Sumario

T閚gase en cuenta que la presente Ley ha sido derogada, a excepci髇 de su disposici髇 adicional quinta, por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del D Legislativo [CANARIAS] 1/2012, 21 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenaci髇 de la Actividad Comercial de Canarias y reguladora de la licencia comercial (獴.O.I.C.� 25 abril).-->

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el art韈ulo 12.8 del Estatuto de Autonom韆, promulgo y ordeno la publicaci髇 de la Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

Al amparo de las competencias atribuidas a la Comunidad Aut髇oma de Canarias en materia de comercio interior por el art韈ulo 31.3 del Estatuto de Autonom韆, se promulg� la Ley 10/2003, de 3 de abril, Reguladora de la Licencia Comercial Espec韋ica.

No obstante, el contenido de dicha norma se ha visto de forma sobrevenida sensiblemente alterado por la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuya motivaci髇 obedece a la necesidad de suprimir o limitar el gran n鷐ero de obst醕ulos que impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados miembros para conseguir el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, de mejorar el empleo y la cohesi髇 social y alcanzar un crecimiento econ髆ico sostenible con el fin de hacer de la Uni髇 Europea la econom韆 basada en el conocimiento m醩 competitiva y din醡ica del mundo desde este momento al a駉 2010.

As�, con arreglo al art韈ulo 14, apartado 2, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que est� garantizada la libre circulaci髇 de servicios. El art韈ulo 43 del Tratado garantiza la libertad de establecimiento y el art韈ulo 49 establece la libre prestaci髇 de servicios dentro de la Uni髇 Europea. La eliminaci髇 de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios entre Estados miembros se considera por la Uni髇 Europea como un medio esencial de reforzar la integraci髇 entre los pueblos de Europa y de fomentar un progreso econ髆ico y social equilibrado y sostenible.

Por lo tanto, la Directiva 2006/123/CE se centra en eliminar los obst醕ulos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la libre circulaci髇 de servicios entre los Estados miembros, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, as� como ofrecer la seguridad jur韉ica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. As� como garantizar, en particular a las peque馻s empresas (pyme), el extender sus operaciones m醩 all� de sus fronteras nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. En consecuencia eliminar la inseguridad jur韉ica producto de la extensi髇 y complejidad de los procedimientos administrativos, introduciendo principios de simplificaci髇 administrativa, reduciendo los procedimientos, ampliando el derecho a la informaci髇.

En concreto, se pretende eliminar a las pyme los obst醕ulos, as� como facilitarles la competitividad necesaria, que haga mejorar el empleo, la cohesi髇 social de cara al objetivo de lograr un aut閚tico mercado interior 鷑ico en el a駉 2010. Todo ello mediante una cada vez mayor integraci髇 jur韉ica comunitaria y un alto nivel de protecci髇 de los objetivos de inter閟 general, especialmente la protecci髇 de los consumidores, el medio ambiente, la seguridad p鷅lica, la salud p鷅lica y la necesidad de ajustarse al Derecho comunitario.

No obstante lo anterior, la propia directiva establece l韒ites a dichas medidas liberalizadoras que son, b醩icamente de cuatro tipos:

• a) Una primera limitaci髇 que hace referencia a una serie de sectores o 醡bitos de la econom韆 a los cuales la directiva no es de aplicaci髇: los servicios financieros, la fiscalidad, los servicios y redes de comunicaciones electr髇icas, los servicios en el 醡bito del transporte, los servicios de las empresas de trabajo temporal, los servicios sanitarios, los juegos de azar o los servicios prestados por notarios.
• b) Una segunda limitaci髇 viene determinada por una serie de sectores econ髆icos, los servicios econ髆icos de inter閟 general con contrapartida econ髆ica, como los postales que, a pesar de no estar claramente definidos como los anteriores, la propia directiva ofrece una serie de pautas para su concreci髇.
• c) Una tercera limitaci髇 a la aplicaci髇 de la directiva son determinados servicios profesionales que ya est醤 regulados por otra normativa, como el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestaci髇 de servicios o el reconocimiento de cualificaciones profesionales, ya regulados en otras directivas actualmente vigentes. Igualmente tampoco se aplica a los servicios enumerados en el art韈ulo 16 de la directiva, a modo de ejemplo los servicios jur韉icos de abogac韆, servicios de suministro de gas o electricidad.
• d) Una cuarta limitaci髇 viene determinada por la previsi髇 de que, pese a que se parte del principio general de la liberalizaci髇 de servicios en el territorio de la Uni髇 Europea, se permitir� alg鷑 tipo de r間imen de autorizaci髇, si bien condicion醤dolos a que no puedan ser discriminatorios; estar justificados por una raz髇 imperiosa de inter閟 general; ser proporcionados a dicho objetivo de inter閟 general; ser claros e inequ韛ocos; ser objetivos; y ser hechos p鷅licos con antelaci髇. El considerando 56 de la Directiva establece que: de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud p鷅lica, protecci髇 de los consumidores, sanidad animal y protecci髇 del entorno urbano constituyen razones imperiosas de inter閟 general que permiten justificar la aplicaci髇 de reg韒enes de autorizaci髇 y otras restricciones.

Por otro lado, la propia directiva, en lugar de establecer qu� caracter韘ticas debe tener el r間imen de autorizaci髇, centra su regulaci髇 en determinar las que no pueden tener, como por ejemplo que no contengan requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad o, en lo que se refiere a las sociedades, el domicilio social; o en el hecho de residir o no en el territorio nacional para el prestador; o en la reciprocidad con el Estado miembro en el que el prestador tenga ya su establecimiento. En otro caso, la propia normativa comunitaria supedita la implantaci髇 de cortapisas a la libertad de establecimiento general a que dichas trabas vengan justificadas por la defensa de razones de orden p鷅lico, de seguridad p鷅lica, de salud p鷅lica o de protecci髇 del medio ambiente.

Por todo ello, la presente norma, partiendo del mismo t韙ulo competencial que justific� en su d韆 la promulgaci髇 de la Ley 10/2003, de 3 de abril, Reguladora de la Licencia Comercial Espec韋ica, tiene su causa en la necesidad de adaptar espec韋icamente nuestro ordenamiento auton髆ico en esta materia a la normativa comunitaria, si bien respetando el propio margen ofrecido por la propia directiva, el Tribunal de Justicia de las Comunidades y los Tratados de la Uni髇 al objeto de poder continuar, manteniendo un r間imen de autorizaci髇 previa basada en razones de imperioso inter閟 general, a la implantaci髇 de esos servicios o equipamientos comerciales y, por ello, continuar ordenando, aunque sea de forma excepcional, el principio general de la libertad de dicha implantaci髇, teniendo en cuenta las peculiaridades propias del Archipi閘ago dada su condici髇 de regi髇 ultraperif閞ica, y con el objetivo de avanzar en la modernizaci髇 y especializaci髇 de las estructuras comerciales de la regi髇 canaria, mediante la ordenaci髇 territorial de la implantaci髇 de los equipamientos comerciales, manteniendo un r間imen de autorizaci髇 previa.

As�, el caso de Canarias debe analizarse especialmente con relaci髇 a su condici髇 de regi髇 ultraperif閞ica derivado de la concurrencia de las caracter韘ticas siguientes que ofrecen una naturaleza 鷑ica a este concepto:

• a) La integraci髇 en un doble espacio geoecon髆ico diferenciado, formado, por un lado, por una zona geogr醘ica de proximidad y por otro, por el espacio geopol韙ico al que pertenecen, distinto y alejado.
• b) La reducida dimensi髇 del mercado interior local, relacionada con el tama駉 de la poblaci髇.
• c) El aislamiento relativo provocado por la gran lejan韆 del continente europeo y reforzado por la situaci髇 insular o enclave, con un territorio escaso y fragmentado, as� como la doble insularidad.
• d) Las condiciones geogr醘icas y clim醫icas que limitan el desarrollo end骻eno de los sectores primarios y secundarios (ausencia de materias primas, car醕ter archipiel醙ico, zonas sometidas a altos riesgos naturales, volcanes, movimientos s韘micos, etc.).
• e) La dependencia econ髆ica de un reducido n鷐ero de productos o de un 鷑ico producto, as� como la existencia de mercados peque駉s y alejados.
• f) El elevado porcentaje del territorio de la Comunidad objeto de especial protecci髇.
• g) La especial protecci髇 de su fr醙il ecosistema.

Todos esos rasgos geogr醘icos condicionan las posibilidades de crecimiento econ髆ico y suponen ventajas y desventajas comparativas para la actividad econ髆ica. Por todo ello, el estatuto econ髆ico especial est� llamado a cumplir una funci髇 reguladora mixta que consiste en la compensaci髇 o correcci髇 de las limitaciones (como por ejemplo el denominado 玞oste de la insularidad� y, en su caso de la 玠oble insularidad�) y en el fomento o la promoci髇 del aprovechamiento de los recursos disponibles para ser incorporados a la producci髇 de bienes y servicios. Por otra parte, los efectos econ髆icos y sociales de la geograf韆 se alteran y evolucionan, como tambi閚 cambian la tecnolog韆 disponible y el entorno, de modo que, en cada momento hist髍ico, los problemas y las posibilidades que los recursos plantean son diferentes; y tambi閚 lo son los instrumentos alternativos existentes en cada caso para afrontarlos con provecho.

Esta concesi髇 de un r間imen especial supone una excepci髇 a la aceptaci髇 y aplicaci髇 global del acervo comunitario en la medida en que una parte de un territorio europeo dependiente jur韉icamente de un Estado miembro no asume de forma plena el conjunto de la normativa comunitaria, dando lugar a la existencia de una especialidad que puede comprender tres alternativas:

• 1) Una excepci髇 del Derecho comunitario;
• 2) una limitaci髇 del Derecho comunitario y
• 3) una reglamentaci髇 diferenciada del Derecho comunitario.

El art韈ulo 299.2 del TCE define las caracter韘ticas comunes de las regiones ultraperif閞icas y constituye una base jur韉ica para las medidas que la Uni髇 Europea toma en su favor:

獿as disposiciones del presente Tratado se aplicar醤 a los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias.

No obstante, teniendo en cuenta la situaci髇 estructural social y econ髆ica de los departamentos franceses de Ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, caracterizada por su gran lejan韆, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia econ髆ica de un reducido n鷐ero de productos, factores cuya persistencia y combinaci髇 perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, por mayor韆 cualificada, a propuesta de la Comisi髇 y previa consulta al Parlamento europeo, adoptar� medidas espec韋icas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicaci髇 del presente Tratado en dichas regiones incluidas las pol韙icas comunes.

El Consejo al adoptar las medidas pertinentes contempladas en el p醨rafo segundo, tendr� en cuenta 醡bitos tales como las pol韙icas aduanera y comercial, la pol韙ica fiscal, las zonas francas, las pol韙icas agr韈ola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas p鷅licas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.

El Consejo adoptar� las medidas contempladas en el p醨rafo segundo teniendo en cuenta las caracter韘ticas y exigencias especiales de las regiones ultraperif閞icas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jur韉ico comunitario, incluido el mercado interior y las pol韙icas comunes�.

Por todo ello, es posible defender que, al amparo de esta especial calificaci髇 como regi髇 ultraperif閞ica, la Directiva 2006/123/CE pueda tener una aplicaci髇 atenuada o matizada en dichas zonas, entre las que se encuentra Canarias.

