Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

ANEXO
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

El artículo 149.1.7 de la Constitución Española establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde en exclusiva al Estado, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

En la Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril de 2021 con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.

La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.

Así, el presente Plan Anual de Política de Empleo para 2021 (en adelante, PAPE 2021), concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas.

El PAPE 2021 recoge asimismo los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio experimentan una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.

El PAPE 2021 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.

Este Plan incorpora dentro de su planteamiento general el conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran contenidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, y en el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, sabiendo que como consecuencia de la incidencia económica y social de la COVID-19, los objetivos establecidos en los mismos no se han correspondido con la posibilidad real de llevarlos a cabo.

Asimismo, resulta imprescindible mencionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» las reformas e inversiones en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. Y, también, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.

Por otra parte, en el PAPE 2021 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indiciadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.

También, debe hacerse referencia a la situación provocada por la irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020, que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española y el mercado de trabajo, debido al importante peso relativo de los sectores más afectados por las caídas de movilidad y demanda, así como de la intensidad de las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus.

En este sentido, el Gobierno español, en línea con las medidas adoptadas a nivel europeo y en el marco del diálogo social y la coordinación con las administraciones territoriales, ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social.

Este conjunto de medidas ha permitido amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan las establecidas para personas trabajadoras y empresas en el marco de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han permitido un ajuste empresarial alternativo al despido, preservando buena parte del empleo y de las rentas de las familias.

Junto a estas medidas, la situación provocada por el COVID-19 condiciona la evolución de la política de empleo, dentro de la Estrategia de recuperación y transformación económica puesta en marcha por el Gobierno, para abordar tanto la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado como los retos del futuro.

Por su parte, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, remitido a la Unión Europea en abril de 2021 por el Gobierno, la coyuntura económica está marcada por el impacto de la pandemia, si bien se asume un compromiso con la estabilidad presupuestaria. La tercera ola de la pandemia ha retrasado la recuperación; conforme ha ido remitiendo, se han ido dando pasos a un progresivo levantamiento de la actividad hacia al final del primer trimestre, iniciando un momento de transición más intenso en la segunda parte del año, coincidente con la reincorporación al trabajo de personas trabajadoras en ERTE.

A su vez, el Programa Nacional de Reformas 2021 se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.

El Programa Nacional de Reformas 2021 fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.

Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.

En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.

Por tanto, este PAPE 2021 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2021, como son el Plan de Choque por el Empleo Joven, el Plan Reincorpora-t y, sobre todo, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

Este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socio-económica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.

Por otra parte, como resultado del trabajo realizado con los servicios públicos de empleo para delimitar los indicadores básicos de los Planes Anuales, se ha conseguido avanzar en la transparencia, representatividad, precisión, viabilidad y participación de todos los servicios públicos en su elaboración.

Dentro de las novedades que presenta el PAPE 2021, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada.

Las características generales del Plan son las siguientes:

• 1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
• 2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
• 3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
• 4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• 5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
• 6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.
• 7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.
• 8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
• 9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
• 10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de Garantía Juvenil resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
• 11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
• 12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.
• 13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.
• 14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.
• 15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.
• 16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.

En este PAPE 2021 se establecen cuatro tipos de objetivos: objetivos-clave, objetivos estratégicos o prioritarios, objetivos estructurales y objetivos presupuestarios/económicos:

• – En primer lugar, los objetivos clave, sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo. Se trata de objetivos de resultado comunes para el conjunto de la UE que permanecen estables durante todo el período de vigencia de la Estrategia y que coinciden con los aprobados en la Decisión N.^o 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE), por la que se crea la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea.
• – En segundo lugar, los objetivos estratégicos o prioritarios, son los que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Estos constituyen una referencia estable y recogen los puntos acordados por la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 sobre políticas de empleo, fueron asumidos por la Estrategia 2017-2020, y de acuerdo con ella corresponde al Gobierno su determinación con carácter anual, a través de los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo.
• – En tercer lugar, los objetivos estructurales, de naturaleza estable, son los que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo y se articulan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.
• – En cuarto y último lugar, se incluye un nuevo bloque de objetivos, los objetivos presupuestarios/económicos, alineados con algunas de las principales recomendaciones recibidas por el Sistema Nacional de Empleo como resultado de las principales evaluaciones de las que ha sido objeto en los últimos años. Asimismo, los objetivos e indicadores de este nuevo bloque permitirán, en el PAPE 2021 y en los siguientes, facilitar el carácter holístico de futuras evaluaciones, completando los aspectos cuantitativos definidos con mayor detalle en los bloques segundo y tercero.

Para lograr estos objetivos, las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el PAPE 2021 un total de 738 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el anexo I.

Así, los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan, se recogen de manera resumida en el Anexo II y de forma detallada en el Anexo III del mismo.

Por otra parte, en el anexo IV se incluye la dotación presupuestaria destinada a financiar los programas y servicios recogidos en el PAPE 2021 por ejes. De acuerdo al citado presupuesto, inicialmente, un total de 2.110.827,03 miles de euros, han sido objeto de distribución para su gestión por las Comunidades Autónomas de acuerdo a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.

Dentro de estos programas, que no se encuentran financiados por el MRR, se debe destacar el mantenimiento del programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección de empleo, así como la inclusión de un importante refuerzo en la financiación de programas de formación en alternancia con el empleo dirigidos prioritariamente para personas jóvenes.

Para concluir, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en su ámbito territorial, el PAPE incorporará, en forma paulatina, un modelo integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las políticas activas de empleo en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y a la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.

Para que este modelo de evaluación se incorpore eficazmente a cada PAPE será necesario un nuevo árbol de objetivos económicos, que complete los objetivos clave, estratégicos y estructurales, y la adopción paulatina de instrumentos de contabilidad analítica que permitan analizar la eficacia y eficiencia de los servicios y programas.

De este modo, además de la rendición de cuentas, el modelo de evaluación de las políticas activas de empleo facilitará la toma de decisiones y contribuirá a la mejora del desempeño, de la transparencia y de la difusión de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo. Los indicadores de evaluación constan en el anexo V del PAPE 2021.

Este Plan se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales Laborales de 21 de julio de 2021 y el informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, de 27 de julio de 2021, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Ministros.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 3 de diciembre de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, que se adjunta como anexo.

PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO 2021

1. Introducción

El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.

Una vez finalizado el período de vigencia de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, regulada por el Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, ha sido necesario elaborar la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (EEAAE) 2021-2024. La colaboración y el consenso del Sistema Nacional de Empleo y de los Interlocutores Sociales son un factor clave para el éxito de esta nueva Estrategia.

Tanto la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo como los Planes Anuales de Política de Empleo se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

De este modo, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de servicios públicos de empleo, al establecer un marco que garantiza la igualdad en el acceso y atención a los beneficiarios de las políticas de activación para el empleo en toda España, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para su adaptación a las características de los beneficiarios en las distintas comunidades autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.

En dicha Estrategia, elaborada de forma participativa en el seno del Sistema Nacional de Empleo e informada por la Conferencia Sectorial de 28 de abril con apoyo unánime de las Comunidades Autónomas, se reflejan las políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del Estado. Además, contiene el análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo, los principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar en materia de políticas de activación para el empleo, así como el marco presupuestario, fuentes de financiación y los criterios de gestión de los fondos.

La nueva Estrategia establece cinco objetivos estratégicos, y dentro de cada uno de éstos, se incluyen los objetivos específicos (un total de 15), que se desarrollan en distintas medidas (27 en total).

La finalidad última de la Estrategia es coordinar los esfuerzos que realizan los distintos agentes del Sistema Nacional de Empleo para mejorar su eficacia y eficiencia en la consecución de unos objetivos comunes para las políticas de activación, de conformidad con los principios recogidos en la misma.

Así, el presente Plan Anual de Política de Empleo 2021 (en adelante Plan 2021), concreta los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas. El Plan 2021 recoge asimismo los indicadores que se van a utilizar para valorar el grado de consecución de dichos objetivos, de forma que el Plan adquiere un carácter vertebrador en la gestión de las políticas de activación e incorpora un enfoque integrado de su planificación, ejecución y evaluación. De esta manera, se consolidan los cambios introducidos en Planes anteriores con respecto a los indicadores, que han sido objeto de una notable simplificación, y que en este ejercicio experimentan una mejora de la claridad y transparencia en el proceso de evaluación.

Este Plan incorpora dentro de su planteamiento general el conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se encuentran contenidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre de 2018, y en el Plan Reincorpora-T 2019-2021, Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración, aprobado el 5 de abril de 2019, sabiendo que como consecuencia de la incidencia económica y social de la COVID-19, los objetivos establecidos en los mismos no se han correspondido con la posibilidad real de llevarlos a cabo. Es imprescindible mencionar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el pasado 27 de abril, en el que se incluyen, dentro del componente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» las reformas e inversiones en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo. Y, también, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021 que se ha publicado por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social.

Por otra parte, en el Plan 2021 se ha tenido en cuenta el resultado de la segunda evaluación que se ha realizado por la Red de Servicios Públicos Europeos.

Las recomendaciones básicas que se realizan al Servicio Público de Empleo Estatal, son principalmente, promover la cooperación con los servicios públicos de las comunidades autónomas de forma más sistemática con una planificación por hitos, el establecimiento de un repositorio de buenas prácticas, y un intercambio sistemático de experiencias entre los distintos servicios públicos de empleo, invertir más en un análisis e investigación del mercado de trabajo con información fiable que permita la planificación más dirigida a las necesidades de las políticas activas por los distintos servicios públicos, reforzar el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal a través de distintas propuestas como pueden ser seminarios, introducir un sistema de seguimiento de la ejecución más adecuado con la simplificación del número de indicadores, definiendo objetivos cuantificables, que permitiría hacer un mejor seguimiento de la actividad y de la Agenda del cambio, mejorar el papel del Servicio Público de Empleo Estatal como facilitador de los procesos.

También se determinó, que para permitir servicios de calidad es importante una definición y establecimiento de un sistema común de perfilado y que el Servicio Público de Empleo Estatal pondrá a disposición de la Red de orientadores de los servicios públicos de empleo una herramienta, denominada Send@, que está en fase de pruebas y evaluación. Por otro lado, se recomienda una dirección sistemática de calidad basada en indicadores cualitativos y finalmente, el establecimiento de una misión, unos principios de actuación claros sobre la base de la EEAE y un enfoque que facilite su comunicación a todos los niveles.

Asimismo, la mejora de la eficacia de las Políticas Activas de Empleo requiere intensificar la orientación ya trazada hacia la evaluación, con indiciadores de esfuerzo e impacto que mejoren la medición de resultados.

También, debe hacerse referencia a la situación provocada por la irrupción del COVID-19 a partir de marzo de 2020, que ha tenido un fuerte impacto sobre la economía española y el mercado de trabajo, debido al importante peso relativo de los sectores más afectados por las caídas de movilidad y demanda, así como de la intensidad de las medidas de contención necesarias para frenar la expansión del virus.

En este sentido, el Gobierno español, en línea con las medidas adoptadas a nivel europeo y en el marco del diálogo social y la coordinación con las administraciones territoriales, ha adoptado sucesivos paquetes de medidas que conforman una respuesta decidida a la expansión del virus en el ámbito sanitario, económico y social.

Este conjunto de medidas ha permitido amortiguar el impacto social y económico de la pandemia, fundamentalmente a través de las medidas de sostenimiento de la actividad económica y de protección social de las personas trabajadoras. Entre estas medidas, destacan las establecidas para personas trabajadoras y empresas en el marco de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han permitido un ajuste empresarial alternativo al despido, preservando buena parte del empleo y de las rentas de las familias.

Junto a estas medidas, la situación provocada por la COVID-19 condiciona la evolución de la política de empleo, dentro de la Estrategia de recuperación y transformación económica puesta en marcha por el Gobierno, para abordar tanto la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado como los retos del futuro.

En este sentido, este Plan debe incardinarse dentro del conjunto de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que constituye la agenda de política económica del Gobierno de España para este año 2021 y los siguientes ejercicios.

Este Plan 2021 se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, tras informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales Laborales de 21 de julio e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo de 27 de julio de 2021, con carácter previo a su aprobación por el Gobierno mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. Desde esa fecha, el presente Plan Anual se aplica de hecho por el conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, sin perjuicio de lo que se disponga en su aprobación final.

Durante el mes de noviembre de 2021, se realizará una valoración cuantitativa del grado de cumplimiento de sus objetivos.

2. Análisis de contexto: Situación actual del mercado de trabajo

2.1 Efectos principales de la crisis en el mercado laboral.

A principios de 2020, el mercado de trabajo se encontraba en una fase positiva de crecimiento y, aunque en valores más atenuados que en años anteriores, se mantenía una tendencia expansiva que duraba más de cinco años.

El escenario económico cambió por completo debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el impacto de las medidas necesarias para contenerlo.

La evolución de la pandemia requirió una respuesta en el plano sanitario, con medidas de restricción de la movilidad y la actividad económica en España que se tradujeron en un impacto súbito y pronunciado en la actividad económica, con una disrupción de las cadenas de valor internacionales, seguida de restricciones a la oferta y contención de la demanda.

Tal y como muestran los indicadores de coyuntura y la evolución del mercado laboral, la pandemia impactó con toda su dureza a las economías europeas en el mes de abril, como consecuencia de la generalización de las medidas de contención de la movilidad y restricción a ciertas actividades productivas. Desde entonces, y en paralelo con los procesos de desescalada y vuelta a la «nueva normalidad» y los períodos de reforzamiento de las medidas de contención de las sucesivas olas de la pandemia, se registraron diferentes alternativas en el mercado laboral, que, a finales de año, mostraba signos de recuperación progresiva de la actividad aun cuando a presentaba 356.784 trabajadores afiliados menos y 724.532 parados registrados más que al inicio del año.

Resulta evidente que la actual crisis sanitaria está provocando importantes transformaciones en la actividad económica y en el mercado laboral. El impacto está siendo aún mayor en el caso de España, debido al elevado peso del sector servicios en nuestra economía y la atomización de nuestro tejido productivo.

La evolución de la economía está marcada por cuatro factores claves: el proceso de vacunación de la población; la evolución del sector exterior; el apoyo al tejido productivo; y el despliegue del Plan de recuperación.

En cuanto al empleo, se pueden resaltar dos efectos importantes de la pandemia y la situación creada por ella, en el mercado laboral:

El primero, un crecimiento significativo del desempleo, aunque medidas extraordinarias como los Expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), han atenuado el impacto laboral y permitido que la tasa de paro (en porcentaje sobre la población activa) se haya mantenido muy por debajo de la registrada en anteriores crisis. Las previsiones del Gobierno esperan que se reduzca la media anual de la misma del 15,5 % del año anterior a una media del 15,2 % en 2021 y de un 14,1 % en 2022. Si bien la evolución será muy heterogénea por sectores, con una recuperación del empleo más rápida en la industria y la construcción y más lenta en aquellos sectores más golpeados por la falta de movilidad, en particular turismo y restauración. El protagonismo de las PYMES en estos sectores, que son intensivos en mano de obra, junto a la elevada proporción de contratos temporales en nuestro mercado laboral (23,8 % en el primer trimestre de 2021) debilitan la resistencia del empleo en los períodos de crisis.

