Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos, en relaci髇 con el r間imen jur韉ico de la Sociedad de Gesti髇 de Activos procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria

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Sumario

V閍se la Res. de 3 de febrero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇; y el R.D. 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos, en relaci髇 con el r間imen jur韉ico de la Sociedad de Gesti髇 de Activos procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria (獴.O.E.� 8 febrero).LE0000718830_20220209

I

La Sociedad de Gesti髇 de Activos procedentes de la Restructuraci髇 Bancaria (en adelante, SAREB) fue creada en 2012, en el contexto de la crisis financiera, con el objetivo de abordar el saneamiento de determinadas entidades de cr閐ito y preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. SAREB se cre� como compa耥a de gesti髇 de los activos que deb韆n salir del balance de las entidades reestructuradas, y se le encomend� la gesti髇 y enajenaci髇 de los pr閟tamos e inmuebles para devolver la deuda suscrita en su momento por distintas entidades financieras y avalada por el Estado en un plazo que concluye en 2027. Con la finalidad de no impactar negativamente en las cuentas de las administraciones p鷅licas, SAREB se constituy� con mayor韆 de accionistas privados, y sujeta al ordenamiento jur韉ico del sector privado, sin consolidar su balance con las cuentas del Estado.

La reclasificaci髇 de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones P鷅licas, siguiendo la opini髇 emitida por Eurostat, hace urgente y necesaria la adopci髇 de una serie de cambios en su r間imen jur韉ico, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad.

En primer lugar, por medio de este real decreto-ley, se eliminan los l韒ites a la participaci髇 del Estado en el accionariado de SAREB, permitiendo as� un posible aumento del peso del Estado en el capital de esta sociedad. Para ello, se modifica la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito. Adicionalmente, se regula el procedimiento mediante el cual el FROB podr� llevar a cabo la adquisici髇 de participaciones en el capital de SAREB, con el objetivo de hacer efectiva la tomar de control de la sociedad.

En segundo lugar, se prev� que el FROB pueda llegar a una posici髇 mayoritaria en el capital de SAREB sin que 閟ta adquiera la condici髇 de sociedad mercantil estatal. SAREB es una sociedad de gesti髇 de activos y por tanto un instrumento de resoluci髇 cuyo objetivo fundacional fue el de coadyuvar al desarrollo adecuado de los procesos de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito. Adem醩, la sociedad cuenta desde su creaci髇 con un horizonte temporal limitado hasta 2027, que refleja el objetivo anterior y la singularidad de su naturaleza econ髆ica. Por tanto, para garantizar que la potencial toma de control del FROB no suponga un cambio en su capacidad de actuaci髇 como instrumento de resoluci髇, la sociedad se mantendr� sometida al ordenamiento jur韉ico privado, con las especificidades que le son de aplicaci髇. En concreto, SAREB se someter� al r間imen de contrataci髇 que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Del mismo modo, le ser� de aplicaci髇 el r間imen de los contratos mercantiles y de alta direcci髇 de la disposici髇 adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Para garantizar una transici髇 ordenada, se establece un r間imen transitorio de 3 meses como m醲imo para que SAREB se adapte a las especialidades del presente real decreto-ley desde la efectiva toma de control p鷅lica, a excepci髇 del r間imen de indemnizaciones por extinci髇 de los contratos mercantiles o de alta direcci髇, que ser� de aplicaci髇 desde su entrada en vigor.

En tercer lugar, en consonancia con estos cambios, se procede a la adaptaci髇 del r間imen supervisor y de fiscalizaci髇 de SAREB, as� como del seguimiento del cumplimiento de sus objetivos. Por un lado, ante una toma de control p鷅lico, se elimina la Comisi髇 de Seguimiento de SAREB, dado que el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobaci髇 del cumplimiento de sus objetivos se realizar� directamente a trav閟 de los 髍ganos de control de la sociedad. Por otro lado, la fiscalizaci髇 externa del Tribunal de Cuentas se llevar� a cabo teniendo en cuenta la especial naturaleza de la entidad Finalmente, se mantiene el actual r間imen de supervisi髇 y sanci髇 atribuido al Banco de Espa馻.