La lejan韆 y la peque馻 dimensi髇 del territorio canario hacen que los mercados insulares sean especialmente sensibles a las concentraciones por el lado de la oferta, mientras que tienen serias dificultades para hacer posible la movilidad de los demandantes que garantiza la capacidad de elecci髇, en funci髇 de la fractura del territorio y su condici髇 archipiel醙ica. En general, la condici髇 de regi髇 ultraperif閞ica implica que se generen costes adicionales a la actividad comercial, todos ellos vinculados con una serie de dificultades tales como el tama駉 reducido de los mercados, el aislamiento con respecto a los mercados principales, el d閒icit de econom韆s de escala en la producci髇 y la necesidad de las empresas de disponer de existencias importantes, la duraci髇 reducida de la amortizaci髇 de bienes, los costes adicionales de abastecimiento de energ韆, los d閒icit de acceso a conexiones de alta velocidad o la dificultad de organizar la promoci髇 de los productos locales fuera de la regi髇.

A todo lo anterior se debe a馻dir la escasez de suelo que pudiera ser destinado al equipamiento comercial en cada isla, lo que conlleva una graduaci髇 y variaci髇 del concepto de gran establecimiento y centro comercial en cada una de ellas, en funci髇 del suelo disponible, la orograf韆 del territorio y los porcentajes del territorio protegido.

En este sentido, la variable que desencadena que un gran establecimiento y centro comercial tenga incidencia territorial amplia es la poblaci髇 de atracci髇: a mayor poblaci髇 potencial de atracci髇, mayor incidencia territorial, fundamentalmente medida en t閞minos cuantitativos de desplazamientos y frecuencia de los mismos. Es por ello que a nivel te髍ico se puede correlacionar la poblaci髇 existente en cada isla, entendida como poblaci髇 potencial de atracci髇 y, por tanto, como potencial impacto que puede generar sobre el territorio y el medioambiente, con la superficie de venta de los grandes establecimientos y centros comerciales sometidos a licencia comercial. Estableci閚dose como hip髏esis que los grandes establecimientos y centros comerciales que tengan la dimensi髇 igual o superior a la prevista en los art韈ulos 4 y 5 de esta ley, producen efectos significativos en el territorio y medioambiente, debiendo estar sujetos a planificaci髇 territorial en cuanto a su localizaci髇 y autorizaci髇 mediante la obtenci髇 de licencia comercial. Esta incidencia territorial, no por difusa es menos intensa en el supuesto de superaci髇 discontinua de los umbrales prevista en el art韈ulo 4.2; sino, por el contrario, m醩, por tratarse de establecimientos que, en su conjunto, consumen territorio y recursos naturales en mayor medida.

La propia directiva, pese a proclamar como principio general la liberalizaci髇 de la implantaci髇 comercial y de servicios, establece supuestos, excepcionales, en los que se puede continuar estableciendo un r間imen de autorizaci髇 para su implantaci髇, siempre y cuando dichos reg韒enes cumplan con una serie de finalidades. Por todo ello, se posibilita un r間imen de autorizaciones, basado en razones de inter閟 general, entre las que se encuentran expresamente reconocidas como tales, la protecci髇 del orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, la salud p鷅lica, la preservaci髇 del equilibrio financiero del r間imen de seguridad social, incluida una atenci髇 sanitaria equilibrada para todos, la protecci髇 de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, la equidad de las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protecci髇 del medio ambiente, incluido el entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual, la conservaci髇 del patrimonio hist髍ico y art韘tico nacional y los objetivos de la pol韙ica social y cultural.

Frente a estos reconocimientos expresos de la norma comunitaria a un r間imen de autorizaci髇, debe reconocerse igualmente la posibilidad de a馻dir otros supuestos igualmente habilitados para implantar un r間imen de autorizaci髇 que cumpla con los requisitos de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y derivados de las peculiaridades de nuestra Comunidad Aut髇oma y de sus especiales necesidades, como tambi閚 la utilizaci髇 de criterios de evaluaci髇 de las solicitudes presentadas que tengan en cuenta la calidad en el empleo, considerando especialmente la tipolog韆 de contrataci髇 laboral, y el compromiso de incorporaci髇 al mercado laboral de colectivos de dif韈il inserci髇 o, igualmente, la implantaci髇 de pol韙icas tendentes a conciliar la vida familiar y laboral, como las relativas al establecimientos de guarder韆s y atenci髇 a personas dependientes.

En cualquier caso, los requisitos que se establezcan para el otorgamiento de estas autorizaciones habr醤 de atender conjuntamente a criterios basados en razones imperiosas de inter閟 general relacionadas con la distribuci髇 comercial, como son la protecci髇 del medio ambiente y el entorno urbano, la ordenaci髇 del territorio y la conservaci髇 del patrimonio hist髍ico art韘tico.

Tal es as� que se debe concluir que existe margen para continuar estableciendo mecanismos de autorizaciones previas. Este es el objeto de la presente ley que regula la denominada 玪icencia comercial� como el acto administrativo de naturaleza autorizatoria para ordenar la actividad de los grandes establecimientos comerciales, los establecimientos comerciales titularidad de empresas o grupos de empresas que, en determinadas circunstancias, se asimilan a los anteriores dado el impacto medioambiental que producen sobre el territorio insular, y los centros comerciales.

Para ello, y sin perjuicio del principio de libertad de empresa en el marco de la econom韆 de mercado y la planificaci髇 econ髆ica general del Estado, dentro de una libre y leal competencia, se parte de la competencia de la Comunidad Aut髇oma de Canarias para regular la materia la competencia que, sobre comercio interior, defensa del consumidor y del usuario se encuentra prevista en el art韈ulo 31.3 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, teniendo especialmente en cuenta las caracter韘ticas de su territorio como regi髇 ultraperif閞ica, su territorio fragmentado, la precariedad del suelo, sus dificultades medioambientales, la condici髇 de la doble insularidad, el porcentaje de territorio de la Comunidad objeto de especial protecci髇, los equipamientos comerciales e infraestructuras necesarias para la implantaci髇 comercial, la incidencia en la econom韆 de las islas y en especial en los sectores productivos de las mismas, de los establecimientos sometidos a esta ley y la especial protecci髇 de su ecosistema.

Por otro lado, la experiencia derivada de la aplicaci髇 de la Ley 10/2003, de 3 de abril, reguladora de la Licencia Comercial Espec韋ica, y la actual realidad, aconsejan definir claramente los grandes establecimientos comerciales, los centros comerciales y los establecimientos comerciales titularidad de empresas o grupos de empresas que, en su conjunto, de manera discontinua, superen las superficies que quedan determinadas en funci髇 de las islas donde se localicen geogr醘icamente.

Por otro lado, se establece la posibilidad de controlar el n鷐ero de licencias comerciales en las diferentes zonas de influencia en funci髇 de criterios tales como el impacto sobre el sistema viario afectado o la movilidad de personas y de los medios de transporte, e incluso por razones de incidencia en materia de contaminaci髇 lum韓ica, aspectos que ser醤 tenidos en cuenta por los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales.

Como es obvio, y como objetivo fundamental, se determinan los criterios para la concesi髇 de esta licencia comercial para el desarrollo de la actividad objeto de la presente ley con el fin de proporcionar al 髍gano competente para resolver los criterios t閏nicos objetivos que le permitan motivar su decisi髇.

Asimismo, se reconocen los derechos y deberes de los promotores en el procedimiento y se establecen las medidas tendentes a la simplificaci髇 administrativa en el marco no solo de la normativa comunitaria sino de la reciente normativa estatal en materia de acceso electr髇ico de los ciudadanos al sector p鷅lico.

Paralelamente, la ley dise馻 un procedimiento que permite, a voluntad del promotor, una tramitaci髇 simult醤ea de la licencia comercial ante la Administraci髇 auton髆ica y de la licencia de obras y actividad clasificada ante la entidad local en cuyo t閞mino municipal se pretenda implantar, todo ello en aras de la m醲ima eficiencia. En este sentido, la obtenci髇 de la licencia comercial se configura como previa y necesaria para la de las autorizaciones municipales que habiliten para el ejercicio efectivo de la actividad. El plazo m醲imo para la resoluci髇 del procedimiento queda fijado en seis meses, transcurrido el cual sin resoluci髇 expresa, el solicitante podr� entender estimada su solicitud.

