Ley Org醤ica 1/2024, de 10 de junio, de amnist韆 para la normalizaci髇 institucional, pol韙ica y social en Catalu馻

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de noviembre de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 6436-2024, contra la Ley Org醤ica 1/2024, de 10 de junio, de amnist韆 para la normalizaci髇 institucional, pol韙ica y social en Catalu馻 (獴.O.E.� 12 noviembre).LE0000937254_20241112

FELIPE VI REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org醤ica:

PRE罬BULO

I

Toda amnist韆 se concibe como una figura jur韉ica dirigida a excepcionar la aplicaci髇 de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o est閚 tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto.

Esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias pol韙icas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecuci髇 de un inter閟 general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos pol韙icos y sociales arraigados, en la b鷖queda de la mejora de la convivencia y la cohesi髇 social, as� como de una integraci髇 de las diversas sensibilidades pol韙icas.

Es, por tanto, una instituci髇 que articula una decisi髇 pol韙ica mediante una ley aprobada por el Parlamento como expresi髇 del papel otorgado por la Constituci髇 a las Cortes Generales, que se erigen como el 髍gano encargado de representar a la soberan韆 popular en los poderes constituidos y configurar libremente la voluntad general a trav閟 del ejercicio de la potestad legislativa por los cauces preestablecidos.

La amnist韆 ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradici髇 jur韉ica. No es una v韆 novedosa, cuenta con numerosos precedentes en Espa馻. El m醩 importante, pero no el 鷑ico, es la Ley de Amnist韆 de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre).

Adem醩, se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los pa韘es de nuestro entorno geogr醘ico e influencia jur韉ica. As�, est� prevista expresamente en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, que han aplicado esta medida en diversas ocasiones, siendo la m醩 reciente la Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal, que amnist韆 a todos los j髒enes de entre diecis閕s y treinta a駉s por la comisi髇 de determinados delitos, con motivo de la visita del Papa Francisco a dicho pa韘.

Tambi閚 existen otras normas constitucionales de pa韘es europeos que, si bien no mencionan expresamente la amnist韆, como en el caso de Alemania, B閘gica, Irlanda o Suecia, ello no ha impedido que se afirmara su constitucionalidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se han promulgado m醩 de medio centenar de estas leyes en los citados pa韘es, considerando la propia doctrina que una amnist韆 es aplicable en el Estado constitucional en circunstancias de especial crisis pol韙ica.

Desde la perspectiva del derecho de la Uni髇 Europea, la instituci髇 de la amnist韆 est� perfectamente homologada. Destacan en este sentido, por ejemplo, la Decisi髇 Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detenci髇 europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, cuyo art韈ulo 3 prev� que cuando el delito est� cubierto por la amnist韆 en el Estado miembro de ejecuci髇 se denegar� la orden de detenci髇 europea. M醩 recientemente, tambi閚 el Acuerdo de comercio y cooperaci髇 entre la Uni髇 Europea y la Comunidad Europea de la Energ韆 At髆ica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Breta馻 e Irlanda del Norte, cuyo art韈ulo 600 contiene una previsi髇 similar a la mencionada anteriormente.

Coherentemente, el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, en su sentencia de 29 de abril de 2021, dictada en el asunto C-665/20 PPU, no solo reconoce la posibilidad de la existencia de amnist韆s, sino que, adem醩, establece que la misma 玹iene por finalidad despojar de su car醕ter delictivo a los hechos a los que se aplica, de tal modo que el delito ya no pueda dar lugar al ejercicio de acciones penales y, en caso de que ya se haya impuesto una condena, que se ponga fin a su ejecuci髇, implica por tanto, en principio, que la sanci髇 impuesta ya no pueda ejecutarse�. Y m醩 recientemente, en su sentencia de 16 de diciembre de 2021, dictada en el asunto C-203/20, el mismo tribunal ha establecido la posibilidad de archivar diligencias penales y de poner fin a las penas, bas醤dose en resoluciones judiciales dictadas al amparo de una amnist韆 resultante de un procedimiento de 韓dole legislativa.

En esa misma l韓ea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la validez y oportunidad pol韙ica de la amnist韆, fijando como l韒ite las graves violaciones de los derechos humanos, por tratarse de hechos que no pueden quedar al margen de la obligaci髇 de los Estados de enjuiciarlos y sancionarlos (entre otras, la sentencia de 27 de mayo de 2014 de la Gran Sala, dictada en el caso Marguš contra Croacia).

Y, por su parte, tanto el Consejo de Europa como la Comisi髇 Europea para la Democracia, mediante el Derecho (Comisi髇 de Venecia), tambi閚 han dejado clara la validez de medidas como la amnist韆 y su compatibilidad con las decisiones judiciales, tanto en la Recomendaci髇 CM/Rec (2010)12 como en la Opini髇 710/2012 CDL-AD (2013) 009, emitida en la sesi髇 plenaria del 8 y 9 de marzo del a駉 2013.