El segundo gran efecto de la pandemia es la aceleración de la transformación digital y robótica, procesos que van a tener una profunda incidencia laboral y social, junto a la creciente importancia de la sostenibilidad. En fases de mayor dificultad económica las empresas intensifican el proceso de automatización, que conduce a una reducción de los costes y se convierte en un factor de competitividad aún más relevante.

Una consecuencia derivada de esta aceleración en los cambios tecnológicos es la necesidad de una nueva formación o recualificación de muchos trabajadores.

Dicho impacto no ha sido uniforme, ha afectado con mayor intensidad a los sectores vinculados a la movilidad de las personas y las relaciones sociales como el turismo (hostelería, agencias de viajes, transporte de pasajeros, alquiler de coches, …), la restauración, las actividades deportivas y de entretenimiento, el ámbito creativo y artístico y el comercio minorista.

La transformación digital de la actividad comercial ya estaba en marcha con anterioridad al inicio de la pandemia, y está experimentando una aceleración muy significativa como respuesta a las nuevas formas de demanda. La transición desde el modelo tradicional de compra presencia a la compra digital genera excedentes de trabajadores que tendrán que reorientar su actividad o cambiar de ocupación, como ya lo están haciendo.

Otros sectores, como el de la automoción, también está sufriendo un significativo proceso de transformación debido a los requerimientos de una movilidad sostenible que reduzca el nivel de emisiones, junto a un profundo cambio tecnológico, fruto del avance acelerado de la digitalización.

Por el contrario, algunos sectores han resultado beneficiados como consecuencia de los efectos de la pandemia. En primer lugar, podemos destacar el comercio electrónico y otros sectores asociados al crecimiento de la actividad comercial en Internet, como son la logística, el transporte de mercancías y las entregas a domicilio. El impulso del comercio online y el teletrabajo también han favorecido al sector de la informática y de las comunicaciones. Asimismo, los sectores de ocio doméstico, farmacéutico, sanitario y comercio de productos alimentarios están experimentando incrementos de actividad productiva.

A su vez, hay mecanismos de adaptación que se han revelado eficaces en este contexto y se están consolidando, como son el crecimiento del comercio electrónico, la extensión del teletrabajo o la digitalización de los procesos productivos y la gestión de las empresas.

En los próximos años los mencionados procesos de digitalización y sostenibilidad van a potenciar aún más el crecimiento del empleo en sectores relacionados con diversas ingenierías, comunicación y redes sociales, diseño gráfico, energías renovables y tratamiento de residuos.

Por otro lado, debido al progresivo envejecimiento de la población española, los siguientes sectores tendrán previsiblemente un crecimiento de la empleabilidad a medio plazo: sanitario, farmacéutico, servicios sociales y, en particular, cuidados a personas dependientes en el hogar.

Ante la situación actual, es preciso desplegar una serie de medidas encaminadas a impulsar y remodelar el mercado laboral. Los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están destinados a la modernización de la economía española y deben asignarse a proyectos tractores que impulsen sectores estratégicos y cadenas de valor, que tiendan a un proceso de reindustrialización para evitar la dependencia de productos y tecnologías esenciales.

La rápida evolución tecnológica está produciendo cambios que inciden en muchos perfiles profesionales, que deben adecuarse a los nuevos requerimientos y formas de trabajar. Procesos como el de la digitalización pueden suponer un riesgo de mayor polarización en la estructura del empleo, que refleja el reducido peso de la población con niveles formativos intermedios y la concentración en los extremos. La transformación tecnológica también puede generar déficit de profesionales en algunas ocupaciones, como es el caso de los perfiles especializados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM). En consecuencia, se deben llevar a cabo acciones que refuercen la formación y recualificación profesional de los trabajadores, que les capaciten para la promoción profesional o para reorientar su trayectoria a sectores con mejores perspectivas.

En una sociedad basada en el conocimiento, la formación en investigación es un elemento clave en la actualidad. La necesidad de incrementar el número de personas con competencias de investigación e innovación es uno de los principales desafíos que nos encontramos.

Junto a la mencionada formación tecnológica, también existe una urgente necesidad formativa para facilitar el acceso al primer empleo en el caso de la población joven. La recuperación del mercado laboral de los jóvenes está siendo más lenta que la de otros colectivos. Dentro del colectivo juvenil se identifican muy diferentes subgrupos, entre los que hay que destacar aquellos que no trabajan ni estudian, el de jóvenes activos, pero sin cualificación (cabe recordar aquí la elevada frecuencia del abandono escolar temprano, que fue del 17,3% en 2019), los «jóvenes desanimados» y, especialmente, en el tramo de edad entre 25 y 30 años.

En resumen, los efectos de la pandemia están modificando rápidamente el modo de trabajar en general y, además, van a producir un trasvase de empleo entre algunos sectores económicos. La severa incidencia de la crisis en algunas actividades va a provocar un excedente de fuerza laboral que puede ser aprovechado para impulsar el desarrollo de la economía sostenible, la investigación, la economía social o el cuidado de personas dependientes, aspectos incluidos en la transición ecológica, en la transformación digital, en la cohesión social e igualdad de género, ejes que articulan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.2 Análisis del impacto de la crisis por sectores.

a) Los sectores más afectados por las limitaciones de movilidad y por la sensación de inseguridad que ha producido la pandemia son los siguientes: el turismo (hostelería, agencias de viajes, transporte de pasajeros, alquiler de coches, …), la restauración, las actividades deportivas y de entretenimiento, el ámbito creativo y artístico y el comercio minorista. En general, estos sectores están dando trabajo a muchas personas que tienen niveles de formación bajos y muy pocos conocimientos digitales.

En el comercio minorista, el auge del comercio online requerirá un menor número de personas empleadas en el modelo tradicional de compra presencial. Una proporción de propietarios y trabajadores de tiendas minoristas necesitarán adaptar su labor hacia esta nueva forma de comercio online, o reorientar su actividad hacia otras ocupaciones, como ya lo están haciendo.

El sector de la automoción, con un importante peso en la industria española, también está sufriendo un significativo proceso de transformación debido a los requerimientos de una movilidad sostenible que reduzca el nivel de emisiones, junto a un profundo cambio tecnológico, fruto del avance acelerado de la digitalización. Por ello, es un sector que requerirá inyección de fondos en I+D y una recualificación de los trabajadores.

b) Algunos sectores han resultado beneficiados como consecuencia de los efectos de la pandemia. En primer lugar, podemos destacar el comercio electrónico y otros sectores asociados al crecimiento de la actividad comercial en Internet, como son la logística, el transporte de mercancías y las entregas a domicilio. El impulso del comercio on line y el teletrabajo también han favorecido al sector de la informática y de las comunicaciones. Asimismo, los sectores de ocio doméstico, farmacéutico, sanitario y comercio de productos alimentarios están experimentando incrementos de actividad productiva.

En los próximos años los mencionados procesos de digitalización y sostenibilidad van a potenciar aún más el crecimiento del empleo en sectores relacionados con diversas ingenierías, comunicación y redes sociales, diseño gráfico, energías renovables y tratamiento de residuos.

Por otro lado, debido al progresivo envejecimiento de la población española, los siguientes sectores tendrán previsiblemente un crecimiento de la empleabilidad a medio plazo: sanitario, farmacéutico, servicios sociales y, en particular, cuidados a personas dependientes en el hogar.

2.3 Medidas a adoptar para enfrentar las consecuencias de esta crisis.

Ante la difícil situación actual, es preciso desplegar una serie de medidas encaminadas a impulsar y remodelar la economía y el mercado laboral. Los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están destinados a la modernización de la economía española y deben asignarse a proyectos tractores que impulsen sectores estratégicos y cadenas de valor, que tiendan a un proceso de reindustrialización para evitar la dependencia de productos y tecnologías esenciales.

Se estima necesario un aumento de la inversión tanto pública como privada, que esté focalizada, por un lado, en proyectos de transformación digital y que facilite el teletrabajo, la tele-formación y el aprovechamiento de Internet en las políticas activas de empleo, para ello es imprescindible realizar una mayor inversión en las infraestructuras tecnológicas, extendiendo la banda ancha a las zonas rurales que aún carecen de ella y posibilitando una conectividad asequible.

Y, por otro lado, en proyectos ecológicos, particularmente, en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, en el transporte sostenible y en la gestión de los recursos naturales, hídricos, la reforestación del territorio, la lucha contra la desertización y la gestión de residuos. Tanto el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, como la Estrategia Española de Economía Circular persiguen mejorar la competitividad y sostenibilidad de la economía, el crecimiento productivo y del empleo, y prevén aumento de ocupaciones, así como «enverdecimiento» de las mismas en distintos sectores del mercado de trabajo. Además, se plantean políticas de I+D+i, de apoyo a emprendedores y empresas innovadoras; y se fomentan las sinergias entre sectores industriales que la aplican (simbiosis industrial).

Por otro lado, la rápida evolución tecnológica está produciendo cambios que inciden en muchos perfiles profesionales, que deben adecuarse a los nuevos requerimientos y formas de trabajar. Procesos como el de la digitalización comportan un reto significativo para afrontar el riesgo de polarización en la estructura del empleo, debido al reducido peso de la población con niveles formativos intermedios en relación con los niveles extremos. La transformación tecnológica también puede generar déficit de profesionales en algunas ocupaciones, como es el caso de los perfiles especializados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM o STEM). En consecuencia, se deben llevar a cabo acciones que refuercen la formación y recualificación profesional de los trabajadores, que les capaciten para la promoción profesional o para reorientar su trayectoria a sectores con mejores perspectivas.

Los análisis de las ofertas de empleo que se publican en el portal «Empléate» y en otros portales de Internet desvelan la aparición de profesiones emergentes relacionadas con la digitalización, que previsiblemente van a experimentar un fuerte crecimiento en los próximos años, si bien todavía tienen un peso relativo pequeño en la generación de empleo. Entre otras, podemos mencionar las siguientes: Especialista en Inteligencia Artificial, Ingeniero de Robótica, Agile Coach, Desarrollador de Big Data, Experto de Arquitecturas en la Nube, Especialista en Ciberseguridad, Controlador de tráfico con drones, Representantes de atención al cliente online o Diseñadores de impresión 3D (diseño generativo, optimización topológica, o creación de estructuras reticulares o lattice).Es decir, una serie de ocupaciones innovadoras que requieren unos conocimientos muy especializados.

En una sociedad basada en el conocimiento, la formación en investigación es un elemento clave en la actualidad. La necesidad de incrementar el número de personas con competencias de investigación e innovación es uno de los principales desafíos que nos encontramos. Programas como el de los doctorados industriales tienen por objeto potenciar la interacción entre el ámbito empresarial y académico y fomentar la transferencia de conocimientos desde la investigación a su aplicación práctica, son por una parte una buena herramienta para alentar la investigación multidisciplinar, las oportunidades de investigación colaborativa, así como su provecho a la industria y otros sectores no propiamente académicos y su influencia en las diferentes habilidades de arraigo empresarial que obtendrán los doctores, como la comunicación, el trabajo en equipo, el emprendimiento, la gestión económica y financiera y del tiempo. Por otra parte, es un buen instrumento para liderar y cooperar en el trasvase de conocimiento.

La actual situación generada por la enfermedad del coronavirus (COVID) ofrece la oportunidad de formar a trabajadores acogidos a ERTES, fundamentalmente los pertenecientes a sectores que previsiblemente tendrán dificultades para recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis. Por ejemplo, trabajadores del comercio minorista o la restauración, que suelen tener un bajo nivel de habilidades y competencias digitales, deberían recibir cursos básicos de formación en TIC: uso de hojas de cálculo, procesadores de texto, acceso a Internet y al correo electrónico, etc. Esta alfabetización digital es un paso necesario para posibilitar su adaptación a ocupaciones de otros sectores productivos.

Junto a la mencionada formación tecnológica, también existe una urgente necesidad formativa de acceso al primer empleo en el caso de la población joven. La recuperación del mercado laboral de los jóvenes está siendo más lenta que la de otros colectivos. Dentro del colectivo juvenil se identifican muy diferentes subgrupos, entre los que hay que destacar aquellos que no trabajan ni estudian, el de jóvenes activos, pero sin cualificación (cabe recordar aquí la elevada frecuencia del abandono escolar temprano, que fue del 17,3 % en 2019), los «jóvenes desanimados» y, especialmente, en el tramo de edad entre 25 y 30 años.

Es necesario que dentro de la programación formativa se desarrollen planes específicos, que faciliten la inclusión de estos subgrupos en el mercado laboral, ya que se corre el riesgo de una tardía incorporación al mismo con las consecuencias que ello conlleva, independientemente de las demográficas. En particular, es necesario articular acciones formativas que permitan la incorporación laboral de los jóvenes con baja cualificación, priorizando aquellas relacionadas con ocupaciones elementales que requieren limitados conocimientos teóricos y capacidades prácticas a aplicar, por tanto, con una duración formativa reducida, con prácticas en los centros de trabajo, que permita dar el primer paso en el desarrollo laboral de estas personas.

Existe una parte de la población desempleada que desaparece de las estadísticas, son aquellas personas que no encuentran un nuevo empleo y ni siquiera se registran como desempleados en el SEPE. Estas personas, simplemente, dejan de buscar trabajo, es el denominado «efecto desánimo». Ahora, como consecuencia de la crisis del coronavirus, las cifras del desánimo han vuelto a repuntar. Según EUROSTAT, el porcentaje de la población activa, de entre 20 y 64 años, que podría buscar trabajo y no lo hace, fue del 5,8 % en el segundo trimestre de 2020. Es la cifra más alta desde que se tienen registros (2005). Además, es la cuarta cifra más alta de la UE, tras Italia (12,5 %), Irlanda (7,1 %) y Croacia (6 %); la media de la UE se sitúa en el 4,2 %. Para ello, es necesario impulsar la participación de las empresas en relación con las demandas de formación que requieren sus puestos de trabajo y canalizarlas a través de acciones formativas de corta duración y prácticas en el entorno productivo que posibilite la contratación a más largo plazo.

Finalmente, entre las medidas a adoptar debemos destacar también el desarrollo de acciones encaminadas a la integración social y laboral de personas en riesgo de exclusión. En el último Informe de Riesgos Globales presentado por el Foro Económico Mundial (WEF) se destaca, entre otras variables, la exclusión social y las desigualdades económicas en sociedades avanzadas como uno de los principales riesgos para la economía mundial, incidiendo especialmente en el desempleo y el empleo precario. Por consiguiente, es necesario alentar la conversión y creación de empresas sociales que posibiliten el inicio de un itinerario de inserción personalizado a las personas en situación de exclusión social o con discapacidad.

