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Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011

Ficha:
  • ÓrganoMinisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
  • Publicado en BOE núm. 9 de 11 de Enero de 2012
  • Vigencia desde 02 de Febrero de 2012
Versiones/revisiones:

Sumario

Norma afectada por
2/2/2012
LE0000471571_20120202Ir a NormaConvenio España-Singapur 13 Abr. 2011, hecho en Singapur (para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo)
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Véase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase el apartado 3 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase el apartado 3 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase el apartado 5 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a NormaVéase el apartado 6 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

El Reino de España y la República de Singapur, deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Convenio

Artículo 1 Personas comprendidas

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

Artículo 2 Impuestos comprendidos

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

  • (a) en Singapur:
    • – el Impuesto sobre la Renta (denominado en lo sucesivo «impuesto singapurense»);
  • (b) en España:
    • (i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
    • (ii) el Impuesto sobre Sociedades;
    • (iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes; y
    • (iv) los impuestos locales sobre la renta (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

CAPÍTULO II
Definiciones

Artículo 3 Definiciones generales

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

  • (a) el término «Singapur» significa la República de Singapur y, utilizado en sentido geográfico, incluye su territorio, sus aguas internas y su mar territorial, así como las áreas marítimas exteriores al mar territorial que se hayan designado o puedan designarse en el futuro en virtud de su Derecho interno, conforme con el Derecho internacional, como área sobre la que Singapur pueda ejercer derechos de soberanía y jurisdicción respecto del mar, el fondo marino, su subsuelo y sus recursos naturales;
  • (b) el término «España» significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
  • (c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Singapur, según el contexto;
  • (d) el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
  • (e) el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
  • (f) el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica;
  • (g) las expresiones «empresa de un Estado contratante» y «empresa del otro Estado contratante» significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
  • (h) la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
  • (i) la expresión «autoridad competente» significa:
    • (i) en Singapur: el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
    • (ii) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
  • (j) el término «nacional», en relación con un Estado contratante, significa:
    • (i) una persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de ese Estado contratante;
    • (ii) una persona jurídica, sociedad de personas (partnership) o asociación constituida conforme a la legislación vigente en ese Estado contratante;
  • (k) a expresión «actividad económica» incluye la prestación de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.

2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado contratante, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

Artículo 4 Residente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas, entidades locales o entidades públicas.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

  • (a) se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
  • (b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene su centro de intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde viva habitualmente;
  • (c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional;
  • (d) en cualquier otro caso, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará residente exclusivamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

Artículo 5 Establecimiento permanente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa, un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:

  • (a) las sedes de dirección;
  • (b) las sucursales;
  • (c) las oficinas;
  • (d) las fábricas;
  • (e) los talleres, y
  • (f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.

3. Una obra, un proyecto de construcción, instalación o montaje, o unas actividades de inspección in situ relacionadas con ellos, constituyen un establecimiento permanente únicamente cuando la duración de dicha obra, proyecto o actividades exceda de doce meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión «establecimiento permanente» no incluye:

  • (a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
  • (b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
  • (c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
  • (d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recabar información, para la empresa;
  • (e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
  • (f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados (a) a (e), con la condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

CAPÍTULO III
Imposición de las rentas

Artículo 6 Rentas inmobiliarias

1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves y no tendrán la consideración de bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

4. Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos atribuyan directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o participaciones o derechos, el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes inmuebles estén situados.

5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7 Beneficios empresariales

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado contratante en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la empresa.

5. A los efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Artículo 8 Transporte marítimo y aéreo

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera a bordo de un buque, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el puerto base del buque, o si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que sea residente la persona que explota el buque.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.

4. A los efectos de este artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden:

  • (a) los beneficios del alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves; y
  • (b) los beneficios de la utilización, mantenimiento o alquiler de contenedores (comprendidos los tráileres y equipos relacionados con el transporte de los contenedores), utilizados para el transporte de bienes o mercancías;

cuando dicho alquiler, o utilización, mantenimiento o alquiler, según corresponda, sean una actividad auxiliar de una empresa que explota los buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9 Empresas asociadas

1. Cuando

  • (a) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
  • (b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales se ha sometido a imposición a una empresa del otro Estado contratante en ese otro Estado, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.

Artículo 10 Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante, o las distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria constituidas en virtud de la legislación de un Estado contratante, a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos o distribuciones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos, y según la legislación de ese Estado, o en el Estado cuya legislación haya regido la constitución de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria que hace la distribución, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos o de la distribución es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder:

  • (a) en el caso de los dividendos:
    • (i) del 0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
    • (ii) del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos;
  • (b) en el caso de distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria:

    del 5 por ciento del importe bruto de la distribución si el beneficiario efectivo posee, directa o indirectamente, menos del 10 por ciento del valor del capital aportado a dicha entidad.

Este apartado no afecta a la imposición de los beneficios de la sociedad o de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria con cargo a los que se pagan los dividendos o se realiza la distribución.

Véase el apartado 3 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

3. El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los rendimientos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

Véase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

Artículo 11 Intereses

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y

  • (a) es ese Estado, una subdivisión política o una entidad local del mismo, el Banco Central, u otra entidad pública;
  • (b) los intereses los paga el Estado del que proceden o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o una entidad pública;
  • (c) los intereses los paga una institución financiera de un Estado contratante a una institución financiera del otro Estado contratante;
  • (d) es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta de dicho fondo está, en términos generales, exenta de imposición en ese Estado;
  • (e) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito
    • (i) debido a un organismo de crédito a la exportación de ese Estado, subdivisión política, entidad local o entidad pública; o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los anteriores.
    • (ii) garantizado o asegurado por ese Estado, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública;
  • (f) es una institución que el Estado contratante posee total o mayoritariamente, según acuerden las autoridades competentes de los Estados contratantes, cuando corresponda, y
  • (g) es el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.

4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente.

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Véase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

Artículo 12 Cánones

1. Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones.

3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las películas o cintas utilizadas para su emisión por radio o televisión, de programas informáticos, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento permanente.

6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Véase la letra (d) del apartado 1 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

Artículo 13 Ganancias de capital

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.

5. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, este apartado no será aplicable a:

  • (a) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones en una sociedad cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes;
  • (b) las ganancias derivadas de la enajenación de participaciones en una entidad de inversión inmobiliaria cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes, cuando el enajenante no haya poseído más del 25 por ciento de las participaciones en dicha entidad en ningún momento durante el período de 24 meses inmediatamente precedente a la enajenación de dichas participaciones; yVéase el apartado 3 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma
  • (c) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones en una sociedad u otros intereses en una sociedad de personas cuando el valor de los bienes inmuebles en los que desarrolla una actividad industrial constituye más del 50 por ciento del valor de su activo.

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.

Artículo 14 Rentas del trabajo

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar si:

  • (a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; y
  • (b) las remuneraciones se pagan por un empleador que no sea residente del otro Estado, o en su nombre, y
  • (c) las remuneraciones no las soporta un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

Artículo 15 Participaciones de consejeros

Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un consejo de administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16 Artistas y deportistas

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante las disposiciones de los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista.

3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista estarán exentas en el Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando estas se financien íntegra o básicamente con fondos públicos de uno o de ambos Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, o de una entidad pública, y se realicen al amparo de un convenio de colaboración entre los dos Estados contratantes.

Artículo 17 Pensiones

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 18 Función pública

1.

  • (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
  • (b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares pueden someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:
    • (i) es nacional de ese Estado; o
    • (ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2.

  • (a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
  • (b) Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones similares pueden someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.

3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública.

Artículo 19 Estudiantes

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante, un aprendiz o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Artículo 20 Otras rentas

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, con independencia de su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo importe retirado por un residente de un Estado contratante de un plan de ahorro complementario constituido en el otro Estado contratante puede someterse a imposición en el segundo Estado contratante, siempre que:

  • (a) dicho segundo Estado contratante haya otorgado una deducción sobre las aportaciones realizadas al plan de ahorro complementario; y
  • (b) el importe retirado no esté comprendido en el ámbito del artículo 17 (Pensiones).

CAPÍTULO IV
Métodos para eliminar la doble imposición

Artículo 21 Eliminación de la doble imposición

1. En España, la doble imposición se evitará bien de conformidad con las disposiciones de su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de conformidad con la legislación interna española:

  • (a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Singapur, España permitirá:
    • (i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Singapur;
    • (ii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.

    Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en Singapur.

  • (b) Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas obtenidas por un residente de España estén exentas de impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.

2. En Singapur, la doble imposición se evitará como sigue:

  • (a) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en España, Singapur, con arreglo a sus disposiciones relativas a la imputación contra el impuesto singapurense del impuesto pagado en cualquier país distinto de Singapur, admitirá la deducción del impuesto español pagado, bien directamente o como deducción, contra el impuesto singapurense debido en relación con las rentas de ese residente.
  • (b) Cuando dichas rentas consistan en dividendos pagados por una sociedad residente de España a una sociedad residente de Singapur que posea directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad mencionada en primer lugar, la deducción se calculará teniendo en cuenta el impuesto español pagado por esa sociedad respecto de la parte de sus beneficios con cargo a la que se pagan los dividendos.
  • (c) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España, Singapur, previa satisfacción de las condiciones determinadas para la exención de rentas procedentes de fuente extranjera en los artículos 13(7A), 13(8) y 13(12) de la Ley del Impuesto sobre la Renta singapurense, Capítulo 134, edición revisada de 2008, exonerará dicha renta de imposición en Singapur.

CAPÍTULO V
Disposiciones especiales

Artículo 22 No discriminación

1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder:

  • (a) a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes; o
  • (b) a los nacionales del otro Estado contratante, aquellas deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios nacionales que no sean residentes de ese Estado, o a aquellas otras personas que determine la legislación fiscal de ese Estado.

4. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. Cuando un Estado contratante conceda incentivos fiscales a sus nacionales, orientados a promover el desarrollo económico o social de acuerdo con su política y criterios nacionales, estos no se considerarán discriminatorios en virtud de este artículo.

6. Las disposiciones de este artículo se aplican a los impuestos objeto del presente Convenio.

Artículo 23 Procedimiento amistoso

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 22, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste al Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho interno de los Estados contratantes.

3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de una comisión integrada por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.

Artículo 24 Intercambio de información

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la supervisión de tales actividades. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

  • (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante;
  • (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante;
  • (c) suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public).

4. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún caso los Estados contratantes podrán interpretar tales limitaciones como base para denegar el intercambio de información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente por que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.

Véase el apartado 5 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

Artículo 25 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales

Artículo 26 Entrada en vigor

1. Los gobiernos de los Estados contratantes se notificarán mutuamente, por conducto diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos exigidos en cada Estado contratante para la entrada en vigor del presente Convenio.

2. El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación a que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones se aplicarán:

  • (a) en el caso de España:
    • (i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas a no residentes, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
    • (ii) en relación con otros impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor; y
    • (iii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero de año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
  • (b) en el caso de Singapur:
    • (i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el Convenio entre en vigor;
    • (ii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
Véase el apartado 6 del Protocolo adjunto al presente Convenio («B.O.E.» 11 enero 2012).LE0000471571_20120202Ir a Norma

Artículo 27 Denuncia

El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá proceder a su denuncia mediante notificación dirigida al otro Estado contratante, por conducto diplomático, al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:

  • (a) en el caso de España:
    • (i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas a no residentes, una vez concluido ese año civil;
    • (ii) en relación con otros impuestos, sobre los ejercicios fiscales que comiencen a partir de la conclusión de ese año civil; y
    • (iii) en todos los restantes casos, a partir del final de ese año civil;
  • (b) en el caso de Singapur:
    • (i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el que se notifique la denuncia;
    • (ii) en todos los restantes casos, desde la conclusión de ese año civil.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho por duplicado en Singapur el 13 de abril 2011 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,
Miguel Sebastián Gascón,
Ministro de Industria, Turismo y Comercio
Por la República de Singapur,
Lee Yi Shyan,
Ministro de Estado, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio e Industria

PROTOCOLO

En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:

1. Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio:

(a) El presente Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de la evasión y elusión fiscales.

(b) Los Estados contratantes entienden que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables al tratamiento de tales abusos.

(c) El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes aplicar sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).

(d) Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin primordial de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generen la participación en los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones, sea el de conseguir los beneficios contenidos en estos artículos mediante dicha creación o cesión.

2. En relación con el presente Convenio:

La expresión «entidad pública» significa una entidad constituida por precepto legal en un Estado contratante, en una subdivisión política o entidad local, y que desarrolla funciones que de otro modo hubieran sido competencia de la Administración de ese Estado contratante.

3. En relación con el apartado 2 del artículo 10 (Dividendos) y el apartado 5 (b) del artículo 13 (Ganancias de capital), se entenderá que la expresión «entidad cotizada de inversión inmobiliaria» significa:

  • (a) en Singapur: un fideicomiso constituido como instrumento de inversión colectiva, aprobado en virtud del artículo 286 de la Securities and Futures Act (Ley de Valores y Futuros), capítulo 289, que cotiza en el Mercado de Singapur (Singapur Exchange), y que invierte o tiene como objetivo invertir en bienes inmuebles y en activos relacionados con bienes inmuebles;
  • (b) en España, las Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), reguladas mediante Ley 11/2009.

4. En relación con el presente Convenio:

(a) cuando este Convenio establezca (con la concurrencia o no de otras condiciones) que la renta de fuente española estará exenta de imposición en España, o se gravará a un tipo reducido, y de acuerdo con la legislación vigente en Singapur dicha renta esté sujeta a imposición por razón de aquella parte de la misma que se remita a Singapur, o que se perciba en Singapur, y no sobre el total de la misma, la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará únicamente a aquella parte de la renta remitida a Singapur o que allí se perciba.

(b) No podrá interpretarse que el subapartado (a) anterior se aplica:

  • (i) cuando Singapur considere exentas las rentas a las que se hace referencia en el apartado 2(c) del artículo 21; en ese caso la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará al importe de la renta procedente de fuente española exenta en Singapur; y
  • (ii) a la renta obtenida por el Estado de Singapur, sus entidades públicas, el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd, el Banco Central de Singapur, o por aquellas personas que determinen mediante acuerdo las autoridades competentes de los Estados contratantes.

5. En relación con el artículo 24 (Intercambio de información):

(a) Cada Estado contratante garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 24 (Intercambio de información), sus autoridades competentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento, información relativa a la propiedad legal y efectiva de cualquier persona.

(b) La autoridad competente de un Estado contratante remitirá al otro Estado contratante la información solicitada tan pronto como sea posible.

(c) El tiempo que transcurra desde la petición de la información hasta su recepción por el Estado contratante que la solicitó no será considerado a los efectos del cálculo de los límites temporales previstos en la legislación fiscal española respecto de los procedimientos fiscales de la Administración Tributaria.

6. En relación con el artículo 26 (Entrada en vigor), se entenderá que lo dispuesto en el artículo 24 (Intercambio de información) del Convenio, permite el intercambio de información respecto de cualquier ejercicio fiscal determinado conforme a la legislación del Estado contratante que la solicite.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo.
Hecho por duplicado en Singapur el 13 de abril 2011 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,
Miguel Sebastián Gascón,
Ministro de Industria, Turismo y Comercio
Por la República de Singapur,
Lee Yi Shyan,
Ministro de Estado, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio e Industria

El presente Convenio entrará en vigor el 2 de febrero de 2012, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación a que se refiere el apartado 1 de su artículo 26.

Madrid, 22 de diciembre de 2011.– La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rosa Antonia Martínez Frutos.

TEXTO SINTÉTICO DEL CONVENIO MULTILATERAL Y DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Cláusula general de limitación de responsabilidad sobre el texto sintético

Este documento presenta el texto sintético para la aplicación del Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011 (en adelante, Convenio), modificado por el Instrumento multilateral para implementar las medidas relacionadas con los convenios fiscales para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en adelante, MLI) firmado por España y Singapur con fecha 7 de junio de 2017.

Este documento ha sido elaborado con base en la posición de España respecto al MLI presentada al Depositario en la ratificación del 28 de septiembre de 2021 y la posición de Singapur respecto al MLI presentada al Depositario el 25 de noviembre de 2021. Estas posiciones respecto al MLI están sujetas a modificaciones según lo dispuesto en el MLI. Las modificaciones realizadas en las posiciones respecto al MLI podrían modificar los efectos del MLI en el Convenio.

Los textos legales auténticos del Convenio y del MLI prevalecen y siguen siendo los textos legales aplicables.