En cuarto lugar, se traslada la toma de las decisiones por parte del FROB que afecten a la gesti髇 de su cartera de participaciones, acciones, t韙ulos y dem醩 instrumentos a su Comisi髇 Rectora en su composici髇 reducida, con el fin de evitar la participaci髇 de los supervisores en las decisiones estrat間icas y corporativas de una entidad supervisada.

En quinto lugar, se incorpora, respetando el objeto social actual de SAREB, la posibilidad de enajenaci髇 de activos en base al principio general de sostenibilidad. De este modo, SAREB podr� ceder, como parte de su pol韙ica de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen pol韙icas de vivienda social u otras pol韙icas con alto valor social, incorporando este factor dentro del objetivo de optimizaci髇 del valor. Hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compa耥a ya ha venido realizando en los 鷏timos a駉s acciones en materia de vivienda social a trav閟 de la firma de distintos convenios. Esta habilitaci髇 permite reforzar este compromiso, en aras de maximizar el impacto positivo de la compa耥a en la sociedad.

Por 鷏timo, se opera un cambio de naturaleza t閏nica, eximiendo a SAREB de la aplicaci髇 del art韈ulo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exceptuando a la compa耥a as� de la obligatoriedad de la reducci髇 de capital cuando las p閞didas contables hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto. Esto permite de este modo que haya plena coherencia con el cambio ya operado por medio del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que eximi� ya a SAREB de la aplicaci髇 del art韈ulo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y garantiza un correcto nivel de seguridad jur韉ica en cuanto a la posibilidad de continuar su actividad durante su horizonte temporal sin entrar en causa de disoluci髇.

II

Por otra parte, se introduce una modificaci髇 puntual en el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo, espec韋icamente, en la disposici髇 adicional cuarta, relativa al 玆間imen aplicable al personal laboral del sector p鷅lico�, con el fin de precisar su redacci髇 y, en particular, a馻dir una salvaguarda expresa de la tasa de reposici髇 de efectivos fijada en la ley de Presupuestos Generales del Estado vigente para cada ejercicio.

A su vez, se introduce otra modificaci髇 espec韋ica en el citado Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en el apartado nueve de su art韈ulo primero, por el que se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; la modificaci髇 proyectada afecta, exclusivamente, a la letra d) del referido art韈ulo 84.2 del citado texto refundido, en cuya redacci髇 se introduce una correcci髇, en aras de garantizar la debida seguridad jur韉ica y evitar cualquier duda interpretativa en su aplicaci髇.

III

La disposici髇 adicional 鷑ica prev� un r間imen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia tur韘tica reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales.

La situaci髇 del comercio minorista contin鷄 siendo delicada, y una de las medidas m醩 importantes para el impulso y la flexibilidad de la oferta en el sector de la distribuci髇 minorista pasa por la flexibilizaci髇 de horarios comerciales y el fomento de comercio de compras. Ello requiere una modificaci髇 de los criterios exigidos para poder declarar un 醨ea como zona de gran afluencia tur韘tica, medida que ya hubo de adoptarse en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector tur韘tico, la hosteler韆 y el comercio y en materia tributaria, y que ahora, dados los 鷏timos datos del sector tur韘tico, se considera imprescindible y urgente prorrogar.

Actualmente, los criterios utilizados en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, se refieren a los datos estad韘ticos del ejercicio inmediatamente anterior referentes a habitantes, pernoctaciones o pasajeros de cruceros. Dado que los datos de 2021 a鷑 no alcanzan los niveles previos a la pandemia ni reflejan la realidad habitual de nuestro sector tur韘tico, los requisitos para proceder a las declaraciones de zona de gran afluencia tur韘tica a鷑 ser醤 dif韈iles de cumplir, con el consiguiente perjuicio para el comercio minorista. Por ello, es urgente flexibilizar esos criterios para que no tengan en cuenta los datos de 2021, que podr韆n desvirtuar el objetivo de la norma de dinamizar el comercio minorista, y continuar醤 tom醤dose como base los datos resultantes de la media de los tres a駉s anteriores a la declaraci髇 de pandemia global, es decir, de 2017 a 2019 ambos inclusive.

