad

1. Los bienes y servicios puestos en el mercado no podr醤 suponer riesgo alguno para la salud o seguridad de los consumidores, siempre que se utilicen en condiciones normales o razonablemente previsibles, o supondr醤 鷑icamente riesgos m韓imos, compatibles con el uso del producto o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas.

2. La constataci髇 de un riesgo en alguna unidad del producto puesto a disposici髇 del consumidor determinar� el car醕ter inseguro del mismo y se presumir� que dicho incumplimiento afecta a toda su producci髇, salvo que el responsable acredite que el car醕ter inseguro afecta solo a un n鷐ero determinado de unidades y garantice las condiciones de seguridad del resto de unidades de la producci髇.

Art韈ulo 16 Deber de informaci髇 a los consumidores sobre los riesgos de los bienes y servicios

1. Las empresas que pongan bienes o servicios en el mercado proporcionar醤 a los consumidores, por medios apropiados y dentro de los l韒ites de sus respectivas actividades, informaci髇 previa, clara y adecuada sobre sus riesgos inherentes y que no sean inmediatamente perceptibles. Para lo anterior se tendr� en cuenta su naturaleza, sus condiciones de duraci髇 y las personas a las cuales van destinados, aunque el suministro de esta informaci髇 no eximir� del cumplimiento de los dem醩 deberes establecidos en esta disposici髇 y otras normas que sean de aplicaci髇.

2. Los productos qu韒icos y todos los bienes que en su composici髇 incluyan sustancias clasificadas como peligrosas deber醤 ir envasados con las garant韆s de seguridad exigidas por la normativa de aplicaci髇 correspondiente y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan de los riesgos de su manipulaci髇.

Art韈ulo 17 Bienes destinados de forma exclusiva para uso profesional

La publicidad y venta al consumidor de bienes destinados de forma exclusiva para uso profesional, cuando as� se indique en su etiquetado o se declare en la informaci髇 del producto, deber� realizarse de manera claramente separada o diferenciada del resto de los bienes, de modo que no induzca a error al consumidor respecto a su car醕ter de uso profesional.

Art韈ulo 18 Obligaciones de las empresas en materia de seguridad de los consumidores

1. Las empresas productoras e importadoras tienen el deber de poner en el mercado 鷑icamente productos seguros y de probar dicha seguridad cuando la autoridad competente en la materia as� se lo requiera. A este respecto, en la evaluaci髇 del riesgo de un producto se valorar� positivamente la implantaci髇 de mecanismos de control interno que garanticen que las irregularidades que pudieran haberse detectado afectan 鷑icamente a un determinado n鷐ero de unidades producidas o importadas.

2. Las empresas distribuidoras tienen el deber de distribuir 鷑icamente productos seguros, no suministr醤dolos cuando sepan o debieran saber, por la informaci髇 que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito.

3. Las empresas productoras o distribuidoras de productos, o prestadoras de servicios, que tengan o deban tener conocimiento de que un producto o servicio que han introducido en el mercado genera un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores en condiciones de utilizaci髇 normales o razonablemente previsibles lo comunicar醤 de forma inmediata al 髍gano competente, salvo en el caso de que la normativa estatal b醩ica establezca un sistema alternativo de comunicaci髇.

En el supuesto descrito en el p醨rafo anterior, las empresas productoras o distribuidoras de productos, o prestadoras de servicios, adoptar醤, dentro del l韒ite de sus respectivas actividades, todas las medidas adecuadas para neutralizar el riesgo; en particular, aquellas dirigidas a informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicaci髇 de avisos especiales, a retirar los productos del mercado o a recuperarlos de los consumidores, o incluso suspender la prestaci髇 del servicio que causa el riesgo. Todas estas actuaciones habr醤 de ser realizadas por los responsables sin necesidad de que sean requeridos para ello por las autoridades competentes y sin menoscabo de aquellas que, de forma expresa, les sean requeridas por dicha autoridad.

4. Las empresas productoras, importadoras y distribuidoras deber醤 colaborar con las distintas administraciones en todas las actuaciones emprendidas por estas, tanto de car醕ter material como jur韉ico, para evitar los riesgos que presenten los productos que hayan suministrado, exhibiendo y, en su caso, facilitando copia de toda la informaci髇 que les sea requerida por la autoridad competente, incluyendo la mercantil, industrial o contable pertinente, aunque est� protegida por la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal, y asumiendo todos los costes de tales actuaciones.

A este respecto, cuando en varios productos fabricados o distribuidos por un mismo agente comercializador se haya demostrado su car醕ter inseguro, la autoridad competente podr� exigir a dicho agente que acredite la seguridad de otros productos similares antes de poder comercializarlos o de continuar con su distribuci髇.

5. En el etiquetado y presentaci髇 de los bienes y servicios deber� constar la informaci髇 que la legislaci髇 de aplicaci髇 en cada caso establezca como obligatoria, habiendo de figurar, en todo caso, los datos de identificaci髇 de la empresa responsable y una direcci髇 de contacto, as� como, en el supuesto de bienes, su referencia y, si procede, el lote de fabricaci髇, salvo en los casos en que la omisi髇 de la citada informaci髇 est� justificada.

Art韈ulo 19 Responsabilidades de las empresas en materia de documentaci髇

1. Los datos y documentos necesarios para que pueda comprobarse f醕ilmente y de forma veraz el origen y destino de los bienes, as� como aquellos relacionados con el lote de fabricaci髇, deber醤 mantenerse durante el periodo que establezca la normativa espec韋ica y, en cualquier caso, al menos durante los tres a駉s posteriores al cese de la producci髇, en el caso de la empresa productora, o del cese de la distribuci髇 o venta del producto en cuesti髇, en el caso de la importadora. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr� reducirse al de un a駉 a partir del final de esa fecha, siempre y cuando la normativa de aplicaci髇 no establezca plazos m醩 amplios.

2. Los participantes en la cadena comercial que incluyan determinadas marcas en el etiquetado de los productos que comercialicen, en particular el marcado 獵E�, para acreditar que tales productos cumplen los requisitos m韓imos de seguridad que les son de aplicaci髇, deber醤 conservar la documentaci髇 que justifique dicha acreditaci髇 durante el periodo que establezca la normativa espec韋ica y, en cualquier caso, un m韓imo de tres a駉s despu閟 de haber agotado las existencias de los productos.

3. En el caso de las ventas realizadas al consumidor final, las empresas tendr醤 la obligaci髇 de conservar 鷑icamente durante los periodos se馻lados en los apartados anteriores, computados desde la fecha en que hubieran agotado las existencias de los productos, la documentaci髇 que acredite el origen de la mercanc韆 y la identificaci髇 de las empresas que se la hayan suministrado o prove韉o.

4. En cualquier caso, cuando la autoridad competente en materia de seguridad de los productos solicite la documentaci髇 a que se refieren los apartados anteriores a una empresa de la cadena de producci髇 o distribuci髇 comercial, esta deber� facilitarla, identificando de forma clara e inequ韛oca el producto o productos a que se refiera el requerimiento.

5. En caso de que resulte necesario para la realizaci髇 de una adecuada evaluaci髇 de la seguridad de un producto, la autoridad competente podr� igualmente requerir a la empresa productora, distribuidora o responsable del producto una traducci髇 de la documentaci髇 t閏nica o de cualquier otro documento que haya sido presentado en un idioma distinto de las lenguas oficiales en Galicia.

Art韈ulo 20 Obligaci髇 de comunicaci髇 de accidentes

1. Los servicios m閐icos p鷅licos y privados, as� como los 髍ganos competentes en materia de seguridad en el trabajo, participar醤 activamente en los sistemas de comunicaci髇 que reglamentariamente se articulen, a efectos de transmitir la informaci髇 de que dispongan a la autoridad competente en materia de seguridad de los productos en los casos en que pueda existir un riesgo derivado del uso de un determinado producto no alimenticio o en el disfrute de un servicio.

2. Las organizaciones de consumidores tienen el derecho y el deber de poner en conocimiento de la autoridad competente de consumo los accidentes comprobados de los que tuviesen conocimiento, derivados de la existencia de un riesgo no perceptible en un producto de consumo. A su vez, los consumidores podr醤 ejercer este mismo derecho a t韙ulo individual.

Art韈ulo 21 Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo

Se crea la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo, adscrita a la autoridad auton髆ica competente en materia de consumo, como estructura de coordinaci髇, intercambio r醦ido de informaci髇 y reacci髇 ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad de los consumidores.

La estructura y funcionamiento de la Red de Alerta Gallega de Productos de Consumo se desarrollar� reglamentariamente mediante decreto del Consello de la Xunta que regule un sistema de respuesta r醦ida ante situaciones de riesgo que no admitan demora en la actuaci髇.

Art韈ulo 22 Actuaciones administrativas en materia de seguridad de los consumidores

1. Las administraciones p鷅licas de Galicia competentes en materia de consumo contribuir醤 a la correcta aplicaci髇 de las normas sobre protecci髇 de la salud y seguridad de los consumidores, para lo cual llevar醤 a cabo las actuaciones que se recogen en el t韙uloII. A estos efectos, en situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores, podr醤 adoptar cualquier medida necesaria y proporcionada para neutralizar dichos riesgos, incluida la intervenci髇 directa sobre las cosas y la compulsi髇 directa sobre las personas. En estos supuestos, todos los gastos que se generen ser醤 a cuenta de quien con su conducta los haya originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse. La exacci髇 de tales gastos podr� llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. En caso necesario, para evitar lesiones graves a los derechos a la salud y seguridad de los consumidores, los 髍ganos competentes podr醤 poner en conocimiento de los consumidores potencialmente afectados los riesgos y las irregularidades, as� como las precauciones necesarias para que las puedan evitar. Tambi閚 comunicar醤 al resto de administraciones potencialmente afectadas las citadas irregularidades a trav閟 de los procedimientos establecidos.

3. De las consecuencias negativas que las condiciones de inseguridad de un producto puedan causar a los consumidores ser醤 responsables, dentro de los l韒ites de sus actividades respectivas, cualesquiera de los agentes de la cadena comercial que intervengan en la puesta en el mercado o la comercializaci髇 del producto, sin perjuicio de las actuaciones previstas en los apartados anteriores.

4. Cuando el riesgo detectado exceda del 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma de Galicia, el 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo se lo comunicar� lo m醩 r醦idamente posible a la Administraci髇 general del Estado, utilizando los medios de transmisi髇 establecidos legalmente a tal efecto.

Art韈ulo 23 Informaci髇 previa de las empresas prestadoras de servicios

1. Sin perjuicio de otras exigencias de informaci髇 establecidas reglamentariamente, las empresas prestadoras de servicios deber醤 poner a disposici髇 de los consumidores de modo claro, inequ韛oco y accesible, antes de la celebraci髇 del contrato o, en su caso, antes de la prestaci髇 del servicio, la informaci髇 siguiente:

• a) el nombre, estatuto y forma jur韉ica de la empresa prestadora, direcci髇 geogr醘ica en donde tiene su establecimiento y los datos que permitan ponerse r醦idamente en contacto y comunicar directamente con ella y, en su caso, por v韆 electr髇ica;
• b) en caso de que el titular de la empresa prestadora est� inscrito en un registro mercantil u otro registro p鷅lico an醠ogo, dicho registro mercantil y su n鷐ero de inscripci髇, o los medios equivalentes de identificaci髇 que figuren en el citado registro;
• c) en caso de que la actividad est� sometida a un r間imen de autorizaci髇, los datos de la autoridad competente o de la ventanilla 鷑ica;
• d) en caso de que la empresa prestadora ejerza una actividad sujeta al IVA, el n鷐ero de identificaci髇 fiscal;
• e) por lo que se refiere a las profesiones regladas, todo colegio profesional u organismo an醠ogo en el cual est� inscrita la persona prestadora, as� como el t韙ulo profesional y el Estado miembro en que fue otorgado;
• f) las condiciones y cl醬sulas generales, en su caso, utilizadas por la empresa prestadora;
• g) la existencia, en su caso, de cl醬sulas contractuales utilizadas por la empresa prestadora sobre la legislaci髇 de aplicaci髇 al contrato y/o sobre los 髍ganos judiciales competentes;
• h) la existencia de una garant韆 posventa, si existiera, no impuesta por ley;
• i) el precio del servicio, cuando la empresa prestadora fije previamente un precio para un determinado tipo de servicio;
• j) las principales caracter韘ticas del servicio, si no quedan claras por el contexto;
• k) el seguro o garant韆s exigibles, en particular, los datos de la empresa aseguradora o el garante y la cobertura geogr醘ica.

2. A elecci髇 de la empresa prestadora del servicio, se garantizar� que los datos previstos en el apartado 1:

• a) sean comunicados por la empresa prestadora a iniciativa propia;
• b) sean de f醕il acceso para el destinatario en el lugar de prestaci髇 o celebraci髇 del contrato;
• c) sean de f醕il acceso para el destinatario por v韆 electr髇ica a trav閟 de una direcci髇 comunicada por la empresa prestadora;
• d) figuren en todo documento informativo de la empresa prestadora que se facilite al destinatario y en el cual se presenten de forma detallada sus servicios.

3. Las empresas prestadoras de servicios, a petici髇 del destinatario, estar醤 obligadas a comunicarle la siguiente informaci髇 suplementaria:

• a) cuando el precio no lo fije previamente la empresa prestadora para un determinado tipo de servicio, el precio del servicio o, si no puede indicarse el precio exacto, el m閠odo para calcular el precio, de forma que el destinatario pueda comprobarlo, o un presupuesto suficientemente desglosado;
• b) en el caso de las profesiones reguladas, referencia a las normas profesionales de aplicaci髇 en el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a las mismas;
• c) la informaci髇 relativa a sus actividades multidisciplinares y asociaciones que est閚 directamente vinculadas con el servicio en cuesti髇 y sobre las medidas adoptadas para evitar conflictos de intereses. Esta informaci髇 habr� de figurar en todo documento informativo de las empresas prestadoras en el cual se presenten de forma desglosada sus servicios;
• d) los posibles c骴igos de conducta a que est� sometida la empresa prestadora, as� como la direcci髇 en que dichos c骴igos pueden consultarse por v韆 electr髇ica y en que idiomas est醤 disponibles;
• e) cuando una empresa prestadora est� sometida a un c骴igo de conducta o sea miembro de una asociaci髇 u organizaci髇 profesional que prevea el recurso a medios extrajudiciales de resoluci髇 de litigios, la informaci髇 correspondiente. Dicha empresa detallar� c髆o acceder a la informaci髇 desglosada sobre las caracter韘ticas y condiciones para hacer uso de los medios extrajudiciales de resoluci髇 de litigios.

Art韈ulo 24 Contraprestaci髇

1. Se entender� por contraprestaci髇, adem醩 del precio, cualquier disposici髇 que deba ser realizada por el consumidor, con independencia del nombre que se le d�, como puntos, canon, matr韈ula o denominaciones an醠ogas, para la adquisici髇 de un bien o la prestaci髇 de un servicio.

2. En caso de conflicto o discrepancia en un supuesto en que se exija o pague un precio o se satisfaga o exija cualquier otra contraprestaci髇 por un bien o servicio, la administraci髇 competente en materia de consumo podr� requerir que se acredite de forma inequ韛oca por parte de la empresa el consentimiento libre del consumidor a la adquisici髇 del bien o servicio.

3. No proceder� el pago de contraprestaci髇 alguna en los supuestos en que por la empresa no se entregue ning鷑 bien o no se preste ninguna clase de servicio.

4. La empresa debe determinar con car醕ter previo a la contrataci髇, de modo claro e inequ韛oco, el bien o servicio objeto de venta o prestaci髇 y la contraprestaci髇 que, en su caso, haya de satisfacer el consumidor. Cuando existan dudas respecto al bien o servicio por el que se satisfaga una contraprestaci髇 o sobre las condiciones de contrataci髇 se interpretar� a favor del consumidor.

En todo caso, se considerar� que existen dudas respecto al bien o servicio por el que se satisfaga una contraprestaci髇 o sobre las condiciones de contrataci髇 cuando la adquisici髇 del bien o servicio lo sea como consecuencia de una oferta comercial por la empresa y por parte de esta no se acredite, de forma plena y completa, su concordancia con lo efectivamente contratado.

LE0000745024_20230101N鷐ero 4 del art韈ulo 24 redactado por el apartado uno del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 25 Informaci髇 del precio o contraprestaci髇

1. Cualquier informaci髇 sobre el precio o contraprestaci髇 que haya de ser satisfecho por el consumidor por la adquisici髇 de un bien o la prestaci髇 de un servicio deber� cumplir, adem醩 de las previsiones contempladas en la presente ley, con los dem醩 requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

En los casos en que se prevea el pago por adelantado o el pago aplazado del precio, la informaci髇 sobre estos aspectos deber� ajustarse a las previsiones legal o reglamentariamente establecidas.

2. Solo podr� exigirse por parte de una empresa un precio o una contraprestaci髇 por la adquisici髇 de un bien o la prestaci髇 de un servicio siempre que la informaci髇 sobre el precio o contraprestaci髇 no d� lugar a confusi髇 o sea suficientemente clara sobre cu醠 es el precio o contraprestaci髇 a satisfacer. En estos supuestos, solo podr� exigirse aquella parte no afectada por la confusi髇 o falta de claridad.

3. En caso de contradicci髇 respecto al precio o contraprestaci髇 o sobre las condiciones de contrataci髇 por la adquisici髇 de un bien o servicio que se realice en cualquier comunicaci髇 comercial se interpretar� a favor del consumidor.

En todo caso, se considerar� que existe contradicci髇 respecto al precio o contraprestaci髇 o sus condiciones de contrataci髇 cuando la adquisici髇 del bien o servicio lo sea como consecuencia de una oferta comercial por la empresa y por parte de esta no se acredite, de forma plena y completa, su concordancia con lo efectivamente contratado.

LE0000745024_20230101N鷐ero 3 del art韈ulo 25 redactado por el apartado燿os del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. Cuando por parte de una empresa se indique que una prestaci髇 de un servicio o la entrega de un bien es gratuita o se utilice alg鷑 tipo de publicidad o comunicaci髇 comercial en este sentido, no podr� exigirse por la misma ninguna contraprestaci髇, ni directa ni indirectamente, salvo las permitidas normativamente, cuando por el consumidor se exija su entrega o la prestaci髇. En este caso la empresa estar� obligada a la efectiva entrega del bien o a la efectiva prestaci髇 del servicio.

Art韈ulo 26 Informaci髇 y marcado de precios en los establecimientos

1. Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial de aplicaci髇, los establecimientos comerciales quedan obligados a exhibir el precio de los bienes que se encuentren expuestos para su venta a los consumidores, as� como el precio por unidad de medida en los supuestos en que proceda, con las 鷑icas excepciones establecidas en el ordenamiento jur韉ico.

2. El precio a que se refiere el apartado anterior se denominar� 玴recio de venta al p鷅lico� y se conocer� con la sigla PVP. Este precio ser� anunciado en forma tal que el posible adquirente quede informado de su contenido por la sola lectura del anuncio, sin necesidad de obtener, a tal efecto, ning鷑 tipo de informaci髇 complementaria.

3. El precio de venta al p鷅lico deber� comprender la cantidad total que la persona que lo adquiera est� obligada a satisfacer como contraprestaci髇.

4. En cumplimiento de la obligaci髇 establecida en el apartado anterior, en los precios de venta al p鷅lico que se expongan deber醤 incluirse todos aquellos impuestos o cargas que gravan el producto vendido.

5. En cualquier caso, el consumidor estar� en condiciones de conocer el precio de los art韈ulos expuestos en el escaparate sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial y de conocer el precio de los art韈ulos expuestos en estanter韆s o armarios del interior sin precisar aclaraci髇 alguna al respecto por parte de quien realiza la venta.

6. Los precios de venta al p鷅lico deber醤 ser exhibidos mediante etiquetas fijadas sobre cada art韈ulo, o de cualquier otro modo que permita su conocimiento y el del producto a que se refiere. Deber� ser f醕il para el consumidor dicho conocimiento del precio, sin que necesite realizar ning鷑 esfuerzo para su comprobaci髇.

7. La venta de productos de igual naturaleza, a un mismo precio y expuestos en forma conjunta, permitir� la exhibici髇 de un solo anuncio que comprenda todos los productos.