Las disposiciones del MLI que sean aplicables respecto a las disposiciones del Convenio se incluyen en cuadros a lo largo del texto de este documento en el contexto de las disposiciones pertinentes del Convenio. En general, los cuadros que contienen las disposiciones del MLI se han insertado de acuerdo con el orden de las disposiciones del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE de 2017. En ocasiones, las disposiciones del MLI reemplazan partes concretas del Convenio. En estos casos, las partes reemplazadas del Convenio se han incluido entre corchetes precedidas de una referencia a la disposición del MLI que las reemplaza. Esta referencia se ha incluido en negrita entre corchetes. Otras veces las disposiciones del MLI modifican partes concretas del Convenio. En estos casos, no se ha incluido una referencia en el texto del Convenio, sino que es la entradilla del cuadro correspondiente la que identifica la parte concreta del Convenio a la que afecta la modificación.

Se han realizado cambios en el texto de las disposiciones del MLI para adecuar la terminología utilizada en el MLI a la terminología utilizada en el Convenio (por ejemplo, “Convenio fiscal comprendido” se ha sustituido por “Convenio” y “Jurisdicciones contratantes” por “Estados contratantes”) para facilitar la comprensión de las disposiciones del MLI. Estos cambios en la terminología tienen como objetivo mejorar la legibilidad del documento y no pretenden, en ningún caso, cambiar el sentido de las disposiciones del MLI. Asimismo, y también con la intención de facilitar la legibilidad, se han sustituido aquellas partes de las disposiciones del MLI que describen las disposiciones del Convenio por las referencias jurídicas de las disposiciones existentes. Tanto en el caso de los cambios para adecuar la terminología como en los relativos a la sustitución del lenguaje descriptivo, la nueva redacción se ha incluido en cursiva entre corchetes.

En todos los casos, las referencias hechas a las disposiciones del Convenio o al Convenio deben entenderse como referencias al Convenio modificado por las disposiciones del MLI, siempre que tales disposiciones del MLI hayan surtido efecto.

Referencias

Los textos legales auténticos del MLI y del Convenio pueden encontrarse en los siguientes enlaces:

El MLI:

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf

En España:

• El MLI:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21097

• El Convenio: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-404

En Singapur:

https://sso.agc.gov.sg/

La posición de España respecto al MLI presentada al Depositario en la ratificación del 28 de septiembre de 2021 y la posición de Singapur respecto al MLI presentada al Depositario el 11 de agosto de 2021 se pueden encontrar en la página web del Depositario del MLI (OCDE):

https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

Cláusula de limitación de responsabilidad sobre la fecha de efectos de las disposiciones del MLI

Las disposiciones del MLI aplicables al Convenio no surten efecto en las mismas fechas que las disposiciones originales del Convenio. Cada una de las disposiciones del MLI puede surtir efecto en fechas diferentes, dependiendo del tipo de impuesto afectado (impuestos retenidos en fuente u otros impuestos) y de las opciones escogidas por España y por Singapur en sus posiciones respecto al MLI.

Fechas de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación: 28 de septiembre de 2021 por España y 21 de diciembre de 2018 por Singapur.

Fechas de entrada en vigor del MLI: 1 de enero de 2022 para España y 1 de abril de 2019 para Singapur.

Fecha de recepción por el Depositario de la notificación remitida por España conforme a la letra b) del apartado 7 del artículo 35 del MLI: 1 de junio de 2022.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 35 y la letra a) del apartado 7 del artículo 35 del MLI, a excepción de la Parte VI, las disposiciones del MLI tienen efecto en el Convenio:

  • • En España, para los impuestos retenidos en fuente, desde el 1 de enero de 2023.
  • • En España, para otros impuestos, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 35 y la letra a) del apartado 7 del artículo 35 del MLI, a excepción de la Parte VI, las disposiciones del MLI tienen efecto en el Convenio:

  • • En Singapur, para los impuestos retenidos en fuente, desde el 1 de enero de 2023.
  • • En Singapur, para otros impuestos, para los periodos impositivos que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 36 y la letra a) del apartado 7 del artículo 35 del MLI, las disposiciones de la Parte VI (Arbitraje) del MLI tienen efecto para los casos presentados a la autoridad competente de un Estado Contratante en o después del 1 de julio de 2022.

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 36 y la letra a) del apartado 7 del artículo 35 del MLI, las disposiciones de la Parte VI (Arbitraje) del MLI se aplican a un caso presentado a la autoridad competente de un Estado Contratante antes del 1 de julio de 2022 sólo en la medida en que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes acuerden que se aplicará a ese caso específico.

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

El Reino de España y la República de Singapur, [REEMPLAZADO por los apartados 1 y 3 del artículo 6 del MLI] [deseando concluir un Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,] han acordado lo siguiente:

Los siguientes apartados 1 y 3 del artículo 6 del MLI reemplazan al texto referido a la intención de eliminar la doble imposición en el preámbulo del Convenio:
ARTÍCULO 6 DEL MLI – OBJETO DE LOS CONVENIOS FISCALES COMPRENDIDOS

Con el deseo de seguir desarrollando sus relaciones económicas y de reforzar su cooperación en materia tributaria,

Con la intención de eliminar la doble imposición en relación con los impuestos comprendidos en este Convenio sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales (incluida la práctica de la búsqueda del convenio más favorable que persigue la obtención de los beneficios previstos en este Convenio para el beneficio indirecto de residentes de terceras jurisdicciones).

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación del Convenio

Artículo 1 Personas comprendidas

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

Artículo 2 Impuestos comprendidos

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

  • (a) en Singapur:

    – el Impuesto sobre la Renta (denominado en lo sucesivo «impuesto singapurense»);

  • (b) en España:
    • (i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
    • (ii) el Impuesto sobre Sociedades;
    • (iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes; y
    • (iv) los impuestos locales sobre la renta (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

CAPÍTULO II
Definiciones

Artículo 3 Definiciones generales

1. A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

  • (a) el término «Singapur» significa la República de Singapur y, utilizado en sentido geográfico, incluye su territorio, sus aguas internas y su mar territorial, así como las áreas marítimas exteriores al mar territorial que se hayan designado o puedan designarse en el futuro en virtud de su Derecho interno, conforme con el Derecho internacional, como área sobre la que Singapur pueda ejercer derechos de soberanía y jurisdicción respecto del mar, el fondo marino, su subsuelo y sus recursos naturales;
  • (b) el término «España» significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España, incluyendo las aguas internas, el espacio aéreo, el mar territorial y las áreas exteriores al mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
  • (c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Singapur, según el contexto;
  • (d) el término «persona» comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
  • (e) el término «sociedad» significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
  • (f) el término «empresa» se aplica a la realización de cualquier actividad económica;
  • (g) las expresiones «empresa de un Estado contratante» y «empresa del otro Estado contratante» significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;
  • (h) la expresión «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
  • (i) la expresión «autoridad competente» significa:
    • (i) en Singapur: el Ministro de Hacienda o su representante autorizado;
    • (ii) en España: el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado;
  • (j) el término «nacional», en relación con un Estado contratante, significa:
    • (i) una persona física que posea la nacionalidad o ciudadanía de ese Estado contratante;
    • (ii) una persona jurídica, sociedad de personas (partnership) o asociación constituida conforme a la legislación vigente en ese Estado contratante;
  • (k) a expresión «actividad económica» incluye la prestación de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.

2. Para la aplicación del Convenio en cualquier momento por un Estado contratante, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.

Artículo 4 Residente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas, entidades locales o entidades públicas.

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

  • (a) se la considerará residente exclusivamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
  • (b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene su centro de intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se la considerará residente exclusivamente del Estado donde viva habitualmente;
  • (c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se la considerará residente exclusivamente del Estado del que sea nacional;
  • (d) en cualquier otro caso, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se la considerará residente exclusivamente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

Artículo 5 Establecimiento permanente

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa, un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad.

2. La expresión «establecimiento permanente» comprende, en particular:

  • (a) las sedes de dirección;
  • (b) las sucursales;
  • (c) las oficinas;
  • (d) las fábricas;
  • (e) los talleres, y
  • (f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.

3. Una obra, un proyecto de construcción, instalación o montaje, o unas actividades de inspección in situ relacionadas con ellos, constituyen un establecimiento permanente únicamente cuando la duración de dicha obra, proyecto o actividades exceda de doce meses.

