Sumario

I

El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el r間imen de los trabajadores para la prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s, dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, de 11 de diciembre de 2014, reca韉a en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracci髇 2009/4052).

El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, produce un claro efecto sobre el r間imen de funcionamiento de las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s que operan en el sector, cuya obligaci髇 de pertenecer a las Sociedades An髇imas de Gesti髇 de Estibadores Portuarios (SAGEP) desaparece, al tiempo que tiene un indudable efecto sobre la situaci髇 laboral de los trabajadores de la estiba portuaria, en la medida en que su contrataci髇 deja de hacerse de forma prioritaria a trav閟 de las referidas SAGEP.

Ahora bien, teniendo en cuenta el cambio sustancial que implicaba la nueva regulaci髇 del sector, el propio Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea anteriormente referenciada, con objeto de que pudiera llevarse a cabo un tr醤sito ordenado, reconoci� un per韔do transitorio de adaptaci髇 de tres a駉s, a contar desde el 14 de mayo de 2017, facilitando la estabilidad del empleo de los trabajadores de las SAGEP, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos, en el tr醤sito al nuevo escenario de libertad competitiva.

En este mismo sentido, a fin de posibilitar una r醦ida adaptaci髇 al car醕ter irregular de la prestaci髇 de los trabajadores portuarios, y sin perjuicio de la actividad de las empresas de trabajo temporal, el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, estableci� en su art韈ulo 4 la posibilidad de crear centros portuarios de empleo (CPE) cuyo objetivo habr� de ser la contrataci髇 de trabajadores portuarios para ser puestos a disposici髇 de empresas titulares de licencia de prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s o de autorizaci髇 de servicios comerciales portuarios, a馻diendo seguidamente que a dichos centros portuarios de empleo les ser醤 de aplicaci髇 la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo temporal, y la restante normativa aplicable a estas empresas.

Transcurridos casi dos a駉s desde la entrada en vigor de la norma y cuando apenas queda un a駉 para la conclusi髇 del per韔do transitorio, se ha realizado un an醠isis de la evoluci髇 y situaci髇 actual del sector tanto desde el punto de vista de la competencia como del empleo, poni閚dose de manifiesto la necesidad de completar la regulaci髇 normativa a fin de garantizar un r間imen de libre competencia en un marco laboral que asegure tanto la continuidad, regularidad y calidad del servicio manipulaci髇 de mercanc韆s como la protecci髇 de los trabajadores. Competencia, calidad en el empleo y protecci髇 de los trabajadores son reconocidos como principios y objetivos en la normativa de la Uni髇 Europea. As�, el art韈ulo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) declara incompatibles con el mercado interior y quedar醤 prohibidos 玹odos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las pr醕ticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior�. Pero al mismo tiempo, las disposiciones de la Uni髇 Europea reconocen la necesidad de legislaciones nacionales que garanticen la protecci髇 de los derechos de los trabajadores y el logro de los objetivos contemplados en el art韈ulo 145 del TFUE, 玡n particular, potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio econ髆ico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el art韈ulo 3 del Tratado de la Uni髇 Europea�.

Por tanto, resulta esencial y urgente completar la regulaci髇 incluida en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, con los mismos principios que inspiraron el mismo. Es decir, con el objetivo de conjugar los principios de libertad de contrataci髇 con los derechos de los trabajadores, de manera que se produzca un tr醤sito ordenado al nuevo marco en el que la aplicaci髇 de los principios del Derecho de la Uni髇 Europea inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales b醩icos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector.

A tales efectos, para la regulaci髇 de las medidas contempladas en el presente real decreto-ley se han tenido en cuenta ambos principios y objetivos, realizando un an醠isis de competencia de acuerdo con los criterios y herramientas para la evaluaci髇 de la competencia de la OCDE, que a su vez recoge los principios b醩icos internacionalmente aceptados para establecer una regulaci髇 eficiente y favorecedora de la competencia: (i) Principio de necesidad y proporcionalidad; (ii) Principio de m韓ima distorsi髇; (iii) Principio de eficacia; (iv) Principio de transparencia; y (v) Principio de predictibilidad.