IV

La adopci髇 de medidas de car醕ter econ髆ico mediante real decreto-ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura econ髆ica exige una r醦ida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilaci髇 en el tiempo de la adopci髇 de la medida de que se trate mediante una tramitaci髇 por el cauce normativo ordinario podr韆 generar alg鷑 perjuicio–. A tal fin el Tribunal Constitucional ha afirmado que el control del presupuesto habilitante del art韈ulo 86.1 CE, exige, primero, que el Gobierno haga una definici髇 玡xpl韈ita y razonada� de la situaci髇 concurrente y, segundo, que exista adem醩 una 玞onexi髇 de sentido� entre la situaci髇 definida y las medidas que en el Decreto-ley se adopten.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Respecto a esta norma concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobaci髇 de este real decreto-ley, tal y como exige el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la. En primer lugar, la reclasificaci髇 de SAREB en las Cuentas Nacionales como unidad perteneciente al sector de las Administraciones P鷅licas hace urgente y necesaria la adopci髇 de una serie de cambios, que permitan adaptar SAREB a la nueva realidad ante el comienzo de un nuevo ejercicio contable. Dicha reclasificaci髇 fue realizada, por indicaci髇 de EUROSTAT a trav閟 de carta remitida al Instituto Nacional de Estad韘tica el 16 de febrero de 2021, por parte del Instituto Nacional de Estad韘tica con ocasi髇 de la notificaci髇 a la Uni髇 Europea de abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de D閒icit Excesivo de 2020 y supuso la integraci髇 contable de SAREB como parte de las Administraciones P鷅licas dentro del sector institucional de las Administraciones P鷅licas del Reglamento (UE) n.^o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Uni髇 Europea. Como consecuencia de la reclasificaci髇 la actividad de la compa耥a repercute directamente sobre las cuentas p鷅licas con efectos desde 2020: determina un incremento en el d閒icit p鷅lico de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88 % del PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones P鷅licas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05 % del PIB). Del mismo modo, en los sucesivos ejercicios, las operaciones de disposici髇 de su activo por parte de SAREB, as� como sus resultados contables afectar醤 al saldo de las cuentas nacionales del sector de las Administraciones P鷅licas. Todo ello hace necesario que la estructura accionarial y de control de la sociedad refleje la realidad econ髆ica.

En segundo lugar, durante 2021 SAREB ha alcanzado un patrimonio neto negativo, al consumir las p閞didas 韓tegramente los fondos propios de la compa耥a, incluida la deuda subordinada. La deuda senior emitida por la compa耥a, por su parte, cuenta con el aval del Estado. Por tanto, en el momento presente, es el Estado quien tiene el principal inter閟 econ髆ico en la marcha de SAREB as� como quien soporta la mayor parte del riesgo asociado a su actividad. En este sentido, el Plan de Negocio y la capacidad de generar flujos de caja por parte de SAREB son factores cruciales para minimizar el potencial impacto de la ejecuci髇 del aval en el momento del fin de la vida de la compa耥a en 2027. Por tanto, es urgente y necesario que esta realidad econ髆ica tenga un reflejo inmediato en la estructura accionarial y la gobernanza de la entidad para asegurar que el sector p鷅lico pueda decidir sobre el dise駉 e implementaci髇 de la estrategia corporativa.