4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión «establecimiento permanente» no incluye:

  • (a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
  • (b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
  • (c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
  • (d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de recabar información, para la empresa;
  • (e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
  • (f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados (a) a (e), con la condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente independiente al que será aplicable el apartado 6, actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

6. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle una sociedad residente del otro Estado contratante, o esté controlada por esta, o de que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

CAPÍTULO III
Imposición de las rentas

Artículo 6 Rentas inmobiliarias

1. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de Derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves y no tendrán la consideración de bienes inmuebles.

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.

4. Cuando la propiedad de acciones o participaciones u otros derechos atribuyan directa o indirectamente al propietario de dichas acciones o participaciones o derechos, el derecho al disfrute de los bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización directa, arrendamiento o aparcería, o uso en cualquier otra forma de tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que los bienes inmuebles estén situados.

5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7 Beneficios empresariales

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.

3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado contratante en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

4. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por razón de la simple compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la empresa.

5. A los efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma.

6. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente artículo.

Artículo 8 Transporte marítimo y aéreo

1. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa de transporte marítimo estuviera a bordo de un buque, se considerará situada en el Estado contratante donde esté el puerto base del buque, o si no existiera tal puerto base, en el Estado contratante del que sea residente la persona que explota el buque.

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un «pool», en una explotación en común o en un organismo de explotación internacional.

4. A los efectos de este artículo, los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional comprenden:

  • (a) los beneficios del alquiler a casco desnudo de buques o aeronaves; y
  • (b) los beneficios de la utilización, mantenimiento o alquiler de contenedores (comprendidos los tráileres y equipos relacionados con el transporte de los contenedores), utilizados para el transporte de bienes o mercancías;

cuando dicho alquiler, o utilización, mantenimiento o alquiler, según corresponda, sean una actividad auxiliar de una empresa que explota los buques o aeronaves en tráfico internacional.

Artículo 9 Empresas asociadas

1. Cuando

  • (a) una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
  • (b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante,

y en uno y otro caso las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y someta, en consecuencia, a imposición– los beneficios sobre los cuales se ha sometido a imposición a una empresa del otro Estado contratante en ese otro Estado, y ese otro Estado reconozca que los beneficios así incluidos son beneficios que habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen convenido entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste que proceda a la cuantía del impuesto que ha gravado esos beneficios. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.

Artículo 10 Dividendos

1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante, o las distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria constituidas en virtud de la legislación de un Estado contratante, a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichos dividendos o distribuciones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos, y según la legislación de ese Estado, o en el Estado cuya legislación haya regido la constitución de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria que hace la distribución, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos o de la distribución es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder:

  • (a) en el caso de los dividendos:
    • (i) del 0 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (distinta de una sociedad de personas) que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los dividendos;
    • (ii) del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos;
  • (b) en el caso de distribuciones efectuadas con cargo a entidades cotizadas de inversión inmobiliaria:

    del 5 por ciento del importe bruto de la distribución si el beneficiario efectivo posee, directa o indirectamente, menos del 10 por ciento del valor del capital aportado a dicha entidad.

Este apartado no afecta a la imposición de los beneficios de la sociedad o de la entidad cotizada de inversión inmobiliaria con cargo a los que se pagan los dividendos o se realiza la distribución.

3. El término «dividendos» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos que permitan participar en los beneficios, excepto los de crédito, así como los rendimientos sujetos al mismo régimen fiscal que los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado del que la sociedad que realiza la distribución sea residente.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad económica a través de un establecimiento permanente situado allí, y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

5. Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni someter los beneficios no distribuidos a un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11 Intereses

1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los intereses.

3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado si el perceptor de los intereses es su beneficiario efectivo y

  • (a) es ese Estado, una subdivisión política o una entidad local del mismo, el Banco Central, u otra entidad pública;
  • (b) los intereses los paga el Estado del que proceden o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o una entidad pública;
  • (c) los intereses los paga una institución financiera de un Estado contratante a una institución financiera del otro Estado contratante;
  • (d) es un fondo de pensiones aprobado a efectos fiscales por ese Estado y la renta de dicho fondo está, en términos generales, exenta de imposición en ese Estado;
  • (e) los intereses se pagan por razón de un préstamo o crédito
    • (i) debido a un organismo de crédito a la exportación de ese Estado, subdivisión política, entidad local o entidad pública; o concedido, otorgado, garantizado o asegurado por cualquiera de los anteriores.

      (ii) garantizado o asegurado por ese Estado, una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública;

  • (f) es una institución que el Estado contratante posee total o mayoritariamente, según acuerden las autoridades competentes de los Estados contratantes, cuando corresponda, y
  • (g) es el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd.

4. El termino «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

6. Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el establecimiento permanente.

7. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 12 Cánones

1. Los cánones procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

2. Sin embargo, dichos cánones pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es un residente del otro Estado contratante el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los cánones.

3. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas o las películas o cintas utilizadas para su emisión por radio o televisión, de programas informáticos, patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o de información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7.

5. Los cánones se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los cánones, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la obligación de pago de los cánones y que soporte la carga de los mismos, dichos cánones se considerarán procedentes del Estado contratante donde esté situado el establecimiento permanente.

6. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplican más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.

Artículo 13 Ganancias de capital

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles tal como se definen en el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones u otros derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichas acciones, participaciones o derechos, el derecho al disfrute de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.

5. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones, o derechos similares, cuyo valor proceda en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, este apartado no será aplicable a:

  • (a) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones en una sociedad cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes;
  • (b) las ganancias derivadas de la enajenación de participaciones en una entidad de inversión inmobiliaria cotizada en un mercado de valores reconocido de uno o de ambos Estados contratantes, cuando el enajenante no haya poseído más del 25 por ciento de las participaciones en dicha entidad en ningún momento durante el período de 24 meses inmediatamente precedente a la enajenación de dichas participaciones; y
  • (c) las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones en una sociedad u otros intereses en una sociedad de personas cuando el valor de los bienes inmuebles en los que desarrolla una actividad industrial constituye más del 50 por ciento del valor de su activo.

6. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.

Artículo 14 Rentas del trabajo

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición en ese Estado a no ser que el empleo se realice en el otro Estado contratante. Si el empleo se realiza de esa forma, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición exclusivamente en el Estado mencionado en primer lugar si:

  • (a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda en conjunto de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; y
  • (b) las remuneraciones se pagan por un empleador que no sea residente del otro Estado, o en su nombre, y
  • (c) las remuneraciones no las soporta un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado.

3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional, pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.

Artículo 15 Participaciones de consejeros

Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro de un consejo de administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

Artículo 16 Artistas y deportistas

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 7 y 14, las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su actividad personal en el otro Estado contratante en calidad de artista, actor de teatro, cine, radio o televisión, o en calidad de músico, o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. No obstante las disposiciones de los artículos 7 y 14, cuando las rentas derivadas de las actividades realizadas por un artista o deportista personalmente y en esa calidad se atribuyan no al propio artista o deportista sino a otra persona, tales rentas pueden someterse a imposición en el Estado contratante en el que se realicen las actividades del artista o deportista.

3. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, las rentas obtenidas por un artista o deportista estarán exentas en el Estado contratante en que se realicen dichas actividades cuando estas se financien íntegra o básicamente con fondos públicos de uno o de ambos Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, o de una entidad pública, y se realicen al amparo de un convenio de colaboración entre los dos Estados contratantes.

Artículo 17 Pensiones

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y otras remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

Artículo 18 Función pública

1. (a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares, pagados por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

(b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones similares pueden someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si los servicios se prestan en ese Estado y la persona física es un residente de ese Estado que:

  • (i) es nacional de ese Estado; o
  • (ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para prestar los servicios.

2. (a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública, bien directamente o con cargo a fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

(b) Sin embargo, dichas pensiones y remuneraciones similares pueden someterse exclusivamente a imposición en el otro Estado contratante si la persona física es residente y nacional de ese Estado.

3. Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 se aplica a los sueldos, salarios, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por razón de servicios prestados en el marco de una actividad económica realizada por un Estado contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, o por una entidad pública.

Artículo 19 Estudiantes

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o formación práctica un estudiante, un aprendiz o una persona en prácticas que sea, o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, residente del otro Estado contratante y que se encuentre en el Estado mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o formación práctica, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.