De acuerdo con el primero de los principios, se ha considerado que, toda norma que introduzca restricciones a la competencia debe venir precedida de una definici髇 de sus objetivos y de una clara justificaci髇 de la introducci髇 de las restricciones (existencia de una relaci髇 de causalidad entre la restricci髇 a la competencia y la consecuci髇 del objetivo). En el presente supuesto, se considera que la norma propuesta no introduce restricciones a la competencia, pero, aun as�, cada medida cumple con el principio de necesidad como se justificar� a lo largo del expositivo.

En segundo lugar, ese mismo principio de necesidad y proporcionalidad pretende evitar que los instrumentos en que se materializa una posible restricci髇 supongan solo una mejora relativa o marginal en t閞minos de bienestar social pero que, al mismo tiempo, generen un grave da駉 en 閟te debido a las importantes restricciones a la actividad econ髆ica que imponen. En aplicaci髇 de este principio en derecho espa駉l y en relaci髇 con el caso concreto, ha de tenerse en cuenta el art韈ulo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garant韆 de la unidad de mercado (LGUM). Este art韈ulo dispone que cualquier l韒ite establecido a una actividad econ髆ica deber� motivar su necesidad en una de las razones imperiosas de inter閟 general del art韈ulo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Asimismo, deber� ser proporcionado a la raz髇 invocada y habr� de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad econ髆ica.

La sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014, reca韉a en el asunto C- 576/13, produce un claro efecto sobre el r間imen de funcionamiento de las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s que operan en el sector, cuya obligaci髇 de pertenecer a las Sociedades An髇imas de Gesti髇 de Estibadores Portuarios (SAGEP) desaparece, al tiempo que tiene un indudable efecto sobre la situaci髇 laboral de los trabajadores de la estiba portuaria, en la medida en que su contrataci髇 deja de hacerse de forma prioritaria a trav閟 de las SAGEP. Sin perjuicio de la obligaci髇 del Reino de Espa馻 de cumplir con dicha sentencia, se hace preciso conjugar en la aplicaci髇 la doble dimensi髇, empresarial y laboral, de manera que se produzca un tr醤sito ordenado a un nuevo marco en el que la aplicaci髇 de los principios del Derecho de la UE inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales b醩icos de los trabajadores y facilitando la estabilidad en el empleo. Se trata, por tanto, de buscar el punto de equilibrio en la aplicaci髇 pr醕tica de la mencionada sentencia, evitando la situaci髇 de conflicto entre las libertades econ髆icas y los derechos sociales, unas y otros amparados y soporte del acervo comunitario, o al menos reduciendo al m韓imo sus efectos. No cabe duda de que se trata de una de las razones imperiosas de inter閟 general que integran el contenido del mencionado precepto (art韈ulo 5 de la LGUM) por remisi髇 al art韈ulo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en su apartado 11, sobre la protecci髇 de los derechos y la seguridad de los trabajadores.

Y ello se hace respetando los criterios del principio de m韓ima distorsi髇, segundo de los analizados, por cuanto se remiten distintas cuestiones relativas a la organizaci髇 de la actividad productiva al 醡bito de la negociaci髇 colectiva; cumpliendo as�, con la exigencia de los Tratados de la Uni髇 Europea, cuando se馻lan que, para abordar las cuestiones laborales, la v韆 prioritaria ha de ser la negociaci髇 y acuerdo entre representantes de los agentes implicados (empresarios y trabajadores). Estas remisiones a la negociaci髇 se introducen en los art韈ulos 3 y 4 de este real decreto-ley.