8. Cuando se trate de productos heterog閚eos pero vendidos en forma conjunta, el anuncio del precio expuesto expresar�, como m韓imo, el valor total del conjunto.

9. Los precios de los servicios ser醤 objeto de publicidad en los lugares donde se presten mediante anuncios perfectamente visibles para los consumidores, en los cuales figuren relacionados los correspondientes servicios ofertados y sus precios totales, incluyendo toda carga o gravamen sobre los mismos.

10. No proceder� la exigencia o cobro de un precio superior al anunciado para la venta de bienes o prestaci髇 de un servicio. Cuando exista discordancia entre los precios anunciados para un mismo producto o servicio, solo podr� exigirse el menor de ellos.

Art韈ulo 27 Oferta, promoci髇 y publicidad

1. La oferta, promoci髇 y publicidad de los bienes o servicios ha de ajustarse a su naturaleza, caracter韘ticas, utilidad o finalidad y a las condiciones jur韉icas o econ髆icas de la contrataci髇.

2. La publicidad ha de hacerse de acuerdo con principios de suficiencia, objetividad, veracidad y autenticidad, y no puede, sea cual sea el soporte empleado, inducir a error o falsas expectativas en sus destinatarios.

3. Los consumidores pueden exigir el contenido de la oferta, promoci髇 o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jur韉icas o econ髆icas y las garant韆s ofrecidas, aunque no figuren expresamente en el contrato o el documento o comprobante recibido. Estos aspectos han de tenerse en cuenta en la determinaci髇 del principio de conformidad con el contrato.

4. Los contratos con los consumidores deben integrarse de acuerdo con el principio de la buena fe objetiva, incluso en caso de omisi髇 de la informaci髇 precontractual relevante.

5. No obstante lo establecido por el apartado 4, si el contrato contiene cl醬sulas m醩 beneficiosas para el consumidor, estas deben prevalecer sobre el contenido de la oferta, promoci髇 o publicidad.

6. No podr� exigirse ninguna contraprestaci髇 o generar gastos o disposici髇 de dinero o de cualquier otro bien a un consumidor a consecuencia de la recepci髇 de comunicaciones comerciales o de publicidad, con independencia del medio utilizado.

7. Con arreglo a lo establecido en el apartado 3, cuando a trav閟 de cualquier comunicaci髇 se indique a un consumidor que ha sido agraciado con un premio o regalo, este ser� exigible por el consumidor sin que pueda exigirse contraprestaci髇 de ning鷑 tipo por ello.

Art韈ulo 28 Constancia de las condiciones de las ofertas

1. Los consumidores tienen derecho a que se formalice por escrito de forma inmediata cualquier oferta, condici髇 o manifestaci髇 realizada verbalmente por una empresa en la venta de bienes o prestaci髇 de servicios.

2. Las grabaciones con los consumidores realizadas por las empresas solo se podr醤 realizar si existe consentimiento previo y libre de los mismos, y as� lo pueden acreditar aquellas.

3. Cuando por las empresas se utilicen grabaciones en las relaciones con los consumidores, y sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales de aplicaci髇, dichas grabaciones ser醤 facilitadas de modo gratuito a los consumidores y deber醤 remitirse en el plazo m醲imo de quince d韆s desde su solicitud.

4. Igualmente, los consumidores tienen derecho a grabar esas conversaciones que mantengan con las empresas cuando estas utilicen grabaciones en las relaciones con los consumidores en la oferta y contrataci髇 de bienes o servicios.

Art韈ulo 29 Presupuesto

1. Los consumidores tienen derecho a la elaboraci髇 y entrega de un presupuesto previo en la adquisici髇 de bienes, productos o servicios en que el precio no pueda ser determinado de forma directa o cuando as� est� establecido en virtud de una normativa espec韋ica. En estos supuestos no podr� exigirse contraprestaci髇 alguna por su elaboraci髇, sin m醩 excepciones que las establecidas reglamentariamente.

2. Cuando se elabore un presupuesto, este deber� formalizarse por escrito e indicar necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en otra normativa espec韋ica o sectorial, su periodo de validez, que no ser� inferior a diez d韆s, una descripci髇 general de los servicios que se prestar醤, as� como la identificaci髇 de los bienes o productos que se entregan, el coste de los mismos, el de la mano de obra, cuando proceda, as� como todos los dem醩 conceptos, recargos e impuestos aplicables, debidamente desglosados.

3. No se podr醤 hacer recaer sobre los consumidores errores de c醠culo o de cualquier otro tipo cometidos en la elaboraci髇 del presupuesto.

Art韈ulo 30 Resguardo de dep髎ito

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa de aplicaci髇, en caso de entrega de un bien a una empresa en el 醡bito de una relaci髇 de consumo para que se haga por esta una verificaci髇, comprobaci髇, reparaci髇, sustituci髇 o cualquier otra intervenci髇 deber� entregarse un resguardo de dep髎ito con identificaci髇 del depositario, el objeto depositado, una descripci髇 de su estado, la fecha de recepci髇, el motivo del dep髎ito y la fecha de devoluci髇 del bien. En todo caso, se considerar� que el bien se entrega en buenas condiciones, salvo que as� se indique de forma detallada en el resguardo de dep髎ito o sea incompatible con el motivo del dep髎ito, sin que sean posibles declaraciones gen閞icas.

Art韈ulo 31 Documento justificativo de la relaci髇 de consumo

1. Los consumidores tienen derecho a la entrega de una confirmaci髇 documental de la contrataci髇 realizada, que habr� de ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente, indicando la identificaci髇 de la empresa, con el nombre o raz髇 social, identificaci髇 fiscal, domicilio social y direcci髇 del establecimiento f韘ico, en caso de que proceda, as� como la fecha de la contrataci髇. A solicitud del consumidor, deber� realizarse el desglose de todos los bienes, productos, servicios, mano de obra, cuando proceda, y recargos e impuestos aplicables.

2. La obligaci髇 establecida en el apartado anterior se entender� cumplida cuando los datos exigidos se incorporen a la factura o tique de compra.

Art韈ulo 32 Reclamaciones de los consumidores

1. Reglamentariamente se regular醤 las hojas de reclamaciones y los supuestos concretos de su entrega, los requisitos y los procedimientos que se exijan para la presentaci髇 y tramitaci髇 de una reclamaci髇 de un consumidor frente a una empresa.

2. En todo caso, todo establecimiento abierto al p鷅lico deber� disponer de las hojas de reclamaciones establecidas reglamentariamente y del cartel anunciador de la existencia de las mismas. Estas hojas podr醤 utilizarse tanto para presentar una reclamaci髇 frente al titular del establecimiento como respecto a otras empresas, siempre que la contrataci髇 de servicios o la adquisici髇 de productos de estos 鷏timos se realice en dicho establecimiento. Ambas empresas ser醤 responsables del cumplimiento de lo establecido en el presente art韈ulo.

3. Todas aquellas manifestaciones relativas al hecho objeto de reclamaci髇 que, pudiendo ser realizadas por la empresa o el consumidor en el momento de cubrir la hoja, no lo sean, podr醤 no ser tenidas en cuenta por la administraci髇 en la tramitaci髇 de un procedimiento sancionador que, en su caso, proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio del derecho de defensa en el procedimiento y de las facultades de inspecci髇, investigaci髇 y verificaci髇 de la administraci髇.

4. Con independencia de la forma de presentaci髇 de la reclamaci髇, las empresas deber醤 dar respuesta adecuada a las reclamaciones de los consumidores en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la presentaci髇 de la reclamaci髇, salvo en el supuesto de prestaci髇 de servicios de car醕ter continuado, en el que la respuesta habr� de darse en el plazo m醲imo de dos horas para los supuestos relativos a la continuidad del servicio o las incidencias relativas a dicha continuidad, como el corte o la suspensi髇 del servicio, aplic醤dose el plazo anterior de un mes para el resto de los supuestos.

5. En el supuesto de servicios de car醕ter continuado, no podr� suspenderse el servicio con posterioridad a la presentaci髇 de la reclamaci髇 hasta que la empresa d� respuesta a la reclamaci髇 presentada si esta est� relacionada con el motivo de la suspensi髇.

6. Las empresas deben actuar diligentemente para encontrar una soluci髇 satisfactoria a las reclamaciones presentadas. A estos efectos, la respuesta que por parte de las empresas se le d� al consumidor, adem醩 de tener que realizarse en el plazo establecido para ello y una vez presentada la reclamaci髇, deber�, en todo caso, realizarse en papel u otro soporte duradero y dar contestaci髇 a todas las cuestiones expuestas por el consumidor, as� como incorporar una motivaci髇 precisa y completa respecto de ellas en el caso de no acceder a las pretensiones del consumidor, sin que quepan contestaciones gen閞icas.

Adem醩 de lo anterior, las empresas deber醤 cumplir con los requisitos de informaci髇 establecidos por la normativa que resulte de aplicaci髇 y, en especial, las exigidas en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo.

LE0000656547_20200101N鷐ero 6 del art韈ulo 32 redactado por el apartado uno del art韈ulo�31 de la Ley [GALICIA] 7/2019, 23 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

7. La empresa deber� asignar un n鷐ero de reclamaci髇 y acusar recibo de la misma de modo que el consumidor tenga constancia de la interposici髇 de la reclamaci髇 en el momento de su presentaci髇, salvo que reglamentariamente se establezca un procedimiento espec韋ico con esta finalidad, al que habr� de estarse.

8. La presentaci髇 de una reclamaci髇 por parte de un consumidor no podr� causar ning鷑 tipo de perjuicio al mismo, directo ni indirecto, y, en caso de producirse, deber� ser asumido por la empresa reclamada.

9. La acreditaci髇 del cumplimiento de las obligaciones establecidas en este art韈ulo incumbir� a la empresa.

LE0000656547_20200101N鷐ero 9 del art韈ulo 32 introducido por el apartado燿os del art韈ulo�31 de la Ley [GALICIA] 7/2019, 23 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020

Art韈ulo 33 Servicios de atenci髇 al consumidor

1. Sin perjuicio de lo establecido en normas sectoriales reguladoras de un sector de actividad concreto o para determinadas formas de contrataci髇 en lo relativo a la presentaci髇 de reclamaciones o peticiones de informaci髇, cuando no existan establecimientos f韘icos de la empresa frente a la cual se pretende presentar una reclamaci髇 o de otras empresas a trav閟 de los cuales puedan presentarse reclamaciones de acuerdo con el art韈ulo anterior, las empresas deber醤 disponer de un n鷐ero de tel閒ono totalmente gratuito y un correo electr髇ico para poder presentar las reclamaciones y dar respuesta a las mismas.

2. En los supuestos de servicios de car醕ter continuado, las empresas prestadoras de los mismos deber醤 disponer, en todo caso, de un tel閒ono de atenci髇 al consumidor totalmente gratuito, que habr� de estar en funcionamiento veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco d韆s del a駉.

3. Los tel閒onos de atenci髇 al consumidor deber醤 disponer de atenci髇 personalizada sin reenv韔s a otros sistemas de atenci髇 al consumidor y con un tiempo de espera no superior a un minuto.

4. Todas aquellas empresas que oferten bienes o servicios a los consumidores en la Comunidad Aut髇oma de Galicia y ocupen directa o indirectamente bienes de dominio p鷅lico o sean beneficiarias de procedimientos expropiatorios en la Comunidad Aut髇oma de Galicia deber醤 disponer, al menos, de una dependencia f韘ica en donde se entreguen los bienes o en donde se presten los servicios, a fin de llevar a cabo la atenci髇 personal a los consumidores, sin reenv韔s a otros sistemas de atenci髇 al consumidor. En su defecto, podr� disponerse de la dependencia f韘ica de atenci髇 al consumidor en cada una de las capitales de provincia correspondientes. El horario m韓imo de atenci髇 al p鷅lico ser� de cuarenta horas semanales.

Reglamentariamente podr醤 determinarse aquellos otros sectores o empresas a los cuales sea de aplicaci髇 lo establecido en el p醨rafo anterior, as� como las condiciones y ratios de atenci髇 presencial a los consumidores.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 46, la respuesta a la reclamaci髇 deber� ser realizada en la misma lengua que aquella en que se realiz� el contrato o la oferta de contrataci髇. En todo caso, habr� de garantizarse que la respuesta a las reclamaciones se realice en una de las lenguas oficiales de Galicia.

6. En los servicios de atenci髇 al consumidor regulados en el presente art韈ulo podr醤 presentarse por los consumidores peticiones o solicitudes relativas al contrato o a una oferta de contrataci髇.

7. Lo establecido en el art韈ulo anterior ser� de aplicaci髇 a las previsiones establecidas en el mismo, en tanto no sean incompatibles con su regulaci髇.

Art韈ulo 34 Informaci髇 telef髇ica y telem醫ica a las personas consumidoras

La Xunta de Galiciapromover� que las personas consumidoras tengan un acceso f醕il a la informaci髇 sobre sus derechos y deberes, debiendo favorecer la presentaci髇, tramitaci髇 y, si procede, resoluci髇 de sus quejas, reclamaciones y denuncias a trav閟 de medios r醦idos y eficaces, como los sistemas de comunicaci髇 electr髇ica.

Art韈ulo 35 Servicios b醩icos de inter閟 general

A efectos de la normativa de protecci髇 de los consumidores, ser醤 servicios b醩icos de inter閟 general los de suministro de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, transporte a閞eo, ferroviario y por carretera, as� como los servicios de saneamiento y residuos, y aquellos que legal o reglamentariamente se determinen.

Art韈ulo 36 Manifestaciones o alegaciones de empresas

1. La administraci髇 competente en materia de consumo podr� exigir prueba de la exactitud de las manifestaciones o alegaciones que realicen las empresas en cualquier comunicaci髇 comercial, etiquetado o de cualquiera otra forma en que exista o pueda existir una relaci髇 de consumo, especialmente en el supuesto de publicidad comparativa.

2. En el supuesto de no presentar las pruebas previstas en el apartado anterior, o ser estas insuficientes, se considerar� por la administraci髇 competente en materia de consumo que las manifestaciones o alegaciones realizadas son inexactas.

Art韈ulo 37 Manifestaci髇 de morosidad

Las empresas solo podr醤 manifestar que un consumidor se encuentra en mora cuando exista un reconocimiento del consumidor o un t韙ulo ejecutivo que as� lo declare, sin perjuicio del derecho a la exigencia de las obligaciones por parte de aquellas.

Art韈ulo 38 Cl醬sulas abusivas

1. Se considerar醤 cl醬sulas abusivas las previstas en la normativa reguladora de las mismas.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo publicar� en el Diario Oficial de Galicia y en su p醙ina web aquellas pr醕ticas o condiciones consideradas abusivas como consecuencia de su verificaci髇 en el mercado y que as� hayan sido ratificadas por los 髍ganos judiciales.

Art韈ulo 39 Imagen de una empresa

Toda publicidad o comunicaci髇 dirigida a los consumidores realizada por una empresa a fin de mostrar una imagen favorable sobre la misma deber� ajustarse al principio de veracidad, sin que pueda generar cualquier tipo de enga駉 o confusi髇 en los consumidores.

Art韈ulo 40 Indemnizaci髇 y reparaci髇 de da駉s

1. Los consumidores tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por la normativa de aplicaci髇, a la reparaci髇 o indemnizaci髇 de los da駉s y perjuicios que sufran a consecuencia de la adquisici髇 o utilizaci髇 de bienes o servicios.

2. El incumplimiento por una empresa de lo establecido en el apartado anterior ser� considerado como infracci髇 en materia de consumo, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran exigirse.

3. Los da駉s derivados de la actuaci髇 de las administraciones p鷅licas estar醤 sometidos a las reglas de aplicaci髇 sobre responsabilidad patrimonial de la administraci髇.

Art韈ulo 41 Administraci髇 electr髇ica

1. La Xunta de Galicia fomentar� el uso de las nuevas tecnolog韆s para la presentaci髇 por los consumidores de las reclamaciones y denuncias, y su comunicaci髇 con ellos, estableciendo procedimientos adecuados que garanticen la autenticidad de las mismas.

2. La Xunta de Galicia potenciar� el arbitraje electr髇ico.

3. De acuerdo con el r間imen establecido en la normativa general de arbitraje, la Junta Arbitral de Consumo de Galicia utilizar� en las comunicaciones con las empresas y consumidores el fax y las comunicaciones electr髇icas.

Art韈ulo 42 Formas extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos

La Xunta de Galicia fomentar� las v韆s extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos en materia de consumo, especialmente a trav閟 de la mediaci髇 y el arbitraje.

Art韈ulo 43 El arbitraje

1. Corresponder� a la Xunta de Galicia regular el funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de Galicia.

2. La Xunta de Galicia podr� crear, en el 醡bito de su competencia de consumo, 髍ganos arbitrales al amparo de lo establecido en la legislaci髇 general de arbitraje.

3. Cuando una empresa lleve a cabo cualquier comunicaci髇 o difusi髇 en que se haga referencia a su adhesi髇 al arbitraje de consumo o utilice el distintivo p鷅lico de adhesi髇 al mismo, los consumidores podr醤 solicitar que las controversias que se susciten con esa empresa se resuelvan a trav閟 de dicho sistema, quedando v醠idamente formalizado el convenio arbitral por la mera solicitud realizada por el consumidor durante todo el tiempo en que la empresa hizo referencia a su adhesi髇 o utiliz� el distintivo de adhesi髇 al arbitraje de consumo.

4. Las sociedades mercantiles p鷅licas auton髆icas que mantengan relaciones de consumo deber醤 adherirse al arbitraje de consumo.

5. La adhesi髇 al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel se tendr� en cuenta como criterio de valoraci髇 en las bases reguladoras de la concesi髇 de ayudas o subvenciones por parte de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma y las entidades instrumentales del sector p鷅lico auton髆ico siempre que se dirijan a empresas que mantengan relaciones de consumo con consumidores.

6. Los 髍ganos de contrataci髇 de la Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma y de las entidades instrumentales del sector p鷅lico auton髆ico incorporar醤 como criterio de valoraci髇 de las ofertas la adhesi髇 al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel, siempre que el objeto del contrato suponga que la empresa adjudicataria mantenga relaciones de consumo con consumidores.

7. La Administraci髇 general de la Comunidad Aut髇oma y las entidades instrumentales del sector p鷅lico auton髆ico deben incorporar la adhesi髇 al arbitraje de consumo o a otro institucional que tenga la misma finalidad que aquel, como condici髇 de ejecuci髇 en la adjudicaci髇 de contratos, siempre que la contrataci髇 se haga con empresas que mantengan relaciones de consumo con consumidores.

8. El incumplimiento de laudos arbitrales por parte de las empresas a que hacen referencia los tres apartados anteriores legitimar� para solicitar el reintegro de la ayuda o subvenci髇 o la resoluci髇 del contrato, a menos que en las condiciones o bases se establezca otra previsi髇 para este supuesto.

9. La Administraci髇 auton髆ica deber� promover que las empresas o entidades privadas que gestionan servicios p鷅licos o servicios de inter閟 general bajo el r間imen de concesi髇 incluyan en los pliegos de condiciones la obligaci髇 de que en los contratos con personas consumidoras se contemple la adhesi髇 al arbitraje de consumo.

Art韈ulo 44 La mediaci髇

1. La mediaci髇 del consumo se concibe como una v韆 alternativa y voluntaria dirigida a solucionar los conflictos que puedan surgir en la relaci髇 de consumo de conformidad con la legalidad vigente y presidida por los principios de voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y universalidad.

2. La Xunta de Galicia fomentar� la formaci髇 en materia de mediaci髇 en el 醡bito de los derechos de las personas consumidoras a fin de crear una red de mediaci髇.

3. Los acuerdos adoptados entre las partes en el curso de un procedimiento de mediaci髇 se documentar醤 por escrito y vincular醤 a las dos partes a atenerse a lo acordado dentro de dicho procedimiento.

Art韈ulo 45 Idioma en las relaciones con la administraci髇

1. Todas las comunicaciones que realice la administraci髇 competente en materia de consumo ser醤 realizadas en gallego, salvo elecci髇 manifestada de forma expresa del destinatario de la comunicaci髇 respecto a uno de los idiomas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Galicia.