Uno de los aspectos que puede agravar esta crisis es el de los desequilibrios territoriales y demográficos, tanto en los diferentes ámbitos territoriales como en la dualidad urbano rural. La concentración de la inversión y generación de empleo agravaría el proceso de despoblación que se experimenta en amplios territorios. Es necesario diseñar medidas que afronten la carencia de capital humano, la carencia de infraestructuras, es decir, transportes, comunicaciones, culturales, sanitarias, educativas. Hay que diseñar también medidas que propicien la ordenación del territorio, partiendo de las potencialidades y posibilidades de cada uno de ellos. Y articulándose para ello programas a corto y medio plazo, así como programas interregionales e interprovinciales, si son precisos.

2.4 Evolución en cifras de la situación del Mercado de Trabajo.

Situación hasta 4.º trimestre de 2019 y evolución durante 2020:

Al finalizar el cuarto trimestre de 2019, aunque se producía cierta ralentización del crecimiento, los principales indicadores del mercado de trabajo continuaban mostrando una trayectoria positiva. La afiliación a la Seguridad Social crecía al acabar 2019 a un ritmo anual del 1,8 %, el paro descendía un 3,4 % interanual, el empleo seguía aumentando y en el transcurso de la recuperación económica se habían superado los 3 millones de ocupados más. Todo este escenario cambió de manera radical a principios de 2020, donde las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 han trastocado todo el mercado de trabajo como resultado de la hibernación económica por razones de salud pública. La primera consecuencia ha sido una caída acumulada del Producto Interior Bruto del 5,3 % en los cuatro trimestres de 2020.

La Encuesta de Población Activa del INE muestra que durante el 2020 se han perdido 622.600 (-3,1 %) puestos de trabajo sin tener en cuenta a los trabajadores en ERTEs que siguen computando como ocupados. La población activa ha disminuido en 94.700 (-0,4 %) personas lo que ha tenido como resultado que el desempleo haya aumentado en 527.900 (16,5 %) parados más.

Los efectos sobre el empleo asalariado ha sido diferentes dependiendo del tipo de contrato. Así, mientras los trabajadores con contrato fijo han perdido 207.500 puestos de trabajo (-1,7 %) los asalariados con contratos temporales han visto disminuir sus empleos en 397.200, lo que supone un descenso del 9%.

Los datos administrativos del paro registrado sitúan la cifra de diciembre de 2020 en 3.888.137 desempleados, lo que representa un incremento de 724.532 desde diciembre de 2019 (un 22,9 % más), cuando entonces se registraron 3.163.605.

Por su parte, la contratación acumulada durante todo 2020 ha alcanzado la cifra de 15.943.061, lo que supone 6.569.160 contratos menos (-29,20 %) que en igual periodo del año anterior. En cuanto a los contratos indefinidos, se han realizado 1.545.610 hasta diciembre de 2020, con una reducción de 613.824 (-28,40 %) sobre el mismo periodo del año 2019.

Evolución en cifras hasta el 4.º trimestre de 2020:

El impacto de esta crisis sanitaria se hace especialmente visible en la brusca ruptura a partir del segundo trimestre de 2020, de la tendencia mostrada por los principales indicadores del mercado de trabajo. Los valores recogidos en las siguientes gráficas son datos definitivos a 4.º trimestre de cada año en la serie 2008-2020 extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con los comentarios más relevantes de las mismas.

La EPA mostró un significativo incremento desde el año 2008 de la tasa de paro, consecuencia del comienzo y evolución de la crisis económica iniciada a finales de 2007, y alcanzó su nivel más desfavorable en el primer trimestre de 2013. A partir de entonces, la tasa de paro se redujo progresivamente para todos los grupos de edad, de manera más acentuada entre las personas jóvenes. Esta tendencia se interrumpió abruptamente en el segundo trimestre de 2020. En el año 2020 se vuelve a elevar en todos los grupos de edad, y de nuevo de manera significativa en el colectivo de jóvenes (Gráfico 1).

Gráfico 1: Evolución de la tasa de paro por grupos de edad

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En el Gráfico 2 se muestra la tasa de paro desglosada por sexos, y aunque globalmente ésta se ha ido reduciendo a partir de 2013, la brecha de género siempre se ha mantenido y ensanchado en los últimos años. En el 4.º trimestre de 2020, con la ruptura de la tendencia a la baja y nuevo aumento de la tasa de paro a todos los niveles, las diferencias entre hombres y mujeres han aumentado significativamente.

Gráfico 2: Evolución de la tasa de paro por sexos

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

Como podemos ver en el tercer gráfico, nuestro mercado de trabajo continúa teniendo en la brecha de género uno de sus principales retos. La disminución a buen ritmo en el número de parados iniciada a partir de 2013 se ha roto este último 2020 retrocediendo a los niveles de hace 3 años. La diferencia en el paro entre hombres y mujeres tuvo un punto de inflexión a principios de 2016, a partir del cual la brecha de género ha ido aumentando lenta pero progresivamente, pero ha sido en este último periodo de crisis sanitaria donde la brecha se ha hecho considerablemente mayor.

Gráfico 3: Evolución del número de parados por sexos

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

Si observamos el porcentaje de parados por sector económico (Gráfico 4), vemos que los efectos de la pandemia no han alterado sustancialmente los valores, aunque sí han ralentizado las tendencias. A partir de 2015 hay una clara disminución del porcentaje de personas que buscan su primer empleo o se encuentran en una situación de paro de larga duración, pasando de un 60,7 % a finales de 2014 a un 46,8 % a finales de 2020. Por el contrario, se ha producido en ese periodo el efecto inverso en el sector Servicios, pasando de un mínimo histórico del 26,2 % a finales de 2014 a un 38,9% en 2020. En ese mismo periodo, el resto de sectores productivos (Agricultura, Industria y Construcción) se mantienen prácticamente inalterables.

Gráfico 4: Porcentaje de parados por sector económico

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En el siguiente gráfico (Gráfico 5) queda reflejado de mejor manera lo que se ha visto en el anterior, y es nuestra gran dependencia del sector Servicios, de hecho, más de tres cuartas partes de nuestra población ocupada forman parte del mismo, y es el que con mayor virulencia ha acusado la crisis por las restricciones a la movilidad. La tendencia positiva iniciada a partir de 2014 se rompe en 2020, y mientras que en los demás sectores la disminución en el número de personas ocupadas baja muy ligeramente, es el sector Servicios el que se lleva la peor parte, pasando de 15,12 millones de personas a 14,59 millones.

Gráfico 5: Evolución del número de ocupados por sector económico

España 2008-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

En relación al empleo total, tanto indefinido como temporal, en el Gráfico 6 se muestran las tasas de variación interanual de los mismos. La tendencia iniciada a principios de 2016 con una clara disminución de la temporalidad en el empleo y aumento de los puestos de trabajo de carácter indefinido queda igualmente rota el último año con la disminución de la población ocupada a todos los niveles.

Gráfico 6: Evolución del empleo total, indefinido y temporal

España 2009-2020T4

Fuente: Elaboración propia en base a EPA, INE.

3. Marco estratégico

El presente Plan 2021, se enmarca dentro del escenario macroeconómico y la política económica del Gobierno, dando cumplimiento a las obligaciones europeas de coordinación de las políticas económicas nacionales y de cumplimiento de los objetivos fijados para la Unión Europea en su conjunto.

De acuerdo a la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, remitido a la Unión Europea en abril de 2021 por el Gobierno, la coyuntura económica está marcada por el impacto de la pandemia, si bien se asume un compromiso con la estabilidad presupuestaria. La tercera ola de la pandemia ha retrasado la recuperación; conforme ha ido remitiendo, se han ido dando pasos a un progresivo levantamiento de la actividad hacia al final del primer trimestre, iniciando un momento de transición más intenso en la segunda parte del año, coincidente con la reincorporación al trabajo de personas trabajadoras en Expediente de Regulación temporal de Empleo (ERTE).

De esta manera, la coyuntura económica viene determinada por varios factores: en primer lugar, el proceso de vacunación y la situación sanitaria suponen el factor determinante de la evolución económica, y de las previsiones de crecimiento para 2021; en segundo lugar, la evolución económica en los próximos meses vendrá marcada por el mantenimiento de la estabilidad financiera global y la evolución del sector exterior, de los mercados mundiales y de la demanda europea en particular. Asimismo, en tercer lugar, la coyuntura económica viene también condicionada por la afectación sobre el tejido productivo y el empleo, que dependerá fuertemente de la duración de la pandemia, debiéndose atender a la evolución del impacto de las medidas de mantenimiento de renta para las personas trabajadoras y las empresas puestas en marcha. Y, finalmente, el cuarto factor esencial para el impulso del crecimiento y la creación de empleo es la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia.

En este mismo sentido, el Programa Nacional de Reformas 2021 se enmarca evidentemente dentro de la situación generada por la irrupción del COVID-19, que ha arrojado un amplio y decidido paquete de medidas destinadas a la reactivación económica y al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En dicho Plan, el planteamiento estratégico trazado se ve condicionado por la incertidumbre de la evolución sanitaria y sus repercusiones en el ámbito económico y laboral, si bien apunta a una tendencia clara de recuperación económica y de reactivación del mercado laboral.

El Programa Nacional de Reformas fija las prioridades de política económica del Gobierno, alineadas con el marco estratégico de inversiones y reformas contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y de conformidad con lo establecido por la Decisión de Ejecución del Consejo relativa la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-CID), de 13 de julio de 2021. Este Plan acelera y refuerza la agenda de reformas e inversiones que se viene impulsando en los últimos años, sobre la que existe un fuerte consenso social y de administraciones públicas, estando igualmente alineada con las recomendaciones de los expertos y organismos nacionales e internacionales.

Así, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un importante volumen de inversión, articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. Este Plan cuenta con cuatro ejes transversales (transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), que vertebran el conjunto de inversiones y reformas. Estos ejes se articulan a través de diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo, que a su vez se despliegan en treinta componentes, donde se combinan de forma coherente inversiones y reformas en los distintos ámbitos de actividad.

En este marco estratégico, el mercado de trabajo, dentro de la política palanca octava «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» es un ámbito clave de actuación para el impulso de la productividad y el crecimiento potencial en el largo plazo, que resulte en un proceso de creación de calidad. Principalmente a través del Componente 23, de «nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», se prevé un programa coherente de reformas, que serán abordados en el marco del Diálogo Social, junto a un amplio abanico de inversiones, encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo.

Por tanto, este Plan 2021 se inserta dentro de un planteamiento estratégico que pretende articular el nuevo marco de actuación que se va a poner en marcha, notablemente a través de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, junto a los instrumentos en ejecución en este ejercicio 2021, como son el Plan de Choque por el Empleo Joven, el Plan reincorpora-T, Plan trienal para prevenir y reducir el desempleo de larga duración, y, sobre todo, el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

De esta manera, como documento programático básico, conviene aludir a la Estrategia Española de Apoyo Activo el Empleo para el nuevo periodo 2021-2024, que viene a establecer el nuevo marco general de políticas activas de empleo y de intermediación laboral a desplegar de forma conjunta por el Estado y las Comunidades Autónomas.

En esta Estrategia, cuya gestación responde a un proceso altamente valioso de participación y consenso en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se establecen una serie de principios inspiradores, que se proyectan en objetivos estratégicos, objetivos específicos y en medidas, de forma totalmente alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en coherencia con las actuaciones en marcha en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo y la Garantía Juvenil Plus.

Así, en consonancia con el Pilar Social Europeo, se fomenta la promoción del acceso a los servicios de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional del Empleo, al tiempo que se asientan las actuaciones para el fomento de la estabilidad y la calidad en el empleo en condiciones dignas. Partiendo de una concepción de las políticas activas de empleo como una palanca esencial para la transformación productiva, se incide en la necesidad de reforzar el acompañamiento personalizado a personas y a empresas, así como a la mejora de las capacidades de los Servicios Públicos de Empleo.

De la misma manera, se fijan actuaciones para la mejora de la planificación, la gestión y la evaluación de las Políticas Activas de Empleo, que redunden en una mejor gobernanza y una mayor cohesión en el seno del Sistema Nacional de Empleo, orientándolo a resultados evaluables, coherentes con la innovación y la sostenibilidad, y apoyados en la transformación digital de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.

Este marco estratégico general debe por tanto analizarse de forma conjunta con los instrumentos estratégicos que ya orientan la actuación en materia de política de empleo, y que están vigentes en este ejercicio 2021.

La Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, aprobó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 para dar solución a los problemas importantes y comunes que afectan al colectivo de personas jóvenes, con la puesta en marcha de medidas diseñadas bajo un punto de vista holístico e integral, concretas pero combinables, a través de un Acuerdo de Estado que, sin suponer un aumento del gasto, permita conseguir una mejora de la integración laboral como mejor vía de solución global y contribuya al desarrollo de un nuevo modelo productivo con estrategias a largo plazo que impulsen medidas de apoyo estratégico a la innovación aplicada a sectores o ramas concretas. Sin embargo, este marco de referencia ha tenido que ser adaptado como consecuencia de la incidencia del impacto económico y social de la COVID-19 que ha hecho que los objetivos establecidos en el mismo no sean alcanzables.

Por Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.

Este plan tiene como meta ser un referente de innovación y eficacia en las políticas activas de empleo juvenil en territorio nacional, en combinación con otras áreas como la educación, la inclusión social, la participación juvenil, la economía circular, o la economía del conocimiento. Igualmente, persigue ofrecer respuestas integrales a las personas jóvenes en su acceso al mercado de trabajo desde una perspectiva de desarrollo sostenible y de búsqueda de la excelencia en la gestión de los servicios ofrecidos, con el objetivo de favorecer la integración socio-económica y el desarrollo personal y social de las personas jóvenes.