De manera excepcional, y teniendo en cuenta la singularidad del sector –y en particular la naturaleza coercitiva de la pertenencia a las SAGEP hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo,– se otorga a los agentes sociales la posibilidad de establecer la subrogaci髇 obligatoria de parte del personal de las SAGEP para casos en los que ciertas empresas deseen separarse de estas, posibilidad que podr� ejercerse durante el periodo transitorio establecido en el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo. Se prev�, para dicho supuesto, que los sistemas de asignaci髇 de trabajadores a las empresas salientes deban ser transparentes, objetivos y equitativos. Se trata, pues, de una potestad extraordinaria justificada por ciertos rasgos exclusivos del sector y 鷑icamente aplicable durante el proceso de transici髇 a la liberalizaci髇 del mismo.

El principio de eficacia supone la capacidad de la norma de alcanzar los objetivos o efectos que se desea y en el presente caso, la conjugaci髇 de la remisi髇 a la negociaci髇 colectiva para garantizar la estabilidad en el empleo produce el efecto querido de la transici髇 ordenada en el plano laboral hacia la apertura de la competencia, que se refuerza con las medidas establecidas en los art韈ulos 3 y 4 de este real decreto-ley.

El principio de transparencia implica la existencia de transparencia y claridad en el marco normativo, en el proceso de elaboraci髇 de las normas y en su ejecuci髇.

El principio de predictibilidad comporta ofrecer a los operadores un marco estable y s髄ido, sin incertidumbres, que les proporcione seguridad jur韉ica, lo cual se logra dado el rango de la norma que se aprueba y el objetivo y 醡bito de esta, consolidar el marco de liberalizaci髇 de los trabajadores para la prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s iniciado con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo.

Se ha comprobado, igualmente, adem醩 de los anteriores principios, que las medidas de car醕ter permanente incluidas en la norma proyectada no producen efectos negativos sobre la competencia, por los siguientes factores: (i) no se produce una limitaci髇 del n鷐ero o variedad de proveedores. Si bien se exige a los socios de los centros portuarios de empleo, en el nuevo art韈ulo 18 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que introduce el apartado Dos del art韈ulo 2, que estos deber醤 obtener o ser titulares de la licencia de prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s otorgada de acuerdo con los art韈ulos 109 y siguientes del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya, no supone una restricci髇 a la competencia, puesto que para tal prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s ya es imprescindible obtener dicha licencia y, por otro lado, los centros portuarios de empleo convivir醤 con las empresas de trabajo temporal. La libertad y la competencia de los agentes en este sector resulta as� preservada; (ii) los centros portuarios de empleo y las empresas temporales de empleo compiten en plena igualdad de condiciones, por lo que no se limita la capacidad competitiva de los agentes del sector; (iii) no se reducen los incentivos de los agentes para competir; y (iv) no afecta las alternativas e informaci髇 de los consumidores.

II

Con el objeto de permitir una r醦ida adaptaci髇 al car醕ter irregular de la prestaci髇 de los trabajos portuarios, y sin perjuicio de las empresas de trabajo temporal u otras que est閚 constituidas o puedan constituirse a estos efectos con arreglo a la legislaci髇 vigente, el art韈ulo 4 del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, prev� la posible creaci髇 de centros portuarios de empleo (en adelante, CPE) cuyo objeto sea el empleo de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s, as� como su cesi髇 temporal a empresas titulares de licencia de prestaci髇 del servicio portuario. Su creaci髇 requerir� la obtenci髇 de la autorizaci髇 exigida en el art韈ulo 2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo temporal.

Al mismo tiempo, la disposici髇 transitoria primera del mismo Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, establece un per韔do transitorio de adaptaci髇 de tres a駉s, durante el cual las actuales SAGEP pod韆n subsistir, salvo que se extinguieran previamente, manteniendo su objeto social de puesta a disposici髇 de trabajadores portuarios a titulares de licencias del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s o de autorizaci髇 para la prestaci髇 de servicios comerciales, independientemente de que sean o no accionistas. Expirado dicho per韔do transitorio, las SAGEP que permanezcan podr醤 extinguirse o continuar su actividad, obteniendo la autorizaci髇 exigida en el art韈ulo 2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio.