Artículo 20 Otras rentas

1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, con independencia de su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a las rentas, distintas de las derivadas de bienes inmuebles en el sentido del apartado 2 del artículo 6, cuando el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado contratante, realice en el otro Estado contratante una actividad económica por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente con dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del artículo 7.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, todo importe retirado por un residente de un Estado contratante de un plan de ahorro complementario constituido en el otro Estado contratante puede someterse a imposición en el segundo Estado contratante, siempre que:

  • (a) dicho segundo Estado contratante haya otorgado una deducción sobre las aportaciones realizadas al plan de ahorro complementario; y
  • (b) el importe retirado no esté comprendido en el ámbito del artículo 17 (Pensiones).

CAPÍTULO IV
Métodos para eliminar la doble imposición

Artículo 21 Eliminación de la doble imposición

1. En España, la doble imposición se evitará bien de conformidad con las disposiciones de su legislación interna o de acuerdo con las siguientes disposiciones, de conformidad con la legislación interna española:

  • (a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Singapur, España permitirá:
    • (i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Singapur;
    • (ii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de acuerdo con la legislación interna de España.

    Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a la renta que pueda someterse a imposición en Singapur.

  • (b) Cuando con arreglo a cualquier disposición del presente Convenio las rentas obtenidas por un residente de España estén exentas de impuestos en España, España podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente.

2. En Singapur, la doble imposición se evitará como sigue:

  • (a) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España que, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en España, Singapur, con arreglo a sus disposiciones relativas a la imputación contra el impuesto singapurense del impuesto pagado en cualquier país distinto de Singapur, admitirá la deducción del impuesto español pagado, bien directamente o como deducción, contra el impuesto singapurense debido en relación con las rentas de ese residente.
  • (b) Cuando dichas rentas consistan en dividendos pagados por una sociedad residente de España a una sociedad residente de Singapur que posea directa o indirectamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad mencionada en primer lugar, la deducción se calculará teniendo en cuenta el impuesto español pagado por esa sociedad respecto de la parte de sus beneficios con cargo a la que se pagan los dividendos.
  • (c) Cuando un residente de Singapur obtenga rentas procedentes de España, Singapur, previa satisfacción de las condiciones determinadas para la exención de rentas procedentes de fuente extranjera en los artículos 13(7A), 13(8) y 13(12) de la Ley del Impuesto sobre la Renta singapurense, Capítulo 134, edición revisada de 2008, exonerará dicha renta de imposición en Singapur.

CAPÍTULO V
Disposiciones especiales

Artículo 22 No discriminación

1. Los nacionales de un Estado contratante no estarán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto ni obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia.

2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante no estarán sometidos a imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas actividades.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a conceder:

  • (a) a los residentes del otro Estado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios residentes; o
  • (b) a los nacionales del otro Estado contratante, aquellas deducciones personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus propios nacionales que no sean residentes de ese Estado, o a aquellas otras personas que determine la legislación fiscal de ese Estado.

4. Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios residentes del otro Estado contratante, no se someterán en el Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del Estado mencionado en primer lugar.

5. Cuando un Estado contratante conceda incentivos fiscales a sus nacionales, orientados a promover el desarrollo económico o social de acuerdo con su política y criterios nacionales, estos no se considerarán discriminatorios en virtud de este artículo.

6. Las disposiciones de este artículo se aplican a los impuestos objeto del presente Convenio.

Artículo 23 Procedimiento amistoso

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 22, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.

2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma llegar a una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste al Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos previstos por el Derecho interno de los Estados contratantes.

3. as autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio.

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de una comisión integrada por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.

La siguiente Parte VI del MLI se aplica a este Convenio:
PARTE VI DEL MLI (ARBITRAJE)

Apartados 1 a 10 y 12 del Artículo 19 (Arbitraje obligatorio vinculante) del MLI:

1. Cuando,

  • a) en virtud [del apartado 1 del artículo 23 del Convenio] una persona haya sometido un caso a la autoridad competente de [un Estado] contratante alegando que las acciones adoptadas por [uno o ambos Estados] contratantes le han generado una imposición no ajustada a las disposiciones del Convenio; y
  • b) las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo para resolver el caso conforme [al apartado 1 del artículo 23 del Convenio], en el plazo de dos años contados desde la fecha de inicio a la que se refiere el apartado 8 o 9, según corresponda (a menos que, antes de la conclusión de dicho plazo, las autoridades competentes de [los Estados] contratantes hayan acordado un plazo distinto en relación con ese caso y así lo hayan notificado a la persona que lo planteó),

toda cuestión no resuelta relacionada con ese caso se someterá a arbitraje, según se describe en [la Parte VI del MLI], si así lo solicita por escrito esa persona, de acuerdo con las normas o procedimientos acordados por las autoridades competentes de [los Estados] contratantes conforme a lo dispuesto en el apartado 10 [del artículo 19 del MLI].

2. Cuando una autoridad competente haya suspendido el procedimiento amistoso al que se refiere el apartado 1 [del artículo 19 del MLI] por hallarse pendiente ante un órgano jurisdiccional u órgano administrativo un caso relacionado con una o más de las cuestiones del procedimiento, se interrumpirá el plazo previsto en el subapartado b) del apartado 1 [del artículo 19 del MLI] bien hasta el pronunciamiento de sentencia o resolución firme por el órgano jurisdiccional o administrativo o hasta que el caso quede en suspenso o se retire. Asimismo, cuando la persona que plantee el caso y la autoridad competente acuerden suspender el procedimiento amistoso, el plazo previsto en el subapartado b) del apartado 1 [del artículo 19 del MLI] quedará interrumpido hasta el levantamiento de la suspensión.

3. Cuando ambas autoridades competentes convengan en que la persona directamente afectada por el caso ha incumplido la presentación en plazo de la información adicional requerida por cualquiera de ellas tras el inicio del plazo previsto en el subapartado b) del apartado 1 [del artículo 19 del MLI], este plazo se ampliará en un tiempo igual al transcurrido entre la fecha en la que se requirió la información y la de su presentación.

4.

  • a) La decisión arbitral en relación con las cuestiones sometidas a arbitraje se llevará a efecto mediante el acuerdo amistoso sobre el caso al que se refiere el apartado 1 [del artículo 19 del MLI]. La decisión será definitiva.
  • b) La decisión arbitral será vinculante para [ambos Estados] contratantes excepto en los siguientes casos:
    • i) si una persona directamente afectada por el caso no aceptara el acuerdo mutuo que lleva a la práctica la decisión arbitral y esta circunstancia conlleva que el caso no pueda ser objeto de más consideración por las autoridades competentes. En caso de que en el plazo de 60 días desde la fecha de remisión de la notificación del acuerdo mutuo que lleva a efecto la decisión arbitral a una persona directamente afectada por el caso esta no se desista de los procedimientos instados ante cualquier órgano jurisdiccional o administrativo en relación con las cuestiones resueltas mediante dicho acuerdo mutuo, o termina por cualquier otro medio con los procedimientos judiciales o administrativos pendientes relacionados con dichas cuestiones de forma coherente con el acuerdo mutuo alcanzado, se entenderá que dicha persona no acepta el acuerdo mutuo.
    • ii) Si los tribunales de [uno de los Estados] contratantes consideran nula la decisión arbitral mediante sentencia firme. En tal caso, la solicitud de remisión a arbitraje efectuada conforme al apartado 1 [del artículo 19 del MLI] se considerará no efectuada y el procedimiento arbitral como no celebrado (excepto a los efectos de los artículos 21 (Confidencialidad del procedimiento arbitral) y 25 (Costes del procedimiento arbitral)) [del MLI]. En este caso será posible presentar una nueva solicitud de remisión a arbitraje excepto si las autoridades competentes acuerdan no permitirlo.
    • iii) Si una persona directamente afectada por el caso continúa instando procedimientos ante cualquier órgano jurisdiccional o administrativo en relación con los asuntos resueltos mediante el acuerdo amistoso que lleva a la práctica la decisión.

5. La autoridad competente que recibió la solicitud de inicio del procedimiento amistoso, según se describe en el subapartado a) del apartado 1 [del artículo 19 del MLI], en el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud:

  • a) notificará a la persona que planteó el caso que ha recibido su solicitud; y
  • b) notificará la solicitud, adjuntando copia de la misma, a la autoridad competente [del otro Estado] contratante.