Las características generales del Plan son las siguientes:

• 1. Luchar de manera efectiva contra la precariedad laboral. Las políticas activas de empleo juvenil deben estar alineadas con el objetivo prioritario de la lucha contra la precariedad y temporalidad laboral.
• 2. Evitar a toda costa el uso abusivo y fraudulento de becas y prácticas no laborales.
• 3. Incorporar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, particularmente en materia de lucha contra la segregación laboral, que debe formar parte de la actuación de los Servicios Públicos de Empleo a todos los niveles, tanto en el ámbito de la intermediación, como en el de la formación o el diseño y aplicación de los programas.
• 4. Integrar el principio antidiscriminatorio en todas las acciones, no solo por razón de género, sino también por edad, ideología o convicciones, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• 5. Otorgar prioridad o tratamientos específicos a los colectivos más vulnerables o con especiales dificultades en el mundo laboral. Por ello, contempla el refuerzo de las políticas para alcanzar a la población juvenil más vulnerable y en riesgo de exclusión, así como a los que viven en zonas aisladas o menos pobladas, como las áreas rurales.
• 6. Situar a las personas jóvenes como protagonistas de su trayectoria hacia el empleo digno por medio de itinerarios personalizados integrados en un sistema de orientación para el empleo cualificado y estable, configurando itinerarios individualizados que se prolongarán tanto en las etapas de empleo como de eventual desempleo.
• 7. Crear oportunidades de acceso a nuevos empleos en nuevos sectores, tomando como referencia la transformación hacia un contexto verde, sostenible, colaborativo y digital, impulsando el acceso al empleo de calidad de las personas jóvenes en sectores emergentes como la economía digital, economía verde, o del cuidado.
• 8. Incrementar la cualificación de las personas jóvenes dotándolas de las competencias profesionales requeridas por el mercado de trabajo, incrementando sustancialmente el número de personas jóvenes con las competencias necesarias, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
• 9. La crisis sanitaria ha incidido en la situación del empleo de las personas y requiere acciones específicas para ofrecer soluciones integrales que den respuesta a las consecuencias adversas a medio y largo plazo en los planos educativo, formativo y profesional de las personas jóvenes. La pandemia también anticipa cambios que pueden ser estructurales en el funcionamiento del mercado de trabajo y a los que debe ser capaz de dar respuesta Garantía Juvenil Plus.
• 10. Introducir mayor flexibilidad en su funcionamiento y gestión. La flexibilización y aumento en la agilidad de la inscripción en el fichero de GJ resulta esencial para aumentar el volumen de personas inscritas y, consiguientemente, también la relevancia del Plan.
• 11. Potenciar el desarrollo de una comunidad de cooperación horizontal y vertical, para lo cual establecerá los pilares para el trabajo conjunto con los interlocutores económicos y sociales, organismos intermedios del Fondo Social Europeo y sus entidades beneficiarias, así como con el tejido asociativo juvenil y las distintas administraciones y organismos públicos que intervienen en las políticas activas de empleo juvenil.
• 12. Establecer los mecanismos para mejorar el diálogo y la colaboración con las empresas a fin de lograr la mejor adaptación de las capacidades de las personas jóvenes a las necesidades de las mismas. A tales efectos se facilita la conexión escuela-empresa y se favorece una transición suave de los ciclos formativos al mercado laboral. La actuación conjunta con los interlocutores sociales y con las empresas resulta fundamental para identificar las necesidades formativas y para vincular los proyectos empresariales a plantillas estables en cuya formación haya tenido parte activa la empresa.
• 13. Reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo dirigidas a las personas jóvenes. La dimensión local es la más adecuada para asegurar la cercanía imprescindible a los interlocutores sociales.
• 14. Fomentar su difusión con la máxima claridad y transparencia. Se pretende llegar a todas las personas que podrían beneficiarse de sus medidas o participar en ellas, así como fomentar las buenas prácticas y corregir posibles desviaciones.
• 15. Mejorar los procesos y optimizar los recursos. Garantía Juvenil Plus fomenta el intercambio de información y experiencias entre los distintos actores sociales. Igualmente se abren vías de participación para los distintos entes implicados. Asimismo, se apoya a las personas profesionales vinculadas al Plan para que refuercen las competencias necesarias para desarrollar de manera eficaz sus funciones. En tal sentido, el Plan prevé su monitorización continua para asegurar el seguimiento y medición del impacto de todo el sistema, así como la evaluación, e incorporación de mejoras.
• 16. La digitalización integral del servicio de formación para el empleo de las personas jóvenes resulta esencial, tanto en la relación con las personas usuarias, como en el ámbito de la formación y en la generación de un sistema de datos compartido y accesible en el marco de la ley de protección de datos. Igualmente, la digitalización supone un principio transversal de Garantía Juvenil Plus.

Por su parte, hay que resaltar la Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración para el período 2019-2021 (en adelante, Plan REINCORPORA-T). El colectivo diana de este Plan, es el de las personas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses (360 días) en los últimos 18 meses, entre los que se encuentra un amplio sector de la población activa que se ha vuelto especialmente vulnerable ante el empleo. También tendrán la consideración como colectivo de atención prioritaria en las acciones de este Plan, aquellas personas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo durante 180 días en los 9 meses inmediatamente anteriores, si son personas mayores de 45 años o si están inscritas como trabajadores/as agrarios.

El factor del alto desempleo de larga duración incide negativamente en el potencial de crecimiento de nuestra economía y configura diversos escenarios de exclusión del mercado de trabajo y aumento del riesgo de exclusión social, pobreza y desigualdad, exigiendo un incremento de los recursos de protección básicos de los servicios sociales y otros recursos públicos. En el marco de un debate global sobre cómo articular una serie de acciones para atajar la situación de paro, precariedad y pobreza laboral, se hacía urgente plantear un Programa de impacto para combatir el desempleo de larga duración –con carácter integral y con una mayor eficiencia del gasto público–, que pusiera en marcha medidas específicas y coordinadas para recuperar el potencial laboral y de integración social de determinados colectivos en situaciones de paro de larga duración y especialmente vulnerables ante el mercado de trabajo.

La articulación del Plan REINCORPORA-T para las Personas Paradas de Larga Duración se vertebra sobre dos dimensiones transversales para: 1. La promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado de trabajo de las personas Paradas de Larga Duración (PLD). 2. La promoción del carácter preventivo de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo, interlocutores sociales y otras entidades sociales, para identificar factores de riesgo y vulnerabilidad ante el empleo en las personas desempleadas, como, por ejemplo:

• – Situaciones de precariedad laboral. Personas trabajadoras que disponen de empleo que no garantiza unos ingresos para llegar al umbral del salario mínimo: por reducción de salario como consecuencia de la parcialidad de la jornada o reducción del número de días trabajados al año.
• – Población potencialmente vulnerable en hogares con bajos ingresos y/o baja actividad laboral, para reducir la «Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020). Indicador AROPE». En el apartado de integración social el objetivo nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
• – Personas ocupadas en el trabajo doméstico.
• – Personas cuidadoras no profesionales.
• – Personas mayores de 45 años que pierden su empleo y se mantienen en paro 9 meses en los últimos 18 meses.
• – Personas con discapacidad.
• – Personas que forman parte de un proceso colectivo de regulación de empleo.
• – Personas que forman parte de hogares vulnerables.
• – Personas en paro durante 9 meses en los últimos 18 meses inscritas como Trabajadores/as agrarios.

Para facilitar la consecución de los objetivos señalados en el Plan REINCORPORA-T, en las actuaciones derivadas del mismo, el Sistema Nacional de Empleo garantizará el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 7 de la Ley de Empleo, entre ellos el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo y el favorecimiento de la colaboración público‐privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo.

Igualmente, la recuperación del subsidio de mayores de 52 años ya aprobado, así como la nueva formulación de la protección asistencial por desempleo en la que se está trabajando, permitirán reforzar los mecanismos de protección social de las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad ante el empleo y de las personas paradas de larga duración, incrementando así sus posibilidades de inserción laboral mediante la potenciación de políticas que mejoren su empleabilidad.

La recuperación económica y la evolución del mercado laboral en el contexto de transformación y recuperación de la actividad económica arroja un elemento de incertidumbre en la evolución de la política de empleo en 2021, que deberá atender al impacto de las medidas puestas en marcha ante la pandemia, así como a la corrección de los desequilibrios arrastrados del pasado y a los desafíos de futuro que se vienen haciendo frente en el amplio y decidido programa de reformas e inversiones en marcha. El Plan 2021 es un instrumento esencial, con el que la puesta en marcha de las políticas activas de empleo, mejorarán la empleabilidad de las personas y contribuirá a responder mejor a las necesidades de empleo y formación de las empresas, contribuyendo a la recuperación económica.

4. Estructura y objetivos

De conformidad con lo establecido en el apartado 2, del artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informarán por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 8.b), y se aprobarán por el Consejo de Ministros.

En este PAPE 2021 se establecen 4 tipos de objetivos: objetivos-clave, objetivos estratégicos o prioritarios, objetivos estructurales y objetivos presupuestarios/económicos.

En primer lugar, los objetivos clave, sintetizan y constituyen la finalidad última de la actuación de los servicios públicos de empleo. Se trata de objetivos de resultado comunes para el conjunto de la UE que permanecen estables durante todo el período de vigencia de la EEAE y que coinciden con los aprobados en la Decisión N.^o 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se crea la Red de Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea.

En segundo lugar, los objetivos estratégicos o prioritarios, son los que adquieren especial relevancia en un momento determinado, y en los cuales se tiene que focalizar la atención y el esfuerzo durante un período de tiempo. Estos constituyen una referencia estable y recogen los puntos acordados por la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 sobre políticas de empleo, fueron asumidos por la Estrategia 2017-2020, y de acuerdo con ella corresponde al Gobierno su determinación con carácter anual, a través de los respectivos Planes Anuales de Política de Empleo.

En tercer lugar, los objetivos estructurales, de naturaleza estable, son los que tienen que ser atendidos por los servicios públicos de empleo en su funcionamiento ordinario mediante servicios sostenidos a lo largo del tiempo y se articulan en los seis Ejes de las políticas de activación para el empleo recogidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Empleo.

En cuarto y último lugar se incluye un nuevo bloque de objetivos, los objetivos presupuestarios/económicos, alineados con algunas de las principales recomendaciones recibidas por el Sistema Nacional de Empleo como resultado de las principales evaluaciones de las que ha sido objeto en los últimos años. Asimismo, los objetivos e indicadores de este nuevo bloque permitirán, en este PAPE y en los siguientes, facilitar el carácter holístico de futuras evaluaciones, completando los aspectos cuantitativos definidos con mayor detalle en los bloques segundo y tercero.

Como resultado del trabajo realizado con los servicios públicos de empleo para delimitar los indicadores básicos de los Planes Anuales, se ha conseguido avanzar en la transparencia, representatividad, precisión, viabilidad y participación de todos los servicios públicos en su elaboración.

Dentro de las novedades que presenta este Plan 2021, fruto de este trabajo desarrollado en colaboración con las Comunidades Autónomas, se ha conseguido reducir el número de indicadores respecto de los establecidos en la Estrategia, simplificar su cálculo con la eliminación de duplicidades, priorizando el uso de aquéllos cuya fuente sean los datos que ya se encuentran en los sistemas de información compartidos o accesibles para todos los servicios públicos de empleo, limitándose la utilización de información agregada declarada que no pueda ser contrastada.

Es por todo ello, que en el presente Plan 2021, se recoge una selección de los objetivos de acuerdo a la siguiente estructura:

4.1 Objetivos clave.

• a) Reducir el desempleo (Objetivo-UE1).
• b) Aumentar la activación y reducción de los períodos de desempleo (Objetivo-UE2).
• c) Mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes (Objetivo-UE3).
• d) Mejorar el grado de satisfacción de los empleadores y demandantes con los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo (Objetivo-UE4).

4.2 Objetivos estratégicos.

• A. Promover y potenciar la activación y mejora de la empleabilidad de personas jóvenes menores de 30 años, con especial atención a quienes presentan mayores necesidades de formación y riesgo de precariedad laboral, según su nivel formativo.
• B. Promover la participación de las mujeres para impulsar su empleabilidad y activación en el empleo.
• C. Contribuir a la reducción de la duración del desempleo para poder hacer frente al desempleo de larga duración y estructural, así como a la exclusión social.
• D. Potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el desempleo: personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años.

4.3 Objetivos estructurales.

Eje 1. Orientación:

Comprende las acciones, actuaciones o actividades de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las personas beneficiarias.

Este eje persigue medir la cobertura y el resultado de la atención de orientación personalizada e intermediación laboral prestada a las personas demandantes por los Servicios Públicos de Empleo.

Comprende un objetivo, siendo el siguiente:

1.1 Promover la inserción de calidad mediante actuaciones de información, diagnóstico e itinerario personalizado.

Eje 2. Formación:

Comprende las acciones, actuaciones o actividades de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

Hay que resaltar que en esta edición los servicios y programas comunes del Eje 2-Formación se han adaptado al nuevo ámbito competencial circunscrito a especialidades formativas no vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad, incluidas en el Catálogo de especialidades formativas, así como al traspaso de competencias al Ministerio de Educación y Formación Profesional en materia de coordinación de la red de Centros de Referencia Nacional y del procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de formación; por lo que las citadas materias objeto de traspaso afecta también a los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.

Este eje persigue medir el esfuerzo para la adecuación de la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo.

Comprende un objetivo, siendo el siguiente:

2.1 Ajustar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a la mejora de la competitividad del tejido productivo, con especial atención a las competencias clave y digitales, asimismo, evaluando la formación vinculada a contratación y obtención de experiencia laboral.

Eje 3. Oportunidades de Empleo:

Comprende las acciones, actuaciones o actividades que tienen por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabilidades familiares –en particular, las cabezas de familia monoparentales-, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia de género.

Este eje persigue medir tanto la cobertura del colectivo con especiales dificultades de acceso al empleo para recibir un itinerario de inserción, como el resultado de la acción en términos de inserción después de haber finalizado la oportunidad de empleo. Además, mide tanto la cobertura de los perceptores de prestaciones y la vinculación de políticas activas y pasivas como el resultado de la acción en términos de inserción.

Comprende dos objetivos y son los siguientes:

3.1 Fomentar y sostener la contratación de personas pertenecientes a colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo.

3.2 Promover la activación laboral de las personas perceptoras de prestaciones por desempleo.

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo:

Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

Este objetivo persigue medir la cobertura de las atenciones que dan los Servicios Públicos de Empleo a las mujeres, así como la movilidad sectorial hacia aquéllos dirigidos a la transición ecológica.

Comprende dos objetivos y son los siguientes:

4.1 Potenciar el alcance de los servicios proporcionados por los Servicios Públicos de Empleo a las mujeres para alcanzar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.

4.2 Favorecer la movilidad sectorial hacia aquellos sectores dirigidos a la transición ecológica.

Eje 5. Emprendimiento:

Comprende las acciones, actuaciones o actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

Se ha de hacer énfasis en la creación y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento viables y con perspectivas de crecimiento y consolidación estables, a cuyo fin el seguimiento y apoyo de las que están en marcha resulta fundamental. Debe evitarse impulsar a las personas a posiciones autónomas precarias y vulnerables.

Este eje persigue medir la cobertura y el resultado de la atención prestada para el fomento del empleo autónomo y el emprendimiento y la eficacia en términos de inserción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Comprende un objetivo, siendo el siguiente:

5.1 Potenciar el alcance de los servicios proporcionados por los Servicios Públicos de Empleo para el fomento del empleo autónomo y el emprendimiento y la eficacia en términos de inserción en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo:

Comprende las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

El eje tiene como finalidad medir la contribución de los Servicios Públicos de Empleo en la optimización del marco institucional a través de la mejora, en cada Servicio Público de Empleo, de los factores que inciden en su desempeño, establecidos por la Red PES EU.

Por su propia naturaleza, los objetivos de este Eje son instrumentales, en la medida en que el cumplimiento de los mismos tendrá como resultado una mayor eficacia de los servicios públicos de empleo en los objetivos finalistas de activación e inserción.