2. Aquellos actos o comunicaciones que hayan de producir efectos fuera del territorio de la Comunidad Aut髇oma se realizar醤 en idioma espa駉l, cualquiera que sea el lugar en donde hayan de producir sus efectos.

3. Las solicitudes o comunicaciones que se dirijan a la administraci髇 de consumo de Galicia deber醤 redactarse en uno de los idiomas oficiales de Galicia.

4. Cualquier documento remitido a la administraci髇 de consumo en un idioma distinto a los oficiales de Galicia deber� ir acompa馻do de una traducci髇 no jurada, salvo en aquellos casos en que se exija su traducci髇 jurada, justificada por una raz髇 imperiosa de inter閟 general.

Art韈ulo 46 Derechos lingsticos de los consumidores

1. Los consumidores, en sus relaciones de consumo, tienen derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Galicia, siempre que la contrataci髇 se haya realizado o el consentimiento se haya manifestado en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Galicia, as� como en los supuestos de publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales recibidas en Galicia.

2. Sin perjuicio de las exigencias legales y reglamentarias relativas a la utilizaci髇 del castellano en el etiquetado y presentaci髇 de los bienes y servicios comercializados en Espa馻 y sus excepciones, en el etiquetado de los productos, as� como en la publicidad, ofertas, promociones o comunicaciones comerciales realizadas en Galicia podr� utilizarse cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Aut髇oma de Galicia.

3. La Administraci髇 auton髆ica incentivar� la utilizaci髇 de la lengua gallega en la oferta de compra, la informaci髇 de car醕ter fijo y documentaci髇, las relaciones entre los consumidores, y de estos con los ofertantes.

Art韈ulo 47 Educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo

La Comunidad Aut髇oma de Galicia, a trav閟 del 髍gano competente en materia de consumo, fomentar� la formaci髇 y educaci髇 de los consumidores, cuidando la integraci髇 de la perspectiva de g閚ero, y de modo especial el conocimiento de sus derechos para que puedan ejercerlos de acuerdo con pautas de consumo responsable en un mercado global, altamente tecnificado y cambiante.

Art韈ulo 48 Actuaci髇 administrativa

La formaci髇 y educaci髇 en materia de consumo, entendidas como un consumo informado y responsable de bienes y servicios, con criterios de sostenibilidad ambiental, econ髆ica, social y cultural, estar醤 orientadas a la consecuci髇 de los fines siguientes:

• a) El conocimiento de los derechos, as� como de los instrumentos de protecci髇 y la forma adecuada de ejercerlos.
• b) El conocimiento y prevenci髇 de los riesgos derivados del uso y consumo de los bienes y servicios.
• c) El desarrollo de habilidades para ejercer una capacidad de elecci髇 libre, racional e informada de los bienes, productos y servicios ofertados en el mercado.
• d) La orientaci髇 hacia pautas de consumo responsables, con criterios de sostenibilidad medioambiental, econ髆ica y social, y de forma especial la prevenci髇 del sobreendeudamiento.

Art韈ulo 49 Planes y programas

Para el cumplimiento de los fines establecidos en el art韈ulo anterior, la administraci髇 competente en materia de consumo elaborar� planes y programas de actuaci髇, en especial a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s, conducentes a:

• a) La formaci髇 continua para profesionales y t閏nicos de las administraciones p鷅licas con competencias en materia de consumo y de las asociaciones de consumidores.
• b) La formaci髇 permanente del personal docente en el 醡bito de la educaci髇 reglada.
• c) La formaci髇 de formadores.
• d) La formaci髇 directa dirigida a todas las colectividades interesadas y, de modo especial, a las organizaciones de consumidores y colectivos definidos como de protecci髇 especial.
• e) El impulso del tratamiento de la educaci髇 para el consumo en los diferentes niveles y etapas de la ense馻nza reglada.
• f) La elaboraci髇 y publicaci髇 de material did醕tico dirigido especialmente a la infancia y juventud, as� como a los colectivos de protecci髇 especial.

Art韈ulo 50 Colaboraci髇 y cooperaci髇

1. Los 髍ganos competentes en materia de consumo establecer醤 la colaboraci髇 con las entidades p鷅licas y privadas auton髆icas, estatales, comunitarias e internacionales, a la hora de llevar a cabo los diferentes planes y programas formativos y educativos en materia de consumo.

2. La administraci髇 competente en materia de consumo establecer� un plan de formaci髇 espec韋ico con la competente en materia educativa, orientado a favorecer el tratamiento de la educaci髇 para el consumo en los curr韈ulos de las diferentes etapas y niveles de ense馻nza reglada en la forma que mejor se ajuste a la finalidad pedag骻ica de cada uno de ellos.

3. La Xunta de Galicia incentivar� y potenciar�, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, el mantenimiento de una red de centros de educaci髇 para el consumo responsable, que se desarrollar� reglamentariamente.

4. La administraci髇 competente en materia de consumo colaborar� con las entidades locales y las organizaciones de consumidores en la elaboraci髇 y coordinaci髇 de los programas y planes de formaci髇 y educaci髇. Para tal fin se crea la Mesa para el Fomento del Consumo Responsable, la cual se desarrollar� reglamentariamente.

Art韈ulo 51 Divulgaci髇 en materia de consumo

1. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo llevar� a cabo actuaciones de divulgaci髇 en materia de protecci髇 de los derechos e intereses econ髆icos de los consumidores gallegos. Igualmente, realizar� e impulsar� la difusi髇 de la informaci髇 a los consumidores en colaboraci髇 con entidades p鷅licas y privadas, y, de manera especial, con las organizaciones de consumidores.

2. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo promover� la existencia de espacios y programas divulgativos sobre consumo en los medios de comunicaci髇 de titularidad p鷅lica y privada, especialmente en los de 醡bito auton髆ico y local de Galicia.

3. Los medios de comunicaci髇 de titularidad p鷅lica deber醤 poner a disposici髇 de las administraciones competentes en materia de consumo espacios de forma gratuita y en bandas horarias adecuadas para ofrecer a los consumidores gallegos informaci髇 sobre sus derechos.

Art韈ulo 52 Audiencia, consulta y representaci髇 de los consumidores

Sin perjuicio de las competencias de las administraciones competentes en materia de consumo, la audiencia, consulta, representaci髇 y participaci髇 para la defensa de los derechos e intereses generales de los consumidores corresponde exclusivamente a las organizaciones de consumidores.

Art韈ulo 53 Las organizaciones de consumidores

1. Son organizaciones de consumidores las siguientes entidades:

• a) Las asociaciones sin 醤imo de lucro constituidas legalmente de acuerdo con la normativa de asociaciones y de protecci髇 al consumidor que, seg鷑 sus estatutos, tengan por fines la defensa, informaci髇, educaci髇, formaci髇, asistencia y representaci髇 de los intereses colectivos de los consumidores en sus relaciones de consumo, as� como de sus miembros.
• b) Las entidades constituidas de acuerdo con la normativa de aplicaci髇 en materia de cooperativas y de protecci髇 al consumidor que incluyan en sus estatutos, como objeto social, la defensa, informaci髇, educaci髇, formaci髇, asistencia y representaci髇 de los consumidores, y que hayan constituido un fondo con este objeto, conforme a su legislaci髇 espec韋ica.

2. Ser� requisito imprescindible para que una entidad sea considerada como organizaci髇 de consumidores su inscripci髇 en el registro que reglamentariamente se determine.

3. Las administraciones p鷅licas fomentar醤 las organizaciones de consumidores previstas en el apartado anterior.

4. Mediante una ley del Parlamento de Galicia se establecer醤 los requisitos concretos, finalidades y derechos y obligaciones de las organizaciones de consumidores en la Comunidad Aut髇oma de Galicia.

5. Las organizaciones de personas consumidoras gozar醤 del derecho de asistencia jur韉ica gratuita en los t閞minos establecidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jur韉ica gratuita, o norma que la sustituya.

LE0000824101_20240101N鷐ero 5 del art韈ulo 53 introducido por el art韈ulo 47 de la Ley 10/2023, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2024

Art韈ulo 54 觬gano representativo de las organizaciones de consumidores

Reglamentariamente se crear� un 髍gano auton髆ico de representaci髇 y consulta de las organizaciones de consumidores a fin de garantizar su representaci髇 institucional ante la Administraci髇 auton髆ica y dem醩 administraciones, entidades y organismos. En la composici髇 de este 髍gano se procurar� el respeto del reparto equilibrado de los g閚eros.

T閚gase en cuenta que, de conformidad con lo establecido en la disposici髇 transitoria segunda de la presente Ley, el Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios ser� el 髍gano representativo de las organizaciones de consumidores mientras no se desarrolle este art韈ulo. LE0000479466_20240101L 2/2012 de 28 Mar. CA Galicia (protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias) LE0000039137_19980508D 127/1998 de 23 Abr. CA Galicia (creaci髇 del Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios)

Art韈ulo 55 Actuaci髇 de las administraciones p鷅licas de Galicia en la protecci髇 de los derechos de los consumidores

1. La Administraci髇 auton髆ica y las administraciones locales de Galicia velar醤 para hacer efectivos los derechos de los consumidores consagrados en la presente ley y en la legislaci髇 general o sectorial, recurriendo, cuando sea preciso, al ejercicio de las acciones judiciales oportunas para poner fin a la vulneraci髇 de estos derechos.

2. El 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo coordinar� las actuaciones que las diferentes entidades, 髍ganos y administraciones desarrollen en las diversas materias contempladas en la presente ley y tramitar� los correspondientes procedimientos sancionadores que le correspondan seg鷑 lo dispuesto en el t韙ulo III.

3. El 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo podr� colaborar en la ejecuci髇 de las medidas que hayan sido acordadas por la autoridad sanitaria en los casos en que exista en el mercado alg鷑 producto o servicio que pueda comprometer la salud de los consumidores.

4. En las notificaciones que los 髍ganos administrativos hayan de realizar al amparo de la presente ley ser� de aplicaci髇 lo establecido en el art韈ulo 114.

Art韈ulo 56 Vigilancia del mercado

1. La Administraci髇 auton髆ica y las administraciones locales, en el 醡bito de sus respectivas competencias en materia de defensa del consumidor, realizar醤 actuaciones de inspecci髇 y control para comprobar que las empresas o establecimientos que producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios cumplen con la legislaci髇 vigente con relaci髇 a los derechos e intereses de los consumidores.

2. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo y las administraciones locales podr醤 realizar, directamente o en colaboraci髇 con otras entidades p鷅licas o privadas, estudios, controles, ensayos, an醠isis y comprobaciones sobre los productos, bienes, servicios y establecimientos en donde estos se comercialicen y se presten, as� como requerir a los implicados toda la informaci髇 que se estime necesaria en el curso de tales comprobaciones.

3. Las actuaciones de vigilancia del mercado podr醤 recaer sobre todos los bienes y servicios ofertados o puestos a disposici髇 de los consumidores, as� como tambi閚 sobre los elementos, condiciones e instalaciones utilizados para su producci髇, distribuci髇 y comercializaci髇.

Art韈ulo 56 bis Reclamaci髇 de costes derivados del control de la vigilancia del mercado en caso de incumplimiento

La administraci髇 competente en materia de consumo podr� reclamar al operador econ髆ico la totalidad de los costes derivados del control de la vigilancia del mercado en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 15 del Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n� 765/2008 y (UE) n� 305/2011.

Los costes indicados tendr醤 la consideraci髇 de cr閐itos de derecho p鷅lico y, una vez dictado el acto de liquidaci髇, podr醤 exigirse de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan el procedimiento de recaudaci髇.

LE0000745024_20230101Art韈ulo 56 bis introducido por el apartado爐res del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 57 Advertencias y requerimientos

La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo y las administraciones locales podr醤 advertir a todos aquellos que incumplan alguno de los preceptos contemplados en esta ley o en cualquier otra norma que pueda afectar directa o indirectamente a los derechos de los consumidores y requerirles su cumplimento, todo ello sin perjuicio de la adopci髇 de otras medidas de las contempladas en la presente ley o la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otro orden que, en su caso, procedan.

La existencia o inexistencia de advertencias o requerimientos previos no impedir� la iniciaci髇 de un procedimiento sancionador por las irregularidades detectadas.

Art韈ulo 58 Plan anual de vigilancia del mercado

1. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo elaborar� un plan anual de vigilancia del mercado, en el cual se incluir醤 actuaciones de control e inspecci髇 sobre los productos, bienes y servicios que hayan sido puestos a disposici髇 del consumidor, sin perjuicio de otras medidas que pudieran resultar oportunas. Del contenido y de los resultados de este plan se informar� a las entidades u 髍ganos representativos de los intereses de los consumidores y de los empresarios.

2. Para la mejora de los sectores afectados y de los intereses generales de los consumidores se podr� hacer publicidad de estas actividades.

Art韈ulo 59 La Inspecci髇 de Consumo de la Xunta de Galicia

1. La Inspecci髇 de Consumo, adscrita al 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo, se regir� por su regulaci髇 espec韋ica, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen.

2. Las actuaciones de la Inspecci髇 de Consumo se planificar醤 y se ejecutar醤 observando los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, coordinaci髇 y eficacia.

3. El personal de la Inspecci髇 de Consumo, en el ejercicio de sus funciones, tendr� el car醕ter de autoridad.

4. Reglamentariamente podr� establecerse el r間imen de disponibilidad del personal adscrito a la Inspecci髇 de Consumo, a efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones.

5. El personal de la Inspecci髇 de Consumo est� obligado a cumplir de modo estricto el deber de sigilo profesional y a observar estricto secreto sobre los asuntos que conozca en raz髇 de su cargo.

Art韈ulo 60 Actuaci髇 de la Inspecci髇 de Consumo

1. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo, as� como su personal de la Inspecci髇 de Consumo, podr醤 solicitar, cuando sea precisa para el ejercicio de sus funciones, la ayuda o colaboraci髇 de cualquier otra administraci髇, autoridad o de sus agentes, quienes deber醤 prest醨sela, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑. A estos efectos, podr醤 solicitar cualquier informaci髇 que conste en registros de car醕ter p鷅lico, o en bases de datos de las diferentes administraciones, que les habr� de ser facilitada sin coste alguno.

2. Las actuaciones de la Inspecci髇 de Consumo se llevar醤 a cabo en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Aut髇oma de Galicia. Cuando una actuaci髇 de la Inspecci髇 de Consumo haya de producir efectos fuera de la Comunidad Aut髇oma de Galicia, y sin perjuicio de la posibilidad de realizar requerimientos de forma directa, la inspecci髇 podr� solicitar la colaboraci髇 de las autoridades competentes en dicho territorio cuando fuese necesario para el esclarecimiento o comprobaci髇 de los hechos e incluso acompa馻r presencialmente al personal de otras administraciones en las actuaciones que tengan que llevar a cabo.

3. La administraci髇, dentro de sus posibilidades, dotar� a la Inspecci髇 de Consumo de los medios materiales y t閏nicos para el mejor desarrollo de sus funciones, medios a los que el personal de la Inspecci髇 de Consumo adaptar� sus actuaciones.

4. Cuando los medios t閏nicos empleados por la Inspecci髇 de Consumo no permitan proporcionar una copia del acta al inspeccionado en el momento de la visita, se le deber� facilitar el contenido y resultados de la actuaci髇 inspectora efectuada para que pueda realizar las manifestaciones que considere necesarias para la defensa de sus derechos e intereses.

5. El personal de la Inspecci髇 de Consumo podr� adoptar de forma inmediata y proporcionada, en el curso de sus actuaciones, las medidas provisionales a que se refiere el art韈ulo 69, motivando su adopci髇 en la correspondiente acta de inspecci髇, en aquellos casos en que la urgencia o existencia de indicios racionales de presencia de un riesgo para la seguridad de los consumidores aconsejen tal adopci髇 para evitar posibles perjuicios irreparables a los consumidores, sin perjuicio de que estas actas deban ser confirmadas, modificadas o levantadas por medio de un acuerdo del 髍gano competente en el plazo de quince d韆s y que deber� ser notificado a la persona inspeccionada.

6. Cuando el personal de la inspecci髇 tenga que acceder, para el ejercicio de cualquiera de sus actuaciones, a viviendas particulares o a locales que no est閚 abiertos al p鷅lico en general, deber� contar con el consentimiento del inspeccionado, sin perjuicio de la necesidad de contar con la correspondiente autorizaci髇 judicial, conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 91 de la Ley org醤ica del poder judicial cuando esta resulte preceptiva.

Art韈ulo 61 Colaboraci髇 con la administraci髇 competente en materia de consumo

Las c醡aras oficiales de comercio, industria y navegaci髇, los colegios profesionales y otras organizaciones profesionales, las empresas o entidades concesionarias de servicios p鷅licos, las asociaciones empresariales y profesionales y las organizaciones de consumidores, as� como otros 髍ganos de las administraciones p鷅licas, organismos oficiales o empresas con participaci髇 p鷅lica, deber醤 colaborar con la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, facilit醤dole la informaci髇 o documentaci髇 que les sea solicitada.

Art韈ulo 62 Tomas de muestras

1. En el curso de las actuaciones inspectoras deber� permitirse que se practique la toma de muestras o que se efect鷈 cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de su comercializaci髇, a fin de comprobar la adecuaci髇 a la normativa que les sea de aplicaci髇 en lo que respecta a su funcionalidad, composici髇, etiquetado, presentaci髇, publicidad y a los niveles de seguridad que ofrecen al consumidor. La administraci髇 indemnizar� a quien se le hubiera realizado una toma de muestras por el valor de coste de los productos utilizados como muestra o inutilizados durante los controles, con posterioridad a su realizaci髇. La obligaci髇 anterior no ser� de aplicaci髇 en aquellos casos en que las tomas de muestras se lleven a cabo bien sobre productos que est閚 sujetos a medidas provisionales que limiten su fabricaci髇, distribuci髇 o venta, o bien en instalaciones o sobre productos que sean propiedad del responsable del producto investigado.

2. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de que en los an醠isis o verificaciones se constate cualquier irregularidad, los gastos derivados de la realizaci髇 de toma de muestras por la Inspecci髇 de Consumo de Galicia ser醤 por cuenta de la persona o entidad infractora o del responsable del producto, respectivamente.

3. Las irregularidades que se detecten en el marco de estas actividades ser醤 objeto de las actuaciones administrativas y de las acciones judiciales que, en su caso, procedan, sin perjuicio de que puedan ponerse en conocimiento de los responsables para que adopten las medidas adecuadas y las corrijan inmediatamente.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2, cuando a consecuencia de un ensayo anal韙ico se detecte una irregularidad, se presumir� que dicho incumplimiento afecta a toda la producci髇, salvo en el caso de que el responsable del producto pueda acreditar que puede limitarse a un lote, a un n鷐ero determinado de unidades o se trata de un fallo puntual del control de calidad, mediante la aportaci髇, en el plazo de un mes desde la recepci髇 de la notificaci髇 de los resultados anal韙icos, de la documentaci髇 o cualquier otro medio de prueba que acredite esos extremos.

No obstante lo anterior, podr� entenderse que el car醕ter inseguro solo afecta a un determinado lote o grupo de fabricaci髇 del producto cuando el responsable acredite, de forma fehaciente, que tiene implantado un sistema de control de la calidad que asegure que el problema detectado no afecta a otras unidades del producto.

Art韈ulo 63 Pr醕tica de la toma de muestras

1. La pr醕tica de la toma de muestras y las pruebas anal韙icas se realizar醤 de acuerdo con este art韈ulo y con lo que se establezca en el desarrollo normativo de la presente ley y, en su defecto, con el procedimiento establecido en la legislaci髇 general.

2. El acto de la toma de muestras ser� documentado por el personal de la Inspecci髇 de Consumo, y en el documento resultante se transcribir醤 cuantos datos y circunstancias sean necesarios para la identificaci髇 de las muestras.

3. Cada muestra constar� de tres ejemplares homog閚eos, que ser醤 precintados y etiquetados, de tal forma que quede garantizada la integridad de su contenido y la trazabilidad de cada ejemplar.

4. El dep髎ito de los ejemplares se har� del modo siguiente:

• a) Si la empresa o el titular del establecimiento donde se levante el acta fueran fabricantes, envasadores o marquistas de las muestras recogidas, quedar� en dep髎ito bajo su poder uno de los ejemplares de las muestras recogidas, con la obligaci髇 de conservarlo en perfecto estado para su posterior utilizaci髇 en una prueba de car醕ter contradictorio si fuera necesario. Dicho ejemplar de la muestra se entregar� junto con una copia del acta. La desaparici髇, destrucci髇 o deterioro de ese ejemplar de la muestra se presumir� maliciosa, salvo prueba en contrario. Los otros dos ejemplares de la muestra quedar醤 en poder del personal de la inspecci髇, que remitir� uno de ellos al laboratorio que vaya a realizar el an醠isis inicial.
• b) Por el contrario, si el titular del establecimiento o la empresa inspeccionada actuasen como meros distribuidores del producto investigado, quedar� en su poder una copia del acta pero los tres ejemplares de la muestra ser醤 retirados por el personal de la inspecci髇. En este caso, uno de los ejemplares se pondr� a disposici髇 de la persona titular de la empresa fabricante, envasadora o marquista interesada o persona debidamente autorizada que la represente para que la retire si desea practicar una prueba contradictoria, y otro ejemplar se remitir� al laboratorio en que vaya a realizarse el an醠isis inicial.

Art韈ulo 64 Pr醕tica de las pruebas anal韙icas

1. Las pruebas anal韙icas se realizar醤 en laboratorios oficiales, en los privados acreditados o en los que fueran designados para ello por la autoridad competente en materia de consumo.

2. El laboratorio que recibiese la primera de las muestras, a la vista de la misma y de la documentaci髇 que la acompa馿, realizar� el an醠isis y emitir�, a la mayor brevedad posible, los resultados anal韙icos correspondientes y, en caso de que se le solicite, un informe t閏nico en que se pronunciar� de forma clara y precisa sobre la calificaci髇 que le merezca la muestra analizada.

3. Cuando del resultado del an醠isis inicial se deduzcan incumplimientos y en el supuesto de que la empresa no acepte dichos resultados, sin perjuicio de acreditar lo que convenga a su derecho por cualquier medio de prueba, podr� solicitar la realizaci髇 del an醠isis contradictorio, de acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:

• a) Designando, en el plazo de cinco d韆s h醔iles, a una persona perita de parte para su realizaci髇 en el laboratorio que practic� el an醠isis inicial, siguiendo las mismas t閏nicas empleadas por este y en presencia del t閏nico que certific� dicho an醠isis o persona designada por 閘. A tal fin, se comunicar� a la persona interesada la fecha y hora para la realizaci髇 del an醠isis contradictorio.
• b) Comunicando, en el plazo de ocho d韆s h醔iles, su intenci髇 de realizar el an醠isis contradictorio en un laboratorio oficial o privado autorizado, utilizando las mismas t閏nicas empleadas en el an醠isis inicial.

  El resultado anal韙ico y, en su caso, el informe t閏nico complementario a los que se refieren las letras a) y b) deber醤 ser remitidos en el plazo m醲imo de un mes, contado a partir de la comunicaci髇 de su intenci髇 de realizar el an醠isis contradictorio. Si transcurriese dicho plazo sin que se hubiese remitido el resultado del an醠isis, se entender� que renuncia a su derecho de realizaci髇 del an醠isis contradictorio.

  La renuncia expresa o t醕ita a efectuar el an醠isis contradictorio o la no aportaci髇 de la muestra que est� en poder del interesado supone la aceptaci髇 de los resultados a los que se lleg� en la pr醕tica del primer an醠isis.

  LE0000745024_20230101Letra b) del n鷐ero 3 del art韈ulo 64 redactada por el apartado燾uatro del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

La renuncia expresa o t醕ita a efectuar el an醠isis contradictorio o la no aportaci髇 de la muestra que est� en poder del interesado supone la aceptaci髇 de los resultados a los cuales se hubiese llegado en la pr醕tica del primer an醠isis.

4. Si existiera desacuerdo entre los dict醡enes de los an醠isis inicial y contradictorio, el 髍gano competente designar� otro laboratorio oficial u oficialmente acreditado que, teniendo a la vista los antecedentes de los anteriores an醠isis y utilizando la tercera muestra, realizar� con car醕ter urgente un tercer an醠isis, el cual ser� dirimente y definitivo.

5. Los gastos que se deriven de la realizaci髇 del an醠isis contradictorio ser醤 por cuenta de quien lo promueva; los originados por la realizaci髇 de los an醠isis inicial y dirimente ser醤 por cuenta de la empresa, salvo que los resultados de la dirimente rectifiquen los del an醠isis inicial, caso en que los dos ser醤 sufragados por la administraci髇.

Art韈ulo 65 Casos especiales en la realizaci髇 de las pruebas anal韙icas

1. En el supuesto de productos de dif韈il conservaci髇 en su estado inicial o de productos perecederos en general, cuando razones de urgencia por los peligros que pudiesen existir para la seguridad de los consumidores o circunstancias t閏nicas lo aconsejen, se podr醤 convocar en un mismo acto y en el mismo laboratorio tres personas peritas en la materia, dos de ellas nombradas por la administraci髇 y una en representaci髇 del interesado, para que practiquen los an醠isis inicial, contradictorio y, en su caso, el dirimente, sin soluci髇 de continuidad.

2. Con independencia de lo previsto en el art韈ulo anterior, cuando el motivo de la toma de muestras sea la realizaci髇 de ensayos anal韙icos sobre productos sometidos a certificaci髇 u homologaci髇 que se sometan a investigaci髇 para determinar su seguridad o aptitud funcional, as� como en los supuestos en que no sea posible su obtenci髇 por triplicado en el momento de la toma de muestras, el resultado de los ensayos podr� quedar acreditado con un 鷑ico resultado anal韙ico obtenido en un laboratorio oficial de una muestra compuesta de un 鷑ico ejemplar.

En estos casos, la realizaci髇 de las pruebas se notificar� previamente a las partes interesadas de las que se tenga conocimiento, al objeto de que puedan acudir y efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas.

LE0000745024_20230101N鷐ero 2 del art韈ulo 65 redactado por el apartado燾inco del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 66 Medidas administrativas para la correcci髇 del mercado

1. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo podr� adoptar las medidas de correcci髇 del mercado dirigidas a la neutralizaci髇 de los riesgos que puedan comprometer la seguridad de los consumidores, as� como a esclarecer las responsabilidades que en cada caso pudieran concurrir.

2. Las medidas a que se refiere el presente art韈ulo podr醤 afectar tanto a los responsables de la prestaci髇 del servicio como, en su caso, a los responsables de la producci髇, distribuci髇 o comercializaci髇 del producto, bien o servicio, o a cualquier otra persona que est� contribuyendo al riesgo o de la cual dependa la efectividad de las medidas adoptadas.

3. Las medidas provisionales pueden tener una o varias personas destinatarias concretas o una pluralidad indeterminada de personas, o incluso car醕ter general.

4. Los gastos que se deriven de la adopci髇 y ejecuci髇 de las medidas previstas en este art韈ulo ser醤 por cuenta de quienes con sus conductas los hayan originado.

5. Ninguna de las medidas a que se refieren los apartados anteriores tiene car醕ter sancionador y, salvo en el supuesto de que se levanten de oficio, se mantendr醤 mientras la empresa productora, fabricante, importadora del producto o prestadora del servicio no pruebe que han cesado las condiciones que aconsejaron su adopci髇.

6. La adopci髇 de cualquiera de las medidas anteriores es compatible con la iniciaci髇 previa, simult醤ea o posterior de un procedimiento sancionador.

Art韈ulo 67 Tipos de medidas de correcci髇 del mercado

Sin perjuicio de que pueda emprenderse cualquier otra actuaci髇 que se considere oportuna, las medidas previstas en el art韈ulo anterior consistir醤 en una o varias de las siguientes:

• a) Acordar la inmovilizaci髇, la retirada del mercado e incluso la recuperaci髇 de los consumidores de un producto inseguro, asegur醤dose, si fuera preciso, de su posterior destrucci髇.
• b) Para todo producto sobre el cual existan indicios razonables de que pueda ser inseguro se podr� prohibir temporalmente que se comercialice mientras se efect鷈n las inspecciones o verificaciones necesarias para clarificar de forma suficiente las condiciones de seguridad del producto.
• c) Cando se haya comprobado de forma suficiente el car醕ter inseguro de un producto o el incumplimiento de la normativa que le sea de aplicaci髇 en una actividad de prestaci髇 de servicios se podr� prohibir la puesta en el mercado del producto o la prestaci髇 de dichos servicios.
• d) Imponer condiciones previas a la comercializaci髇 de un producto o a la prestaci髇 de un servicio en los casos en que los incumplimientos normativos puedan ser corregidos o el posible riesgo disminuya de forma ostensible mediante la inclusi髇 de advertencias adecuadas.
• e) Suspender o prohibir la actividad, oferta, promoci髇 o venta de bienes o la prestaci髇 de servicios.
• f) Disponer, incluso mediante la publicaci髇 de avisos especiales, que las personas expuestas al riesgo o cuyos intereses econ髆icos o sociales pudiesen haber resultado perjudicados sean informadas convenientemente.
• g) Clausurar de forma temporal establecimientos o instalaciones.

Art韈ulo 68 Procedimiento de adopci髇 de medidas definitivas

1. La tramitaci髇 del procedimiento administrativo correspondiente se realizar� de acuerdo con lo previsto en la legislaci髇 de aplicaci髇, debiendo entenderse las actuaciones con las personas interesadas de las que se tenga conocimiento. Cuando sea la Administraci髇 auton髆ica la competente para tramitar este procedimiento, el plazo m醲imo en el que debe notificarse la resoluci髇 expresa ser� de seis meses.

LE0000745024_20230101N鷐ero 1 del art韈ulo 68 redactado por el apartado爏eis del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

2. Atendiendo a la gravedad de los hechos y a fin de evitar da駉s irreparables, podr� acordarse la tramitaci髇 de urgencia del procedimiento administrativo. En cualquier fase del mismo, el 髍gano competente podr� ordenar la pr醕tica de las inspecciones y controles necesarios para la clarificaci髇 de los hechos.

3. La resoluci髇 del procedimiento administrativo no impedir� la iniciaci髇 de un procedimiento sancionador si se comprueba la concurrencia de infracciones administrativas.

4. El responsable deber� asumir los gastos derivados de la adopci髇 de las medidas provisionales cuando sean definitivas por una resoluci髇 administrativa firme, mientras que los gastos derivados de las pruebas y ensayos correr醤 a cargo de quien los promueva.

5. Al objeto de garantizar la eficacia de las resoluciones adoptadas, el interesado deber� aportar justificaci髇 documental que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Si se considera necesario, estas se practicar醤 en presencia del personal de la Inspecci髇 de Consumo.

6. Cuando el procedimiento de adopci髇 de medidas haya sido iniciado por motivos relacionados con la seguridad de un producto, no ser� necesaria la realizaci髇 de los tr醡ites de audiencia y prueba cuando hayan sido realizados ante el mismo supuesto de hecho y ante id閚tica medida en el procedimiento administrativo que haya sido tramitado por otra Administraci髇 auton髆ica, la Administraci髇 del Estado u otra de 醡bito superior. En este caso, en el expediente administrativo se incluir� una identificaci髇 del procedimiento y del 髍gano donde se realizaron dichos tr醡ites, as� como toda la documentaci髇 que se haya recibido al respecto. Tampoco se realizar� el tr醡ite de audiencia en aquellos casos en que fuese imposible la localizaci髇 o identificaci髇 de las personas productoras o distribuidoras del producto o prestadoras del servicio de que se trate, causantes del riesgo.

Art韈ulo 69 Medidas provisionales

1. Iniciado el procedimiento, el 髍gano administrativo competente para su resoluci髇 podr� adoptar las medidas provisionales que estime oportunas de entre las se馻ladas en el art韈ulo 67, para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiese recaer, si existieran elementos de juicio para ello.

2. Antes de la iniciaci髇 del procedimiento administrativo, el 髍gano competente podr� adoptar las medidas correspondientes en aquellos casos en que la urgencia, la incertidumbre cient韋ica derivada de la aplicaci髇 del principio de cautela sobre la existencia de un riesgo para la salud o la seguridad o los dem醩 derechos de los consumidores, o la constataci髇 de una irregularidad en el transcurso de una actuaci髇 de inspecci髇 aconsejen tal adopci髇 para evitarles posibles perjuicios irreparables. En particular, podr� ordenarse la inmovilizaci髇 y retirada de productos, su recuperaci髇 de los consumidores, la suspensi髇 de actividades o del suministro a los consumidores del bien o servicio que est� causando el da駉 o ponga en riesgo la seguridad de los consumidores, sin perjuicio de que puedan aplicarse todas aquellas medidas que se estimen necesarias y proporcionadas al riesgo o al da駉 presunto o demostrado.

3. En el supuesto de adopci髇 de medidas provisionales con anterioridad al inicio del procedimiento, estas deber醤 ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento, que habr� de efectuarse en el plazo de quince d韆s siguientes a su adopci髇.

Art韈ulo 70 Multas coercitivas

1. A fin de garantizar la eficacia de las resoluciones contempladas en el art韈ulo anterior y, de modo especial, aquellas que se hayan emitido a consecuencia de conductas reiteradas de puesta en el mercado de productos que generen riesgos para la seguridad de los consumidores, el 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo podr�, de conformidad con la legislaci髇 vigente, imponer multas coercitivas.

2. La imposici髇 de una multa coercitiva ir� precedida del preceptivo requerimiento de ejecuci髇 de la resoluci髇 por la que se adopt� la medida provisional, advirtiendo al destinatario del plazo de que dispone para su cumplimiento y de la cuant韆 de la multa coercitiva que puede serle impuesta en caso de incumplimiento. El plazo se馻lado ha de ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligaci髇 de que se trate, y la multa proporcionada a la gravedad y alarma social generada, no pudiendo exceder nunca de 3.000 euros.

3. Si la administraci髇 comprobara el incumplimiento de lo ordenado, podr� reiterar las citadas multas por periodos que no pueden ser inferiores a lo indicado en el primer requerimiento.

4. Estas multas ser醤 independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanci髇 y son compatibles con las mismas.

Art韈ulo 71 Competencias de las corporaciones locales en materia de consumo

1. Corresponde a las entidades locales promover y desarrollar la protecci髇 y defensa de los consumidores en sus respectivos 醡bitos territoriales, con el alcance y contenido que les atribuye la presente ley y el resto de las normas jur韉icas de aplicaci髇, en el marco de la planificaci髇 y programaci髇 que se establezca por la Administraci髇 auton髆ica.

2. Las administraciones locales ejercer醤, en particular, las siguientes competencias:

• a) La ejecuci髇 de las medidas que hayan sido adoptadas por la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo en colaboraci髇 con la Inspecci髇 de Consumo.
• b) La inspecci髇, verificaci髇, correcci髇 y sanci髇 del incumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa de protecci髇 de los consumidores en el 醡bito de la venta ambulante o no sedentaria, ferias y mercados.
• c) La fijaci髇, de acuerdo con los l韒ites establecidos legalmente, del importe de las sanciones a que se refiere la letra anterior, pudiendo ser objeto de regulaci髇 por medio de la correspondiente ordenanza local de consumo.
• d) La adopci髇 de medidas urgentes, que deber醤 ser comunicadas de forma inmediata al 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo.
• e) La informaci髇 y asesoramiento a los consumidores, su formaci髇 y educaci髇.
• f) El establecimiento de oficinas o servicios de atenci髇 al consumidor, hecho que deber� comunicarse al 髍gano auton髆ico competente en materia de consumo.
• g) La recepci髇 de las reclamaciones de los consumidores de su 醡bito territorial y la realizaci髇 de mediaci髇 entre los consumidores y las empresas de todas ellas, como paso previo a su derivaci髇 a la administraci髇 competente para su tramitaci髇.
• h) El fomento de los sistemas de resoluci髇 extrajudicial de conflictos, en particular del sistema arbitral de consumo.
• i) El apoyo y fomento de las organizaciones de consumidores ubicadas en su territorio.
• j) La promoci髇 de 髍ganos de participaci髇 ciudadana en materia de consumo.

3. Las entidades locales, con respeto a la normativa estatal y auton髆ica de aplicaci髇, podr醤 aprobar ordenanzas en materia de consumo para el mejor cumplimiento de la normativa de defensa del consumidor.

4. De forma general, las administraciones locales podr醤 ordenar la realizaci髇 de actuaciones de inspecci髇 en su 醡bito competencial. De los resultados de estas actuaciones se dar� cuenta al 髍gano de la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo.

5. En aquellos casos en que la Administraci髇 local afectada no disponga de los medios t閏nicos o econ髆icos necesarios podr� solicitar al 髍gano auton髆ico competente la ejecuci髇 subsidiaria de determinadas funciones de las mencionadas en los apartados anteriores.

6. La Administraci髇 auton髆ica, de acuerdo con la normativa de aplicaci髇, podr� delegar competencias auton髆icas a las entidades locales.

Art韈ulo 72 觬ganos de cooperaci髇 y coordinaci髇

La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo promover� la creaci髇 de 髍ganos de cooperaci髇 y coordinaci髇 entre las distintas administraciones en Galicia para el mejor cumplimento de sus competencias en materia de defensa del consumidor.

Art韈ulo 73 Coordinaci髇 y cooperaci髇 de actuaciones en materia de consumo con las entidades locales

1. Las diferentes administraciones locales ejercer醤 sus actuaciones en materia de consumo a que hace referencia el art韈ulo 71 de forma coordinada, sin perjuicio del respeto de la autonom韆 que a tales entidades les atribuya la legislaci髇 vigente, por el 髍gano auton髆ico competente en esta materia.

2. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo crear� un 髍gano colegiado de coordinaci髇, cooperaci髇 y participaci髇 entre la Administraci髇 auton髆ica y las entidades locales, con las caracter韘ticas y composici髇 que se determinen de acuerdo con lo establecido en la Ley de Administraci髇 local de Galicia.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo podr� establecer foros de coordinaci髇 con las entidades locales, as� como celebrar con ellas los protocolos o convenios de colaboraci髇 que consideren oportunos en orden a desarrollar y coordinar las competencias en materia de consumo.

4. La coordinaci髇 prevista en los apartados anteriores respetar�, en todo caso, la autonom韆 local y se limitar� a aquellas competencias concurrentes de las dos administraciones en el 醡bito de la defensa del consumidor y aquellas que as� se determinen conjuntamente, pudiendo ser objeto de control por el Parlamento de Galicia. La mencionada coordinaci髇 respetar� igualmente las competencias que en la coordinaci髇, asistencia y cooperaci髇 correspondan a las provincias, mancomunidades, 醨eas metropolitanas y dem醩 figuras de organizaci髇 supramunicipal.

V閍se D 98/2021,�24爅unio, por el que se crea el Consejo de Cooperaci髇 de Consumo de Galicia (獶.O.G.� 8 julio).LE0000702629_20210728

Art韈ulo 74 Competencias sancionadoras

Corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Galicia la potestad para sancionar las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores, incluso aquellas que afecten a sectores que cuenten con regulaci髇 espec韋ica, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra 韓dole en que pueda incurrirse.

Art韈ulo 75 Administraci髇 competente

1. La Comunidad Aut髇oma de Galicia sancionar� las infracciones en materia de defensa de los consumidores cometidas en su territorio o a consecuencia de ofertas, comunicaciones comerciales o cualquier otro tipo de propuestas dirigidas a los consumidores de la Comunidad Aut髇oma de Galicia, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio de quien los realice e independientemente del lugar en que se ubiquen sus establecimientos.

2. Las infracciones se entender醤 cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adem醩, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi髇 o riesgo para los intereses de los consumidores protegidos por la norma sancionadora.

3. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionar醤, asimismo, las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de los consumidores de las empresas de los sectores que cuenten con regulaci髇 espec韋ica y las pr醕ticas comerciales desleales con los consumidores.

Art韈ulo 76 Actuaciones u omisiones infractoras

1. Cada hecho infractor, ya sea una actuaci髇 u omisi髇, ser� sancionado independientemente aplicando la sanci髇 correspondiente, salvo en el supuesto de que un hecho constituya dos o m醩 infracciones o cuando una sea el medio necesario para cometer otra, caso en que se aplicar� la sanci髇 prevista para la infracci髇 m醩 grave en su mitad superior.