6. En el plazo de tres meses desde el momento en el que la autoridad competente reciba la solicitud de inicio de procedimiento amistoso (o copia de la misma remitida por la autoridad competente [del otro Estado] contratante):

  • a) notificará a la persona que ha planteado el caso y a la otra autoridad competente que ha recibido la información necesaria para iniciar su estudio; o
  • b) requerirá a esa persona información adicional a esos efectos.

7. Cuando, conforme al subapartado b) del apartado 6 [del artículo 19 del MLI], una o ambas autoridades competentes soliciten a la persona que planteó el caso la información adicional que precisen para iniciar su estudio, en el plazo de tres meses desde la recepción de la dicha información adicional, la autoridad competente solicitante notificará a esa persona y a la otra autoridad competente bien:

  • a) que ha recibido la información solicitada; o
  • b) que sigue faltando parte de la información requerida.

8. Cuando ninguna de las autoridades competentes haya requerido información adicional conforme al subapartado b) del apartado 6 [del artículo 19 del MLI], la fecha de inicio a la que se refiere el apartado 1 [del artículo 19 del MLI] será la primera entre las siguientes:

  • a) la fecha en la que ambas autoridades competentes han notificado a la persona que planteó el caso conforme al subapartado a) del apartado 6 [del artículo 19 del MLI]; y
  • b) la fecha en la que concluye el plazo de tres meses desde la notificación a la autoridad competente [del otro Estado] contratante conforme al subapartado b) del apartado 5 [del artículo 19 del MLI].

9. Cuando se haya requerido información adicional conforme al subapartado b) del apartado 6 [del artículo 19 del MLI], la fecha de inicio a la que se refiere el apartado 1 [del artículo 19 del MLI] será la primera entre las siguientes:

  • a) la última fecha en la que las autoridades competentes que requirieron la información adicional han notificado a la persona que planteó el caso y a la otra autoridad competente conforme al subapartado a) del apartado 7 [del artículo 19 del MLI]; y
  • b) la fecha en la que concluye el plazo de tres meses desde que ambas autoridades competentes han recibido la información solicitada por cualquiera de ellas de la persona que presentó el caso.

Si, no obstante, una o ambas autoridades competentes remiten la notificación a la que se refiere el subapartado b) del apartado 7 [del artículo 19 del MLI], esta se considerará como una solicitud de información adicional conforme al subapartado b) del apartado 6 [del artículo 19 del MLI].

10. Las autoridades competentes de [los Estados] contratantes acordarán conforme al artículo [artículo 23 del Convenio] la forma de aplicar las disposiciones de [la Parte VI del MLI], incluida la información mínima necesaria para que cada autoridad competente inicie el estudio del caso. Este acuerdo estará concluido antes de la fecha en la que puedan someterse a arbitraje por primera vez las cuestiones no resueltas de un caso y podrá modificarse con posterioridad cuando corresponda.

12. No obstante las restantes disposiciones [del artículo 19 del MLI]:

  • a) toda cuestión no resuelta tras un procedimiento amistoso que hubiera recaído en el ámbito del arbitraje previsto en este Convenio no podrá ser objeto de arbitraje cuando un órgano jurisdiccional o administrativo de cualquiera de [los Estados] contratantes se haya pronunciado previamente sobre esa cuestión;
  • b) si en cualquier momento posterior a la solicitud de arbitraje y antes de que la comisión arbitral haya remitido su decisión a las autoridades competentes de [los Estados] contratantes, un órgano jurisdiccional o administrativo de [uno de los Estados] contratantes se pronunciara sobre la cuestión, el procedimiento arbitral quedará concluido.

Artículo 20 – Designación de los árbitros

1. Excepto en la medida en que las autoridades competentes de [los Estados] contratantes acuerden normas distintas, los apartados 2 a 4 [del artículo 20 del MLI] serán aplicables a los efectos de [la Parte VI del MLI].

2. Las normas siguientes regirán la designación de los miembros de una comisión arbitral:

  • a) La comisión arbitral consistirá en tres personas físicas con conocimientos o experiencia en cuestiones fiscales internacionales.
  • b) Cada autoridad competente designará a un miembro de la comisión arbitral en el plazo de 60 días desde la fecha de solicitud de inicio al amparo del apartado 1 del artículo 19 [del artículo 19 del MLI] (Arbitraje obligatorio y vinculante). Los dos miembros así designados, en el plazo de 60 días tras el último de sus nombramientos, nombrarán a un tercer miembro que ejercerá como Presidente de la comisión arbitral. El Presidente no será nacional ni residente de ninguna de [los Estados] contratantes.
  • c) En el momento de aceptar el nombramiento, los miembros designados de la comisión arbitral deben ser imparciales e independientes de las autoridades competentes, de las administraciones tributarias y de los ministerios de finanzas de [los Estados] contratantes, así como de todas las personas directamente afectadas por el caso (y sus asesores), mantendrán su imparcialidad e independencia a lo largo del procedimiento y, durante un plazo de tiempo razonable posterior al procedimiento, evitarán toda actuación que pueda lesionar la apariencia de imparcialidad e independencia de los árbitros respecto del procedimiento.

3. En caso de que la autoridad competente de [un Estado] contratante no proceda al nombramiento correspondiente en el tiempo y forma previstos en el apartado 2 [del artículo 20 del MLI], o según lo acordado entre las autoridades competentes de [los Estados] contratantes, el miembro de mayor nivel en el escalafón del Centro de Política y Administración Tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que no sea nacional de [ninguno] de [los Estados] contratantes, procederá al nombramiento de dicho miembro de la comisión arbitral en nombre de dicha autoridad competente.

4. En caso de que los dos miembros iniciales de la comisión arbitral no nombren al Presidente en el tiempo y forma previstos en el apartado 2 [del artículo 20 del MLI], o según lo acordado entre las autoridades competentes de [los Estados] contratantes, el miembro de mayor nivel en el escalafón del Centro de Política y Administración Tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que no sea nacional de [ninguno] de [los Estados] contratantes, procederá al nombramiento de dicho Presidente.

Artículo 21 – Confidencialidad del procedimiento arbitral

1. Únicamente a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en [la Parte VI del MLI], en el Convenio y en la legislación interna de [los Estados] contratantes en materia de intercambio de información, confidencialidad y asistencia administrativa, los miembros de la comisión arbitral y un máximo de tres personas por miembro (y los candidatos a árbitro sólo en la medida necesaria para verificar su capacidad para cumplir los requisitos del nombramiento) se considerarán personas o autoridades a las que puede comunicarse la información. La información recibida por la comisión arbitral o por los candidatos a árbitros y la que reciban las autoridades competentes de la comisión arbitral se considerará información intercambiada al amparo de lo dispuesto en el Convenio en materia de intercambio de información y asistencia administrativa.

2. Las autoridades competentes de [los Estados] contratantes velarán por que los miembros de la comisión arbitral y su personal acepten por escrito, con carácter previo a su intervención en el procedimiento arbitral, tratar toda la información relacionada con el procedimiento conforme a las obligaciones sobre confidencialidad y no divulgación contenidas en las disposiciones del Convenio en materia de intercambio de información y asistencia administrativa, y de acuerdo con la legislación aplicable en [los Estados] contratantes.

Artículo 22 – Resolución de un caso antes de la finalización del arbitraje

A los efectos de [la Parte VI del MLI] y de las disposiciones del Convenio que prevean la resolución de casos de mutuo acuerdo, mediante procedimiento amistoso, así como el procedimiento arbitral, en relación con un caso, concluirán si en cualquier momento posterior a la solicitud del arbitraje y antes de que la comisión arbitral haya emitido su decisión a las autoridades competentes de [los Estados] contratantes:

  • a) las autoridades competentes de [los Estados] contratantes llegan a un acuerdo mutuo para resolver el caso; o
  • b) la persona que presentó el caso retira su solicitud de inicio del arbitraje o del procedimiento amistoso.