El art韈ulo 2 contiene las modificaciones necesarias de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal con el fin de adaptar la actual regulaci髇 legal de las empresas de trabajo temporal a las especialidades que presentan los centros portuarios de empleo. Para ello se modifica, en primer lugar, el art韈ulo 1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, con el fin de integrar dentro del concepto de empresa de trabajo temporal la figura de los centros portuarios de empleo, y en segundo lugar se a馻de un nuevo cap韙ulo V en dicha Ley donde espec韋icamente se definen y regulan las caracter韘ticas y modo de funcionamiento de los centros portuarios de empleo. Se garantiza as� que todos los operadores, CPE y ETT, compitan en igualdad de condiciones en la prestaci髇 de servicios de puesta a disposici髇.

Dos son los elementos fundamentales que justifican la singularidad de las reglas contenidas en este nuevo cap韙ulo V:

El primero, la limitaci髇 del 醡bito funcional o sectorial en el que van a poder operar los centros portuarios de empleo, que queda reducido a la actividad de la estiba portuaria. A diferencia del car醕ter multisectorial que pueden presentar las usuarias de las empresas de trabajo temporal, los trabajadores que ocupen los CPE 鷑icamente van a poder ser puestos a disposici髇 de empresas titulares de licencia de prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s o de autorizaci髇 de servicios comerciales portuarios.

La segunda especialidad, de no menor relevancia, la constituye el hecho de que la gran mayor韆 del personal perteneciente a los CPE cuenta con un contrato de trabajo por tiempo indefinido. El tr醤sito ordenado de los estibadores portuarios desde las anteriores SAGEP a los nuevos CPE va a implicar la incorporaci髇 a la plantilla de estos 鷏timos de un contingente de trabajadores con un contrato fijo, realidad que necesariamente ha de tenerse en cuenta en la regulaci髇 de esta figura.

Por todo ello, manteniendo la obligaci髇 de los CPE de obtener la correspondiente autorizaci髇 administrativa, se introducen en el cap韙ulo V regulador de los centros portuarios de empleo algunas especialidades en materia de estructura organizativa y garant韆 financiera que respondan a las singularidades antes mencionadas.

A lo anterior se a馻den algunas singularidades en relaci髇 con el cumplimiento de las obligaciones de informaci髇 y de tipo documental, con el doble fin de evitar que supongan un elemento de distorsi髇 y de contribuir a una mayor agilidad y eficacia en la gesti髇 tanto de las contrataciones como de las correspondientes puestas a disposici髇.

La regulaci髇 se completa con la adici髇 de una nueva disposici髇 adicional en la que se prev� que a las empresas de trabajo temporal que desarrollen actividad en el sector portuario se les apliquen las singularidades de la nueva regulaci髇 de los CPE en materia de estructura organizativa y garant韆 financiera, respecto de los trabajadores del sector.

Para abordar la dimensi髇 laboral, los propios Tratados de la Uni髇 Europea se馻lan, como se ha indicado anteriormente, que la v韆 prioritaria ha de ser la de la negociaci髇 y el acuerdo entre los representantes de los agentes implicados, las empresas y los trabajadores portuarios, al mismo tiempo que las normas de desarrollo la Uni髇 Europea reconocen igualmente la necesidad de disposiciones para proteger a los trabajadores en supuestos concretos, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos. Libertad de establecimiento y protecci髇 de los derechos de los trabajadores se convierten en pilares b醩icos de este proceso de transformaci髇 del sector.

En primer lugar, el art韈ulo 3 reconoce a las empresas titulares de la licencia de servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s, en su condici髇 de empleadoras, el ejercicio de las facultades de direcci髇, organizaci髇 y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 20 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante, TRLET) entre las cuales se entiende incluida la de designar al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias.