Comprende uno de los seis objetivos previstos en la Estrategia y son los siguientes:

6.1 Potenciar la contribución de los Servicios Públicos de Empleo en la optimización del marco institucional a través de la mejora, en cada Servicio Público de Empleo, de los factores que inciden en su desempeño, establecidos por la Red PES EU.

4.4 Objetivos presupuestarios/económicos.

• a) Promover la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital y productiva, tanto a personas desempleadas como ocupadas (ECON1).
• b) Favorecer la puesta en marcha de proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad que afecten a la mayor población posible. (ECON2).
• c) Incrementar el esfuerzo en el impulso de la gobernanza del PAPE (ECON3).
• d) Impulsar la transformación digital de los servicios públicos de Empleo para el rediseño, optimización y modernización de los servicios públicos (ECON4).
• e) Maximizar la utilización del gasto comprometido en las PAE. (ECON5).

Los objetivos de este nuevo bloque están alineados con algunas de las principales recomendaciones recibidas por el Sistema Nacional de Empleo como resultado de las principales evaluaciones de las que ha sido objeto en los últimos años. Los objetivos e indicadores de este nuevo bloque permitirán, en este PAPE y en los siguientes, facilitar el carácter holístico de futuras evaluaciones, completando los aspectos cuantitativos definidos con mayor detalle en los bloques Estratégico y Estructural.

5. Criterios de elaboración

El Plan 2021 que se presenta, contiene el conjunto de los servicios y programas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación en todo el Estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.

La coherencia interna del Plan 2021 se refuerza utilizando el marco conceptual que estableció la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Este marco conceptual diferencia entre los servicios y los programas y, a su vez, diferencia entre aquellos servicios y programas que son comunes o de aplicación para todo el Estado, y los que son propios de cada Comunidad Autónoma y del Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con las siguientes definiciones:

• – Servicio. Conjunto coordinado de actividades (que debería estar específicamente identificado como tal en la cartera de servicios de un Servicio Público de Empleo a que hace referencia el artículo 27 del texto refundido de la Ley de Empleo y en el Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo), que se prestan de forma continuada y sostenida en el tiempo, y que buscan atender derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios.
• – Programa. Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, Planificado y gestionado a través de un instrumento jurídico o técnico concreto (concesión de una subvención, contratación administrativa, suscripción de convenio, gestión directa, etc.), con coste identificado o identificable, dirigido a la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos.
• – Servicio Común. Servicio común o de aplicación en todo el Estado. Se incluyen las actividades diferenciadas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
• – Servicio Propio. Servicio prestado por uno de los integrantes del Sistema Nacional de Empleo en su ámbito propio.
• – Programa Común. Programa cuyos aspectos esenciales han sido determinados a través de un instrumento jurídico de aplicación a todo el conjunto del Estado, y que puede ser aplicado, y en su caso desarrollado en sus aspectos no esenciales, por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo.
• – Programa Propio. Programa definido mediante un instrumento jurídico aplicable en una Comunidad Autónoma y dirigido a su ámbito propio de actuación.

Asimismo, se mantienen en el Plan 2021 los criterios de idoneidad definidos en las ediciones anteriores, que deben cumplir los servicios y programas para su inclusión en el Plan, y que son los siguientes:

• 1) Tratarse de servicios y programas de Políticas Activas de Empleo o intermediación laboral a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
• 2) Gestionarse mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otro instrumento ajustado a derecho.
• 3) Al menos una parte del servicio o programa se ejecutará durante el 2021, de forma que puedan identificarse beneficiarios en este año, sin perjuicio de que el servicio o programa pueda continuar desarrollándose en años posteriores.x
• 4) Relevancia: Dar respuesta a problemas del mercado laboral previamente diagnosticados e identificados adecuadamente.
• 5) Pertinencia: Estar dotados de los elementos que permitan valorar metas, fines y resultados con claridad y concreción.
• 6) Coherencia interna: Consistencia con el resto de elementos que integran el Plan 2021 (ejes, objetivos clave, objetivos estratégicos, objetivos estructurales).

Con el fin de recoger de forma sistematizada y homogénea los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral a incluir en el mismo, tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han proporcionado para su análisis y consideración, la relación y descripción de cada uno de los servicios y programas que se prevé realizar durante 2021, y cuya inclusión final ha dado lugar a los servicios y programas de este Plan 2021.

En la descripción se ha recogido para cada uno de los servicios y programas incluidos, la información necesaria para conocer en qué consiste su instrumentalización, incidencia y los costes que se financian, así como la fuente de financiación, ya sea por financiación propia, por fondos estatales distribuidos a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por financiación mixta o por otras fuentes de financiación.

En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas han podido optar por realizar servicios y programas propios, con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Empleo, el Plan 2021 recoge también la información correspondiente a los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que las Comunidades Autónomas prevean realizar con recursos económicos propios.

Además, hay que señalar que en el Plan 2021, también se recogen los servicios y programas de políticas activas de empleo que desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito de gestión, en el que se incluyen tanto los servicios y programas en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), como los gestionados con cargo a la reserva de gestión establecida en el artículo 18.h) del texto refundido de la Ley de Empleo, como los programas que no son objeto de traspaso a las Comunidades Autónomas, como son el Programa de Fomento de Empleo Agrario, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y la formación programada por las empresas.

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que la irrupción de la pandemia causada por el COVID-19 ha conllevado a una reformulación de las actuaciones incorporando como finalidad transversal contener, sofocar y anular los efectos económicos y sociales de esta crisis en su afectación al empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Por ello, en la selección de servicios y programas por parte de los distintos agentes que conforman el Sistema Nacional de Empleo se han tomado en consideración los siguientes principios:

• I. Priorizar las medidas y acciones de los servicios públicos de empleo para que se adecuen a los nuevos objetivos del contexto laboral para 2021.
• II. Focalizar los esfuerzos en aquellos colectivos en los que las medidas establecidas resulten de mayor eficiencia y eficacia.
• III. Flexibilizar los instrumentos operativos de los servicios públicos de empleo para que puedan actuar de forma ágil e inmediata ante el nuevo contexto del mercado de trabajo provocado por la emergencia sanitaria.

6. Servicios y programas de políticas de activación para el empleo

Los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2021 son aquellos que no se financian con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan 2021 un total de 738 servicios y programas distintos para el conjunto de los 6 Ejes, tal y como se muestra en el Anexo I.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan 2021, se recogen de manera resumida en el Anexo II y de forma detallada en el Anexo III, que lo acompañan.

Con el fin de facilitar la identificación y diferenciación de los servicios y programas comunes o de aplicación en todo el Estado, de aquellos que no son comunes, y por ende propios de una Comunidad Autónoma, se ha establecido un sistema de codificación que permite diferenciar entre un tipo y otro de acuerdo con los siguientes códigos:

SC: Servicio Común.

PC: Programa Común.

SP: Servicio Propio.

PP: Programa Propio.

De manera resumida, se muestran los servicios y programas según Eje:

Eje 1. Orientación:

Se encuentra integrado por un total de 111 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 98 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00001 Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.

SC00002 Diseño del itinerario personalizado para el empleo.

SC00003 Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.

SC00004 Asesoramiento y ayuda técnica adicional.

SC00005 Información y asesoramiento adicional.

SC00006 Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y demandas.

SC00007 Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa.

SC00008 Comunicación de la contratación laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa.

SC00009 Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente.

PC00001 Programas de orientación profesional para el empleo y autoempleo.

PC00002 Programas de colaboración con agencias de colocación.

PC00031 Programa ORIENTAJOVEN.

PC00036 Lanzaderas de empleo.

Eje 2. Formación:

Se encuentra integrado por un total de 185 servicios y programas, de los cuales 15 son comunes y 170 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00010 Formación profesional para el empleo acorde a las necesidades de los usuarios.

SC00011 Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.

SC00012 Evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

SC00013 Mantenimiento y actualización de la cuenta de formación.

SC00014 Inscripción de centros y entidades de formación profesional para el empleo.

PC00003 Oferta formativa para personas trabajadoras ocupadas (Programas de formación sectoriales, transversales y de cualificación y reconocimiento profesional).

PC00004 Oferta formativa para personas trabajadoras desempleadas (Programas de formación de los Servicios Públicos de Empleo).

PC00005 Programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional.

PC00006 Programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

PC00007 Formación en alternancia con el empleo.

PC00008 Prácticas no laborales en empresas.

PC00017 Actividad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje.

PC00027 Formación impartida con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación.

PC00034 Oferta formativa para trabajadores desempleados (Cheque formación).

PC00037 Cadena formativa intergeneracionales.

Eje 3. Oportunidades de Empleo:

Se encuentra integrado por un total de 192 servicios y programas, de los cuales 6 son comunes y 186 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

PC00011 Programas de colaboración con corporaciones locales.

PC00012 Programas de colaboración con órganos de la administración general del estado, organismos autónomos y entidades sin ánimo de lucro.

PC00013 Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido (centros especiales de empleo).

PC00014 Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

PC00015 Programas integrales de empleo.

PC00016 Trabajos temporales de colaboración social.

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo:

Se encuentra integrado por un total de 42 servicios y programas, de los cuales 5 son comunes y 37 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00015 Apoyo a la gestión de la movilidad laboral (Red EURES).

SC00016 Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad en la formación y cualificación profesional.

PC00018 Apoyo a programas de ayuda a la movilidad para inserción laboral, formación y prácticas en Europa.

PC00033 Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.

PC00039 Apoyo a startup o proyectos de base tecnológica para mujeres jóvenes.

Eje 5. Emprendimiento:

Se encuentra integrado por un total de 135 servicios y programas, de los cuales 11 son comunes y 124 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00017 Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

SC00018 Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo.

SC00019 Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.

SC00020 Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la contratación.

PC00019 Fomento del empleo autónomo.

PC00020 Apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales.

PC00021 Estudios de mercado y campañas para la promoción laboral.

PC00022 Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

PC00023 Proyectos y empresas calificadas como I+E.

PC00024 Concesión de subvenciones consistentes en el abono a los trabajadores que hicieren uso del derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

PC00038 Startup con incubadoras de empresas.

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo:

Se encuentra integrado por un total de 73 servicios y programas, de los cuales 8 son comunes y 65 propios.

Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han podido seleccionar entre los siguientes servicios y programas comunes:

SC00021 Mejora del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

PC00025 Portal Único de Empleo.

PC00026 Marco de referencia para la colaboración pública-privada y pública-pública.

PC00028 Programas de intercambio de Buenas Prácticas.

PC00029 Mejora del sistema de gestión y soporte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

PC00030 Programa de reforma, adaptación y mejora de las oficinas de empleo.

PC00032 Plan Reincorpora-T, Plan Trienal para prevenir y reducir el paro de Larga Duración 2019-2021.

PC00035 Programa de evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo, EVADES.

7. Financiación

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, aprueba la dotación financiera que se ha tenido en cuenta en la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo para el año 2021.

La dotación recogida en la citada norma para financiar iniciativas que faciliten la ejecución de políticas de activación para el empleo con cargo a los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Servicio Público de Empleo Estatal, asciende a 6.478.670,83 miles de euros que se financiarán con cargo a la cuota de formación profesional para el empleo (1.340.918,30 miles de euros);a las aportaciones procedentes del FSE (300.000,00 miles de euros); las aportaciones procedentes del MRR (1.084.750,00 miles de euros); aportaciones del Estado (3.348.798,64 miles de euros) y otros ingresos (404.203,89 miles de euros). Por lo tanto, la dotación destinada a financiar iniciativas en materia de políticas activas de empleo no vinculadas al MRR, es de 5.393.920,83 miles de euros, siendo la dotación destinada para las vinculadas al MRR, las cuales no se recogen en este plan, de 1.084.750,00 miles de euros.

Dicho esto, de acuerdo al citado presupuesto, inicialmente, un total de 2.110.827,03 miles de euros, han sido objeto de distribución para su gestión por las Comunidades Autónomas de acuerdo a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.

En 2021 además, en los presupuestos del SEPE sólo se recoge la parte de la cuota de Formación Profesional para el Empleo que corresponde ingresar a dicho organismo, ya que con motivo de la reestructuración de diversos Departamentos Ministeriales aprobada en el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, determinadas competencias en el ámbito del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que hasta dicho ejercicio se desarrollaban por el Servicio Público de Empleo Estatal, pasaban a ser competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este sentido, la disposición adicional 124.ª de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece que la parte de la cuota de formación profesional para el empleo que se vaya a utilizar para financiar las competencias de ejecución del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que asumirá el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ingresará en el Tesoro Público.

En el anexo IV se incluye la dotación presupuestaria destinada a financiar las iniciativas recogidas en el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2021 por ejes.

En consecuencia, cabe señalar que, los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidos en este Plan 2021 recogidos en los Anexos I, II y III no se financian con cargo al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), pues encuentran su financiación en la dotación de 5.393.920,83 miles de euros, como se ha expuesto anteriormente.

Por último, se debe destacar el mantenimiento del programa de refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos en las labores de orientación y prospección de empleo, así como la inclusión de un importante refuerzo en la financiación de programas de formación en alternancia con el empleo dirigidos prioritariamente para personas jóvenes.

8. Evaluación

El texto refundido de la Ley de Empleo establece que el PAPE es un instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo que permite concretar los objetivos formulados por la Estrategia Española de Activación para el Empleo, adaptándolos a las circunstancias cambiantes del mercado de trabajo, así como al marco presupuestario anual.

En este sentido, el PAPE 2021 representa la primera oportunidad de plasmar la concreción operativa de la nueva Estrategia de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, informada por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021, con el apoyo unánime de las comunidades autónomas, y por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que articula la participación de los interlocutores sociales. Precisamente por su carácter primigenio en relación con la nueva Estrategia, resulta esencial que el PAPE 2021 incorpore ya los elementos más innovadores de esta, entre los que se sitúa la apuesta por la evaluación integral y permanente que permita sistematizar el seguimiento en su aplicación y la obtención de resultados, así como proponer los cambios y ajustes necesarios de la misma a lo largo de su vigencia.

Desde esta perspectiva, que pretende trasladar el marco lógico de planificación y diseño de la Estrategia a su ámbito operativo a través del PAPE con la mayor inmediatez posible, se aprecia con claridad la voluntad de este nuevo marco estratégico de servir al mismo tiempo como documento de programación y como referente conceptual para el impulso de las PAE en el seno del Sistema Nacional de Empleo en los próximos años que asume la evaluación como eje vertebral de su funcionamiento y mejora continua.

En términos prácticos, este papel central de la evaluación permitirá superar la utilización de indicadores focalizados exclusivamente en el reparto de fondos, incorporando paulatinamente a los PAPE un modelo de evaluación orientado hacia los resultados de los servicios y programas que resulte transparente y accesible. Este nuevo modelo de evaluación integral configurará finalmente el sistema de evaluación de las PAE y del conjunto de su marco estratégico, facilitando no solo la evaluación de los planes anuales sino también la evaluación global de la Estrategia al final de su periodo de vigencia.

