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Sumario

V閍se Res. 20 marzo 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci髇 y reestructuraci髇 de deuda empresarial (獴.O.E.� 26 marzo).LE0000526254_20140326

V閍se la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci髇 y reestructuraci髇 de deuda empresarial (獴.O.E.� 1 octubre).LE0000537036_20200901

I

Con frecuencia, empresas realmente viables desde un punto de vista operativo (es decir susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario) se han tornado en inviables desde un punto de vista financiero. Ante esta situaci髇 existen dos alternativas: o bien liquidar la empresa en su conjunto, o bien sanearla desde un punto de vista financiero, con el fin de que la deuda remanente sea soportable, permitiendo as� que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tr醘ico econ髆ico, generando riqueza y creando puestos de trabajo. Parece evidente que la segunda alternativa es preferible a la primera, siendo en consecuencia obligaci髇 de los poderes p鷅licos adoptar medidas favorecedoras del alivio de carga financiera o 玠esapalancamiento�.

Esa es precisamente la finalidad de este real decreto-ley, que debe conjugarse con el m醲imo respeto a las leg韙imas expectativas de los acreedores, los cuales habr醤 de participar activamente y con las m醲imas garant韆s en estos procedimientos de alivio de carga financiera.

Se trata en definitiva de favorecer tambi閚 para ellos que una expectativa incierta de cobro de una cantidad elevada (en t閞minos de capacidad de pago del deudor) se torne en una certeza razonable de cobro de una cantidad m醩 reducida o sujeta a una mayor espera. Se trata de favorecer tambi閚 los mecanismos para que la deuda pueda transformarse en capital.

S髄o mediante el alivio de la deuda insostenible ser� posible lograr que vuelva a fluir el cr閐ito, concebido no tanto como palanca sino como verdadera savia de la econom韆, puesto que el cr閐ito es indispensable para atender los desfases entre cobros y pagos propios del giro empresarial y para acometer las inversiones verdaderamente productivas, siempre –claro est�– que la deuda correspondiente sea soportable.

II

En los dos 鷏timos a駉s se han atendido, por orden de urgencia, las necesidades espec韋icas de alivio de carga y desendeudamiento de los diversos sectores demandantes de cr閐ito de la econom韆 espa駉la.

Las primeras medidas, las m醩 urgentes y quiz醩 las m醩 intensas fueron las adoptadas en materia de deuda hipotecaria por adquisici髇 de vivienda. As�, ya desde marzo de 2012 se adoptaron medidas relevantes tendentes a paliar la dif韈il situaci髇 en que se encontraban los deudores m醩 vulnerables. Las medidas adoptadas desde entonces en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos, en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios y en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social, han permitido dar una respuesta equilibrada respecto a este conjunto de deudores.

Con posterioridad, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci髇, abord� una serie de medidas destinadas a beneficiar a todo tipo de empresas, y a los empresarios aut髇omos, destacando, entre otras, la regulaci髇 de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, la creaci髇 de la Sociedad Limitada de Formaci髇 Sucesiva y la introducci髇 de un mecanismo de negociaci髇 extrajudicial de deudas de empresarios, ya fueran personas f韘icas o jur韉icas.

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuraci髇 viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuraci髇 del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de cr閐ito y los dem醩 acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas.

III

Lo parad骿ico del caso es que, en la actualidad, la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros deriva no tanto de la falta de voluntad de las partes, sino de ciertas rigideces residenciadas principalmente en la normativa concursal y preconcursal.

El procedimiento concursal espa駉l concluye en un alto n鷐ero de casos en la liquidaci髇 del deudor, de modo que la fase preconcursal resulta verdaderamente determinante para la reestructuraci髇 financiera de las empresas. A estos efectos, los acuerdos de refinanciaci髇 son los instrumentos m醩 adecuados para el establecimiento de nuevos calendarios de amortizaci髇 y condiciones financieras m醩 acordes con la situaci髇 del mercado y de las empresas, a cambio de quitas, esperas y capitalizaciones de las deudas.