II

La presente ley org醤ica amnist韆 los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable, vinculados a la consulta celebrada en Catalu馻 el 9 de noviembre de 2014 y al refer閚dum de 1 de octubre de 2017 (declarados ambos inconstitucionales en las sentencias del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrero, y 114/2017, de 17 de octubre), que se hubiesen realizado entre el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista, y el 13 de noviembre de 2023. La amnist韆 abarca no solo la organizaci髇 y celebraci髇 de la consulta y el refer閚dum, sino tambi閚 otros posibles il韈itos que guardan una profunda conexi髇 con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebraci髇 o mostrar oposici髇 al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo tambi閚 la asistencia, colaboraci髇, asesoramiento o representaci髇 de cualquier tipo, protecci髇 y seguridad a los responsables, as� como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensi髇 pol韙ica, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constituci髇 confiere a las Cortes Generales.

Los hechos enmarcados en el denominado proceso independentista, impulsado por las fuerzas pol韙icas al frente de las instituciones de la Generalitat de Catalunya (President, Parlament y Govern) y apoyados por parte de la sociedad civil, as� como los representantes pol韙icos al frente de un buen n鷐ero de los ayuntamientos de Catalunya, tuvieron como precedente el intenso debate sobre el futuro pol韙ico de Catalunya abierto a ra韟 de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. Adem醩, desembocaron en una serie de movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo, as� como en mayor韆s parlamentarias independentistas.

Estos hechos comportaron una tensi髇 institucional que dio lugar a la intervenci髇 de la Justicia y una tensi髇 social y pol韙ica que provoc� la desafecci髇 de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todav韆 no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las m鷏tiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el 醡bito penal.

En este tiempo, las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberan韆 popular a ese proceso independentista. Un papel que esta ley org醤ica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluaci髇 de la situaci髇 pol韙ica y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el inter閟 general.

As�, con esta ley org醤ica de amnist韆 las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada m醩 de diez a駉s despu閟 del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos m醩 acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro. De esta manera, al asumir las Cortes Generales esta decisi髇 de pol韙ica legislativa no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor v韆 de las posibles para abordar, desde la pol韙ica, un conflicto pol韙ico.

La aprobaci髇 de esta ley org醤ica se entiende, por tanto, como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafecci髇 que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la poblaci髇. Unas consecuencias, adem醩, que podr韆n agravarse en los pr髕imos a駉s a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los l韉eres de aquel proceso (que son los menos), sino tambi閚 a los m鷏tiples casos de ciudadanos e incluso a empleados p鷅licos que ejercen funciones esenciales en la administraci髇 auton髆ica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitaci髇 producir韆 un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social. As� pues, la consecuci髇 del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecuci髇 de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepci髇, que participaron en el proceso independentista.

Con la aprobaci髇 de esta ley org醤ica, por tanto, lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicaci髇 de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catal醤 en aras del inter閟 general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de Derecho, y generar un contexto social, pol韙ico e institucional que fomente la estabilidad econ髆ica y el progreso cultural y social tanto de Catalu馻 como del conjunto de Espa馻, sirviendo al mismo tiempo de base para la superaci髇 de un conflicto pol韙ico.

Adem醩, y en relaci髇 directa con lo anterior, debe tenerse presente que en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de democracia militante, esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesi髇 positiva al ordenamiento. Las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jur韉ico nacional e internacional.

As�, esta amnist韆 no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecuci髇 de un inter閟 superior: la convivencia democr醫ica.

Esta ley org醤ica es un paso m醩 en un camino dif韈il, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostraci髇 de respeto a la ciudadan韆 y de que la aplicaci髇 de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto pol韙ico sostenido en el tiempo. Por tanto, esta amnist韆 constituye una decisi髇 pol韙ica adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que est� al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adapt醤dose al contexto de cada momento.

III

El contexto jur韉ico y pol韙ico en el que se aprueba esta amnist韆 es muy diferente de aquel en el que se aprobaron las dos 鷏timas normas que implementaron esta medida en nuestro pa韘: el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnist韆, y la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist韆. En ese momento, formaban parte del conjunto de actos con los que se pretend韆 poner fin a una larga dictadura para iniciar la construcci髇 de un Estado social y democr醫ico de Derecho en el marco de la Uni髇 Europea, presidido por el reconocimiento de un amplio elenco de derechos fundamentales y por la divisi髇 de poderes. Hoy, en el a駉 2023, Espa馻 se caracteriza por ser una democracia y un Estado de Derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democr醫ico y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales.

Desde el a駉 1978, Espa馻 cuenta con un texto constitucional homologable al de los pa韘es de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideol骻icos y pol韙icos de todos, y que establece para los poderes p鷅licos la obligaci髇 de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de conformidad con la Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados, tal y como reconoce la propia Constituci髇.

De acuerdo con este marco, una ley de amnist韆 solo puede fundamentarse en la solidez del sistema democr醫ico, que demuestra as� su capacidad de conciliaci髇 a trav閟 de un acto soberano de las Cortes Generales, cuya legitimidad encuentra fundamento en dos pilares de distinta naturaleza: por un lado, la constitucionalidad de la medida y, por otro, la necesidad de abordar una situaci髇 excepcional en pro del inter閟 general, apostando por un futuro de entendimiento, di醠ogo y negociaci髇 entre las distintas sensibilidades pol韙icas, ideol骻icas y nacionales. Una sociedad que pretende avanzar desde un punto de vista democr醫ico debe tener la capacidad de favorecer y ubicar entre sus prioridades la convivencia, el di醠ogo, el respeto y el eventual entendimiento entre las diferentes posiciones y reivindicaciones pol韙icas democr醫icas.

Y es que, en coherencia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Carta Europea de Derechos Fundamentales, es necesario recordar que la Constituci髇 espa駉la de 1978 consagra el pluralismo pol韙ico como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jur韉ico (art韈ulo 1), configura los partidos pol韙icos como cauce de expresi髇 de la voluntad popular y como instrumento fundamental para la participaci髇 pol韙ica (art韈ulo 6), proclama el principio de legalidad, la seguridad jur韉ica y la interdicci髇 de la arbitrariedad de los poderes p鷅licos (art韈ulo 9) y garantiza el derecho fundamental a la libertad ideol骻ica (art韈ulo 16), as� como los derechos a la libertad de expresi髇 y de informaci髇 (art韈ulo 20), el derecho de reuni髇 y manifestaci髇 pac韋ica y sin armas (art韈ulo 21) y el derecho de asociaci髇 (art韈ulo 22). A partir de estos presupuestos, se da una adecuada articulaci髇 con los principios y valores superiores del texto constitucional, especialmente teniendo en cuenta que la Constituci髇 de 1978 se integra en la tradici髇 liberal-democr醫ica que ha alumbrado los Estados sociales y democr醫icos de Derecho contempor醤eos. Ello exige que valores como el pluralismo pol韙ico, la justicia y la igualdad presidan el fundamento, la finalidad, el 醡bito y las condiciones de una ley de amnist韆.

Este es el marco jur韉ico general en el que se concibe la presente ley de amnist韆, en el claro entendimiento de que, si bien no hay democracia fuera del Estado de Derecho, es necesario crear las condiciones para que la pol韙ica, el di醠ogo y los cauces parlamentarios sean los protagonistas en la b鷖queda de soluciones a una cuesti髇 pol韙ica con una presencia recurrente en nuestra historia. Se trata, pues, de utilizar cuantos instrumentos est閚 en manos del Estado para procurar la normalizaci髇 institucional tras un periodo de grave perturbaci髇, as� como seguir favoreciendo el di醠ogo, el entendimiento y la convivencia. Este proceso est� inspirado, adem醩, por la interpretaci髇 que ofrece el Tribunal Constitucional sobre las obligaciones pol韙icas de los poderes p鷅licos al decir que 玪a Constituci髇 no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden constitucional […]. Por ello, los poderes p鷅licos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado auton髆ico son quienes est醤 llamados a resolver mediante el di醠ogo y la cooperaci髇 los problemas que se desenvuelven en este 醡bito� (sentencia 42/2014, de 24 de marzo).

IV

La constitucionalidad de la amnist韆 fue declarada por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 147/1986, de 25 de noviembre, a prop髎ito precisamente de la aplicaci髇 de la Ley 46/1977. En este pronunciamiento, se afirma taxativamente que 玭o hay restricci髇 constitucional directa sobre esta materia�.

La Constituci髇 no proh韇e la instituci髇 jur韉ica de la amnist韆, sino solo una manifestaci髇 concreta del derecho de gracia, como son los indultos generales, que cuentan con una naturaleza jur韉ica muy diferente a la que es propia de una ley org醤ica de amnist韆, al ser el indulto una prerrogativa del Poder Ejecutivo. La propia sentencia 147/1986 abunda en esta cuesti髇 al afirmar que 玡s err髇eo razonar sobre el indulto y la amnist韆 como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre s� en una relaci髇 de diferenciaci髇 cualitativa�.

Parece razonable entender que el constituyente de 1978 no prohibi� la instituci髇 de la amnist韆 porque, entre otras razones, ello hubiera implicado la derogaci髇 del ya mencionado Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, y la Ley 46/1977, de 15 de octubre, que constituyeron el punto de partida del pacto constitucional y sin las cuales no hubiera sido posible la Transici髇 Democr醫ica ni el amplio consenso parlamentario y social que avalaron e hicieron posible que la Constituci髇 espa駉la de 1978 viera la luz. Esta circunstancia se revela evidente en la jurisprudencia, toda vez que el Tribunal Supremo ha afirmado de forma taxativa que la Ley 46/1977 es 玼na ley vigente cuya eventual derogaci髇 corresponder韆, en exclusiva, al Parlamento� (sentencia 101/2012, de 27 de febrero).

Todo ello nos permite inferir que la amnist韆, lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia espa駉la y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que est� representado todo el pueblo espa駉l, titular de la soberan韆 nacional. De esta manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en l骻ica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros l韒ites que los que directamente dimanen de la Constituci髇.

Cabe subrayar que la amnist韆 no afecta al principio de separaci髇 de poderes ni a la exclusividad de la jurisdicci髇 prevista en el art韈ulo 117 de la Constituci髇 porque, como reza su propio texto, el Poder Judicial est� sometido al imperio de la ley y es precisamente una ley con valor de org醤ica la que, dentro de los par醡etros antes expuestos, prev� los supuestos de exenci髇 de la responsabilidad, correspondiendo a los jueces y tribunales, as� como al Tribunal de Cuentas o a las autoridades administrativas que sigan o hubieran seguido las diligencias, procesos, expedientes y causas a las que afecten los actos amnistiados, su aplicaci髇 a cada caso concreto.