Puede decirse que el PAPE 2021 pretende ejemplificar la plena coherencia entre la Estrategia y la planificación operativa anual, desde el primer momento en que resulta posible verificarla, para manifestar explícitamente una misma visión de reforma sobre el conjunto de las PAE que se traduce en elementos de modernización y mejora, concretamente en la adopción de este nuevo modelo de evaluación.

De hecho, el Objetivo estratégico 3 de «Orientación hacia resultados» de la EEAAE 2021-2024 incorpora expresamente el Objetivo específico 1, «Consolidar un modelo integrado de evaluación de las Políticas Activas de Empleo», con la vocación de diferenciar entre los procesos evaluativos a desarrollar para un conjunto de políticas activas de empleo, de aquellos servicios o programas que puedan ser objeto de seguimiento continuo en forma de monitorización o de una evaluación individualizada en el seno del SNE.

En este sentido, trasladar de manera inmediata al PAPE 2021 el Objetivo estratégico de orientar las PAE hacia resultados mensurables ha de ser compatible con el hecho de consolidar el modelo integral de evaluación de las PAE en forma paulatina a lo largo del período de vigencia de la Estrategia, toda vez que el diseño de las metodologías cuantitativas y cualitativas para la evaluación y el seguimiento de los servicios y programas requerirá un proceso participativo de los distintos actores implicados.

En primer lugar, los miembros del SNE, servicios públicos de empleo estatal y autonómicos, que participarán en el propio diseño del modelo integrado de evaluación y seguimiento de las PAE con el fin de institucionalizar la evaluación en el marco del SNE de modo que esta se incorpore plenamente a su modelo de gobernanza.

En segundo lugar, a través de la apertura conceptual y operativa del modelo integral de evaluación de las PAE a la participación de los interlocutores sociales que, además de su función en los Servicios Públicos de Empleo, cuentan con experiencias valiosas en la evaluación de las PAE a nivel autonómico, nacional e internacional.

En tercer lugar, mediante la colaboración del SNE con organismos especializados, en particular la AIREF, que ha venido proponiendo elementos de mejora de la evaluación de las PAE a través de distintos informes durante los últimos años. Conviene recordar que, en los últimos años, se han incorporado trabajos concretos en colaboración con otras instituciones independientes de ámbito nacional e internacional, como en el caso del trabajo desarrollado por el Banco Mundial en relación con los Planes de Choque de Empleo Joven y de prevención del desempleo de larga duración y por el equipo evaluador designado por la PES Network en relación con la mejora del desempeño de los servicios públicos de empleo en el marco del programa EVADES.

En cuarto lugar, con las aportaciones complementarias a la evaluación integral que realicen expertos en evaluación a través de unidades especializadas o de colaboraciones con otras instituciones y entidades, del ámbito público y privado, incluyendo el ámbito académico.

Precisamente por este carácter abierto y cooperativo con distintos actores relevantes en la evaluación de las PAE, este nuevo modelo sistémico e integral de evaluación que se inicia con el PAPE 2021 requerirá diseñar e implementar un plan de trabajo anual con los objetivos específicos de la evaluación anual. Como indica oportunamente la EEAAE 2021-2024, este plan anual de evaluación deberá concretar las actividades a realizar, como la elaboración de guías, los instrumentos de colaboración con terceros, el diseño de indicadores, el cronograma de actuaciones, incluyendo los eventos de comunicación y difusión, y el presupuesto asignado.

Sin perjuicio de su carácter estatal, este plan de trabajo anual tendrá en cuenta las singularidades de cada uno de los SPE y del resto de agentes de las PAE, y fomentará la capacitación en evaluación y la sensibilización en la cultura evaluadora en el conjunto del SNE. Para dotar de estabilidad la práctica de la evaluación se promoverá la creación de unidades especializadas en evaluación en los Servicios Públicos de Empleo

Dentro de este nuevo modelo de evaluación integral de las PAE, llamado a convertirse en un elemento diferencial de la nueva Estrategia, será necesario prestar atención a ciertos instrumentos instrumentales.

Por una parte, la futura ley de empleo elevará el rango normativo de la evaluación confiriendo a esta el carácter de institución que permita una mejor asignación de recursos y mayor efectividad.

Por otra, la revisión y simplificación normativa de las PAE, como el nuevo reglamento de programas comunes del SNE, facilitará la coherencia de los conceptos, definiciones y métricas a nivel nacional y, por tanto, permitirá una mayor coherencia en las evaluaciones a nivel nacional y una mejor comparación con las referencias internacionales.

En la misma línea, será preciso impulsar la transparencia de datos y su puesta a disposición para el acceso de todas las entidades descritas anteriormente, particularmente equipos de investigación y universidades interesadas en realizar evaluaciones externas al Sistema Nacional de Empleo.

En definitiva, sin perjuicio de las actuaciones específicas en materia de seguimiento y evaluación promovidas por los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en su ámbito territorial, el PAPE incorporará, en forma paulatina, un modelo integrado de seguimiento y evaluación de las políticas activas de empleo coherente con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, y orientado a la medición del impacto y de los resultados de las PAE en las personas y las empresas, prestando especial atención a los de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, a la evaluación del desempeño de los Servicios Públicos de Empleo y a la concurrencia de evaluaciones externas e independientes.

Para que este modelo de evaluación se incorpore eficazmente a cada PAPE será necesario un nuevo árbol de objetivos económicos, que complete los objetivos clave, estratégicos y estructurales, y la adopción paulatina de instrumentos de contabilidad analítica que permitan analizar la eficacia y eficiencia de los servicios y programas.

De este modo, además de la rendición de cuentas, el modelo de evaluación de las PAE facilitará la toma de decisiones y contribuirá a la mejora del desempeño, de la transparencia y de la difusión de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo.

Por último, cabe señalar que los programas y servicios incluidos en el PAPE 2021 se complementan con las medidas novedosas de activación para el empleo diseñadas en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, las cuales serán objeto de la evaluación establecida en el mismo.

ANEXO I
PAPE 2021: Resumen General por Ejes, Servicios y Programas distintos

ANEXO II
PAPE 2021: Resumen General por CCAA: Servicios y programas a realizar

ANEXO III
PAPE 2021 Servicios y programas por eje y CC. AA.

ANEXO IV
PAPE 2021. Dotación Presupuestaria

ANEXO V
PAPE 2021. Documento de Indicadores

1
Conceptos básicos del sistema actual de intermediación y empleo

Se incluye en primer lugar un resumen de los conceptos básicos que se utilizan en los sistemas de intermediación y empleo, formación para el empleo y prestaciones, con el fin de aclarar los términos que se emplean más adelante, en la definición detallada propuesta de los indicadores que se utilizarán en el sistema de evaluación.

Paro registrado: Concepto estadístico que se corresponde con las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes, y que suma las personas demandantes de empleo inscritas al final de cada mes que no tienen alguna de las causas de exclusión siguientes, establecidas por la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 (BOE 14 marzo 1985), por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado:

a) Personas trabajadoras ocupadas: Las que solicitan un empleo para compatibilizarlo con el actual o cambiarlo por el que tienen, las que están en suspensión o reducción de jornada por un expediente de regulación de empleo, las que están ocupadas en trabajos de colaboración social y las que compatibilizan un trabajo a tiempo parcial y la prestación por desempleo.

b) Personas trabajadoras sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible con el mismo: jubiladas, pensionistas de invalidez absoluta o gran invalidez, personas mayores de 65 años, en situación de incapacidad temporal, maternidad o baja médica, estudiantes de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años o mayores de esta edad si son demandantes de primer empleo, y asistentes a cursos de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las veinte semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer empleo.

c) Personas trabajadoras que demandan exclusivamente un empleo de características específicas tales como las siguientes: empleo a domicilio, por período inferior a tres meses, de jornada semanal inferior a 20 horas, para trabajar en el extranjero y aquellas personas que se inscriben en las Oficinas públicas de empleo como requisito previo para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado.

d) Personas trabajadores eventuales agrarias beneficiarias del subsidio especial por desempleo que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un período superior a un año desde el día del nacimiento del derecho.

e) Personas que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus características y las que tienen suspendida la demanda, en tanto permanezcan en esa situación.

Esta información se obtiene de distintos campos de la demanda, que han podido ser anotados por la persona responsable de realizar la propia entrevista o como consecuencia de cruces internos (prestaciones, comunicación de la contratación, formación…) o bien por cruces externos con otros organismos (educación, seguridad social, defensa, etc.).

Las personas demandantes excluidas del paro registrado en base a las causas anteriores figuran bajo la denominación: «Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado».

Demandantes: Las personas que se registran en los SPE pueden adquirir distintas categorías durante la vida de su demanda:

• – Demandantes de empleo: Son las personas que solicitan un trabajo a través del SPE, y suponen el 99% de las personas que se registran en los SPE. Ser demandante de empleo conlleva también ser demandante de servicios.
• – Demandantes de servicios previos al empleo: Son personas que antes de entrar en el mercado laboral precisan recibir uno o más servicios que les permitan adquirir habilidades o conocimientos de los que carecen. Esta categoría se asigna normalmente a criterio del personal técnico
• – Demandante de otros servicios: Muchas Administraciones Públicas ofrecen beneficios a las personas que «están en el paro». Ello induce a que se registren como demandantes personas que realmente no buscan empleo ni quieren recibir servicios de los SPE, pero a las que se les pide que sean demandantes para recibir esos beneficios. Cuantitativamente suponen un porcentaje muy pequeño respecto del total de demandantes (en torno al 0,5%) pero, aunque no incrementan las cifras de paro registrado, distorsionan bastante la gestión, por lo que es preciso tenerlos perfectamente identificados.

Situaciones administrativas de las demandas: Las demandas pueden encontrarse en una de estas tres situaciones administrativas diferentes:

• – Situación de alta.
• – Situación de suspensión.
• – Situación de baja.

Una persona demandante tiene la condición de «inscrito» si, y solo si, su demanda se encuentra en situación de alta o suspensión. Como norma general, a efectos del actual sistema de indicadores, los criterios de extracción de datos se entienden referidos a demandas inscritas.

Las causas por las que se producen cambios entre estas situaciones pueden ser diversas:

• – Pasar a situación de alta: Por registro inicial, por recuperación de una baja, por reactivación de una suspensión, etc.
• – Pasar a situación de suspensión, con o sin intermediación: Por formación, por incapacidad temporal, por baja maternal, por obligaciones familiares, etc.
• – Pasar a situación de baja: Se puede producir por diferentes causas, siendo las principales:
  • • Por colocación por cuenta ajena o propia.
  • • Por jubilación o invalidez.
  • • Por rechazar trabajos, acciones o programas.
  • • Por no renovar la demanda de empleo.
  • • Por baja voluntaria.
  • • Por fallecimiento.
  • • Por ingreso en prisión para cumplir condena.
  • • Por no presentar documentación ligada a su condición de persona extranjera.
  • • Etc.

Con carácter general una persona demandante en baja no tiene la consideración de persona inscrita, pero puede recibir determinados servicios.

Tabla de estados de un persona

Situaciones laborales de las demandas en relación con el empleo: A su vez, las demandas pueden provenir de personas que se encuentren en alguna de las tres situaciones siguientes:

• – Ocupadas.
• – Trabajadoras agrarias.
• – Desempleadas.

Los dos primeros colectivos no se incluyen en la contabilización del paro registrado. Son las personas desempleadas las que contabilizan en éste, salvo que tengan alguna otra causa que los excluya, según la Orden Ministerial de 1985, de medición del paro registrado.

Oferta de empleo: Las empresas pueden ofrecer vacantes a los SPE para que las gestionen. En una oferta de empleo, además de la descripción del puesto vacante y del perfil de las candidaturas, se indica el número de puestos que se ofertan. Es importante tener en cuenta que en una única oferta se pueden ofrecer uno o varios puestos de trabajo, y que además su número y características pueden ir variando durante el período de vida de la oferta, dependiendo de las necesidades de la empresa. Por este motivo, en un momento determinado los puestos de trabajo de una oferta de empleo pueden pertenecer a alguno de los siguientes tipos:

• – Puestos registrados: Son los puestos ofertados en el registro inicial de la oferta de empleo.
• – Puestos ampliados: Son los puestos que se amplían en un momento posterior al registro inicial de la oferta.
• – Puestos ofertados: Son los puestos registrados más los ampliados.
• – Puestos cubiertos: Son los puestos que se han cubierto como consecuencia de la comunicación de un contrato de trabajo por parte de la empresa con la que la persona demandante fue puesta en contacto para cubrir una oferta.
• – Puestos anulados: Son los puestos que se anulan en un momento posterior al registro inicial de la oferta.
• – Puestos pendientes: Son los puestos que en un momento determinado aún están vacantes (los registrados más los ampliados, menos los cubiertos y los anulados).

El proceso de gestión de las ofertas de empleo puede ser muy variado. Una empresa puede ofertar un puesto para cubrirlo rápidamente, con lo cual la vida de la oferta será muy corta, mientras que otra puede anticiparse mucho a la necesidad para así disponer de más tiempo para escoger las mejores candidaturas, o puede que tenga que cubrir muchos puestos. En estos casos las ofertas pueden llegar a permanecer abiertas durante bastante tiempo.

Uno de los problemas con que se encuentran los SPE al gestionar las ofertas es que es muy frecuente que las empresas intenten cubrir sus puestos utilizando varios canales en paralelo, con objeto de encontrar las mejores candidaturas (ofertándolos a los SPE, mediante contactos personales, a través de agencias, etc.). Y cuando un puesto ofertado se acaba cubriendo finalmente a través de alguno de los otros canales, es muy habitual que no se comunique su cobertura al SPE. Aproximadamente el 80 % de los puestos ofertados a los SPE se acaban cubriendo a través de la gestión de éstos, mientras que el 20% restante se acaba haciendo finalmente a través de otros canales.

También es frecuente que la denominación del puesto que finalmente se cubre no coincida exactamente con la denominación del puesto que se ofertó, por lo que resulta difícil determinar con exactitud si uno se corresponde con el otro.

Situaciones de las ofertas de empleo: Las ofertas de empleo pueden encontrarse en distintas situaciones de gestión excluyentes entre sí, siendo las principales:

• – Registrada: No se ha hecho ninguna gestión con la oferta.
• – Atendida o emparejada: El SPE ha identificado al menos a una persona que pudiera ser candidata (creación de la relación demanda-oferta a través de un sondeo, cita, etc.)
• – En casación: Se ha enviado a la empresa al menos a una persona.
• – Concluida: Ya no se hace gestión directa con ella y queda con cero puestos pendientes, pero la persona responsable de la gestión puede volverla a recuperar y además hay procesos automáticos que siguen haciendo gestión con ella (proceso de cobertura de puestos descrito más adelante).
• – En baja: No se hace ninguna gestión con ella y no se puede recuperar para la gestión.