2. Se considera que un hecho infractor es independiente de otro cuando la comisi髇 de uno pueda realizarse sin la realizaci髇 del otro y viceversa. En este supuesto se impondr醤 tantas sanciones como hechos realizados.

En especial, salvo que sea de aplicaci髇 la condici髇 del apartado 1, cada cl醬sula, acto, actuaci髇 o pr醕tica abusiva se considerar� como un hecho infractor independiente.

LE0000745024_20230101N鷐ero 2 del art韈ulo 76 redactado por el apartado siete del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionar� como 鷑ica infracci髇, aunque valorando la totalidad de la conducta, la pluralidad continuada de acciones u omisiones id閚ticas o similares realizadas por un sujeto en relaci髇 con una serie de productos o prestaciones del mismo tipo. En estos supuestos se impondr� la sanci髇 m醩 elevada posible de las previstas para la infracci髇 m醩 grave cometida.

LE0000745024_20230101N鷐ero�3 del art韈ulo 76 redactado por el apartado siete del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 77 Non bis in idem

1. En ning鷑 caso se producir� una doble sanci髇 por los mismos hechos, siempre que se aprecie identidad de sujeto y fundamento en funci髇 de los mismos intereses p鷅licos protegidos, todo ello sin perjuicio de que puedan exigirse las dem醩 responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

En este supuesto, el 髍gano competente resolver� la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucci髇 del procedimiento en que queden acreditadas estas circunstancias.

2. De acuerdo con el principio de territorialidad, el hecho de que una Comunidad Aut髇oma distinta de la gallega hubiese impuesto una sanci髇 no supondr� la imposibilidad de que la Comunidad Aut髇oma de Galicia pueda imponer nuevas sanciones polos mismos hechos, salvo que se acredite que durante la tramitaci髇 del procedimiento sancionador se tuvieron en cuenta los derechos de los consumidores de la Comunidad Aut髇oma de Galicia para su imposici髇.

3. En ning鷑 caso existir� igualdad de hechos cuando la sanci髇 impuesta se refiera a personas distintas respecto de las que se les vulneraron sus derechos.

LE0000745024_20230101N鷐ero�3 del art韈ulo 77爄ntroducido por el apartado爋cho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. Cuando se trate de hechos concurrentes constitutivos de infracci髇, proceder� la imposici髇 de todas las sanciones o multas previstas en esta y en otras leyes aplicables para cada una de las infracciones. No obstante, al imponerse las sanciones, se tendr醤 en cuenta, a efectos de su graduaci髇, las otras sanciones reca韉as para que conjuntamente resulten proporcionadas a la gravedad de la conducta del infractor. Se considerar� que hay hechos concurrentes constitutivos de infracci髇 cuando el mismo sujeto incumpla diversos deberes que supongan diferentes lesiones del mismo o de distintos intereses p鷅licos sin que una de las infracciones conlleve necesariamente la otra, aunque sirva para facilitarla o encubrirla, y ello con independencia de que se refieran a los mismos productos o servicios, o que esos incumplimientos sean sancionables conforme al mismo tipo de infracci髇.

LE0000745024_20230101N鷐ero�4 del art韈ulo 77 introducido por el apartado ocho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 78 Concurrencia de procedimientos

1. Si, iniciado un procedimiento sancionador, se considera que los hechos pudieran ser constitutivos de il韈ito penal, se comunicar� al Ministerio Fiscal, suspendi閚dose el procedimiento y los plazos de prescripci髇 y caducidad hasta que recaiga resoluci髇 judicial y esta sea comunicada a la administraci髇 competente en materia de consumo.

2. El 髍gano competente suspender� igualmente la resoluci髇 del procedimiento y los plazos de prescripci髇 y caducidad cuando, por los mismos hechos, se est� instruyendo una causa penal ante los tribunales de justicia hasta que recaiga resoluci髇 judicial. Las medidas administrativas que hubiesen sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendr醤 en tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mismas.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluci髇 judicial penal firme vinculan a los 髍ganos administrativos respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten.

4. Si se acreditara que se est� siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los 髍ganos de la Uni髇 Europea, se aplazar� la resoluci髇 del procedimiento suspendiendo el mismo as� como los plazos de prescripci髇 y caducidad. La suspensi髇 se levantar� una vez que aquellos dicten resoluci髇 firme.

5. En caso de que los 髍ganos comunitarios hubiesen impuesto una sanci髇, el 髍gano competente para resolver habr� de tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanci髇 que, en su caso, deba imponer, y podr� compensarla, sin perjuicio de declarar la comisi髇 de la infracci髇.

Art韈ulo 79 Car醕ter de las infracciones en materia de defensa de los consumidores

Las infracciones en materia de defensa del consumidor se considerar醤, en todo caso, infracciones en materia de disciplina de mercado.

Art韈ulo 80 Clasificaci髇 de las infracciones

Las infracciones en materia de defensa del consumidor se clasifican como leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 81 Infracciones leves

Las infracciones siguientes se calificar醤 como leves:

• 1. La obstrucci髇 o negativa a suministrar datos o a facilitar la informaci髇 requerida por las autoridades competentes o sus agentes para el cumplimiento de las funciones de informaci髇, vigilancia, inspecci髇, tramitaci髇 y ejecuci髇.
• 2. El incumplimiento de la normativa reguladora de los precios o contraprestaciones que no tengan el car醕ter de graves o muy graves.
• 3. La ausencia de correcci髇 en el trato, consideraci髇 o respeto a los consumidores que no tengan el car醕ter de graves o muy graves.
• 4. Exigir alguna contraprestaci髇 o generar gastos o disposici髇 de dinero o cualquier otro bien a un consumidor a consecuencia de la recepci髇 de comunicaciones comerciales o publicidad, con independencia del medio utilizado.
• 5. La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor, producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfacci髇 est� dentro de las disponibilidades de la empresa vendedora o prestadora de un servicio, as� como cualquier forma de discriminaci髇 con respecto a las referidas demandas.
• 6. La no entrega del resguardo de dep髎ito a los consumidores en caso de dep髎ito de un bien para cualquier tipo de intervenci髇 u operaci髇, la no elaboraci髇 de un presupuesto previo, la no extensi髇 de la correspondiente factura por la venta de bienes o prestaci髇 de servicios o la no entrega del documento justificativo de la relaci髇 de consumo en los casos en que sea preceptivo o cuando lo solicite el consumidor, o la entrega sin cumplir con los requisitos normativamente establecidos.
• 7. La negativa para aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los l韒ites establecidos por la normativa tributaria y de prevenci髇 y lucha contra el fraude fiscal.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�7 del art韈ulo�81 redactado por el apartado爊ueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 8. El incumplimiento de las normas relativas a registro, normalizaci髇, tipificaci髇 o denominaci髇, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, incluidas las relativas a la informaci髇 previa a la contrataci髇, que no tengan el car醕ter de grave o muy grave.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�8 del art韈ulo 81 redactado por el apartado nueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 9. El incumplimiento de las disposiciones sobre utilizaci髇 de marchamos, cu駉s y contramarcas.
• 10. El incumplimiento de las normas relativas a documentaci髇, informaci髇, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado r間imen y funcionamiento de la empresa, instalaci髇 o servicio y como garant韆 para la protecci髇 del consumidor.
• 11. No disponer de las hojas de reclamaci髇 establecidas normativamente, o no exhibir de modo visible el cartel anunciador de su existencia, as� como negar la entrega de las mismas a los consumidores que lo soliciten.
• 12. No dar respuesta a las reclamaciones de los consumidores o realizarlo fuera del plazo establecido.
• 13. No formalizar por escrito las ofertas, condiciones o manifestaciones cuando as� se exija en la normativa de aplicaci髇.
• 14. No acusar recibo de una reclamaci髇 o hacerlo con incumplimiento de lo exigido reglamentariamente.
• 15. Toda actuaci髇 discriminatoria contra personas consumidoras vulnerables, independientemente del motivo, o contra cualquier consumidor o usuario por el ejercicio de los derechos que confiere la normativa de aplicaci髇 en materia de protecci髇 a los consumidores y usuarios, ya sea no atendiendo sus demandas, neg醤doles el acceso a los establecimientos o dispens醤doles un trato o imponi閚doles unas condiciones desiguales, as� como el incumplimiento de las prohibiciones de discriminaci髇 previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuaci髇 no sea constitutiva de delito.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�15 del art韈ulo 81 redactado por el apartado燿iez del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 16. Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestaci髇 de los servicios y, en especial, las previstas como tales en la Ley org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando no sean constitutivas de delito.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�16 del art韈ulo 81爄ntroducido por el apartado爋nce del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 17. El incumplimiento de las obligaciones en relaci髇 con los servicios de atenci髇 al cliente establecidas en la normativa de aplicaci髇 en materia de protecci髇 a los consumidores y usuarios, que no tengan el car醕ter de grave o muy grave.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 17 del art韈ulo 81 introducido por el apartado once del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 18. Los incumplimientos de los requisitos, obligaciones o prohibiciones contempladas en la presente ley u otras normas de protecci髇 de los consumidores que no tengan la calificaci髇 de infracciones graves o muy graves en los art韈ulos siguientes.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 18 del art韈ulo 81 introducido por el apartado once del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 82 Infracciones graves

Las infracciones siguientes se calificar醤 como graves:

• 1. La reincidencia en infracciones leves.
• 2. Facilitar informaci髇 falsa, inexacta o enga駉sa a las administraciones con relaci髇 a la defensa de los derechos de los consumidores.
• 3. La obstrucci髇 o negativa reiterada a suministrar datos o a facilitar las funciones de informaci髇, vigilancia o inspecci髇. En todo caso, se entender� que existe reiteraci髇 cuando, despu閟 de haber realizado dos requerimientos por parte de la inspecci髇, no se diera cumplimento a lo requerido en los mismos.
• 4. La resistencia, coacci髇, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presi髇 a consumidores u organizaciones de consumidores que hayan promovido o pretendan promover cualquier clase de acci髇 legal, denuncia, reclamaci髇 o participaci髇 en procedimientos ya iniciados, as� como la tentativa de ejercitar tales actos.
• 5. El fraude en la prestaci髇 de toda clase de servicios, de forma que se incumplan las condiciones, calidad, cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, conforme a la categor韆 con que estos se ofrezcan o correspondan a su naturaleza. A los efectos anteriores, se considerar� fraude el mero incumplimiento de lo pactado o exigible sin necesidad de existencia de un 醤imo espec韋ico.
• 6. La exigencia de cualquier contraprestaci髇 por una empresa aprovech醤dose de una posici髇 de poder respecto a un consumidor o en una situaci髇 en que se encuentre mermada la libertad de elecci髇 del consumidor por cualquier circunstancia o en el supuesto en que se vincule la ejecuci髇 de otro contrato a la satisfacci髇 de dicha contraprestaci髇, siempre que no tenga el car醕ter de muy grave.
• 7. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho del consumidor de poner fin a los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizaci髇 al ejercicio de tal derecho del consumidor a trav閟 del procedimiento pactado, la falta de previsi髇 de este o la falta de comunicaci髇 al consumidor del procedimiento para darse de baja en el servicio.
• 8. La elaboraci髇, distribuci髇, suministro o venta de bienes o servicios cuando su composici髇 o calidad o caracter韘ticas no se ajusten a las disposiciones vigentes o difieran de las declaradas por cualquier medio, o de las que objetivamente pudiera esperar el consumidor.
• 9. La realizaci髇 de transacciones en las cuales se imponga injustificadamente al consumidor la condici髇 expresa o t醕ita de comprar una cantidad m韓ima o productos no solicitados, o la de prestarle o prestar 閘 un servicio no pedido o no ofrecido.
• 10. La venta al p鷅lico de bienes o la prestaci髇 de servicios a precios superiores a los m醲imos establecidos en la normativa aplicable, siempre que no tengan el car醕ter de muy grave.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�10 del art韈ulo 82 redactado por el apartado doce del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 11. El acaparamiento o detracci髇 injustificada al mercado de materias o productos destinados directa o indirectamente al suministro o venta al p鷅lico, cuando tales actividades puedan causar un perjuicio para el consumidor.
• 12. El incumplimiento de las disposiciones administrativas sobre prohibici髇 de elaborar y/o comercializar determinados productos o servicios y la comercializaci髇 o distribuci髇 de aquellos que precisen autorizaci髇 administrativa y, en especial, su inscripci髇 en el Registro General Sanitario, sin disponer de ella.
• 13. La elaboraci髇, distribuci髇, suministro o venta de bienes a los cuales se les haya a馻dido o sustra韉o cualquier sustancia o elemento para variar su composici髇, estructura, peso o volumen con fines fraudulentos, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no est閚 expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteraci髇 de los productos utilizados.
• 14. El fraude en cuanto al origen, calidad, composici髇, cantidad, peso o medida de cualquier clase de bienes o servicios destinados al p鷅lico. A los efectos anteriores, se considerar� fraude el mero incumplimiento de lo exigible sin necesidad de existencia de un 醤imo espec韋ico.
• 15. La presentaci髇 mediante determinados envases, etiquetas, r髏ulos, cierres, precintos o cualquier otra informaci髇 o publicidad que induzca a enga駉 o confusi髇 o enmascare la verdadera naturaleza del producto o servicio.
• 16. No remitir las grabaciones de las conversaciones con los consumidores en el plazo establecido o hacerlo sin cumplir con los requisitos exigidos para ello.
• 17. El incumplimiento de las disposiciones sobre salud o seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor.
• 18. El incumplimiento de las disposiciones y r間imen sobre garant韆 o conformidad de los productos y servicios de consumo, as� como la insuficiencia de la asistencia t閏nica con relaci髇 a la ofrecida o exigible por el consumidor en la adquisici髇 de tales bienes.
  LE0000745024_20230101Apartado�18 del art韈ulo 82 redactado por el apartado trece del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 19. La omisi髇 de la informaci髇 necesaria en la publicidad u oferta comercial de bienes y servicios.
• 20. Salvo que suponga la comisi髇 de una infracci髇 muy grave, el incumplimiento del r間imen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles o el de contrataci髇 a distancia, en especial, en el supuesto de pago mediante tarjeta, la no anulaci髇 inmediata del cargo exigido por el consumidor con las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y del consumidor titular de la tarjeta.
• 21. La exhibici髇 o introducci髇 en cualquier comunicaci髇 del distintivo de adhesi髇 al sistema arbitral de consumo sin encontrarse adherido al mismo o el de adhesi髇 sin limitaciones a dicho sistema cuando existieran.
• 22. El incumplimiento de laudos arbitrales o de cualquier acuerdo al cual se hubiese llegado con el consumidor despu閟 de la presentaci髇 de la reclamaci髇.
• 22 bis. El incumplimiento de los compromisos previstos en el apartado 2 del art韈ulo 92.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 22 bis del art韈ulo 82 introducido por el apartado catorce del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 23. La realizaci髇 de pr醕ticas comerciales desleales o publicidad il韈ita.
• 24. La suspensi髇 del servicio de car醕ter continuado con posterioridad a la presentaci髇 de una reclamaci髇 mientras no se diera respuesta a la misma si esta est� relacionada con el motivo de la suspensi髇.
• 25. La ausencia de correcci髇, consideraci髇 o respeto a los consumidores con actuaciones ofensivas.
• 26. La realizaci髇 de cualquier tipo de publicidad por parte de una empresa a fin de mostrar una imagen favorable sobre ella, con independencia del 醡bito a que se refiera, sin ser cierto, siempre que no deba calificarse como muy grave.
• 27. La exhibici髇 de un sello de confianza o calidad o de un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorizaci髇, o la exhibici髇 de distintivos o menciones que evoquen directa o indirectamente un sello de confianza, de calidad o un distintivo equivalente que es objeto de regulaci髇.
• 28. La realizaci髇 de cualquier pr醕tica o actuaci髇 abusiva o cualquier actuaci髇 abusiva.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�28 del art韈ulo 82 redactado por el apartado quince del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 29. La introducci髇, existencia o mantenimiento de una cl醬sula abusiva en los contratos con los consumidores.
  LE0000715875_20230101Apartado�29 del art韈ulo 82 redactado por el n鷐ero uno del燼rt韈ulo 38 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 31 diciembre); Correcci髇 de errores (獶.O.G.� 17 febrero 2022).Vigencia: 1 enero 2022
• 30. La no constituci髇 de avales, seguros o garant韆s a favor de los consumidores establecidos reglamentariamente.
• 31. Causar cualquier perjuicio, directo o indirecto, a un consumidor, a consecuencia de la presentaci髇 por parte de este de una reclamaci髇, as� como la no satisfacci髇 a los consumidores de las indemnizaciones, compensaciones o reparaciones establecidas reglamentariamente.
• 32. En la contrataci髇 con consumidores, obligarlos a personarse para realizar cobros, pagos u otros tr醡ites similares, o no garantizarse, por parte del empresario, la constancia del acto celebrado.
• 33. La vulneraci髇 de los derechos lingsticos de los consumidores.
• 34. El incumplimiento o no acreditaci髇 de facilitar al consumidor la informaci髇 previa al contrato exigida en la normativa aplicable.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 34 del art韈ulo 82 redactado por el apartado燿iecis閕s del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 35. La manipulaci髇, traslado o disposici髇 en cualquier forma de mercanc韆 cautelarmente intervenida.
• 36. La exigencia de datos o el registro del consumidor siempre que no sean necesarios para el suministro o funcionamiento de bienes o prestaci髇 de servicios o para que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas en la normativa de aplicaci髇.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�36 del art韈ulo 82 redactado por el apartado燿iecisiete del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 37. La manifestaci髇 unilateral de la demora por la empresa en contra de lo establecido en el art韈ulo 37 de la presente ley.
• 38. El incumplimiento de las disposiciones sobre cr閐ito al consumo.
• 39. El corte de suministro de servicios de inter閟 general de tracto sucesivo o continuado, sin constancia efectiva de recepci髇 previa por la persona consumidora de una notificaci髇 concediendo plazo suficiente para alegar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte, y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que, en su caso, pudieran proceder.
• 40. El incumplimiento, por parte de los proveedores y proveedoras de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones y titulares de medios de pago utilizados en las transacciones electr髇icas, de las obligaciones impuestas en la presente ley o leyes sectoriales relevantes en materia de consumo.
• 41. La imposici髇 injustificada a las personas consumidoras del deber de personarse para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o tr醡ites similares, o exigirles de forma abusiva la cumplimentaci髇 de impresos y la aportaci髇 de datos que impongan molestias desproporcionadas, as� como obstaculizar, impedir o dificultar que las personas consumidoras puedan ejercer sus derechos.
• 42. El incumplimiento por las empresas de las obligaciones de informaci髇 previstas en el art韈ulo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo, sin perjuicio de la existencia de otras posibles infracciones, en especial, en materia de informaci髇 al consumidor que vengan establecidas en la normativa que resulte de aplicaci髇.
  LE0000656547_20200101N鷐ero 42 del art韈ulo 82 introducido por el apartado爐res del art韈ulo�31 de la Ley [GALICIA] 7/2019, 23 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2020
• 43. No devoluci髇 o abono a los consumidores de cantidades indebidamente cobradas, retenidas o abonadas por los consumidores por gastos que no les correspondan, en especial como consecuencia de la aplicaci髇 de cl醬sulas abusivas o de la realizaci髇 de pr醕ticas o cualquier actuaci髇 abusiva, de la entrega de bienes o prestaci髇 de servicios no solicitados o no prestados efectivamente, o del ejercicio del derecho de desistimiento, revocaci髇, inexistencia de relaci髇 de consumo o cualquier otra circunstancia; as� como la no remoci髇 de los efectos para los consumidores derivados de las acciones o situaciones anteriores.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 43 del art韈ulo 82 redactado por el apartado燿ieciocho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 44. Incumplir las disposiciones o resoluciones administrativas sobre la prohibici髇 de venta, comercializaci髇 o distribuci髇 de determinados bienes o cualquier otra en relaci髇 con la seguridad de los productos.
  LE0000715875_20230101Apartado 44 del art韈ulo 82爄ntroducido por el n鷐ero爐res del art韈ulo 38 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• 45. Facilitar informaci髇, o introducci髇 o aplicaci髇 de cl醬sulas no claras o no transparentes para el consumidor.
  LE0000715875_20230101Apartado 45 del art韈ulo 82 introducido por el n鷐ero tres del art韈ulo 38 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• 46. Siempre que est� permitida la modificaci髇 unilateral por la empresa de un contrato con un consumidor, no justificarse por parte de la empresa que el consumidor ha sido notificado de manera fidedigna de las modificaciones contractuales, de sus efectos y derechos que le asisten y de que ha tenido conocimiento pleno de ello, o hacerlo incumpliendo el plazo establecido para ello.
  LE0000715875_20230101Apartado 46 del art韈ulo 82 introducido por el n鷐ero tres del art韈ulo 38 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• 47. No acreditarse por parte de la empresa el cumplimiento de los requisitos de informaci髇, claridad y transparencia de la informaci髇 facilitada o de las obligaciones de cualquier tipo exigidas por la normativa reguladora de las comunicaciones comerciales a distancia, o por cualquier otra normativa relativa a comunicaciones a distancia con consumidores.
  LE0000715875_20230101Apartado 47 del art韈ulo 82 introducido por el n鷐ero tres del art韈ulo 38 de la Ley 18/2021, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2022
• 48. El incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por la Administraci髇 mediante 髍denes o como medidas cautelares o provisionales dictadas con el fin de evitar la producci髇 o continuaci髇 de riesgos o lesiones para los consumidores, as� como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para poner fin a la infracci髇 y corregir sus efectos.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 48 del art韈ulo 82 introducido por el apartado燿iecinueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 49. El env韔 o suministro, con pretensi髇 de cobranza, de bienes o servicios no solicitados por el consumidor.
  LE0000745024_20230101N鷐ero 49 del art韈ulo 82 introducido por el apartado diecinueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 50. El uso de t閏nicas de comunicaci髇 que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposici髇 del consumidor y usuario, cuando no concurran estos.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�50 del art韈ulo 82 introducido por el apartado diecinueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• 51. La negativa u obstaculizaci髇 al ejercicio del derecho de desistimiento por parte del consumidor.
  LE0000745024_20230101N鷐ero�51 del art韈ulo 82 introducido por el apartado diecinueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 83 Infracciones muy graves

Las infracciones siguientes se calificar醤 como muy graves:

• 1. La reincidencia en infracciones graves.
• 2. El incumplimiento del r間imen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles o el de contrataci髇 a distancia se clasificar醤 como infracciones muy graves cuando el volumen de la facturaci髇 realizada a que se refiere la infracci髇 sea superior a 601.012,10 euros.
• 3. La negativa absoluta a facilitar informaci髇 o prestar colaboraci髇 a los servicios de control e inspecci髇.
• 4. La resistencia, coacci髇, amenaza, represalia o cualquier otra forma de presi髇 al personal de las administraciones p鷅licas encargado de las funciones de inspecci髇 o vigilancia, tramitaci髇 y correcci髇 del mercado, as� como la tentativa de ejercitar tales actos.
• 5. No disponer de oficinas f韘icas de atenci髇 personal al consumidor cuando as� sea obligatorio o incumplir los requisitos exigidos para su funcionamiento.
• 6. No disponer de un n鷐ero de tel閒ono totalmente gratuito de atenci髇 al consumidor o de un correo electr髇ico cuando sea preceptivo, o incumplir los requisitos reglamentariamente establecidos para su funcionamiento.

Art韈ulo 84 Infracciones graves o muy graves por concurrir determinadas circunstancias

1. Las infracciones que, de acuerdo con los art韈ulos 81 y 82, tengan la calificaci髇 de leve o grave ser醤 calificadas, respectivamente, como graves o muy graves si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Haber sido realizadas aprovechando situaciones de necesidad de determinados bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, as� como originar igual situaci髇.
• b) Haber sido realizadas explotando la especial inferioridad, subordinaci髇 o indefensi髇 de determinados consumidores o grupos de ellos.
• c) Cometerse con incumplimiento total de los deberes impuestos o con una habitualidad, duraci髇 u otras circunstancias cualitativas o cuantitativas que impliquen desprecio manifiesto de los intereses p鷅licos protegidos en la normativa de aplicaci髇 en materia de protecci髇 de personas consumidoras y usuarias.
• d) Producir una alteraci髇 social grave, injustificada y previsible en el momento de la comisi髇, originando alarma o desconfianza en los consumidores o incidiendo desfavorablemente en un sector econ髆ico.
• e) Realizarse haciendo valer la situaci髇 de predominio del infractor en un sector del mercado.
• f) Ser reincidente o responsable por la comisi髇 de cualquier delito o infracci髇 lesiva de los intereses de los consumidores o usuarios en las condiciones y plazos previstos en el art韈ulo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico.
• g) Que se haya creado una situaci髇 de desabastecimiento de un sector o de una zona de mercado.
• h) La aplicaci髇 de precios o m醨genes comerciales en cuant韆 muy superior a los l韒ites autorizados o comunicados a la administraci髇 competente, o como consecuencia de una actuaci髇 il韈ita, as� como la concurrencia en la mayor韆 de los bienes y servicios ofrecidos por una empresa de precios que excedan de tales l韒ites, aunque individualmente considerados no resulten excesivos.

2. Las infracciones que, de acuerdo con lo dispuesto en los art韈ulos 82, 83 y en el presente art韈ulo, tengan la calificaci髇 de grave o muy grave se considerar醤, respectivamente, como leve o grave si antes de iniciarse el procedimiento sancionador el responsable corrigi� diligentemente las irregularidades en que consista la infracci髇, siempre que no haya causado perjuicios directos, devolvi� voluntariamente las cantidades cobradas, colabor� activamente para evitar o disminuir los efectos de la infracci髇 u observ� espont醤eamente cualquier otro comportamiento de an醠ogo significado. No obstante, no se tendr� en cuenta lo dispuesto en el p醨rafo anterior, y se impondr� la sanci髇 en su grado m醲imo, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Que se trate de una infracci髇 continuada o de una pr醕tica habitual.
• b) Que la infracci髇 comporte un riesgo para la salud o la seguridad de los consumidores, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.

3. Cuando concurran circunstancias del apartado 1 con las del apartado 2 podr醤 compensarse para calificar la infracci髇.

LE0000745024_20230101Art韈ulo 84 redactado por el apartado veinte del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 85 Reincidencia y reiteraci髇

1. La reincidencia se aplicar� en la clasificaci髇 de las infracciones, entendiendo que existe reincidencia cuando se cometa en el plazo de cinco a駉s m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza y as� se haya declarado por resoluci髇 firme en v韆 administrativa.

2. La reiteraci髇 se aplicar� en la graduaci髇 de las sanciones, entendiendo que, dentro de un procedimiento, existe reiteraci髇 cuando, habi閚dose iniciado con anterioridad otro procedimiento por la comisi髇 de una infracci髇, el responsable de la misma persista en la comisi髇 de la misma infracci髇.

3. No podr� apreciarse la circunstancia de reiteraci髇 cuando para determinar la clasificaci髇 de la infracci髇 se considere que existe reincidencia.

Art韈ulo 86 Sanciones

1. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente ley ser醤 las siguientes:

• a) Las infracciones leves ser醤 sancionadas con multa de 150 a 10.000 euros y podr醤 exceder de esta cantidad, hasta alcanzar el triple del valor de los bienes o servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios, o alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio il韈ito obtenido.
• b) Las infracciones graves ser醤 sancionadas con multa de 10.001 a 100.000 de euros y podr醤 exceder de esta cantidad, hasta alcanzar el qu韓tuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios, o alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio il韈ito obtenido.
• c) Las infracciones muy graves ser醤 sancionadas con multa de 100.001 a 1.000.000 euros y podr醤 exceder de esta cantidad, hasta alcanzar el qu韓tuplo del valor de los bienes o servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios, o alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio il韈ito obtenido.

No obstante, cuando la aplicaci髇 de los rangos indicados anteriormente implique la imposici髇 de una sanci髇 desproporcionada en relaci髇 con la capacidad econ髆ica del infractor, se podr� utilizar el rango asignado a la calificaci髇 de un menor nivel de gravedad para el c醠culo de la sanci髇. Esta utilizaci髇 del rango asignado a un menor nivel de gravedad podr� alcanzar la reducci髇 en dos niveles y ser� particularmente considerada en los supuestos de microempresas, peque馻s y medianas empresas.

LE0000745024_20230101N鷐ero 1 del art韈ulo 86 redactado por el apartado veintiuno del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

2. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisi髇 de infracciones graves o muy graves incurrir醤, adem醩, de conformidad con la Ley de contratos del sector p鷅lico, en la prohibici髇 establecida en la misma para las empresas sancionadas en materia de disciplina del mercado.

3. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisi髇 de infracciones muy graves no podr醤 recibir ayudas de ninguna clase, ni directas ni indirectas, de la Administraci髇 auton髆ica durante el plazo de cuatro a駉s desde que la sanci髇 fuera firme en v韆 administrativa o, en su caso, judicial.

4. No ser� de aplicaci髇 lo establecido en los apartados 2 y 3 de este precepto si, iniciado un procedimiento a consecuencia de una reclamaci髇, en el periodo de alegaciones al acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento se dio satisfacci髇 a todas las personas reclamantes y as� consta acreditado en el expediente, o la empresa somete la resoluci髇 de la controversia al arbitraje de consumo o a cualquier otro institucional.

5. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensi髇 de su funcionamiento hasta que se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad, no tienen el car醕ter de sanci髇.

LE0000745024_20230101N鷐ero 5 del art韈ulo 86 introducido por el apartado veintid髎 del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 87 Gradaci髇 de las sanciones

Para determinar, dentro de los l韒ites m韓imos y m醲imos establecidos, el importe de la multa correspondiente a cada infracci髇, se atender� a la concurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en el art韈ulo 84 que no pudieron ser tenidas en cuenta para alterar la calificaci髇 de la infracci髇 o que no se dieron con todos los requisitos, adem醩 de la naturaleza de la infracci髇, el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el car醕ter continuado de la infracci髇, el n鷐ero de consumidores afectados, el nivel de los da駉s y perjuicios que hayan sufrido, las sanciones impuestas por la misma infracci髇 a su autor en otros estados miembros en casos transfronterizos, as� como el volumen de negocio anual o cualquier otro indicador de su capacidad econ髆ica.

Tambi閚 se tendr醤 cuenta para determinar el importe de la multa correspondiente las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas contempladas en los art韈ulos siguientes.

LE0000745024_20230101Art韈ulo 87 redactado por el apartado veintitr閟 del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 88 Circunstancias agravantes

Son circunstancias agravantes las siguientes:

• a) La reiteraci髇 de las conductas infractoras.
• b) La existencia de advertencias o requerimientos previos formulados por la administraci髇 para que se subsanen las irregularidades detectadas.
• c) La posici髇 relevante de la empresa infractora en el mercado.
• d) El hecho de aprovecharse de que las personas afectadas pertenezcan a colectivos especialmente protegidos.
• e) El incumplimiento generalizado dentro de un sector.
• f) La utilizaci髇 de m閠odos, sistemas de contrataci髇 o interpretaciones normativas a fin de eludir la aplicaci髇 de una norma de protecci髇 al consumidor.
• g) La voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados al consumidor.
• h) La existencia de dolo.
• i) Aprovecharse de una posici髇 de poder respecto a un consumidor o a una situaci髇 en que se encuentre mermada la libertad de elecci髇 del consumidor por cualquier circunstancia.
• j) La existencia de riesgo para la salud.
• k) La existencia de sanciones previas por hechos concurrentes de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 77.2.
  LE0000745024_20230101Letra k) del art韈ulo 88 introducida por el apartado veinticuatro del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 89 Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes las siguientes:

• a) La reparaci髇 de los perjuicios producidos al consumidor y que originaron la incoaci髇 del procedimiento sancionador.
• b) El acuerdo de reparaci髇 con el consumidor.
• c) El sometimiento de los hechos al arbitraje de consumo o a cualquier otro institucional.
• d) La simple inobservancia de las normas por error o ignorancia.

Art韈ulo 90 Circunstancias mixtas

Son circunstancias mixtas las siguientes:

• a) El volumen de negocio en relaci髇 a los hechos objeto de la infracci髇 y la capacidad econ髆ica de la empresa.
• b) La cuant韆 del beneficio obtenido.
• c) Los da駉s o perjuicios causados a los consumidores.
• d) El n鷐ero de consumidores afectados.
• e) El grado de intencionalidad.
• f) El periodo durante el cual se cometi� la infracci髇.

Art韈ulo 91 Imposici髇 de las sanciones

1. Las sanciones pecuniarias, dentro de los l韒ites m韓imos y m醲imos establecidos, se dividir醤 en tres tramos iguales.

Cuando no concurriera ninguna circunstancia ni agravante ni atenuante se impondr� la sanci髇 en su grado medio. Si concurrieran circunstancias atenuantes, se impondr� la sanci髇 en su grado m韓imo, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo siguiente. Si concurrieran circunstancias agravantes, se impondr� la sanci髇 en su grado m醲imo.

En la imposici髇 de las sanciones se podr醤 compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes, salvo cuando se acredite la existencia de dolo, lo que supondr� la imposici髇 de la sanci髇 en su grado m醲imo.

2. La imposici髇 de las sanciones deber� garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisi髇 de una infracci髇 no resulte m醩 beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

LE0000745024_20230101N鷐ero 2 del art韈ulo 91 redactado por el apartado veinticinco del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

3. El beneficio il韈ito se calcular�, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos e incluir� el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que suponga, directa o indirectamente, la infracci髇 sin descontar multas, perjuicios de los decomisos o cierres, ni las cantidades que por cualquier concepto tenga que abonar el responsable a la Administraci髇 o a los consumidores como consecuencia de la infracci髇.

LE0000745024_20230101N鷐ero 3 del art韈ulo 91 introducido por el apartado veintis閕s del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. Cuando se impongan sanciones con arreglo al art韈ulo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, su importe m醲imo para infracciones muy graves equivaldr� al 4 % del volumen de negocio anual del empresario en Espa馻 o en los estados miembros afectados por la infracci髇. En caso de no disponerse de esta informaci髇, se podr醤 imponer multas cuyo importe m醲imo equivaldr� a dos millones de euros.

LE0000745024_20230101N鷐ero 4 del art韈ulo 91 introducido por el apartado veintisiete del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 92 Reducci髇 y eficacia de las sanciones

1. Las sanciones pecuniarias solo podr醤 ser objeto de reducci髇 en los siguientes casos:

• a) Con una reducci髇 de un setenta por ciento en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciaci髇 del expediente sancionador, siempre que este no se inicie a consecuencia de denuncia o reclamaci髇 de una persona perjudicada y se justifique haber rectificado las circunstancias de la infracci髇 cometida.

  El importe resultante de dicha reducci髇 nunca podr�, en ning鷑 caso, ser inferior al l韒ite m韓imo establecido en el art韈ulo 86 para las sanciones previstas en 閘 seg鷑 la gravedad de la infracci髇 imputada.

  Para poder acogerse a tal reducci髇, deber� manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sanci髇 con la deducci髇 o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de alegaciones al acuerdo de iniciaci髇 del expediente sancionador. En todo caso, tanto el ingreso de la sanci髇 con la deducci髇 como la solicitud de fraccionamiento de la misma en el plazo indicado supondr醤 la conformidad con el contenido del acuerdo de iniciaci髇. El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reducci髇 pondr� fin al procedimiento.

  LE0000745024_20230101Letra a) del n鷐ero 1 del art韈ulo 92 redactada por el apartado veintiocho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023
• b) En el l韒ite m韓imo para la sanci髇 prevista para la infracci髇 imputada en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciaci髇 de expediente sancionador, siempre que se hubiese procedido a satisfacer a los consumidores perjudicados por la infracci髇 y se justifique haber rectificado las circunstancias de la infracci髇 cometida.

  En este supuesto deber� manifestarse dicha conformidad, justificarse la satisfacci髇 a los perjudicados por la infracci髇 y el ingreso de la sanci髇 con la deducci髇 o solicitar el fraccionamiento de la misma, en el plazo de un mes desde la notificaci髇 del acuerdo. En todo caso, tanto el ingreso de la sanci髇 con la deducci髇 como la solicitud de fraccionamiento de la misma en el plazo indicado supondr� la conformidad con el contenido del acuerdo de iniciaci髇. El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reducci髇 pondr� fin al procedimiento.

• c) Con una reducci髇 de un veinticinco por ciento en los supuestos de conformidad con la resoluci髇 sancionadora, caso en que deber� manifestarse dicha conformidad y justificarse el ingreso de la sanci髇 con la reducci髇 o solicitar el fraccionamiento de la misma en el plazo de un mes desde la notificaci髇 de la resoluci髇. El ingreso de la sanci髇 con la deducci髇 en el plazo indicado supondr� la conformidad con la resoluci髇 sancionadora. El importe resultante de esta reducci髇 no podr� ser, en ning鷑 caso y bajo ninguna circunstancia, inferior al l韒ite m韓imo establecido en el art韈ulo 86 para las sanciones previstas en 閘 seg鷑 la gravedad de la infracci髇 imputada.
  LE0000745024_20230101Letra c) del n鷐ero 1 del art韈ulo 92 redactada por el apartado veintiocho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

LE0000611296_20240101N鷐ero 1 del art韈ulo 92 redactado por el apartado爑no del art韈ulo 27 de la Ley [GALICIA] 9/2017, 26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2018

2. El 髍gano competente para imponer la sanci髇 podr� resolver la terminaci髇 del procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre los consumidores derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el inter閟 p鷅lico. Los compromisos ser醤 vinculantes y surtir醤 plenos efectos una vez incorporados a la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento.

En estos supuestos se impondr� la sanci髇 correspondiente pero inferior en un grado, sin que en ning鷑 caso pueda alcanzar la reducci髇 la prevista en las letras a) y b) del apartado anterior.

LE0000745024_20230101N鷐ero 2 del art韈ulo 92 redactado爌or el apartado veintinueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del presente art韈ulo, las resoluciones sancionadoras suspender醤 su ejecutividad sin necesidad de cauci髇 hasta la resoluci髇, en su caso, del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra ellas y ganen firmeza en v韆 jurisdiccional, salvo que, siendo firmes en v韆 administrativa, no proceda por cualquier circunstancia recurso contencioso-administrativo contra las mismas.

4. En el supuesto establecido en el apartado 1 de este art韈ulo, y en el del ingreso de la sanci髇 con car醕ter previo a que las resoluciones sancionadoras sean plenamente ejecutivas de acuerdo con el apartado anterior, no supondr� indemnizaci髇 alguna a favor de quien haya hecho el ingreso. En su caso, proceder� la devoluci髇 de la cantidad efectivamente ingresada sin que proceda ning鷑 abono de intereses.

5. Desde la firmeza en v韆 administrativa de las resoluciones sancionadoras, la cuant韆 de las sanciones pecuniarias generar� a favor de la administraci髇 los intereses de demora correspondientes.

6. La interposici髇 de recursos administrativos o judiciales supondr� la p閞dida de las reducciones determinadas en este art韈ulo.

LE0000745024_20230101N鷐ero 6 del art韈ulo 92 introducido por el apartado爐reinta del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 93 Sanciones accesorias

1. La administraci髇 p鷅lica competente podr� acordar, como sanciones accesorias, frente a las infracciones en materia de defensa de los consumidores previstas en esta norma:

• a) El decomiso de la mercanc韆 adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entra馻r riesgo para el consumidor. El decomiso de las mercanc韆s objeto de la infracci髇 que sean propiedad del responsable, salvo que ya haya sido adoptado definitivamente para preservar los intereses p鷅licos o que, pudiendo resultar de l韈ito comercio tras las modificaciones que procedan, su valor, sumado a la multa, no guarde proporci髇 con la gravedad de la infracci髇, en cuyo caso podr� no acordarse tal medida o acordarse solo parcialmente en aras de la proporcionalidad. La resoluci髇 sancionadora que imponga esta sanci髇 decidir� el destino que, dentro de las previsiones que en su caso se encuentren establecidas en la normativa aplicable, deba dar la administraci髇 competente a los productos decomisados.
• b) La publicidad de las sanciones impuestas, cuando adquieran firmeza en v韆 administrativa, as� como los nombres, apellidos, denominaci髇 o raz髇 social de las personas naturales o jur韉icas responsables y la 韓dole y naturaleza de las infracciones, siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios, reincidencia en infracciones de naturaleza an醠oga o acreditada intencionalidad en la infracci髇 o traigan causa en la difusi髇 de contenidos racistas, xen骹obos y sexistas, LGTBIf骲icos, denigrantes o discriminatorios.
• c) El cierre temporal del establecimiento, instalaci髇 o servicio por un plazo m醲imo de cinco a駉s en los casos de infracciones muy graves.