Lo anterior es as� tal cual se ha venido reconociendo impl韈itamente en nuestro ordenamiento jur韉ico que, con normalidad, incorpora en distintos preceptos la figura de la amnist韆.

Entre la legislaci髇 estatal cabr韆 destacar, por ejemplo, el art韈ulo 666.4.� del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se prev� la amnist韆 como una de las causas que obligan al sobreseimiento. As� como toda una serie de normas que han sido aprobadas desde los a駉s 80, como (i) el art韈ulo 16 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de r間imen disciplinario del personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia; (ii) el art韈ulo 163 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Org醤ico del Cuerpo de Secretarios Judiciales; (iii) el art韈ulo 108 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Org醤ico del Cuerpo de Secretarios Judiciales; (iv) el art韈ulo 88 del Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Org醤ico de los Cuerpos Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraci髇 de Justicia; y (v) el art韈ulo 19 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de R間imen Disciplinario de los Funcionarios de la Administraci髇 del Estado, en los que se prev� que la responsabilidad disciplinaria de los integrantes de estos cuerpos puede extinguirse, entre otras causas, por la amnist韆. O la exposici髇 de motivos y el art韈ulo 2 de la m醩 reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr醫ica, donde se reconoce que la Ley de 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist韆, forma parte de las leyes plenamente vigentes del Estado espa駉l.

En la normativa auton髆ica tambi閚 encontramos referencias a la amnist韆 como causa de extinci髇 de responsabilidad disciplinaria en normas aprobadas desde los a駉s 90, por ejemplo, (i) el art韈ulo 144 del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Polic韆 del Pa韘 Vasco; (ii) el art韈ulo 57.4 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Polic韆s de Navarra; (iii) el art韈ulo 89.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Funci髇 P鷅lica Vasca; (iv) el art韈ulo 64 de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinaci髇 de las Polic韆s Locales de las Illes Balears; (v) el art韈ulo 78.1 de la Ley del Parlament de Catalu馻 10/1994, de 11 de julio, de la Polic韆 de la Generalitat; o (vi) el art韈ulo 58.1 de la Ley del Parlament de Catalu馻 16/1991, de 10 de julio, de las Polic韆s Locales.

Por 鷏timo, cabe destacar que la amnist韆 se contempla en m醩 de treinta acuerdos internacionales suscritos por Espa馻 en materia de traslado de personas condenadas o extradiciones, teniendo m醩 de veinte de ellos rango de tratado o convenio internacional, lo que implica una revisi髇 previa sobre su plena constitucionalidad.

V

El Tribunal Constitucional no solo ha dejado clara la constitucionalidad de las leyes de amnist韆 con car醕ter general, sino que, con ocasi髇 de la amnist韆 aprobada en 1977, ha establecido los requisitos para que una ley de estas caracter韘ticas pueda ser v醠ida en nuestro ordenamiento jur韉ico. En este sentido, ha insistido en que este tipo de normas, como el resto del ordenamiento jur韉ico, han de ajustarse a los principios constitucionales (sentencias 28/1982, de 26 de mayo; 63/1983, de 20 de julio; 116/1987, de 7 de julio, entre otras).

En este mismo sentido, cabe destacar que el Consejo de Estado, cuyo cometido es tambi閚 el examen de la constitucionalidad de los proyectos de disposiciones generales, en su Dictamen 895/2005, emitido con ocasi髇 de la tramitaci髇 del ya citado Real Decreto 796/2005, por el que se aprueba el Reglamento disciplinario del personal al servicio de la Administraci髇 de Justicia, no efectu� reproche alguno a la inclusi髇 de la amnist韆 como causa de extinci髇 de la responsabilidad disciplinaria (art韈ulo 16).

Pues bien, declarada su constitucionalidad, solo cabe entender esta opci髇 legislativa en el marco de las leyes singulares, respecto de las que el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo su excepcionalidad, pero tambi閚 su conformidad con el texto constitucional al afirmar que 玡l dogma de la generalidad de la ley no es obst醕ulo insalvable que impida al legislador dictar, con valor de ley, preceptos espec韋icos para supuestos 鷑icos o sujetos concretos� (sentencia 166/1986, de 19 de diciembre). Esta jurisprudencia se ha mantenido en el tiempo y, d閏adas despu閟, nuestro int閞prete supremo ha seguido afirmando que 玡l concepto de ley presente en la Constituci髇 no impide la existencia de leyes singulares� (sentencia 129/2013, de 4 de junio).

Ahora bien, la regulaci髇 ad casum que supone toda ley singular, solo supera el canon constitucional de igualdad cuando se trata de normas 玠ictadas en atenci髇 a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopci髇 y ejecuci髇 de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la Ley singular� (sentencia del Tribunal Constitucional 129/2013, de 4 de junio). Este es precisamente el par醡etro de constitucionalidad que cumple la presente ley org醤ica de amnist韆, toda vez que su objeto y 醡bito se dirige a un grupo concreto de destinatarios y agota su contenido en la adopci髇 de la medida para un supuesto de hecho singular, en este caso el conjunto de actos vinculados, de diversas formas, al ya mencionado proceso independentista, que quedan acotados material y temporalmente.

En efecto, el principio de igualdad no implica la necesidad de dar un alcance universal a los efectos de la amnist韆, sino a que no existan discriminaciones entre personas que se encuentren comprendidas en el supuesto habilitante de la norma (en este caso, los actos determinantes de distintos tipos de responsabilidad en relaci髇 con el proceso independentista). Y ello porque, como ha dejado claro el m醲imo int閞prete de la Constituci髇, el principio de igualdad debe aplicarse cuando exista 玦dentidad sustancial de las situaciones jur韉icas�, sin que se pueda 玹rabar comparaci髇 […] entre situaciones jur韉icas que en origen no han sido equiparadas por las propias normas que las crean� (sentencia 194/1999, de 25 de octubre), atendiendo para ello al principio de justificaci髇 y razonabilidad (sentencias 62/1982, de 15 de octubre; 112/1996, de 24 de junio; 102/1999, de 31 de mayo). Esta ley org醤ica respeta, por tanto, el principio de igualdad en la medida en que el 醡bito de aplicaci髇 se identifica de forma objetiva y justificada, de acuerdo a valores constitucionales, y sin que arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial.

Enmarcada la presente ley org醤ica de amnist韆 en la categor韆 de ley singular y definida la situaci髇 excepcional a la que pretende dar respuesta, se inspira, como no puede ser de otra manera, en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuaci髇.

La razonabilidad de la misma se vincula a la justificaci髇 objetiva y razonable de su singularidad, que se enmarca en la necesidad de superar, como ya se ha puesto de manifiesto, la situaci髇 de alta tensi髇 pol韙ica que vivi� la sociedad catalana de forma especialmente intensa desde finales de 2011. Se consagra as� legalmente la voluntad de avanzar en el camino del di醠ogo pol韙ico y social necesario para la cohesi髇 y el progreso de la sociedad catalana, en el entendimiento de que el refuerzo de la convivencia justifica la presente ley de amnist韆, que supone un punto de inflexi髇, con la finalidad de superar obst醕ulos y mejorar la convivencia avanzando hacia la plena normalizaci髇 de una sociedad plural que aborda los principales debates sobre su futuro mediante el di醠ogo, la negociaci髇, y los acuerdos democr醫icos. De esta manera, se devuelve la resoluci髇 del conflicto pol韙ico a los cauces de la discusi髇 pol韙ica.

La proporcionalidad de la ley deriva de la concreci髇 del elenco de actos que hayan sido declarados o est閚 tipificados como delitos y conductas que se amnist韆n y de su necesaria vinculaci髇 con los actos realizados en un periodo de tiempo acotado por la ley. De este modo, se elude una referencia gen閞ica e imprecisa, evitando que la amnist韆 pueda abarcar otro tipo de actos no conectados directamente con el proceso independentista y las consecuencias de este, cuya exoneraci髇 no tendr韆 cabida dentro del fundamento sobre el que se erige esta medida.

Todo ello conecta con el principio de adecuaci髇 y con la finalidad que pretende la norma, vinculada al mandato de optimizaci髇 que se deriva del art韈ulo 9 de la Constituci髇 y que se dirige a todos los poderes p鷅licos, pero particularmente al legislador, que es quien configura los tipos penales, quien los deroga y quien aprueba, como es el caso, una ley de amnist韆 con una finalidad leg韙ima y constitucional. Finalidad, adem醩, que, debido a su naturaleza jur韉ica o a la diversidad de situaciones procesales vigentes en el momento de la promulgaci髇 de esta norma, no podr韆 lograrse con otro tipo de figuras legales como la concesi髇 de indultos o la reforma del C骴igo Penal.

Por otra parte, el car醕ter de ley singular que excepciona la aplicaci髇 de normas vigentes a los hechos acontecidos en un determinado contexto en aras del inter閟 general deber� conllevar que los 髍ganos judiciales que estuvieran conociendo del procedimiento en el momento de la aprobaci髇 de esta ley alcen de inmediato las medidas restrictivas de derechos que hubieran sido adoptadas, incluso en aquellos casos en los que se produzca una eventual suspensi髇 del procedimiento judicial. Esto es as� toda vez que cualquier limitaci髇 del ejercicio de los derechos y libertades debe respetar siempre los requisitos establecidos en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea y la Constituci髇 Espa駉la, garantizando una base legal s髄ida para las restricciones a los derechos y libertades.

Esta previsi髇 es coherente con el r間imen establecido para la cuesti髇 de inconstitucionalidad del art韈ulo 163 de la Constituci髇 y la cuesti髇 prejudicial del art韈ulo 267 de Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea. Y, adem醩, cabe recordar que el eventual planteamiento de los mecanismos regulados en estos preceptos no afecta a la vigencia o eficacia de las leyes.

Es, por tanto, la fuerza normativa de los derechos la que obliga, de conformidad con el principio de legalidad, a que el mantenimiento de cualquier medida restrictiva de derechos acordada por los 髍ganos judiciales deba contar, en todo momento –y, por tanto, tambi閚 durante la pendencia, en su caso, de los citados procedimientos– con el debido sustento legal.

En conclusi髇, esta ley busca proporcionar seguridad jur韉ica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protecci髇 imparcial de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisi髇 de Venecia que, en su opini髇 de 2013, enfatizaba la importancia de mantener una distinci髇 clara entre el poder legislativo y el judicial en la implementaci髇 de la amnist韆, asegurando el respeto por la autonom韆 judicial y los principios democr醫icos.

VI

Esta ley consta de 16 art韈ulos, divididos en tres t韙ulos y tres disposiciones finales.

El T韙ulo I delimita el 醡bito objetivo de la amnist韆. A estos efectos, primero describe los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contable ejecutados en el contexto del proceso independentista catal醤 y vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al refer閚dum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales, que quedan exonerados, delimitando el marco temporal en el que deben haberse producido desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.

Despu閟 identifica los actos delictivos a los que, en todo caso, no resultar� de aplicaci髇 esta amnist韆, en el entendido de que no todo hecho ni delito puede ni merece ser amnistiado.

Esta aproximaci髇, que en todo caso es abstracta, ya que en ning鷑 caso implica una valoraci髇 acerca de la existencia de hechos susceptibles de ser incardinados en cada una de dichas exclusiones, es imprescindible conforme a lo se馻lado por la Comisi髇 de Venecia del Consejo de Europa en su opini髇 de 11 de marzo de 2013, adoptada en su 94.� sesi髇 plenaria. De manera que corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnist韆 y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el 醡bito de aplicaci髇 establecido por el legislador.

Sobre este punto, cabe se馻lar que la identificaci髇 abstracta de determinadas exclusiones es un requisito necesario para que esta norma se incardine plenamente en los est醤dares internacionales sobre los actos inamnistiables que se han ido configurando a trav閟 de la jurisprudencia internacional, especialmente europea, y que responden a los principios b醩icos del derecho internacional y del derecho europeo en materia de derechos humanos.

Esta Ley de amnist韆 ha sido dise馻da, por tanto, en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos, siguiendo directrices de tratados y organismos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos y el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos. Se destaca la incorporaci髇 de exclusiones espec韋icas para garantizar el cumplimiento de los est醤dares internacionales y responder a la jurisprudencia relevante, particularmente en lo que respecta a violaciones graves de derechos humanos, reflejando las posiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos como Marguš c. Croacia. Por todo ello se excluyen del 醡bito de la ley los actos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, tomando tambi閚 en consideraci髇 las directrices del Consejo de Europa sobre la impunidad de violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, se siguen las recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, distinguiendo entre infracciones graves y otras acciones que, sin cumplir con ciertos requisitos formales, no son necesariamente excluidas de la amnist韆.

Este enfoque refleja un compromiso con la protecci髇 de los derechos fundamentales, equilibrando la amnist韆 con el respeto por los derechos humanos y los compromisos internacionales de Espa馻.

Un ejemplo de lo anterior es la referencia a los hechos previstos en el art韈ulo 3 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, o con el art韈ulo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que proh韇e la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, que son un l韒ite infranqueable. No obstante, conviene recordar que no todo acto degradante tiene encaje en dicho precepto, pues para ello se precisa que la acci髇, adem醩 de ser il韈ita, alcance un nivel m韓imo de gravedad. As�, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que el acto sea considerado degradante con arreglo al art韈ulo 3 del mencionado convenio, usualmente ser� preciso que las lesiones corporales ocasionadas o el sufrimiento experimentado por la v韈tima revistan cierta intensidad o, en todo caso, sean capaces de quebrar la resistencia moral o f韘ica de una persona. Se opta por un criterio restrictivo de exclusiones en la aplicaci髇 de la presente ley, debido a que determinadas conductas podr韆n generar confusi髇 con otros delitos, lo que suceder韆 en algunas acciones comprendidas en el Cap韙ulo VII del T韙ulo XXII del Libro II del C骴igo Penal.

De acuerdo con las directrices de la Comisi髇 de Venecia, se ha establecido una definici髇 precisa y detallada para los actos susceptibles de ser amnistiados, con el fin de garantizar la seguridad jur韉ica y la igualdad ante la ley. Esto resulta crucial, en particular, al abordar los delitos de malversaci髇, diferenciando claramente entre las acciones que pueden ser amnistiadas y los actos de corrupci髇, a los que no es aplicable tal medida.

La presente norma especifica que s髄o los actos de malversaci髇 dirigidos a los fines mencionados en la ley pueden acogerse a ella, excluyendo expresamente aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.

En este sentido s髄o podr醤 beneficiarse de la amnist韆 aquellos actos en que los fondos p鷅licos se destinaron a la preparaci髇, realizaci髇 y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y el refer閚dum del 1 de octubre de 2017, as� como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Catalu馻.

Sobre el art韈ulo 1.1, conviene precisar que el hecho de que la presente ley extienda la amnist韆 a las acciones delictivas que pudieran haberse ejecutado en la defensa de la legalidad y del orden constitucional no supone dem閞ito o reproche alguno para los colectivos concernidos. En ning鷑 caso implica la criminalizaci髇 de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden p鷅lico, pues la presunci髇 de inocencia es un principio b醩ico de nuestro ordenamiento jur韉ico. Lejos de ello, persigue aliviar la situaci髇 procesal de los encausados y con ello las tensiones derivadas de unos hechos que se enmarcaron en un determinado momento y como consecuencia de las tensiones existentes entonces y a lo largo de m醩 de diez a駉s. Asimismo, la presente ley aspira a sentar unas s髄idas bases para, de una vez por todas, continuar mitigando las consecuencias de un conflicto que jam醩 debi� producirse y que, a pesar de los pasos de los 鷏timos a駉s, a鷑 sigue latente.

El T韙ulo II describe los efectos de la exoneraci髇 de responsabilidad que supone la aprobaci髇 de esta medida en el 醡bito penal, administrativo y contable. Asimismo, dedica un art韈ulo a concretar las consecuencias que se derivan de dicha exoneraci髇 para los empleados p鷅licos. Y, por 鷏timo, determina que la amnist韆 no dar� derecho a percibir indemnizaci髇 alguna, ni dar� lugar a la restituci髇 de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanci髇 salvo las satisfechas por imposici髇 de sanciones leves o graves al amparo de la Ley Org醤ica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci髇 de la seguridad ciudadana, siempre que concurran para ello criterios de proporcionalidad seg鷑 estime la Administraci髇 que impuso la sanci髇, ni exonerar� la responsabilidad civil frente a particulares.

Y, por 鷏timo, el T韙ulo III identifica la competencia para aplicar esta amnist韆 a cada caso concreto y describe el procedimiento en el orden penal y contencioso-administrativo, as� como en el 醡bito administrativo y contable, estableciendo un plazo de prescripci髇 de cinco a駉s para que los afectados puedan solicitar la amnist韆 aqu� reconocida. Adicionalmente, se reconoce la posibilidad de interponer los recursos que en Derecho procedan contra las resoluciones que se dicten en aplicaci髇 de esta ley.

Por su parte, la disposici髇 final segunda tiene por objeto modificar el art韈ulo 130 del C骴igo Penal para incluir expresamente la amnist韆 como un supuesto de extinci髇 de responsabilidad criminal, en l韓ea con las previsiones que ya contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La disposici髇 final primera tiene por objeto modificar el art韈ulo 39 de la Ley Org醤ica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para adaptarlo a la entrada en vigor de la presente ley. Y la disposici髇 final tercera determina que esta ley entrar� en vigor el d韆 de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Por todo lo expuesto, y atendiendo al 醡bito penal de esta regulaci髇 (art韈ulo 149.1.6.� CE) y a su afecci髇 a derechos fundamentales (art韈ulo 81.1 CE), las Cortes Generales aprueban la siguiente ley org醤ica.

T蚑ULO I
羗bito objetivo y exclusiones

Art韈ulo 1 羗bito objetivo

1. Quedan amnistiados los siguientes actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalu馻 el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparaci髇 o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los d韆s 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023, as� como las siguientes acciones ejecutadas entre estas fechas en el contexto del denominado proceso independentista catal醤, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebraci髇:

• a) Los actos cometidos con la intenci髇 de reivindicar, promover o procurar la secesi髇 o independencia de Catalu馻, as� como los que hubieran contribuido a la consecuci髇 de tales prop髎itos.

  En todo caso, se entender醤 comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpaci髇 de funciones p鷅licas o de malversaci髇, 鷑icamente cuando est閚 dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realizaci髇 de cualesquiera de las conductas descritas en el primer p醨rafo de esta letra, directamente o a trav閟 de cualquier entidad p鷅lica o privada, siempre que no haya existido prop髎ito de enriquecimiento, as� como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere id閚tica finalidad.

  Tambi閚 se entender醤 comprendidas en este supuesto aquellas actuaciones desarrolladas, a t韙ulo personal o institucional, con el fin de divulgar el proyecto independentista, recabar informaci髇 y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades p鷅licas o privadas prestaran su apoyo a la consecuci髇 de la independencia de Catalu馻.

  Asimismo, se entender醤 comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Catalu馻 o a sus l韉eres en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta o constatada, hubieran prestado asistencia, colaboraci髇, asesoramiento de cualquier tipo, representaci髇, protecci髇 o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer p醨rafo de esta letra, o hubieran recabado informaci髇 a estos efectos.

• b) Los actos cometidos con la intenci髇 de convocar, promover o procurar la celebraci髇 de las consultas que tuvieron lugar en Catalu馻 el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017 por quien careciera de competencias para ello o cuya convocatoria o celebraci髇 haya sido declarada il韈ita, as� como aquellos que hubieran contribuido a su consecuci髇.

  En todo caso, se entender醤 comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de usurpaci髇 de funciones p鷅licas o de malversaci髇, 鷑icamente cuando est閚 dirigidos a financiar, sufragar o facilitar la realizaci髇 de cualesquiera de las conductas descritas en el p醨rafo anterior, siempre que no haya existido prop髎ito de enriquecimiento, as� como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere id閚tica finalidad.

• c) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, des髍denes p鷅licos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios p鷅licos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el prop髎ito de permitir la celebraci髇 de las consultas populares a que se refiere la letra b) del presente art韈ulo o sus consecuencias, as� como cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con id閚tica intenci髇.

  En todo caso, se entender醤 comprendidos en este supuesto los actos tipificados como delitos de prevaricaci髇 o cualesquiera otros actos que hubieran consistido en la aprobaci髇 o ejecuci髇 de leyes, normas o resoluciones por autoridades o funcionarios p鷅licos que hayan sido realizados con el prop髎ito de permitir, favorecer o coadyuvar a la celebraci髇 de las consultas populares a que se refiere la letra b) del presente art韈ulo.

  Tambi閚 quedar醤 amnistiados los actos de desconsideraci髇, cr韙ica o agravio vertidos contra las autoridades y funcionarios p鷅licos, los entes e instituciones p鷅licas, as� como sus s韒bolos o emblemas, incluidos los actos llevados a cabo a trav閟 de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicaci髇 social, de internet o mediante el uso de redes sociales y servicios de la sociedad de la informaci髇 equivalentes, as� como en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades art韘ticas o educativas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Catalu馻 o la celebraci髇 de las consultas a las que se refiere la letra b) o prestar p鷅lico apoyo a quienes hubieran ejecutado los actos amnistiados con arreglo a esta ley.

• d) Los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, des髍denes p鷅licos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios p鷅licos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz p鷅lica que hubieran sido ejecutados con el prop髎ito de mostrar apoyo a los objetivos y fines descritos en las letras precedentes o a los encausados o condenados por la ejecuci髇 de cualesquiera de los delitos comprendidos en el presente art韈ulo.
• e) Las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realizaci髇 de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este art韈ulo.
• f) Los actos cometidos con el prop髎ito de favorecer, procurar o facilitar cualesquiera de las acciones determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable contempladas en los apartados anteriores del presente art韈ulo, as� como cualesquiera otros que fueran materialmente conexos con tales acciones.

2. Los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable amnistiados en virtud del apartado 1 de este art韈ulo lo ser醤 cualquiera que sea su grado de ejecuci髇, incluidos los actos preparatorios, y cualquiera que fuera la forma de autor韆 o participaci髇.

3. Los actos cuya realizaci髇 se hubiera iniciado antes del d韆 1 de noviembre de 2011 鷑icamente se entender醤 comprendidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley cuando su ejecuci髇 finalizase con posterioridad a esa fecha.

Los actos cuya realizaci髇 se hubiera iniciado antes del d韆 13 de noviembre de 2023 tambi閚 se entender醤 comprendidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente ley aunque su ejecuci髇 finalizase con posterioridad a esa fecha.

4. No se considerar� enriquecimiento la aplicaci髇 de fondos p鷅licos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) cuando, independientemente de su adecuaci髇 al ordenamiento jur韉ico, no haya tenido el prop髎ito de obtener un beneficio personal de car醕ter patrimonial.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 11 de septiembre de 2024, ha acordado admitir a tr醡ite la cuesti髇 de inconstitucionalidad n鷐ero 6053-2024 planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el recurso de casaci髇 n鷐ero 3269-2022, en relaci髇 con el art韈ulo 1 de la Ley Org醤ica 1/2024, de 10 de junio, de amnist韆 para la normalizaci髇 institucional, pol韙ica y social en Catalu馻, por posible vulneraci髇 de los art韈ulos 9.3, 14 y, subsidiariamente, 117.3 de la Constituci髇 Espa駉la (獴.O.E.� 19 septiembre).LE0000931661_20240919

T蚑ULO II
Efectos

T蚑ULO III
Competencia y procedimiento

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas

Se modifica el art韈ulo 39 de la Ley Org醤ica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, que queda redactado con el siguiente tenor:

獳rt韈ulo treinta y nueve

Uno. Quedar醤 exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud de obediencia debida, siempre que hubieren advertido por escrito la imprudencia o legalidad de la correspondiente orden, con las razones en que se funden.

Dos. Tampoco se exigir� responsabilidad cuando el retraso en la rendici髇, justificaci髇 o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones espec韋icas, siempre que el responsable as� lo haya hecho constar por escrito.

Tres. Quedar醤 exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados en los t閞minos en los que se establezca en la ley.�

LE0000007998_20240822

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley Org醤ica 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal

Se modifica el apartado 1 del art韈ulo 130 del C骴igo Penal, que queda redactado con el siguiente tenor:

�1. La responsabilidad criminal se extingue:

• 1.� Por la muerte del reo.
• 2.� Por el cumplimiento de la condena.
• 3.� Por la remisi髇 definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 87.
• 4.� Por la amnist韆 o el indulto.
• 5.� Por el perd髇 de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley as� lo prevea. El perd髇 habr� de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deber� o韗 a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.
  En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protecci髇 que afecten a bienes jur韉icos eminentemente personales, el perd髇 de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.
• 6.� Por la prescripci髇 del delito.
• 7.� Por la prescripci髇 de la pena o de la medida de seguridad.�

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