En tercer lugar, es preciso adaptar el r間imen jur韉ico de la sociedad ante el potencial cambio de su estructura accionarial, al ser SAREB un instrumento de resoluci髇 con marco normativo espec韋ico debido a sus distintas singularidades. Es por ello necesario y urgente garantizar que SAREB cuente con un r間imen jur韉ico ajustado a su marco de actuaci髇 como instrumento de resoluci髇. No obstante lo anterior, se considera necesaria y urgente la sujeci髇 de las pol韙icas remuneratorias de la compa耥a al principio de eficiencia presupuestaria; por tanto, se incorporan los criterios propios de los contratos mercantiles y de alta direcci髇 establecidos en la disposici髇 adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.

En cuarto lugar, hasta ahora como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa, SAREB ha venido dedicando parte de su cartera de activos inmobiliarios a objetivos de vivienda social. La potencial participaci髇 mayoritaria en SAREB por parte del sector p鷅lico hace necesario y urgente garantizar la seguridad jur韉ica respecto a la actividad en curso y futura de la compa耥a en este 醡bito, de tal manera que se adec鷈 a las atribuciones competenciales entre las distintas administraciones p鷅licas. De este modo, se habilita a SAREB a ceder viviendas a entidades p鷅licas o entidades no lucrativas como parte de su pol韙ica de sostenibilidad, incorporando as� la utilidad social dentro del objetivo de optimizaci髇 del valor y en coordinaci髇 con los departamentos ministeriales competentes. La incorporaci髇 de estos principios supone una modificaci髇 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos, norma de rango reglamentario que como se se馻la guarda conexi髇 directa con la situaci髇 de urgente necesidad que se atiende con el presente real decreto-ley.

Las anteriores circunstancias determinan la urgencia de acometer una reforma de la estructura de capital de SAREB y de su gobernanza, de forma que 閟tas reflejen el reciente cambio de criterio propuesto por Eurostat y la situaci髇 patrimonial de la entidad.

Por todo ello, se hace imperativo que el FROB pueda alcanzar cuanto antes una posici髇 mayoritaria en el capital de SAREB y establecer el marco en que se desarrollar� su actividad hasta su liquidaci髇.

A su vez, la urgencia de la propuesta viene dada por la necesidad de clarificar la redacci髇 de la disposici髇 adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, as� como recuperar la redacci髇 previa a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, en la letra d) del art韈ulo 84.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de forma inmediata, dada la naturaleza de la norma que se modifica, as� como para no incurrir en menoscabo alguno de la seguridad jur韉ica. En este sentido, la redacci髇 ahora proyectada debiera entrar en vigor, en todo caso, antes de que tenga lugar el debate en el Congreso de los Diputados, sobre la convalidaci髇 del rese馻do real decreto-ley, que se modifica de manera puntual.

En el caso del r間imen transitorio relativo a las declaraciones de zonas de gran afluencia tur韘tica reguladas en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, es manifiesta la necesidad de acudir a este instrumento normativo ante la situaci髇 que viene soportando nuestro sector tur韘tico y comercial como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones en la libre circulaci髇 y en la actividad comercial ocasionadas por 閟ta. En particular, medidas como las propuestas en materia de zonas de gran influencia tur韘tica son urgentes para evitar el decaimiento de la declaraci髇 de esas categor韆s en el ejercicio 2022, como consecuencia de la reducci髇 de desplazamientos durante 2020 y 2021, con el consiguiente efecto negativo en el comercio de los municipios afectados.

Por lo dem醩, este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulaci髇 previstos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado en p醨rafos anteriores. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jur韉ica, proporcionalidad y eficacia, destac醤dose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jur韉ico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situaci髇 de excepcionalidad, al contener la regulaci髇 necesaria e imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas, conforme el art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen nuevas cargas administrativas.