Adicionalmente, cualquiera de las anteriores puede estar a la vez:

• – En difusión nacional: Son las ofertas puestas en difusión por los SPE en el Portal del Sistema Nacional de Empleo, que a su vez se difunden en el portal Empléate.
• – En difusión regional: Son las ofertas puestas en difusión por los SPE en sus propios portales.

Relación demanda-oferta: Es la relación que se genera cuando una persona demandante entra en contacto con una oferta de empleo a través de los SPE. Estas personas pueden estar en distintas situaciones, entre otras por haber sido:

• – Sondeada: El SPE obtiene personas candidatas sondeando las demandas que cumplen con los requerimientos de la oferta.
• – Citada: El SPE la ha citado como paso previo al envío a la empresa, para comprobar cuestiones relacionadas con su perfil, con su interés por el puesto de trabajo, etc.
• – Enviada: El SPE la envía a la empresa como candidata, quedando pendiente del resultado. Como hemos indicado antes, muchas veces el resultado no retorna a los SPE.

Colocación de personas demandantes: Es la colocación por cuenta ajena de demandantes. Se extraen del fichero de colocaciones y se generan como consecuencia de la comunicación de contratos de trabajo.

A los efectos de las colocaciones tienen la consideración de demandantes aquellas cuya demanda está en situación administrativa de:

• – Alta.
• – Suspensión.
• – Baja de menos de 6 meses.

Las colocaciones de demandantes en relación con la oferta de empleo registrada en el servicio público de empleo (SPE), se realiza a través del código de cuenta de cotización de la empresa (no a través del NIF de la empresa), y pueden ser:

• – Con oferta previa: Se entiende que hay oferta previa cuando, o bien la empresa consigna el número de oferta en la comunicación de la contratación, o bien se localiza una oferta con el mismo CCC de la empresa que contrata. Dependiendo de la situación de la demanda en la relación demanda-oferta, las colocaciones pueden ser:
  • a) Con gestión de la oferta de empleo: Los SPE han realizado algún tipo de gestión con la demanda en relación con el CCC de la empresa que contrata, es decir, existe alguna relación demanda-oferta entre la persona trabajadora contratada y el CCC de la empresa. Puede ser:
    • • Con envío: La persona demandante ha sido enviada previamente a la oferta de empleo que figura en el contrato comunicado (si se ha consignado) o a otra oferta del mismo CCC y, por tanto, en alguna de las relaciones demanda-oferta de ese CCC, la demanda está con situación de enviada.
    • • Sin envío: La persona demandante no ha sido enviada previamente a ninguna oferta de ese CCC, pero se ha realizado alguna gestión con la demanda en la oferta de empleo que figura en el contrato comunicado (en el caso que se haya consignado) o en otra oferta del mismo CCC. Por lo tanto, en alguna de las relaciones demanda-oferta para ese CCC, la demanda figura con otras situaciones previas al envío (sondeada, citada, etc.) Esta situación es relativamente frecuente, y suele darse porque la persona trabajadora, ha contactado directamente con la empresa, anticipándose al posible proceso de envío por parte del SPE.
  • b) Sin gestión de la oferta de empleo: Los SPE no han realizado ningún tipo de gestión, es decir, no existe ninguna relación demanda-oferta entre la persona contratada y el CCC, pero la empresa ha consignado el número de la oferta en la comunicación de la contratación.

    Hay que señalar que es muy raro que se consigne el n.^o de oferta de empleo en la comunicación del contrato. Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda de ofertas para localizar la situación de envío u otras anteriores, se hace a nivel de empleador a través del código de cuenta de cotización (CCC), no a nivel de empresa (NIF).

• – Sin oferta previa: No existe ninguna relación demanda-oferta entre la persona contratada y el CCC y tampoco se ha consignado el número de oferta en la comunicación de la contratación.

  Dependiendo de los servicios que haya recibido la demanda, previos a la colocación, las colocaciones pueden ser:

  • a) Con servicios recibidos: La demanda ha recibido algún servicio en los 6 meses anteriores a la comunicación de la colocación.
  • b) Sin servicios recibidos: La demanda no ha recibido ningún servicio en los 6 meses anteriores a la comunicación de la colocación.

Contratación de no demandantes: Cuando se registran comunicaciones de la contratación de personas que no tienen la condición de demandantes, a esas colocaciones se las denomina contrataciones de no demandantes. Comprende los contratos de personas que no han estado inscritas nunca en los SPE y aquellas cuyas demandas están de baja desde hace más de 6 meses.

Lo anterior se puede sintetizar en la siguiente tabla de colocaciones, según los códigos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE):

Cobertura de puestos: Los contratos comunicados son los que generan las colocaciones de demandantes y las contrataciones de no demandantes, a través de un complejo proceso que se denomina cobertura de puestos. Este proceso permite encuadrar las colocaciones de demandantes de empleo en una de los tipos anteriores: (a) con envío, (b) sin envío, (c) con servicios, y (d) sin servicios.

En el momento en que se comunica el contrato, el proceso de cobertura comprueba, en primer lugar, si existe una relación de la demanda con la oferta indicada en la comunicación de la contratación. Si no ha sido así, busca si la demanda está relacionada con alguna oferta del mismo CCC, intentando encontrar alguna relación de envío. Si la encuentra, apunta la colocación con envío a oferta. Si no la encuentra, busca otras relaciones anteriores al envío y, si las encuentra, apunta la colocación con oferta sin envío, pero con gestión.

En todos los casos, el proceso comprueba si la demanda además ha recibido servicios o no en los 6 meses anteriores para su encuadramiento en el cuadro anterior.

En la búsqueda de ofertas del mismo CCC, el proceso de cobertura primero busca en ofertas idénticas, es decir, que haya coincidencia en la oferta de empleo y en el contrato comunicado entre el CCC de la empresa, el NIF/NIE de la persona contratada, la localidad del puesto de trabajo y la ocupación y si no localiza oferta idéntica, busca cualquier oferta para ese CCC, es decir, que haya coincidencia entre el CCC y el NIF/NIE.

Si no encuentra relación demanda-oferta, busca a continuación en servicios recibidos por la demanda, para comprobar si en los 6 meses anteriores a la fecha de comunicación del contrato, se hubiera iniciado algún servicio. Si encuentra alguno, apunta una colocación sin oferta, pero con servicios. Si no encuentra ningún servicio apunta una colocación sin oferta y sin servicios recibidos.

Como se ha dicho anteriormente, a los efectos de este proceso de cobertura se consideran demandas de empleo las que están en situación administrativa de:

• – Alta.
• – Suspensión.
• – Baja de menos de 6 meses.

Efectos de la cobertura de puestos: Con carácter general, la baja de la demanda se produce por el alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de la persona trabajadora. Dependiendo del régimen de cotización, se generará una baja por alta en el régimen general de la seguridad social, o bien una baja por alta en el régimen de autónomos de la seguridad social

La cobertura de puestos actúa, si procede, sobre los puestos de trabajo de las ofertas de empleo y sobre las situaciones de la demanda.

• – En la demanda: Al comunicar el contrato de trabajo se le anota la baja a la demanda por la causa de colocación que corresponda, salvo que ya estuviera de baja por el alta en TGSS.
• – En la oferta: Con carácter general se da de baja un puesto en la oferta localizada durante el proceso de cobertura.

Además, actualiza la relación demanda-oferta, si corresponde y anota la colocación que corresponda en el fichero de colocaciones.

Comunicación de la contratación: Es la comunicación del contenido de los contratos de trabajo a los SPE que desencadena el proceso de cobertura de puestos. Es una obligación para las empresas en el plazo máximo de los diez días siguientes al inicio de la relación laboral. Normalmente las fechas de inicio de contrato y de comunicación de éste son distintas (el contrato se suele comunicar después de su inicio, e incluso cuando el propio contrato ya ha expirado). Hay 2 fechas de interés:

• – Fecha real de inicio, que es el día en que se inicia la relación laboral.
• – Fecha de comunicación del contrato, que es el día en que el empresario ha comunicado a los SPE el contenido del contrato de trabajo que ha firmado con la persona contratada. Normalmente es posterior a la fecha de inicio de la relación laboral.

Servicios recibidos por la demanda: Los servicios que se prestan a las demandas (servicios, acciones o atenciones) se anotan en esta entidad. Normalmente cuando se habla de servicios recibidos estamos hablando de servicios iniciados, aunque estén sin finalizar. Hay tres fechas de interés:

• – Fecha de inicio del servicio, que es el día real en que el demandante inicia la acción.
• – Fecha de finalización del servicio, que es el día en que el demandante finaliza la acción.
• – Fecha de mecanización, que es el día en que los SPE comunican el inicio o finalización del servicio al SISPE.

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2
Conceptos básicos de la cartera común de servicios

Cartera común de servicios: Corresponde al Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, establecer la Cartera y su contenido como uno de los elementos vertebradores de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, así como los aspectos básicos de los servicios complementarios que establezcan los Servicios Públicos de Empleo para su propio ámbito territorial.

Servicio de orientación profesional: Es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las transiciones laborales, bien desde la educación al mundo laboral o entre las diversas situaciones de empleo y desempleo que pueden darse a lo largo de la vida laboral y su finalidad es ayudar a las personas usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo. Asimismo, y a partir del diagnóstico de sus necesidades, la orientación podrá dar lugar a la prestación de otros servicios especializados de la cartera.

Comprenderá las siguientes actividades:

• a) Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.
• b) Diseño del itinerario personalizado para el empleo.
• c) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.
• d) Asesoramiento y ayuda técnica para la definición de su currículo en términos de competencias profesionales y para la aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo.
• e) Información y asesoramiento adicional sobre la situación del mercado de trabajo, las políticas activas de empleo y oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera, la oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para la formación y cualificación europeas, el apoyo a la gestión de la movilidad laboral, incluyendo el acceso a la información disponible a través de la red EURES.

Servicio de colocación y de asesoramiento a empresas: Tiene por objeto identificar y gestionar ofertas de empleo, incluyendo las procedentes del resto de los países del Espacio Económico Europeo u otros países, y localizar y desarrollar nuevas oportunidades de empleo, vinculándolas a las personas usuarias que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias, con el fin de facilitar a las empresas los perfiles más apropiados a sus requerimientos y necesidades, así como la información acerca de los procesos de contratación, y a las personas trabajadoras, su acceso a las ofertas de empleo adecuadas y disponibles. Este servicio incluye la difusión de las ofertas de empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo y del Portal Único de Empleo establecido en el artículo 8.2.b) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre.

Comprenderá las siguientes actividades:

• a) Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y demandas, en particular, la prospección e identificación de necesidades de las empresas, la captación de ofertas de empleo no gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y la difusión de información sobre las ofertas de empleo adecuadas y disponibles
• b) Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la activación, la contratación e inserción en la empresa.
• c) Comunicación de la contratación laboral y de las altas, períodos de actividad y certificados de empresa.
• d) Apoyo a los procesos de recolocación en los supuestos previstos legalmente.

Servicio de formación y cualificación para el empleo: Tiene por finalidad promover la formación, cualificación profesional, recualificación y actualización permanente de las competencias profesionales facilitando la transición al empleo, ajustando la oferta formativa y la de los proveedores de formación a las necesidades del mercado de trabajo. Este servicio proporcionará a las personas usuarias la mejora de sus competencias profesionales a través de una oferta de formación acreditable y formación no formal, así como el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral.

Comprenderá las siguientes actividades:

• a) Formación profesional para el empleo acorde a las necesidades de las personas usuarias.
• b) Control, seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.
• c) Evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
• d) Mantenimiento y actualización de la cuenta de formación.
• e) Inscripción, acreditación y selección de centros y entidades de formación profesional para el empleo.
• f) Gestión de los instrumentos europeos para favorecer la movilidad en la formación y cualificación profesional.

Servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento: Tiene por objeto apoyar y promover iniciativas emprendedoras y generadoras de empleo y autoempleo, vinculándolas a las personas usuarias que mejor se ajusten a ellas en función de su perfil y competencias, con especial atención al trabajo autónomo, a la economía social y a la dinamización del desarrollo económico local.

Comprenderá las siguientes actividades:

• a) Asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.
• b) Fomento de la economía social y del emprendimiento colectivo.
• c) Asesoramiento sobre ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
• d) Asesoramiento sobre incentivos y medidas disponibles para el fomento de la contratación.

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Conceptos básicos del sistema de formación profesional para el empleo

Iniciativas de formación: La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, y el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de desarrollo de la misma, contempla cuatro iniciativas de formación:

• a) La formación programada por las empresas, para su personal.
• b) La oferta formativa de las administraciones competentes para personas ocupadas, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.
• c) La oferta formativa de las administraciones competentes para personas desempleadas, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de contratación.
• d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación para el personal de la administración pública y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. Asimismo, se consideran iniciativas de formación las relativas a la formación de las personas en situación de privación de libertad y la formación del personal militar de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los correspondientes convenios entre las instituciones públicas competentes.

Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de formación profesional para el empleo gestionan directamente las ofertas formativas para personas ocupadas y para personas desempleadas, así como otras iniciativas de formación, cuyas características principales son las siguientes:

Modalidades de formación de oferta: En el ámbito autonómico, la programación y gestión de la formación de oferta incluye las siguientes modalidades de formación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio que la desarrolla. Así, tenemos oferta formativa para personas ocupadas y para desempleadas:

• a) Oferta formativa para personas ocupadas. Debe atender a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad. La programación de esta oferta formativa estará dirigida a cubrir las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para su personal, y se realizará tomando como base el informe anual de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual de formación. La oferta formativa para personas ocupadas se desarrollará mediante: programas de formación sectoriales, programas de formación transversales y programas de cualificación y reconocimiento profesional.
• b) Oferta formativa para personas desempleadas. Esta oferta formativa se programará ajustada tanto a las necesidades formativas individuales, conforme al perfil de cada persona, como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto de que adquieran las competencias requeridas por el mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad. Con carácter general, esta oferta formativa otorgará prioridad a las personas desempleadas con bajo nivel de cualificación y se desarrollará mediante los siguientes programas: programas de formación de los Servicios Públicos de Empleo dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción, programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional, y programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

Formación en alternancia con el empleo: La formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir al impulso de una formación que responda a las necesidades del mercado laboral mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permite a la persona compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo. Esta formación incluye la formación dual a través de los contratos para la formación y el aprendizaje y los programas públicos mixtos de empleo-formación aprobados por las Administraciones Públicas.

Durante el desarrollo de estos programas, las personas participantes reciben formación profesional adecuada a la ocupación a desempeñar, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Estos programas se rigen por lo establecido en su normativa específica, pero los contenidos de la formación de dichos programas deben estar vinculados a la oferta formativa de las unidades de competencia de los certificados de profesionalidad de la ocupación relacionada con el oficio o puesto de trabajo previsto en el contrato laboral.