El art韈ulo 4 recoge expresamente dos supuestos en los que las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales podr醤 establecer las medidas necesarias para el mantenimiento de los derechos de los trabajadores con el fin de garantizar el principio de estabilidad y calidad en el empleo, as� como la protecci髇 de los derechos de los trabajadores: el primero, cuando las empresas titulares de las licencias del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s opten por dejar de ser accionistas de las SAGEP, produci閚dose el decrecimiento de la actividad de esta. Esta opci髇 podr醤 efectuarla hasta la finalizaci髇 del per韔do transitorio que concluye el 14 de mayo de 2020 habida cuenta que llegado ese momento deber醤 extinguirse o transformarse en CPE; el segundo, cuando las SAGEP opten por transformarse en CPE, opci髇 que igualmente deber� realizarse dentro del mismo l韒ite temporal.

Por tanto, la norma recoge una habilitaci髇 legal a que, a trav閟 de la negociaci髇 colectiva, se pueda acordar una subrogaci髇 obligatoria de trabajadores, en el primero de los casos, cuando las empresas titulares de las licencias del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s opten por dejar de ser accionistas de las SAGEP, produci閚dose el decrecimiento de la actividad. Esta habilitaci髇 tendr� una vigencia temporal limitada dado que finalizar� cuando concluya el per韔do transitorio de adaptaci髇 de tres a駉s que reconoci� el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y aplicable 鷑icamente a los trabajadores que, a la entrada en vigor de aquel, estuvieran prestando servicios portuarios de manipulaci髇 de mercanc韆s y sigan prest醤dolo a la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

Desde la perspectiva de la normativa de la Uni髇 Europea, debe destacarse que el TFUE establece como una de las libertades fundamentales la libertad de establecimiento. Esta libertad, solo puede ser restringida por razones imperiosas de inter閟 general, y precisamente la protecci髇 de los derechos de los trabajadores es una de estas razones, tal y como ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea en numerosas ocasiones (v閍nse, entre otros, la sentencia de 11 de diciembre de 2007, reca韉a en el asunto C-438/05; los casos acumulados C 369/96 y C 376/96 Arblade y otros [1999] ECR I 8453, p醨rafo 36; Caso C 165/98 Mazzoleni e ISA [2001] ECR I 2189, p醨rafo 27; Casos C 49/98, C 50/98, C 52/98 a C 54/98 y C 68/98 a C 71/98, Finalarte y otros [2001] Rec. I 7831, p醨rafo 33). A estos efectos, la necesidad de garantizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores y sus derechos adquiridos, permitiendo la competitividad del sector en una situaci髇 transitoria es el objetivo principal de esta disposici髇. Es el inter閟 superior de protecci髇 de los trabajadores lo que justifica esta medida adicional para el marco jur韉ico del sector de la estiba en Espa馻. En todo caso, la concreci髇 de la subrogaci髇 deber� hacerse v韆 convenio colectivo y el mecanismo subrogatorio que, en su caso, pueda acordarse deber� ser transparente, objetivo y equitativo, tal y como recoge expresa y espec韋icamente el art韈ulo 4, respetando as� los criterios de transparencia, objetividad e igualdad de trato recogidos en la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo, de aproximaci髇 de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, traspuesta actualmente en nuestro ordenamiento nacional en el art韈ulo 44 del TRLET.