Artículo 23 – Tipo de procedimiento arbitral

1. Excepto en la medida en que las autoridades competentes de [los Estados] contratantes acuerden normas diferentes, las siguientes normas serán de aplicación en relación con los procedimientos arbitrales seguidos al amparo de [la Parte VI del MLI]:

  • a) Tras la remisión a arbitraje de un caso, la autoridad competente de cada [Estado] contratante remitirá a la comisión arbitral, en un plazo convenido, una propuesta de resolución que abarque todas las cuestiones irresolutas del caso (teniendo en cuenta los acuerdos que se hayan alcanzado previamente en el caso entre las autoridades competentes de [los Estados] contratantes). La resolución propuesta se limitará a la determinación de unos importes monetarios concretos (por ejemplo de renta o gastos) o, cuando se especifique, al tipo máximo del impuesto exigido conforme al Convenio para cada juste o cuestión similar del caso. Cuando las autoridades competentes de [los Estados] contratantes no hayan podido llegar a un acuerdo en relación con un asunto relacionado con las condiciones para la aplicación de una disposición del Convenio (en lo sucesivo “determinación inicial”), como por ejemplo si una persona física es o no residente, o si existe establecimiento permanente, las autoridades competentes podrán enviar propuestas de resolución alternativas en relación con las cuestiones cuya solución dependa de dicha determinación inicial.
  • b) La autoridad competente de cada [Estado] contratante puede remitir también un documento de posición para su consideración por la comisión arbitral. Cuando una autoridad competente envíe una propuesta de resolución o un documento de posición remitirá copia a la otra autoridad competente en el plazo de entrega para dicha propuesta de resolución o documento de posición. Asimismo, las autoridades competentes podrán enviar a la comisión arbitral, en un plazo convenido, una respuesta argumentativa en relación con la propuesta de resolución y documento de posición remitido por la otra autoridad competente y hará llegar copia de la misma a la otra autoridad competente en el plazo de entrega previsto para su presentación.
  • c) La comisión arbitral adoptará como suya una de las propuestas de resolución remitidas por las autoridades competentes para cada cuestión planteada, incluidas las determinaciones iniciales, sin adjuntar motivación alguna u otra explicación de su decisión. La decisión arbitral se adoptará por mayoría simple de sus miembros y se remitirá por escrito a las autoridades competentes de [los Estados] contratantes. La decisión arbitral no tendrá valor como precedente.

5. Antes de iniciar el procedimiento arbitral, las autoridades competentes de [los Estados] contratantes velarán por que cada persona que presenta el caso y sus asesores acepten por escrito no revelar a ninguna otra persona la información que reciban de las autoridades competentes o la comisión arbitral en el transcurso del procedimiento arbitral. El procedimiento amistoso seguido al amparo del Convenio, así como el procedimiento arbitral al amparo de [la Parte VI del MLI] terminará en relación a un caso si, en cualquier momento, tras haber planteado la solicitud de remisión a arbitraje y antes de que la comisión arbitral haya enviado su decisión a las autoridades competentes de [los Estados] contratantes, una persona que haya presentado el caso o sus asesores incumple el citado compromiso.

Apartado 2 del artículo 24 – Acuerdo sobre una resolución distinta

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 19 [del MLI] (Arbitraje obligatorio y vinculante), una decisión arbitral adoptada conforme a [la Parte VI del MLI] no será vinculante para [los Estados] contratantes y no se aplicará si las autoridades competentes de [los Estados] contratantes acuerdan una solución diferente para toda cuestión que permanezca sin resolver en el plazo de tres meses desde la fecha en que se les entregó la decisión arbitral.

Artículo 25 – Coste del procedimiento arbitral

Respecto de los procedimientos arbitrales seguidos al amparo de [la Parte VI del MLI], [los Estados] contratantes sufragarán los honorarios y gastos de los miembros de las Comisiones arbitrales, así como los costes en los que incurran [los Estados] contratantes en relación con los mismos, conforme a lo que de mutuo acuerdo determinen las autoridades competentes de [los Estados] contratantes. En ausencia de dicho acuerdo, cada [Estado] contratante soportará sus propios gastos y aquellos en los que incurra el miembro que designe para la comisión arbitral. [Los Estados] contratantes sufragarán a partes iguales los costes del Presidente y otros gastos asociados al desarrollo del procedimiento arbitral.

Apartados 2 y 3 del artículo 26 – Compatibilidad

2. Las cuestiones no resueltas que se deriven de procedimientos amistosos que en principio pudieran incluirse en el ámbito del procedimiento arbitral previsto en [la Parte VI del MLI], no se remitirán arbitraje cuando una comisión arbitral u organismo similar se haya constituido anteriormente respecto de ellos en aplicación de un convenio bilateral o multilateral en el que se determine la obligatoriedad de remitir a arbitraje vinculante toda cuestión no resuelta que se derive de un procedimiento amistoso.

3. Nada de lo dispuesto en [la Parte VI del MLI] afectará al cumplimiento de obligaciones más amplias en relación con el arbitraje de casos no resueltos surgidos en el contexto de un procedimiento amistoso resultante de otros convenios de los que [los Estados] contratantes sean o vayan a ser partes.

A tenor del artículo 28.2.a) del MLI, el Reino de España formula las siguientes reservas en relación con el ámbito de los casos que pueden optar al arbitraje según lo dispuesto en la Parte VI.

1. El Reino de España se reserva el derecho de excluir del ámbito de aplicación de la parte VI los casos que conlleven la aplicación de normas antiabuso en un convenio fiscal comprendido, con las modificaciones introducidas por el Convenio o la legislación interna. A estos efectos, las normas antiabuso contenidas en la legislación interna incluirán los casos a los que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre). También estarán comprendidas las normas posteriores que sustituyan, modifiquen o actualicen dichas normas. El Reino de España notificará al Depositario dichas normas posteriores.

2. El Reino de España se reserva el derecho de excluir del ámbito de aplicación de la Parte VI los casos en los que se dé una conducta por la que una persona directamente afectada por el asunto haya sido objeto, mediante resolución definitiva resultante de un procedimiento judicial o administrativo, de una sanción por fraude fiscal, incumplimiento doloso o negligencia grave. A estos efectos, tendrán la consideración de sanciones por fraude fiscal, incumplimiento doloso o negligencia grave las reguladas por los artículos:

  • I. 305 y 305 bis del Código Penal;
  • II. 191, 192 y 193 de la Ley General Tributaria siempre que concurra algún criterio de calificación a los que se refiere el artículo 184 de la Ley General Tributaria;
  • III. 18.13.2º de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que concurra algún criterio de calificación a los que se refiere el artículo 184 de la Ley General Tributaria. A estos efectos, las referencias en el citado artículo 184 de la Ley General Tributaria a las declaraciones deberán entenderse realizadas a la documentación de precios de transferencia.

No obstante lo establecido en la letra iii), no tendrá consideración de sanciones por fraude fiscal, incumplimiento doloso o negligencia grave la sanción por infracción derivada de la presentación de documentación incompleta cuando no dificulte gravemente la cuantificación o determinación del valor de mercado.

También estarán comprendidas las normas posteriores que sustituyan, modifiquen o actualicen dichas normas. El Reino de España notificará al Depositario dichas normas posteriores.

3. El Reino de España se reserva el derecho de excluir del ámbito de aplicación de la parte VI los casos de precios de transferencia que comprendan elementos de renta o patrimonio que no estén sujetos a impuestos en [un Estado] contratante, ya sea porque no están incluidos en la base imponible de [ese Estado] contratante o porque están exentos o se les aplica un tipo impositivo cero establecido únicamente en virtud de la legislación interna tributaria específica para ese elemento de la renta o del patrimonio de ese Estado contratante.

4. El Reino de España se reserva el derecho de excluir del ámbito de aplicación de la parte VI los casos que puedan optar al arbitraje según lo dispuesto en el Convenio sobre eliminación de la doble imposición en caso de rectificación de beneficios entre empresas asociadas (90/436/CEE), modificado, u otra norma posterior.

5. El Reino de España se reserva el derecho de excluir del ámbito de aplicación de la parte VI los casos que las autoridades competentes de [ambos Estados] contratantes convengan que no sean adecuados para su resolución mediante arbitraje. Dicho acuerdo debe alcanzarse antes de la fecha en la que, en otro caso, se hubiera iniciado el procedimiento arbitral y se le notificará a la persona que presente el caso.