Por ello, la presente reforma se centra en la mejora del marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciaci髇, por constituir una de las 醨eas estrat間icamente m醩 relevantes en la medida en que, fruto del consenso entre el deudor y sus acreedores, pretenden la maximizaci髇 del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducci髇 o aplazamiento de los pasivos.

Para eliminar incertidumbres legales se introdujeron en Espa馻 los acuerdos colectivos de refinanciaci髇 as� como su homologaci髇 judicial. Estos mecanismos otorgan protecci髇 legal a los acuerdos alcanzados por una mayor韆 suficiente de acreedores de modo que, en el eventual supuesto de un concurso, las operaciones en 閘 incorporadas no est閚 sujetas a rescisi髇 y, en su caso, puedan extender determinados efectos a acreedores disidentes o no part韈ipes.

En este punto, se han detectado una serie de limitaciones en el potencial contenido de los acuerdos de refinanciaci髇, las cuales est醤 cercenando la eficacia y seguridad jur韉ica necesarias para acometer reestructuraciones financieras en las empresas. Por ello, resultan pertinentes medidas que contribuyan a garantizar el mantenimiento de estos valores.

Antes de entrar en el detalle de las modificaciones que se introducen, conviene precisar que todas ellas buscan en definitiva la finalidad de mejora de la posici髇 patrimonial del deudor, medida al fin y a la postre en la proporci髇 que representan sus activos sobre sus pasivos exigibles, y dentro de ellos en la parte apta para atender el cumplimiento de sus obligaciones m醩 inmediatas. De este modo se asegura que todas estas acciones no perjudican un eventual concurso de acreedores, ya sea porque el peligro de dicho concurso se aleja definitivamente (lo cual es lo m醩 deseable), ya sea porque las actuaciones previas al concurso no han perjudicado la situaci髇 patrimonial del deudor.

Por este motivo, siempre que los acuerdos re鷑an los requisitos previstos en este real decreto-ley no se ver醤 sometidos al riesgo de rescindibilidad que tanto ha retra韉o hasta ahora la actuaci髇 de las partes en fase preconcursal.

IV

La parte dispositiva de este real decreto-ley consta de un 鷑ico art韈ulo, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

As�, en primer lugar, se modifica el art韈ulo 5 bis, permitiendo que la presentaci髇 de la comunicaci髇 de iniciaci髇 de negociaciones para alcanzar determinados acuerdos pueda suspender, durante el plazo previsto para llevarlas a efecto, las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Tambi閚 se permite la suspensi髇 del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros a los que se refiere la disposici髇 adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de acreedores de pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripci髇 del correspondiente acuerdo de refinanciaci髇. Quedan excluidos de la suspensi髇, en todo caso, los procedimientos que tengan su origen en cr閐itos de derecho p鷅lico. Se pretende de este modo que el art韈ulo 5 bis fomente una negociaci髇 eficaz sin acelerar la situaci髇 de insolvencia del deudor por raz髇 de una precipitada ejecuci髇 de garant韆s sobre determinados bienes.

Tambi閚 se acomete una modificaci髇 del art韈ulo 56, para limitar los supuestos de suspensi髇 de ejecuci髇 de bienes dotados de garant韆 real a aquellos que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial. Y es que dentro de las facultades que tradicionalmente integran el derecho de propiedad (el ius utendi, el ius fruendi y el ius disponendi), no siempre es necesario que concurran todas ellas para que un determinado bien quede afecto a la actividad empresarial. En determinados supuestos es posible separar la facultad de disposici髇 de las de uso y disfrute, sin perjuicio alguno para la continuaci髇 de la actividad productiva pero con evidente ventaja para el acreedor que podr� movilizar antes su propia facultad de disposici髇 y que por ello ver� disminuidos los costes financieros necesarios para tal movilizaci髇, redundando ello en definitiva en mayores posibilidades de financiaci髇 para el deudor y en una revalorizaci髇 de sus activos. As� pues las ejecuciones son realmente obstativas de la continuaci髇 de la actividad empresarial cuando no pueda realizarse esa separaci髇 del derecho de disposici髇 sin detrimento de las facultades de uso y disfrute de la empresa. A modo de ejemplo, se introduce en el art韈ulo 56 un supuesto en el que dicha disociaci髇 puede hacerse con relativa facilidad sin perjuicio de la continuaci髇 de la actividad: se excluyen de la suspensi髇 de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiaci髇. Con ello se pretende facilitar la financiaci髇 de activos mediante estructuras y pactos que permitan la eventual realizaci髇 del bien con conservaci髇 por parte del deudor de t韙ulo suficiente, aunque sea meramente obligacional, para continuar su explotaci髇.