El segundo de los supuestos previstos en el art韈ulo 4 del presente real decreto-ley, cuando las SAGEP se transformen en CPE, dota igualmente de seguridad jur韉ica el per韔do transitorio de adaptaci髇. Como se ha indicado anteriormente, durante el per韔do transitorio las SAGEP pueden transformarse en CPE. Asimismo, finalizado el per韔do transitorio las SAGEP que no se hayan extinguido, podr醤 continuar su actividad obteniendo las autorizaciones exigidas por la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo temporal. En estos casos, la entidad econ髆ica mantiene su identidad, esto es, mantiene su objeto consistente en el empleo de trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a disposici髇, de forma temporal, de empresas titulares de licencia de prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s. Por tanto, es necesaria la aplicaci髇 de las disposiciones que, tanto desde la perspectiva de la Uni髇 Europea como en su trasposici髇 al ordenamiento nacional, se han aprobado para proteger a los trabajadores y garantizar el mantenimiento de sus derechos, en los t閞minos previstos en la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo, anteriormente referenciada, y, en consecuencia, en el art韈ulo 44 del TRLET.

El art韈ulo 5 modifica el art韈ulo 3.1 del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, para recoger que los alumnos que se encuentren cursando el certificado de profesionalidad de 玂peraciones portuarias de carga, descarga, desestiba y transbordo� puedan, a trav閟 de un contrato para la formaci髇 y el aprendizaje realizar labores de estiba y acreditar las horas necesarias para el m骴ulo de pr醕ticas laborales no profesionales.

Finalmente, el real decreto-ley incluye dos disposiciones adicionales, una disposici髇 derogatoria y cuatro disposiciones finales.

La disposici髇 adicional primera establece la necesidad de que el Ministerio de Fomento remita anualmente a la Comisi髇 Delegada del Gobierno para Asuntos Econ髆icos un informe que recoja la evoluci髇 de la liberalizaci髇 del sector de la estiba.

La disposici髇 adicional segunda establece un plazo de nueve meses para la adaptaci髇 al presente real decreto-ley de las normas convencionales vigentes.

La disposici髇 derogatoria afecta a dos disposiciones del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, que quedan sustituidas por la regulaci髇 recogida en el presente real decreto-ley.

La disposici髇 final primera corresponde al t韙ulo competencial.

La disposici髇 final segunda pretende recoger una singularidad en el art韈ulo 75 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A閞ea, de manera que la existencia de un m韓imo de operaci髇 en el concepto de aterrizaje y servicios en tr醤sito de aer骴romo no penalice al transporte comercial en helic髉tero que se realiza en los helipuertos de Ceuta y Algeciras, siendo urgente su adopci髇 para reducir la presi髇 sobre los operadores de helic髉teros que prestan el servicio en los helipuertos de Ceuta y Algeciras, contribuyendo por tanto a que tales servicios puedan resultar viables econ髆icamente y beneficiar claramente la cohesi髇 territorial y la conectividad de ambas regiones, por cuanto permite el transporte por v韆 a閞ea de los ciudadanos, en particular de Ceuta con la Pen韓sula, no existiendo en la pr醕tica un modo de transporte a閞eo alternativo para estos territorios, al no disponer de una infraestructura aeroportuaria que permita la operaci髇 de aeronaves diferentes a los helic髉teros.

La disposici髇 final tercera modifica el art韈ulo 67 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social a fin de adaptar la declaraci髇 de Servicios y Estudios para la Navegaci髇 A閞ea, SME (SENASA), como medio propio a la nueva regulaci髇 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, resultando necesario e inaplazable dicha adaptaci髇 con el fin de dotar a las autoridades nacionales en materia de seguridad aeron醬tica del instrumento necesario para dar una adecuada respuesta a las crecientes exigencias en materia de seguridad a閞ea, con fuertes crecimientos en el tr醘ico a閞eo, diversos cambios tecnol骻icos y regulatorios.

La disposici髇 final cuarta establece que el real decreto-ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

III

Tanto la modificaci髇 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal como la conclusi髇 de la adaptaci髇 del r間imen de los trabajadores para la prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s es esencial para poder culminar la transformaci髇 o extinci髇 de las SAGEP garantizando la estabilidad en el empleo, en un marco de libre competencia, antes de la finalizaci髇 del per韔do transitorio y por tanto, constituye una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica una acci髇 normativa del Gobierno al amparo del art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la.