2. Todos los gastos derivados de las medidas adoptadas del p醨rafo anterior, incluidas las derivadas del transporte, distribuci髇 y destrucci髇, ser醤 por cuenta de la persona infractora.

3. No tendr� el car醕ter de sanci髇 la publicaci髇 por parte de la administraci髇 competente en materia de consumo por cualquier medio, incluidas las redes sociales del infractor, de los pronunciamientos judiciales firmes que ratifiquen sanciones impuestas en v韆 administrativa.

LE0000745024_20230101Art韈ulo 93 redactado por el apartado爐reinta y uno燿el art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 94 Prescripci髇 de las infracciones

1. Las infracciones tipificadas por la presente ley prescriben a los cinco a駉s, a contar desde el d韆 en que se cometi� la infracci髇, o desde la finalizaci髇 del periodo de comisi髇 si se tratara de infracciones continuadas o de efectos continuados.

2. El plazo de prescripci髇 de la infracci髇 de la normativa de consumo no comenzar� a computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas o de efectos continuados, solo cuando finalice o deje de realizarse la acci髇 infractora o el 鷏timo acto con el que la infracci髇 se consume.

LE0000745024_20230101N鷐ero 2 del art韈ulo 94 redactado por el apartado treinta y燿os del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

3. Las actuaciones judiciales penales y la tramitaci髇 de otros procedimientos administrativos sancionadores, si impiden iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones tipificadas por medio de ley, suspenden el plazo de prescripci髇 de las infracciones.

Interrumpir醤 la prescripci髇 de las infracciones las actuaciones judiciales en el 醡bito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separaci髇 de los constitutivos de la infracci髇 de la normativa de consumo sea jur韉icamente imposible, de manera que la sentencia que pudiere recaer vincule a la administraci髇 actuante.

LE0000745024_20230101N鷐ero�3 del art韈ulo 94 redactado por el apartado treinta y dos del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. El plazo de prescripci髇 de las infracciones estar� suspendido desde la presentaci髇 de la reclamaci髇 por el consumidor a la empresa hasta que por esta se d� contestaci髇 a la misma de acuerdo con la normativa de aplicaci髇, as� como durante el tiempo en que se est� buscando una soluci髇 a la reclamaci髇 presentada por las propias partes o con la intervenci髇 de un tercero.

LE0000745024_20230101N鷐ero�4 del art韈ulo 94 redactado por el apartado treinta y dos del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 95 Prescripci髇 de las sanciones

1. Las sanciones prescriben en el plazo de cuatro a駉s a partir del d韆 siguiente al d韆 en que la resoluci髇 sancionadora deviene firme, administrativa o, en su caso, judicialmente.

2. Cualquier actuaci髇 de la administraci髇 p鷅lica que exija el cumplimiento de las sanciones supondr� la interrupci髇 de la prescripci髇 de la sanci髇.

Art韈ulo 96 Responsables

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas f韘icas o jur韉icas que por acci髇 u omisi髇 hayan participado en su comisi髇.

2. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley, como autores, las personas f韘icas o jur韉icas que las cometan.

3. Si en la cadena de producci髇 o comercializaci髇 de los bienes o prestaci髇 de los servicios intervienen diferentes sujetos, cada uno de ellos es responsable de las infracciones que haya cometido.

No obstante lo anterior, si en la cadena de producci髇 o comercializaci髇 de los bienes o prestaci髇 de los servicios un sujeto conoc韆 o deb韆 conocer la comisi髇 de una infracci髇 en un eslab髇 anterior y no adopta las medidas necesarias para su correcci髇 o para evitar su continuaci髇, ser� responsable de la misma, independientemente de las responsabilidades del resto de intervinientes en la cadena de producci髇 o comercializaci髇 de los bienes o prestaci髇 de los servicios.

4. Tambi閚 se considerar醤 responsables de las infracciones aquellas personas o entidades, independientemente de su naturaleza jur韉ica o de su car醕ter o no de empresa o titular de empresa, que cooperen en la comisi髇 de una conducta u omisi髇 infractora o la encubran, y que sugieran, impongan, recomienden o induzcan a la realizaci髇 de una conducta u omisi髇 infractora.

5. Si una infracci髇 es imputada a una persona jur韉ica, pueden ser consideradas tambi閚 como responsables las personas que integran sus organismos rectores o de direcci髇 o administraci髇, as� como los t閏nicos responsables de la elaboraci髇 y control.

A efectos de la presente ley, integran los 髍ganos rectores o de direcci髇 o administraci髇 las personas que consten en los registros p鷅licos como tales, las que hagan ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o las que act鷈n como si la tuviesen.

LE0000745024_20230101N鷐ero 5 del art韈ulo 96 redactado爌or el apartado treinta y爐res del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

6. A efectos de la aplicaci髇 de la presente ley, la actuaci髇 de una empresa es tambi閚 imputable a las empresas o personas que la controlen.

7. En caso de infracciones cometidas por personas jur韉icas que se extingan o se encuentren en situaci髇 concursal antes de ser sancionadas, la responsabilidad administrativa podr� exigirse tambi閚 a las personas f韘icas que compongan los 髍ganos de direcci髇 o administraci髇 en el momento de la comisi髇 de la infracci髇.

LE0000745024_20230101N鷐ero 7 del art韈ulo 96 redactado por el apartado treinta y tres del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

8. La responsabilidad de los coautores de una misma infracci髇 ser� independiente y se impondr� a cada uno la sanci髇 correspondiente a la infracci髇 en la extensi髇 adecuada a su culpabilidad y dem醩 circunstancias personales. En particular, se entender醤 incluidos en este caso los anunciantes y agencias de publicidad respecto de las infracciones de publicidad subliminal, enga駉sa o que infrinja lo dispuesto en la normativa sobre publicidad de determinados bienes o servicios.

LE0000745024_20230101N鷐ero 8 del art韈ulo 96 redactado por el apartado treinta y tres del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

9. La muerte del infractor extingue la responsabilidad. En caso de sanciones pecuniarias impuestas sobre entidades disueltas y liquidadas, la administraci髇 correspondiente podr� dirigirse, para la cobranza de las sanciones pecuniarias impuestas a dichas entidades, contra los socios o part韈ipes, que responder醤 solidariamente del importe de la deuda y hasta el l韒ite del valor de la cuota de liquidaci髇 que se les adjudic�.

LE0000745024_20230101N鷐ero 9 del art韈ulo 96 redactado por el apartado treinta y tres del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

10. Conforme a lo previsto en el art韈ulo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el procedimiento sancionador podr� exigirse al infractor la reposici髇 de la situaci髇 alterada por la infracci髇 a su estado original y, en su caso, la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios causados al consumidor, que ser� determinada y exigida por el 髍gano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora, debiendo notificarse al infractor para que proceda a su satisfacci髇 en un plazo que ser� determinado en funci髇 de la cuant韆. De no satisfacerse la indemnizaci髇 en el plazo que al efecto se determine en funci髇 de su cuant韆, se proceder� en la forma prevista en el art韈ulo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas.

LE0000745024_20230101N鷐ero 10 del art韈ulo 96 introducido por el apartado treinta y燾uatro del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

11. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores y en los art韈ulos siguientes, en los supuestos de ventas autom醫icas de bienes o servicios ser醤 responsables los determinados en la normativa de ordenaci髇 del comercio minorista de aplicaci髇 en la Comunidad Aut髇oma de Galicia.

LE0000745024_20230101N鷐ero 11 del art韈ulo 96 introducido por el apartado treinta y cuatro del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 97 Bienes identificados

1. En las infracciones cometidas en bienes envasados o identificados, se consideran responsables el marquista y la firma o raz髇 social que figure en la etiqueta o identificaci髇, salvo que se demuestre la falsificaci髇 de la etiqueta o identificaci髇, su utilizaci髇 sin permiso o la responsabilidad de alg鷑 integrante de la cadena de distribuci髇 o comercializaci髇 distinto de los anteriores.

LE0000745024_20230101N鷐ero 1 del art韈ulo 97 redactado爌or el apartado treinta y燾inco del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

2. La primera empresa comercializadora en la Comunidad Aut髇oma de Galicia de un bien envasado o identificado puede ser considerado responsable de la infracci髇 cometida.

Art韈ulo 98 Bienes no identificados

Si el bien no lleva los datos necesarios para identificar al responsable de la infracci髇, de acuerdo con lo establecido por la normativa, se consideran responsables los que comercializaron el bien, sin perjuicio de su derecho de repetici髇.

Art韈ulo 99 Servicios

En las infracciones cometidas en la prestaci髇 de servicios, la empresa o raz髇 social obligada a prestarlos, legalmente o por medio de un contrato con el consumidor, ser� considerada responsable.

Art韈ulo 100 Otros responsables

1. Cuando se desconozca el domicilio de un responsable o este no disponga de ninguno en territorio espa駉l, las actuaciones que, en su caso, procedan, podr醤 dirigirse a cualquier persona que act鷈 como representante o en nombre de dicho responsable en territorio espa駉l, de hecho o de derecho, o que haga ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o que actuase como si la tuviera, y tambi閚 podr� ser considerado responsable de las actividades de la empresa, sin perjuicio de su derecho de repetici髇 frente a esta.

2. Cuando una empresa o cualquier persona se presente en el mercado como representante o que act鷄 en nombre de otra empresa o que haga ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o actuase como si la tuviera, ser醤 responsables solidarios de las actividades de la empresa de la que aparece como representante tanto la empresa o persona representante como la representada, salvo que por parte de esta se acredite la ausencia de vinculaci髇 con ella y justifique la interposici髇 de acciones frente a la misma.

Se considerar� que existe vinculaci髇 si en cualquier comunicaci髇 comercial de la empresa representada se hace referencia a la representante como parte de la estructura empresarial de hecho o de derecho de la empresa representada.

3. Los importadores o quienes distribuyan por primera vez en el mercado nacional productos de consumo que puedan afectar a la seguridad y salud de los consumidores tienen el deber de asegurar que dichos productos cumplen los requisitos exigibles para ser puestos a disposici髇 de los consumidores y usuarios. Asimismo, responder醤 solidariamente de las sanciones impuestas a sus suministradores o proveedores, con independencia de la responsabilidad que les corresponda por sus propias infracciones cuando, dentro de su deber de diligencia, no adopten las medidas que est閚 a su alcance, incluyendo la facilitaci髇 de informaci髇, para prevenir las infracciones cometidas por estos.

LE0000745024_20230101N鷐ero 3 del art韈ulo 100 introducido por el apartado treinta y爏eis del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

4. Los prestadores de plataformas ser醤 responsables, en igual medida que el proveedor del bien o servicio, cuando act鷈n con fines relacionados con sus propias actividades y en calidad de socio contractual directo del consumidor, respecto de la oferta o contrataci髇 de bienes o servicios realizada a trav閟 de dichas plataformas.

LE0000745024_20230101N鷐ero�4 del art韈ulo 100 introducido por el apartado treinta y seis del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 101 Responsabilidad del receptor de la contraprestaci髇

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, quien reciba una contraprestaci髇 de un consumidor derivada de una relaci髇 de consumo ser� responsable del cumplimiento de la normativa de defensa del consumidor y de la sectorial de aplicaci髇 derivada de esa relaci髇 de consumo, sin perjuicio de su derecho de repetici髇 frente a quien considere responsable.

Art韈ulo 102 Iniciaci髇 del procedimiento sancionador

1. Los procedimientos sancionadores se iniciar醤 siempre de oficio, sea por propia iniciativa o a consecuencia de orden superior, petici髇 razonada de otros 髍ganos o denuncia.

Se entiende por:

• a) Propia iniciativa: la actuaci髇 derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de constituir infracci髇 por el 髍gano que tiene atribuida la competencia de iniciaci髇, sea ocasionalmente o por tener la condici髇 de autoridad p鷅lica o atribuidas funciones de inspecci髇, indagaci髇 o investigaci髇.
• b) Orden superior: la orden emitida por un 髍gano administrativo superior jer醨quico de la unidad administrativa que constituye el 髍gano competente para la iniciaci髇, y que deber� expresar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que puedan constituir infracci髇 administrativa y su tipificaci髇, as� como el lugar, y la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
• c) Petici髇 razonada: la propuesta de iniciaci髇 del procedimiento formulada por cualquier 髍gano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que tuvo conocimiento de las conductas o hechos que pudiesen constituir infracci髇, sea ocasionalmente o por tener atribuidas funciones de inspecci髇, indagaci髇 o investigaci髇.

  Las peticiones habr醤 de especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudiesen constituir infracci髇 administrativa y su tipificaci髇, as� como el lugar, y la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

• d) Denuncia: el acto por el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligaci髇 legal, pone en conocimiento de un 髍gano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiese constituir infracci髇 administrativa.

  Las denuncias deber醤 expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudiesen constituir infracci髇 y la fecha de su comisi髇 y, cuando sea posible, la identificaci髇 de los presuntos responsables.

2. La formulaci髇 de una petici髇 no vincula al 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

3. Cuando se presente una denuncia, se deber� comunicar al denunciante la iniciaci髇 o no del procedimiento y su resoluci髇 cuando la denuncia vaya acompa馻da de una solicitud de iniciaci髇.

4. No se podr醤 iniciar nuevos procedimientos de car醕ter sancionador por hechos o conductas tipificados como infracciones en cuya comisi髇 el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya reca韉o una primera resoluci髇 sancionadora, con car醕ter ejecutivo.

En ning鷑 caso se considerar� que existe persistencia de forma continuada cuando la iniciaci髇 del procedimiento se refiera a personas distintas respecto de aquellas a las que se les vulneraron sus derechos, o hechos o conductas independientes unas de otras.

LE0000745024_20230101N鷐ero 4 del art韈ulo 102 redactado爌or el apartado treinta y siete del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 103 Actuaciones previas

1. Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento podr醤 realizarse actuaciones previas, incluidas las previstas en los art韈ulos 62 y siguientes de la presente ley, al objeto de determinar con car醕ter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaci髇. En especial, estas actuaciones se orientar醤 a determinar, con la mayor precisi髇 posible, los hechos susceptibles de motivar la incoaci髇 del procedimiento, la identificaci髇 de la persona o personas que pudiesen resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas ser醤 realizadas por los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de investigaci髇, indagaci髇 e inspecci髇 en la materia o por la persona u 髍gano administrativo que determine el 髍gano competente para la iniciaci髇 o resoluci髇 del procedimiento.

Art韈ulo 104 Archivo de actuaciones

1. Proceder� el archivo definitivo de las actuaciones cuando no existan indicios de haberse realizado el hecho denunciado que dar韆 lugar a la iniciaci髇 de un expediente sancionador o el hecho denunciado no supondr韆 la comisi髇 de una infracci髇 en materia de consumo.

2. Proceder� el archivo provisional de las actuaciones cuando no existan indicios de prueba necesarios de un hecho denunciado para la iniciaci髇 de un expediente sancionador o se desconozcan los presuntos responsables del mismo.

3. En los supuestos de archivo provisional, si con posterioridad al mismo aparecieran indicios de prueba necesarios del hecho denunciado para la iniciaci髇 de un expediente sancionador o se identificara a los presuntos responsables del mismo, podr� iniciarse el expediente sancionador correspondiente.

Art韈ulo 105 Acuerdo de iniciaci髇 de procedimiento

1. Los acuerdos de iniciaci髇 de los procedimientos sancionadores se formalizar醤 con el contenido m韓imo siguiente:

• a) La identificaci髇 de la persona o personas presuntamente responsables.
• b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoaci髇 del procedimiento, su posible calificaci髇 y las sanciones que pudiesen corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucci髇.
• c) La persona designada para la instrucci髇 del procedimiento y, en su caso, la de la persona designada para la secretar韆 del procedimiento, indicando expresamente el r間imen de recusaci髇 de las mismas.
• d) El 髍gano competente para la resoluci髇 del procedimiento y la norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que dar韆 lugar a la resoluci髇 del procedimiento con la imposici髇 de la sanci髇 que proceda.
• e) Las medidas de car醕ter provisional que haya acordado el 髍gano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el mismo.
• f) La indicaci髇 del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

2. El acuerdo de iniciaci髇 se comunicar� a la persona designada para la instrucci髇 del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y a la persona que formul� la denuncia, en su caso, y se notificar� a las personas interesadas, entendiendo, en todo caso, por tal a la persona inculpada. En la notificaci髇 se advertir� a las personas interesadas que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciaci髇 del procedimiento en el plazo previsto en el art韈ulo 108.1, la iniciaci髇 podr� ser considerada propuesta de resoluci髇 cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Art韈ulo 106 Colaboraci髇 en la tramitaci髇 de los procedimientos

En los t閞minos previstos por el art韈ulo 4 de la Ley 30/1992, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, los 髍ganos pertenecientes a cualquiera de las administraciones p鷅licas facilitar醤 al 髍gano instructor los antecedentes e informes necesarios, as� como los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus actuaciones.

Art韈ulo 107 Medidas de car醕ter provisional

1. Con independencia de lo establecido en art韈ulo 69, en el procedimiento sancionador y con arreglo a lo previsto en los art韈ulos 72 y 136 de la Ley de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, el 髍gano competente para resolver podr� adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de car醕ter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resoluci髇 que pudiese recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracci髇 y las exigencias de los intereses generales.

Cando as� venga exigido por razones de urgencia inaplazable, el 髍gano competente para iniciar el procedimiento o el 髍gano instructor podr醤 adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias.

2. Las medidas de car醕ter provisional podr醤 consistir en la suspensi髇 temporal de actividades y la prestaci髇 de fianzas, as� como en la retirada de productos o suspensi髇 temporal de servicios por razones de seguridad, y en las dem醩 previstas en las correspondientes normas espec韋icas.

Art韈ulo 108 Actuaciones y alegaciones al acuerdo de iniciaci髇

1. Una vez notificado el acuerdo de iniciaci髇, las personas interesadas dispondr醤 de un plazo de quince d韆s para presentar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificaci髇 del acuerdo de iniciaci髇 se indicar� a las personas interesadas dicho plazo, as� como la puesta de manifiesto del procedimiento y la posibilidad de obtener copia de los documentos que consten en el mismo, indicando el lugar para ello.

2. La persona designada para la instrucci髇 del procedimiento podr� realizar de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen o valoraci髇 de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanci髇.

3. Si a consecuencia de la instrucci髇 del procedimiento resultara modificada la determinaci髇 inicial de los hechos, su posible calificaci髇, las sanciones imponibles o las responsabilidades susceptibles de sanci髇 se notificar� todo ello a la persona inculpada en la propuesta de resoluci髇.

Art韈ulo 109 Prueba

1. Recibidas las alegaciones al acuerdo de iniciaci髇 o transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 del art韈ulo anterior, la persona designada para la instrucci髇 del procedimiento podr� acordar la apertura de un periodo de prueba.

2. En la propuesta de resoluci髇 podr� rechazarse de forma motivada la pr醕tica de aquellas pruebas que sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 137.4 de la Ley 30/1992, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑. En general, ser醤 rechazadas todas aquellas pruebas cuya finalidad sea la reproducci髇 de actuaciones ya realizadas en la fase de actuaciones previas.

3. La pr醕tica de las pruebas que el 髍gano instructor considere pertinentes, entendi閚dose por tales aquellas distintas de los documentos que las personas interesadas puedan aportar en cualquier momento de la tramitaci髇 del procedimiento, se realizar� de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 81 de la Ley 30/1992, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑.

4. Cuando la prueba consista en la emisi髇 de un informe de un 髍gano administrativo o entidad p鷅lica, y sea admitida a tr醡ite, se entender� que tiene car醕ter preceptivo y podr� entenderse que tiene car醕ter determinante para la resoluci髇 del procedimiento, con los efectos previstos en el art韈ulo 83.3 de la Ley 30/1992, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑.

5. Los hechos constatados por la Inspecci髇 de Consumo o el personal funcionario a los cuales se les reconoce la condici髇 de autoridad, y que se formalicen en documento p鷅lico observando los requisitos legales pertinentes, tendr醤 valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan se馻lar o aportar las propias personas interesadas.