El presente real decreto-ley consta de un pre醡bulo y una parte dispositiva, que comprende tres art韈ulos, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y cuatro disposiciones finales y se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.�, 11.�, 13.� y 14.� de la Constituci髇, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislaci髇 mercantil, procesal y civil; bases de la ordenaci髇 del cr閐ito, banca y seguros; bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica; y de Hacienda general.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital, de la Ministra de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social, y de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 18 de enero de 2022,

DISPONGO:

Art韈ulo primero Modificaci髇 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito

Los apartados 3, 4 y 5 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito, quedan modificados como sigue:

�3. Esta sociedad se constituir� por un periodo de tiempo limitado, que se determinar� reglamentariamente, y no le ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en los art韈ulos 327, 348 bis y 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, reglamentariamente se podr� determinar o, en su caso, atribuir al FROB la determinaci髇 del importe inicial de capital social y la prima de emisi髇.

4. Podr醤 adquirir la condici髇 de accionistas de la sociedad, adem醩 del FROB, las entidades de cr閐ito, las dem醩 entidades calificadas como financieras de conformidad con el apartado 1 del art韈ulo 7 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversi髇 colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversi髇 colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva.

El FROB podr� adquirir y mantener una participaci髇 igual o superior al cincuenta por ciento del capital de la sociedad con objeto de gestionar los procesos de resoluci髇 y reestructuraci髇 derivados de esta ley. Dicha participaci髇 se regir� por lo previsto en la presente disposici髇, en el r間imen jur韉ico del FROB contemplado en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇, y en su normativa de desarrollo.

La adquisici髇 de acciones por el FROB requerir� acuerdo de la Comisi髇 Rectora en la composici髇 establecida en el art韈ulo 54.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇, previo informe de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado, relativo al cumplimiento de los procedimientos aprobados y a la razonabilidad del precio propuesto.

5. La Sociedad de Gesti髇 de Activos procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria, SA, se someter� al r間imen de contrataci髇 que le corresponda de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, por la que se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El r間imen de los contratos mercantiles y de alta direcci髇 de la sociedad ser� el establecido en la disposici髇 adicional octava del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.�

LE0000492526_20220120

Art韈ulo cuarto Modificaci髇 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo, queda modificado como sigue:

• Uno. Se modifica el apartado nueve del art韈ulo primero, por el que se da nueva redacci髇 al apartado 2 del art韈ulo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuya letra d) queda redactada como sigue:
  • 玠) La adaptaci髇 de los aspectos de las modalidades de contrataci髇 que se atribuyen por esta ley a los convenios de empresa.�
  LE0000715655_20220120LE0000561075_20220331
• Dos. La disposici髇 adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo, queda redactado como sigue:

  獶isposici髇 adicional cuarta R間imen aplicable al personal laboral del sector p鷅lico

  Los contratos por tiempo indefinido y los fijos-discontinuos podr醤 celebrarse cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones p鷅licas y las entidades que conforman el sector p鷅lico institucional tenga encomendados, previa expresa acreditaci髇.

  Sin perjuicio de la tasa de reposici髇 establecida en la ley de presupuestos generales del Estado vigente para cada ejercicio, si para la cobertura de estas plazas se precisara de una tasa de reposici髇 espec韋ica, ser� necesaria la autorizaci髇 del Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica.

  Igualmente se podr醤 suscribir contratos de sustituci髇 para cubrir temporalmente un puesto de trabajo hasta que finalice el proceso de selecci髇 para su cobertura definitiva, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, m閞ito y capacidad y en los t閞minos establecidos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducci髇 de la temporalidad en el empleo p鷅lico.�

  LE0000715655_20220120

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 2 de junio de 2022, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 2191-2022, contra el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garant韆 de la estabilidad en el empleo y la transformaci髇 del mercado de trabajo, y contra el art韈ulo cuarto del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito y empresas de servicios de inversi髇; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos, en relaci髇 con el r間imen jur韉ico de la Sociedad de Gesti髇 de Activos procedentes de la Reestructuraci髇 Bancaria (獴.O.E.� 9 junio)LE0000730439_20220609

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

Se deroga el apartado 9 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en este real decreto-ley y, en particular, el apartado 3 del art韈ulo 19 y el art韈ulo 27 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de las sociedades de gesti髇 de activos.

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DISPOSICIONES FINALES