En efecto, el requisito de la extraordinaria necesidad concurre al ser imprescindible por la necesidad de dar de manera urgente seguridad al r間imen jur韉ico de la estiba, garantizando la transici髇 ordenada en el proceso de transformaci髇 o extinci髇 de las SAGEP. Dicha necesidad se impone como una obligaci髇 al legislador, que no puede ser desatendida por su importancia esencial para el desenvolvimiento normal de la actividad de la estiba en los puertos.

Respecto al presupuesto habilitante de urgencia en la aprobaci髇 de este real decreto-ley, es inaplazable pues la indeterminaci髇 en que se encuentra el r間imen jur韉ico aplicable ha causado una gran inestabilidad en el sector. Es preciso poner fin a dicha situaci髇.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que con la aprobaci髇 del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el r間imen de los trabajadores para la prestaci髇 del servicio portuario de manipulaci髇 de mercanc韆s, se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea de 11 de diciembre de 2014, reca韉a en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracci髇 2009/2045). Sin embargo, a partir de la tramitaci髇 del desarrollo reglamentario referido en la citada norma y la denuncia presentada ante la Comisi髇 con los riesgos de apertura de un nuevo procedimiento de infracci髇 consecuencia de esta, el seguimiento de las instituciones comunitarias sobre las reformas en el sector se ha intensificado en este 鷏timo per韔do, instando a las autoridades nacionales a garantizar la efectividad del nuevo marco.

De todo lo anterior resulta que, en este caso, el real decreto-ley representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional, que subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por su naturaleza y finalidad, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuestos habilitantes para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

Asimismo, el presente real decreto-ley respeta los l韒ites constitucionalmente establecidos para el uso de este instrumento normativo, pues no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al derecho electoral general.

En este sentido, debe indicarse que las materias que se abordan han sido modificadas en el pasado, atendiendo a razones de urgente necesidad, a trav閟 de este instrumento, como el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo.

De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, el real decreto-ley se ajusta a los principios de buena regulaci髇 y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, existiendo fundadas razones de inter閟 general para su aprobaci髇.

Por una parte, resulta evidente el principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas contempladas en esta norma, tanto de regulaci髇 de las especificidades de las empresas de trabajo temporal en el 醡bito de la estiba como de medidas de organizaci髇 del trabajo de la estiba y estabilidad del empleo, se ajustan plenamente al objetivo que pretende conseguirse mediante este instrumento. Asimismo, cumple los principios de seguridad jur韉ica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico nacional y de la Uni髇 Europea, asegurando su correcta incardinaci髇 y congruencia con la regulaci髇 vigente. Por lo dem醩, la norma es coherente con el principio de transparencia al haber cumplido estrictamente con los procedimientos exigidos en la tramitaci髇 de un decreto-ley.

Por otra parte, las medidas contenidas en el real decreto-ley son adecuadas y proporcionadas a las necesidades que exigen su dictado, sin que a estos efectos quepa considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, m醩 bien al contrario, tras la adopci髇 de esta norma con rango de ley se establecer醤 mejoras sustanciales en el 醡bito de la estiba.

Por 鷏timo, se hace necesario destacar que el pasado 20 de febrero de 2019 se aprob� por unanimidad en la Comisi髇 de Fomento del Congreso de los Diputados una Proposici髇 No de Ley por la que 玈e insta al Gobierno a utilizar los instrumentos jur韉icos necesarios para completar el r間imen jur韉ico de la estiba, de forma que, con el m醲imo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea, se incluyan las disposiciones necesarias, del rango normativo que se requiera, para dar cumplimiento al objetivo de conjugar los principios de libertad de contrataci髇 con los derechos de los trabajadores conforme dispuso la sentencia del TJUE de 11 de diciembre de 2014�. El presente real decreto-ley da respuesta a esta proposici髇 no de ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministro de Fomento y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 29 de marzo de 2019,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES