Sumario

Exposición de motivos

I

La Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal, supuso la consolidación legal de un modelo experimental de desarrollo local iniciado en 1990.

La intervención en el territorio que pretendía ese modelo tenía como objetivo la corrección de los desequilibrios territoriales. Partía de estructuras comarcales como piezas básicas para alcanzar un desarrollo territorial equilibrado e introducía el diseño de instrumentos de planificación comarcal y la creación y designación de órganos encargados de su ejecución.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la aprobación de dicha ley muestra unos escasos resultados. Se constata que los instrumentos de gestión y promoción diseñados apenas contribuyeron a estimular el desarrollo endógeno de la generalidad de las comarcas del país y a dinamizar aquéllas de carácter rural con mayores índices de regresión económica y demográfica.

II

La presente ley, considerando las circunstancias antedichas, deroga la regulación de la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal, en lo que se refiere a los órganos de gestión y promoción, con el objetivo de mejorar la coordinación de las actuaciones de la Xunta de Galicia en materia de desarrollo rural, de forma que se favorezca de un modo más eficaz el desarrollo de iniciativas que impulsen la dinamización económica y la mejora de la calidad de vida en las áreas rurales de Galicia a través de un enfoque territorial, integrado y participativo, que supere la concepción que presidía dicha disposición legal.

Las modificaciones introducidas afectan, en primer término, a las fundaciones para el desarrollo comarcal, derogando el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal, que determinó la composición de los patronatos de estas fundaciones, a fin de que su impulso y promoción resida en los agentes públicos y privados de cada territorio, incluyendo no sólo a los representantes de los municipios y de los sectores estratégicos productivos de la comarca, sino también a los agentes de otros sectores económicos y sociales de la comarca. Con ello se está posibilitando que sean los propios patronatos de cada fundación los que establezcan su composición, y una mayor autonomía de voluntad para decidir el futuro de las mismas en función de las características de cada ámbito territorial, sin más límites que los establecidos en la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego.

En segundo lugar, la adopción de una estrategia coordinada en materia de desarrollo rural y comarcal hace que resulte innecesario el mantenimiento de la Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia, sociedad de carácter instrumental para la realización de actividades de planificación y desarrollo comarcal.

Como consecuencia, se reorganizan las competencias en materia de dinamización comarcal para englobarlas en las más amplias de desarrollo rural, teniendo en cuenta la existencia de centros directivos administrativos e incluso de otros entes de derecho público dependientes de la administración gallega con competencias análogas, lo que, en base a los principios de eficacia y coordinación que presiden la actuación publica, lleva a que las funciones desempeñadas hasta ahora por la antedicha sociedad en dicha materia pasen a ser ejercidas por las unidades de la propia Administración competentes en desarrollo rural.

En esa línea, se prevé un mayor protagonismo del centro directivo con competencias en materia de desarrollo rural en lo que se refiere a la definición e integración de las políticas de desarrollo comarcal en la estrategia de desarrollo rural. Asimismo, se da una nueva redacción a las funciones que desarrolla la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, a fin de asumir parte de las actuaciones relacionadas con el desarrollo comarcal, especialmente en lo relativo a la gestión de los centros comarcales. El objetivo es mejorar la integración de estos centros en las estructuras que diseñan y ejecutan la política de desarrollo rural, con fines que contribuyan a dar respaldo a las iniciativas de desarrollo rural, orientando prioritariamente su actividad a impulsar proyectos innovadores dirigidos a la dinamización económica y a la mejora de la calidad de vida en las áreas rurales.

Además, también se adecuan las funciones de la citada agencia a las previstas en el nuevo periodo de programación 2007-2013 de los fondos agrarios de desarrollo rural, así como a la asunción de aquellas funciones relacionadas con el desarrollo económico y social bajo un enfoque territorial a nivel local y comarcal.

En lo que atañe a otras actividades desarrolladas por la Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia -como es el caso de los servicios que presta de apoyo al desarrollo territorial, a través del Sistema de Información Territorial de Galicia, que ayuda a una mejor gestión del territorio y a la ordenación del espacio rural y, asimismo, puede ser una herramienta útil para la gestión de la conservación de la superficie agraria útil y la movilidad de las tierras agrarias productivas-, pasarán a ser desarrolladas por la sociedad pública creada en virtud de la autorización del artículo 7 de la Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia, ya que dentro de su objeto social figuran actividades análogas a las desarrolladas por la unidad del Sistema de Información Territorial de Galicia, como es la ordenación territorial gallega y el mejor aprovechamiento de las tierras para la actividad agraria, en aras de racionalizar el sector público. Si bien le corresponde al Consejo de la Xunta, en virtud de lo establecido en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, y en la Ley 3/1985, de 12 de abril, del patrimonio de la comunidad autónoma, la definitiva decisión sobre la disolución de la Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia, así como la adopción de las medidas relativas al personal y bienes pertenecientes o adscritos a la misma.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2º del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley por la que se modifican la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal, y la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de régimen presupuestario y administrativo, y se racionalizan los instrumentos de gestión comarcal y de desarrollo rural.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera derogada por el número dos de la disposición derogatoria única de la Ley [GALICIA] 15/2010, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011 Disposición adicional segunda derogada por el número dos de la disposición derogatoria única de la Ley [GALICIA] 15/2010, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011

Disposición transitoria

Disposición derogatoria

Disposiciones finales