Asimismo, se determinan los efectos de la concesi髇 de esta autorizaci髇, su vigencia, caducidad, transmisi髇 y revocaci髇, as� como, en su caso, el desistimiento o la renuncia del promotor.

En cuanto al r間imen sancionador, se considera infracci髇 administrativa muy grave el ejercicio de actividades comerciales sin la previa obtenci髇 de la licencia comercial, cuando sea exigible, o en contra de sus determinaciones, y cuando haya sido revocada o declarada su caducidad.

Por otro lado, se dedica un t韙ulo a los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales previstos en la Directriz de Ordenaci髇 General n� 136 de la Ley 19/2003, de 14 de abril. Dichos instrumentos de ordenaci髇 territorial se engarzan directamente en la competencia que, sobre comercio interior, defensa del consumidor y del usuario se encuentra prevista en el art韈ulo 31.3 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, desarrollada por la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenaci髇 de la Actividad Comercial de Canarias, en la que en su art韈ulo 16 atribuye a la consejer韆 competente en materia de comercio elaborar los criterios generales de equipamiento comercial, que han sido aprobados por los Decretos 219/1994 y 237/1998. Sin embargo, la entrada en vigor del sistema jerarquizado y cerrado de planeamiento territorial dise馻do por la Ley de Ordenaci髇 del Territorio 9/1999, art韈ulo 9.2 en relaci髇 con la Ley de Directrices, en concreto la Directriz de Ordenaci髇 General 136, ha trasmutado la naturaleza de la norma que ha de aprobar los mentados criterios que han de ser regulados, a partir de ahora, por medio de Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales, que han de ser redactados y tramitados, en concreto, conforme el art韈ulo 24.1.c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenaci髇 del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, por la Administraci髇 competente por raz髇 de la materia, esto es la Consejer韆 competente en materia de comercio por tratarse del ejercicio de una competencia auton髆ica.

En este sentido, se establece la posibilidad de que dichos instrumentos de planeamiento ordenen directamente los criterios que determinen las condiciones que deber醤 cumplir los equipamientos comerciales para la sostenibilidad ambiental y cohesi髇 territorial y permitan al planeamiento general municipal concretar los usos comerciales en el territorio.

Mediante las disposiciones adicionales, por un lado, se modifica la regulaci髇 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenaci髇 de la Actividad Comercial de Canarias, en las materias de horarios comerciales, r間imen sancionador y funciones de las Comisiones Insulares de Comercio, entre otras, y se incorpora la regulaci髇, en un nuevo t韙ulo, basado en la competencia que el art韈ulo 30.12 del Estatuto de Autonom韆 atribuye a esta Comunidad Aut髇oma, sobre las actividades feriales que se celebren en el 醡bito territorial de la Comunidad Aut髇oma, con adaptaci髇 al r間imen innovador de la directiva; y por otro lado, se habilita al Gobierno para incluir, mediante decreto, nuevos sectores de actividad a efectos de la clasificaci髇 de los grandes establecimientos comerciales.

En la disposici髇 transitoria se regula el r間imen jur韉ico aplicable a las solicitudes de licencia comercial al momento de la entrada en vigor de la ley hasta su desarrollo reglamentario por el Gobierno.

En las disposiciones finales, se encomienda al Gobierno la aprobaci髇 de los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales y la elaboraci髇 de un texto refundido de esta ley y la norma cabecera del sistema normativo auton髆ico de comercio, la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenaci髇 de la Actividad Comercial en Canarias, as� como la aprobaci髇 de un reglamento de desarrollo de la presente ley, todo ello en el plazo de un a駉, y se le habilita para modificar determinados preceptos relativos a horarios comerciales.