La Ley Concursal vuelve a la sistem醫ica original regulando 韓tegramente en el art韈ulo 71 las denominadas acciones de reintegraci髇.

Lo que hasta ahora hab韆 sido recogido en el apartado 6 de dicho art韈ulo como supuesto de no rescindibilidad se recoge separadamente en el art韈ulo 71 bis junto con un nuevo supuesto.

As�, en el apartado 1, se mantiene en lo esencial la regulaci髇 de los hasta ahora previstos en el apartado 6 del art韈ulo 71, si bien se clarifica su extensi髇, que comprender� los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea su naturaleza, que permitan la ampliaci髇 significativa del cr閐ito o la modificaci髇 o extinci髇 de obligaciones. Dentro de ellos est醤 incluidas, tal y como se ha venido reconociendo en numerosos pronunciamientos judiciales, las cesiones de bienes y derechos en pago o para pago. Adicionalmente, se elimina la necesidad de informe de experto independiente, sustituy閚dola por certificaci髇 del auditor de cuentas acreditativa de la concurrencia de las mayor韆s exigidas para su adopci髇.

En el apartado 2 del art韈ulo 71 bis se introduce un nuevo supuesto en el cual los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de alcanzar determinadas mayor韆s de pasivo, constituy閚dose en consecuencia un 玴uerto seguro� que permita la negociaci髇 directa del deudor con uno o m醩 acreedores, siempre que signifiquen simult醤eamente una mejora clara de la posici髇 patrimonial del deudor, es decir, que no conlleven una merma de los derechos del resto de acreedores no intervinientes. Se configura de este modo una posibilidad m醩 de acuerdo entre deudor y acreedor que es m醩 restrictiva que la del apartado 1 del mismo art韈ulo en cuanto a los supuestos pero m醩 laxa en cuanto a los intervinientes. En efecto, si en el apartado 1 se exige la concurrencia de los tres quintos del pasivo pero se habla de forma m醩 gen閞ica de la mejora de condiciones de financiaci髇, en el apartado 2, a cambio de no requerirse mayor韆 concreta de pasivo, se exigen requisitos muy estrictos para que los acuerdos no sean tampoco rescindibles por causas distintas al incumplimiento de las condiciones que el propio art韈ulo establece. Sirva de ejemplo la letra c) que implicar� en muchos casos por parte del acreedor interviniente la liberaci髇 de garant韆s (susceptibles de facilitar nueva financiaci髇), que no resulta necesariamente exigible en el caso de los acuerdos colectivos de refinanciaci髇.

Al no ser rescindibles, los acuerdos que re鷑an las condiciones del art韈ulo 71 bis no estar醤 sometidos a las presunciones de los apartados 2 y 3 del art韈ulo 71 aun cuando impliquen actos de disposici髇 de activo. Adem醩, la legitimaci髇 para el ejercicio de la acci髇 rescisoria (que s髄o podr� basarse en el incumplimiento material de los requisitos del art韈ulo 71 bis por los acuerdos acogidos aparentemente al mismo) sigue estando restringida al administrador concursal y limitada a la ausencia de condiciones reguladas, respectivamente, en los dos primeros apartados del art韈ulo 71 bis. Tambi閚 se limita al administrador concursal la legitimaci髇 para el ejercicio de las dem醩 acciones de impugnaci髇.

Asimismo, y como medida para incentivar la concesi髇 de nueva financiaci髇, se atribuye con car醕ter temporal la calificaci髇 de cr閐ito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorer韆, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciaci髇 y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusi髇 de las operaciones de aumento de capital. Esta medida se adopta con un car醕ter extraordinario y temporal para todos los nuevos ingresos de tesorer韆 que se produzcan en el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. Transcurrido el plazo de los dos a駉s desde su concesi髇, se considerar醤 cr閐ito contra la masa en los t閞minos indicados en el apartado 2.11.� del art韈ulo 82.