A tenor del artículo 28.2.a) del MLI, Singapur formula las siguientes reservas en relación con el ámbito de los casos que pueden optar al arbitraje según lo dispuesto en la Parte VI.

a) La República de Singapur se reserva el derecho a excluir del ámbito de aplicación de la Parte VI (Arbitraje) los casos que conlleven la aplicación de las normas internas generales antielusión contenidas en el artículo 33 de la Ley relativa al Impuesto sobre la Renta, en su jurisprudencia y doctrina jurídica. También estarán comprendidas las normas posteriores que sustituyan, modifiquen o actualicen dichas normas antielusión. La República de Singapur notificará al Depositario dichas normas posteriores.

b) Cuando una reserva formulada por la otra Jurisdicción Contratante a un convenio fiscal comprendido a tenor del artículo 28.2.a) se refiera exclusivamente a su legislación nacional (incluidas las disposiciones legislativas, la jurisprudencia, la doctrina jurídica y las sanciones), la República de Singapur se reserva el derecho a excluir del ámbito de aplicación de la Parte VI del Convenio aquellos casos que estarían excluidos de dicho ámbito de aplicación si la reserva de la otra Jurisdicción contratante se hubiera formulado en referencia a disposiciones análogas de la legislación interna de la República de Singapur o a otras posteriores que las sustituyan, modifiquen o actualicen. La autoridad competente de la República de Singapur instituirá un proceso de consulta con la autoridad competente de la otra Jurisdicción contratante para especificar en el acuerdo concluido en virtud del artículo 19.10 cualquier disposición análoga que exista en la legislación interna de la República de Singapur.

Artículo 24 Intercambio de información

1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no está limitado por los artículos 1 y 2.

2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a dichos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o de la supervisión de tales actividades. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.

3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

  • (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante;
  • (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante;
  • (c) suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional, o un procedimiento industrial, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public).

4. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, pero en ningún caso los Estados contratantes podrán interpretar tales limitaciones como base para denegar el intercambio de información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.

5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado contratante denegar el intercambio de información únicamente por que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.

Artículo 25 Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares

Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho internacional o en virtud de las disposiciones de acuerdos especiales.

El siguiente apartado 1 del artículo 7 del MLI reemplaza a la letra d) del punto I del Protocolo de este Convenio:
ARTÍCULO 7 – IMPEDIR LA UTILIZACIÓN ABUSIVA DE LOS CONVENIOS
No obstante las disposiciones [del Convenio], los beneficios concedidos en virtud del mismo no se otorgarán respecto de un elemento de renta cuando sea razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, que el acuerdo u operación que directa o indirectamente genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención del mismo, excepto cuando se determine que la concesión del beneficio en esas circunstancias es conforme con el objeto y propósito de las disposiciones pertinentes [del Convenio].

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales

Artículo 26 Entrada en vigor

1. Los gobiernos de los Estados contratantes se notificarán mutuamente, por conducto diplomático, que se han cumplido los procedimientos internos exigidos en cada Estado contratante para la entrada en vigor del presente Convenio.

2. El Convenio entrará en vigor transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última notificación a que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones se aplicarán:

  • (a) en el caso de España:
    • (i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas a no residentes, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
    • (ii) en relación con otros impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor; y
    • (iii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero de año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor;
  • (b) en el caso de Singapur:
    • (i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el Convenio entre en vigor;
    • (ii) en todos los restantes casos, desde el 1 de enero del año civil subsiguiente a la fecha en la que el Convenio entre en vigor.

Artículo 27 Denuncia

El presente Convenio permanecerá en vigor hasta su denuncia por uno de los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes podrá proceder a su denuncia mediante notificación dirigida al otro Estado contratante, por conducto diplomático, al menos con seis meses de antelación al final de cualquier año civil que comience una vez transcurrido un plazo de cinco años desde la fecha en que el Convenio entre en vigor. En tal caso, el Convenio dejará de surtir efecto:

  • (a) en el caso de España:
    • (i) en relación con los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o debidas a no residentes, una vez concluido ese año civil;
    • (ii) en relación con otros impuestos, sobre los ejercicios fiscales que comiencen a partir de la conclusión de ese año civil; y
    • (iii) en todos los restantes casos, a partir del final de ese año civil;
  • (b) en el caso de Singapur:
    • (i) en relación con los impuestos exigibles en cualquier ejercicio de liquidación que comience desde el 1 de enero del segundo año civil siguiente al año en el que el que se notifique la denuncia;
    • (ii) en todos los restantes casos, desde la conclusión de ese año civil.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho por duplicado en Singapur el 13 de abril 2011 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos los textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España,
Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y Comercio
Por la República de Singapur,
Lee Yi Shyan, Ministro de Estado, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Comercio e Industria

Protocolo

En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:

I. Derecho a acogerse a los beneficios del Convenio:

(a) El presente Convenio no se interpretará en el sentido de impedir a un Estado contratante aplicar las disposiciones de su normativa interna relativas a la prevención de la evasión y elusión fiscales.

(b) Los Estados contratantes entienden que sus normas y procedimientos de Derecho interno respecto a los abusos de la norma (comprendidos los convenios fiscales) son aplicables al tratamiento de tales abusos.

(c) El presente Convenio no impedirá a los Estados contratantes aplicar sus normas internas relativas a la transparencia fiscal internacional «Controlled Foreign Company rules» (CFC).

[REEMPLAZADO por el apartado 1 del artículo 7 del MLI] [(d) Las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 no se aplican cuando el fin primordial de cualquier persona relacionada con la creación o cesión de las acciones u otros derechos que generen la participación en los dividendos, la creación o cesión del crédito que genera los intereses, la creación o cesión del derecho que genera los cánones, sea el de conseguir los beneficios contenidos en estos artículos mediante dicha creación o cesión.]

2. En relación con el presente Convenio:

La expresión «entidad pública» significa una entidad constituida por precepto legal en un Estado contratante, en una subdivisión política o entidad local, y que desarrolla funciones que de otro modo hubieran sido competencia de la Administración de ese Estado contratante.

3. En relación con el apartado 2 del artículo 10 (Dividendos) y el apartado 5 (b) del artículo 13 (Ganancias de capital), se entenderá que la expresión «entidad cotizada de inversión inmobiliaria» significa:

  • (a) en Singapur: un fideicomiso constituido como instrumento de inversión colectiva, aprobado en virtud del artículo 286 de la Securities and Futures Act (Ley de Valores y Futuros), capítulo 289, que cotiza en el Mercado de Singapur (Singapur Exchange), y que invierte o tiene como objetivo invertir en bienes inmuebles y en activos relacionados con bienes inmuebles;
  • (b) en España, las Sociedades Anónimas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), reguladas mediante Ley 11/2009.

4. En relación con el presente Convenio:

  • (a) cuando este Convenio establezca (con la concurrencia o no de otras condiciones) que la renta de fuente española estará exenta de imposición en España, o se gravará a un tipo reducido, y de acuerdo con la legislación vigente en Singapur dicha renta esté sujeta a imposición por razón de aquella parte de la misma que se remita a Singapur, o que se perciba en Singapur, y no sobre el total de la misma, la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará únicamente a aquella parte de la renta remitida a Singapur o que allí se perciba.
  • (b) No podrá interpretarse que el subapartado (a) anterior se aplica:
    • (i) cuando Singapur considere exentas las rentas a las que se hace referencia en el apartado 2(c) del artículo 21; en ese caso la exención o reducción impositiva concedida en virtud del presente Convenio en España se aplicará al importe de la renta procedente de fuente española exenta en Singapur; y
    • (ii) a la renta obtenida por el Estado de Singapur, sus entidades públicas, el Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd, el Banco Central de Singapur, o por aquellas personas que determinen mediante acuerdo las autoridades competentes de los Estados contratantes.

5. En relación con el artículo 24 (Intercambio de información):

  • (a) Cada Estado contratante garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 24 (Intercambio de información), sus autoridades competentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento, información relativa a la propiedad legal y efectiva de cualquier persona.
  • (b) La autoridad competente de un Estado contratante remitirá al otro Estado contratante la información solicitada tan pronto como sea posible.
  • (c) El tiempo que transcurra desde la petición de la información hasta su recepción por el Estado contratante que la solicitó no será considerado a los efectos del cálculo de los límites temporales previstos en la legislación fiscal española respecto de los procedimientos fiscales de la Administración Tributaria.

6. En relación con el artículo 26 (Entrada en vigor), se entenderá que lo dispuesto en el artículo 24 (Intercambio de información) del Convenio, permite el intercambio de información respecto de cualquier ejercicio fiscal determinado conforme a la legislación del Estado contratante que la solicite.

En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo.
Hecho por duplicado en Singapur el 13 de abril 2011 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos los textos igualmente auténticos.