De no existir certificado de profesionalidad, la formación teórica estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas para las ocupaciones o especialidades relativas al oficio o puesto de trabajo contemplados en el contrato laboral, y en su defecto, por los contenidos formativos que se aprueben por el Servicio Público de Empleo competente para el respectivo proyecto de empleo-formación.

Uno de los posibles programas públicos de empleo-formación son las Escuelas Taller, Casas de Oficio, Unidades de Promoción y Desarrollo y los Talleres de Empleo. Estos programas tienen la misma finalidad: mejorar la cualificación y las posibilidades de empleo, pero sus destinatarios son desempleados menores de 25 años, en el caso de Escuelas Taller/Casas de Oficio y mayores de 25 años en Talleres de Empleo.

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Conceptos básicos del sistema actual de prestaciones por desempleo

Persona beneficiaria de prestaciones por desempleo: Son las personas desempleadas incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en los regímenes especiales que protegen la contingencia de desempleo, que figuran de alta en prestaciones el último día de cada mes. En el caso de personas beneficiarias de subsidio agrario y renta agraria se contabilizan a las personas protegidas por el sistema especial de eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura que están de alta algún día de cada mes.

Persona perceptora de prestaciones por desempleo: Son las personas desempleadas incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social o en los regímenes especiales que protegen la contingencia de desempleo, que figuran de alta en prestaciones algún día de cada mes, de forma que generan una nómina en ese mes. El número de personas perceptoras es siempre superior al de beneficiarias, debido principalmente a bajas en prestaciones por diversas causas: colocación, salida al extranjero, jubilación, etc., que se producen en el mes además de regularizaciones de nóminas, suspensiones de ERE,s, etc.

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Terminología de referencia

En la definición detallada de los indicadores del sistema de evaluación, y a efectos exclusivos de ésta, se utiliza la siguiente terminología, que especifica lo definido en apartados anteriores en cuanto a su utilización en el cálculo de los indicadores del PAPE:

5.1 Términos conceptuales

Abandono por colocación de un plan o acción formativa: A los efectos del presente juego de indicadores, consiste en el abandono por parte de la persona participante en un plan o acción formativa en el que estuviera participando, sin haberla finalizado, por haber obtenido un empleo por cuenta propia o ajena durante su realización.

Abandono por otras causas de un plan o acción formativa: A los efectos del presente juego de indicadores, consiste en el abandono por parte de la persona participante, en un plan o acción formativa en el que estuviera participando, sin haberla finalizado, por causas distintas a la obtención de un empleo durante su realización.

Acciones formativas: En los indicadores tan sólo se contabilizarán los datos correspondientes a acciones formativas finalizadas en el periodo de referencia.

Baja como demandante: Acto por el que se da de baja una demanda como consecuencia de alguna de las causas de baja indicadas anteriormente.

Colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo: A efecto de estos indicadores se entiende que estos colectivos están formados por las personas que pertenecen al alguno de los siguientes grupos: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia doméstica, migrantes, personas con discapacidad o en situación de exclusión social.

Colectivos especialmente afectados por el desempleo: A efecto de estos indicadores se entiende por colectivos especialmente afectados por el desempleo las personas desempleadas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: mayores de 45 años o personas desempleadas de larga duración.

Colocaciones: Son las colocaciones por cuenta ajena de personas inscritas como demandantes. Se extraen del fichero de colocaciones y se generan como consecuencia de la comunicación de contratos de trabajo. Se contabilizan todas las colocaciones, que se han producido en el período de referencia y se asignan a la comunidad autónoma de gestión de la colocación.

Darse de alta en el RETA o emprender un negocio: Darse de alta, por cuenta propia en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por su actividad. Esta información se obtiene a partir de los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de las personas que figuran con un código de cuenta de cotización (CCC) de autónomos (0521, 0721, 0821 y 0825).

Demandantes con discapacidad: Personas demandantes que tienen recogida esta condición en la entidad común de persona física del SISPE.

Demandantes inscritos: Personas distintas que hubieran estado inscritas en situación administrativa de alta o de suspensión al menos 1 día en el período de referencia, y que sean demandantes de empleo o servicios de empleo, tengan o no la condición de desempleadas. Se contabilizan sólo una vez y en la comunidad autónoma de su última inscripción, con independencia de que hubieran estado inscritas más de una vez, de que hubieran iniciado más de un servicio, o de que hubieran tenido una o más colocaciones en el período.

Empleabilidad: A los efectos del presente juego de indicadores, este concepto se entiende como la capacidad potencial de una persona inscrita como demandante para obtener una colocación en un empleo por cuenta ajena o emprender un negocio como autónoma.

Emplearse, obtener un empleo: Personas inscritas que haya trabajado por cuenta ajena (colocación) o por cuenta propia (habiéndose dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social que corresponda por su actividad) en el periodo de referencia. El dato correspondiente al trabajo por cuenta ajena se extraerá de las colocaciones de demandantes. El del trabajo por cuenta propia se extraerá de las bajas de demanda por causar alta en el RETA.

ERTE por causa de fuerza mayor (COVID-19): Incluye aquellos contemplados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Finalización de un plan o acción formativa: Es la conclusión del plan o acción, por haberse terminado de impartir los contenidos previstos en su programación.

Inserción: En función del indicador de que se trate, se considera inserción a la obtención de un empleo por cuenta ajena y/o por cuenta propia, dentro del período de referencia, con la duración que se determine en cada indicador, atendiendo a su naturaleza.

Jóvenes menores de XX años: Son demandantes que aún no hubieran cumplido los XX años el último día del periodo de referencia.

Mayores de YY años: Son demandantes que ya hubieran cumplido los YY años el primer día del periodo de referencia.

Movilidad laboral: Grado o capacidad que tienen las personas trabajadoras para trasladarse de un lugar a otro (movilidad geográfica) por motivos laborales o cambiar de actividad económica (movilidad sectorial).

Participante en un plan o acción formativa: Es la participación de una persona en una acción formativa concreta, con independencia de que la finalice, la abandone por colocación o la abandone por otras causas distintas a la colocación. Por consiguiente, se contabilizará varias veces a una misma persona que haya participado en varios planes o acciones.

Participante que finaliza un plan o acción formativa: Es la participación de una persona en una acción formativa concreta hasta su conclusión o terminación, con independencia de que obtenga finalmente una evaluación positiva o negativa. Por consiguiente, se contabilizará varias veces a una misma persona que haya finalizado varios planes o acciones.

Persona demandante: Como norma general, a efectos del actual sistema de indicadores, los criterios de extracción de datos se entienden referidos a personas demandantes inscritas distintas, es decir, si, y solo si, su demanda se encuentra en situación de alta o suspensión.

Persona física: Entidad común del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) que recoge los datos de las personas que tienen relación con el SNE.

Persona parada de larga duración: Es la persona demandante que cumple con el requisito de período de inscripción exigido en cada programa.

Plazas en un plan o acción formativa: Número máximo de posibles personas participantes en un plan o acción formativa.

Prestación de un servicio o atención: Son los servicios, acciones o atenciones recibidos que se han iniciado dentro del periodo de referencia, aunque se hayan comunicado en un momento posterior, y sin perjuicio de que estén aún sin finalizar. Se considera que una persona demandante ha recibido un servicio o una atención por parte de los SPE, a efectos del actual sistema de indicadores, el haber iniciado un servicio o itinerario en el periodo de referencia.

Programa EVADES: Programa permanente, iniciado en 2015, que tiene por finalidad evaluar cualitativamente y en base a evidencias los factores que inciden en el desempeño de los Servicios Públicos de Empleo, dentro del PES Benchlearning Program de la Red PESNet de la Unión Europea. La participación del Sistema Nacional de Empleo en EVADES se acordó en la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y es determinante para la evaluación que la Red PESNet hará de los SPE españoles cada dos años a partir de 2016.

Proporcionar una oferta de empleo: Es el envío de una persona demandante a un puesto de trabajo incluido de una oferta de empleo gestionada por los SPE. En la relación demanda-oferta tendrá al menos una relación de envío dentro del periodo de referencia, con independencia del resultado de dicho envío.

Puestos cubiertos: Son los puestos de trabajo vacantes que se han cubierto, dentro del periodo de referencia, por demandantes como consecuencia del proceso de cobertura de puestos.

Transición ecológica: Cambio en el modelo de producción y consumo a uno más sostenible, esto es, con menores emisiones de CO2, una utilización racional de los recursos, una economía circular, etc. para lograr una transición hacia una economía climáticamente neutra, ecológica, competitiva e inclusiva.

5.2 Términos Instrumentales

Algoritmo: Serie de pasos organizados que describe (de forma cualitativa o cuantitativa) el proceso a seguir para resolver un problema específico. La expresión matemática de un algoritmo es una fórmula

Objetivo: Finalidad a alcanzar o línea de actuación a desarrollar en el ámbito de las políticas activas de empleo. Los objetivos estructurales se establecen en la Estrategia Española de Apoyo a la Activación para el Empleo, y son relativamente estables. Los objetivos Estratégicos se determinan para cada año en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Indicador: Dato que mide el grado de cumplimiento de un objetivo estructural o estratégico por parte de una Comunidad Autónoma en un período determinado, y cuyo valor numérico está comprendido entre 0 y 1. El valor de un indicador se obtiene mediante una fórmula que pondera los valores de sus distintos componentes.

Por ejemplo: El objetivo 3.1 es «Fomentar y sostener la contratación de personas pertenecientes a colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo», y su indicador tiene por finalidad medir la efectividad de los servicios públicos de empleo en la intermediación laboral, desde una doble óptica: midiendo la capacidad de los SPE para cubrir las necesidades de estos demandantes a fin de facilitar su integración laboral y permanencia en el empleo y midiendo la capacidad de proporcionar un empleo a los demandantes. Para ello, pondera los valores de los dos componentes que lo constituyen (3.1.1 y 3.1.2):

3.1 = k_3.1.1*3.1.1 + k_3.1.2*3.1.2

Componente: Algoritmo utilizado para medir el cumplimiento de uno de los aspectos parciales relevantes de un objetivo estructural o estratégico, y cuyo valor numérico, una vez normalizado, está comprendido entre 0 y 1.

Por ejemplo: El componente 3.1.1: Total de demandantes diferentes pertenecientes a colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo que recibieron alguna atención en el periodo de referencia, respecto del total de demandantes diferentes pertenecientes a esos mismos colectivos en dicho periodo.

Eje: Agrupación de objetivos estructurales que comparten una naturaleza común.

Fórmula: Es la expresión matemática del algoritmo utilizado para determinar el valor que adquiere un indicador o un componente de un indicador:

Por ejemplo, antes de su normalización, el componente 3.1.1 se calcula con la fórmula:

Y para normalizarlo se utilizaría la fórmula:

Siendo Max_3.1.1 y Min_3.1.1 los umbrales máximo y mínimo admisibles para ese componente.

Variable o Dato básico: Dato que se utiliza en uno o más algoritmos para la obtención del valor de uno o más componentes. Su valor numérico será el mismo en todos los algoritmos en los que se utilice, para cada Comunidad Autónoma y en cada año.

Por ejemplo, en el año 2019 y a nivel nacional:

1004: Total de demandantes diferentes, en situación de desempleo de larga duración y/o mayores de 45 años, que recibieron alguna atención durante el período de referencia = B.1.a = B.2.b= 2.664.272.

Los dos elementos, B.1.a y B.2.b, utilizados en los componentes B.1 y B.2, tendrían el mismo valor numérico de 2.664.272, ya que utilizarían el mismo dato básico.

Elemento: Cada uno de los datos elementales que forman parte del algoritmo utilizado para la obtención de un componente concreto. El valor numérico de un elemento será en principio distinto para cada Comunidad Autónoma y en cada año.

Por ejemplo, el elemento 3.1.1.a: = Total de demandantes diferentes pertenecientes a colectivos que presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo que recibieron alguna atención en el periodo de referencia.

Para una Comunidad Autónoma tendrá un valor y para otra tendrá otro valor distinto.

Coeficiente: Variable que forma parte de un algoritmo y a la que se asigna un valor numérico o peso. Los coeficientes se usan para asignar importancias relativas distintas a los diferentes elementos de un componente, a los diferentes componentes de un indicador, a los distintos indicadores de un eje, o a los distintos ejes.

En el ejemplo anterior, a los dos componentes 3.1.1. y 3.1.2 se les han aplicado los coeficientes k_3.1.1 y k_3.1.2

Peso: Valor asignado a un coeficiente, para atribuir una importancia relativa específica al componente, indicador o eje al cual se aplique. La suma de los pesos asignados a los coeficientes de un componente, indicador o eje tiene que ser la unidad.

En el ejemplo anterior, si los dos componentes 3.1.1 y 3.1.2 tuvieran la misma importancia relativa, entonces a los coeficientes respectivos k_3.1.1 y k_3.1.2 se les asignaría el mismo peso (0,50): k_3.1.1 = k_3.1.2 = 0,50 ya que de esta forma: k_3.1.1 + k_3.1.2 = 1,00

Criterio: Decisión que hay que adoptar para poder obtener determinados datos.

Por ejemplo: El período considerado será del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Valor sin normalizar: Valor inicial que pueden adoptar un indicador o un componente antes de ser normalizados, y que en el más amplio de los casos podría estar dentro del rango R[-∞; +∞].

Normalización: Algoritmo de transformación que se aplica al valor inicial de un indicador o de un componente con objeto de que su rango de posibles valores finales quede comprendido entre 0 y 1.

Valor normalizado: Valor final que adoptan un componente o un indicador tras haber sido normalizados.

Umbral Inferior o Valor Mínimo Admisible: Valor que pueden adquirir un componente o un indicador sin normalizar, y por debajo del cual su valor una vez normalizado será siempre cero. La fijación de umbrales inferiores es imprescindible siempre que el rango inferior del componente sin normalizar sea -∞, pero puede hacerse también con objeto de establecer un límite inferior.

Umbral Superior o Meta: Valor que pueden adquirir un componente o un indicador sin normalizar, y por encima del cual su valor una vez normalizado será siempre la unidad. La fijación de umbrales superiores es imprescindible siempre que el rango superior del componente sin normalizar sea +∞, pero puede hacerse también con objeto de establecer un límite superior. Normalmente una Meta será un umbral superior que constituye un objetivo que puede ser alcanzado.

Fuente: Publicación, base de datos o sistema de información del cual se extrae la información que se utilizará de base para determinar el valor que adquiere un elemento para cada Comunidad Autónoma.

Por ejemplo: Fuente SISPE.

Origen: Administración, organismo o entidad que administra la fuente y proporciona la información.

Por ejemplo: INE.

Proceso de extracción y cálculo: Proceso o conjunto de procesos que será necesario desarrollar sobre una o varias fuentes para obtener los datos que se necesitan.

Por ejemplo: Extracción de los demandantes que han recibido atenciones de código SISPE XYZ entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y cruce de éstos con la base de datos WWW.

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Variables o datos básicos utilizados en el DDI

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Alineamiento de los objetivos del PAPE 2021 con los objetivos de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (2021-2024)