Lo anterior se complementa con una modificaci髇 del art韈ulo 92, que prev� expresamente que quienes hayan adquirido la condici髇 de socios en virtud de la capitalizaci髇 de deuda acordada en el contexto de una operaci髇 de refinanciaci髇, no ser醤 considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiaci髇 por ellos otorgada como consecuencia de dicha operaci髇.

En conexi髇 directa con el r間imen de acuerdos de refinanciaci髇, se acomete una revisi髇 del r間imen de homologaci髇 judicial regulado en la disposici髇 adicional cuarta. En particular, se ampl韆 el 醡bito subjetivo, extendi閚dose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho p鷅lico.

Asimismo, se posibilita la extensi髇 a los acreedores disidentes o no participantes no solo de las esperas, sino tambi閚, mediante un porcentaje de pasivo superior, de otras medidas acordadas en el seno del acuerdo de refinanciaci髇, como es el caso de las quitas, capitalizaci髇 de deuda y cesi髇 de bienes en pago o para pago.

Existen dos elementos novedosos en esta disposici髇 en relaci髇 con los acreedores que dispongan de garant韆 real. Las novedades no afectan tanto a la realidad jur韉ica o econ髆ica subyacente sino a los efectos que se atribuyen a dicha realidad, habiendo sido precisamente la discrepancia existente hasta ahora entre realidad y efectos una de los mayores obst醕ulos a la viabilidad de estos acuerdos.

En primer lugar, debe recordarse que hasta ahora se part韆 de una distinci髇 entre deudor con garant韆 real y deudor sin garant韆 real, siendo el primero pr醕ticamente inmune a los acuerdos homologados salvo en lo que pudiera afectar a esperas de duraci髇 limitada o suspensi髇 de ejecuciones. Pero lo cierto es que no todos los acreedores con garant韆 real son de la misma condici髇. A veces tal circunstancia es un puro nominalismo, puesto que la garant韆 de la que se dispone es de un rango posterior a otras preferentes o puede recaer sobre un activo de muy escaso valor que cubre una peque馻 parte de la deuda, o pueden producirse ambas situaciones simult醤eamente. Lo relevante en consecuencia no es tanto realizar una distinci髇 subjetiva, sino una distinci髇 objetiva entre la parte de deuda que est� cubierta por el valor real de la garant韆 y aqu閘la que no lo est�, anticipando en cierta medida lo que podr韆 ocurrir en caso de liquidaci髇 concursal. De este modo, el concepto determinante es el de valor real de la garant韆 que se define de forma simple en el apartado 2 de la disposici髇 adicional cuarta en unos t閞minos totalmente coherentes con la realidad jur韉ica y econ髆ica de la referida garant韆. A partir de ah� el tratamiento de la parte de cr閐itos no cubiertos por la garant韆 es el mismo que se atribuye a los acreedores sin garant韆 real.

La segunda novedad consiste en dar mayor relevancia y nitidez a una distinci髇 que ya est� configurada jur韉icamente: aquella que se produce entre obligaci髇 principal y obligaci髇 accesoria. A veces se difumina dicha distinci髇, lo cual conduce tambi閚 a una imperfecta regulaci髇 de los acuerdos de refinanciaci髇. Lo que ha ocurrido en el tr醘ico jur韉ico y econ髆ico es que, a pesar de ser una obligaci髇 accesoria, la garant韆 ha adquirido un valor hasta cierto punto abstra韉o de la obligaci髇 principal, debido a su progresiva espiritualizaci髇, a su intangibilidad y a la posibilidad de transmisi髇 del objeto de la garant韆 sin merma de la misma. Pero no puede perderse de vista que la garant韆 lo es siempre de una obligaci髇 principal y que, aunque el valor de la segunda dependa, tambi閚 y entre otros, del valor de la primera, cada una conserva su esencia y caracter韘ticas propias. Por ello, si la deuda principal puede ser afectada en caso de no tener cobertura de garant韆 real por el acuerdo de una mayor韆 muy cualificada de otros acreedores, la deuda cubierta con garant韆 real debe poder ser tambi閚 afectada, siempre que el acuerdo mayoritario se adopte en este caso con mayor韆s cualificadas a鷑 m醩 elevadas pero computadas sobre el total de las garant韆s, es decir, por titulares de deuda garantizada que se encuentren en una situaci髇 similar a la del disidente o no participante en el acuerdo.

En concordancia con lo anterior, se prev� la posibilidad de extender los efectos del acuerdo a determinados acreedores con garant韆 real y se simplifica el procedimiento de homologaci髇, en el que el juez conoce directamente de la solicitud, en aras a garantizar la celeridad y flexibilidad buscada en esta fase preconcursal y en el que 鷑icamente tendr� que comprobar la concurrencia de las mayor韆s exigidas para acordar la homologaci髇. En cualquier caso, y con el fin de no perjudicar el valor de la garant韆 en caso de incumplimiento por parte del deudor, se establecen reglas especiales de atribuci髇 del resultante al acreedor.

Por otro lado, se establece una medida destinada a evitar la sobreponderaci髇 artificiosa de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiaci髇 que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la homologaci髇 de algunos acuerdos. De este modo se establece un l韒ite al porcentaje de votos favorables en el sindicato cuando se trata de un acuerdo global de refinanciaci髇 del deudor. Se evitan de este modo ciertos comportamientos oportunistas que no buscaban otro beneficio que el ligado a la sobrevaloraci髇 de un pasivo por parte del resto de acreedores que ve韆n de este modo incrementado su propio sacrificio.

Se establecen adem醩 determinadas medidas destinadas a favorecer la transformaci髇 de deuda en capital, rebajando las mayor韆s exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y garant韆s, una presunci髇 de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalizaci髇.

Debe recordarse que las modificaciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, introducidas en este real decreto-ley se circunscriben exclusivamente a su 醡bito de aplicaci髇 y, por lo tanto, la legislaci髇 especial seguir� rigiendo el concurso de entidades financieras y sus situaciones preconcursales. Adicionalmente, quedan a salvo, entre otras, las previsiones del cap韙ulo II del t韙ulo I del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci髇 p鷅lica.

V

La parte final de este real decreto-ley consta de dos disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria 鷑ica, una disposici髇 derogatoria 鷑ica y once disposiciones finales.

La disposici髇 adicional primera encomienda al Banco de Espa馻 que, en el plazo de un mes, establezca y haga p鷅licos criterios homog閚eos para la clasificaci髇 como riesgo normal de las operaciones refinanciadas o restructuradas en virtud de acuerdos de refinanciaci髇 homologados judicialmente.

La disposici髇 adicional segunda establece el r間imen extraordinario de los nuevos ingresos de tesorer韆 al que se ha hecho referencia anteriormente.

La disposici髇 transitoria 鷑ica regula el r間imen transitorio de los acuerdos de refinanciaci髇 que se estuvieran negociando al amparo del antiguo art韈ulo 71.6 de la Ley Concursal.

En la disposici髇 derogatoria 鷑ica se ordena la derogaci髇 de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

La disposici髇 final primera modifica la redacci髇 del art韈ulo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptar el r間imen de suspensi髇 en caso de situaciones concursales o preconcursales a las modificaciones introducidas en el art韈ulo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

La disposici髇 final segunda modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, estableciendo la ausencia de tributaci髇 en los supuestos de capitalizaci髇 de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisici髇 derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma. Se recoge as�, expresamente en la ley, un criterio que ya hab韆 sido admitido por la doctrina administrativa para determinados supuestos de capitalizaci髇 de deudas entre entidades vinculadas.

Asimismo, con el objeto de establecer un tratamiento adecuado a la situaci髇 econ髆ica actual, y de evitar que la fiscalidad suponga un obst醕ulo a las operaciones de refinanciaci髇 en general, se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades en relaci髇 con el tratamiento fiscal de las rentas derivadas de quitas y esperas derivadas de la aplicaci髇 de la Ley Concursal. As�, teniendo en cuenta que ambas operaciones no incrementan la capacidad fiscal de las entidades, se establece un sistema de imputaci髇 del ingreso generado en la base imponible, en funci髇 de los gastos financieros que posteriormente se vayan registrando.

La disposici髇 final tercera ampl韆 la exenci髇 en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los pr閟tamos, cr閐itos y dem醩 obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciaci髇 o de pago.

La disposici髇 final cuarta, como consecuencia de los acuerdos adoptados en el Consejo de Pol韙ica Fiscal y Financiera de las Comunidades Aut髇omas, celebrado el 18 de diciembre de 2013, suprime el apartado 6 de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑 y Ciudades con Estatuto de Autonom韆 y se modifican determinadas normas tributarias.

La disposici髇 final quinta modifica la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con la finalidad de suprimir la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusi髇 en los casos de absorci髇 de sociedad participada al noventa por ciento, cuando se trate de una fusi髇 transfronteriza comunitaria. Un requisito que ya no se contempla en el art韈ulo 15.2 de la Directiva 2005/56/CE, despu閟 de su modificaci髇 por la Directiva 2009/109/CE, en lo que se refiere a las obligaciones de informaci髇 y documentaci髇 en el caso de las fusiones y escisiones.

La disposici髇 final sexta introduce una modificaci髇 del 鷏timo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta redacci髇 procede de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de est韒ulo del crecimiento y de la creaci髇 de empleo, y conten韆 como innovaci髇 importante el establecimiento de un par醡etro dentro del cual ser韆n v醠idas las modificaciones del inter閟 legal de demora. De esta forma, se estableci� que ser韆 abusivo el inter閟 pactado cuando fuera un 70 por ciento inferior al inter閟 legal de demora. Esta redacci髇 ha hecho surgir la duda de si las Administraciones P鷅licas podr韆n acogerse a estas rebajas del tipo de inter閟 de demora, interpretaci髇 que la Comisi髇 Europea rechaza de plano y que es compartida por el Gobierno. Por ello es urgente aclarar que las Administraciones P鷅licas no pueden modificar el tipo de inter閟 de demora establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

La disposici髇 final s閜tima reforma el Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las peque馻s y medianas empresas, y otras medidas econ髆icas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducci髇 de capital y, en su caso, de disoluci髇 a causa de las p閞didas. La culminaci髇 de la reestructuraci髇 del sector financiero y la puesta en marcha de la Sociedad de Gesti髇 de Activos Procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria (SAREB) est醤 influyendo en el sector inmobiliario y en el reajuste de precios de los activos inmobiliarios. Es previsible que tambi閚 lo haga la propia aprobaci髇 de este real decreto-ley, lo que hace aconsejable la aprobaci髇 de una nueva pr髍roga de esta medida durante este a駉. Adem醩, a finales del a駉 pasado se adoptaron determinadas medidas fiscales que ser醤 plenamente efectivas en el presente ejercicio.

La disposici髇 final octava modifica el art韈ulo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el r間imen de las ofertas p鷅licas de adquisici髇 de valores, exceptuando la oferta p鷅lica de adquisici髇 y la necesidad de solicitar, en su caso, dispensa a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores, cuando se trate de operaciones realizadas como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciaci髇 homologado judicialmente, siempre que hubiera sido informado favorablemente por un experto independiente.

La disposici髇 final novena permite que las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificaci髇 por este real decreto-ley puedan ser modificadas por normas del rango reglamentario.

Por 鷏timo, las disposiciones finales d閏ima y und閏ima regulan, respectivamente, los t韙ulos competenciales en virtud de los cuales se adopta el real decreto-ley, y su entrada en vigor, que tendr� lugar al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

VI

En las medidas que se adoptan en el presente real decreto-ley concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuesto habilitante para recurrir a esta figura normativa.

En el contexto se馻lado en el apartado II de esta exposici髇 de motivos, resulta de capital importancia garantizar sin dilaci髇 la eliminaci髇 de los obst醕ulos identificados en nuestro ordenamiento jur韉ico que est醤 impidiendo, en la pr醕tica, el 閤ito de operaciones de reestructuraci髇 y refinanciaci髇 de empresas que ya est閚 en marcha, o que deben acometerse de manera inmediata, y garantizar, con ello, la continuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejido productivo de nuestro pa韘.

De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente real decreto-ley, muchas de dichas operaciones quedar醤 condenadas al fracaso, o simplemente, no se plantear醤, quedando las empresas afectadas abocadas a la declaraci髇 de concurso de acreedores primero y la eventual liquidaci髇 despu閟.

En su virtud, en uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇, a propuesta de los Ministros de Econom韆 y Competitividad, de Justicia y de Hacienda y Administraciones P鷅licas, previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 7 de marzo de 2014,

DISPONGO:

LE0000664780_20200901 Art韈ulo 鷑ico derogado por la letra m) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (獴.O.E.� 7 mayo).Vigencia: 1 septiembre 2020

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional segunda Vigencia del r間imen de los nuevos ingresos de tesorer韆

1. Durante los dos a駉s siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, no ser� de aplicaci髇 el r間imen contenido en el n鷐ero 11 del apartado 2 del art韈ulo 84 ni el n鷐ero 6.� del art韈ulo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2. En este plazo, resultar� aplicable el siguiente r間imen jur韉ico:

• 1.� Tendr醤 la consideraci髇 de cr閐itos contra la masa los cr閐itos que supongan nuevos ingresos de tesorer韆 y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciaci髇 suscrito a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las condiciones previstas en el art韈ulo 71 bis o en la disposici髇 adicional cuarta de la Ley Concursal, hasta el importe del nuevo ingreso de tesorer韆.
• 2.� Esta clasificaci髇 tambi閚 se aplicar� a los cr閐itos concedidos en dichos acuerdos de refinanciaci髇 por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas, que supongan nuevos ingresos de tesorer韆, y hasta el importe del nuevo ingreso efectuado. En ning鷑 caso, tendr醤 la consideraci髇 de cr閐itos contra la masa los ingresos de tesorer韆 realizados a trav閟 de una operaci髇 de aumento de capital.
• 3.� Los intereses devengados por los nuevos ingresos de tesorer韆 a los que se refieren los n鷐eros anteriores tendr醤 la calificaci髇 prevista en el n鷐ero 3.� del art韈ulo 92 de la Ley Concursal.
• 4.� En caso de liquidaci髇, tambi閚 tendr醤 la consideraci髇 de cr閐itos contra la masa los cr閐itos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el art韈ulo 100.5 de la Ley Concursal.

3. Transcurrido un plazo de dos a駉s a contar desde la fecha de concesi髇 de los cr閐itos descritos en el apartado anterior, 閟tos se considerar醤 cr閐itos contra la masa en los t閞minos indicados en el n鷐ero 11 del apartado 2 del art韈ulo 84 de la Ley Concursal.

LE0000190774_20160101

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

El t韙ulo y el apartado 1 del art韈ulo 568 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedan redactados en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 568 Suspensi髇 en caso de situaciones concursales o preconcursales

1. No se dictar� auto autorizando y despachando la ejecuci髇 cuando conste al Tribunal que el demandado se halla en situaci髇 de concurso o se haya efectuado la comunicaci髇 a que se refiere el art韈ulo 5 bis de la Ley Concursal y respecto a los bienes determinados en dicho art韈ulo. En este 鷏timo caso, cuando la ejecuci髇 afecte a una garant韆 real, se tendr� por iniciada la ejecuci髇 a los efectos del art韈ulo 57.3 de la Ley Concursal para el caso de que sobrevenga finalmente el concurso a pesar de la falta de despacho de ejecuci髇.�

LE0000025866_20190616

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

Se modifica el n鷐ero 19 de la letra B) del apartado I del art韈ulo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur韉icos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que queda redactado de la siguiente forma:

�19. Las escrituras que contengan quitas o minoraciones de las cuant韆s de pr閟tamos, cr閐itos u otras obligaciones del deudor que se incluyan en los acuerdos de refinanciaci髇 o en los acuerdos extrajudiciales de pago establecidos en la Ley Concursal, siempre que, en todos los casos, el sujeto pasivo sea el deudor. �

LE0000007747_20200805

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑 y Ciudades con Estatuto de Autonom韆 y se modifican determinadas normas tributarias

Se suprime el apartado 6 de la disposici髇 transitoria primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑 y Ciudades con Estatuto de Autonom韆 y se modifican determinadas normas tributarias.

