Artículo 1 Objeto

Es objeto del presente Reglamento la regulación de los procedimientos por los que se aprueben los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística en la Comunidad Autónoma Canaria, así como sus revisiones o modificaciones.

Artículo 2 Plazos de tramitación

1. Salvo para el caso de las Directrices de Ordenación, cuyos plazos de tramitación serán fijados por el Gobierno de Canarias, el plazo máximo para tramitar los procedimientos por los que se aprueben los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, sus revisiones o modificaciones, son los siguientes:

• a) Planes Insulares de Ordenación, Planes Rectores de Uso y Gestión y Planes Generales de Ordenación: dos años.
• b) Planes Territoriales de Ordenación y Planes Especiales de los Paisajes Protegidos: dieciocho meses.
• c) Planes urbanísticos de desarrollo: seis meses.
• d) Proyectos de Actuación Territorial: cuatro meses.
• e) Calificaciones Territoriales, seis o cuatro meses según haya de someterse el expediente a información pública o no.
• f) Restantes instrumentos: un año.

2. En los planes de iniciativa pública que se tramiten y aprueben por la misma Administración, el transcurso de los señalados plazos sin que se haya producido la aprobación definitiva determinará la caducidad del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 49 de este Reglamento. En los planes de iniciativa privada se aplicará lo dispuesto respecto al silencio administrativo en el artículo 48 de este Reglamento.

3. En los procedimientos de iniciativa pública de carácter bifásico, en los que la Administración que tramite y la que apruebe definitivamente sean distintas, los plazos de caducidad establecidos en el número anterior, obligarán a la Administración competente para formular y tramitar, la cual, en dicho plazo, debe presentar el documento completo y debidamente diligenciado ante la competente para aprobar definitivamente.

4. Cuando la aprobación definitiva corresponda a otra Administración diferente de la que tramita, el órgano competente deberá resolver la aprobación definitiva en el plazo de tres meses desde la recepción de la documentación completa, salvo que en este Reglamento se establezca otro plazo, entendiéndose, en otro caso, denegada por silencio administrativo, excepto los casos de silencio positivo previstos legalmente.

5. El silencio administrativo, en el sentido positivo o negativo establecido legalmente, operará siempre respecto de los instrumentos de planeamiento que sean de iniciativa particular y, en los supuestos de aprobación bifásica, respecto del documento formulado por la Administración que tramita. En los supuestos en los que, siendo un instrumento de ordenación de iniciativa pública, coincida la Administración que tramita y la que aprueba definitivamente, sólo cabrá aplicar la caducidad del procedimiento.

Artículo 3 Deber de cooperación interadministrativa

1. Las Administraciones públicas canarias que ostenten competencias de ordenación de recursos naturales, territorial o urbanística, o promuevan actuaciones que tengan incidencia territorial, se regirán por el principio de cooperación interadministrativa para alcanzar la coordinación de las diversas actuaciones sobre el territorio, y a tales efectos se prestarán cooperación y asistencia activa para el eficaz ejercicio de sus competencias, lo que comporta los deberes siguientes:

• a) Facilitar a las otras Administraciones la información que pudiera precisar sobre la actividad que desarrollen en base a sus propias competencias y que puedan afectar a las de aquéllas.
• b) Armonizar el ejercicio de las competencias propias con las de las demás Administraciones públicas.

2. De igual manera, las Administraciones públicas canarias deberán coordinarse con la Administración del Estado cuando afecte a sus competencias sectoriales y con la Unión Europea, e incluso, cuando proceda, concertar sus actuaciones para garantizar la eficacia de los instrumentos en que se formalicen las normas de ordenación.

Artículo 4 Actuaciones sujetas a cooperación interadministrativa

1. La ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística y las demás actuaciones con relevancia territorial promovidas por las Administraciones públicas canarias se llevarán a cabo con sujeción al deber de cooperación interadministrativa, y a tales efectos deberá cumplirse preceptivamente el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas, incluso en situaciones de urgencia, y en todo caso en los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.

2. El trámite de consulta se llevará a cabo conforme se determina en el artículo 33 del presente Reglamento. Se exceptúan aquellos procedimientos que tengan por objeto instrumentos que constituyan desarrollo o ejecución de otros en los que previamente se haya cumplimentado el trámite de consulta, siempre que no impliquen afectaciones adicionales relevantes.

Artículo 5 Participación ciudadana

1. Las administraciones actuantes deben fomentar y en todo caso asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses y valores, en la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.

2. La participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación regulados en este Reglamento, en cuanto cauce para colaborar en la toma de decisiones que puedan afectar a su calidad de vida, y oportunidad para las administraciones públicas de aprovechar las ideas y conocimiento local de los afectados, debe sustentarse en la realización efectiva de las siguientes condiciones:

• a) Fomento de la participación. Las administraciones actuantes deberán recabar criterios y sugerencias de la ciudadanía, desde las fases previas de la formulación de los instrumentos de ordenación, y durante todo su proceso, incidiendo en la importancia de la participación como vía para la expresión democrática de demandas sociales y medio para la obtención conjunta de soluciones de interés general. A tales efectos, previamente al inicio de la formulación y durante su transcurso, las administraciones que lleven a cabo un procedimiento con incidencia territorial y urbanística deberán fomentar la colaboración y participación pública permanente, a través de los medios señalados, o de los que disponga, realizando incluso, si fuera necesario, campañas publicitarias específicas.
• b) Concertación y consenso. En la integración y armonización de cuantos intereses afecten de forma relevante al territorio, con subordinación en todo caso de los privados a los públicos, las Administraciones actuantes procurarán buscar vías de concertación con objeto de alcanzar acuerdos consensuados respecto a las determinaciones que les afecten, y en especial:
  • 1) Convocar a representantes de los vecinos o entidades representativas, o a los propios afectados, si fuera posible, cuando se presente un número significativo de alegaciones que expresen una apreciable oposición a alguna de las determinaciones previstas para explicar y debatir los aspectos más discutibles de la ordenación propuesta, y analizar alternativas razonables.
  • 2) Cuando la importancia de una determinada decisión así lo aconseje, la Administración actuante podrá encargar la realización de encuestas o estudios de opinión con el fin de valorar adecuadamente el grado de aceptación o rechazo de determinadas alternativas, o las preferencias entre diferentes propuestas.
  • 3) De igual manera, de estimarlo necesario, podrán convocarse concursos de alternativas para que puedan presentarse y defenderse aquellas opciones que, dentro de unos parámetros de costos y respetando los requisitos y objetivos pretendidos, resuelvan los problemas planteados del modo más satisfactorio, den lugar a menores impactos ambientales, o supongan inferiores costes económicos o sociales.

3. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos de aprobación de los instrumentos de ordenación en los períodos de participación pública, como trámite a que se somete el documento de Avance, e información pública, trámite al que se someten los documentos tras la aprobación inicial. Este derecho comprende:

• a) El derecho a obtener información suficiente y clara respecto a la ordenación prevista por el instrumento en exposición pública, incluyendo la posibilidad de examinar directamente toda la documentación y recibir copias, a su costa, sea en soporte papel o digital, de la misma.
• b) El de presentar alegaciones, con las sugerencias, alternativas o propuestas que estime oportunas con objeto de mejorar la ordenación o de salvaguardar sus derechos o intereses legítimos.
• c) El derecho a recibir una respuesta razonada respecto a dichas alegaciones, cuando así se solicite, del modo previsto en este Reglamento.

4. Con objeto de facilitar la participación ciudadana, las administraciones públicas, conforme a los medios de que dispongan y dentro del marco normativo de aplicación, proporcionarán a los particulares la posibilidad de ejercer sus derechos a través de medios electrónicos, telemáticos e informáticos.

5. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad mediante el ejercicio de la acción pública ante los órganos administrativos y judiciales.

Artículo 6 Publicidad de los instrumentos de ordenación

1. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, así como los procedimientos que los desarrollen y ejecuten, tienen carácter público. Las administraciones públicas actuantes garantizarán que unos y otros sean conocidos suficientemente por los ciudadanos afectados y facilitarán su accesibilidad y comprensión, poniendo a su disposición los medios de atención a consultas que contribuyan a tal fin.

2. Con idéntica finalidad se promoverá el acceso y estudio de la documentación relativa a los instrumentos, tanto en trámite como en vigor, facilitando la adquisición, a costa del solicitante, de copias en formatos digitales, o el acceso a sitios o portales oficiales donde se pueda visualizar, descargar o imprimir la documentación vertida. La disponibilidad de la información ofrecida desde los sitios o portales oficiales no sustituirá en ningún caso a la publicación, notificaciones y acceso directo a la documentación con los requisitos formales establecidos en este Reglamento.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística del Gobierno de Canarias, a través de los correspondientes convenios de colaboración, impulsará y coordinará con Ayuntamientos y Cabildos la homogeneización y desarrollo de las técnicas señaladas, con las garantías y requisitos de seguridad indispensables, pudiendo asimismo acordarse que pueda accederse a la documentación de los instrumentos de ordenación, tanto en vigor como en trámite, a través de la página o portal oficial de dicha Consejería, o de la del Consejo Cartográfico de Canarias, cuando la Administración actuante no disponga de dicha posibilidad.

Artículo 7 Derecho a la información

1. Las administraciones públicas canarias garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la información de los particulares, facilitando el acceso a toda la información disponible en cualquier tipo de soporte material, referida a los instrumentos de ordenación, gestión y ejecución del planeamiento, tanto en vigor como en trámite.

2. El derecho de acceso a la información comprende, sin obligación de acreditar un interés determinado:

• a) El derecho a ser informado del estado de la tramitación de los procedimientos que afecten a los instrumentos de ordenación y ejecución del planeamiento.
• b) El derecho a consultar directa y materialmente la totalidad de la documentación de los instrumentos en vigor, y a obtener copias, a costa del solicitante, de la misma. A tales efectos, las Administraciones públicas deberán disponer de un ejemplar completo y diligenciado de cada uno de los instrumentos de planeamiento vigentes en su ámbito territorial destinado exclusivamente a su examen por los ciudadanos.
• c) El derecho a obtener toda la información urbanística disponible relativa a una parcela o área determinada, con arreglo a los siguientes requisitos:
  • 1) Deberá ser solicitada al Ayuntamiento competente territorialmente, ante el Registro municipal que corresponda, identificando claramente la parcela o área territorial y las circunstancias que se desean conocer.
  • 2) Deberá señalarse si se solicita certificación del contenido del instrumento de ordenación o ejecución del planeamiento, simple informe, o fotocopia compulsada de la documentación obrante en el instrumento o expediente de aprobación.
  • 3) La información municipal deberá facilitarse en el plazo máximo de un mes.
  • 4) La exacción de tasas por la expedición de la información deberá haber sido previamente establecida conforme a la normativa aplicable.

Artículo 8 Plazos

1. En los procedimientos administrativos regulados por el presente Reglamento no se podrá acordar el acortamiento de los plazos establecidos para el ejercicio del derecho de participación ciudadana, ni siquiera en caso de aplicarse al procedimiento el trámite de urgencia.

2. La ampliación de los plazos señalados podrá acordarse por una sola vez, en un máximo del total de su duración, mientras esté todavía vigente el plazo inicial de referencia.

3. Los plazos que dependan de la publicación de un determinado acto se contarán desde el día siguiente al de su publicación. Cuando se realice oficialmente en varios o diferentes medios de difusión pública, su finalización se contará a partir de la fecha del último boletín o diario donde fuere publicado.

4. Los plazos para evacuar las consultas o emitir los informes previstos en el presente Reglamento se computarán a partir de la recepción del escrito de remisión, junto con la documentación necesaria, por el órgano competente para contestar o informar, suspendiéndose el transcurso de dichos plazos en tanto no se solventen las deficiencias de documentación cuya subsanación haya sido requerida. Por los mismos motivos se suspenderán los plazos para resolver la aprobación definitiva.

5. No será de aplicación la suspensión señalada en el apartado anterior cuando la documentación esté disponible en un sitio o portal oficial y se pueda visualizar, descargar e imprimir por la Administración Pública cuyo informe se solicita, en cuyo caso contará el plazo desde que se reciba el escrito donde se haga constar dicha posibilidad.

Artículo 9 Notificaciones

Las notificaciones personales a los interesados se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación de procedimiento común.

Artículo 10 Publicación de anuncios

1. Los actos que se dicten en el curso de los procedimientos regulados en el presente Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias cuando se trate de instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio, y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística, y en ambos casos, en, al menos, uno de los diarios locales de mayor difusión, salvo que el ámbito del instrumento sea el de la Comunidad Autónoma, en cuyo caso deberá ser un diario de cada una de las provincias.

2. La publicación de anuncios en los Boletines Oficiales y diarios por los que se dé cuenta de un determinado trámite en los procedimientos que regula este Reglamento deberá contener expresamente la denominación del instrumento de ordenación de que se trate e identificar de forma clara y precisa su objeto y área territorial de ordenación.

3. En caso de que lo publicado sea la apertura del trámite de participación pública o de información pública, deberán precisarse los datos del lugar y horario donde pueda consultarse la documentación del instrumento expuesto, además de indicarse la posibilidad de presentar sugerencias o alegaciones por parte de los ciudadanos. En su caso, se señalará el sitio o portal oficial donde esté disponible la documentación, escrita y gráfica, del instrumento de ordenación expuesto para su visualización, descarga o impresión.

4. En los procesos de modificación y, en su caso, revisión parcial de los instrumentos de ordenación, no se admitirá la identificación de la alteración por la simple referencia numérica al ordinal de las tramitadas por la Administración Pública actuante, debiendo contener el anuncio los datos de identificación señalados en los apartados 2 y 3 anteriores.