6. Para el caso de tomas de muestras, a la pr醕tica de prueba consistente en la realizaci髇 de pruebas anal韙icas le ser� de aplicaci髇 lo establecido en el cap韙ulo II del t韙ulo II de la presente ley.

7. Cuando, a consecuencia de una reclamaci髇 o por cualquier otra circunstancia, el objeto de valoraci髇 o comprobaci髇 sea una unidad concreta de un producto, las pruebas anal韙icas que procedan se realizar醤 con arreglo a lo establecido en el art韈ulo 64.3.a), cuyos resultados se valorar醤 dentro del procedimiento.

8. Cuando la valoraci髇 de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento b醩ico de la decisi髇 que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la evaluaci髇 de los hechos, deber� incluirse en la propuesta de resoluci髇.

9. Corresponder� a la empresa probar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la normativa de aplicaci髇, incluidas las obligaciones de dar o hacer, as� como las manifestaciones realizadas de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 36 de la presente ley.

LE0000745024_20230101N鷐ero 9 del art韈ulo 109 redactado爌or el apartado treinta y爋cho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

10. No ser� necesaria la prueba de aquellos hechos notorios o que la persona inculpada haya reconocido.

11. No ser� precisa la prueba de los contenidos de cualquier comunicaci髇 p鷅lica realizada por la empresa o por su cuenta y por cualquier medio, incluidas las comunicaciones realizadas a trav閟 de la web o redes sociales.

LE0000745024_20230101N鷐ero�11 del art韈ulo 109 redactado por el apartado treinta y ocho del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 110 Propuesta de resoluci髇

1. Concluida, en su caso, la prueba, el 髍gano instructor del procedimiento formular� propuesta de resoluci髇, en la cual se fijar醤 de forma motivada los hechos, especific醤dose los que se consideren probados y su exacta calificaci髇 jur韉ica; se determinar� la infracci髇 que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, y se especificar� la sanci髇 que propone que se imponga y las medidas provisionales que hayan sido adoptadas, en su caso, por el 髍gano competente para iniciar el procedimiento o por la persona designada para la instrucci髇 del mismo, o bien se propondr� la declaraci髇 de no existencia de infracci髇 o responsabilidad.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, el 髍gano instructor resolver� la finalizaci髇 del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulaci髇 de la propuesta de resoluci髇, cuando en la instrucci髇 del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las circunstancias establecidas en el art韈ulo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas.

LE0000745024_20230101Art韈ulo 110 redactado爌or el apartado treinta y爊ueve del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 111 Audiencia a la propuesta de resoluci髇

1. La propuesta de resoluci髇 se notificar� a las personas interesadas, concedi閚dose un plazo de quince d韆s para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que consideren pertinentes ante la persona designada para la instrucci髇 del procedimiento.

2. Podr� prescindirse de notificar la propuesta de resoluci髇 cuando solo figuren en el procedimiento los documentos existentes en el momento de acordar el inicio del procedimiento y solo sean tenidos en cuenta los hechos, alegaciones y pruebas aducidas, en su caso, por la persona interesada.

3. La propuesta de resoluci髇 se remitir� al 髍gano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que consten en el mismo.

Art韈ulo 112 Resoluci髇 del procedimiento

1. Antes de emitir resoluci髇, el 髍gano competente para resolver podr� decidir, mediante acuerdo motivado, la realizaci髇 de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

El plazo para resolver el procedimiento quedar� suspendido hasta la terminaci髇 de las actuaciones complementarias. No tendr醤 la consideraci髇 de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resoluci髇 final del procedimiento.

2. El 髍gano competente dictar� resoluci髇, la cual ser� motivada, y decidir� todas las cuestiones formuladas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento.

3. En la resoluci髇 no podr醤 aceptarse hechos distintos de los determinados en la fase de instrucci髇 del procedimiento, sin perjuicio de su fijaci髇 concreta, salvo los que resulten, en su caso, de la aplicaci髇 de lo previsto en el apartado 1 de este art韈ulo, independientemente de su diferente valoraci髇 jur韉ica. No obstante, cuando el 髍gano competente para resolver considere que la infracci髇 reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resoluci髇, se notificar� al imputado para que presente cuantas alegaciones estime convenientes, al cual se le conceder� un plazo de quince d韆s.

4. Las resoluciones de los procedimientos sancionadores incluir醤 la valoraci髇 de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los fundamentos b醩icos de la decisi髇, fijar醤 los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracci髇 o infracciones cometidas y la sanci髇 o sanciones que se imponen, o bien la declaraci髇 de no existencia de infracci髇 o responsabilidad.

5. Las resoluciones se notificar醤 a las personas interesadas. Si el procedimiento se inici� a consecuencia de orden superior o petici髇 razonada, la resoluci髇 se comunicar� al 髍gano administrativo autor de la misma.

6. Cuando adquieran firmeza en v韆 administrativa las resoluciones por las que se ponga fin al procedimiento sancionador en relaci髇 con infracciones que tengan la calificaci髇 de muy graves con arreglo a esta norma, as� como aquellas que se dicten con arreglo al art韈ulo 21 del Reglamento (UE) 2017/2394, ser醤 de libre acceso y publicadas en la p醙ina web de la autoridad correspondiente, una vez sean notificadas a los interesados. Dicha publicaci髇 se llevar� a cabo tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido y previa disociaci髇 de los datos de car醕ter personal a los que se refiere el art韈ulo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos, salvo en lo que se refiere al nombre de los infractores.

LE0000745024_20230101N鷐ero 6 del art韈ulo 112 introducido爌or el apartado燾uarenta del art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Art韈ulo 113 Caducidad del procedimiento

1. Iniciado el procedimiento sancionador y transcurridos seis meses desde la notificaci髇 a la parte interesada de cada uno de los tr醡ites previstos en el procedimiento de aplicaci髇 sin que se impulse el tr醡ite siguiente, y sin mediar culpa de la parte interesada, se producir� su caducidad, salvo en el caso de la resoluci髇, en el cual podr� transcurrir hasta un a駉 desde que se notifica la propuesta.

2. La pr醕tica de pruebas, la solicitud de informes o la realizaci髇 de an醠isis suspender� los plazos de caducidad.

3. Tambi閚 suspender� los plazos de caducidad, una vez iniciado el procedimiento, el tiempo necesario solicitado por la empresa para llegar a un acuerdo con el consumidor, que no podr� ser superior a dos meses. A estos efectos, la persona inculpada deber� solicitar la suspensi髇 y justificar la propuesta de resoluci髇 extrajudicial del conflicto realizada al consumidor, indicando el plazo propuesto para llegar a un acuerdo.

Si, solicitada la suspensi髇 por la persona inculpada, no se justifica simult醤eamente a ella la propuesta al consumidor de resoluci髇 extrajudicial del conflicto, se considerar� que existe una voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados al mismo, lo cual supondr� la agravaci髇 de la sanci髇.

4. Una vez producida la caducidad de un procedimiento y declarada esta, podr� iniciarse otro en tanto no haya prescrito la infracci髇.

Art韈ulo 114 Notificaciones

1. Las notificaciones se realizar醤 en el domicilio de las personas interesadas, siempre que estas se encuentren en territorio espa駉l. Tambi閚 podr醤 realizarse en cualquier lugar en donde dispongan de establecimiento abierto al p鷅lico o representante autorizado para actuar en su nombre o que act鷈 p鷅licamente como tal representante. Cuando no puedan realizarse las notificaciones en los lugares indicados anteriormente, proceder� la notificaci髇 de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente.

2. Cuando proceda la notificaci髇 por medio de anuncios o la publicaci髇 de un acto, esta se realizar� mediante la publicaci髇 en el Diario Oficial de Galicia de una somera referencia sobre el contenido del acto y la indicaci髇 del lugar en donde los interesados podr醤 comparecer, en el plazo de diez d韆s, para conocimiento del contenido 韓tegro del mencionado acto y la constancia de tal conocimiento.

Art韈ulo 115 Inmovilizaci髇 y decomiso de bienes o derechos

En v韆 de apremio, la Xunta de Galicia podr� embargar cualquier bien o derecho que se encuentre en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Galicia. A estos efectos, la Inspecci髇 de Consumo podr�, a solicitud de los 髍ganos competentes, proceder a su inmovilizaci髇 y decomiso.

Disposici髇 adicional primera

Corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Galicia la competencia para la transposici髇 de las directivas de la Uni髇 Europea de protecci髇 de los consumidores de acuerdo con el reparto competencial establecido en la Constituci髇 espa駉la.

Disposici髇 adicional segunda

La competencia exclusiva de la Comunidad Aut髇oma prevista en el art韈ulo 30.I.4 del Estatuto de autonom韆 de Galicia en el 醡bito de la Administraci髇 auton髆ica ser� ejercida por el Instituto Gallego de Consumo, sin perjuicio de las competencias previstas en la presente ley atribuidas a otros 髍ganos o administraciones.

Disposici髇 adicional tercera

Todas las actuaciones del Instituto Gallego de Consumo en materia de formaci髇 y educaci髇 se realizar醤 a trav閟 de la Escuela Gallega de Consumo, como 髍gano integrado en el Instituto Gallego de Consumo.

El Laboratorio de Consumo de Galicia, que estar� adscrito al Instituto Gallego de Consumo, tendr� el car醕ter de laboratorio oficial a todos los efectos.

Disposici髇 adicional cuarta

A efectos de lo establecido en el art韈ulo 82 como infracci髇 grave, se considerar醤, en todo caso, como indemnizaciones a favor de los consumidores el derecho de compensaci髇 previsto en el Reglamento (CE) 261/2004, siempre que sus destinatarios tengan aquel car醕ter y seg鷑 la interpretaci髇 del citado reglamento del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea.

Disposici髇 adicional quinta

Modificaci髇 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia:

• Uno. Se modifica el apartado 4 del art韈ulo 25, el cual pasar� a tener la redacci髇 siguiente:

  �4. Salvo en los supuestos previstos en la letra c) del apartado 1 de este art韈ulo, en los productos ofertados en el outlet deber醤 figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior de venta en establecimiento comercial ordinario junto al precio actual de venta en establecimiento comercial outlet; este 鷏timo precio deber� ser inferior al fijado en establecimiento ordinario.�

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• Dos. La letra d) del apartado 2 del art韈ulo 32 queda redactada en los t閞minos siguientes:
  • 玠) La disposici髇 de, al menos, una plaza de aparcamiento por cada 20 m² de superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico. Esta previsi髇 ser� desarrollada mediante reglamento, cuya aprobaci髇 condicionar� el momento de entrada en vigor de la misma estableciendo los supuestos en que podr� excepcionarse este criterio de valoraci髇. Asimismo, deber� preverse la reserva de plazas para personas discapacitadas en los t閞minos que establece la normativa vigente.�
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• Tres. Se suprime la letra g) del apartado 2 del art韈ulo 32.LE0000440039_20230101
• Cuatro. La letra h) del apartado 2 del art韈ulo 32 pasa a ser la letra g) y tendr� la redacci髇 siguiente:
  • 玤) La materializaci髇 en el establecimiento pretendido de instalaciones y medidas de conciliaci髇 de la vida familiar y laboral, tales como la creaci髇 de guarder韆s, ludotecas o salas de lactancia.�
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• Cinco. Se suprime la letra b) del art韈ulo 47.LE0000440039_20230101
• Seis. Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 57, el cual pasa a tener el tenor literal siguiente:

  �2. La comunicaci髇 no tendr� car醕ter constitutivo para el acceso a la actividad y se realizar� conforme al modelo normalizado que se establezca reglamentariamente, que contendr� los datos siguientes:

  • a) La identificaci髇 de la empresa, as� como de la persona titular de la misma.
  • b) La estructura y composici髇 de los 髍ganos de administraci髇 y gobierno de la persona jur韉ica.
  • c) La relaci髇 de productos o servicios que configuran la oferta comercial.
  • d) El 醡bito de actuaci髇.
  • e) La clase o clases de medios de comunicaci髇 para transmitir las propuestas de contratos y para recibir las respuestas de las personas consumidoras.
  • f) La referencia al sistema comercial previsto y al lugar para atender las reclamaciones de los consumidores y para atender el ejercicio por parte de estos del derecho de desistimiento o revocaci髇.
  • g) Los lugares en donde la empresa tenga establecidos almacenes y, en su caso, locales comerciales relacionados con la actividad para la que se solicita autorizaci髇.

  Asimismo, la comunicaci髇 de datos incluir� la manifestaci髇 de que la persona comerciante interesada dispone de la documentaci髇 acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglamentaciones y normas espec韋icas de aplicaci髇 a los productos objeto de comercializaci髇 y en cualquier otra reglamentaci髇 sectorial que resulte aplicable.�

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• Siete. Se modifican los apartados 2 y 5 del art韈ulo 94, los cuales quedan redactados como sigue:

  �2. La celebraci髇 de las ferias de oportunidades requerir� comunicaci髇 previa a la direcci髇 general competente en materia de comercio, que deber� realizarse con una antelaci髇 m韓ima de un mes a la fecha de desarrollo de la feria. En dicha comunicaci髇 se indicar� el n鷐ero de puestos a instalar, las personas comerciantes participantes y el municipio en donde desarrollan su actividad, los productos objeto de venta, as� como la duraci髇 y ubicaci髇 de la feria y la dimensi髇 espacial de la misma y de cada uno de los puestos. Asimismo, deber� aportarse la correspondiente comunicaci髇 previa o declaraci髇 responsable al respectivo ayuntamiento y el informe de la Mesa Local del Comercio.�

  �5. Las ferias de oportunidades tendr醤 una duraci髇 m醲ima de tres d韆s, pudiendo celebrarse 鷑icamente una vez al a駉, preferentemente en periodo de rebajas. Excepcionalmente, previo informe del Observatorio del Comercio de Galicia y de la Mesa Local del Comercio, podr� autorizarse por la direcci髇 general competente en materia de comercio la realizaci髇 de una segunda feria de oportunidades en el periodo de un a駉.�

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Disposici髇 adicional sexta

1. Al amparo de lo dispuesto en la disposici髇 adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo com鷑 de las administraciones p鷅licas, el r間imen sancionador regulado en la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias, se regir� por esta ley especial por raz髇 de la materia en cuanto regule tr醡ites adicionales o distintos del procedimiento administrativo com鷑 o no exija alguno de los tr醡ites previstos en la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio del obligado respeto a la legislaci髇 b醩ica.

2. A la vista de lo dispuesto en el art韈ulo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico, el r間imen sancionador regulado en la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protecci髇 general de las personas consumidoras y usuarias, se regir� por esta ley especial por raz髇 de la materia como desarrollo de las bases de la potestad sancionadora reguladas en la Ley 39/2015. Todo ello sin perjuicio del obligado respeto a la legislaci髇 b醩ica. En todo caso, la remisi髇 prevista en el art韈ulo 30 de la Ley 40/2015 a las leyes que establezcan las infracciones y sanciones en cuanto a su prescripci髇 deber� entenderse referida a la regulaci髇 prevista a estos efectos en la Ley 2/2012.

LE0000590949_20240101Disposici髇 adicional sexta introducida por el art韈ulo 40 de la Ley [GALICIA] 2/2017, 8 febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenaci髇 (獶.O.G.� 9 febrero).Vigencia: 10 febrero 2017

Disposici髇 adicional s閜tima Servicios de informaci髇 y atenci髇 de las empresas

1. De acuerdo con la sentencia de 2 de marzo de 2017 del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea relativa a la interpretaci髇 del art韈ulo 21 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, asunto C568/15, cuando el servicio de informaci髇 y atenci髇 al cliente que las empresas ponen a disposici髇 de los consumidores se proporcione telef髇icamente a trav閟 de una l韓ea fija, deber� prestarse a trav閟 de una l韓ea con rango de numeraci髇 geogr醘ica o, en el supuesto de una l韓ea m髒il, deber� prestarse a trav閟 de una l韓ea con rango de numeraci髇 para servicios de comunicaciones m髒il est醤dar.

Lo establecido en el p醨rafo anterior no impedir� que el servicio de informaci髇 y atenci髇 pueda realizarse a trav閟 de otros rangos de numeraci髇. En estos casos deber� garantizarse para los consumidores que la utilizaci髇 de estos rangos de numeraci髇 sea totalmente gratuita o no suponga un coste superior al de una l韓ea con rango de numeraci髇 geogr醘ica o con rango de numeraci髇 para servicios de comunicaciones m髒il est醤dar, seg鷑 los casos. Corresponde a la empresa la prueba, tanto de forma gen閞ica para los rangos de numeraci髇 aplicados, como para cada llamada recibida concreta, de que la numeraci髇 aplicada no supone un coste superior al de una l韓ea con rango de numeraci髇 geogr醘ica o de una l韓ea con rango de numeraci髇 para servicios de comunicaciones m髒il, seg鷑 los casos. En el caso de falta de prueba por parte de la empresa de este extremo, se presumir� que el coste es superior a los efectos previstos en el n鷐ero siguiente de este art韈ulo.

2. El incumplimiento de lo establecido en el n鷐ero anterior supondr� la comisi髇 de la infracci髇 prevista en el art韈ulo 82.5 de esta ley.

3. Lo establecido en los n鷐eros anteriores no ser� de aplicaci髇 cuando una norma exija que el n鷐ero de tel閒ono sea gratuito, caso en que ser� aplicable dicha norma y no podr� suponer ning鷑 coste para el consumidor por ning鷑 concepto.

LE0000611296_20240101Disposici髇 adicional s閜tima introducida por el apartado燿os del art韈ulo 27 de la Ley [GALICIA] 9/2017, 26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2018

Disposici髇 adicional octava Microempresas, peque馻s y medianas empresas

A los efectos de la presente ley, se considerar醤 microempresas, peque馻s y medianas empresas las que as� lo sean y se justifiquen de acuerdo con lo establecido en la Recomendaci髇 de la Comisi髇 Europea (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003 sobre la definici髇 de microempresas, peque馻s y medianas empresas.

No obstante lo anterior, mediante decreto se podr醤 modificar los criterios aplicables a los efectos de considerar una empresa como microempresa, peque馻 o mediana empresa.

LE0000745024_20230101Disposici髇 adicional octava introducida por el apartado cuarenta y uno燿el art韈ulo 51 de la Ley 7/2022, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas (獶.O.G.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023

Disposici髇 transitoria primera

Mientras no se aprueben la ley y la normativa prevista en el art韈ulo 53 y siguientes, relativas a las organizaciones de consumidores, seguir� aplic醤dose la normativa actual reguladora de las mismas.

Disposici髇 transitoria segunda

El Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios ser� el 髍gano representativo de las organizaciones de consumidores mientras no se desarrolle reglamentariamente el art韈ulo 54.

Disposici髇 transitoria tercera

Las sociedades mercantiles p鷅licas auton髆icas recogidas en el apartado 4 del art韈ulo 43 deber醤 adherirse al sistema arbitral de consumo en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposici髇 transitoria cuarta

Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitar醤 de acuerdo con la normativa anterior.

Disposici髇 transitoria quinta

Mientras no se desarrolle lo establecido en el art韈ulo 32, relativo a las hojas de reclamaciones, se mantendr� en vigor el Decreto 375/1998, de 12 de diciembre, de hojas de reclamaciones, sin perjuicio de la aplicaci髇 de lo establecido en aquel precepto.

Disposici髇 transitoria sexta

Las empresas a que hace referencia el apartado 4 del art韈ulo 33 deber醤 adaptarse al mismo en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

Se deroga la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y usuario, y las disposiciones de rango igual o inferior a la misma que se opongan a lo que la presente ley establece.

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Disposici髇 final primera

Se autoriza al Gobierno gallego a dictar las normas precisas de desarrollo y aplicaci髇 de la ley.

Disposici髇 final segunda

Se autoriza a la Xunta de Galicia a modificar las cuant韆s establecidas en esta norma.

Disposici髇 final tercera

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley la Xunta de Galicia elaborar�, para su remisi髇 al Parlamento de Galicia, un proyecto de ley regulador de las organizaciones de consumidores en Galicia.

Disposici髇 final cuarta

La presente ley entrar� en vigor a los veinte d韆s naturales de su publicaci髇 en el Diario Oficial de Galicia.