LE0000403106_20170629

Disposici髇 final quinta Modificaci髇 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

El apartado 1 del art韈ulo 50 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, pasa a tener la siguiente redacci髇:

�1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o m醩, pero no de la totalidad del capital de la sociedad o de las sociedades an髇imas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorci髇, no ser醤 necesarios los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusi髇, siempre que en 閟te se ofrezca por la sociedad absorbente a los socios de las sociedades absorbidas la adquisici髇 de sus acciones o participaciones sociales, estimadas en su valor razonable, dentro de un plazo determinado que no podr� ser superior a un mes a contar desde la fecha de la inscripci髇 de la absorci髇 en el Registro Mercantil.�

LE0000356510_20141002

Disposici髇 final sexta Modificaci髇 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

El 鷏timo p醨rafo del apartado 1 del art韈ulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pasa a tener la siguiente redacci髇:

獷n todo caso, son nulas las cl醬sulas pactadas entre las partes o las pr醕ticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del art韈ulo 6, o aquellas que excluyan el cobro de dicho inter閟 de demora o el de la indemnizaci髇 por costes de cobro prevista en el art韈ulo 8. Tambi閚 son nulas las cl醬sulas y pr醕ticas pactadas por las partes o las pr醕ticas que excluyan el inter閟 de demora, o cualquier otra sobre el tipo legal de inter閟 de demora establecido con car醕ter subsidiario en el apartado 2 del art韈ulo 7, cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor, entendiendo que ser� abusivo cuando el inter閟 pactado sea un 70 por ciento inferior al inter閟 legal de demora, salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este art韈ulo, pueda probarse que el inter閟 aplicado no resulta abusivo. Esta posible modificaci髇 del inter閟 de demora, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, no ser� de aplicaci髇 a las operaciones comerciales realizadas con la Administraci髇.�

LE0000208290_20141002

Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las peque馻s y medianas empresas, y otras medidas econ髆icas complementarias

La disposici髇 adicional 鷑ica del Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las peque馻s y medianas empresas, y otras medidas econ髆icas complementarias, queda redactada en los siguientes t閞minos:

�1. A los solos efectos de la determinaci髇 de las p閞didas para la reducci髇 obligatoria de capital regulada en el art韈ulo 327 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disoluci髇 prevista en el art韈ulo 363.1.e) del citado texto refundido, as� como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el art韈ulo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computar醤 las p閞didas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de pr閟tamos y partidas a cobrar.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior 鷑icamente ser� de aplicaci髇 excepcional en los ejercicios sociales que se cierren en el a駉 2014.�

LE0000346058_20141002

Disposici髇 final octava Modificaci髇 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el r間imen de las ofertas p鷅licas de adquisici髇 de valores

La letra d) del art韈ulo 8 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el r間imen de las ofertas p鷅licas de adquisici髇 de valores, queda redactada en los siguientes t閞minos:

• 玠) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversi髇 o capitalizaci髇 de cr閐itos en acciones de sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera est� en peligro grave e inminente, aunque no est� en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperaci髇 financiera a largo plazo de la sociedad.
  Corresponder� a la Comisi髇 Nacional del Mercado de Valores acordar, en un plazo no superior a quince d韆s a contar desde la presentaci髇 de la correspondiente solicitud por cualquier persona interesada, que no resulta exigible una oferta p鷅lica. No ser� necesario el acuerdo de dispensa cuando las operaciones descritas en esta letra se hubieran realizado como consecuencia directa de un acuerdo de refinanciaci髇 homologado judicialmente conforme a lo previsto en la disposici髇 adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que hubiese sido informado favorablemente por un experto independiente en los t閞minos previstos por el art韈ulo 71 bis 4 del citado texto legal.�

LE0000248328_20141002